Sábado 3 de agosto
de 2002Sábado 3 de agosto
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
El
Universal • La Jornada • Unomásuno
El Heraldo de México
• La
Crónica de Hoy
Ovaciones
• Reforma
• Milenio
Diario
• El
Sol de México
NOTICIAS
DEL SECTOR
APOYOS
A LOS PRODUCTORES DE MELÓN ...
PAGARON
A EJIDATARIOS DE NL A 20 CENTAVOS EL METRO CUADRADO PARA UNA AUTOPISTA QUE NO SE
CONSTRUYÓ. ...
ORDENA
PGJEG ARRESTO DE 7 EJIDATARIOS, DE GUERRERO ...
AEROPUERTO
DE TEXCOCO
TODAVÍA
NO SE NOTIFICA A LA CORTE QUE SE DEROGA LA EXPROPIACIÓN ...
DIVIDE
A LEGISLADORES ANULACIÓN DEL PLAN ...
EJIDATARIOS
DE TIZAYUCA NO SE OPONDRÍAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO, AFIRMA SU LÍDER ...
ESTADOS
CHIAPAS
ATACAN
PARAMILITARES COMUNIDAD ZAPATISTA DE MONTES AZULES; HAY SIETE LESIONADOS ...
CHIAPAS,
A LA CABEZA EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS ...
ESTADO DE MÉXICO
IMPIDEN
OCUPAR TIERRAS COMUNALES AL AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN ...
OAXACA
EN
DISPUTAS TERRITORIALES, MÁS DE 50% DE COMUNIDADES DE LA MIXTECA ...
OPINIÓN
OTRO
PAÍS ...
AQUÍ
NO MANDO YO ...
APOYOS
A LOS PRODUCTORES DE MELÓN
Notas breves, El Heraldo de México, página 6, sábado
3 de agosto
Información también publicada en La Prensa, página 14
La
Secretaría de Agricultura y Ganadería ofreció a los productores de melón de
La Laguna financiamiento para apoyar un proyecto integral en el cultivo y
comercialización del fruto. En contraparte, informó la Sagarpa, los
productores entregarán un documento final que establezca la viabilidad técnica
y económica del mencionado proyecto. En la reunión donde surgió este acuerdo
estuvieron el representante de los productores Gustavo Guerrero Rodríguez así
como representantes de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría
Agraria y de Apoyos a la Comercialización Agropecuaria.
PAGARON
A EJIDATARIOS DE NL A 20 CENTAVOS EL METRO CUADRADO PARA UNA AUTOPISTA QUE NO SE
CONSTRUYÓ
David Carrizales, La Jornada, página 29, sábado 3 de
agosto.
Por
solicitud del ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, presentada
el 20 de septiembre de 1994 a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el 28
de agosto de 1996 el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León expropió a
los ejidatarios de Río Verde, municipio de Linares, una superficie de 405 hectáreas
que serían utilizadas para la construcción de una aeropista. La indemnización
fue de 20 centavos por metro cuadrado.
Sin
embargo, transcurridos seis años -el plazo era de cinco- para realizar la obra
en el municipio, del que el ex gobernador es originario, el terreno sigue siendo
un monte poblado de matorrales; por lo cual los campesinos exigen que sea
revertido el decreto expropiatorio al no haberse cumplido los fines que
justificaron la medida "por causa de utilidad pública", puntualizó
José Luis Díaz, asesor legal de los labriegos.
La
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó indemnizar con 2 mil pesos
por hectárea (20 centavos por metro cuadrado) a los campesinos de Río Verde,
que recibieron un monto global de 810 mil 528 pesos, que fueron cubiertos por el
municipio de Linares.
En
el decreto de expropiación se estableció que "en caso de que la
superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término
de cinco años al objeto de la expropiación", el Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) "demandará la reversión de la
totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se
aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido".
Particular
se apropia de 3 mil has ejidales
En otro caso, Adolfo Cárdenas Guerra, vecino del municipio de Mina, se apropió de 3 mil 201 hectáreas de agostadero y siembra de temporal pertenecientes a 41 campesinos del ejido Las Ventanas, "aprovechando su poder económico y político, así como la deshonestidad de autoridades municipales y estatales", promovió un recurso ad perpetuam, reclamando la posesión de las tierras, aprovechando que efectivamente era propietario de un predio aledaño de 11 hectáreas, denunciaron los campesinos Ignacio López Zamora, secretario del comisariado ejidal, y el avecindado Eduardo Barajas Ayala.
ORDENA
PGJEG ARRESTO DE 7 EJIDATARIOS, DE GUERRERO
Rodrigo Huerta Pegueros, Unomásuno, página 9, sábado
3 de agosto
Información también publicada en Ovaciones, página 4
La
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) giró siete órdenes
de aprehensión contra ejidatarios de El Podrido, incluyendo al asesor jurídico,
quien amparado se presentó a declarar ante el Ministerio Público del Fuero Común
(MPFC) por delitos de despojo de 44.5 hectáreas propiedad de la empresa Tres
Vidas en la Playa en la zona turística de Punta Diamante.
Humberto
Sevilla García, asesor jurídico de los ejidatarios, denunció que durante tres
horas sufrió presiones del MPFC y calificó como ilegal su comparecencia por
considerar que no son ellos los que deben conocer ese asunto, sino los
tribunales de carácter federal, refiriéndose a su declaración ante la quinta
agencia especializada en delitos de despojo en esta ciudad.
Acompañado
por integrantes de la Barra de Abogados de Acapulco y de la maestría de derecho
penal, Sevilla García aclaró que el conflicto agrario que enfrentan los
ejidatarios no es un asunto policial o delincuencial, sino de legalidad y social
y que dicho conflicto se ha originado por la negligencia, la corrupción y la
impunidad del Tribunal Superior Agrario (TSA).
Y
agregó: No ha cumplido con las expectativas para lo que fue creado y el artículo
27 quedó en letra muerta con la actuación incondicional, porque no es posible
que cuando hay un conflicto entre pobres y ricos, es donde vacilan e inventan el
derecho.
Explicó
que las 44.5 hectáreas son propiedad de los ejidatarios y no de los empresarios
de Tres Vidas en la Playa como estos argumentan. Insistió: El 13 de diciembre
de 1999, la Secretaría de la Reforma Agraria, acatando una resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrega esas tierras.
Al día siguiente, agregó, policías estatales y guardias blancas toman junto con la empresa Tres Vidas en la Playa las 44.5 hectáreas e impiden a los ejidatarios el acceso a sus tierras, cometiendo ellos el delito de despojo, expresó el asesor jurídico.
TODAVÍA
NO SE NOTIFICA A LA CORTE QUE SE DEROGA LA EXPROPIACIÓN
José Galán y Ángeles Cruz, La Jornada, página1-5,
sábado 3 de agosto
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido notificada oficialmente de la
decisión del Poder Ejecutivo de derogar los decretos de expropiación de los
terrenos en los que se habría construido el nuevo aeropuerto de la ciudad de México,
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tampoco ha hecho la
petición formal a la Secretaría de la Reforma Agraria para la cancelación de
dichos decretos, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Los
19 decretos expropiatorios fueron suscritos tanto por la SCT, que solicitó 13,
como por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que
pidió seis para la realización de un proyecto de conservación ecológica.
Esta dependencia tampoco ha informado oficialmente su desestimiento.
En
su caso, el Poder Judicial mantiene aún bajo análisis las cuatro controversias
constitucionales promovidas por los gobiernos municipales de Acolman, Texcoco,
San Salvador Atenco y del Distrito Federal, y las 12 demandas de amparo
promovidas ante el juzgado sexto de distrito, a cargo del juez Mauricio Torres
Martínez, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, por núcleos ejidales y
ejidatarios en lo particular.
Mientras
que el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela promovió tres juicios de
amparo, la Procuraduría Agraria lo hizo con los otros nueve para siete
comunidades de Texcoco, de las cuales cuatro habían obtenido ya la suspensión
provisional de los decretos expropiatorios: los ejidos de Tocuila, Nexquipayac,
Santiago Cuautlalpan y Huexotla.
En
cada uno de los ejidos las resoluciones judiciales aseguraban a los campesinos
que no procedería la expropiación ni se realizaría ninguna obra hasta que un
tribunal colegiado resolviera conceder o no el amparo definitivo. Los ejidos que
representa la Procuraduría Agraria son Nexquipayac y Atenco, donde a 532
campesinos se les afectarían 510 hectáreas en favor de la Semarnat; a San
Bernardino, Texcoco, donde se enajenaron 101 hectáreas de riego para la
Semarnat; a Santiago Cuautlalpan, Texcoco, donde se expropió 132 hectáreas de
temporal y riego a 78 jornaleros, también para la Semarnat.
Asimismo,
la Procuraduría Agraria lleva los juicios de amparo de Huexotla, Texcoco, donde
se enajenaron 91 hectáreas para la Semarnat; los de Tocuila, donde se
expropiaron 128 hectáreas de riego para la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y son 83 los campesinos afectados.
Cuando
se publique oficialmente la derogación de dichos decretos, la Suprema Corte y
el Consejo de la Judicatura decidirán el sobreseimiento tanto de las
controversias constitucionales, que pasarían así al archivo, como de los
juicios de amparo promovidos contra las expropiaciones.
De acuerdo con información recabada en la SRA, mientras no exista solicitud formal de la SCT no procederá la derogación de los decretos expropiatorios, sobre todo porque la dependencia que encabeza María Teresa Herrera Tello "no expropia por iniciativa propia". Aun cuando no se prevén mayores complicaciones en el proceso, funcionarios consultados señalaron que "éstos siempre son lentos".
DIVIDE
A LEGISLADORES ANULACIÓN DEL PLAN
Jorge Octavio Ochoa, Ariadna García y Jorge Herrera,
El Universal, página 7, sábado 3 de agosto
La
Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados discutirá la posible
comparecencia de los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Reforma
Agraria y Gobernación para que informen al Poder Legislativo sobre las
repercusiones que tendrá la cancelación del proyecto de construcción del
aeropuerto internacional en Texcoco.
El
presidente de dicha comisión, Jesús Orozco Alfaro, señaló que el Legislativo
tendrá que analizar junto con el Ejecutivo las otras alternativas para evitar
que se cometan los mismos errores y se generen problemas tan graves como el de
San Salvador Atenco.
El
anuncio de la cancelación del proyecto Texcoco dividió la opinión entre
legisladores panistas. Para el senador Javier Corral, la decisión gubernamental
trastoca el marco de la legalidad y una vez más los proyectos necesarios para
el país son vulnerados "por fuerzas extrañas e intereses ajenos a lo que
pudieran ser legítimas demandas".
En
tanto, el presidente de la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados,
Juan Manuel Duarte consideró una "decisión democrática y de sensibilidad
política" el anuncio de cancelar el proyecto Texcoco, pero su compañero
de bancada, Fernando Pérez Noriega advirtió que "un gobierno que no
quiere ejercer sus facultades de gobernar, está renunciando a ser
gobierno".
Miguel
Ángel Torrijos, también panista, sentenció que si el gobierno no tuvo la
capacidad de negociación en este caso, mucho menos la tendrá cuando otros
grupos sociales impugnen el Plan Puebla-Panamá. Por su parte, el diputado priísta
José Luis Romero Apis opinó que se está "ante una ruptura del estado de
derecho porque, por la vía de la fuerza y de la extorsión, se ha arrinconado
al gobierno para cancelar un proyecto de interés nacional".
El
diputado Jesús Orozco Alfaro dijo que desde el principio hubo errores en la
operación política y un pésimo trabajo de negociación. "No es una buena
noticia para el desarrollo de la industria aeronáutica nacional".
A
su vez, el diputado del PRI Omar Bazán dijo que para la autoridad resulta
"muy fácil cancelar un proyecto que ya estaba elaborado, pero lo más
preocupante son los costos, y esto habla una falta de seriedad".
Por otra parte, la dirigencia nacional del PAN respaldó la decisión presidencial y calificó como una "medida razonable, prudente y loable que en lugar de imponer un proyecto de esta naturaleza, haya cambiado la decisión para adoptar nuevas alternativas a partir de consensos y negociaciones mejor llevadas".
EJIDATARIOS
DE TIZAYUCA NO SE OPONDRÍAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO, AFIRMA SU LÍDER
Carlos Camacho, La Jornada, página 3, sábado 3 de
agosto
El
representante del gobierno de Hidalgo en el Distrito Federal, Horacio Ríos
Cano, dijo que aún no hay contacto con el Ejecutivo federal respecto a la
posibilidad de que se retome el proyecto Tizayuca para construir la nueva
terminal aérea, rechazado en octubre pasado.
A
su vez, los ejidatarios de Tizayuca esperarán a que se presenten las
"nuevas alternativas" para construir el aeropuerto internacional de
pasajeros, y de considerar a Hidalgo, "no nos opondremos al desarrollo del
estado", dijo Eusebio Pérez, presidente de la Unión de Ejidos del Valle
de San Javier, quien representa a unos 5 mil labriegos de 23 mil hectáreas de
tierras de temporal.
Sobre
la posibilidad de que se retome Tizayuca, Ríos Cano expuso: "nosotros
tenemos un proyecto, y en ese trabajamos. El gobierno federal decidió cancelar
Texcoco y dijo contar con otras alternativas. Vamos a conocerlas primero y luego
analizaremos".
Agregó que el plan de desarrollo del corredor Pachuca-Tizayuca deja atrás al que consideraba el aeropuerto internacional en la zona, pues "lo nuestro va mucho más allá", y en unas semanas más se someterá a consideración del gobierno federal.
CHIAPAS
ATACAN
PARAMILITARES COMUNIDAD ZAPATISTA DE MONTES AZULES; HAY SIETE LESIONADOS
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 12, sábado 3
de agosto
También se publica en Milenio Diario, página 12
El
pasado 31 de julio un grupo de 40 paramilitares armados, procedentes de la
comunidad priísta San Antonio Escobar, atacaron a las bases de apoyo del EZLN
en el ejido La Culebra, municipio Ricardo Flores Magón. Los paramilitares,
quienes se transportaban en vehículos robados, hirieron a siete personas. Horas
antes habían intentado secuestrar a un miembro de las autoridades autónomas.
Es
el primer ataque de esta naturaleza a las comunidades de Montes Azules y los
alrededores. Los mismos civiles, con machetes y armas cortas, amenazaron y
amedrentaron a los pobladores de Santa Rita y Seis de Octubre. El concejo autónomo
de Ricardo Flores Magón asegura que esta agresión significa un intento de
expulsar violentamente a los habitantes de esa región de la selva Lacandona.
Las mismas autoridades autónomas señalan que el grupo armado cuenta con el respaldo de los militares destacamentados en el ejido Cintalapa, donde el Ejército tiene una base de operaciones y desde hace meses controla fuertemente el acceso a la región, al norte de Montes Azules.
CHIAPAS,
A LA CABEZA EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Gabriela Coutiño y Manuel de la Cruz, Milenio Diario, página 12, sábado 3
de agosto
En
el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía continúan vigentes las prácticas de
torturas, abusos de autoridad y arrestos masivos de indígenas campesinos, afirmó
en su informe anual el presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos,
Pedro Raúl López Hernández.
El
ombudsman chiapaneco dijo que con las dos mil 168 quejas por violaciones
a los derechos humanos, Chiapas se ubica en el primer sitio por encima de otros
estados de la República Mexicana.
López
presentó ayer en Tuxtla Gutiérrez su primer informe, en el que detalló que en
un año la institución recibió 2 mil 168 quejas por violaciones a los derechos
humanos, cometidas por funcionarios del Gobierno chiapaneco.
López Hernández denunció que el gobierno del estado pretende asfixiar a la CEDH, al no proporcionarle recursos económicos para su sostenimiento. Se quejó de hostigamiento gubernamental por parte de dependencias como las secretarías de administración y de hacienda del gobierno del estado.
IMPIDEN
OCUPAR TIERRAS COMUNALES AL AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN
Silvia Chávez, La Jornada, página 29, sábado 3 de
agosto
Ejidatarios
de las comunidades de La Cañada y La Comunidad de Huixquilucan se organizaron
para impedir que el ayuntamiento local ocupe 5 mil 500 metros cuadrados de
tierras comunales. Pararon la construcción de una clínica médica y un centro
deportivo, e informaron que obtuvieron un amparo para evitar la ocupación de
una fracción de los predios.
Desde
la semana pasada ejidatarios de La Cañada obtuvieron un amparo en un tribunal
unitario, que ordenó al ayuntamiento panista la suspensión de los trabajos del
centro deportivo, en tanto se define la pertenencia de 5 mil 200 metros
cuadrados de tierras en donde se construyó el proyecto, con una inversión de
4.5 millones de pesos.
Asimismo,
los ejidatarios de La Comunidad bloquearon la construcción de la Clínica de la
Mujer, proyecto con una inversión municipal de 14 millones de pesos. Sin
embargo, el edil dijo que la obra sería trasladada a otro sitio, debido a la
oposición de los comuneros.
El alcalde panista Guillermo Espinoza Cruz sobre el predio La Cañada, explicó que habitantes de ese lugar se organizaron para comprar las tierras ejidales, mismas que después donaron a su gobierno para que en ellas fuera construida el área deportiva. Aclaró que los ejidatarios no han presentado documentos que acrediten la titularidad legal de los predios en disputa y previó que el juicio será ganado por su gobierno.
EN
DISPUTAS TERRITORIALES, MÁS DE 50% DE COMUNIDADES DE LA MIXTECA
Fabiola Martínez, La Jornada, página 16, sábado 3
de agosto
Más
de 50 por ciento de las comunidades de la Mixteca viven en constante
inestabilidad social y política debido a la disputa por espacios territoriales,
por lo que es urgente que los gobiernos federal y estatal intervengan para
evitar episodios violentos, advierten campesinos en carta a los medios de
comunicación.
Autoridades
comunales, agrarias y municipales de Santa Catarina Yosonotu y San Pedro
Yosotato, municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, advirtieron que los conflictos no son
"estrictamente agrarios ni intercomunitarios", sino luchas por el
poder en las que intervienen organizaciones políticas "oficiales y
oficiosas".
De
acuerdo con información oficial, en los pueblos de la Mixteca oaxaqueña se
localizan 167 de los 656 conflictos agrarios registrados en 2001, de los cuales
53 son calificados por el gobierno de José Murat como de atención especial o
prioritaria. En conjunto, estas comunidades se disputan alrededor de 97 mil hectáreas.
Los
reportes oficiales precisan también que la mayoría de los conflictos llevan
alrededor de 40 años de existencia, incluidos los de Tlaxiaco, Santa Lucía
Monteverde y Santiago Juxtlahuaca.
Sin
embargo, casi todos cuentan con una situación jurídica resuelta, aunque los órganos
encargados de ejecutar las determinaciones no han cumplido su objetivo. Otra de
las características -agregan las autoridades locales de Santa Catarina
Yosonotu- es que detrás de los conflictos se encuentran intereses políticos de
diversa índole.
Ante ello, afirman los ejidatarios y comuneros de la Mixteca, es necesario que el gobierno deje de ver los conflictos agrarios como un asunto cualquiera y asuma una estrategia que desactive su explosividad. "Esa es su responsabilidad y no puede abdicar de ella dejando que los campesinos tomen justicia por propia mano".
OTRO
PAÍS
Tomás Tenorio Galindo, La Crónica de Hoy, página 12, sábado
3 de agosto
En otra muestra de intolerancia contra la prensa, el senador Diego Fernández de Cevallos atacó el lunes pasado a La Jornada. Este diario dio a conocer hace varias semanas la información sobre el litigio que llevó el despacho del senador panista contra la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que un fallo definitivo ordenó a la SRA pagar la enorme suma de mil 200 millones de pesos a los afectados por una expropiación de predios. Seiscientos millones irían a los bolsillos del senador. A partir del descubrimiento de ese conflicto de intereses en que incurrió el senador, Fernández de Cevallos adoptó la costumbre de atacar a La Jornada... El gobierno federal debe ser felicitado por la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Finalmente, volvió al punto de partida. Podrá comenzar de nuevo, haciendo bien las cosas. A ver si el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, no vuelve a confundir a las personas con los patos.
AQUÍ
NO MANDO YO
Felipe Díaz Garza, Reforma, página 10, sábado 3 de
agosto
Las
acciones de gobierno suelen ser percibidas en forma polivalente por la población
gobernada, que se vuelve gobernante cuando la sociedad gobierna a su gobierno.
Además de las conveniencias, obvias en las expresiones de desencanto con la
cancelación del aeropuerto en Texcoco, están los argumentos de los que,
siguiendo el esquema autoritarista del pasado cercano, exigen que el poder no
retroceda, aunque se equivoque de camino.
Desde
luego que también hay muchos ciudadanos y grupos de ciudadanos a los que la
decisión de Fox nos agrada, nos entusiasma y nos permite ver el futuro con
optimismo porque, finalmente, es un síntoma serio, significativo y profundo de
que las cosas están cambiando para bien.
Lo
primero bueno y sano que nos muestra la presidencial "echada para atrás"
es que el Presidente es capaz de asustarse frente a reacciones agresivas de la
ciudadanía contra la injusticia social. No podemos ahorrar tiempo y dinero
despegando a la modernidad de un aeropuerto construido sobre los derechos y los
deseos gobernantes de un grupo de ciudadanos mexicanos, tan importante y tan
mexicano como los constructores, los empresarios, los vendedores de imagen
mexicana en el extranjero y los autoritaristas profetas del pasado inmediato.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx