Lunes 24 de septiembre de 2001 Lunes 24 de septiembre de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Excélsior • La Jornada • El Economista • El Sol de
México • Reforma
SECTOR AGRARIO
BAJA CALIFORNIA
SIGUE EN BC LA VENTA
DISFRAZADA DE TIERRAS A EXTRANJEROS.
Luis Navarro Pérez, Excélsior, página A-4, lunes 24 de septiembre.
Compañías de Bienes Raíces Aprovechan la Miseria y el Abandono de los Ejidatarios: Felipe Rodríguez Continúa la venta disfrazada de tierras a extranjeros en Baja California, a pesar de la esperanza que generó para muchos mexicanos el cambio de gobierno, debido a que las compañías de bienes raíces nacionales y extranjeras, "siguiendo la moda del turismo encontraron en la modificación del artículo 27 constitucional -permite la venta de tierras ejidales- la mina de oro", advirtió Felipe Rodríguez Pérez, presidente de la Alianza Mexicana de Egresados Pasantes y Técnicos (AMEPT).
Testigo de la adquisición de grandes extensiones de tierra a ejidatarios, la mayoría inmersos en la pobreza, el abandono y la falta de educación formal, por "prestanombres" de extranjeros, el representante de profesionistas señaló que este es un hecho que las autoridades federales deben atender.
Explicó que la facilidad con que se compran ranchos perdidos en el desierto es una evidente práctica entre estadunidenses, japoneses, italianos y, más recientemente, alemanes.
Sin aventurarse a especular, sobre la corrupción de parte de funcionarios del gobierno estatal, dijo que la administración de Leonel Cota Montaño debería vigilar este asunto de interés nacional y donde la soberanía está en juego, pues parece que asistimos a la "gran barata de Baja California Sur".
Una práctica común en el estado es que quienes vendieron sus propiedades, los antiguos dueños, son ahora los peones que trabajan para extranjeros en ranchos o en pequeños desarrollos turísticos.
Rodríguez Pérez agregó que los intermediarios son quienes han ganado grandes cantidades de dinero y ejemplificó: un lote que es comprado a ejidatarios por 15 mil dólares es revendido en 45 ó 50 mil dólares a extranjeros -mediante el encubrimiento de prestanombres- que pretenden vivir en México con tranquilidad.
Advirtió sobre una nueva modalidad emprendida por las compañías de bienes raíces que actualmente están comprando ya no sólo pedazos de tierra del ejido, sino adquiriendo derechos ejidatarios.
Hace pocas semanas, aseguró, un consorcio compró a precios ridículos los derechos ejidatarios de 100 personas -15 mil dólares cada uno, pagado en cómodas mensualidades- en el ejido de La Purísima-San Isidro. Un proceso similar está ocurriendo en los ejidos de Comondú Viejo.
Las implicaciones de estas ventas encierra el hecho de que se vende el derecho ejidatario de explotar los recursos naturales y con ello podría estar en peligro la soberanía nacional.
"Los nuevos dueños tendrán derecho de uso y venta sobre cientos o miles de hectáreas que corresponden incluso a costas del Golfo de California y del Pacífico, y de la Sierra de la Giganta".
Por último apuntó que no se debe temer a la llegada de
gente extranjera, pero sí se debe exigir al gobierno que vigile y proteja el territorio
nacional pues tal parece que los habitantes de Baja California son ciudadanos de segunda o
extraños en su propia tierra.
CHIAPAS
EL CENTRO
FRAY BARTOLOMÉ DOCUMENTA 2 MIL 534 DESPLAZADOS EN CHIAPAS.
Víctor Ballinas, La Jornada, página 25, lunes 24 de septiembre.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal, Chiapas, destaca en un estudio sobre comunidades desplazadas en ese estado a partir de 1995 en las zonas centro, Altos y selva que a partir de ese año se han visto afectadas 2 mil 534 personas, que integran 668 familias y requieren apoyos por casi 30 millones de pesos por daños, robo de sus pertenencias y destrucción de sus viviendas.
En todos estos casos, resalta dicho centro, " se sabe que la ayuda que proporciona la Cruz Roja Internacional en Chenalhó y los Altos ya no se brindará a partir de diciembre, eso es preocupante porque son comunidades que viven en la miseria y en riesgo de violencia por parte de grupos de contrainsurgencia".
Los desplazados son originarios de las comunidades Cimarrón, en el municipio de Villa de Corzo; Carmelitas Matzán, en Cintalapa; Río Salinas Cruz, de Marqués de Comillas; Guanal, Plan de Guadalupe, Amador Hernández y Prado Pacayal, en Ocosingo; Jesús Carranza, Tzaquil, Quintana Roo, Bebedro y Los Mayos, en Sabanilla; Ejido Progreso, en Salto de Agua; El Limar, Cruz Palenque y Usipá, en Tila. Se trata de casi 700 familias que reciben ayuda de organismos no gubernamentales nacionales.
Marina Patricia Jiménez Ramírez, directora de dicho centro, dijo a este diario que "el estudio que se elaboró no abarca a todos los desplazados, pero sí a una gran parte. Ellos demandan castigo para los grupos paramilitares que los obligaron a dejar sus comunidades".
El estudio, explica, se inició a partir de un encuentro de derechos humanos que organizó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, en el cual participaron 98 personas que representaban a 11 mil desplazados".
Los desplazados demandan "castigo para los grupos paramilitares y los caciques y han pedido que el gobierno del estado genere las condiciones para que puedan regresar a las comunidades de donde fueron expulsados o inducidos a salir".
Legalización de tierras
La directora del centro destaca que aunque los desplazados quieren regresar a sus tierras, "ellos dicen que si no pueden volver porque no hay condiciones, entonces que el gobierno legalice las tierras donde ahora están, y que para reparar el daño les dote de nuevas superficies de cultivo".
El centro de derechos humanos insiste en que la reconciliación "no es borrón y cuenta nueva. Parte de la reparación del daño es la indemnización, que se haga justicia, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés".
Destaca que en la zona centro se tienen registradas 89 personas desplazadas de la comunidad de Cimarrón, en Villa de Corzo, y actualmente se encuentran ubicados en el Rancho La Piedrita, en el mismo municipio. Lo que esas 15 familias requieren es: viviendas, apoyo en la compra de los predios de La Piedrita y Arroyo del Sáuz, el pago de pérdidas y daños por un total de 6 millones 295 mil 221 pesos.
Respecto a los desplazados de la zona de los Altos, del municipio de Cintalapa, se encuentran hoy en Tenejapa. Estas personas demandan castigo a los culpables, indemnización por pérdida de pertenencias por un total de un millón 525 mil 164 pesos. Indemnización por la muerte de la niña Mariana López Intzin; vivienda, ayuda humanitaria y compra de tierras en el Rancho Rincón de las Minas.
En la zona de la selva hay 614 familias desplazadas en
diversas comunidades: Río Salinas Cruz; Guanal, Plan de Guadalupe, Amador Hernández,
Pacayal, Paraíso, Jesús Carranza, Tzaquil, Quintana Roo, Bebedero, Los Mayos, Edio
Progreso y El Limar. Sus necesidades ascienden a 20 millones de pesos en las diferentes
comunidades y piden ayuda para vivienda, dotación de tierras, castigo a grupos
paramilitares, el pago a viudas e indemnización.
DURANGO
SIGUEN LOS PROBLEMAS DE
LÍMITES ENTRE DURANGO Y ZACATECAS.
Nota informativa, El Economista, página 64, lunes 24 de septiembre.
El gobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, reconoció que continúan los problemas en el municipio de El Mezquital entre indígenas de ese lugar y propietarios del estado de Zacatecas.
En entrevista, admitió que persiste la disputa de miles de hectáreas en los límites de Durango y Zacatecas, que los indígenas utilizan para la recolección de orégano, situación –dijo– que puede terminar en un enfrentamiento.
Refirió que el problema de Bernalejo, en los límites entre Durango y Zacatecas, data de hace más de 30 años, pero que se ha agudizado a tal grado que en ocasiones han existido conatos de violencia entre indígenas y los dueños de los terrenos.
El Ejecutivo estatal explicó que en el municipio de El Mezquital, en los límites con Zacatecas, hay miles de hectáreas que han sido utilizadas por los indígenas para la recolección de orégano, una planta aromática que es usada como condimento y que ha servido para el susto de la región tepehuana.
No obstante, apuntó, esos terrenos tienen dueños y ahora los reclaman, y esa situación se planteó a nivel federal a mediados de la administración del presidente Ernesto Zedillo, que aunque se comprometió a indemnizar a los propietarios para que los indígenas de Durango siguieran usándolas como lo han hecho por años.
Pese a ello, aseguró que los propietarios de esos terrenos no han obtenido ninguna indemnización como les fue prometida por el Gobierno Federal y por consiguiente, persisten los problemas con la comunidad indígena de Santa María de Ocotán que podrían derivar en un enfrentamiento.
"Ya le solicitaos al Presidente de la República su
apoyo para que se resuelva el problema de Bernalejo, que la Federación indemnice a los
propietarios para evitar un enfrentamiento que pudiera terminar con funestas
consecuencias".
OAXACA
ADVIERTEN 100 CAMPESINOS OAXAQUEÑOS QUE NO ABANDONARÁN RANCHO DE LÍDER DE LA UGOCP. Nota de la corresponsalía en Oaxaca, La Jornada, página 46, lunes 24 de septiembre.
Aproximadamente cien campesinos armados ocuparon desde el jueves pasado en la localidad de Solyatepec el rancho del líder de la Unión General de Obreros y Campesinos del Pueblo (UGOCP), Margarito Montes Parra, a quien acusan de haberlos despojado de sus tierras, y aseguran que no abandonarán la propiedad hasta que les sea reparado el daño.
Los campesinos son integrantes de la Central Revolucionaria de Obreros y Campesinos Unidos de Tuxtepec, cuyo dirigente, César Toimil Robert, dijo que después de la incursión "el secretario de Gobierno Héctor Anuar Mafud nos llamó con la intención de dialogar, pero no mostró ningún interés por atender nuestras denuncias, sino que se interesó más en que desalojáramos el rancho".
Los campesinos, en su mayoría indígenas, portan diversas armas, desde viejas escopetas, ametralladoras y pistolas, hasta machetes listos para ser desenfundados en caso de cualquier agresión.
Interrogado acerca del motivo que los orilló a armarse, Toimil Robert sostuvo que "las armas que portamos son de la gente; en ningún momento tenemos arsenal, pues son armas de campesinos, de acuerdo con su situación económica... es una realidad que vive el país".
Acusa al gobierno de pretender condicionarlos para el diálogo, pero dicen que no cederán a abandonar los terrenos y advierte: "O se aplica la ley con justicia o estamos dispuestos a ir a la cárcel".
Dice que ya se habían dado acuerdos con Margarito Montes,
pero se rompieron cuando el dirigente de la UGOCEP realizó nuevos despojos en Playa de
Jícama y despojar de 21 parcelas a los comuneros de Nuevo Soyaltepec.
VERACRUZ
RECHAZAN
HABITANTES DE ACTOPAN, VERACRUZ, CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA.
Alma Rosa Quiroz, El Sol de México, página 8-B, lunes 24 de septiembre.
Pescadores, campesinos y habitantes de La Mancha, municipio de Actopan, se oponen al proyecto de construcción de la nueva carretera costera. Afirman que afectará el ecosistema de la región, puesto que atraviesa zonas de dunas, una laguna, grandes extensiones de manglares y tierras agrícolas.
El proyecto en sí nadie lo conoce, ni sabe cuándo empezará y si realmente se construirá por los trazos y lineamientos que han marcado los ingenieros -que dicen trabajan para el gobierno estatal- que desde hace semanas laboran en la zona.
La población local está confundida. Pescadores y campesinos están desconcertados porque dicen que ya se les avisó que la carretera costera pasará en medio del pueblo y obviamente sus casas serán derribadas.
"Seis años he trabajado para construir mi casa y ahora resulta que la van a tirar", se lamentó muy triste el campesino Rogelio Hernández, uno de los afectados.
Indignado por este proyecto, expuso que el gobierno estatal podría buscar una opción menos lastimosa para las familias de esta región.
Es en este poblado, ubicado a un lado de la actual carretera, que se inicia el nuevo trazo. De aquí en adelante se han marcado los lineamientos que tendrá la nueva vía que se prevé pasará entre las lagunas El Farallón y El Llano y la zona costera.
Además de las casas que podrían derribarse, se denunció que hay muchos campesinos que resultarán afectados, porque la vía atraviesa por campos de cultivo de caña, principalmente, y potreros que son básicos para los productores de la región.
Muchos de los campesinos que perderán parte o la totalidad de sus tierras, según el trazo carretero que se hace, no se explican el porqué el gobierno estatal no decidió construir por el otro lado de la actual carretera, pues está más alejado de la costa y, por ende, serían menos los afectados y menores las alteraciones ambientales.
En todo caso, explicó David Díaz, comisariado ejidal de La Mancha, se podría sólo ampliar la carretera actual, siguiendo el mismo trazo, porque así los daños ecológicos serían menores.
Destruirán dunas y manglares
Pescadores de las lagunas El Llano y El Farallón dijeron que este proyecto causará daños graves al entorno ambiental, dado que los trazos pasan por un sistema de dunas que se localiza atrás de la segunda laguna.
Estas dunas sirven para detener la fuerza de los huracanes y tormentas tropicales que pasan por esta costa. "Además, la circulación de automóviles será difícil en los tiempos de nortes, porque la cantidad de arena que vuela es impresionante", agregaron.
De acuerdo con el actual trazo, según los pescadores, la carretera pasará por atrás de la unidad habitacional El Farallón, a poco menos de 100 metros de la playa, lo que sin duda afectará la actividad turística, porque hasta ahora han sido playas muy visitadas y que no representan un peligro, cosa que cambiará cuando pase por ahí toda la circulación del norte del Estado.
Pero todavía es peor, señalaron, para los que dependen de la laguna El Llano, porque la carretera la atraviesa casi por donde ahora está ubicada la boca de la laguna.
De acuerdo con el proyecto, del cual sólo saben por comentarios informales, explicaron que se tiene contemplado realizar un gran puente, lo que sin duda afectará todavía más ese cuerpo de agua que ahora está en extinción.
Los pescadores están muy preocupados por la situación de las lagunas de la zona, porque si ahora han disminuido su producción, después, cuando el proyecto sea un hecho, la situación será más difícil para sus familias.
Indicaron que para construir el mencionado puente y el trazo de la carretera se tirarían grandes extensiones de manglares, que son los que mantienen con vida a la laguna. "Esos son ecosistemas que protegen a los cuerpos de agua y que albergan a numerosas especies de flora y fauna", afirmaron.
Resulta que los manglares tienen una importancia socioeconómica para sus comunidades porque de ahí se extraen recursos explotables como madera, colorantes y medicamentos. También son fuente de ingreso por sus usos recreativos como son la caza y la pesca.
Apuntaron que toda esta región costera será afectada negativamente por el nuevo lineamiento carretero, "pues es claro que no existe un proyecto serio de impacto ambiental, porque nadie ha dicho nada sobre eso, sólo vienen ingenieros que marcan líneas, pero se niegan a hablar de cuándo llegarán los encargados de la obra para explicar a los ciudadanos sobre las consecuencias de ésta".
Explicaron que sus autoridades municipales todavía no les
han informado nada sobre la nueva carretera, "porque seguramente ellos tampoco saben
nada, pues todos sabemos como actúan siempre los gobiernos estatales, hacen sus proyectos
y nos avisan de lo que realizarán cuando es muy tarde para inconformarse, más cuando,
como se ve, las afectaciones ecológicas y productivas implican a tantas familias
veracruzanas".
JORNALEROS AGRÍCOLAS
HAY
EN MÉXICO 3.2 MILLONES DE JORNALEROS AGRÍCOLAS; 30% SON MIGRANTES, DICE LA SEDESO.
Carolina Gómez Mena, La Jornada, página 34, lunes 24 de septiembre.
En el país se calcula que existen cerca de 3.2 millones de jornaleros agrícolas; de éstos, alrededor de un millón son migrantes, y de los últimos, 43 por ciento son mujeres. La razón de esto es que ellas "integran un sector de la población que se encuentra en condiciones de extrema pobreza y marginación, lo que las ha obligado a salir de sus comunidades de origen, con sus hijos y su pareja hacia otras localidades o estados en busca de trabajo, manifestó Lourdes Sánchez Muñohierro, coordinadora general del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
La funcionaria detalló que muchas de las mujeres que integran las familias jornaleras agrícolas trabajan, pero la proporción de ocupadas en labores del campo tiende a variar a lo largo del año dependiendo de la región y del proceso de trabajo de cultivo de que se trate, pero por lo general las jornaleras agrícolas se emplean como asalariadas en la siembra y cosecha de productos altamente comerciales como frutas, tabaco, café, cítricos y hortalizas. En Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, donde se cultivan estos alimentos, el porcentaje de trabajo femenino es elevado.
En la actualidad el Pronjag atiende a poco más de 750 mil jornaleros y de éstos 57 por ciento son hombres y el resto mujeres. Pese a su alta presencia y a que "se les exige que cumplan con sus obligaciones, muchas nunca ejercen sus derechos como trabajadoras, pues no cuentan con seguro social, carecen de contrato, no reciben salarios justos o incapacidades, ni cuentan con horarios para alimentar a los recién nacidos; como si estuvieran excluidas de la legislación laboral", lamentó Sánchez Muñohierro.
Al señalar en entrevista que la intención del programa es cuantificar el impacto social y cultural del trabajo femenino en este ámbito, así como pugnar por que cuenten con mejores condiciones laborales, consideró que la migración hacia los campos agrícolas de Estados Unidos no se detendrá a causa de los recientes atentados, pese al endurecimiento de las medidas de seguridad en el país del norte.
Estimó que la migración nacional tampoco se verá mermada, pues las deficientes condiciones económicas fuerzan la salida de esos pobladores.
Sánchez Muñohierro refirió durante su ponencia en el Foro Internacional Mujer Trabajadora Siglo XXI, Retos y Familia que, de acuerdo a una encuesta de Pronjag, la participación económica de las jornaleras supera el nivel de 80 por ciento en mujeres de 12 a 14 años y de 15 a 19 años. A partir de los 20 años y hasta el rango de 30 a 34 años, la participación de ellas se mantiene en 72 a 73 por ciento, y para las mayores de 35 años se tiene registros superiores a 64 por ciento.
La encuesta arrojó que se presentan altos índices de feminización de la mano de obra jornalera. Están los casos de las costas centro y norte de Sinaloa, donde se observa que de cada 100 hombres ocupados hay 75 mujeres trabajadoras. En el Valle del Vizcaíno este índice es de 73 por ciento y en la costa centro de Nayarit es de 71 por ciento.
De igual forma, la mayoría de las jornaleras son jóvenes y tienen hijos. Por esto se ven en la necesidad de llevar a sus niños al campo, duplicándose su responsabilidad entre el cuidado de los menores y el desempeño de su labor. Algunas no tienen alternativa más que llevar a sus pequeños en la espalda durante toda la jornada, lo que origina gran desgaste físico.
También se comprobó, dijo Sánchez Muñohierro, que estas mujeres deben organizar maternidad, vida en pareja y su rol como trabajadoras, laborando dentro y fuera del núcleo familiar, es decir, son proveedoras, madres y esposas.
Más datos de la encuesta: 43.1 por ciento de las jornaleras agrícolas embarazadas tenía edades entre los 13 y 20 años, y 60 por ciento presentaba cinco meses o más de gestación. Ello significa alto riesgo para su salud y la de sus hijos, ya que están expuestas a accidentes y a exposición a agroquímicos y plaguicidas.
A pesar de desarrollar agotadoras jornadas en el campo y en la casa, muchas también colaboran en centros de atención infantil, comedores comunitarios, tiendas de abasto, lecherías y tortillerías. Tal es el caso de la Unión de Jornaleras de la Costa de Nayarit, con 44 tiendas comunitarias y una bodega regional que beneficia a 31 localidades con la venta de alimentos, o los grupos de madres cuidadoras, en los que muchas trabajadoras depositan su confianza para que cuiden a sus hijos mientras laboran en los campos, brindándoles a los menores alimentación y actividades recreativas y educativas. Por lo general estas últimas sobrepasan los 50 años, y por ello tienen dificultades para ser contratadas en los campos.
Ante esto, Sánchez remarcó que las jornaleras deben ser
"revaloradas por las instituciones públicas, los empleadores y la sociedad
civil", lo que no significa "apoyarlas con programas paternalistas, ni fomentar
la visión de que se trata de un sector indiferente o pasivo".
LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS
DEBE
FOX LUCHAR VS. SECTORES RETRÓGRADAS.
Claudia Guerrero, Reforma, página 2, lunes 24 de septiembre.
Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, aseguró que el Presidente Vicente Fox puede pelear por una nueva reforma en materia indígena, aun en contra de sectores "muy retrógradas" de su partido, el PAN, representado en el Congreso de la Unión.
"El Presidente Fox, si quiere, puede adoptar una postura muy activa para una nueva reforma, al fin y al cabo es el Presidente, es el Jefe de Ejecutivo, además, el partido que lo propuso a la Presidencia está representado en el Congreso.
"Ahora sabemos que dentro de ese partido (PAN) hay también muchas diferencias y muchos pleitos internos, y que hay ahí también sectores muy retrógradas que no quieren saber nada de una reforma indígena, y esa también es una realidad", externó.
Entrevistado en Durban, Sudáfrica, durante su participación en la Conferencia Mundial contra el Racismo, el antropólogo aseguró que el Congreso mexicano le falló al país y a los pueblos indígenas, al aprobar una reforma mala e insuficiente.
"Cada vez hay más coincidencia de que esta reforma (indígena) no sólo ha sido insuficiente, sino que ha sido mala en términos propiamente de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y en términos de contribuir a un proceso de paz.
"Creo que ahí los que nos fallaron al pueblo mexicano han sido los Senadores y los Diputados, ha sido el Congreso, yo creo que ahora la lucha se tiene que dar tanto en el ámbito jurídico constitucional, como en el político", afirmó.
Aunque consideró que la lucha jurídica no es suficiente, Stavenhagen se congratuló de la interposición de controversias constitucionales en contra de las reformas aprobadas en materia de derechos y cultura indígenas.
Celebró que también se esté gestando una lucha política y demando que, en esta ocasión, se escuchen con seriedad los planteamientos de los indígenas.
"Tengo entendido que hay algunas controversias y es muy positivo que estemos aprendiendo en México una nueva forma de lucha que no se había dado antes.
"Pero tal vez eso no sea suficiente y hay que dar también una lucha política, y la están dando en este momento las organizaciones indígenas, civiles, instituciones académicas y personalidades, y tengo la esperanza de que ésto pueda volverse a plantear ante el Congreso para interpretar o reinterpretar el texto constitucional.
"Que también existan reacomodos de intereses y lealtades políticas que puedan hacer que se abran nuevos espacios para que se escuchen seriamente, con buena voluntad, y no tramposamente, como hasta ahora ha sido, las demandas de los pueblos indígenas", manifestó.
Condena mundial
El también profesor del Colegio de México calificó como "importante" la condena mundial de organizaciones no gubernamentales que recibió México por las reformas indígenas.
"Hay varios niveles, desde luego es importante que a nivel mundial, sobre todo los organismos civiles de los derechos humanos, se conozca la situación tan crítica que estamos pasando en México con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y el proceso de paz que está atorado.
"Yo creo que la solidaridad que expresen estos organismos es un estímulo, es importante para la lucha que se está dando en México", señaló.
El relator especial se pronunció a favor de que se reinicie un contacto entre el Gobierno federal y en EZLN.
"No es sano para el país que no haya ningún diálogo y ningún contacto, yo entiendo que los zapatistas estén inconformes, somos muchos los que estamos inconformes, pero la política es así", expresó.
En otro orden, el especialista en asuntos étnicos sostuvo que las inconformidades indígenas, junto con otros problemas sociales, son un factor de preocupación de la comunidad internacional, también al momento de negociar tratados comerciales.
"La gente sabe que México es un país que juega un papel importante en las relaciones internacionales, estamos vinculados al TLC, estamos gestionando una serie de relaciones con la Unión Europea, con los países de la Cuenca del Pacífico, con América Latina, es decir, estamos un poco en el centro de relaciones promovidas activamente por la Cancillería y el Presidente Fox.
"Entonces, por supuesto que les interesa cuál es la situación social del país. Cuando se habla entre economistas, con frecuencia sólo se ven las cosas financieras y no se ven los problemas reales de la población, pero, en este caso, la pobreza, la marginación, el desempleo y la problemática de los pueblos indígenas, desde luego que los tiene preocupados", dijo.
Stavenhagen consideró que el hecho que haya sido México el que propuso la creación del relator para los pueblos indígenas, aunado a que el cargo es ocupado por un mexicano, incrementa el compromiso del Gobierno actual con ese sector del país.
"Aumenta el compromiso con sus pueblos el hecho de que México, junto con Guatemala, hayan hecho el cabildeo para mi elección como relator especial. Creo que es una señal de que a México sí le preocupan los derechos humanos de los pueblos indígenas.
"Éste es un compromiso que asume México al exterior para que también al interior seamos capaces de resolver estos problemas, así lo entiendo yo", agregó.
Algunas peticiones.
Según el documento aprobado por el Foro de Organizaciones no Gubernamentales de la Conferencia Mundial contra el Racismo, hay seis peticiones concretas para el relator especial de los pueblos indígenas, relacionadas con México.
1.- Revise y modifique la reforma sobre Derechos y Cultura Indígena para que cumpla con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, así como los demás instrumentos internacionales y recomendaciones emitidas por la ONU y la OEA en materia de derechos de los pueblos, los cuales han sido recogidos en los Acuerdos de San Andrés y retomados en la propuesta de la Cocopa.
2.- Modifique el artículo 27 constitucional para llevarlo a su espíritu original de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de la tierra para proteger a las comunidades indígenas de la pérdida de su propiedad colectiva.
3.- Realice estudio en conjunto con los pueblos indígenas para evaluar la incidencia social, espiritual, cultura y sobre el medio ambiente que pueden tener sobre los pueblos indígenas las actividades de desarrollo como el Plan Puebla-Panamá.
4.- Que retire al Ejército Mexicano de las comunidades indígenas del país, particularmente en Chiapas, lo que creará las condiciones de distensión que permitirán la reanudación del diálogo.
5.- Investigue y, si es el caso, castigue y remueva a los funcionarios, elementos del Ejército y de seguridad pública que se encuentran involucrados en todas aquellas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que han quedado impunes.
6.- Retome el esfuerzo del diálogo y búsqueda de
consensos que animó el proceso iniciado desde 1995.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx