Domingo 16 de junio
de 2002 Domingo 16 de junio
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
El
Universal • La Jornada
• Reforma
OPINIÓN
LOS
ROSTROS DEL CONFLICTO
Guillermo Trejo y Rolando Ochoa, Reforma, página
6/Suplemento, domingo 16 de junio.
La
masacre de Agua Fría forma parte de una ola de conflictos intercomunitarios ...
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
“LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, OBJETIVO DE LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS”
René Ramón, La Jornada, página 9, domingo 16 de junio
Los
ejidatarios en resistencia por la construcción del nuevo aeropuerto en zona de
Texcoco ...
ESTADOS
GUERRERO
MILITARIZACIÓN, CONFLICTOS
AGRARIOS Y DELINCUENCIA MARCAN LA REGIÓN GUERRERENSES DE LA MONTAÑA: ONG
Jesús Saavedra Lezama, La Jornada, página 16, domingo 16
de junio
En
su octavo informe anual el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan ...
OAXACA
CONFLICTO
AGRARIO DEJA UN EJECUTADO
Genaro Altamirano, El Universal, página 4, domingo 16 de
junio
Un
campesino fue asesinado por otro conflicto agrario, en la zona de la Sierra Sur ...
LOS
ROSTROS DEL CONFLICTO
Guillermo Trejo y Rolando Ochoa, Reforma, página
6/Suplemento, domingo 16 de junio.
La
masacre de Agua Fría forma parte de una ola de conflictos intercomunitarios que
inició a finales de los años setenta y que continúa hasta nuestros días,
principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca y en menor medida en Guerrero,
Puebla, Hidalgo y Veracruz.
Para
entender la dimensión y complejidad de asesinatos como el de Agua Fría, y
poder prevenirlos en el futuro, es necesario mostrar la dinámica histórica del
conflicto intercomunitario en un contexto comparativo entre las diferentes
regiones del país.
Contrario
a lo que se podría concluir a raíz de la matanza de Agua Fría, 52 por ciento
de los conflictos intercomunitarios son por diferencias políticas, 35 por
ciento por problemas de tierra o recursos naturales y el 10 por ciento por
intolerancia religiosa. La mayor parte de los conflictos intercomunitarios
involucran a población organizada en partidos políticos, organizaciones
sociales o comunales.
Los
conflictos intercomunitarios involucran altos niveles de violencia. En promedio,
por cada conflicto hay un muerto. Y esto no ha variado mucho en el tiempo.
Al
interior de Chiapas y Oaxaca el conflicto también se ha ido concentrando en
unas cuantas zonas. El conflicto intercomunitario en Chiapas y Oaxaca también
muestra diferencias significativas respecto a los actores involucrados. Los
grupos organizados tienden involucrarse más en conflictos políticos de largo
plazo como la definición de espacios territoriales, mientras que los no
organizados tienden a ser más proclives a participar en disputas por linderos
de tierra.
Las
verdaderas razones
El
argumento más socorrido sobre las "causas profundas" de la masacre de
Santiago Xochiltepec tiene que ver con la pobreza y la marginación. Aunque el
gobierno federal y el de Oaxaca se han culpado el uno al otro de negligencia, en
el fondo ambos comparten el diagnóstico de que estamos ante un problema de
pobreza, cuya solución exige la canalización inmediata de recursos a la zona.
Un
segundo argumento es el de la enorme descoordinación en el gobierno federal. Si
bien es cierto que no existe una clara delimitación de atribuciones en cuanto a
qué secretaría o agencia gubernamental (SRA o Semarnat) o qué Poder de la Unión
(Ejecutivo o Judicial) define los derechos de propiedad agrarios y forestales,
éste es un problema que afecta no sólo a los municipios de Teojomulco y
Textitlán, sino al país entero.
Si las ineficiencias gubernamentales fueran razón suficiente para generar conflictos intercomunitarios de enorme violencia, éstos los encontraríamos por igual en la ciudad como en el campo, entre condóminos y paracaidistas, en el mundo mestizo y en el indígena. Y, sin embargo, en la historia contemporánea del México urbano no existen ni Acteales ni Textitlanes.
“LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, OBJETIVO DE LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS”
René Ramón, La Jornada, página 9, domingo 16 de junio
Los
ejidatarios en resistencia por la construcción del nuevo aeropuerto en zona de
Texcoco realizaron hoy el foro Encuentro
por la dignidad y la rebeldía del pueblo mexicano, donde participaron al
menos 10 organizaciones del estado de México, Distrito Federal y otras
entidades, como Tlaxcala, Morelos y Puebla.
Entre las participaciones destacaron las de los habitantes de la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, de San Andrés Atenco y los del municipios de Tlalnepantla y Huixquilucan, que sostuvieron que el gobierno federal pretende expropiar las tierras con el objetivo de poner en marcha su proyecto Plan Puebla-Panamá.
GUERRERO
MILITARIZACIÓN, CONFLICTOS
AGRARIOS Y DELINCUENCIA MARCAN LA REGIÓN GUERRERENSES DE LA MONTAÑA: ONG
Jesús Saavedra Lezama, La Jornada, página 16, domingo 16
de junio
En
su octavo informe anual el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan advirtió hoy sobre la excesiva militarización en las comunidades
indígenas, que genera constantes violaciones a las garantías individuales que
no han sido sancionadas jurídicamente.
Anotó
que de junio de 1994, cuando comenzó actividades, a mayo de 2002, Tlachinollan
ha documentado y turnado a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos
302 casos de violaciones a las garantías individuales, pero a estas denuncias
no se les ha dado seguimiento ni han concluido en acción jurídica de castigo
contra los agresores.
Sólo
durante este año, indicó, ha documentado 41 casos relacionados con abuso de
autoridad, afectación al patrimonio, extorsión, amenazas, privación ilegal de
la libertad, afectación al libre tránsito, denegación de la justicia,
cohecho, lesiones y violación sexual.
Las
autoridades señaladas como presuntas responsables de estas violaciones son los
agentes del Ministerio Público, la Policía Judicial del estado, el Ejército
Mexicano, los ayuntamientos y la policía local.
De
acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, la Montaña
de Guerrero ocupa el primer lugar como productor de amapola en el país. Esto ha
justificado la construcción de una costosa comandancia de zona en Tlapa, el
establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por miembros
del Ejército y de las policías Federal Preventiva, Judicial Federal, Judicial
del estado y motorizada, quienes instalan retenes carreteros para revisar los
vehículos y el equipaje de los viajeros, a los que interrogan sobre su
procedencia y destino.
El
informe resalta que los soldados "no combaten el narcotráfico, sino a los
pueblos indígenas, por eso cometen tantas vejaciones sin que exista el mínimo
interés de las autoridades para proteger sus derechos".
Riesgo
de enfrentamientos
De
acuerdo con esta ONG, existen viejos conflictos por la tierra, que siguen
vigentes y con altas dosis de explosividad en las diferentes regiones del
estado. Las autoridades agrarias están rebasadas y están lejos de coadyuvar en
la resolución de los conflictos. Los procedimientos agrarios son desgastantes,
lentos, engorrosos e ineficientes; no resuelven sino aplazan la disputa,
desactivan temporalmente la confrontación y dejan libre la cancha para que las
partes en conflicto se enfrenten en las mojoneras.
Nada les garantiza ni les da certeza jurídica contar con la carpeta básica, porque si hay invasión de terrenos, por más que los documentos hablen y los funcionarios intervengan, no queda más recurso que pelear el propio derecho y es cuando centellean los machetes, se desempolvan las retrocargas o se estrenan armas de grueso calibre", precisa.
CONFLICTO
AGRARIO DEJA UN EJECUTADO
Genaro Altamirano, El Universal, página 4, domingo 16 de
junio
Un
campesino fue asesinado por otro conflicto agrario, en la zona de la Sierra Sur,
en donde se registró la masacre del paraje de Agua Fría, lo que podría
originar otra venganza armada.
Juan
Sarmiento, de 53 años, fue acribillado en su domicilio de la comunidad El
Zapote, de la agencia de policía Benito Juárez, perteneciente al municipio de
Zapotitlán del Río, ayer a las 7:00 horas, por un grupo de entre 20 y 30
personas armadas, que se presume son de la comunidad de Piedra del Tambor,
Amoltepec.
Aunque la Secretaría de Protección Ciudadana confirmó la muerte, pero no la relacionó con el conflicto de tierras, el asesor de las autoridades del Zapote, Efraín Solano Alinarez, dijo que la muerte se debe a que la víctima vivía dentro de las mil 100 hectáreas que disputa el municipio de Santiago Amoltepec con San Mateo Yucutindoo.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx