Jueves 10 de enero de 2002
Jueves 10 de enero de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • Milenio Diario •
Reforma
• Excélsior • La Prensa • México Hoy • El Financiero
CLAUSURAN
EJIDATARIOS DE ATENCO OFICINA MUNICIPAL.
Almendra Vázquez, María Teresa Montaño y Juan Lázaro, El Universal, página
A20, jueves 10 de enero.
Aproximadamente 150 campesinos de Atenco clausuraron las oficinas provisionales,
instaladas en la comunidad de Zapotlán por el ayuntamiento local, y decomisaron
mobiliario y equipo de cómputo para impedir que continúen las labores.
NIEGA
BURGOA QUE EJIDATARIOS DE SAN SALVADOR HAYAN DELINQUIDO AL PARAR EXCAVACIÓN EN
TEXCOCO.
Javier Salinas Cesáreo, René Ramón Alvarado y Matilde Pérez
U. La Jornada, página 11, jueves 10 de enero.
Pesa a las barricadas y las zanjas construidas por los ejidatarios de San
Salvador Atenco para defender sus tierras, la posibilidad de entablar un diálogo
respecto a la construcción del nuevo aeropuerto es viable, consideró el
alcalde de Texcoco, Horacio Duarte Olivares.
SENADOR
PANISTA ENTABLARÍA UNA CONTROVERSIA CONTRA EL AEROPUERTO.
Claudia Hidalgo y Heriberto Santos, Milenio Diario, página 15, jueves 10 de
enero.
El Partido Acción Nacional analiza la posibilidad de interponer una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
cancelar la construcción del aeropuerto alterno al de la ciudad de México en
el ex Vaso de Texcoco, y propondría que sólo se haga una terminal de carga en
el estado de México.
DESMANTELAN
EJIDATARIOS OFICINA DE RECAUDACIÓN.
Erika Hernández y Humberto Padgett, Reforma, página 9A, jueves 10 de enero.
Más de 100 ejidatarios desmantelaron ayer la oficina provisional que había
instalado la Alcaldía en la comunidad de Zapotlán para el pago de impuestos.
NO
SE HARÁ CASO A PROVOCACIONES DE EJIDATARIOS DE SAN SALVADOR ATENCO; BUSCAN
“UN MÁRTIR A COMO DÉ LUGAR”: NAVARRETE PRIDA.
José Antonio Hernández Ramírez, Excélsior, página 17, jueves 10 de enero
del 2001.
El procurador de Justicia, en Nezahualcoyotl, Estado de México, Alfredo
Navarrete Prida, señaló que los ejidatarios inconformes con la decisión de
construir el aeropuerto en tierras del ex Vaso de Texcoco están buscando “un
mártir a como dé lugar”, por lo que los elementos de la Policía Ministerial
no harán caso a las provocaciones.
300
SOLICITUDES DE EXPROPIACIÓN EN LAS 16 DELEGACIONES.
Joel Saucedo, La Prensa, página 29, jueves 10 de enero.
Hasta el momento el gobierno de la ciudad de México ha recibido 300 solicitudes
para la expropiación de terrenos en todas las delegaciones de la capital,
declaró Laura Itzel Castillo, secretaria de Desarrollo Urbano.
EXPROPIAN
16 PREDIOS.
Nota Informativa, México Hoy, página 25, jueves 10 de enero.
En Ecatepec, Estado de México, la Comisión para la Regulación de la Tenencia
de la Tierra (Corett) en coordinación con el gobierno del Estado de México
emitió 16 documentos expropiatorios en igual número de municipios mexiquenses
para lograr la regulación de más de 165 mil predios que se tiene registrados
fuera de normatividad jurídica, informó el delegado de la Corett en el Estado
de México, Francisco Bueno Salas.
GUERRERO,
POLÍTICA DE TIERRA ARRASADA.
José Reveles, El Financiero, página 34, jueves 10 de enero.
Una política de tierra arrasada, de implantar el terror para expulsar a
campesinos de sus comunidades boscosas, ha sido una constante en las incursiones
del Ejército, la policía y paramilitares en las sierras de Petatlán y Coyuca
de Catalán.
REVOCAN
INEJERCICIO DE ACCIÓN PENAL CONTRA EX TESORERO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL.
David Carrizales, La Jornada, página 28, jueves 10 de enero.
La procuradora de Justicia estatal, Alida Bonifaz Sánchez, informó que por no
haberse desahogado "algunas pruebas" fundamentales para llegar a la
verdad legal de los hechos denunciados, revocó una resolución de inejercicio
de acción penal que dictó la Agencia del Ministerio Público Número 2 en
favor del ex tesorero municipal de San Nicolás de los Garza, Ariel Martínez
Garza, a quien la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS) acusó de despojarla de un predio de seis hectáreas.
CLASE
POLÍTICA.
Miguel Ángel Rivera, La Jornada, página 4, jueves 10 de enero.
El gobierno mexiquense le apuesta al diálogo, no a la represión, como la mejor
vía para solucionar las protestas registradas en San Salvador Atenco en
desacuerdo con la expropiación de tierras para la construcción del nuevo
aeropuerto metropolitano.
DEMOCRACIA
CARA EN MÉXICO.
Gonzalo Altamirano Dimas*, El Universal, página A22, jueves 10 de
enero.
Es sano para el país el debate que se está dando en torno de la disminución
de las prerrogativas a los partidos políticos. Como se informó oportunamente
por los medios de comunicación, para el 2002, los partidos recibirán 2 mil 671
millones de pesos, en el entendido de que esta cifra no está destinada para un
año electoral.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
CLAUSURAN
EJIDATARIOS DE ATENCO OFICINA MUNICIPAL.
Almendra Vázquez, María Teresa Montaño y Juan Lázaro, El Universal, página
A20, jueves 10 de enero.
Aproximadamente
150 campesinos de Atenco clausuraron las oficinas provisionales, instaladas en
la comunidad de Zapotlán por el ayuntamiento local, y decomisaron mobiliario y
equipo de cómputo para impedir que continúen las labores.
Los
ejidatarios llegaron de manera sorpresiva a las oficinas de Receptoría y
Catastro Municipal instaladas desde el pasado lunes, para realizar el cobro de
impuesto predial.
Julio
Hernández Cruz, receptor municipal, Albino Hernández, coordinador de Catastro
y las dos secretarias, fueron obligados a salir del lugar de manera pacífica y
les permitieron que sacaran dos cajas con documentos oficiales, así como
recibos de pago, mientras que los integrantes del movimiento decomisaron cuatro
mesas, 15 sillas y equipo de cómputo, y mantas donde el gobierno local invita a
cumplir con el pago de impuestos, las cuales fueron quemadas. Ignacio del Valle,
uno de los dirigentes dijo que no se permitirá la instalación de una alcaldía
provisional, toda vez que el pueblo exige la desaparición de poderes.
Con
anterioridad, en las oficinas de la Procuraduría Agraria en Texcoco lanzaron
consignas a los funcionarios y reiteraron su postura de no negociar bajo ningún
precio la venta de sus tierras para la construcción de la terminal aérea.
En
tanto, en la comunidad de Nexquipayac, donde se encontraban reunidas unas 150
personas, el general Francisco Gallardo, preso en el penal de Chalco, se
solidarizó telefónicamente con la lucha de los ejidatarios. Por su parte, el
abogado defensor de los ejidatarios de San Salvador Atenco, Ignacio Burgoa
Orihuela, consideró que "no incurrieron en delito" los campesinos
que, el pasado martes, decomisaron maquinaria que realizaba excavaciones en la
zona ejidal de San Miguel Tocuila, dado que existe un amparo otorgado por un
juez federal en favor de ese ejido. Por su parte, el procurador Alfonso
Navarrete Prida señaló que ejidatarios de San Salvador Atenco intentan
provocar a la policía para tener un mártir o víctima, que lo usen como
bandera en el movimiento en contra del proyecto aeroportuario. 
NIEGA
BURGOA QUE EJIDATARIOS DE SAN SALVADOR HAYAN DELINQUIDO AL PARAR EXCAVACIÓN EN
TEXCOCO.
Javier Salinas Cesáreo, René Ramón Alvarado y Matilde Pérez U. La Jornada, página
11, jueves 10 de enero.
Pesa
a las barricadas y las zanjas construidas por los ejidatarios de San Salvador
Atenco para defender sus tierras, la posibilidad de entablar un diálogo
respecto a la construcción del nuevo aeropuerto es viable, consideró el
alcalde de Texcoco, Horacio Duarte Olivares.
En
tanto, para el jurista Ignacio Burgoa Orihuela, los campesinos no incurrieron en
algún delito al detener la maquinaria y equipo de una empresa particular
especializada en el estudio de mecánica de suelos.
Su
acción fue justa, simplemente defendieron el amparo que la ley concedió al
ejido de Tocuila, sitio donde la empresa TGC Geotecnia SA inició trabajos de
excavación. "De acuerdo con el artículo 206 de la Ley de Amparo -dijo
Burgoa Orihuela-, las autoridades que permitieron a la empresa realizar esa
actividad en los ejidos de Texcoco podrían hacerse acreedoras a una pena de 11
años de prisión, si se comprueba que incurrieron en el delito de desobediencia
de la suspensión que en semanas pasadas concedió el juzgado de distrito a los
ejidatarios."
Entrevistado
vía telefónica, Burgoa Orihuela aclaró que todo abogado debe ser enemigo de
la violencia, "porque la violencia es la negación del derecho", al
referirse a las marchas, movilizaciones, instalación de barricadas y excavación
de trincheras que han llevado a cabo los ejidatarios afectados.
"No
cometieron ningún delito porque están defendiendo el amparo que les dio la
ley", reiteró. Mientras exista este recurso, añadió, los ejidatarios
tienen que proteger sus tierras. En el caso del ejido de San Salvador Atenco,
que cuenta con la suspensión de plano del decreto, el jurista informó que será
el próximo 4 de febrero cuando se realice la audiencia constitucional.
Respecto
a la petición de solidaridad de los ejidatarios al EZLN, el presidente
municipal de Texcoco descartó la posibilidad de que "tenga una incidencia
real en el asunto; creen que haciendo llamados a otros grupos se van a
fortalecer. Sin embargo, el propio movimiento tiene la capacidad de organización
para enfrentar por sí solo las presiones".
Insistió
en que no hay grupos armados infiltrados en la lucha de los ejidatarios; esos señalamientos,
dijo, son para descalificar el movimiento de resistencia de San Salvador Atenco.
"Se están buscando supuestos agentes políticos, porque no se quiere ver
que el movimiento es de los campesinos y que tiene el apoyo y solidaridad de
mucha gente. Para el gobierno federal, la movilización se ha convertido en un
conflicto que si no se atiende podría convertirse en un problema más
grave."
En
tanto, entrevistado desde el penal de Chalco, el general brigadier José
Francisco Gallardo Rodríguez hizo pública su solidaridad con los campesinos de
Atenco y sostuvo que al gobierno federal se le olvidaron sus promesas de campaña,
porque "persiste la insensibilidad política y tal parece que se gobierna
para los ricos y poderosos".
El
pronunciamiento del general fue dado a conocer ante unas 500 personas
concentradas en el pueblo de Nexquipayac y representantes de al menos 15
organizaciones no gubernamentales que apoyan a los ejidatarios afectados por la
expropiación de más de 5 mil hectáreas de tierra de cultivo.
Por
la mañana, el militar preso señaló a La Jornada que su pronunciamiento
no es contra ninguna autoridad, simplemente se trata "de un apoyo solidario
con la gente que lucha por su tierra, toda vez que se está cometiendo una
injusticia".
Más
tarde, con el apoyo del Consejo Mexicano de Organizaciones Pro Naciones Unidas
se efectuó un enlace telefónico, por lo que el general manifestó que el
gobierno de la República se ha arrepentido de sus promesas de campaña y de las
necesidades y reclamos de la gente, mismos que deben ser atendidos para terminar
con la marginación y pobreza que "padecemos la mayoría de quienes vivimos
en esta nación".
Consideró
que el movimiento agrario tiene legitimidad, pues sus tierras han dado sustento
por generaciones, lo cual no pasa con "cualquier dinero que les dé el
gobierno".
En
tanto, este miércoles los campesinos en resistencia de San Salvador Atenco
realizaron una marcha. A bordo de bicicletas, automóviles y las dos camionetas
que retuvieron el pasado martes, partieron en caravana desde la plaza central de
San Salvador; a su paso rumbo a Texcoco, bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería.
Los
ejidatarios irrumpieron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria en
busca de las autoridades de la dependencia; sin embargo, momentos antes los
encargados habían huido de su lugar de trabajo; sólo algunas secretarias
fueron localizadas en el lugar. Entonces realizaron un mitin frente al inmueble
y ratificaron su desconocimiento a la dependencia por no defender los derechos
de los campesinos afectados por los decretos de expropiación. Le exigieron
abstenerse de continuar con sus acciones de división entre los labriegos.
La
caravana continuó su recorrido por el centro de Texcoco y poblados aledaños
para llamar a la población a sumarse a su lucha. En Zapotlán, donde las
autoridades municipales despachan, los campesinos abrieron por la fuerza la
cortina de acero de la oficina provisional de Catastro y Receptoría.
Tomaron
la oficina, donde se encontraban encerrados el coordinador de catastro del
ayuntamiento, Albino Hernández; el receptor de renta, Julio Hernández, además
de dos secretarias, a quienes retuvieron por algunos momentos. Los inconformes
quemaron las mantas hechas por el ayuntamiento, en las cuales se llama a la
población a pagar sus impuestos; confiscaron "para resguardo del
pueblo" el mobiliario de la oficina: mesas, sillas y una computadora
equipada. A los funcionarios sólo les fue permitido llevarse alguna documentación.
Ignacio
del Valle, uno de los líderes del movimiento, indicó que las autoridades han
mantenido una actitud de provocación y hostigamiento hacia los ejidatarios en
resistencia. "Con el reparto de materiales y algunos servicios, el
ayuntamiento pretende dividir el movimiento." Agregó que las comunidades
afectadas por la expropiación se encuentran, hoy más que nunca, en pie de
lucha, luego de que "las autoridades federales y estatales transgredieron
la ley al violar los amparos que les fueron concedidos al ejido de Tocuila
respecto a la construcción del nuevo aeropuerto".
Por
su parte, Alfonso Navarrete Prida, titular de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM), señaló que los 600 efectivos
destinados al caso Atenco no participarán en la liberación del palacio
municipal, que desde el pasado 22 de octubre se encuentra tomado, pues
reconoció que "hay un gran riesgo de violencia" y no quieren caer en
provocaciones.
SENADOR
PANISTA ENTABLARÍA UNA CONTROVERSIA CONTRA EL AEROPUERTO.
Claudia Hidalgo y Heriberto Santos, Milenio Diario, página 15, jueves 10 de
enero.
El
Partido Acción Nacional analiza la posibilidad de interponer una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cancelar la
construcción del aeropuerto alterno al de la ciudad de México en el ex Vaso de
Texcoco, y propondría que sólo se haga una terminal de carga en el estado de México.
En
entrevista, el senador mexiquense, Carlos Madrazo Limón, indicó que por el
momento analizan los argumentos jurídicos posibles para que la decisión cambie
y se analicen nuevas opciones.
Para
ello, el senador panista cabildea con diputados locales del estado de México,
así como con los federales, para que avalen esta postura que tiene como único
interés respetar la decisión de los ejidatarios y evitar mayores conflictos
sociales en la región mexiquense.
El
senador consideró que existen muchos intereses personales de funcionarios del
gobierno estatal en este proyecto, cuando lo más viable es construir una
terminal de carga en Tizayuca y liberar al aeropuerto de la ciudad de México,
sin desaprovechar esa infraestructura y emplear grandes sumas de dinero.
Carlos
Madrazo se reunió con los diputados mexiquenses, quienes se comprometieron a
analizar este tema y fijar su postura en los próximos días.
Incluso,
acotó, el Partido Verde Ecologista de México y sus legisladores podrían
unirse a esta intención de interponer una controversia constitucional para
revocar la decisión del presiente de la República, Vicente Fox Quesada.
Mientras,
habitantes y ejidatarios de San Salvador Atenco marcharon a la Procuraduría
Agraria del municipio de Texcoco para exigir la revocación del decreto
expropiatorio del pasado 22 de octubre. Asimismo, acudieron, a la delegación de
Zapotlán, en Atenco, donde quemaron mantas en las instalaciones de la Receptoría
de Rentas.
La
policía no provoca
Por
su parte, en el municipio de Nezahualcóyotl, el procurador de Justicia del
estado de México, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que la presencia de la
policía judicial mexiquense en la zona donde el gobierno federal pretende
construir la terminal aérea sea un acto de provocación para los ejidatarios
afectados.
Por
el contrario, aseguró que son los inconformes quienes buscan provocar al
gobierno con la retención de maquinaria y personas, ya que quieren mártires en
su movimiento.
Asimismo,
señaló que hasta el momento se han levantado 20 denuncias, de las cuales, se
integran cinco averiguaciones previas, en tanto que una de ellas está a punto
de ser entregada al juez correspondiente para que determine si hay delito que
perseguir y de esta forma proceder a su consignación.
Al
filo de las 10:00 horas, más de 200 vecinos de Atenco se concentraron en la
explanada principal de la demarcación para marchar a bordo de bicicletas y
camionetas a la delegación de la Procuraduría Agraria que se localiza en el
municipio de Texcoco, donde exigieron a las autoridades correspondientes la
revocación del decreto expropiatorio de más de cinco mil hectáreas que expidió
el 22 de octubre pasado el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a
favor de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para la construcción de la terminal aérea y reserva ecológica.
Posteriormente,
se trasladaron a la delegación de Zapotlán e irrumpieron en las oficinas
provisionales de la Receptoría de Rentas, donde incendiaron varias mantas en
las que se invitaba a pagar los impuestos.
El
legislador
DESMANTELAN
EJIDATARIOS OFICINA DE RECAUDACIÓN.
Erika Hernández y Humberto Padgett, Reforma, página 9A, jueves 10 de
enero.
Más
de 100 ejidatarios desmantelaron ayer la oficina provisional que había
instalado la Alcaldía en la comunidad de Zapotlán para el pago de impuestos.
De
manera pacífica, los campesinos sacaron a cuatro empleados, confiscaron equipo
de computo y mobiliario, y quemaron las mantas en las cuales el Ayuntamiento
convocaba a los contribuyentes a cumplir con el pago del predial.
Ante
el plantón que los campesinos inconformes sostienen en el Palacio Municipal, la
Alcaldía habilitó un local comercial en la comunidad de Zapotlán para iniciar
con la recaudación de impuestos, pues se suspendió desde el 22 de octubre.
Los
empleados que laboraban en la oficina, ubicada en la esquina de las calles
Allende y Aldama, pensaron que con cerrar la cortina de acero y pegar una hoja
con el aviso "nos fuimos a Toluca a tomar un curso", los campesinos se
abstendrían de realizar cualquier acto violento.
Sin
embargo, la hoja de papel causó curiosidad y ante los gritos de los campesinos,
los líderes abrieron el local y observaron con ironía las caras de susto de
dos empleados que se encontraban en el interior del local y a dos secretarias
escondidas en el baño.
Luego
de señalarles a los servidores públicos que los ejidatarios no quieren una
Alcaldía provisional, los empleados fueron obligados a sacar sólo cajas con
documentación de la Tesorería y los campesinos confiscaron una computadora,
una máquina de escribir, una sumadora eléctrica, cuatro mesas y 15 sillas, las
cuales fueron llevadas al plantón que sostienen en el auditorio municipal.
Antes
de retirarse del local, Albino Hernández, coordinador de Catastro, fue obligado
a escribir a máquina una carta donde afirmaba que, sin violencia, los
campesinos pidieron dejar las instalaciones y certificó qué tipo de
documentación y artículo se llevó cada parte.
Los
labriegos abandonaron el lugar dejando la cortina del inmueble a la mitad y en
malas condiciones.
Mientras
los campesinos invadían el local que renta el Ayuntamiento, el Procurador del
Estado, Alfonso Navarrete Prida, afirmaba en Nezahualcóyotl que la Policía
Judicial desplegada en el polígono de Texcoco, actuarían si los inconformes
realizaban un acto delictivo, como invasión a la propiedad privada, daños a
terceros o algún enfrentamiento.
Buscan
les regresen perforadora
La
empresa TGC Geotecnia buscará un acuerdo con los campesinos de San Salvador
Atenco para que les regrese una máquina perforadora y una camioneta que les
confiscaron el martes, y advierten que si no hay arreglo recurrirán a la vía
jurídica.
NO
SE HARÁ CASO A PROVOCACIONES DE EJIDATARIOS DE SAN SALVADOR ATENCO; BUSCAN
“UN
MÁRTIR A COMO DÉ LUGAR”: NAVARRETE PRIDA.
José Antonio Hernández Ramírez, Excélsior, página 17, jueves 10 de enero
del 2001.
El
procurador de Justicia, en Nezahualcoyotl, Estado de México, Alfredo Navarrete
Prida, señaló que los ejidatarios inconformes con la decisión de construir el
aeropuerto en tierras del ex Vaso de Texcoco están buscando “un mártir a
como dé lugar”, por lo que los elementos de la Policía Ministerial no harán
caso a las provocaciones.
Destacó
que las barricadas y zanjas construidas por los ejidatarios en las entradas
principales de diversas comunidades que se oponen a la construcción de la base
aérea es sólo “un truco publicitario” para la población en general, toda
vez que ese movimiento cada día esta más debilitado y desunido.
“Algunos
integrantes de ese movimiento esperan tener nuevas banderas y crear mártires,
con lo cual pretenden hacer que cualquier policía ocasione alguna provocación
y de esa forma volver a seguir luchando”, abundo.
Navarrete
Prida aseguró que los elementos de la Policía Ministerial no caerán en
provocaciones por parte de los inconformes y estarán al pendiente para
cumplimentar cualquier orden de aprehensión que sea emitida por el Poder
Judicial, pues las inconformidades han dañado a terceros con el cierre de
arterias, lesiones, amenazas y lo que resulte.
El
procurador abundó que en caso de ser requerida la presencia de los elementos de
la Policía Ministerial se cuenta con al menos 600 elementos adscritos a
diversos grupos de Combate a la Delincuencia, Investigaciones y Aprehensiones,
que están en la zona nororiente del Estado de México.
Hasta
el momento no se ha librado ninguna orden de aprehensión contra los líderes de
ese movimiento.
Sin
embargo, continúan integrándose cinco averiguaciones previas que se agregan
alas 25 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concluyó Navarrete Prida.
Siguen
en rebeldía.
Ejidatarios
de San Salvador Atenco decidieron mantener en resguardo los dos vehículos
“secuestrados” el día de ayer en la comunidad de San Felipe Santa Cruz, por
lo que estas unidades serán custodiadas por el gobierno municipal, dijeron los
dirigentes del movimiento opositor al aeropuerto, Ignacio del Valle y Daniel
Portugal.
En
tanto, integrantes del Grupo Atenco Unido decidieron esta tarde quemar mantas
alusivas por el pago de contribuciones del Predial y agua potable en el
municipio y clausurar simbólicamente unas oficinas recaudadoras de impuestos en
el poblado de Zapotlán, en esta localidad.
“El
alcalde de aquí, Margarito Yañez Ramos, no ha logrado gobernar. Por lo tanto,
es innecesario el pago de impuestos cuando no hay alguien al frente de una
administración”, dijeron.
Los
ejidatarios, luego de “clausurar” las oficinas
recaudadoras incautaron muebles que utilizaban los siete empleados que
cobraban los impuestos, por lo que decidieron llevar todo hacia la cabecera
municipal de Atenco donde también permanecerán, junto con las unidades motoras
retenidas el día de ayer en el poblado de San Felipe Santa Cruz.
Los
dirigentes del movimiento opositor a la base aérea destacaron que las
inconformidades continuarán hasta que haya una plática entre el gobierno
estatal y Federal con el fin de lograr el mejor pago de las tierras expropiadas
a los ejidatarios, ante lo cual se espera un diálogo lo antes posible.
De
igual forma, Ignacio del Valle aseguró que son falacias las que afirma el
procurador de Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, quien señala
que los provocadores son los ejidatarios, ya que lo que hacen los campesinos son
protestas mediante una defensa legal. Lo único que buscan es un mejor futuro
para los habitantes de aquí.
Para
concluir, aseguró que los ejidatarios no buscan enfrentamientos con la
autoridad estatal; se lucha por la defensa de las tierras expropiadas por un
decreto presidencial por el que se perderá parte de los ejidos que deberían de
ser para los descendientes de cada jefe de familia y no para el gobierno.
DISTRITO
FEDERAL
300
SOLICITUDES DE EXPROPIACIÓN EN LAS 16 DELEGACIONES.
Joel Saucedo, La Prensa, página 29, jueves 10 de enero.
Hasta
el momento el gobierno de la ciudad de México ha recibido 300 solicitudes para
la expropiación de terrenos en todas las delegaciones de la capital, declaró
Laura Itzel Castillo, secretaria de Desarrollo Urbano.
Entrevistada
al término de la reunión del gabinete de seguridad en el viejo Palacio del
Ayuntamiento, la funcionaria manifestó que ha integrado 200 expedientes
relacionados con esas peticiones.
Sin
embargo Castillo Juárez aclaró que hasta la fecha no se cuenta con ninguna
solicitud relacionada con rentas congeladas.
ESTADO
DE MÉXICO
EXPROPIAN
16 PREDIOS.
Nota Informativa, México Hoy, página 25, jueves 10 de enero.
En
Ecatepec, Estado de México, la Comisión para la Regulación de la Tenencia de
la Tierra (Corett) en coordinación con el gobierno del Estado de México emitió
16 documentos expropiatorios en igual número de municipios mexiquenses para
lograr la regulación de más de 165 mil predios que se tiene registrados fuera
de normatividad jurídica, informó el delegado de la Corett en el Estado de México,
Francisco Bueno Salas.
GUERRERO
GUERRERO,
POLÍTICA DE TIERRA ARRASADA.
José Reveles, El Financiero, página 34, jueves 10 de enero.
Una
política de tierra arrasada, de implantar el terror para expulsar a campesinos
de sus comunidades boscosas, ha sido una constante en las incursiones del Ejército,
la policía y paramilitares en las sierras de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Se
descubren estrategias casi idénticas entre los militares que arrasaban
comunidades de la sierra guerrerense hace cinco lustros –so pretexto de la búsqueda
de sembradores de amapola y mariguana– y los que ahora persiguen a campesinos
ecologistas por similares delitos, a los que además acusan de ser
“encapuchados” que hacen la lucha armada contra el gobierno.
En
las grabaciones en poder de El Financiero, autoridades ejidales de poblados
arriba de Petatlán, un comisariado que se identifica como Plácido decía el 30
de abril de 1978:
“Miren
qué casualidad. Es la región forestal virgen que queda la que están jodiendo.
Y me decían compañeras hace rato que los soldados repetían mucho: ‘ustedes
deben irse de aquí a vivir a Ajuchitlán o a otro lado, a Altamirano; usted
tiene tres hijas, váyase a otro pueblo’. Ellos quieren que los pueblos se
desbaraten.
“Y
los campesinos sufridos que tienen papeles en derecho, posesión y todo, pues
que se vayan. Éste es el fondo del asunto. No amapola ni mariguana ni mucho
menos. Qué casualidad que en la Cuaresma, cuando ni siquiera hay amapola,
vienen los gobiernos. ¿Cómo no vienen en las aguas? No es la amapola lo que
les interesa, sino los ocotes y toda la madera para llevársela.”
Promesas
En
septiembre de 2001, como consta en el video de cuatro horas tomado durante la
visita de la abogada Digna Ochoa a la sierra, Felipe Arriaga alude al tema:
“Cuando
el gobierno metió al Ejército, hacían rimero de árboles, mochadera de
troncos y no nos dejaban sacar la madera a nosotros. Para que nos dejáramos,
nos ofrecieron carreteras, clínicas, escuelas y todo. Pero vino un año y otro
y nada. Dejaban rimeros y ahí se quedaban porque comenzaban las lluvias y no
venían por la madera, no se la alcanzaban a llevar. Venían al otro año y
cortaban más, A lo que yo me acuerdo llevan más de 44 años explotando los
bosques y las carreteras no están, ni las clínicas, ni nada.”
La
tónica de las amenazas no varió en 25 años: “mejor sálganse de sus
comunidades”.
Tras
los testimonios publicados ayer por El Financiero, en un rastreo hemerográfico
ubicamos que la tropa ingresó en 14 rancherías: Puerto Grande, Las
Higuerillas, Los Coyoles, La Lajita, El Balcón, Los Pocitos, La Cañita,
Coacoyul, El Espíritu, Los Tiscuiches, Pistola, El Nanche, El Monte y Santa María.
“Además
de los saqueos, golpeados, torturados y apresados... murieron Pedro Cortés,
Alejandro Rojo (de dos años), Everardo Núñez, Nicolás Núñez (ley fuga).
Las violaciones fueron innumerables y realizadas frente a mucha gente”, dice
la Revista Proceso el 5 de junio de 1978 en notas firmadas por Carlos Ramírez
y Víctor Manuel Jácome.
Los
agresores fueron seis pelotones del 40 Batallón de Infantería al mando del
teniente coronel Moisés Baena. Tras la denuncia, la Secretaría de la Defensa
nacional (Sedena) envió a la región al coronel Antonio López Rivera para que
investigara las tropelías.
Nada
ocurrió que no fueran nuevas y vengativas incursiones militares. El coronel López
Rivera habló por estaciones de radio para ofrecer que se devolviera lo robado
(hubo listas por centenares de miles de pesos entregadas por los campesinos) y
que se castigaría a los culpables. Como respuesta, “ahora siguen subiendo los
soldados a cometer las mismas tropelías”, denunciarían un mes más tarde
Felipa Maldonado, Malaquías Rojo y la viuda Josefina Saucedo, pero ahora llevándose
a sus hijas de 12 a 16 años para violarlas.
A
quitar tierras
Quien
sabe si viva aún doña Martina Urióstegui, pues cuando los universitarios y
los dirigentes dela CIOAC le preguntaron su edad se escucha esta respuesta que
dio el 5 de mayo de 1978, en Llano Grande Sur: “Póngale 70.”
Los
soldados que llegaron le preguntaron que quién había disparado contra el helicóptero,
porque habían matado a uno y pasaron por aquí cinco hombres armados de Puente
Grande:
“Aquí
nadie ha disparado armas al viento para balacear eso, porque se me afigura
que es un gran delito”, dijo la vieja Martina.
–Ah,
entonces usted es uno de ellos, cubridora, usted va a ser la primera que
voy a ahorcar. Y si no dicen la verdad les vamos a quemar las casas.
Un
documento de más de 75 páginas en el que se virtieron las denuncias de la
incursión militar resumía:
NUEVO
LEÓN
REVOCAN
INEJERCICIO DE ACCIÓN PENAL CONTRA EX TESORERO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NL.
David Carrizales, La Jornada, página 28, jueves 10 de enero.
La
procuradora de Justicia estatal, Alida Bonifaz Sánchez, informó que por no
haberse desahogado "algunas pruebas" fundamentales para llegar a la
verdad legal de los hechos denunciados, revocó una resolución de inejercicio
de acción penal que dictó la Agencia del Ministerio Público Número 2 en
favor del ex tesorero municipal de San Nicolás de los Garza, Ariel Martínez
Garza, a quien la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS) acusó de despojarla de un predio de seis hectáreas.
Bonifaz
Sánchez explicó que dichas pruebas se referían a escritos del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, así como a un documento que establece la fecha
en que supuestamente Ariel Martínez adquirió el terreno en disputa.
El
anuncio de la procuradora se dio a conocer luego que el dirigente nacional del
SNTSS, Fernando Rocha Larráinzar, anunció que sus agremiados realizarían
movilizaciones de protesta, si la Procuraduría de Justicia de Nuevo León
confirmaba el inejercicio de acción penal, "en atención a las influencias
políticas" que atribuyó a Martínez Garza dentro del gobernante Partido
Acción Nacional.
Detienen
a ex alcalde de Santiago, acusado de fraude
Por
otra parte, agentes de la Policía Ministerial detuvieron la tarde del martes a
Alonso Chávez, ex alcalde de Santiago, Nuevo León, en cumplimiento a una orden
de aprensión que giró el juez quinto penal, José Luis Garza Leal, por el
presunto delito de fraude. Al ex funcionario se le acusa de vender en 700 mil
pesos un terreno campestre de 14 hectáreas que no le pertenecía.
OPINIÓN
CLASE
POLÍTICA.
Miguel Ángel Rivera, La Jornada, página 4, jueves 10 de enero.
DEMOCRACIA
CARA EN MÉXICO.
Gonzalo Altamirano Dimas*, El Universal, página A22, jueves 10
de enero.
Es
sano para el país el debate que se está dando en torno de la disminución de
las prerrogativas a los partidos políticos. Como se informó oportunamente por
los medios de comunicación, para el 2002, los partidos recibirán 2 mil 671
millones de pesos, en el entendido de que esta cifra no está destinada para un
año electoral.
De
acuerdo con la Constitución, los partidos son entidades de interés público,
por lo que su importancia para la democracia y la vida política del país está
fuera de toda duda. Los financiamientos o prerrogativas que reciben los partidos
a cargo del Estado, o propiamente dicho, a cargo del pueblo, son necesarios. Lo
que ahora se discute no es si se mantienen o no los financiamientos a cargo del
Estado, sino específicamente sus montos.
Del
presupuesto destinado a los partidos para el 2002, éstos erogarán 7.3 millones
diarios, cifra superior en 60% al presupuesto que ejercerá la Presidencia de la
República, 67% más que el de la Secretaría de Turismo y 21% más que el
presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Para
el año 2003, año en que se renovará la Cámara de Diputados Federal, el
financiamiento a los partidos será duplicado y posteriormente ese monto será
la base para la asignación del siguiente año, que necesariamente tendrá un
incremento, de acuerdo con la tasa de inflación.
Como
se advertirá, el gasto que ejercen los partidos políticos es enorme y como es
sabido, no todos ellos hacen sus erogaciones de manera escrupulosa, por lo que
se hace necesaria la revisión para reducir egresos y también para disminuir
los tiempos de campaña, que son extremadamente largos y desgastantes, si se
toman en cuenta las precampañas que se realizan en el interior de los partidos.
Otro
de los temas que tendrá que revisarse es el de fortalecer las facultades de
fiscalización por parte del IFE hacia los partidos políticos. Ya en el seno
del organismo electoral se ha mencionado la necesidad de que el IFE tenga
facultades para acudir ante la Secretaría de Hacienda y solicitar la comprobación
fiscal de partidos políticos y proveedores, con la finalidad de transparentar
los gastos que esencialmente son públicos y que deben ser objeto de una
escrupulosa revisión.
En
materia de fiscalización hacia los partidos políticos por parte del IFE se ha
avanzado mucho, pero todavía resultan insuficientes las facultades del
organismo electoral. Año con año nos enteramos de las multas y sanciones que
el IFE impone a los partidos que incumplieron los lineamientos legales de sus
gastos o también en los casos de desorden administrativo.
Las
cifras que hoy manejan los partidos son cuantiosas y mayor debe ser la
responsabilidad para su ejercicio y fiscalización. Los medios de comunicación
han dado cuenta de casos de derroche y corrupción del dinero público destinado
a los partidos. Es insultante que un dirigente partidista utilice vehículos
lujosos, como el BMW, para su uso personal, y en ocasiones para el uso familiar,
como es el caso de uno de los llamados partidos pequeños.
Entre
las modificaciones que se hagan a los criterios para establecer los montos del
financiamiento público, es necesario considerar las reglas y prohibiciones para
la asignación de contratos a proveedores y también la obligación de celebrar
concursos públicos de asignación cuando los montos lo requieran.
Los
recursos que manejan los partidos políticos son públicos y deben estar
fiscalizados con tanta rigidez como la que se ejerce en el gasto del gobierno.
Una parte importante de los recursos destinados a los partidos puede
establecerse en especie, como sería el tiempo en radio y televisión, entre
otros.
Es
cierto que la democracia cuesta, pero también es necesario que los recursos públicos
que emplean tanto el gobierno como los partidos sean manejados con mayor
eficacia y con una total honradez. Por eso es necesario avanzar en los
mecanismos para lograrlo.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx