Lunes 4 de marzo de 2002 Lunes 4 de marzo de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • La Prensa
El Sol de Mexico • El Economista
La Crónica de Hoy • Excélsior • El Universal
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
OFRECE LA CCIODH A LOS
EJIDATARIOS DE ATENCO VENTILAR SU PROBLEMÁTICO EN TRES PAÍSES Y LA CIDH.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página
12, lunes 4 de marzo.
Integrantes
de la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos
(CCIODH), quienes recorrieron la zona expropiada ...
TÉCNICOS AERONÁUTICOS DAN
SU AVAL A TEXCOCO.
María Enriqueta Pérez, La Prensa, página
11, lunes 4 de marzo.
Históricamente
el único lugar donde podemos tener un aeropuerto es en la zona de Texcoco
...
DISTRITO
FEDERAL
CRECEN ASENTAMIENTOS
IRREGULARES EN EL SUR DEL DF.
Raúl Llanos Samaniego, La Jornada, página
37, lunes 4 de marzo.
Entre
diciembre de 2000 y septiembre de 2001 se construyeron en promedio cada mes 671
viviendas irregulares en suelo de conservación ...
DURANGO-ZACATECAS
RESPONSABILIZA MONREAL A
GUERRERO MIER SI HAY UNA MATANZA EN BERNALEJO.
Alfredo Baladéz Rodríguez, La Jornada, página
35, lunes 4 de marzo.
De
acuerdo con el gobernador Ricardo Monreal Ávila, su homólogo de Durango, Ángel
Sergio Guerrero Mier, será responsable "de cualquier matanza" que
pudiera ocurrir entre indígenas tepehuanos y ejidatarios vecinos de Zacatecas ...
CRECE CONFLICTO AGRARIO DE
DURANGO Y ZACATECAS.
Nota Informativa, El Sol de México, página
1-B, lunes 4 de marzo.
El
Gobierno de Zacatecas pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación
para la solución de un conflicto agrario entre indígenas...
OPINIÓN
ENGRANE.
Columna de Adrián Trejo, El Economista, página
46, lunes 4 de marzo.
En
ciernes, otro Acteal ...
PANORAMA NACIONAL.
Columna de Efraín Salazar Girón, El Sol de México,
página 3-B, lunes 4 de marzo.
Entre
Zacatecas y Durango se sigue complicando un conflicto de tierras
...
SERPIENTES Y ESCALERAS.
Columna de
Salvador García Soto, La Crónica de Hoy, página
9, lunes 4 de marzo.
Notas
indiscretas... Un conflicto agrario que heredó el zedillato podría convertirse
en un serio problema para el gobierno foxista...
DETIENE LA PGR A DELEGADO DE
LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS CAMPESINOS EN ACAPULCO.
Enrique Díaz, Excélsior, página 26, lunes 4
de marzo.
La
Agencia Federal de Investigaciones de la PGR detuvo al delegado en Acapulco de
la Procuraduría Regional de la Defensa de los Campesinos ...
JALISCO
RETORNO A LA TIERRA
DESPOJADA.
Rosa Rojas,
La Jornada, página 48, lunes 4 de marzo.
Municipio
de Tuxpan de Bolaños, Jalisco. El pueblo wirrárika (huichol) avanzó otro paso
en el camino a la utopía de lograr su reunificación territorial y cultural...
QUERÉTARO
EXIGEN LICITAR
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AEROPUERTO EN QUERÉTARO.
Juan
José Arreola, El Universal, página 8-B,
lunes 4 de marzo.
La
presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del estado de Querétaro,
Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, exigió al gobernador Ignacio Loyola Vera
"limpiar" el proceso de construcción ...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
TRES ORGANIZACIONES AGRARIAS
BUSCAN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS.
Mireya Cuellar, La Jornada, página 8, lunes 4
de marzo.
Tres
organizaciones campesinas, la Central Campesina Cardenista (CCC), la Coalición
de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y la Unión General
Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) pretenden obtener registro como partido político...
COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
EN 11 AÑOS DE TRABAJO, LA
CNDH EMITIÓ MIL 548 RECOMENDACIONES.
Víctor
Ballinas, La Jornada, página 14, lunes 4 de
marzo.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que de 1990 al 31 de
diciembre de 2001 se emitieron en total mil 548 recomendaciones ...
OFRECE LA CCIODH A LOS
EJIDATARIOS DE ATENCO VENTILAR SU PROBLEMÁTICO EN TRES PAÍSES Y LA CIDH.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página
12, lunes 4 de marzo.
Integrantes
de la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos
(CCIODH), quienes recorrieron la zona expropiada para la construcción del nuevo
aeropuerto de la ciudad de México, ofrecieron a los campesinos que defienden
sus tierras difundir la problemática en sus países -Austria, Alemania y
Suecia- y llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus
demandas.
Los
observadores arribaron a la cabecera municipal de San Salvador Atenco, donde
recogieron los testimonios de los ejidatarios en resistencia, quienes
denunciaron el "genocidio" que pretende hacer el gobierno federal con
la construcción de la terminal aérea y los constantes hostigamientos
policiacos y "sicológicos", que se vienen registrando por parte de
las autoridades.
Tras
un recorrido por la zona expropiada, los labriegos solicitaron a la comisión de
observadores, entre los que se encontraban dos austriacos, dos alemanes y un
sueco, su intervención para denunciar la violación a sus derechos humanos y
evitar así que se lleve a cabo el proyecto aeroportuario.
América
del Valle, integrante del movimiento campesino, informó que el ofrecimiento de
los observadores es difundir la problemática en sus países y llevarla a la
CIDH.
Esperan
respuesta de la Presidencia
En
tanto, hasta este domingo, los ejidatarios en resistencia que solicitaron al
presidente Vicente Fox participar en un debate público no habían recibido
respuesta por parte de la Oficina de Atención Ciudadana, como se les había
prometido. Los labriegos partirán este lunes por la mañana al Auditorio
Nacional, en la ciudad de México, para esperar que el jefe del Ejecutivo se
presente.
Por
otra parte, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, señaló que los
terrenos que se utilizarán para la canonización de Juan Diego son propiedad
privada y federal, no ejidales. Esto, en respuesta a la protesta efetuada la víspera
por los ejidatarios atequenses que no quieren que se efectúe la ceremonia en
sus terrenos.
El
obispo agregó que la diócesis de Ecatepec no intervendrá en la problemática
de San Salvador Atenco. "No intervendremos para desintegrar su movimiento,
pero tampoco vamos a permitir que nadie interfiera en la zona que nos prestaron
para la canonización de Juan Diego. No vamos a hacer nada en contra de ellos
(los ejidatarios), pero sí les pedimos respeto para nuestra tierra. El mismo
respeto que quieren para la suya."
Destacó
que el movimiento de Atenco es muy respetable, "y les digo que yo no apoyo
ni desapoyo la creación del aeropuerto en Texcoco. Yo lo único que sé
es que viene el Papa. Lo único que vamos a hacer es preparar un lugar digno
para que canonice al primer indígena de México y de Latinoamérica".
Finalmente
destacó que al Papa no le interesa lo del aeropuerto, y después de la
canonización de Juan Diego los terrenos van a quedar como están. 
TÉCNICOS
AERONÁUTICOS DAN SU AVAL A TEXCOCO.
María Enriqueta Pérez, La Prensa, página
11, lunes 4 de marzo.
Históricamente
el único lugar donde podemos tener un aeropuerto es en la zona de Texcoco,
aseveró el historiador de aviación, Manuel Ruíz Romero, quien recordó que
los tres malos aeropuertos que tiene el país son Puerto Vallarta, Toluca y
Tuxtla Gutiérrez; ha sido por decisiones políticas
por
lo que ahora se debe respetar la determinación de los técnicos aeronáuticos,
quienes desde hace tiempo han propuesto el Estado de México.
En
breve entrevista en el aeropuerto capitalino, el experto en la historia de los
aeropuertos en nuestro país, manifestó que el desarrollo histórico, para
decidir obre la zona donde se instalaría un nuevo aeropuerto en el Valle de México,
desde 1972 surgió el primer proyecto en Zumpango, y en el siguiente sexenio se
propuso el proyecto en Texcoco.
Consideró
que de haberse decidido por Tizayuca se hubiera cometido un error, porque es muy
respetable la opinión de los técnicos, ya que el lugar donde se debe construir
un aeropuerto es una cuestión técnico-aeronaútica, porque depende de tres
factores que sólo lo conocen los expertos: el espacio aéreo, área de
operaciones e instalaciones terminales.
CRECEN ASENTAMIENTOS
IRREGULARES EN EL SUR DEL DF.
Raúl Llanos Samaniego, La Jornada, página
37, lunes 4 de marzo.
Entre
diciembre de 2000 y septiembre de 2001 se construyeron en promedio cada mes 671
viviendas irregulares en suelo de conservación, lo que implicó la pérdida de
40 hectáreas mensuales, sobre todo en las delegaciones Xochimilco, Cuajimalpa y
Milpa Alta, precisó el titular de la Procuraduría Ambiental del Distrito
Federal, Enrique Provencio, quien destacó que en esta ciudad se pierde más
suelo de conservación por asentamientos humanos irregulares que por
desforestación u otros cambios de uso de suelo.
Para
el funcionario, la aplicación del ordenamiento ecológico y la política de
asentamientos humanos, fundamentales en la política de protección civil,
requieren una coordinación más efectiva para frenar el proceso de ocupación
irregular en las zonas que no son aptas para vivienda. En realidad, dijo, se
trata de un grave problema que involucra a muchas instituciones.
Al
participar en un foro organizado por la Asamblea Legislativa, puntualizó que
"los vacíos y problemas de coordinación interinstitucional siguen
provocando un avance incontrolado de los asentamientos irregulares y las
consecuencias no tienen que ver sólo con la pérdida de áreas verdades, de por
sí muy grave, sino también con el incremento de la vulnerabilidad urbana, es
decir, la vulnerabilidad humana de la ciudad de México".
Provencio
detalló que 58 por ciento del territorio del Distrito Federal es todavía suelo
de conservación, el cual es determinante en un posible uso racional del agua,
al menos por tres razones que vinculan este tema directamente a la protección
civil, a la seguridad humana y a la reducción de la vulnerabilidad en esta
capital: la recarga de acuíferos, el control de escurrimientos y el control y
retención de azolve. "Entonces, se trata de algo vital para la seguridad
de esta ciudad, de buena parte del valle de México, no sólo a largo plazo sino
ya en lo inmediato".
En
este contexto, mencionó que a la situación de las invasiones de áreas de
recarga de los mantos acuíferos hay que sumar otros procesos, como es la erosión
originada por diversas causas, que en un grado muy fuerte afecta a la tercera
parte del suelo de conservación. Entonces, las consecuencias directas de este
proceso, junto con el cambio de uso de suelo y la extracción y remoción de
tierras, "está afectando de manera dramática al sistema urbano".
Para
el procurador ambiental la racionalidad en el uso de agua, la protección y la
recuperación del suelo de conservación y el ordenamiento son aspectos que ni
en la legislación ni en la política deberían rescindirse, pues de ser así,
de mantenerse una visión segmentada, "continuaría agravándose, por un
lado, la crisis ambiental, y por la otra la cuestión hidrológica, que no son más
que dos expresiones de la crisis urbana, de la insustentabilidad que estamos ya
viviendo desde hace décadas".
De
ahí que, dijo, se requieren más acciones que propicien la recarga de acuíferos
e impidan la erosión, los deslaves y otras consecuencias con la remoción de
suelos.
Durante
el mencionado foro, en el que se abordó el tema del agua y la protección
civil, intervino también el director técnico de la Dirección General de
Protección Civil del GDF, Gerardo Galguera, quien destacó que hay varios
puntos de la ciudad que registran serios riesgos para sus habitantes,
fundamentalmente aquellos asentamientos que están en las laderas de las
barrancas o en los cauces de los ríos.
Asimismo,
mencionó que por las mismas características de la ciudad hay zonas
susceptibles de inundación, es decir, que "si nuestro sistema de drenaje o
la expulsión de las aguas del territorio del DF llegara a fallar, pues tenemos
una condición natural de inundación".
Frente
a esa situación, comentó que a pesar de ello se establecen acciones tendentes
a disminuir los daños que podrían generarse en detrimento de la población
capitalina.
RESPONSABILIZA MONREAL A
GUERRERO MIER SI HAY UNA MATANZA EN BERNALEJO.
Alfredo Baladéz Rodríguez, La Jornada, página
35, lunes 4 de marzo.
De
acuerdo con el gobernador Ricardo Monreal Ávila, su homólogo de Durango, Ángel
Sergio Guerrero Mier, será responsable "de cualquier matanza" que
pudiera ocurrir entre indígenas tepehuanos y ejidatarios vecinos de Zacatecas
en la comunidad Bernalejo de la Sierra, donde más de mil 300 indígenas
duranguenses invadieron hace 12 días predios zacatecanos.
El
mandatario perredista urgió a Guerrero Mier a "sacar a su gente" del
territorio estatal, y sostuvo que el gobierno de Durango será responsable de
cualquier confrontación violenta entre invasores y desplazados, "porque
ellos (los primeros) son más y más violentos".
Entrevistado
a propósito del conflicto agrario, Monreal Ávila se refirió a Guerrero Mier
como "un abogado serio, un hombre prudente, pero lo único que le pido al
gobernador (de Durango) es que respetemos la ley".
Monreal
Ávila explicó que sobre el decreto de dotación que esgrimen los tepehuanos
para su invasión existe un juicio de nulidad promovido por el gobierno de
Zacatecas, toda vez que el mandato expedido por Ernesto Zedillo en 1997 se otorgó
ignorando otro decreto presidencial de 1949.
Se
le indicó a Monreal Ávila que su homólogo lo culpó de conflictos que
pudieran ocurrir, y respondió: "Al contrario, lo responsabilizo a él. Es
muy sencillo responsabilizar. Lo que debe hacer es sacar a su gente, llevársela
a Durango y que no invada Zacatecas, eso es lo único que queremos. Creo que él
debe actuar con prudencia, ellos son más y más violentos", dijo.
El
gobernador de Zacatecas indicó estar extrañado ante la actitud de Guerrero
Mier, de quien dijo "trabajó en la Reforma Agraria y es un buen abogado.
Por eso me extraña que exprese esas declaraciones tan desafortunadas, es una
invasión y ellos lo saben".
Por
otra parte, el pleno del Congreso de Zacatecas emitió un punto de acuerdo a
iniciativa de la fracción del PRD, por el cual los legisladores otorgaron su
"respaldo solidario" a los ejidatarios zacatecanos desplazados
parcialmente por comuneros tepehuanos.
En
el punto de acuerdo, los diputados de PRI, PAN, PRD y PT expresaron su
"pleno reconocimiento a la digna posición que asume" Monreal Ávila
frente al problema agrario, y solicitó al Poder Ejecutivo federal la
"solución inmediata" al conflicto.
CRECE
CONFLICTO AGRARIO DE DURANGO Y ZACATECAS.
Nota Informativa, El Sol de México, página
1-B, lunes 4 de marzo.
El
Gobierno de Zacatecas pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación
para la solución de un conflicto agrario entre indígenas de Santa María Ocotán
y Xoconostle, del estado de Durango, quienes despojaron ilegalmente de cinco mil
465 hectáreas a ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, en el municipio de
Valparaiso, desde el pasado 21 de febrero.
Por
su parte, el pleno de la LVII Legislatura del Congreso de Zacatecas expresó en
un punto de acuerdo su total apoyo al gobierno estatal y a los ejidatarios de
Bernalejo, y exigió la intervención de autoridades federales para resolver el
problema.
El
secretario general del Gobierno de Zacatecas, Arturo Nahle García, aclaró que
la actitud de las autoridades locales es moderada, sin ánimos de confrontación,
pero siempre lista para apelar ante instancias competentes para resolver este
asunto conforme a la ley.
Recordó
que el ejido de Bernalejo fue dotado en 1956 con poco más de cinco mil 465 hectáreas
en beneficio de 64 campesinos y sus familias, quienes durante medio siglo y sin
interrupciones han trabajado esas tierras del municipio de Valparaíso.
Indicó
que cerca de esa zona está la comunidad indígena Tepehuán de Santa María
Ocotán, que pertenece al municipio de Mezquital, del estado de Durango, la cual
ha reclamado las tierras de Bernalejo con el argumento de que fueron de sus
antepasados.
Explicó
que ante la presión de los tepehuanes, en 1997, el entonces presidente Ernesto
Zedillo decidió expropiar las más de cinco mil hectáreas a los ejidatarios
zacatecanos, según un decreto publicado en el Diario Oficial en noviembre de
ese año.
En
respuesta, los ejidatarios de Zacatecas interpusieron un juicio de nulidad en
contra de la expropiación presidencial, ante el Tribunal Unitario Agrario, que
se encuentra en trámite, por lo que no se puede despojar de esas tierras a los
campesinos de Bernalejo.
Arturo
Nahle aseveró que desde el 21 de febrero los indígenas tepehuanes de Durango
han violado disposiciones legales y que la ocupación de esas tierras es un acto
ilegal, "un delito", afirmo.
El
secretario de Gobierno zacatecano, rechazó señalamientos del gobernador de
Durango que responsabilizan a Ricardo Monreal por un "posible
enfrentamiento entre los indígenas duranguenses y los ejidatarios
zacatecanos" y señaló que a Zacatecas "le preocupa la falta de
voluntad política" de Ángel Sergio Guerrero Mier "para encontrar una
solución al problema agrario y social".
El
funcionario calificó de "injusto" e "inequitativo" el
decreto expropiatorio, porque la comunidad de Santa María Ocotán, del
municipio de Mezquital, Durango, tiene en propiedad más de 320 mil hectáreas,
que equivalen al territorio de Aguascalientes y por ello no vale la pena
despojar de su patrimonio a ejidatarios de Bernalejo.
Argumentó
que es necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación, porque es
vital establecer vigilancia en la zona para evitar situaciones de violencia
entre campesinos de la región.
TEPEHUANOS
AVANZARON UN KILÓMETRO EN TERRITORIO ZACATECANO
Los
indígenas tepehuanos avanzaron un kilómetro más en territorio de Bernalejo de
la Sierra, en territorio zacatecano. Divididos en dos grupos, entraron a la
parcela de un ejidatario zacatecano, con la advertencia de que van a trabajar la
tierra.
Esto
se confirmó cuando un helicóptero del gobierno del estado de Durango que
llevaba a bordo al gobernador, Ángel Sergio Guerrero Mier; al secretario
general de gobierno José Miguel Castro Carrillo, y elementos de la Policía
Ministerial, sobrevoló la zona del conflicto aproximadamente a las 11:30 horas
de la mañana de ayer.
Se
confirmó el avance de los indígenas en territorio estatal divididos en dos
grupos, uno de los cuales se dirigió a territorio de La Cruz y otro se posesionó
de una parcela perteneciente a un ejidatario zacatecano señalando que a partir
de este momento se va a comenzar a trabajar la tierra.
LA
SOLUCIÓN DEBE SER PACIFICA
La
LVII Legislatura pudo exigir que hasta en tanto no hubiera un arreglo en el
conflicto que se está viviendo en Bernalejo de la Sierra, permanecieran en el
lugar las fuerzas de seguridad, sin embargo, se tiene la convicción de que la
solución debe ser pacífica como una semilla vital para lograr una permanente
armonía, indicó el diputado perredista José Escobedo Domínguez, además de
que hay pruebas contundentes de que se están transgrediendo los límites de la
entidad.
Reconoció
que los habitantes de la región han sido abandonados por ambas autoridades,
pero se tiene la esperanza de que la resolución al juicio agrario de nulidad
del decreto expropiatorio brinde la certidumbre jurídica que se requiere.
Las
cinco mil 465 hectáreas pertenecientes al ejido de Bernalejo están
perfectamente localizadas geográfica y topográficamente en el municipio de
Valparaíso, en el estado de Zacatecas.
La
historia lo señala de manera clara en los títulos primordiales otorgados en
terrenos de Zacatecas por la Real Audiencia de la Nueva Galicia con sede en
Guadalajara, en donde por merced real el conde de San Mateo, don Fernando de la
Campa y Cos, recibió la hacienda de San Juan Capistrano, entre otras
propiedades.
En
1705, los naturales de los pueblos de Xoconostle, Taxicaringa, santa María Ocotán,
Teneraca y San Francisco de Ocotán, promovieron el deslinde de su comunidad que
desde 1860 la corona española, concedió por merced real.
De
esta manera, el padre misionero fray José de la Luz Urquimola, guardián del
Convento de Mezquital, en representación de los cinco pueblos, solicitó ante
el teniente gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, Don Julio Ruiz de
Guadiana, la confirmación sobre la posesión de tierras.
A
esto se agrega que se reconoce en los documentos reales que los límites que se
marcaban entre la comunidad indígena de santa María Ocotán y la hacienda de
San Juan Capistrano, servían a su vez como límites entre las provincias de la
Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya.
Señaló
que la reivindicación social de los habitantes de ambas comunidades en
conflicto, tanto ejidatarios como comuneros, merecen actos institucionales que
diriman el problema con soluciones concretas y objetivas que se traduzcan en un
sistema de vida mejor al que han tenido hasta el momento.
Señaló
que tanto los gobiernos federal, como de los estados de Zacatecas y Durango,
deben de profundizar estrategias y acciones programáticas que favorezcan el
desarrollo regional que beneficie a los pobladores, por lo que es fundamental la
conjunción de esfuerzos.
ENGRANE.
Columna de Adrián Trejo, El Economista, página
46, lunes 4 de marzo.
En
ciernes, otro Acteal
El
gobierno federal deberá estar muy atento al curso que tomará en los próximos
días el enfrentamiento entre los pobladores de Santa María Ocotán y
Xoconostle, en Durango, contra los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra,
municipio de Valparaíso, en Zacatecas.
Sucede
que los indígenas tepehunaes de los ejidos duranguenses "tomaron'' las
tierras de Bernalejo, que se encuentran en litigio luego de que los zacatecanos
interpusieran un amparo en contra de un decreto expropiatorio realizado por el
expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
El
ejido de Bernalejo de la Sierra fue dotado en 1956 con poco más de 5,456 hectáreas
en beneficio de 65 campesinos quienes habían trabajado las tierras sin
conflicto por más de medio siglo.
Esta
zona se encuentra cerca de la comunidad indígena Tepehuán de Santa María Ocotán,
que pertenece al municipio de Mezquital en Durango; esta comunidad reclama el
territorio bajo el argumento de que pertenecieron a sus antepasados.
En
1997, el expresidente Zedillo emitió un decreto expropiando las 5,456 hectáreas
a los ejidatarios zacatecanos en favor de los tepehuanes de Durango.
Los
zacatecanos interpusieron un juicio de nulidad en contra de la expropiación
presidencial ante el Tribunal Unitario Agrario; el juicio se encuentra en trámite
por lo que no se puede quitar las tierras a los ejidatarios de Bernalejo.
A
pesar de ellos, los tepehuanes duranguenses tomaron por asalto, armados hasta
con cuernos de chivo, según el testimonio de los ejidatarios zacatecanos, las
tierras en litigio.
Como
ninguna de las partes quiere ceder y el asunto se está calentando cada vez más,
no sería raro una confrontación de consecuencias lamentables.
Todavía
se está a tiempo de evitar otro Acteal a pesar de que el gobernador de Durango,
Ángel Sergio Guerrero Mier, delegó la responsabilidad al de Zacatecas, Ricardo
Monreal Ávila.
PANORAMA
NACIONAL.
Columna de Efraín Salazar Girón, El Sol de México,
página 3-B, lunes 4 de marzo.
Entre
Zacatecas y Durango se sigue complicando un conflicto de tierras. En la entidad
gobernada por Ricardo Monreal pidieron la intervención de Santiago Creel para
resolver ese que es un problema agrario heredado por Ernesto Zedillo. En la
sierra de Bernalejo, en los límites con Durango, las cosas se siguen calentando
por el despojo de más de 5 mil hectáreas por parte de indígenas tepehuanos
duranguenses, en agravio de campesinos zacatecanos. A todo esto se añade la
actitud de confrontación del mandatario duranguense, Sergio Guerrero Mier,
denunciada por el secretario de Gobierno de Zacatecas, Arturo Nahle.
Por
todo ello, el gobierno de Zacatecas pidió ayer la intervención de la secretaría
de Gobernación, pues buscan solucionar ese conflicto entre indígenas de Santa
María Ocotán y Xoconostle -del estado de Durango- quienes desde el pasado 21
de febrero despojaron de más de 5 mil hectáreas a ejidatarios de Bernalejo de
la Sierra, municipio de Valparaíso, Zacatecas. En este lance, el gobierno de
Ricardo Monreal recibió ayer el apoyo total del pleno de la LVII Legislatura
del Congreso local. Diputados del PRD, PRI, PAN, PT y Convergencia por la
Democracia firmaron un punto de acuerdo para apoyar al gobierno de Zacatecas y a
los ejidatarios de Bernalejo y exigir la intervención de autoridades federales.
Arturo Nahle García aclaró que no hay de su parte ánimos de confrontación,
sino de apelar ante instancias competentes para resolver conforme a la ley este
asunto. Hizo historia y recordó que en 1956 el ejido de Bernalejo fue dotado de
poco más de 5 mil hectáreas en beneficio de 64 campesinos y sus familias, lo
que durante medio siglo han trabajado sin interrupciones esas tierras, cerca de
las cuales se ubica la comunidad indígena Tepehuán de Santa María Ocotán,
municipio de Mezquital, estado de Durango, la cual ha reclamado las tierras de
Bernalejo con el argumento de que fueron de sus antepasados.
Ante
la presión de los tepehuanes, dijo Nahle, en 1997 el entonces presidente
Ernesto Zedillo expropió esa tierras a los ejidatarios zacatecanos según
decreto publicado en noviembre de ese año. Los ejidatarios de Zacatecas, en
respuesta, interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario un juicio de nulidad
en contra de la expropiación presidencial, la cual se encuentra en trámite y
por ello no se puede despojar a los campesinos de Bernalejo de las tierras en
litigio y calificó lo hecho por los tepehuanes como "un delito".
Además,
el secretario de Gobierno zacatecano rechazó señalamientos de Guerrero Mier,
que responsabilizan a Ricardo Monreal de un eventual "enfrentamiento entre
los indígenas duranguenses y los ejidatarios zacatecanos" y señaló que a
Zacatecas "le preocupa la falta de voluntad política" de Guerrero
Mier para lograr "una solución al problema agrario y social". Arturo
Nahle calificó como "injusto" e "inequitativo" el decreto
expropiatorio de Zedillo que despoja de su patrimonio a los ejidatarios de
Bernalejo, porque los indígenas tepehuanes de Santa María Ocotán, Durango,
tienen en propiedad más de 320 mil hectáreas, equivalentes al territorio de
Aguascalientes. Por todo ello, y ante el riesgo de un brote de violencia, Nahle
García pidió la intervención de Gobernación, porque es vital establecer
vigilancia en la zona para evitar el desbordamiento de los ánimos. Ahora
Santiago Creel Miranda tiene la palabra.......
SERPIENTES
Y ESCALERAS.
Columna de
Salvador García Soto, La Crónica de Hoy, página
9, lunes 4 de marzo.
Notas
indiscretas... Un conflicto agrario que heredó el zedillato podría convertirse
en un serio problema para el gobierno foxista. El enfrentamiento entre indios
tepehuanes de Durango y ejidatarios de Valparaíso, Zacatecas, por la propiedad
de tierras, está a punto de derivar en un conflicto armado, con sangre de por
medio, si es que no se actúa pronto para evitarlo. En 1997 el presidente
Zedillo expropió 5 mil hectáreas de tierra para darlas a los indígenas
tepehuanes de Durango. Errores en el decreto presidencial y falta de autoridad
para ejecutarlo, hicieron que los ejidatarios de Bernalejo, en Zacatecas, se
ampararan contra la expropiación. Las familias afectadas alegan que el decreto
zedillista se refiere a un municipio duranguense y no a Valparaíso, y se han
negado a entregar las tierras. El problema es que los tepehuanes ya no quisieron
esperar y se armaron, no sólo de valor sino de armas. Los indígenas tienen en
su poder armamento de alto poder y reclaman que les entreguen las tierras o las
tomarán con la fuerza de las balas, mientras los ejidatarios y sus familias
advierten que no abandonarán sus tierras y pelearán por ellas. Por si fuera
poco, hay elementos para suponer que detrás del auténtico reclamo de 2 mil indígenas
hay intereses oscuros por los ricos bosques de esa región que están en juego.
A los tepehuanes podrían estarlos azuzando los talamontes que quieren
apoderarse de los bosques para arrasar con ellos como ya hicieron en la Sierra
de Durango, y hasta se habla de que el narcotráfico que opera en esa zona
serrana estaría entregando armamento de alto poder a los tepehuanes. La cosa se
agrava porque el gobernador duranguense, Ángel Sergio Guerrero Mier ha tomado
partido por los indígenas de su estado, mientras el zacatecano Ricardo Monreal
apoya a las 68 familias de ejidatarios afectados. La situación está más que
tensa y aquello puede convertirse en otro Acteal y puede correr la sangre. El
secretario de Gobierno de Zacatecas, Arturo Nalhe, ha pedido que intervenga la
Secretaría de Gobernación para mediar y evitar un derramamiento de sangre que
puede ocurrir en cualquier momento...
DETIENE LA PGR A DELEGADO DE
LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS CAMPESINOS EN ACAPULCO.
Enrique Díaz, Excélsior, página 26, lunes 4
de marzo.
La
Agencia Federal de Investigaciones de la PGR detuvo al delegado en Acapulco de
la Procuraduría Regional de la Defensa de los Campesinos, Joaquín Andrade Guzmán,
por el bloqueo carretero a la Autopista del Sol, efectuado el 3 de diciembre
pasado; mientras que en Tamaulipas, la Liga de Comunidades Agrarias encabezará,
a partir del próximo martes, acciones de protesta de productores norteños,
usuarios del Distrito de Riego 025, en la defensa de su derecho al uso del agua,
informó el dirigente cenecista de la entidad, Guadalupe Flores Suárez.
RETORNO A LA TIERRA
DESPOJADA.
Rosa Rojas,
La Jornada, página 48, lunes 4 de marzo.
Municipio
de Tuxpan de Bolaños, Jalisco. El pueblo wirrárika (huichol) avanzó otro paso
en el camino a la utopía de lograr su reunificación territorial y cultural,
luego de lograr que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 13 de Jalisco le
restituyera a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán 715 hectáreas
del cerro La Campana, que estaba en manos de ''pequeños propietarios'' de
Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, Nayarit.
Los
wirrárikas comenzaron el trámite de confirmación y titulación de tierras
comunales en 1950 -aunque tienen títulos virreinales que datan de 1725- y en
1953 les fue entregada la resolución presidencial.
En
el camino tuvieron que luchar con poderosos intereses creados de decenas de
ganaderos mestizos -apoyados por gobernadores de Nayarit y Zacatecas- que
invadieron más de 30 mil hectáreas de territorio wirrárika y solicitaron que
se excluyeran los predios quitados de la resolución de San Sebastián.
El
territorio wirrárika original se extendía en parte de lo que ahora son los
estados de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas. Varios gobernadores, sobre
todo de estas dos últimas entidades, mostraron ignorancia en cuestiones
agrarias (ya que un ejido o comunidad puede tener tierras en varios estados) y
racismo, al afirmar que "no van a permitir que se le entregue tierra
nayarita (o zacatecana) a esos indios de Jalisco".
El
viernes primero de marzo unos 300 wirrárikas, encabezados por el comisariado de
bienes comunales de San Sebastián, José Carrillo, así como el gobernador
tradicional de San Sebastián y una partida de 18 integrantes de Seguridad Pública
de Jalisco, acompañaron a la secretaria de Acuerdos del TUA, Olivia Rascón
Carrasco; a los abogados de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas
(AJAGI), Evangelina Robles y Rubén Ávila Tena, y al director de Asuntos
Agrarios del gobierno estatal, Ramón Longoria, a ejecutar la sentencia del
magistrado Agustín Hernández González a favor de la comunidad.
El
rancho La Campana estaba en posesión de Rodolfo Ruiz y sus tres hermano desde
hace unos 30 años. Ejecutar la sentencia del TUA implicó que el personal del
tribunal se constituyera en el lugar.
Los
posesionarios no estaban en el rancho, por lo que se procedió a sacar los
bienes que había en las tres construcciones, se hizo un inventario y se instruyó
a los huicholes para que las depositaran en alguna bodega propiedad de la
comunidad en Tuxpan de Bolaños.
Rascón
Carrasco informó a las autoridades wirrárikas que los posesionarios tendrían
cinco días para retirar sus posesiones o de lo contrario "ustedes pueden
hacer con ellas lo que quieran". La gente se rió, porque la mayoría era
ropa vieja y cacharros sin valor.
Igualmente,
la funcionaria dio fe de que los indígenas juntaron el ganado de los Ruiz -unas
75 cabezas de ganado bovino- que andaba pastando por el monte, mismo que sería
arreado hasta un corral, también en Tuxpan.
Una
vez sacadas las cosas e inventariadas, y elaborada el acta respectiva, Rascón
Carrasco le hizo entrega a la comunidad "formal, legal y material" del
rancho y sus 715 hectáreas.
Entre
la ropa, cacharros de cocina, mangueras, mazorcas e implementos agrícolas se
encontraron en el rancho un rifle calibre 22 y una pistola escuadra calibre 9
milímetros con algunos cartuchos útiles. Las armas fueron entregadas al jefe
policiaco. Se consignó en el acta que al ser delito federal la posesión de ese
tipo de arma, se daría parte al magistrado para que a su vez hiciera lo propio
con el Ministerio Público Federal.
Las
autoridades wirrárikas, gente de muy pocas palabras ante los fuereños,
instaron a los comuneros a unirse para mantener la posesión de la tierra, a
cuidarla. Luego la caravana emprendió el descenso.
Para
llegar a La Campana, que está casi en los límites de Jalisco y Nayarit -de
Guadalajara a Bolaños se hacen cuatro horas-, hay que adentrarse a la sierra en
un camino de terracería que a la vuelta y vuelta trepa unos 2 mil metros y baja
otra vez. Dos horas y media después se llega al pie del cerro; la subida al
rancho tomó dos horas más.
La
diligencia en el rancho tuvo una duración de cuatro horas y media.
Esta
ejecución de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en favor de los wirras
"será un detonador de la situación en la región", según informaron
los abogados de AJAGI, "porque los Ruiz son del grupo fuerte, de los
posesionarios más difíciles, los que más problemas causan a los indígenas,
de los que golpean gente y queman casas, o sea los más cabrones, de los que
dicen que nunca se van a salir.
"Entonces
es muy importante esta ejecución, porque de lo que pase en los próximos días
se verá hacia dónde van las cosas tanto con los ganaderos como con la Judicial
y el gobierno de Nayarit.
"Yo
tenía el presentimiento de que no iba a pasar nada en la diligencia, como
ocurrió; todo estuvo tranquilo, se pudieron entregar las tierras a la
comunidad. Lo difícil va a ser cómo van a reaccionar los Ruiz y los otros
posesionarios; cómo se van a organizar con el ejido de Puente de Camotlán.
"Luego
de ver cómo se movilicen vamos a tener una idea de qué va a pasar con las
siguientes ejecuciones, y además también a ellos (los ganaderos) esto les está
enseñando que el TUA no está jugando. Yo creo que ellos (los Ruiz) creyeron
que no iba a pasar nada, y entonces ni siquiera fueron a sacar su ganado",
subrayó Evangelina Robles.
Mucha
violencia
La
abogada informó que las últimas dos semanas en la zona -donde colinda el último
poblado de la comunidad huichola, Mesa del Tirador, con Puente de Camotlán, que
ya es Nayarit- "ha habido mucha violencia, los posesionarios han golpeado
gente, que son de los que más han resistido y defienden su ojito de agua;
llegan, tumban las alambradas y meten su ganado; incluso han mandado a la
Judicial de La Yesca, y ahorita están detenidos dos wirras que agarraron
en el camino, se los llevaron sin orden de aprehensión a Tepic, no les dieron
oportunidad de un abogado ni de hablarle a la gente de su comunidad... son cosas
que se han dado previas a la ejecución, y que creo que se van a agudizar en
estos días".
El
presidente del comisariado de San Sebastián, José Carrillo, informó a su vez
que la comunidad logró recuperar en 2000, luego de una larga batalla legal, 4
mil 200 hectáreas en diferentes etapas; unas las tenía el ex ejido El Tule, y
otras posesionarios que accedieron a ser indemnizados por el gobierno estatal.
En
los años setenta y ochenta fueron 85 posesionarios los que pidieron la exclusión,
pero la comunidad no pudo interponerles juicio a todos, así que empezó con los
que daban más problemas.
Los
abogados de AJAGI indicaron que en 2000 el magistrado Hernández González dictó
25 sentencias en favor de la comunidad -de 30 juicios que estaban en proceso-, y
como ya los posesionarios habían perdido todos los recursos legales, fueron con
los ejidatarios de Puente de Camotlán para que interpusieran un amparo contra
las ejecuciones.
Los
ejidatarios solicitaron por esa vía que se desconozca tanto la resolución
presidencial del ejido como la de la comunidad, argumentando que tenían derecho
a las tierras que estaban litigando la comunidad de San Sebastián y los
posesionarios, ya que estaban incluidas en su mandamiento gubernamental.
A
consecuencia de lo anterior, no se ejecutaron las sentencias en favor de la
comunidad que había emitido el magistrado del TUA de Jalisco. Entonces están
en proceso tres amparos, en los que se acumulan 22 asuntos.
En
uno de esos amparos, que lleva un juez de Nayarit, sólo falta que se designe a
un perito del juzgado para que haga los trabajos técnicos, pero ya van tres que
rechazan la designación: uno privado, uno de la Reforma Agraria y otro del
INEGI. Argumentan que no tienen recursos para movilizarse o no cuentan con el
equipo adecuado. La próxima semana tendrá que resolver el juez qué va a pasar
con el perito, ya que la semana pasada se determinó la acumulación de dos de
los tres amparos.
Por
su parte el magistrado Hernández González, entrevistado en sus oficinas en
Guadalajara, afirmó que se requiere "que las autoridades políticas también
coadyuven en la búsqueda de soluciones, porque luego se señala que los
tribunales agrarios son los únicos responsables, pero definitivamente no es así".
EXIGEN LICITAR
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AEROPUERTO EN QUERÉTARO.
Juan
José Arreola, El Universal, página 8-B,
lunes 4 de marzo.
La
presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del estado de Querétaro,
Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, exigió al gobernador Ignacio Loyola Vera
"limpiar" el proceso de construcción del nuevo aeropuerto
internacional de la entidad, del que poca información se ha dado, incluso a los
diputados que la han solicitado.
De
manera particular, la legisladora indicó que existen al menos dos elementos que
deben de ser esclarecidos públicamente: la licitación de la construcción,
como lo exige la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del estado de Querétaro, lo que no se ha hecho.
Incluso,
aseguró que el secretario de Desarrollo Sustentable, Leopoldo Mondragón Ruiz,
confirmó ante la prensa que dicha obra no sería puesta a concurso por el
gobierno de la entidad, bajo el argumento de que participará en ella una
sociedad anónima llamada Aeropuerto Querétaro, S.A. de C.V., integrada por los
gobiernos federal y estatal.
En
conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Congreso local, la
diputada también afirmó que en el proceso de negociación entre el gobierno
del estado y los ejidatarios propietarios de las tierras en donde se quiere
instalar el aeropuerto participa Manuel Santana García, quien ocupa dos cargos
públicos, en el gobierno federal y otro en el estatal.
Ivonne
Vandenpeereboom aseguró que el referido "negociador" de la expropiación
de los terrenos para el aeropuerto se desempeña como director agrario de
Concertación de Gobierno del estado, pero al mismo tiempo trabaja en la
Secretaría de la Reforma Agraria como delegado en la entidad.
La
legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que la decisión
de no licitar la construcción del aeropuerto violenta lo establecido en la Ley
de Adquisiciones en su capítulo tercero, artículo 20, en el sentido de que las
adquisiciones, arrendamientos y contrataciones que realicen las oficialías
mayores sólo podrán efectuarse mediante licitación pública cuando el monto
aprobado de la operación a contratar sea superior a 0.011341 por ciento del
Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal vigente.
Dijo
que derivado de que el presupuesto del 2002 asciende a 7 mil 891 millones 134
mil 52 pesos, el costo del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto
equivale a 0.88707148 por ciento y debe realizarse bajo licitación pública.
Asimismo,
Vandenpeereboom descalificó la doble función que desempeña el delegado de la
SRA, Manuel Santana García, quien también ocupa el cargo de director agrario
de Concertación de Gobierno del estado.
"Esto
a pesar de que la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala
en su artículo 40, fracción 12, que los funcionarios deberán abstenerse a
desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o de participación".
Los
ejidatarios de Coyotillos y Viborillas sostuvieron que no están dispuestos a
vender a menos que el gobierno del estado les eleve el monto que les pretende
pagar a la fecha es de 6.50 pesos por metro, mucho menos incluso a la cantidad
que se les ha ofrecido a los ejidatarios de San Mateo Atenco, en el estado de México
para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que es de
9.50 por metro.
Casimiro
Jiménez, ex comisariado ejidal de Viborillas, explicó que mientras no se
proponga el gobierno negociar en términos de igual a igual, simplemente no
venderán sus tierras, ubicadas a unos 20 kilómetros de la ciudad de Querétaro.
TRES ORGANIZACIONES AGRARIAS
BUSCAN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDOS POLÍTICOS.
Mireya Cuellar, La Jornada, página 8, lunes 4
de marzo.
Tres
organizaciones campesinas, la Central Campesina Cardenista (CCC), la Coalición
de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y la Unión General
Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) pretenden obtener registro como partido político.
Estas
organizaciones tomaron la decisión luego de un largo debate en el seno del
Congreso Agrario Permanente (CAP) -que agrupa a la mayoría de ellas-, aunque
otras cuatro cuentan con registro como agrupaciones políticas ante el Instituto
Federal Electoral (IFE).
"Los
partidos políticos no nos valoran, nos ningunean. La relación con sus bases
campesinas ha sido utilitaria; 'te uso para adornar la foto del candidato, para
llenar la plaza, pero no te doy participación en las decisiones ni cargos. Digo
que te represento y cosecho por ti'", resume Max Correa, de la CCC, la
historia de la relación entre las bases campesinas y los partidos, sobre todo
PRI y PRD, porque el PAN "ni nos conoce".
Actualmente
tienen ante el IFE reconocimiento como APN con el nombre de Agrupación Política
Campesina (APC) y efectuaron -informa Correa- todos los trámites y las
asambleas que demanda el órgano electoral para otorgar el registro.
"¿Por
qué hacer un partido de campesinos, una especie en vías de extinción? Porque
la fortaleza de las grandes economías radica en una política agrícola
fuerte", reflexiona el dirigente de la CCC, quien agrega que una de las
características de los países del llamado tercer mundo es que su sector agrícola
es muy vulnerable.
Para
que los campesinos y el sector puedan tener desarrollo pleno y trato político
diferente necesitan acceder a puestos de poder, de decisión. Los partidos
"incluyen al campo en su discurso pero ello no se traduce en prácticas de
gobierno ni en agendas legislativas. En el presupuesto, por ejemplo, el campo ha
dejado de ser prioritario".
Entrevistado
en la sede de la CCC, en la colonia Roma Sur, Correa acepta que Margarito Montes
Parra, dirigente de la UGOCP -participante en el proyecto de partido-, estuvo en
el PRI, incluso apoyó a Carlos Salinas en sus reformas al artículo 27
constitucional, pero dice que "es de sabios rectificar", y ahora,
aunque se hiciera otra reforma para dejar la Constitución como estaba, "la
situación del campo no cambiaría".
También
la CCC participó en el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional,
de Rafael Aguilar Talamantes, pero lo abandonaron en 1997.
El
Partido Campesino y Popular -nombre con el que están solicitando registro-
pretende participar en los comicios del año próximo con sus siglas, es decir,
sin hacer alianzas con otras fuerzas, y obtener 2 millones de votos. Esas son
las intenciones, esboza Correa, miembro de la presidencia colectiva y rotativa,
de la que son parte también Margarito Montes Parra e Ignacio Iris, éste actual
coordinador del CAP.
COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
EN 11 AÑOS DE TRABAJO, LA
CNDH EMITIÓ MIL 548 RECOMENDACIONES.
Víctor
Ballinas, La Jornada, página 14, lunes 4 de
marzo.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que de 1990 al 31 de
diciembre de 2001 se emitieron en total mil 548 recomendaciones dirigidas a mil
822 autoridades por violaciones a diversas garantías. Del total de recursos,
mil 373 han sido acatados con cumplimiento total; 105 no fueron aceptados, 151
tienen cumplimiento insatisfactorio y en 172 casos el cumplimiento ha sido
parcial.
En
los anexos del segundo informe de labores del ombudsman nacional, José
Luis Soberanes, se resalta que en los 11 años de existencia de ese órgano, la
Procuraduría General de la República ocupa el primer lugar en el número de
recomendaciones que ha recibido por violaciones a derechos humanos, con 177; en
segundo lugar está el gobierno del estado de Oaxaca, con 83; le siguen en orden
de importancia los siguientes: Chiapas, con 72; Guerrero, con 61; Michoacán y
Veracruz, con 54 cada uno; estado de México, 51, y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, 48.
Otros
gobiernos y dependencias que han recibido recomendaciones son: Morelos, 39;
Tabasco, 38; Jalisco, 37; Tamaulipas, 36; Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, 34; Gobierno del Distrito Federal, 33; Guanajuato, 32;
Secretaría de la Reforma Agraria, 32; San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua y
Sonora, 31 en cada entidad; Baja California, 25; Secretaría de la Defensa
Nacional, 25; Durango, 23; ISSSTE y las secretarías de Gobernación y Salud, 22
cada una.
También
se han hechos acreedores a recibir recomendaciones 70 ayuntamientos de Oaxaca,
Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Guerrero,
Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Veracruz, estado de México y Puebla.
Del
16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001 la CNDH recibió 3 mil 626
expedientes de queja; de ellos, "mil 609 fueron calificados como
presuntamente violatorios a los derechos humanos. Los principales motivos de
queja que se continuaron presentando durante el año pasado fueron: ejercicio
indebido del cargo, con 934 quejas; negativa del derecho de petición, con 320;
trato cruel o degradante, con 208; detención arbitraria, 193 quejas.
"Negativa
o inadecuada prestación del servicio público de salud, 185; cateos y visitas
domiciliarias ilegales, 175; retención ilegal, 129; amenazas, 123; imputación
indebida de hechos, dilación o negligencia administrativa en el proceso, 115;
robo, 102; incumplimiento de la función pública en la procuración de
justicia, 96; irregular integración de la averiguación previa, 92. Hubo además
50 quejas por desaparición forzada o involuntaria; 46 por intimidación; 44 por
incomunicación; 28 por cohecho; 24 por extorsión; nueve por tortura y 13 por
violación a los derechos de los indígenas".
Se
precisa en el informe que "el número de quejas no coincide con el de
autoridades señaladas debido a que dos quejas involucran, cada una, a dos
autoridades, y otra queja a tres autoridades".
En
el anexo del informe del ombudsman se indica que a la PGR se le
presentaron 57 propuestas de "amigable composición" por hechos
violatorios de derechos humanos: 16 al IMSS; 12 a la Sedena; nueve a la SEP;
siete a la SHCP; seis al Infonavit y a la PFP; cinco a la Procuraduría General
de Justicia Militar; cuatro a la Dirección General de Derechos Humanos de la
PGR y cuatro al ISSSTE, entre otras.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx