Lunes 23 de Diciembre
de 2002 Lunes 23 de Diciembre
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
Milenio
Diario • La Jornada
• Reforma
El Heraldo de México
• Excélsior
SECTOR
AGRARIO
EL PAGO DE FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
ES INELUDIBLE ...
LOGRA SRA FINIQUITAR SUS ACUERDOS
AGRARIOS ...
LA
SRA REGULARIZA 6.5 MILLONES DE HECTÁREAS ...
LA
SRA REGULARIZÓ 6 MILLONES DE HECTÁREAS EN ESTE AÑO ...
SECTOR
AGROPECUARIO
JAVIER USABIAGA ADMITE EXISTENCIA
DE FOCOS ROJOS EN EL CAMPO MEXICANO ...
CONDICIONAN ESTABILIDAD A ATENDER
TLC Y CAMPO ...
PIDE USABIAGA DESLIGAR AGRO DE
ELECCIONES ...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
PUEDE TEÑIRSE DE VIOLENCIA EL PAÍS
EN 2003: ORGANIZACIONES CAMPESINAS ...
OPINIÓN
°MONTES AZULES: LA PEOR DE LAS
POLÍTICAS ...
EL PAGO DE FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
ES INELUDIBLE
Matilde
Pérez U., La Jornada, página 7, lunes 23 de diciembre
Las
obligaciones jurídicas hay que cumplirlas, dice la secretaria de la Reforma
Agraria, María Teresa Herrera Tello, quien comenta que será destituida de su
cargo y consignada si esa instancia federal no paga mil 264 millones de pesos a
Armando Bernal Estrada y Gabriel Ramos Millán, clientes del abogado y senador
Diego Fernández de Cevallos, por la expropiación de 33 hectáreas en Santa
Ursula.
La
ex magistrada afirma que no hay ningún conflicto con Fernández de Cevallos
porque "no está autorizado en ese expediente. No puedo decir que la SRA
tenga un adeudo con el senador". Explica que el asunto es herencia de otra
administración, pero las consecuencias son para la actual titular de la SRA.
"La condena ya existía, es parte de los asuntos ya resueltos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que causaron ejecutoria; ahora
la autoridad administrativa lo único que debe hacer es cumplir, pues no es
decisión de la SRA pagar o no, hay una orden del Poder Judicial federal".
Pero, puntualiza, esta secretaría no tiene recursos para ese y otros asuntos
por los que debe más de 2 mil millones de pesos.
-¿Hay
un plazo de vencimiento para el caso de Santa Ursula?
-El
requerimiento fue hecho hace varios meses, nos daban 24 horas para cumplir. Se
hizo del conocimiento de la autoridad (SCJN) que se carecía de recursos y hubo
un requerimiento de ésta para que se solicitara el dinero a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Nosotros actuamos escrupulosamente dentro
de la ley.
-¿Y
si no paga esta administración, o lo hace en abonos, como sugirió un senador
del PRD?
-El
requerimiento no es en ese sentido, trae apercibimiento.
-Destitución
y consignación, ¿le preocupan?
-Es
un asunto delicado. Es una sanción que a ninguna persona, aunque no sea
servidor público, le gustaría recibir, pero eso lo decidirá la SCJN en su
momento y determinará si hubo o no contumacia porque en realidad cuando hay
contumacia por parte de la autoridad al no pagar es cuando se hace acreedor a la
sanción. Lo que va a determinar la SCJN es si quien es titular en este momento
en la SRA es contumaz a estos requerimientos que ya le tocó recibir. Tengo un
nombramiento, estoy cumpliendo con él, he actuado conforme a derecho y, como
parte de otro poder, respeto las decisiones de la SCJN.
-Y
como integrante del gabinete del presidente Fox, ¿cuál es su propuesta?
-En
realidad en este tipo de asuntos normalmente se hacen negociaciones porque hay
la comprensión de que no se tienen los recursos; hay muchos asuntos pendientes
por falta de presupuesto. En este caso la deuda es superior al presupuesto de la
SRA.
-En
el caso de Santa Ursula, ¿tendría que intervenir el Presidente ante el senador
Diego Fernández de Cevallos por ser éste el representante legal de los
demandantes?
-No
tengo como representante autorizado al senador Fernández de Cevallos dentro del
expediente y el Presidente (Fox) no ha sido requerido, no tiene por qué
intervenir. En la SRA hay un departamento jurídico y un director jurídico, y
es allí adonde la gente acude para que se haga efectiva la condena o se
establezcan las bases de un convenio.
Nuevos
proyectos
La
situación del caso Santa Ursula parece no perturbar a la titular de la SRA,
quien durante la entrevista charla de los proyectos a corto plazo para esa
instancia a la que -destaca- hay que darle la oportunidad de que acceda a otra
etapa dentro de las tareas asignadas. "La SRA no se puede quedar únicamente
en el reparto de documentos (títulos de propiedad), que son importantes y
facilitan la inversión, pero no es lo único que puede hacer la secretaría",
puntualiza.
La
realidad del campo, donde faltan oportunidades para que sus habitantes se
incorporen al desarrollo económico del país, requiere de una nueva ley
agraria, "no hay que estar parchando leyes". Como parte de esa nueva
propuesta legal adelanta que en la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de
Diputados está la propuesta de cambiar el párrafo segundo del artículo 27
constitucional, que establece que toda expropiación debe hacerse por causa de
utilidad pública mediante indemnización; la modificación es que se haga
previa indemnización y que se establezca la garantía de audiencia previa a la
expropiación; que los tribunales agrarios (actualmente autónomos) formen parte
del Poder Judicial y la instauración de un código de procedimientos agrarios,
ya que la Ley Agraria remite al Código de Procedimientos Civiles.
En
el caso de los ajustes al párrafo segundo del artículo 27 Constitucional, la
titular de la SRA precisa: "la decisión de ese cambio no es derivada de lo
que pasó en San Salvador Atenco. En ese asunto la SRA actuó escrupulosamente,
apegada a la ley. El hecho de estar observando la garantía de audiencia se
deriva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que los
extranjeros tienen garantía de audiencia cuando se les va a expropiar, y lo que
buscamos es esa igualdad para los mexicanos".
Esos
cambios, sumados a la regularización, ordenamiento territorial, capacitación,
organización y apoyo para que se sumen al desarrollo económico, ayudarían a
mantener la paz social en el campo, donde factores políticos, religiosos, étnicos
y hasta la explotación de los recursos naturales influyen para que se genere
algún conflicto.
Advierte
que a los habitantes del campo no hay que verlos como pobladores incapaces.
"La pobreza subsiste porque nos ha faltado enseñarles cuáles son sus
derechos jurídicos y agrarios, que si decide desprenderse de su tierra pueden
obtener un pago más elevado del que demanda".
Como
titular de la SRA considera que su reto "es avanzar en la regularización
de tenencia de la tierra, ordenamiento y capacitación para lograr que los
sujetos agrarios sean parte de la población objetivo de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y no
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Ahora son pobres, pero tienen
tierra; si la venden ya no tendrán otras oportunidades de desarrollo".
A
la gente del campo no hay que verla como incapaz de desarrollar un trabajo;
tiene habilidades, capacidades, lo único que requiere es apoyo, insiste Herrera
Tello luego de manifestar su preocupación por el bajo presupuesto de la SRA,
particularmente para los proyectos de organización productiva destinados a las
mujeres (Promusag).
Indemnización
a yaquis, asunto inconcluso
A pocos días del anuncio oficial de que la tribu yaqui había aceptado 97 millones 100 mil pesos de indemnización por la expropiación de 2 mil 688 hectáreas (La Cuchilla y La Isleta) en 1997, la titular de la SRA aclara que los ocho gobernadores tradicionales e incluso los tres paralelos que existen en dos de los pueblos habían manifestado su conformidad de recibir la indemnización; ello tras conocer que en septiembre habían perdido el juicio de amparo contra la expropiación. Y enfatiza: "no hay ningún engaño de nuestra parte".
LOGRA
SRA FINIQUITAR SUS ACUERDOS AGRARIOS
Yolanda
Ceballos, Reforma, página 11 Negocios, lunes 23 de diciembre
Derivado
del incremento presupuestal por 797 millones 400 mil pesos, la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) pudo cumplir con las aportaciones monetarias de los
acuerdos agrarios, creados para apoyar a las organizaciones de productores en el
desarrollo de proyectos productivos.
María
Teresa Herrera Tello, titular de la SRA, informó que al inicio de la
administración se tenía pendiente por cubrir el acuerdo agrario en materia de
organización y fomento con 21 organizaciones de productores, que a la fecha ya
firmaron el finiquito de dicho programa.
"En
estos dos años de administración no había salido presupuesto para atender el
acuerdo en materia de compra de tierras, por eso es importante que ahora los
legisladores fueran conscientes y responsables porque era una obligación que
había que cumplir con las organizaciones", señaló.
Con
estos recursos se atienden los 243 proyectos productivos que quedaban pendientes
y la SRA cumple con la parte que le corresponde para generar oportunidades de
desarrollo económico a las familias del medio rural, que en muchas ocasiones
tienen como único patrimonio su tierra.
De
acuerdo con datos de la SRA, al amparo del Fondo para el Apoyo a los Proyectos
Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA), del 2000 a la fecha se han
apoyado 941 proyectos presentados por 28 organizaciones campesinas con
aportaciones equivalentes a 437 millones 076 mil 152.69 pesos.
En
el caso específico de las mujeres y los jóvenes que habitan en el medio rural,
destacó que al concluir el reparto agrario se crearon tres programas enfocados
a dar opciones de empleo e ingresos a estos dos segmentos de la población
agraria.
A
la fecha dichos programas han ejercido recursos por 350 millones de pesos.
"Esto
ha permitido que la Reforma Agraria pueda acompañar de alguna manera a los núcleos
agrarios para tener fuentes de ingreso alternas a las tradicionales, porque
efectivamente la posibilidad del reparto agrario ya no existe", comentó.
Con
base en cifras de la propia dependencia, en lo que va de la administración se
han autorizado 103 financiamientos para la realización de 114 proyectos
productivos para mujeres indígenas y 69 proyectos de inversión para jóvenes
campesinos.
Asimismo
y al amparo del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), la SRA ha
atendido 459 proyectos en beneficio de 2 mil 638 mujeres campesinas de 26
entidades federativas.
"Aparte se han financiado 540 proyectos productivos de los denominados acuerdos agrarios básicamente enfocados a cuestiones pecuarias y acuícolas para beneficio de 18 mil 228 familias campesinas", precisó Gilberto José Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
LA
SRA REGULARIZA 6.5 MILLONES DE HECTÁREAS
Alejandro Rivero, Milenio Diario, página 7, lunes 23
de diciembre
Durante
la actual administración, la Secretaría de la Reforma Agraria ha regularizado,
a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares (Procede), mil 873 núcleos agrarios, los cuales suman una superficie de
seis millones 597 mil hectáreas.
La
dependencia informó que en estas tareas se han expedido más de 809 mil
documentos del Procede en beneficio de más de 400 mil campesinos. Detalló que
el mayor número de núcleos agrarios regularizados y certificados se localizan
en zonas con presencia indígena en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.
Señaló
que a la fecha, el Procede ha culminado la regularización de 23 mil 751 núcleos
agrarios, para los cual ha expedido siete millones 261 mil certificados y títulos
que benefician a cerca de tres millones 300 mil familias y se ha certificado una
superficie superior a los 63 millones de hectáreas, que ahora cuentan con
certidumbre documental y seguridad jurídica.
El
Procede es un programa voluntario y gratuito que se realiza en estricto respeto
a la voluntad de los núcleos agrarios y cuya operación se sustenta en la
organización y participación activa de los ejidatarios y comuneros, a través
de sus asambleas, en las que deciden libremente la delimitación, destino y
asignación de sus tierras.
En otras tareas de regularización, en estos dos años de gobierno, la Secretaría de la Reforma Agraria emitió 863 declaratorias de terrenos nacionales, con los que se incorporó al dominio de la nación una superficie de 173 mil hectáreas; se atendieron también 30 mil 647 solicitudes de nacionaleros, ante lo cual se expidieron casi 22 mil títulos de propiedad, en beneficio de igual número de jefes de familia, sobre una superficie de más de 210 mil hectáreas.
LA
SRA REGULARIZÓ 6 MILLONES DE HECTÁREAS EN ESTE AÑO
Nota informativa, El Heraldo de México, página 6,
lunes 23 de diciembre
La
Secretaría de la Reforma Agraria informó que en 2002 regularizó 6 millones
500 mil hectáreas y que además el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede) ha acumulado ya más de 61 millones de hectáreas
certificadas en todo el país y regularizado 210 mil hectáreas de terrenos
nacionales y 168 colonias agrícolas.
En
dos años de la actual administración se informó en un comunicado, la Secretaría
de la reforma Agraria ha regularizado, mediante el Procede, mil 873 núcleos
agrarios, los cuales suman una superficie de seis millones 597 mil hectáreas.
En
estas tareas, se ha expendido más de 809 mil documentos del procede en
beneficio de más de 400 mil campesinos, el mayor número de núcleos agrarios
regularizados y certificados se localizan en zonas con presencia indígena de
los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y
Veracruz.
A la fecha, el Procede ha culminado la regularización de 23 mil 751 núcleos agrarios, para lo cual ha expendido 7 millones 261 mil certificados y títulos que benefician a cerca de tres millones 300 mil familias, y se ha certificado una superficie superior a los 63 millones de hectáreas, que ahora cuentan con certidumbre documental y seguridad jurídica.
JAVIER USABIAGA ADMITE EXISTENCIA
DE FOCOS ROJOS EN EL CAMPO MEXICANO
Martín Diego., La Jornada, página 10, lunes 23 de
diciembre
El
titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, aceptó que en México hay focos
rojos en el sector agropecuario, pues "hay una gran biodiversidad, hay
marginación, pobreza y peligro en algunos aspectos (del campo)".
Sin
embargo, rechazó que puedan originarse manifestaciones de campesinos ante la
entrada en vigor del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio con América
del Norte (TLCAN).
Luego de asistir a un acto de proselitismo con la Liga de Acción Agropecuaria -organización panista, en Silao, Guanajuato, con impacto directo en los sectores campesinos de esa entidad, el secretario Usabiaga Arroyo declaró que espera que no se den movilizaciones.
CONDICIONAN
ESTABILIDAD A ATENDER TLC Y CAMPO
Claudia
Guerrero, Reforma, página 4, lunes 23 de diciembre
El
recrudecimiento de los problemas en el campo por la nueva etapa del TLC en el
2003 debe ser considerado como un asunto de seguridad nacional, ya que de ello
dependerá la estabilidad y gobernabilidad del País, afirmó Diódoro Carrasco
Altamirano, ex Secretario de Gobernación.
En
entrevista con REFORMA, el ex funcionario federal sostuvo que el Gobierno del
Presidente Vicente Fox debe tener cuidado para afrontar las consecuencias
sociales que se derivarán de la desgravación de varios productos del campo,
frente a Estados Unidos y Canadá.
Explicó
que el reto no tiene que verse sólo como un problema de alimentos o de empleo,
sino como algo más complejo que ya se refleja actualmente en el sureste del país
con la existencia de grupos armados.
Un tratado de 'luces y sombras'
Sin
mencionar por su nombre al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Carrasco
Altamirano criticó la forma en la que se negoció durante el sexenio de éste
el capítulo agropecuario del TLC, al que calificó como un tratado de luces y
sombras.
Consideró
que las condiciones de asimetría que existen entre los productores de México y
sus socios comerciales han impedido alcanzar la competitividad deseada.
Proponen revisar acuerdo
Carrasco
se pronunció porque el Gobierno federal encabece un ejercicio de revisión del
TLC para aprovechar su normatividad y proteger en lo posible a los productores
mexicanos.
El ex Gobernador de Oaxaca propuso también que las autoridades mexicanas realicen un esfuerzo para revisar con el Gobierno de Estados Unidos el problema de los grandes subsidios que son otorgados a los agricultores del vecino país.
PIDE
USABIAGA DESLIGAR AGRO DE ELECCIONES
Jorge Escalante, Reforma, página 4, lunes 23 de
diciembre
El
Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, lanzó un llamado a los partidos políticos
para no utilizar el campo en el 2003 como escenario de batalla electoral.
"El
campo de México no debe ser campo de batalla de intereses políticos. Debe ser
campo fértil para el trabajo, la eficiencia y la competitividad", señaló
en un discurso pronunciado durante la instalación de la "Red Social con el
Campo Guanajuatense", que pretende llevar votos al PAN para el proceso
electoral del próximo año en el estado.
Ante cerca de 500 campesinos panistas de toda la entidad, Usabiaga aprovechó para destacar que la administración de Vicente Fox está llamada para enfrentar con "hombría y valor" los vicios heredados por los Gobiernos federales priístas.
PUEDE TEÑIRSE DE VIOLENCIA EL PAÍS
EN 2003: ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Luis Navarro, Excélsior, página 1, lunes 23 de diciembre
Al recordar a las víctimas de la matanza de Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó, diversas organizaciones campesinas del país advirtieron que la violencia puede ser el tono con que se tiña el país en 2003, sobre todo en el sector rural, debido a lo que llaman una evidente falta de estrategia y de atención a los problemas del campo por parte de la Administración Federal. Catorce organizaciones que integran el movimiento “El campo no aguanta más”, reiteraron que un campo seco de estrategias y de atención puede ser el combustible necesario para que se encienda el reclamo y se ponga en peligro la estabilidad y la paz social.
°MONTES AZULES: LA PEOR DE LAS
POLÍTICAS
Adolfo Gilly, La Jornada, página 5, lunes 23 de diciembre
La
política del gobierno del presidente Fox en Chiapas tiene una definición
precisa: dejar que se pudra más y más la situación. Esta política fue
determinada desde el candado
legislativo que el Congreso de la Unión puso a los pueblos y comunidades cuando
hizo a un lado los acuerdos de San Andrés y aprobó el engendro de su "ley
indígena".
Esta
situación se va consolidando con iniciativas diversas cuya lógica unificante
es la exclusión de los pobres y la apropiación por las finanzas de las vidas y
el patrimonio natural, cultural y social de los mexicanos a través de medidas y
acciones jurídicas, económicas e institucionales. No es el gobierno de México,
sino México entero el que está cambiando de manos.
Pero la política del gobierno federal de dejar pudrirse la situación social para mejor apretar los tornillos jurídicos (desalojos), económicos (grandes proyectos) y militares (cerco a las comunidades indígenas) que faciliten el cambio y la subordinación del mando de los caciques al mando de las finanzas, conducen a que el desborde de la pobreza y la ubicuidad de la violencia paramilitar y la presencia militar terminen por cruzarse en algún punto y desencadenen otra vez la tragedia, en Chiapas o en cualquier otro punto de la ilimitada geografía de la pobreza mexicana.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx