Lunes 15 de abril
de 2002 Lunes 15 de abril
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Prensa • La Jornada • El Día
El Financiero • El Universal • Novedades
La Crónica de Hoy • El Financiero • El Sol de México
Reforma • Diario de México • Revistas Proceso
SECTOR
AGRARIO
NO
HAN DETECTADO CORRUPCIÓN EN EL SECTOR AGRARIO.
Virginia A. Pérez, La
Prensa, página 22, lunes 15 de abril.
No
se han detectado casos de corrupción en el sector agrario, afirmó la
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello ...
EL
RECHAZO CAMPESINO AL PLAN PUEBLA-PANAMÁ.
Xavier de la Vega,
Reporte Especial, Revista Proceso, página 45, lunes 15 de abril.
El
mundo campesino, diríase submundo, de los países incluidos en el Plan
Puebla-Panamá no entiende cabalmente los objetivos del proyecto ...
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
LUCHARÁN
DESDE VARIOS FRENTES CONTRA PLAN DE NUEVO AEROPUERTO.
Javier Salinas Cesáreo,
La Jornada, página 15 lunes 15 de abril.
Ejidatarios
en resistencia de San Salvador Atenco, así como campesinos de cinco estados y
militantes de al menos 20 organizaciones ...
ATENCO,
FORO DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ARMADOS.
Estela Juárez Aguilar,
Metrópoli, El Día, página 8, lunes 15 de abril.
“Atenco
se levanta en armas”. Se lee en uno de los murales de la explanada principal
de ese municipio mexiquense en resistencia ...
ALEMANES,
INTERESADOS EN EL AEROPUERTO DE TEXCOCO.
Nota informativa, La Crónica
de Hoy, página 14, lunes 15 de abril.
Kurt
Bodewig, Ministro Federal de Transporte, Obras Públicas y Vivienda de Alemania,
señaló que empresarios de ese país están interesados ...
ATENCO,
BOMBA DE TIEMPO...
Estela Juárez Aguilar, El Día,
página 8, lunes 15 de abril.
“Atenco
se levanta en armas”. Se lee en uno de los murales de la explanada principal
del municipio mexiquense de San Salvador Atenco ...
SECTOR
AGROPECUARIO
PIERDE
PROCAMPO CRÉDITO POR 500 MDD POR DESCOORDINACIÓN EJECUTIVO-LEGISLATIVO.
Lourdes Edith Rudiño, El
Financiero, página 24, lunes 15 de abril.
El
Procampo debió renunciar a financiamientos internacionales por 500 millones de
dólares ...
ESTADOS
FIRMAN
BC Y CALIFORNIA CONVENIO AGRÍCOLA.
Araceli Martínez Ortega,
El Universal, página 22, lunes 15 de abril.
Para
mejorar la seguridad y la vida de la gente en ambos lados de la frontera el
gobernador Gray Davis firmó un convenio ...
REITERAN
QUE NO HABRÁ DESALOJO EN MONTES AZULES.
Matilde Pérez U, La
Jornada, página 47, lunes 15 de abril.
Las
secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) aseguran que no desalojarán a ninguna de las 989 familias ...
BLOQUEAN
EJIDATARIOS ACCESO A UNIDAD HABITACIONAL.
Almendra Vázquez Bravo,
página B9, lunes 15 de abril.
En
protesta porque los moradores del condominio San Jerónimo Cuatro Vientos
arrojan desperdicios y basura a sus tierras de cultivo ...
PIDEN
EJIDATARIOS APLICAR EL PROCEDE EN SAN CRISTÓBAL.
Maya Flores, El Sol de México,
página 1/3B, lunes 15 de abril.
Lo
mejor para la familia Fox y para los ejidatarios de San Cristóbal, Nuevo Jesús
del Monte y Plan Libertador, es que ...
EJIDATARIOS
DE BERNALEJO, EN RIESGO DE CONTRAER EPIDEMIAS POR INSALUBRIDAD.
Juan Castro, El Sol de México,
página 1B, lunes 15 de abril.
Ejidatarios
de Bernalejo de la Sierra están en riesgo de sufrir epidemias por las
condiciones insalubres en que actualmente viven ...
OPINIÓN
SAN
LUNES.
Enrique Novelo G, Diario
de México, página 11, lunes 15 de abril.
La
falta de un reparto ordenado durante las anteriores administraciones brindó
incertidumbre jurídica a 44 millones de hectáreas de 7 mil núcleos agrarios
del país, lo que limitó el desarrollo del campo, acusó la titular de la
Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello.
TIEMPO
DE NEGOCIOS.
Darío Celis Estrada,
Reforma, página 4N, lunes 15 de abril.
Diego
gana a la SHCP
Otro
que se empeña en causarle conflictos al Presidente es el panista Diego Fernández
de Cevallos ...
NO
HAN DETECTADO CORRUPCIÓN EN EL SECTOR AGRARIO.
Virginia A. Pérez, La
Prensa, página 22, lunes 15 de abril.
No
se han detectado casos de corrupción en el sector agrario, afirmó la
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, al recordar que
los servicios que presta la dependencia a su cargo a los sujetos agrarios son
totalmente gratuitos y no están condicionados.
La
funcionaria federal resaltó que durante la actual administración no han sido
detectados casos de corrupción entre los mandos medios y superiores del sector
agrario, pues esto es algo que se está combatiendo y previniendo.
Explicó
que para ello se han difundido las sanciones previstas en la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos entre los funcionarios del sector
y también se ha puesto enmarca el programa denominado Usuario Simulado.
Señaló
que dicho programa tiene como objeto prevenir que no se condicionen los
servicios que presta la Secretaría de la Reforma Agraria en sus
representaciones y delegaciones de instituciones coordinadas a ejidos y
comunidades, los cuales son totalmente gratuitos.
Detalló
Herrera Tello que para evitar la corrupción también e difunden ampliamente los
servicios prestados a los sujetos agrarios a través de la página del sector
agrario en internet. Agregó que el objetivo es que la gente dentro de la
dependencia tenga vocación de servicio y entrega al sector que le toca atender,
y que es el más necesitado del país. 
EL
RECHAZO CAMPESINO AL PLAN PUEBLA-PANAMÁ.
Xavier de la Vega,
Reporte Especial, Revista Proceso, página 45, lunes 15 de abril.
El
mundo campesino, diríase submundo, de los países incluidos en el Plan
Puebla-Panamá no entiende cabalmente los objetivos del proyecto, pero sí
expresa no sólo temores sino rechazo al eventual despojo de sus tierras, una
agresión a su entorno, a sus campos agrícolas, a su manera de vivir. El PPP,
al parecer, tiene como meta el desarrollo de un campo sin campesinos y está
planteado justo a la medida de los grandes consorcios.
Edificado
sobre una colina, el poblado hondureño de La Trinidad domina el río Lempa.
Rubeña Mendoza, mujer de 72 años, habla de un tiempo remoto en el que las
aguas del río estuvieron a punto de sumergir el pueblo. Su mamá le contaba cómo
durante aquel diluvio las gallinas volaban y la corriente traía lagartos hasta
las habitaciones. El agua llegó a subir hasta esa casa, con techo de tejas, en
la que Rubeña evoca el episodio, mientras sus nietas desgranan maíz.
A
los indígenas lencas de La Trinidad y de los otros poblados de San Antonio
Intibucá, municipio situado en la frontera con El Salvador, el Plan
Puebla-Panamá (PPP) les recuerda aquella inundación. Según los lugareños,
muchos de ellos miembros del Consejo Civil de Organizaciones Indígenas de
Honduras (Copinh), el PPP traerá consigo la construcción de la presa de El
Tigre —proyecto que está en el aire desde hace varios años— que dejará al
municipio entero bajo las aguas, desplazando a 20 mil campesinos.
Aunque
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se empeña en exponer los beneficios
del PPP a las organizaciones campesinas e intenta convencerlas de que no incluye
programas como la construcción de presas, agrupaciones, como el Copinh,
escuchan a los funcionarios con desconfianza. Para éstas y muchas otras
organizaciones centroamericanas, el PPP es una estrategia concertada para sacar
a las comunidades de sus tierras y apropiarse de sus recursos naturales.
En
La Esperanza, sede del Copinh, se pueden observar las llanuras fértiles que serían
sumergidas por la presa de El Tigre. Al bajar a un llano rodeado de cerros, que
bien podría verse como el fondo de un lago artificial, los acompañantes del
reportero entablan una conversación:
Yo
creo que la presa traería muchos beneficios a la región, habría pescado,
llegarían muchos turistas, dice Alberto Márquez, chofer de la expedición. Un
poco sorprendido, Gracio Vázquez, habitante de La Trinidad, le contesta: El
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que todo
indígena tiene derecho a la vivienda y a su territorio. Nosotros tenemos que
pelear el lugar en donde nacimos. Trabajamos la tierra, pero podríamos
mejorarla, cuidarla, introducir otros métodos productivos. Alberto insiste: Yo
me fui de mi tierra hace muchos años a buscar otras oportunidades. Ahora ya no
quiero ni regresar. Aquí es igual, mucha gente se fue porque ya no hay salidas.
La inversión en la presa sería un levantón increíble para toda la región.
Si en vez de eso dejan las cosas como están, pronto habrá sólo tres o cuatro
ganaderos en esta tierra y los demás habrán desaparecido. Gracio parece
impresionado y finalmente concede: Nosotros siempre somos las escaleras en las
que se suben otros....
Y
es que el Plan Puebla-Panamá plantea incógnitas sobre el porvenir de los
campesinos. Para Alberto Márquez, de unos 50 años, la respuesta es bastante
clara, el futuro es emigrar. Le gusta hablar de la camioneta que transportó a
la comitiva hasta el municipio de San Antonio. Uno de sus tres hijos, que vive
en New Jersey, se la mandó en barco desde Estados Unidos.
Presentado
como una estrategia económica para una región en la que gran parte de la
población sigue viviendo del campo, el PPP propone, sin embargo, un modelo de
desarrollo sin campesinos, un mundo en el cual ya no vivirían del cultivo de
sus tierras. Los ahora pequeños productores podrían dar sus parcelas en
concesión para plantaciones de eucalipto o convertirse en guías de turistas,
en agentes de conservación de su patrimonio histórico o de su medio ambiente,
sin hablar de la oportunidad de emplearse en maquiladoras. Sin embargo, en la página
en Internet del BID, llama la atención que no se mencione ningún programa de
apoyo a proyectos productivos per se.
Arraigarse
a la tierra
No
es la primera vez que el BID o el Banco Mundial pueden constatar la fuerte
resistencia del mundo campesino a su concepto de desarrollo rural. Desde finales
de los ochenta, ambas instituciones han impulsado una profunda reforma agraria,
tanto en México como en Centroamérica, que busca, mediante la individualización
de las parcelas, agilizar la venta de tierras y favorecer la creación de
grandes explotaciones. El esquema se aplica en México después de la reforma al
artículo 27 constitucional, y se ha introducido en Honduras con la Ley de
Modernización Agraria de 1992, o en Guatemala, con los Acuerdos de Paz de 1996.
La respuesta de las organizaciones campesinas y de las comunidades ha sido
defender las tierras comunales, obtener títulos y ocupar tierras cuando los
procesos legales no funcionan.
En
el caso de México, Luciano Concheiro, investigador de la UAM-Xochimilco y autor
de varios estudios sobre la tenencia de la tierra, comenta: Desde la reforma al
artículo 27, en vez de disminuir el número de microfundistas, se ha
incrementado. La gente regularizó sus tierras y resulta que declara gran parte
de ellas como propiedades de uso común. Esto refleja un impresionante apego a
la tierra por parte de las comunidades. Los neoliberales no dan crédito a lo
que han observado.
En
Guatemala, organizaciones, como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
(Conic) o el Comité de Unidad Campesina (CUC), luchan por la aplicación del
reparto agrario previsto por los Acuerdos de Paz. Lo hacen en un contexto que
sigue marcado por la guerra, dado que los militares se apropiaron de muchas
parcelas y siguen usando las armas para conservarlas. En la sede del Copinh, en
Honduras, es difícil que pase un día sin que llegue un grupo de campesinos
para tratar un asunto de regularización de tierras.
La
lucha por la tierra no es una mera estrategia de supervivencia, sino que, como
lo expresa Daniel Pascual, uno de los dirigentes del CUC, el fondo de la problemática
agraria es un cambio del modelo de desarrollo rural. Se trata, para Carlos Paz,
encargado de supervisar la Propuesta de desarrollo rural, que aquella y otras
organizaciones guatemaltecas están planteando, de un modelo que busque
restablecer el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, preservar los
suelos y el medio ambiente, eliminando todo tipo de agroquímicos, rescatar las
técnicas agrícolas tradicionales y fortalecer la seguridad alimenticia de los
pueblos.
El
café es, como lo menciona el investigador mexicano Armando Bartra, un ejemplo
paradigmático del potencial de los modos de producción campesinos en Mesoamérica.
Es uno de los productos agrícolas que más han promovido los que, en el marco
del llamado comercio justo, han buscado instaurar reglas comerciales
alternativas en beneficio de los pequeños agricultores. Sin embargo, el
desplome actual de los precios, que afecta también, aunque en menor medida, a
los campesinos que producen para el comercio justo, ilustra a la vez la
vulnerabilidad de una estrategia de desarrollo fundada en cultivos de
agroexportación.
Gustavo
Castro, integrante del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de
Acción Comunitaria (CIEPAC) de Chiapas, comenta: En un foro campesino reciente,
un compañero dijo: ‘La solución a nuestros problemas es el café orgánico
de exportación’. Todos los demás se murieron de risa....
Y
es que actualmente se está gestando, particularmente en México, una amplia ola
de rechazo a los cultivos de exportación y, más allá, a toda tentativa de
insertarse en los flujos comerciales formales.
Varias
organizaciones se orientan en esa dirección. Es el caso de la Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), de Matías Romero,
Oaxaca. Carlos Beas, uno de sus coordinadores, afirma: Necesitamos reconstituir
la economía indígena, privilegiando los cultivos de subsistencia y
desarrollando técnicas de producción alternativas a los agroquímicos, para
romper la dependencia de las empresas trasnacionales que los producen. Se trata
también de fortalecer los mercados locales, crear espacios de intercambio para
los productores del Istmo.
Según
Jesús Campos, gerente de Agromercados, la empresa cumplió con las metas que se
le habían asignado para su primer año de existencia y las perspectivas de
expansión son favorables. Dice que la compañía ha despertado gran interés y
recibido asesoría de representantes de la cúpula empresarial mexicana, como
los Achar (Comex) o Carlos Slim.
La
empresa francesa de tiendas de autoservicio Carrefour está recorriendo el
camino en el otro sentido, eliminando intermediarios para abastecerse
directamente con organizaciones de pequeños productores.
El
interés de Carrefour por la economía campesina tiene que ver con los problemas
recientes de contaminación en los alimentos (la enfermedad de las vacas locas,
los efectos nocivos del clembuterol) que muchos han atribuido a la agricultura
industrial y que han generado gran desconfianza al momento de comprar productos
cuyo origen e ingredientes son dudosos. Tiene que ver también con un reclamo de
calidad alimenticia que se ha manifestado en diferentes foros, como el de Puerto
Alegre, y que se asocia a la defensa de la agricultura campesina.
LUCHARÁN
DESDE VARIOS FRENTES CONTRA PLAN DE NUEVO AEROPUERTO.
Javier Salinas Cesáreo,
La Jornada, página 15 lunes 15 de abril.
Ejidatarios
en resistencia de San Salvador Atenco, así como campesinos de cinco estados y
militantes de al menos 20 organizaciones sociales, obreras, vecinales y
estudiantiles llevaron a cabo la primera convención contra el Plan Puebla-Panamá
y la construcción del nuevo aeropuerto en la zona.
En
tanto, este domingo en San Salvador Atenco se llevó a cabo un festival cultural
en donde participaron cantantes de música de protesta, bandas de rock y ska, así
como grupos teatrales; además se montó una exposición de muralismo y arte
popular.
El
sábado y domingo campesinos de Atenco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y
Puebla, además de organizaciones como el Frente Zapatista de Liberación
Nacional (FZLN) y el Frente Popular Francisco Villa, entre otras, realizaron la
convención en La Marquesa.
Jesús
Adán Espinoza, uno de los dirigentes del movimiento, expuso que en la reunión
se determinó crear frentes de resistencia en las zonas norte, centro y sur del
país, con el fin de realizar movilizaciones simultáneas para detener el
despojo de sus tierras que pretende realizar el gobierno federal con varios
proyectos que conforman el Plan Puebla-Panamá.
ATENCO,
FORO DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ARMADOS.
Estela Juárez Aguilar,
Metrópoli, El Día, página 8, lunes 15 de abril.
“Atenco
se levanta en armas”. Se lee en uno de los murales de la explanada principal
de ese municipio mexiquense en resistencia y rebeldía desde hace más de seis
meses. San Salvador Atenco, no sólo se ha convertido en bastión y símbolo de
la lucha por la tierra, sino en foro de resistencia de los pueblos organizados
que demandan justicia a un gobierno que ignora sus necesidades, pero impone sus
decisiones.
Los
machetes con que trabajan la tierra, los cañones con que recuerdan y reconocen
su historia, la figura de Emiliano Zapata y la de ellos mismos, su voz firme,
sin temores, todo advierte que la muerte será su final, si el gobierno decide
continuar con el proyecto aeroportuario. Los ejidatarios aseguran que sus
advertencias no son sólo eso.
Son
muchas voces las que se escuchan, diversos los rostros que se enfrentan. Ya no
es sólo la lucha en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco,
confluyen ahí, en ese municipio rebelde, quienes se oponen al desalojo de por
lo menos 46 comunidades indígenas de la Reserva de Montes Azules, Chiapas, de
los que exigen la liberación de sus presos políticos, de quienes quieren
educación pública y gratuita y de los que atraviesan fronteras y condenan los
ataques de Israel a Palestina.
Ahí,
en Atenco, han encontrado amparo todas las voces que dicen luchar por un México
más justo y que deambulan entre la pobreza que camina descala y el hambre que sólo
se aplaca con un trozo de pan duro.
A
seis meses de haber iniciado su movimiento de resistencia, luego de la publicación
del decreto presidencial expropiatorio de sus tierras para la construcción dela
aeropuerto alterno al de la ciudad de México, los propietarios de esa tierra
decidieron hacer efectivo el testamento histórico de Zapata, “La tierra es de
quien la trabaja”.
Los
opositores a la construcción de la terminal aérea aseguran que no están en
contra del desarrollo del país, pero dicen que no pueden dejar sus tierras así
nomás y presumen que existen nexos entre el llamado gobierno del cambio de
Vicente Fox con grupos poderosos de políticos y empresarios del llamado
“Grupo Atlacomulco”, quien se ha dicho encabezaba Carlos Hank González.
Ahora mediante el manejo del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel.
Así,
y mientras el gobierno federal no se desista de la construcción del aeropuerto
que afectará a 13 comunidades de los municipios de Atenco y Texcoco, los
campesinos continúan organizándose para una la lucha por el país, por el
territorio nacional.
Atenco
entonces se ha convertido en el punto de partida, en la trinchera de los sin
voz, de los del color de la tierra, de quienes no son escuchados, pues tienen
bien presente que si “Fox logra imponer su decisión, representará un nuevo
golpe en contra del movimiento popular y campesino y dejará las puertas
abiertas para más ataques de esta índole”, lo cual no permitirán, pero el
gobierno tampoco podrá parar.
ALEMANES,
INTERESADOS EN EL AEROPUERTO DE TEXCOCO.
Nota informativa, La Crónica
de Hoy, página 14, lunes 15 de abril.
Kurt
Bodewig, Ministro Federal de Transporte, Obras Públicas y Vivienda de Alemania,
señaló que empresarios de ese país están interesados en invertir en la
construcción del aeropuerto en Texcoco y en infraestructura carretera, debido a
la confianza que genera el Estado de México, por las facilidades que se les
brindan y el clima de paz laboral que prevalece.
Luego
de reunirse con el gobernador Arturo Montiel, señaló que por ello estarán
atentos a la publicación de la convocatoria de licitación para la construcción
de la nueva terminal aérea.
Acompañado
por el embajador e Alemania en México, Wolf Born, el ministro general germano,
destacó que inversionistas de esta nación también están interesados en la
modernización del aeropuerto de Toluca.
ATENCO,
BOMBA DE TIEMPO...
Estela Juárez Aguilar,
El Día, página 8, lunes 15 de abril.
“Atenco
se levanta en armas”. Se lee en uno de los murales de la explanada principal
del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, en resistencia y rebeldía
desde hace más de seis meses. ¿Cómo de que sólo hay zapatistas en Chiapas?
No señor, aquí el espíritu de lucha del Caudillo del Sur se respira cada vez
que los cañones retumban para recibir a quienes comparten la misma pena, la
misma causa.
San
Salvador Atenco, no sólo se ha convertido en bastión y símbolo de la lucha
por la tierra, sino en foro de resistencia de los pueblos organizados que
demandan justicia a un gobierno que ignora sus necesidades pero impone sus
decisiones.
Los
machetes con que trabajan la tierra, los cañones con que recuerdan y reconocen
su historia, la figura de Emiliano Zapata y la de ellos mismos, su voz firme sin
temores, todo advierte —a pesar de las endebles barricadas de tierra y la
indiferencia de las autoridades— que la muerte será su final si el gobierno
decide continuar con el proyecto aeroportuario. Los ejidatarios aseguran que sus
advertencias no son sólo eso.
A
seis meses de haber iniciado su movimiento de resistencia, luego de la publicación
del decreto presidencial expropiatorio de sus tierras para la construcción del
aeropuerto alterno al de la ciudad de México, los propietarios de esa tierra
decidieron hacer efectivo el testamento histórico de Emiliano Zapata, “La
tierra es de quien la trabaja”.
Así,
y mientras el gobierno federal no se desista de la construcción del aeropuerto
que afecta a 13 comunidades de los municipios de Atenco y Texcoco —San
Salvador Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac, colonia Francisco I. Madero, Santa
Isabel Ixtapan, Tocuila, Magdalena Panoaya, San Bernardino, Santiago
Cuautlalpan, San Felipe, Chimalhuacán, Huexotla y San Martín— los campesinos
continúan organizándose para una lucha por el país, por el territorio
nacional.
PIERDE
PROCAMPO CRÉDITO POR 500 MDD POR DESCOORDINACIÓN EJECUTIVO-LEGISLATIVO.
Lourdes Edith Rudiño, El
Financiero, página 24, lunes 15 de abril.
El
Procampo debió renunciar a financiamientos internacionales por 500 millones de
dólares –que aplicaría en su estrategia de capitalización- debido a
descoordinación del Ejecutivo y el Legislativo en cuestión de tiempos, y el
recurso fue entonces utilizado por la Secretaría de Hacienda para
“renegociación de deudas”.
El
coordinador general del Procampo (Programa de Apoyos Directos al Campo), Juan
Antonio Fernández Ortiz, señaló que tales recursos internacionales, que habían
sido negociados con los bancos Mundial y el Interamericano de Desarrollo “no
pudieron ejercerse porque su disponibilidad venció al término de 2001, y la
Ley de Procampo Capitalizado apenas fue publicada el 31 de diciembre de ese año.
Por eso Hacienda dispuso del recurso en su renegociación de deuda externa”.
El proyecto de capitalizar a Procampo consiste en atraer a valor presente
presupuestos futuros del programa (que inició en 1994 y concluirá en 2008),
para que los tres millones de beneficiarios tengan la opción de contar con
cantidades importantes de dinero para proyectos productivos que les permitan un
despegue en su actividad.
FIRMAN
BC Y CALIFORNIA CONVENIO AGRÍCOLA.
Araceli Martínez Ortega,
El Universal, página 22, lunes 15 de abril.
Para
mejorar la seguridad y la vida de la gente en ambos lados de la frontera el
gobernador Gray Davis firmó un convenio de cooperación con los oficiales de
Agricultura de Baja California.
El
gobernador afirmó que está comprometido con la idea de fortalecer las buenas
relaciones con el gobierno de México y en especial con los vecinos de Baja
California Norte.
El
secretario de Alimentos y Agricultura de California, William Lyons Jr, dijo que
el acuerdo firmado es otro paso hacia la meta de armonizar las políticas agrícolas
lo más posible.
El
acuerdo incorpora muchos elementos de opiniones previas de cooperación entre
los estados, incluyendo la detección de pesticidas y la erradicación,
seguridad alimenticia y el compartir información de enfermedades de plantas y
animales.
"Estos
nuevos elementos son esfuerzos mutuos para promover un tratado de agricultura
entre los estados, y balancear el uso de recursos naturales entre los beneficios
económicos y la conservación ambiental", precisó.
Lyons
y el secretario de Agricultura de Baja California, Juan Pablo Hernández Díaz,
firmaron el acuerdo con el secretario mexicano de Agricultura, Javier Usabiaga,
teniendo como testigo al gobernador Eugenio Elorduy.
El
acuerdo es producto de los trabajos entre ambos estados, que siguió a la
conferencia entre los gobernadores de la frontera México y Estados Unidos,
aseguraron funcionarios de ambas entidades.
REITERAN
QUE NO HABRÁ DESALOJO EN MONTES AZULES.
Matilde Pérez U, La
Jornada, página 47, lunes 15 de abril.
Las
secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) aseguran que no desalojarán a ninguna de las 989 familias
que ocupan 3 mil 914 hectáreas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.
El diálogo y el convencimiento de la reubicación son el eje de la estrategia
de acción de la mesa ambiental que se restableció en septiembre del año
pasado.
Sin
embargo, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, muestra su
preocupación porque avanza aceleradamente el proceso de degradación del macizo
más conservado de esa selva húmeda tropical que alberga -dice- 20 por ciento
de la diversidad biológica del país. Admite que por los graves errores de las
políticas públicas de gobiernos anteriores se "pierde poco a poco la
viabilidad de Montes Azules".
Lichtinger
acepta que la riqueza natural de esa reserva es de los indígenas que allí están,
pero también -destaca- de todos los mexicanos, y por eso la obligación y
responsabilidad del gobierno federal de conservar y preservar esa zona, pero los
recursos son limitados y las necesidades son enormes.
"Este
es un problema de recursos; sin embargo, espero que la economía nacional crezca
para impulsar inversiones sustentables que generen oportunidades de empleo en la
región", agrega.
Para
la SRA el problema en Montes Azules ya dejó de tener una connotación agraria o
de tenencia de la tierra. Gilberto J. Hershberger Reyes, subsecretario de
Ordenamiento Territorial, explica que de los 35 grupos que habitan la reserva,
90 por ciento son asentamientos irregulares y no interpusieron ninguna acción
agraria, por ello la mayor responsabilidad recae en la Semarnat y en el gobierno
de Chiapas.
"Después
de un análisis jurídico del problema, se concluyó que no es un asunto
agrario, sino eminentemente ambiental. En algunas reuniones entre la Semarnat y
el gobierno de Chiapas ambos expresaron su anuencia y comprensión luego de que
la SRA expresó su visión", señala.
Hershberger
Reyes aclara que la SRA seguirá participando en la mesa ambiental de Montes
Azules: "lo haremos sin ninguna reserva, e incluso está la disposición
-expresada por la secretaria María Teresa Herrera Tello- de, si es necesario,
colaborar en la búsqueda de recursos para reubicar a las familias".
El
subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SRA se manifiesta en contra de
la aplicación de la fuerza o del desalojo, ya que no es la solución. Este es
un conflicto social derivado de la necesidad de sobrevivencia de los indígenas
y hay que resolverlo en armonía, pero sin olvidar la ley.
"Las
familias que ocupan una superficie que no les corresponde lo hacen porque
necesitan la tierra, pero ésta ya tiene dueño: los lacandones, y hay que
respetar su derecho a la propiedad. Hay que buscar alternativas para resolver
ese requerimiento, pero no se vale que se trate de privar a otro de un legítimo
derecho que ya tiene", asienta.
Acuerdo
incumplido
En
el último año de gobierno de Ernesto Zedillo, 241 familias, integradas en
siete grupos -Nueva Argentina, Taniperla segunda ampliación, Sol Paraíso,
Nuevo Villaflores, Doctor Manuel Velasco Suárez, Ojo de Agua el Progreso y
Santa Cruz-, firmaron el acuerdo de reubicación en mil 100 hectáreas. El
gobierno se comprometió a darles tierra, pie de casa, agua potable,
electrificación, caminos y apoyo para el desarrollo de proyectos productivos;
sin embargo, los abandonó.
El
pie de casa sólo fue una enorme lona, y la delimitación de los terrenos para
cada familia se hizo únicamente con cal, por lo que la gente regresó a la
superficie que había dejado en la selva Lacandona.
Actualmente
seis grupos -Nuevo Tepeyac, Ranchería Corozal, Nuevo San Gregorio, San Antonio
Miramar, Nuevo Israel y Salvador Allende-, integrados por 200 familias que
ocupan 390 hectáreas, demandan la regularización de la tenencia de la tierra.
Otros
seis -San Antonio Escobar, Chamizal, Cintalapa, Lacanjá Tzeltal, Santo Domingo
y Francisco Villa la Laguna-, con 364 familias, son los únicos que tienen
derechos agrarios constituidos.
Mientras,
otras 392 familias de Laguna Suspiro, Ocotal, El Jardín primera ampliación,
Villa las Rosas e Indio Pedro (predio que compró Pedro Sánchez a su ex
capataz) habían avanzado en el proceso de negociación para ser reubicadas en 2
mil 245 hectáreas.
Las
136 familias de El Semental, El Buen Samaritano, San Francisco, Innominado,
Primero de Enero, Nuevo Agua Dulce, El Zapotal y Nuevo Cintalapa, que ocupan 179
hectáreas, no han aceptado participar en las negociaciones.
La
compra de tierras para reubicar a la mayoría de las familias -excepto las 364
que tienen derechos agrarios- que están en Montes Azules y en la comunidad
lacandona tendría un costo de 39 millones 140 pesos. Actualmente la Semarnat
asegura que en el fideicomiso constituido para la compra de tierras tiene un
fondo de 20 millones de pesos, ya que la institución entregó al gobierno de
Chiapas 8 millones y éste se comprometió a aportar una cantidad similar e
incluso superior.
Sin
embargo, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía -en una entrevista radiofónica-
reclamó al titular de la Semarnat los recursos, ya que, dijo, no han sido
depositados en la cuenta del gobierno estatal.
"Sí
hay disponibles 20 millones de pesos, y en este año pondremos una cantidad
importante. Con esto podemos empezar, (aunque) no es suficiente para todo lo que
tenemos que hacer", destaca el titular de la Semarnat. Insiste en que las
acciones serán pacíficas; "habrá hechos para ganar la confianza y
credibilidad de la gente en las instituciones. Las familias que regresaron a las
tierras que habían desocupado fue porque el gobierno no cumplió, pero eso fue
en la administración anterior".
Como
principal responsable -junto con el gobierno de Chiapas- de resolver el
conflicto social, Lichtinger reafirma: "no habrá una actuación de la
policía federal, continuará el diálogo con todos los grupos y habrá acciones
con mucha transparencia, porque se trata de convencer a las familias. Habrá un
proceso de regularización para quienes tienen derecho, y con el resto se actuará
de acuerdo con las circunstancias de cada uno... esto llevará tiempo."
Aclara
que dentro de la reserva de Montes Azules no habrá una explotación o uso
privado de los recursos naturales, pero tampoco serán tierras intocables.
"Nadie está hablando de que esa riqueza no se toque, sino que las
comunidades aprendan a utilizar las diferentes técnicas, se capaciten y
preparen para usar sustentablemente los recursos naturales. Ojalá que las
organizaciones interesadas en defender los derechos humanos y en los beneficios
de los indígenas ayuden a armar esos proyectos.
"Espero
-acota- que quienes tienen el afán de buscar la confrontación manipulando la
información dejen de hacerlo y se sumen al esfuerzo gubernamental de resolver
este problema." La Semarnat no ordenará el desalojo o una acción violenta
en contra de las comunidades; tampoco impulsará la explotación comercial o el
establecimiento de compañías en la reserva y zona de amortiguamiento, abunda
Lichtinger.
"En
Montes Azules hay una serie de comunidades que en los últimos años han
aprendido a convivir con el ecosistema y tienen actividades que no destruyen la
naturaleza, por lo que la Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Social las
ayudarán a convertirse en los más celosos vigilantes y cuidadores de la
reserva, que está allí para ser usada y conservada sustentablemente por
quienes habitan en ella", expresa Lichtinger.
A
su vez, el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA reitera
que la solución de fondo en este caso es la aceptación de los grupos a ser
reubicados fuera de la reserva de la biosfera. "Las razones son evidentes:
serán propietarios de la tierra (que ocupen fuera de Montes Azules), se
protegerá la reserva y se respetará la propiedad de los lacandones. El trabajo
de la Reforma Agraria es sensibilizar y concientizar a los jefes de familia de
que acepten la reubicación, para que no hereden conflictos a sus hijos."
Hershberger
Reyes no descarta la posibilidad de buscar otras alternativas de solución, e
incluso que el caso sea discutido en el seno del Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable, en lo que "no debe pensarse es en una acción de fuerza
policiaca. Hay que aprovechar el interés internacional en proteger esa reserva,
para que nos apoyen con proyectos productivos atractivos, con financiamientos...
en fin, hacer ejercicios imaginativos para buscar soluciones y de una vez
resolver en serio este problema".
Por
su parte, algunos grupos involucrados, como la ARIC Independiente y Democrática,
reiteran al gobernador Salazar Mendiguchía su disposición al diálogo, pero
que ello no se interprete como una actitud de "bajar la guardia en la
defensa de sus justos derechos como indígenas", y reclaman que los
funcionarios del gobierno estatal que participan en la mesa ambiental, como Rubén
Velásquez López, dejen de comportarse "de manera autoritaria y
prepotente", y se terminen "los engaños y las falsas promesas".
A
la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al director
de Montes Azules les piden que dejen de empujar a los lacandones para que
sigan interponiendo denuncias penales en contra de los grupos indígenas
asentados en la reserva, ya que "esa es una forma de actuación traidora en
contra de quienes quieren el diálogo".
Y
mientras el gobierno de Chiapas reafirma que no promueve el desalojo en Montes
Azules y explica que la mesa ambiental está en "una fase de diagnóstico
para trazar las estrategias a seguir", hay integrantes de ese órgano que
se manifiestan a favor del desalojo de "asentamientos recientes,
establecidos entre 1999 y 2002", como queda de manifiesto en una minuta, de
la cual tiene copia La Jornada. Los propuestos a ser desalojados son 30
familias de Arroyo Cristalina, una familia en Ruinas Sol Paraíso (que es un
rancho privado), dos familias de El Buen Samaritano, 16 personas en Nuevo
Salvador Allende, una familia de Nuevo San Rafael y 30 familias ubicadas en las
cercanías de Nuevo San Andrés La Paz.
También
recomienda la presencia permanente de elementos de seguridad -no aclara de qué
agrupamiento-, que en coordinación y apoyo de las brigadas de inspección y
vigilancia de la Profepa y de la reserva de la biosfera actúen en la zona de la
comunidad lacandona y Marqués de Comillas.
El
Informe por la Paz en Chiapas, la segunda misión civil nacional e
internacional, propuso, para conservar y preservar la reserva de la biosfera de
Montes Azules, desmilitarizar la zona de conflicto; crear estatutos comunitarios
sobre el uso y destino de los recursos naturales, y fortalecer el conocimiento
de las comunidades sobre sus recursos naturales, así como su capacidad de
participar en la planeación del uso del suelo, entre otras acciones.
BLOQUEAN
EJIDATARIOS ACCESO A UNIDAD HABITACIONAL.
Almendra Vázquez Bravo,
página B9, lunes 15 de abril.
En
protesta porque los moradores del condominio San Jerónimo Cuatro Vientos
arrojan desperdicios y basura a sus tierras de cultivo, más de un centenar de
ejidatarios de esta localidad y de San Marcos Huixtoco, municipio de Chalco,
bloquearon ayer el acceso a esta zona habitacional.
Al
mediodía de ayer, los labriegos cerraron durante dos horas el camino principal
hacia la unidad habitacional ubicada en los límites de Ixtapaluca y Chalco
hasta que intervinieron autoridades de Gobernación estatal para dialogar con
los inconformes.
Andrés
Chavarría, uno de los ejidatarios afectados, explicó que desde la construcción
del conjunto Cuatro Vientos, donde habitan más de 30 mil personas, sus tierras
se han convertido en basureros al aire libre porque los moradores y visitantes
dejan desperdicios.
Agregó
que también los automovilistas y usuarios del transporte público dejan todo
tipo de basura en sus parcelas, lo cual ha provocado un aumento de fauna nociva
como ratas y la proliferación de perros callejeros.
Los
labriegos exigieron a las autoridades municipales a que apliquen con frecuencia
el servicio de recolección de basura, e implemente medidas para evitar que las
zonas de ejidos se conviertan en focos de infección y de depósito de desechos.
Debido
al bloqueo de más de dos horas, los conductores tuvieron que cruzar el poblado
de San Marcos Huixtoco para llegar hasta la unidad habitacional, lo cual generó
caos vehicular en el centro de este lugar, ya que los labriegos se retiraron
después de dialogar con funcionarios estatales quienes se comprometieron a
darles solución a sus demandas.
Andrés
Chavarría señaló que la inmobiliaria ARA, encargada de la construcción de la
unidad Cuatro Vientos, no ha edificado la vialidad que comunica a este complejo
habitacional con la carretera federal México-Cuautla, debido a que los
empresarios quieren comprar a precios muy bajos las tierras de cultivo de
alfalfa.
PIDEN
EJIDATARIOS APLICAR EL PROCEDE EN SAN CRISTÓBAL.
Maya Flores, El Sol de México,
página 1/3B, lunes 15 de abril.
Lo
mejor para la familia Fox y para los ejidatarios de San Cristóbal, Nuevo Jesús
del Monte y Plan Libertador, es que entre de inmediato el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales (Procede).
Maximino
Romero, ejidatario de San Cristóbal dijo que la falta de colindancia genera
muchos problemas entre los ejidatarios por lo que es conveniente que se
verifiquen los terrenos y cada quién haga con su tierra lo que quiera.
En
esta semana acudirán a gobierno del estado para hacer la petición y pedirán
la intervención de la Procuraduría Agraria para que se certifiquen las
tierras.
Dijo
que esto es importante pues son 400 hectáreas las que están a la deriva y unos
cuantos quieren decidir sobre ellas. En San Cristóbal hay 85 ejidatarios más
los otros dos ranchos aledaños.
Para
Maximino Romero los conflictos entre ellos se generan por que no hay límites
bien establecidos de los terrenos y se quiere decidir sobre los demás.
La
solución para este ejidatario es que el programa Procede se incluya en la
comunidad y de esa manera se pueda tener mayor certeza.
Aclaró
que esta posición también sería favorable para la familia Fox pues no habría
dudas de los territorios y subrayó que no les quieren dar o quitar tierra si no
que solamente sea lo justo para todas las partes.
REGALAN
ESCULTURA A FOX
José
Manuel Chávez de Celaya Guanajuato le regaló al presidente de México, Vicente
Fox Quesada una réplica de bronce de la escultura "La Familia" que se
encuentra en el Estado de México.
La
réplica la hizo el escultor Víctor Gutiérrez quien ha realizado obras como:
ÔConin en Querétaro que es una estatua de un indio que se encuentra a la
entrada del estado, también ha realizado Álvaro Obregón en Celaya, El
Quijote, El Pípila, El Minero, entre otras.
La
última escultura que realizó fue Emiliano Zapata de siete metros de altura en
Acámbaro.
En
esa ocasión llegó desde Celaya para regalarle una escultura a escala de la que
hizo en Ecatepec Estado de México con una altura de 16 metros, denominada
"La Familia.
El
trabajo lo realizó en bronce y en su representación fue José Manuel Chávez
quien llevó la escala de la figura en donde está una mujer, un hombre y dos niños
jugando a su alrededor, la estatua original está sobre una glorieta en
Ecatepec.
La
intención de regalarla a Vicente Fox es para que vea el trabajo que realiza y
se de cuenta de la trayectoria "por si algún día se le ofrece".
Junto
con la estatua también le entregaron un folleto y un libro con fotografías y
ficha técnica de las obras que ha realizado.
EJIDATARIOS
DE BERNALEJO, EN RIESGO DE CONTRAER EPIDEMIAS POR INSALUBRIDAD.
Juan Castro, El Sol de México,
página 1B, lunes 15 de abril.
Ejidatarios
de Bernalejo de la Sierra están en riesgo de sufrir epidemias por las
condiciones insalubres en que actualmente viven, además de que constantemente
sufren robos de ganado o balaceo sobre los animales, esta gente (los indígenas
tepehuanos) no entienden de justicia", dijo el comisariado ejidal Marcelino
Santoyo.
Indicó
que a raíz del decreto expropiatorio hecho por el expresidente de la República
Ernesto Zedillo Ponce de León han sufrido muchas dificultades, ya que cada vez
que han sugerido sentarse para negociar se les pisotea.
Aunque
existe un amparo en el que se establece una espera hasta que el Tribunal
Unitario Agrario resuelva, los indígenas de Santa María Ocotán y Xoconoxtle
no respeta nada, y continuamente sigue invadiendo las tierras de Valparaíso.
"Vivimos
un infierno", afirmó el comisariado ejidal Marcelino Santoyo, se han
llegado a acuerdos, pero poco tiempo después se vuelve a caer en el abuso, no
se respetan los animales, "no cumplen, vuelven a tomar posesión de los
terrenos".
Estos
son algunos de los abusos que se han aguantado, no se quiere agredir a nadie,
pero tampoco se quiere que prevalezca un abuso de esa naturaleza, la gente de
Durango debe ser desalojada.
Denunció
que los indígenas tepehuanos han terminado con el pasto del ejido, por lo que
los animales ya no tienen alimento, ya son dos cosechas las que se han perdido,
no se tiene qué comer, ni dinero para comprar víveres.
"Este
conflicto también está acabando con nuestra salud", la insalubridad que
se vive en la región puede provocar alguna epidemia.
De
no salir por la resolución presidencial, que todavía tarda, los 64 ejidatarios
de Bernalejo podrían salir del lugar por el hambre y el temor, ya que esta es
una comunidad agraria y ganadera, que actualmente no puede hacer ninguna de
estas actividades.
Por
su parte, María de Jesús García, habitante de Bernalejo de la Sierra afectada
por la invasión, dijo que de no arreglarse pronto el problema tal vez la vida
de varios pobladores no exista más en un tiempo, "no queremos problemas
con los indígenas -afirma-, siempre hemos sido amigos".
Por
su parte, el diputado local perredista, Carlos Pinto Núñez, dijo que de la
entrevista sostenida en la Ciudad de México con el subsecretario de gobernación,
Ramón Martín Huerta, se hizo el planteamiento de que es impostergable el
desalojo del ejido de Bernalejo de la Sierra por parte de los indígenas
tepehuanos.
Se
solicitó, a la vez, la intervención de la Secretaría en el estado de Durango
para garantizar la seguridad física de los habitantes del lugar.
Se
solicitó la agilización del procedimiento agrario al Tribunal Unitario
Agrario, y una solución negociada que beneficie a los habitantes zacatecanos.
Con
la propuesta del dinero de la expropiación, se pidió que se compren terrenos
en el estado de Durango para que los invasores se queden en este lugar y no
sigan introduciéndose en terrenos que no les corresponden, además de externar
la necesidad de revisar a fondo la demanda.
TIEMPO
DE NEGOCIOS.
Darío Celis Estrada,
Reforma, página 4N, lunes 15 de abril.
Diego
gana a la SHCP
Otro
que se empeña en causarle conflictos al Presidente es el panista Diego Fernández
de Cevallos. Independientemente del lío en que metió a Fox por la cancelación
de su viaje a Estados Unidos y Canadá, el senador tiene en jaque a las Secretarías
de la Reforma Agraria y Hacienda. Sucede que como ya le habíamos platicado algo
aquí, Fernández de Cevallos y el ex Procurador y también blanquiazul Antonio
Lozano Gracia, se asociaron en un despacho de abogados. Ambos se han dedicado a
comprar derechos litigiosos de tierras expropiadas por la dependencia a cargo de
María Teresa Herrera. Ahora mismo acaban de ganar un juicio por unos predios en
el Estado de México en una zona que aparentemente se conoce como Santa Ursula.
Lo sorprendente es que el propio Gobierno federal va a tener que pagar cerca de
100 millones de dólares. Nos aseguran que Francisco Gil Díaz ya tiene listo el
cheque, con lo cual será la segunda vez que este funcionario pierda un caso con
el "Jefe Diego", si recuerda el asunto de la devolución de impuestos
a Jugos del Valle.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx