Jueves 31 de enero de 2002
Jueves 31 de enero de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • El Sol de México • El Día
DIÁLOGO,
SI ANULAN EXPROPIACIÓN, DICEN EN ATENCO.
Matilde Pérez U, Javier Salinas Cesáreo, René Ramón Alvarado e Israel Dávila,
La Jornada, página 16, jueves 31 de enero.
El mediador del gobierno para el asunto del nuevo aeropuerto en la región
mexiquense tendrá que traer entre sus propuestas la decisión presidencial de
revocar el decreto de expropiación de 5 mil 384 hectáreas en 13 ejidos, de lo
contrario, no avanzará en la tarea, dijo José Gil García, hijo de uno de los
cientos de ejidatarios afectados.
JUEGO
AL GATO Y AL RATÓN CON LOS ASESORES JURÍDICOS DE FOX.
María Rivera, Entrevista, La Jornada, página 17, jueves 31 de enero.
Ignacio Burgoa tiene el don de la omnipresencia. Donde enfocan los reflectores,
ahí se encuentra declarando. Por eso a nadie extrañó que en octubre del año
pasado, después de que la asamblea de ejidatarios de San Salvador Atenco
acordara promover un amparo contra la decisión del gobierno federal de
construir el nuevo aeropuerto capitalino en tierras ejidales, el jurista se
hiciera cargo del caso, uno de los que ha atraído mayor atención en los
tiempos recientes.
EJIDATARIOS
DE ATENCO TIENEN DERECHO A MANIFESTARSE CONTRA EL NUEVO AEROPUERTO: GILBERTO LÓPEZ
MEYER.
Ana Cecilia G. Contreras, El Sol de México, página 6-C, jueves 31 de enero.
Los ejidatarios de San Salvador Atenco tienen todo el derecho a manifestarse en
contra de la construcción del aeropuerto, sin embargo, es una decisión que ha
tomado el gobierno federal y si no hubiera expropiaciones no tuviéramos el
metro, presas, carreteras y vías férreas, es decir, desafortunadamente las
obras de esta naturaleza implican actos de autoridad que necesariamente son
fundamentales para el desarrollo del país, afirmó el presidente del Colegio de
Pilotos Aviadores de México, Gilberto López Meyer.
CONTINÚAN
LOS PROBLEMAS POR LA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS.
Nota informativa, El Día, página 10, jueves 31 de enero.
Una audiencia que se tenía programada con ejidatarios de Acuexcomac y
Nexquipayac, fue suspendida por el juzgado Quinto de Distrito en Nezahualcóyotl,
toda vez que la Secretaría de la
Reforma Agraria y Comunicaciones y Trasportes Federal, no ha entregado en tiempo
y forma la documentación que justifique la expropiación de las cinco mil hectáreas,
donde se pretende construir la nueva terminal aérea de la ciudad de México, en
terrenos del ex lago de Texcoco.
RECOMIENDAN
PROTEGER LA VIDA DE MIEMBRO DE ONG.
Rodolfo Villalba y Juan Balboa, La Jornada, página 42, jueves 31 de enero.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó al gobierno de Pablo
Salazar Mendiguchía proteger la vida y la integridad física y garantice la
labor de Ramón Peñate Díaz, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por
los Derechos Humanos en el municipio de Tila, quien presuntamente recibió
amenazas de muerte de parte de supuestos paramilitares.
VANGUARDIA
POLÍTICA.
Columna de Aurora Berdejo, El Sol de México, página 15, jueves 31 de enero.
Buena adquisición la de Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobernación,
quien encomendará un importante trabajo de la negociación en el asunto del
aeropuerto de Texcoco al experredista Alejandro Curi. Huerta cuenta con el apoyo
de los secretarios de Agricultura, Javier Usabiaga, de la Reforma Agraria, María
Teresa Herrera Tello y del secretario de Gobierno del Estado de México, Manuel
Cadena...
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
DIÁLOGO,
SI ANULAN EXPROPIACIÓN, DICEN EN ATENCO.
Matilde Pérez U, Javier Salinas Cesáreo, René Ramón Alvarado e Israel Dávila,
La Jornada, página 16, jueves 31 de enero.
El
mediador del gobierno para el asunto del nuevo aeropuerto en la región
mexiquense tendrá que traer entre sus propuestas la decisión presidencial de
revocar el decreto de expropiación de 5 mil 384 hectáreas en 13 ejidos, de lo
contrario, no avanzará en la tarea, dijo José Gil García, hijo de uno de los
cientos de ejidatarios afectados.
"Va
a ser muy difícil un acercamiento, y más la negociación, pues el conciliador
va a cargar con todos los errores, la soberbia, el autoritarismo y la visión
obtusa del jefe del Ejecutivo y sus colaboradores", abundó.
Desde
junio del año pasado los ejidatarios trataron de dialogar con Fox y sus
secretarios de Comunicaciones, Medio Ambiente y Reforma Agraria. "Una
semana antes de la publicación del decreto llegamos a las mesas de trabajo
donde estaban dichos secretarios con los inversionistas, pero fuimos ignorados y
excluidos", reprochó.
Entre
preparativos para enfrentar las acciones de la Procuraduría de Justicia
mexiquense contra varios líderes, Gil indicó: "los operadores políticos
del presidente Fox deben entender que esta lucha no está apuntalada por algún
partido; es un movimiento sostenido por la gente y los ánimos cada día se
exacerban más".
Ninguna
comunidad está dispuesta a negociar, mientras siga ese decreto de expropiación,
asentó.
Esta
primera lucha agraria del siglo XXI es más dramática que las del siglo pasado,
pues cuenta con el respaldo histórico de éstas. Los ejidatarios de Atenco y
Texcoco confrontan la terquedad de un gobierno que no acepta la resistencia y
cree que la gente va a aceptar ofertas millonarias a cambio de tierras, dijo
Alfonso Valenzuela, luchador de los valles del Yaqui y Mayo, Sonora.
Los
conciliadores del gobierno federal y del estado de México deben entender que
"esa tierra que pretenden quitar a los campesinos mediante la expropiación
vale más que el dinero. Que la virgen de Guadalupe y Juan Diego protejan a Fox,
porque la batalla por la tierra está sustentada en la resistencia campesina y
con la asistencia jurídica de Ignacio Burgoa", expuso.
Bárbara
Zamora, del bufete Tierra y Libertad, dijo que Fox puede cancelar el decreto.
Hay un antecedente: en el ejido Amador Hernández, Chiapas, cuyas tierras,
ocupadas por el Ejército, se devolvieron a la comunidad. "Si la voluntad
presidencial es que regrese la calma a las comunidades mexiquenses, la salida
tiene que ser jurídica?cancelar el decreto? y política. Presionar con órdenes
de aprehensión contra los líderes no resolverá nada", advirtió.
Los
abogados Héctor Galindo Gochicoa y Rosa Nely de la Vega Urrutia, de la Facultad
de Derecho de la UNAM y miembros del Consejo General de Huelga (CGH)?representantes
de los ejidatarios? presentaron la solicitud de amparo de Ignacio del Valle
Medina.
El
próximo viernes harán lo mismo en representación de al menos siete
integrantes y líderes de San Salvador Atenco, entre ellos Jesús Adán Espinoza,
Miguel Buendía, Adela Romero, el muralista Javier Campos, alias El
Cienfuegos.
En
Toluca, Alfonso Navarrete Prida, procurador de Justicia del estado de México,
aseguró que Ignacio del Valle tiene antecedentes, pues en 1998 se le acusó por
ataques a las vías de comunicación.
Sobre
las indagatorias contra integrantes del movimiento de resistencia expuso:
"vamos a analizar las averiguaciones, las seis que tenemos, ver en qué
etapa van, si están maduras, suficientemente acreditado el cuerpo del delito y
su presunta responsabilidad, para proceder en consecuencia la semana que viene,
al ponerlas a consideración de un juez".
Nombran
subprocurador
Luego
de que el sábado la Procuraduría General de Justicia del estado de México dio
a conocer la renuncia de Ignacio Bonilla Delgado, subprocurador de Justicia con
sede en Texcoco por "motivos personales", informó que José Andrés
Mendiola Valdez fue designado para ocupar el cargo. Este se venía desempeñando
como director de Averiguaciones Previas de la dependencia mexiquense.
Mendiola
Valdez se encargará del dispositivo policiaco especial que el gobierno del
estado mantiene en el polígono donde se proyecta construir el nuevo aeropuerto.
JUEGO
AL GATO Y AL RATÓN CON LOS ASESORES JURÍDICOS DE FOX.
María Rivera, Entrevista, La Jornada, página 17, jueves 31 de enero.
Ignacio
Burgoa tiene el don de la omnipresencia. Donde enfocan los reflectores, ahí se
encuentra declarando. Por eso a nadie extrañó que en octubre del año pasado,
después de que la asamblea de ejidatarios de San Salvador Atenco acordara
promover un amparo contra la decisión del gobierno federal de construir el
nuevo aeropuerto capitalino en tierras ejidales, el jurista se hiciera cargo del
caso, uno de los que ha atraído mayor atención en los tiempos recientes.
De
seguir un curso estrictamente legal, ganaré el juicio, asegura el
constitucionalista. "A menos -advierte con voz queda, que refleja los
recuerdos de más de 60 años de litigios- que presiones políticas sobre el
Poder Judicial desvíen la resolución final".
En
su despacho coyoacanense, rodeado de quijotes, imágenes religiosas y
enciclopedias del siglo de las luces, "la época más brillante del
derecho", el constitucionalista indica que los informes presentados por las
autoridades ni demuestran ni justifican la causa de utilidad pública
-fundamento constitucional de toda expropiación-, ni aluden a una necesidad
actual de construir un aeropuerto. Además, concluye, el beneficiario de las
obras no será el pueblo de México, sino el reducido grupo de políticos y
empresarios, nacionales y extranjeros, que fraguaron el proyecto.
En
el amparo interpuesto por los ejidatarios de San Salvador Atenco, Burgoa ataca
la Ley Agraria por violar la garantía de audiencia proclamada por el artículo
14 constitucional, ya que el ejido no tuvo ninguna intervención defensiva ni
probatoria antes de la declaración de la supuesta utilidad pública contenida
en el decreto expropiatorio. Existe una tesis jurisprudencial que señala que en
materia de expropiación no rige la garantía de previa audiencia, apunta, pero
es válida sólo en caso de particulares, no de entidades sociales como el
ejido.
Además,
continúa el abogado, cuando se expropian bienes ejidales no se debe llegar al
extremo de impedir la vida normal de dichas entidades sociales, como en el caso
de Atenco, donde 90 por ciento de sus tierras se vería afectado, lo que
significa su destrucción como pueblo. "Ese decreto, más que expropiatorio,
debería llamarse genocida".
Balance
de la situación
La
semana pasada amplió la demanda de amparo. Reafirmó la infracción a la
violación de la garantía de audiencia y aludió al artículo 115
constitucional, según el cual sólo compete a los municipios autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo de sus jurisdicciones
territoriales.
-¿Cuál
es el estado actual del juicio de amparo que usted lleva?
-Ya
han rendido sus informes las autoridades. Todos los documentos presentados los
he revisado y he llegado a la conclusión de que ninguno de ellos prueba que
haya causa de utilidad pública. Los estudios que se han hecho por parte de la
UNAM y otras instituciones no se refieren a una necesidad actual de construir un
aeropuerto -porque el que existe está cumpliendo correctamente sus funciones-,
sino de una necesidad a futuro, que aparecerá dentro de cinco, diez o 20 años.
"Por
otro lado, independientemente de esta inconstitucionalidad del decreto, también
se está violando el artículo 115, donde se indica que corresponde a los
municipios autorizar el uso del suelo dentro de su territorio. Fox habla del
municipio en abstracto en términos loables, pero por otro lado desconoce los
derechos del ayuntamiento de Texcoco.
"Cuando
se trata de dar un nuevo destino a las tierras dentro de un municipio, solamente
éste puede autorizar el cambio de uso de suelo. Ahí hay una violación clarísima
de la Constitución, las autoridades no van a poder contradecirla ni
desvirtuarla. Pero además, el Presidente, mal aconsejado por sus asesores,
expidió el decreto sin escuchar a los municipios, con lo que también se viola
la Constitución."
-¿Por
qué no se les informó?
-Por
ignorantes. Fox no tiene verdaderos asesores jurídicos, ni tampoco sus
secretarios de Estado. ¡Si viera las metidas de pata que están dando los
directores jurídicos de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de
la Reforma Agraria en el juicio de amparo que he promovido! ¡Me río de ellos!
Estoy jugando al gato y al ratón, por eso mi argumentación la estoy mandando a
cuentagotas. A estos directores jurídicos los reprobaría si fueran mis alumnos
en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, presentaron los informes en nombre del
Presidente sin tener facultades, usurparon funciones...
-Otro
de sus argumentos tiene que ver con los beneficiarios del futuro aeropuerto.
-¿El
nuevo aeropuerto a quién o quiénes beneficiaría? Este proyecto lo fraguó un
grupo de políticos y empresarios, nacionales y extranjeros. En torno a las
instalaciones aéreas pretenden crear un centro urbano con hoteles,
restaurantes, tiendas y bancos que van a favorecer a estos grupos. ¿Y los
campesinos?, ¿dónde quedan? Les quieren quitar las tierras bajo el pretexto de
que México necesita un nuevo aeropuerto para que otros saquen provecho.
"Las
tierras no se expropiaron para beneficiar a la sociedad en general, ni al pueblo
de México, sino para implantar en ellas, mediante la construcción del
aeropuerto y servicios complementarios, un negocio de muchos miles de millones
de dólares. Van a construir una ciudad en torno al aeropuerto, pero yo me
pregunto con qué dinero. Con recursos provenientes del extranjero. La extranjería
va a ser la verdadera beneficiaria, así que... ¿dónde está el interés público?
-En
los ejidos amenazados hay temor ante una posible incursión de la fuerza pública.
-Les
he mandado decir que estén tranquilos. Las autoridades no pueden poner un
ladrillo en sus tierras ante la suspensión del decreto ordenada por un juez de
distrito. Las autoridades deben respetarla, porque si no cometerían un delito.
Hay dos secretarios de Estado involucrados, que si ordenaran la realización de
trabajos preparatorios para la construcción del aeropuerto me obligarían a
promover, ante la Cámara de Diputados su desafuero, que se les persiga
penalmente. Si no se conducen ellos y sus consejeros dentro del marco jurídico
esto va a tener una repercusión tremenda: ¡imagínese meter a la cárcel al
secretario de Comunicaciones!
-Las
autoridades mexiquenses han iniciado investigaciones a raíz de los decomisos de
maquinaria que han realizado los ejidatarios.
-Estos
no han cometido ningún delito, lo que sucede es que las autoridades del estado
de México, en colusión con las federales, están tratando de provocarlos. ¿Para
obtener qué? Una víctima que justifique su intervención.
-Se
dice que tras su defensa se encuentran intereses políticos, en particular la
creación de un nuevo partido.
-Mire
usted, ese partido que pretende constituir mi amigo Jaime Moreno Garavilla a mí
no me interesa. La política es un escenario donde ha habido zarzuelas,
comedias, dramas, tragedias, y yo, que me considero un aficionado al teatro, la
gozo, pero nunca he pretendido pertenecer al elenco de actores. Menos ahora, que
estamos viviendo una etapa circense.
-¿Qué
ganaría Ignacio Burgoa?
-La
gran satisfacción moral de haber defendido, como lo he hecho toda la vida, a la
parte débil. Me he dedicado al amparo desde hace más de 60 años y he escrito
tres libros sobre el tema.
-Permítame
recordarle que no siempre ha estado de parte de los débiles, sus posturas ante
el movimiento indígena no han estado precisamente de parte de los más
vulnerables.
-Lo
que pasa es que más que grupos o personas defiendo la Constitución. La mayoría
recuerda los casos más sonados, que han acaparado el interés de los medios de
comunicación, pero también he defendido a muchísimos trabajadores y
campesinos por medio del amparo. Siempre he rechazado igualas o sueldos porque a
mí el dinero no me interesa, sino el cumplimiento de mi deber. Cuando me referí
a la famosa ley de Zedillo para la pacificación de Chiapas, que unánimemente
aprobó el Congreso, dije que toda ley es un acto de autoridad, que tiene un carácter
coercitivo, pero una ley que no obliga no es ley, es un conjunto de buenos propósitos.
Pero sí defiendo a los indígenas y creo que este decreto expropiatorio es
genocida, porque si se ejecutara en las tierras de San Salvador Atenco dejaría
al ejido sin tierra, lo destruiría como pueblo.
Asegura
que no cobrará nada
-Hace
días se publicó una nota periodística donde se menciona que sí cobrará y se
habla de un salario de 500 mil pesos.
-Esa
nota es falsa. No me tomé la molestia de responder a esas afirmaciones porque
son gente a la que no vale la pena refutar. Faltan a la verdad, pero no me
ofenden. Desde que tomé el caso les dije a los ejidatarios que se requería una
cantidad para gastos de los abogados que están trabajando en este caso, y entre
todos juntaron un fondo.
-¿Ganará?
-Este
es un caso que jurídicamente debe ganarse, pero políticamente existe el riesgo
de que no. Si hubiera presiones políticas o consignas sobre los magistrados, el
juez o los ministros, se podría desviar de su camino al Poder Judicial para no
conceder el amparo a los ejidatarios y no fallar en favor de los municipios las
controversias constitucionales. Pero lo dudo, porque el Poder Judicial ya no
recibe línea.
-¿Pero
cabe esa posibilidad?
-Siempre
existe, pero si un juez o magistrado comete una violación en contra de la
Constitución lo denuncio, y créame que seguiré esa denuncia... El Poder
Judicial ya ha demostrado su independencia, ha fallado en contra de los
intereses del Presidente, sólo que la mayoría de la gente desconoce la
historia de la Suprema Corte.
-Pero
cada vez pesan más los intereses económicos sobre las leyes.
-Por
eso estamos como estamos. Un gobierno en manos de los empresarios, de los
economistas, es un pésimo gobierno. Cuando una solución económica no tiene el
respaldo de la ley no sirve.
-Hay
grupos de ejidatarios que temen una componenda. ¿Por qué no los vendería?
-Porque
soy un hombre que tiene ética. Creo en los valores, éstos son y han sido la guía
de mi vida.
-¿Cuánto
tiempo llevará el caso?
-Por
mí que se tarde el mayor tiempo posible. Dejo que cometan sus errores. Estoy
jugando al gato y al ratón con los asesores jurídicos y, obviamente, yo no soy
el ratón. Lo que están ofreciendo es una indemnización ridícula, si se gana
el caso ya estarían dadas las condiciones para que negocien los ejidatarios,
entonces decidirán si desisten del amparo.
-¿Está
previendo una negociación?
EJIDATARIOS
DE ATENCO TIENEN DERECHO A MANIFESTARSE CONTRA EL NUEVO AEROPUERTO:
GILBERTO LÓPEZ MEYER.
Ana Cecilia G. Contreras, El Sol de México, página 6-C, jueves 31 de enero.
Los
ejidatarios de San Salvador Atenco tienen todo el derecho a manifestarse en
contra de la construcción del aeropuerto, sin embargo, es una decisión que ha
tomado el gobierno federal y si no hubiera expropiaciones no tuviéramos el
metro, presas, carreteras y vías férreas, es decir, desafortunadamente las
obras de esta naturaleza implican actos de autoridad que necesariamente son
fundamentales para el desarrollo del país, afirmó el presidente del Colegio de
Pilotos Aviadores de México, Gilberto López Meyer.
“Causa
tristeza que haya gente que tenga que ser afectada por la expropiación, lo
mismo habría sucedido si la decisión hubiera favorecido a Tizayuca”, afirmó.
Puntualizó
que es legítimo que los pobladores de esta zona manifiesten su inconformidad y
que se estén canalizando por las vías judiciales, que finalmente permitirán a
las instancias correspondientes definir quienes tienen la razón.
Asimismo,
aseguró que Texcoco sin duda es la opción más viable desde el punto de vista
aeronáutico y a través de un análisis exhaustivo, la organización que
representa decidió aceptar el proyecto como viable, debido a que Texcoco
significa cancelar el actual aeropuerto, mientras que Tizayuca proponía operar
ambas terminales.
En
este sentido, explicó, que no resultaba viable porque generaría una serie de
costos, además de que se dificultarían las operaciones en ambos lugares.
“La
interacción en Tizayuca con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM), sería de tal forma compleja, tanto desde el punto de vista económico y
comercial, por efecto de las conexiones que se harían entre los vuelos
nacionales e internacionales”, explicó.
Argumentó
además que aún faltan los estudios correspondientes que consolidan la
viabilidad del proyecto, es decir, el de ingeniería civil, mecánica de suelos
e hidrología, entre otros que sustentarán la construcción del aeropuerto en
esa zona.
CONTINÚAN
LOS PROBLEMAS POR LA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS.
Nota informativa, El Día, página 10, jueves 31 de enero.
Una
audiencia que se tenía programada con ejidatarios de Acuexcomac y Nexquipayac,
fue suspendida por el juzgado Quinto de Distrito en Nezahualcóyotl, toda vez
que la Secretaría de la Reforma
Agraria y Comunicaciones y Trasportes Federal, no ha entregado en tiempo y forma
la documentación que justifique la expropiación de las cinco mil hectáreas,
donde se pretende construir la nueva terminal aérea de la ciudad de México, en
terrenos del ex lago de Texcoco.
Aseguró
el abogado de los campesinos, Gonzalo Estrada Moreno, que las instancias del
gobierno sólo han servido para dar largas al asunto, lo que ha ocasionado que
la solución al conflicto se haya alargado más de tres meses.
ESTADO
DE CHIAPAS
RECOMIENDAN
PROTEGER LA VIDA DE MIEMBRO DE ONG.
Rodolfo Villalba y Juan Balboa, La Jornada, página 42, jueves 31 de enero.
La
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó al gobierno de Pablo
Salazar Mendiguchía proteger la vida y la integridad física y garantice la
labor de Ramón Peñate Díaz, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por
los Derechos Humanos en el municipio de Tila, quien presuntamente recibió
amenazas de muerte de parte de supuestos paramilitares.
El
presidente del Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López, dio a
conocer el documento CEDH/ MPC/006 mediante el cual se pide al procurador de
Justicia, Mariano Herrán Salvatti; al secretario de Seguridad Pública,
Mauricio Gándara Gallardo, y al presidente municipal de Tila, Jesús Méndez
Gutiérrez, adopten las medidas precautorias y cautelares necesarias para
garantizar la protección y evitar agresiones físicas a Ramón Peñate Díaz.
Solicita
además que las autoridades actúen con imparcialidad en el supuesto de que al
defensor de derechos humanos se le acusara de algún delito, a fin de evitar la
consumación de hechos violentos que podrían ser propiciados por grupos armados
como Paz y Justicia, Chinchulines, Máscara Roja o Movimiento Indígena
Revolucionario Antizapatista, acusados de actuar como grupos paramilitares en la
región.
Se
debe señalar que la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos en
el municipio de Tila ha denunciado que algunos policías utilizan todavía la
tortura para obtener información.
Según
la organización, los policías habrían torturado a Andrés Gómez Luna,
Mariano Cruz Hernández y Miguel Ángel Gómez Luna, quienes presuntamente
asaltaron una camioneta de Telecom el 15 de enero en la comunidad Egipto,
municipio de Salto de Agua.
Protestan
habitantes de barrio marginal
Habitantes
de la comunidad de San Isidro Labrador, municipio de Tuxtla Chico, se plantaron
durante cinco horas afuera de la alcaldía en protesta por el incumplimiento de
obras del alcalde Arnulfo Hernández Ventura, surgido de las filas del Partido
Acción Social.
Teodomiro
Muñoz Cancino, dirigente en la localidad de la Confederación Nacional
Campesina del Partido Revolucionario Institucional, manifestó que el presidente
municipal pretende adjudicar a un grupo de personas el terreno que ocupan los
habitantes de San Isidro y que es una propiedad que fue invadida. "El otro
grupo ha perdido ya tres litigios en su afán de apropiarse de este
predio", señaló.
OPINIÓN
VANGUARDIA
POLÍTICA.
Columna de Aurora Berdejo, El Sol de México, página 15, jueves 31 de
enero.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx