Domingo 30 de junio
de 2002 Domingo 30 de junio
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
Reforma • Milenio
Diario • La
Jornada
• El
Sol de México
Excélsior
• Diario
de México
• El
Financiero
• El
Heraldo de México
Unomásuno • El Universal • Novedades
OPINIÓN
“PLAZA
PÚBLICA”
Miguel Ángel Granados Chapa, Reforma, página 15, domingo
30 de junio
Para
hacer valer el Estado de derecho, la Constitución otorgó al Judicial el carácter
de verdadero poder ...
CORREO
ILUSTRADO
Imelda Zamudio, La Jornada, página 2, domingo 30 de junio
Señora
directora: Es
inadmisible, indigno, deshonesto, desleal, ruin, vergonzoso ...
EL
PLAN PUEBLA-PANAMÁ
Antonio Gershenson, La Jornada, página 16, domingo 30 de
junio
Creo
que el asunto merece reflexiones que vayan más allá del aplauso ...
“MILENIOPOLIS”
Abelardo Martín, Milenio Diario, página 6, domingo 30 de
junio
El
escándalo empezó cuando el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, dio una voz de auxilio ...
SÉPTIMO
DÍA
Alejandro Envila Fisher, Unomásuno, página 8, domingo 30
de junio
Una
vez más Diego Fernández de Cevallos
está en el ojo del huracán ...
Excélsior, página 8, domingo 30 de junio
El
enésimo escándalo por tráfico de influencias en que se haya metido Diego Fernández
de Cevallos ...
“A
LA MITAD DEL FORO”
León García Soler, Excélsior, página 15, domingo 30 de
junio
Cosecharán
cadáveres de ejidatarios
Ambos
grupos aseguran contar con la documentación que acredita su dicho ...
UF,
QUE SEMANA: DE TODO Y PARA TODOS LOS GUSTOS
Jesús Michel Narvaéz, El Sol de México, página 9-A,
domingo 30 de junio
Como
verá, qué semanita
Y
es que no deja de llamar la atención el escándalo SRA-Diego-Lozano ...
“VANGUARDIA
POLÍTICA”
Aurora Berdejo, El Sol de México, página 17-A, domingo
30 de junio
...
El recurso presentado por el despacho de abogados de Fernández de Cevallos ...
SECTOR
AGRARIO
LA
SRA NO RECIBIRÁ FONDOS PARA CUBRIR INDEMNIZACIÓN, ADVIERTEN LEGISLADORES
Andrea Becerril y Roberto Garduño, La Jornada, página
1/3, domingo 30 de junio
En
México hay más de 300 resoluciones agrarias pendientes de resolver ...
INADECUADA,
LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, ASEGURA CALDERÓN
Georgina
Saldierna, La Jornada, página 3, domingo 30 de junio
También aparece en Reforma, página 2, El Sol de México, página 1
Unomásuno, página 15, El Día, página 2, El Universal, página 1 y Novedades,
página 1
El
coordinador de los diputados federales panistas, Felipe Calderón Hinojosa, marcó
ayer ...
DESCALIFICA
“JEFE” DIEGO A CRÍTICOS DE SU ABOGACÍA
Alejandro Lelo de Larrea, El Universal, página 1, domingo
30 de junio
También aparece en Novedades, página A-6, El Sol de México, página 1 y El
Heraldo de México, página 4-A
Diego
Fernández de Cevallos, quien sólo participó poco más de dos horas en la
reunión ...
“ES
UNA TRACALADA MÁS DE LA JORNADA”
Georgina Saldierna, La Jornada, página 1/4, domingo 30 de
junio
"No
voy a entrar al juego de La Jornada.
Lo único que les digo es que no es cierto ...
LA
ACTITUD DE DIEGO FERNÁNDEZ, ÉTICAMENTE INACEPTABLE: ROBLES
Renato Dávalos, La Jornada, página 4, domingo 30 de
junio
Es
"éticamente inaceptable" la postura del senador Diego Fernández de
Cevallos ...
REALIZA
LA SRA TRÁMITES PARA LOGRAR CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN SOBRE AFECTADOS EN
SANTA ÚRSULA
Lorena Gaona, El Sol de México, página 20-A, domingo 30
de junio
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, aseguró ...
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
“POLÍTICA
EN LOS ESTADOS”
Juan Nieto Martínez, La Prensa, página 34, domingo 30 de
junio
...
Y sobre el conflicto de San Salvador Atenco ...
ESTADOS
CHIAPAS
FUE
TÉCNICAMENTE IMPOSIBLE DESALOJAR 28 POBLADOS EN MONTES AZULES, INDICA DIRIGENTE
Elio Henríquez, La Jornada, página 26, domingo 30 de
junio
El
desalojo con la fuerza pública de 28 poblados y dos ranchos asentados ...
DURANGO
URGE
QUE AUTORIDADES RESUELVAN UN LÍO AGRARIO ENTRE DURANGO Y ZACATECAS
Jesús Saldaña, El Heraldo, página 3-A, domingo 30 de
junio
El
senador Adrián Alanis Quiñónez demandó al Gobierno Federal que ordene a las
autoridades agrarias ...
OAXACA
ENTRAMPA
CONFLICTOS LA FALTA DE RECURSOS
Heraldo Iván Rendón, Reforma, página 10, domingo 30 de
junio
La
resolución de más de 500 conflictos por límites de tierra en Oaxaca ...
ADVIERTEN
LOXICHAS RIESGO DE VIOLENCIA
Cecilia González, Reforma, página 10, domingo 30 de
junio
En
Los Loxichas la violencia está latente y sus pobladores lo saben ...
SECTOR
AGROPECUARIO
CAMPESINOS
TIENDEN REDES DE COOPERACIÓN CONTRA PPP
Carolina Gómez, La Jornada, página 8, domingo 30 de
junio
Ante
el compromiso de incorporar al Plan Puebla-Panamá (PPP) ...
“PLAZA
PÚBLICA”
Miguel Ángel Granados Chapa, Reforma, página 15, domingo
30 de junio
Para
hacer valer el Estado de derecho, la Constitución otorgó al Judicial el carácter
de verdadero poder, aun por encima de los otros dos. Ordena la fracción XVI del
artículo 107 que si una autoridad "tratare de eludir la sentencia de la
autoridad federal y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el
cumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y
consignada al juez de distrito que corresponda".
El
doble riesgo de la destitución y el eventual encarcelamiento (por delito
similar al de abuso de confianza) puede concretarse de un momento a otro para la
secretaria de la Reforma Agraria y el jefe del gobierno del Distrito Federal.
Herederos ambos de juicios de amparo ganados por los afectados, carecen de
recursos para encarar las responsabilidades fijadas por la autoridad judicial.
La licenciada María Teresa Herrera Tello ha realizado gestiones con el propósito
de pagar la indemnización multimillonaria que debe cubrir, pero Andrés Manuel
López Obrador, como si fuera potestativo se muestra renuente a hacerlo (si bien
en un caso precedente accedió ya a pagar).
Por
lo menos dos veces antes la Suprema Corte de Justicia llegó al extremo de
anunciar a funcionarios la aplicación de esa su facultad para separarlos del
cargo. En ninguno de los dos casos se consumó el ominoso aviso. El 23 de
octubre del 2000, el tribunal constitucional dio al secretario de la Reforma
Agraria Eduardo Robledo un plazo de diez días para que restituyera los bienes
de un enorme predio situado en Punta Estero, en la península de Baja
California, so pena de destitución. Robledo se salvó de ella al lograr la
conciliación de los intereses en pugna, pues aunque los predios en litigio
estaban ocupados no fue preciso desalojar a sus poseedores. Tal actitud
conciliatoria, eficaz a la postre, había sido descalificada por la sentencia de
la Corte, que criticó los sucesivos intentos de arreglo de la cuestión, a
cargo del director jurídico de la SRA, Gilberto Hershberger, ya que a su juicio
no eran "para lograr que se llevara a cabo sino al contrario para diferirlo
y hasta el momento impedirlo". Por cierto que Hershberger no se fue con los
funcionarios del PRI sino que hasta fue ascendido, pues hoy es subsecretario.
El
segundo caso se asemeja más a los que tienen en vilo a la SRA y el GDF. El jefe
delegacional de Iztapalapa se salvó de la destitución a última hora, gracias
a la prudencia de la Corte y al apoyo -eficaz, si bien renuente- de la
administración central capitalina. La historia es la siguiente, análoga a
otras de litigios convertidos en bombas de tiempo:
En
1993 el gobierno federal expropió a Francisco Arteaga Aldana una superficie de
20 mil metros, en Santa Cruz Meyehualco. Como solía ocurrir en el autoritarismo
arbitrario, ese acto jurídico se realizó con entero desaseo, sin fundarlo y
motivarlo. Por eso el afectado obtuvo amparo de la justicia federal el 31 de
octubre de 1994, para que le fuera restituido el predio afectado. La autoridad
delegacional ignoró la sentencia. Se le formularon hasta 15 requerimientos (12
de ellos durante el gobierno priista) hasta que a mediados de 1998 el juez de
distrito envió el expediente a la Suprema Corte para que usara su poder
intimidatorio. Sólo entonces el gobierno capitalino respondió a los
requerimientos. Explicó que era imposible materialmente restituir la tierra
expropiada, ya que sobre ella se había construido parte del Anillo Periférico
y se había construido la unidad habitacional que administra el Frente Popular
Francisco Villa.
La
ley prevé una alternativa en situaciones así. El afectado optó por el
cumplimiento sustituto, es decir que se le pagara el valor del terreno. En
febrero del año pasado el juez federal determinó la cantidad a cubrir: 31
millones de pesos, que pareció alto a la autoridad, por lo que acudió a la
queja, para reducirlo. Pero en mayo siguiente un tribunal colegiado confirmó la
decisión de su inferior: había que pagar 31 millones de pesos.
Comenzó
de nuevo la serie de requerimientos, hasta tres entre mayo y junio. Otra vez el
juez remitió el asunto a la Corte, y el 21 de julio su presidente ordenó al
jefe delegacional que hiciera el pago o explicara las razones para no hacerlo.
No hubo respuesta alguna, pues existía diferencia de criterios entre las
autoridades implicadas: el jefe delegacional René Arce se manifestó por el
pago, no así la administración central. Entonces la Corte, al sentenciar el
incidente de inejecución, resolvió aplicar el severo mecanismo del artículo
107, pero todavía ofreció un nuevo plazo a los responsables para que
explicaran su omisión. Sólo en ese momento acudió Arce a explicar que carecía
de presupuesto para encarar esa indemnización.
La
respuesta no satisfizo al ministro Juan Díaz Romero: la insuficiencia
presupuestaria, explicó, "no es razón para dejar de cumplir la
inejecutoria de amparo". Y adujo el monto de los recursos de que dispone la
delegación de Iztapalapa: 2 mil 131 millones de pesos en total, de los que los
31 involucrados en el caso significan sólo el 1.4 por ciento. Y el 18 de
febrero pasado respondió también, al explicar su ponencia, al alegato que basa
en el artículo 126 constitucional la imposibilidad de asignar fondos no
presupuestados. Hizo una interpretación que podría repetirse cuando, como es
inminente, se ventilen allí los casos de la secretaria Herrera Tello y de López
Obrador: "El artículo 107, fracción XVI, es muy claro al respecto: no
depende de la voluntad de las autoridades responsables aprobar o no una partida
presupuestaria...
El
artículo 126 (permite) que un presupuesto ya autorizado pueda modificarse para
hacer frente a las obligaciones estatales sobrevenidas, pero más todavía, aun
tomando en consideración lo que expresa el señor delegado o las autoridades
correspondientes, en una serie de oficios que presentaron con posterioridad a la
notificación de la sentencia, o del proyecto de sentencia, no tienen razón en
virtud de que si desde el 21 de junio tuvieron la oportunidad de presentar ante
la Asamblea Legislativa por conducto del jefe de gobierno del Distrito Federal
la cantidad correspondiente (esta de 31 millones de pesos) para que se incluyera
dentro de la partida presupuestal, el señor delegado no demostró esta
circunstancia, pasó el término correspondiente, que era el último día de
noviembre del año 2001 para que lo presentara y nunca lo hizo." Con ese
fundamento, la Corte se disponía a remover a Arce cuando en el último momento
se avisó que la administración central de la ciudad de México había
solicitado la afectación presupuestal correspondiente y por efecto de ella había
también depositado los 31 millones de pesos.
Con
aquel riguroso criterio de ejecución judicial se está abordando el caso en que
la Reforma Agraria debe pagar a particulares más de lo que importa su
presupuesto de este año. El asunto, iniciado en 1984 por la expropiación de 33
hectáreas en Santa Ursula Coapa se halla en el tercer tribunal colegiado. Es el
último escalón previo a su llegada a la Corte. Por lo pronto, una admonitoria
resolución judicial ha ordenado lo siguiente:
"Toda
vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y el
pago de daños y perjuicios como cumplimiento sustituto de aquellas no está
condicionado a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida
presupuestal correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105
de la ley de amparo, se requiere al Presidente de la República para que en su
carácter de superior jerárquico del Secretario de Hacienda y Crédito Público
y del Secretario (sic) de la Reforma Agraria, el primero de ellos a su vez
superior jerárquico del Subsecretario de Egresos, los conmine a acatar el fallo
protector y que dentro del término de 24 horas remitan las constancias que
acrediten que han dado cumplimiento al mismo, debiendo para ello remitir las
autoridades hacendarias copia certificada de las documentales que demuestren
fehacientemente que han autorizado la ampliación líquida del presupuesto de la
Secretaría de la Reforma Agraria para que dicha secretaría de Estado se
encuentre en aptitud de cubrir al quejoso la cantidad que le adeuda, por lo que
esta última deberá remitir las constancias que acrediten que ha pagado al
quejoso la cantidad de $1, 214 174 040.00 (mil doscientos catorce millones
ciento setenta y cuatro mil cuarenta pesos moneda nacional)..."
La
Secretaría de la Reforma Agraria solicitó el año pasado a la de Hacienda
incluir en su presupuesto de este año la provisión requerida para acatar aquel
fallo, pero la autoridad fiscal se abstuvo de hacerlo. Por eso el 20 de mayo el
subsecretario de Egresos solicitó a la Cámara de Diputados (y ésta turnó el
asunto a la Comisión Permanente) determinar qué programas de la SRA deben
cancelarse para cumplir las resoluciones judiciales. Es una pregunta retórica,
pues ni la cancelación de todos los programas de aquella secretaría sería
suficiente para encarar ese adeudo (y otros que eventualmente surjan de
sentencias que pongan fin a casos que están en curso, algunos de ellos
iniciados hace mucho tiempo).
El
gobierno del Distrito Federal padece problemas semejantes. López Obrador se
refirió a uno de ellos, el del predio donde se alza la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, en Cuicuilco, en el sur de la ciudad. Los herederos de
Angel Veraza (un empresario tabasqueño muy cercano a Carlos A. Madrazo, como lo
son los hijos de ambos) solicitaron y obtuvieron amparo con base en una errata
del Diario Oficial no corregida, cuando se publicó el decreto de expropiación
el 15 de octubre de 1962: se dijo que el acto jurídico se basaba en la ley de
explotación, no de expropiación. Y como aquella no existe, los afectados
recibieron la protección de la justicia federal: se ordenó a la autoridad
capitalina de hoy, elegida por los ciudadanos, diversa de la designada por el
presidente de la República cuando el DDF era un departamento administrativo, el
pago de 176 millones y medio.
Ignoro
si ese momento procesal ya transcurrió en este caso, pero en otros ha sido
posible, mediante una queja, reducir el monto de lo adeudado. Eso ocurrió en un
episodio típico de la abulia administrativa y el desdén por la vigencia de la
ley: en fecha tan remota como 8 de octubre de 1943 fueron expropiados dos
terrenos propiedad de la familia Urrutia Tazzer, con una superficie de 78 mil
metros cuadrados. Ubicados en la delegación Azcapotzalco, los predios eran
parte de un potrero llamado La Alberca, y sobre ellos se erigiría una colonia
llamada Aldana, pues el objetivo de la expropiación fue "crear un centro
de población en la zona noroeste de la ciudad de México para familias
pertenecientes a la clase proletaria".
Este
propósito se incumplió a la postre, pues realmente se levantó allí una
colonia para familias de clase media, la Nueva Santa María (inmediata al casco
de Santo Tomás, donde hay instalaciones del Instituto Politécnico Nacional).
Pero desde el principio se hicieron mal las cosas. Para empezar, demoró la
publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial, que sólo apareció
el 22 de enero y el 8 de septiembre de 1944. Aunque en los hechos evidentemente
funcionó la apropiación de los terrenos por la autoridad, a los propietarios
nunca les fue notificada formalmente la medida, hasta que se impusieron de ella
¡cincuenta y cinco años después!, el 30 de junio de 1998.
La
familia afectada (uno de cuyos miembros es el arquitecto Oscar Urrutia, muy
reputado en su profesión y en la organización y difusión de la cultura) inició
un juicio de amparo precisamente al conocer de modo formal la expropiación.
Puesto que era imposible la restitución material, se escogió también la vía
de compensación, el cumplimiento sustituto, mediante el pago de una indemnización.
El 18 de julio de 2001 un juez federal condenó al gobierno de la ciudad de México
a pagar 107 millones de pesos. Ambas partes, aunque obviamente por razones
encontradas, impugnaron el monto fijado y sus recursos de queja se resolvieron
el 28 de enero pasado, en acuerdo que fue notificado el 11 de febrero último.
El monto se redujo de modo considerable, a casi una tercera parte del fijado
originalmente: 43 millones de pesos.
Se
concreta en estos casos, de modo paulatino, el desmantelamiento de uno de los
aspectos más oscuros (en el doble sentido: sucio y desconocido) del sistema político
mexicano, en que el poder se ejercía de modo arbitrario e impune. Su clausura
impone costos de elevado monto financiero e importantes repercusiones sociales y
políticas: los 31 millones de pesos pagados en Iztapalapa significaron recortar
un programa de bibliotecas, otro de centros sociales y uno destinado a tratar
aguas negras.
Esos
importes podrían crecer, pues son muchos los casos pendientes. Si aun así de
onerosos implicaran sólo que hoy se practica la justicia que antes no
prosperaba, podríamos darnos por bien servidos. Pero si el aparato judicial se
hizo eficaz y activo no sólo por su propia mejoría, sino porque es aceitado
por el dinero y las influencias de despachos que lo tienen a su servicio, la
sociedad estaría siendo victimada por partida doble: antes por la incuria
administrativa y hoy por la codicia de los postulantes.
La
secretaria de la Reforma Agraria María Teresa Herrera Tello solicitó el año
pasado incluir en el presupuesto vigente ahora una provisión que permitiera
encarar las obligaciones derivadas de juicios perdidos, pero no ocurrió así y
ahora su cabeza está en riesgo ante fulminantes órdenes judiciales.
El jefe delegacional en Iztapalapa, René Arce, era partidario desde el principio de pagar una indemnización debida al propietario de un predio donde pasa una porción del Anillo Periférico, pero sólo obtuvo la autorización correspondiente en la víspera de que se decretara su separación del cargo.
CORREO
ILUSTRADO
Imelda Zamudio, La Jornada, página 2, domingo 30 de
junio
Señora
directora: Es
inadmisible, indigno, deshonesto, desleal, ruin, vergonzoso, contradictorio que
el opulento, millonario y cristiano senador panista Diego Fernández de
Cevallos, a quien algunos ciudadanos eligieron como defensor de sus derechos en
la Cámara -quienes, además, le pagan (pagamos) su gran sueldo de senador- sea
hoy quien gana un juicio multimillonario en contra de la Secretaría de la
Reforma Agraria, que no tiene para pagar. Erogación, que de hacerse, no sólo
afectará las finanzas del Estado, sino los bolsillos de los mexicanos, pues
somos quienes pagamos con nuestros impuestos.
El
multimillonario fallo, en favor de las familias Ramos Hernández y Lozano
Gracia, sus amigos, y en contra del gobierno panista y del pueblo de México, es
un testimonio fehaciente del insaciable amor por el dinero de "un gran
legislador panista", sin compromiso con México.
De
qué sirve conocer lo que es la línea recta, si no se sabe lo que es la
rectitud, dijo un día Séneca, filósofo y político.
Imelda Zamudio
EL
PLAN PUEBLA-PANAMÁ
Antonio Gershenson, La Jornada, página 16, domingo 30
de junio
Creo
que el asunto merece reflexiones que vayan más allá del aplauso o de un simple
"no, no, no". Por principio de cuentas, hay dos partes, muy diferentes
entre sí, en el alcance geográfico del plan.
Por
un lado, está la parte internacional, los países centroamericanos. Este es un
asunto de relaciones entre países que debe manejarse como tal. La otra parte,
el sur y el sureste mexicanos, es obviamente asunto de política interna, y además
tienen rasgos distintivos del resto de México.
En
este sentido, un plan de industrialización del sureste concebido de determinada
manera puede tener, además de un sentido de aliento al desarrollo, un efecto de
debilitamiento del caciquismo. Para que haya desarrollo real y para que el
caciquismo se debilite y en un momento dado sea erradicado, una primera condición
es la participación de las comunidades de la región.
Si se persiste en el camino de ponerse de acuerdo con los grandes inversionistas como punto de partida, ya será muy difícil hacer las cosas en forma tal que puedan obtener el apoyo de la población local. A lo mejor no está entre las funciones, ni entre las necesidades, ni entre las obligaciones de un inversionista, el conocer las comunidades indígenas, o los núcleos de ejidatarios, o simplemente a los pobladores de la región en la que van a invertir. Pero sí deben hacerlo los gobernantes de diferentes niveles e instancias, y hacerlo desde el principio, desde antes de que los proyectos sean definitivos. Si se quiere a como dé lugar arreglarse con los que ponen el dinero, y luego ver cómo se puede vencer o convencer a los pobladores, como en el caso del proyecto de nuevo aeropuerto en Texcoco y Atenco, las cosas no van a funcionar. Como no funcionó el ofrecimiento de vender la industria eléctrica, ni podrá funcionar el de entregar por 20 años zonas petroleras ricas en gas natural. Y después de eso, ¿hasta cuándo les van a creer los inversionistas?
“MILENIOPOLIS”
Abelardo Martín, Milenio Diario, página 6, domingo 30 de
junio
El
escándalo empezó cuando el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, dio una voz de auxilio al Congreso de la Unión: se
necesitan más recortes al presupuesto para pagar una deuda de mil 214 millones
174 mil 40 pesos a un particular.
Nunca
el pago a una familia había obligado al Congreso a tomar cartas en el asunto.
La
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados recibió un oficio de la
secretaría de Hacienda y Crédito Público, según el cual el señor Gabriel
Ramos Fernández, albacea de la sucesión de Gabriel
Ramos Millán, demandó el 11 de febrero de 1985 el amparo y protección de
la justicia federal en contra de diversas autoridades por la expropiación de
terrenos al sur de la ciudad.
Diecisiete
años después, el 26 de febrero de este año, el Tercer Tribunal Colegiado
dictaminó que la Secretaría de la Reforma Agraria está obligada a pagar esa
millonaria cantidad, porque perdió el juicio por unos terrenos que alguna vez
fueron de ejidatarios en la zona de Tlalpan, en el Distrito Federal.
El
ganador del litigio que tiene en jaque al presupuesto federal, fue nada menos
que el senador panista Diego Fernández
de Cevallos.
El
senador Fernández de Cevallos sumó
otro indiscutible triunfo a su carrera profesional, sólo que la ética de su
actuación ha sido severamente cuestionada por sus colegas y compañeros
legisladores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Sirve
a sus intereses particulares o a la República.
Autoproclamado como un defensor de la ley, el legislador panista tiene en su historia muchas contradicciones respecto a su observancia personal del Derecho.
SÉPTIMO
DÍA
Alejandro Envila Fisher, Unomásuno, página 8,
domingo 30 de junio
Una
vez más Diego Fernández de Cevallos
está en el ojo del huracán. El senador panista ahora es acusado por los
perredistas y defendido por los priístas porque, como abogado, ha resultado
demasiado eficiente para litigar contra las más diversas instancias
gubernamentales; arreglando en favor de sus clientes negocios millonarios que lo
han hecho riquísimo, pero también le han representado enormes pérdidas a la
hacienda pública.
El litigio que involucra al hombre fuerte del PAN acaba de hacer crisis. Es un amparo contra la indemnización determinada por la Secretaría de la Reforma Agraria, para compensar a los propietarios expropiados de unos terrenos al sur de la ciudad de México hace aproximadamente 11 años. La sentencia judicial obliga a la SRA a volver a indemnizar a los propietarios originales de los predios con 1,200 millones de pesos por los terrenos que les fueron expropiados por el estado. La SRA no tiene más que 300 millones presupuestados para indemnizaciones. Así que para cumplir con la sentencia judicial que obtuvo Diego Fernández, será necesaria una gigantesca ampliación presupuestal autorizada por Hacienda.
Excélsior, página 8, domingo 30 de junio
El
enésimo escándalo por tráfico de influencias en que se haya metido Diego Fernández
de Cevallos esconde en realidad un duro choque entre éste y el Presidente
Vicente Fox, con Francisco Gil Díaz como ariete y María Teresa Herrera y otros
políticos como música de fondo.
Que
Fernández de Cevallos es todo un prototipo en materia de corrupción desde el
poder político, es algo que estas alturas habla mal no tanto de él, que ha
logrado desarrollar un duro caparazón impenetrable a la crítica, sino de los
mexicanos que hemos permitido sus pillerías.
Pero
que en este asunto específico del pleito judicial que puso en bancarrota a la
Secretaría de la Reforma Agraria, Diego es blanco de un embate desde Los Pinos,
está clarísimo.
La secretaria de la Reforma Agraria, Herrera Tello, todavía no acababa de sentarse bien en su silla cuando le pidió por primera vez a Gil Díaz que Hacienda previese, para efectos presupuestarios, el pago que tendría que hacerse si el Ejecutivo perdía el pleito que para entonces ya estaba en su última instancia judicial. “Yo no tengo conocimiento oficial de nada de eso”, fue la respuesta del titular de la SHCP.
“A
LA MITAD DEL FORO”
León García Soler, Excélsior, página 15, domingo 30 de
junio
Cosecharán
cadáveres de ejidatarios
Ambos grupos aseguran contar con la documentación que acredita su dicho; con la dotación por resolución presidencial; con los amarillentos planos que cargan en sus morrales desde antes que fuéramos independientes. Ya hubo varias confrontaciones. Los gobernadores de Durango y Zacatecas piden la intervención del Gobierno Federal, de la Secretaría de Gobernación, de la SRA, de quien tenga las facultades expresas que la ley señale. Se litiga en los medios de comunicación. Se hacen cuentas del dinero que corresponde a cada cual y del mecanismo mediante el cual se lleve el asunto a la Corte para que ésta resuelva lo que no es un conflicto de límites entre entidades de la Federación, sino agrario, entre comunidades campesinas y por la posesión de la tierra. Hay facultades expresas y debiera haber voluntad política; no apetito de poder, sino responsabilidad asumida al aceptar el mandato del voto o el nombramiento de funcionarios.
UF,
QUE SEMANA: DE TODO Y PARA TODOS LOS GUSTOS
Jesús Michel Narvaéz, El Sol de México, página
9-A, domingo 30 de junio
Como
verá, qué semanita
Y es que no deja de llamar la atención el escándalo SRA-Diego-Lozano, en donde la Secretaría de Estado se declaró incapaz de cumplir con la orden judicial porque no tiene recursos. Vaya, el argumento esgrimido es que el presupuesto total para este año que puede ejercer la SRA no llega a los mil millones de pesos.
“VANGUARDIA
POLÍTICA”
Aurora Berdejo, El Sol de México, página 17-A, domingo
30 de junio
...
El recurso presentado por el despacho de abogados de Fernández de Cevallos,
luego de ganar un juicio de más de diez años por la expropiación de 33 hectáreas
propiedad de la sucesión de Gabriel Ramos Millán es “contra actos del
presidente de la República”. El juicio lo ganó este gabinete jurídico después
de que tramitó como última instancia un juicio de inejecución de sentencia
para que la SCJN obligue al jefe de Ejecutivo a pagar los citados mil 214
millones de pesos que la SRA le debe a la sucesión citada...
Este es un asunto muy viejo que se viene ventilando de tiempo atrás. Es más, el exsecretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, en su momento argumentó lo mismo que hoy esgrime la dependencia a cargo de María Teresa Herrera, esto es, que ni con el presupuesto completo que se destina a esa secretaría se podría llegar a cubrir tal adeudo. Pero de forma irónica, el fugaz exgobernador chiapaneco decía aún como titular de la SRA que “este es un asunto que le explotará en las manos al próximo gobierno de la República, porque definitivamente sí lo ganará Diego Fernández de Cevallos”.
LA
SRA NO RECIBIRÁ FONDOS PARA CUBRIR INDEMNIZACIÓN, ADVIERTEN LEGISLADORES
Andrea Becerril y Roberto Garduño, La Jornada, página
1/3, domingo 30 de junio
En
México hay más de 300 resoluciones agrarias pendientes de resolver, buena
parte de ellas en favor de miles de campesinos sin tierra. En casos de
expropiaciones y compras de predios a ejidatarios se les ha llegado a ofrecer
hasta 72 centavos por metro cuadrado, y aunque el promedio es de 35 a 40 pesos,
destaca la desproporción con el monto de la indemnización que se ordenó
entregar a los herederos de Gabriel Ramos Millán, cuyo caso lleva el despacho
de Diego Fernández de Cevallos.
"Pagar
a más de 3 mil 700 pesos el metro cuadrado de un terreno de 33 hectáreas en
Santa Ursula Coapa, según la resolución judicial que benefició a los clientes
del presidente de la mesa directiva del Senado, no sólo es ofensivo, sino que
suscita sospechas sobre el tráfico de influencias que permitió fijar una
indemnización de esa magnitud", advirtió el presidente de la Comisión de
Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, el petista Félix Castellanos.
Demasiada
prisa
La
presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, Arely Madrid Tovilla,
criticó la prisa con que la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha actuado para
lograr que el Congreso apruebe la ampliación del presupuesto a la SRA.
"Nos gustaría que también hubiera preocupación para resolver de manera
global la problemática de miles de campesinos que también tienen resoluciones
judiciales en favor y que no se han cumplido, pese a que para ellos es de vida o
muerte".
Sobre
el tema, el diputado Félix Castellanos, del PT, reveló que la comisión a su
cargo propuso desde el año pasado a la titular de la SRA, María Teresa Herrera
Tello, solicitar recursos presupuestales adicionales para cubrir el pago de
indemnizaciones a campesinos, ya que hay ejecuciones por resolver en la Suprema
Corte, "pero no hicieron el menor caso en ese momento, y ahora están
presionando al Congreso a que autorice una cifra millonaria con el fin de pagar
a los clientes del senador panista".
Se
preguntó por qué no se ofrece a los herederos de Ramos Millán un predio en
otro lugar, como se ha hecho con los ejidatarios de San Salvador Atenco.
Igualmente,
el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de la fracción del PRI en
San Lázaro, adujo que una solicitud de esa naturaleza "es muy delicada,
porque proviene de un hecho muy cuestionado en la opinión pública, y sólo
corresponde al Poder Ejecutivo determinar de dónde se obtendrán esos recursos,
que son excesivos. Por lo pronto, nosotros los legisladores no permitiremos que
se dé esa injusticia".
Sobre todo, agregó el priísta, "si tomamos en cuenta que los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria están repletos de casos que, como el ganado por el despacho del senador Fernández de Cevallos, esperan desde hace años una resolución que no se ha dado por falta de recursos públicos".
INADECUADA,
LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, ASEGURA CALDERÓN
Georgina
Saldierna, La Jornada, página 3, domingo 30 de junio
También aparece en Reforma, página 2, El Sol de México, página 1
Unomásuno, página 15, El Día, página 2, El Universal, página 1 y Novedades,
página 1
El
coordinador de los diputados federales panistas, Felipe Calderón Hinojosa, marcó
ayer su distancia del senador Diego Fernández de Cevallos, al señalar que no
le parece adecuado "que haya un ejercicio profesional en un litigio contra
el Estado, cuando a la vez se es representante del mismo en alguno de sus
poderes".
Calderón
dijo respetar al presidente de la mesa directiva del Senado y su profesión.
"Sé que no hay impedimento legal para ese ejercicio profesional",
pero personalmente no "comparto esa duplicidad de funciones", agregó.
Por
su parte, el líder nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, salió ayer a la
defensa del senador y refirió que la ley no prohíbe combinar el ejercicio
profesional y el legislativo.
Entrevistado
durante la reunión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, Felipe Calderón
también consideró necesario reformar la ley, para regular las funciones
inherentes a los órganos del Estado y de esta manera despejar cualquier tipo de
duda y garantizar siempre la prevalencia del interés de la nación.
Por lo pronto, refirió, no hay recursos con qué pagar la indemnización que Fernández de Cevallos ganó para su cliente.
DESCALIFICA
“JEFE” DIEGO A CRÍTICOS DE SU ABOGACÍA
Alejandro Lelo de Larrea, El Universal, página 1,
domingo 30 de junio
También aparece en Novedades, página A-6, El Sol de México, página 1 y El
Heraldo de México, página 4-A
Diego
Fernández de Cevallos, quien sólo participó poco más de dos horas en la
reunión del Comité Nacional del PAN, al llegar a ésta, fue cuestionado sobre
el asunto de la demanda contra la SRA, a lo que respondió: "Es muy
sencillo para mis compañeros legisladores: si esta conducta les parece ilegal,
ellos deben legislar al respecto, y les ofrezco no intervenir en ese proceso
legislativo para que no me acusen de conflicto de intereses".
Legisladores
“coyotes”
Descalificó
a los legisladores que lo critican por ser senador al mismo tiempo que su bufete
jurídico lleva causas contra el Estado. "Lo malo es que haya entre los
legisladores coyotes que no son abogados y que litigan subrepticiamente".
¿Cómo
litigan los coyotes?
Entre
otras cosas, cruzándose en mis asuntos para pedirme dinero. En los propios
asuntos que ahora denuncian, se han cruzado para pedirme dinero.
¿Legisladores
le han pedido dinero?
Legisladores,
y esos son parte de los que me acusan. Esa sí es una villanía, eso sí es un
atraco, eso sí es una inmoralidad. Que primero intervengan en los negocios, sin
ser parte, sin ser abogados y sin dar la cara, para ver si se pueden llevar a la
mala dinero, y después denuncian a un abogado que da la cara y que trabaja de
acuerdo con la ley.
Y sin precisar quién es su agresor, aseveró que esta es una situación personal en su contra. "Y no es la primera vez, yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas".
“ES
UNA TRACALADA MÁS DE LA JORNADA”
Georgina Saldierna, La Jornada, página 1/4, domingo 30 de
junio
"No
voy a entrar al juego de La Jornada.
Lo único que les digo es que no es cierto y que es una tracalada más de un
periódico que no respeta a sus lectores". A gritos, Diego Fernández de
Cevallos dijo que no revelaría el monto de sus honorarios. "Esos son
negocios míos con mis clientes... No estoy cobrando un centavo, póngalo en su
diario".
Molesto
por lo que se ha publicado sobre los casos que su despacho ha ganado contra
dependencias federales, y su ejercicio paralelo como legislador, el senador
panista arremetió ayer contra esta casa editorial, la que calificó de
"mentirosa" y como un medio de información que "no respeta a sus
lectores".
Entrevistado
en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, negó que vaya a
cobrar 600 millones de pesos por el litigio que llevó contra la Secretaría de
la Reforma Agraria -como informó este diario-, pero se abstuvo de dar a conocer
a cuánto ascienden sus honorarios, con el argumento de que ello forma parte de
negocios "míos con mis clientes".
Según
el presidente de la mesa directiva del Senado no existe incompatibilidad entre
su actuación como abogado y como legislador, aunque la petición de la Secretaría
de Hacienda para que el Congreso autorice una partida presupuestal adicional a
la SRA de más de mil 214 millones de pesos para cubrir la indemnización a su
cliente, llegó a sus manos. Ante ello, Fernández de Cevallos argumentó que se
tuvo "que excusar" (de conocer el caso), y con ello salvó el posible
conflicto de intereses.
Interrogado
sobre la información que publicó La
Jornada en torno de los 600 millones de pesos que percibiría como
honorarios, por el litigio contra la SRA, negó la situación y volvió al
ataque: "La Jornada es una
mentirosa. Dice puras tonterías y es un periódico que no me merece ningún
respeto".
En
su larga autodefensa, Fernández de Cevallos consideró que los señalamientos
que se han hecho sobre su actuación tienen el propósito de difamarlo, pero
"sí les digo, lo que no me vaya a matar, me fortalece".
Por lo pronto, dijo que seguirá litigando.
LA
ACTITUD DE DIEGO FERNÁNDEZ, ÉTICAMENTE INACEPTABLE: ROBLES
Renato Dávalos, La Jornada, página 4, domingo 30 de
junio
Es
"éticamente inaceptable" la postura del senador Diego Fernández de
Cevallos, porque "cuando se ejerce una función pública no se puede
litigar al servicio de intereses particulares", aseguró ayer la presidenta
del comité ejecutivo nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Rosario Robles Berlanga.
En consecuencia, agregó, "el miércoles próximo el PRD llevará el asunto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque tenemos la obligación moral de legislar para evitar que se repitan conflictos de intereses como el del senador panista".
REALIZA
LA SRA TRÁMITES PARA LOGRAR CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN SOBRE AFECTADOS EN
SANTA ÚRSULA
Lorena Gaona, El Sol de México, página 20-A, domingo
30 de junio
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, aseguró que pese
a que la dependencia no cuenta con la cantidad para liquidar los mil 214
millones de pesos a particulares afectados por la expropiación que hicieran a
un ejido de Santa Ursula, están siendo realizados los trámites
correspondientes para lograr el cumplimiento de la resolución a corto plazo.
En el marco de su reunión con integrantes del Congreso Agrario Estatal, la funcionaria insistió en que la resolución de este problema dependerá por completo del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda.
“POLÍTICA
EN LOS ESTADOS”
Juan Nieto Martínez, La Prensa, página 34, domingo 30 de
junio
... Y sobre el conflicto de San Salvador Atenco en donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobernador Montiel manifestó que los gobiernos federal y estatal mantienen una comunicación permanente con los ejidatarios. Indicó que se han detectado grupos ajenos e infiltrados en la comunidad, que tratan de desvirtuar las legítimas demandas de los propietarios de las tierras.
CHIAPAS
FUE
TÉCNICAMENTE IMPOSIBLE DESALOJAR 28 POBLADOS EN MONTES AZULES, INDICA DIRIGENTE
Elio Henríquez, La Jornada, página 26, domingo 30 de
junio
El
desalojo con la fuerza pública de 28 poblados y dos ranchos asentados en la
Reserva de la Biosfera de Montes Azules es "técnicamente imposible",
debido a las lluvias, lo que ha hecho que por el momento se
"desactive" la amenaza, afirmó Miguel Ángel García Aguirre,
dirigente de la organización Maderas del Pueblo del Sureste y asesor de
Porfirio Encino, titular de la Secretaría de Pueblos Indios de Chiapas.
Añadió
que ante el "fracaso actual del desalojo" con la fuerza pública, que
sólo se podrá realizar en la siguiente época de secas, "tenemos la hipótesis
terrible de otro Acteal" en la zona, pues ya hay una denuncia del municipio
autónomo Ricardo Flores Magón, de que en el puesto militar ubicado en la
comunidad Nueva Palestina "se está entrenando a jóvenes de ese
lugar".
Al preguntarle si sigue latente el desalojo en Montes Azules, el antropólogo respondió: "Afortunadamente el tiempo ganó. Ahorita con las lluvias se hace técnicamente imposible que se pueda desarrollar el operativo de la magnitud que se requeriría, de tipo policiaco-militar".
URGE
QUE AUTORIDADES RESUELVAN UN LÍO AGRARIO ENTRE DURANGO Y ZACATECAS
Jesús Saldaña, El Heraldo, página 3-A, domingo 30 de
junio
El
senador Adrián Alanis Quiñónez demandó al Gobierno Federal que ordene a las
autoridades agrarias resolver el conflicto por la posesión de 422 mil hectáreas
entre comuneros de Durango y Zacatecas, ya que –indicó– la disputa amenaza
con provocar una tragedia similar a la ocurrida en Agua Fría, Oaxaca.
Al respecto, el legislador prisita culpó a las autoridades zacatecanas de manejar el asunto como un problema de límites entre los dos estados y no como una cuestión agraria, para entorpecer su solución, motivo por el cual no se ha ejecutado el cuerdo de concertación y finiquito que los gobiernos de ambas entidades firmaron desde hace cinco años.
ENTRAMPA
CONFLICTOS LA FALTA DE RECURSOS
Heraldo Iván Rendón, Reforma, página 10, domingo 30 de
junio
La
resolución de más de 500 conflictos por límites de tierra en Oaxaca está
entrampada por la falta de recursos.
A
pesar de que en los últimos tres años el gobierno estatal ha intervenido en la
conciliación de 220 casos, se requiere de 300 millones de pesos para solucionar
los problemas en al menos 230 disputas comunales a través de la
“contraprestación”, es decir la compensación a las partes que ceden a la
negociación.
La complejidad de los asuntos agrarios en el estado más pobre del país, y donde más de 90 por ciento de la tierra es comunal o ejidal, rebasa incluso el problema de los juicios jurídicos, las prestaciones económicas y los esquemas políticos, debido a la tensión entre comunidades que han peleado por siglos y a la falta de educación y desarrollo, señala un estudio del gobierno estatal.
ADVIERTEN
LOXICHAS RIESGO DE VIOLENCIA
Cecilia González, Reforma, página 10, domingo 30 de
junio
En Los Loxichas la violencia está latente y sus pobladores lo saben. “Donde hay pobreza el Gobierno puede esperar problemas”, resume don Emiliano Agudo, líder indígena zapoteco de 82 años, desde una banca de la comunidad Santa Catarina Loxicha. La aleta no es en balde. La combinación de guerrilla, conflictos agrarios, marginación y narcotráfico ubica a los Loxichas como uno de los “focos rojos” de los gobiernos federal y estatal, es decir, una región susceptible de estallido social, no sólo de enfrentamientos comunitarios.
CAMPESINOS
TIENDEN REDES DE COOPERACIÓN CONTRA PPP
Carolina Gómez, La Jornada, página 8, domingo 30 de
junio
Ante
el compromiso de incorporar al Plan Puebla-Panamá (PPP), en un plazo no mayor
de 60 días, lo relativo al desarrollo agropecuario y rural, organizaciones
campesinas, indígenas y sociales, de México y la región empiezan a tender
redes de cooperación para establecer planes de defensa.
Un
ejemplo es el encuentro nacional Porque el
pueblo es primero: no al PPP, en Jalapa, Veracruz, una de las reuniones
preparatorias del tercer foro mesoamericano Frente
al PPP, por la integración popular, que se efectuará en Managua del 16 al
18 de julio, que organiza el Consejo Latinoamericano de Organizaciones del Campo
(CLOC).
Al
concluir ayer este encuentro, en la Declaración
de Jalapa, las organizaciones participantes, entre ellas la Alianza Mexicana
por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), manifestaron su rechazo al
"desarrollo excluyente y devastador del PPP", por lo cual se llamó a
la consolidación de la "resistencia popular".
Para los representantes de las agrupaciones de Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Puebla, el PPP y el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) lo único que propiciarán será la consolidación de los proyectos neoliberales, lo cual atentará contra las soberanías y las economías regionales.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx