Lunes 19 de noviembre de 2001
Lunes 19 de noviembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Excélsior • La Jornada • Reforma
• El Universal • El Sol de México
APOYO
JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA.
Luis Navarro Pérez, Excélsior, página 5, lunes 19 de noviembre.
Habitantes de seis de los trece ejidos pertenecientes al Estado de México que
fueron afectados con el decreto expropiatorio de sus tierras para la construcción
del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, serán defendidos y
contarán con asesoría jurídica de la Procuraduría Agraria, señaló el
responsable de esta dependencia, Valdemar Martínez Garza.
LA
SCT SE DESLINDA DE LOS RECLAMOS LEGALES POR LAS EXPROPIACIONES PARA EL NUEVO
AEROPUERTO.
Patricia Muñoz, La Jornada, página 18, lunes 19 de noviembre.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó de los
reclamos legales, pagos de indemnizaciones y otros asuntos relativos a los
ejidatarios afectados por la expropiación de tierras para la construcción del
nuevo aeropuerto internacional en el ex vaso de Texcoco.
APROVECHAN
PROTESTAS DE EJIDATARIOS DE ATENCO.
Erika Hernández, Reforma, página 18, lunes 19 de noviembre.
Antes de que el Gobierno federal decretara la expropiación de tierras en San
Salvador Atenco y Texcoco, varios líderes ejidatarios que encabezan las
protestas de resistencia al nuevo aeropuerto, ya participaban en organizaciones
de izquierda.
LLEVARÁN
GDF EL CASO DE AEROPUERTO A LA SUPREMA CORTE.
Mónica García Durán, Excélsior, página 5, lunes 19 de noviembre.
Antes del 5 de diciembre próximo el gobierno capitalino interpondrá ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para
revocar la decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional en el
municipio mexiquense de Texcoco, dio a conocer el secretario general
de Gobierno José Agustín
Ortiz Pinchetti, en el palacio del Ayuntamiento.
IMPEDIRÁN
QUE CREZCA EL ASENTAMIENTO IRREGULAR.
David Cano, El Universal, página
8-B, lunes 19 de noviembre.
El asentamiento irregular de Amalacachico, en Xochimilco, es un problema que
tiene más de cuatro años y las actuales autoridades no permitirán su
crecimiento porque se encuentran en una área natural protegida, afirmó la
directora general jurídica y de gobierno, Lucerito del Pilar Márquez Franco.
DAN
A CAMPESINOS INDEMNIZACIONES.
Nota informativa, Reforma, página 31, lunes 19 de noviembre.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aportó el millón de pesos
que le correspondía para pagar la indemnización a los campesinos afectados en
sus tierras por la construcción de la Autopista del Sol.
CASI
NULOS LOS CONFLICTOS POR TERRENOS EN SIERRA GORDA, ASEGURA REFORMA AGRARIA.
Alejandro Guillén, El Sol
de México, página 4B, lunes 19 de noviembre.
Dice el delegado de la Reforma Agraria que no existen problemas agrarios en la
Sierra Gorda, como tampoco hay ya tierra que repartir, aunque acepta que hay
casos aislados por falta de definición en la determinación de colindancia en
terrenos agrarios de dos o tres municipios.
LA
RUEDA DEL PODER.
Ángel Trinidad Ferreira, El Universal, página 8, lunes 19 de noviembre del
2001.
La Secretaría de la Reforma Agraria no debe desaparecer, habrá de
transformarse para enfrentar los nuevos retos del desarrollo agrario con
justicia, y orientar el uso del suelo de más de un millón de hectáreas,
propiedad de ejidos y comunidades, dijo el gobernador de Zacatecas, Ricardo
Monreal Ávila, al presidir, junto con la secretaria de la Reforma Agraria, María
Teresa Herrera Tello, la Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el
Campo, en el ejido Juan Aldama, el más grande del país.
¿TODAVÍA
EXISTE MÉXICO?
Ramón Vera Herrera, La Jornada, suplemento “Ojarasca”, página 6, lunes 19
de noviembre.
Mientras los bombardeos en Afganistán mantienen el terror y las tropas de la
Alianza del Norte acampan en Kabul, mientras se gritan consignas maniqueas y la
nube ideológica inunda todos los órdenes de la vida al punto de concederle a
voceros del Departamento de Estado Norteamericano espacio editorial en
noticieros televisivos mexicanos, el país parece caminar a una crisis de
legitimidad en secretarías, cámaras legislativas, dependencias y la propia
presidencia.
TOTAL
INVASIÓN DE TIERRAS EN SAN PEDRO YOSOTATO.
Francisco López Bárcenas, La Jornada, suplemento “Ojarasca”, página 7, lunes 19 de
noviembre.
La Mixteca está prendida. A la falta de viabilidad económica de muchas de sus
comunidades se une la lucha por la tierra y los recursos naturales cada día más
escasos, generando conflictos agrarios y por los recursos naturales, que por su
gravedad las instituciones califican como "de atención prioritaria".
EL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA DENUNCIA AL GOBIERNO MEXICANO.
Eugenio Bermejillo, La Jornada,
suplemento “Ojarasca”, página 3, lunes 19 de noviembre.
“Con
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas
constitucionales en materia indígena, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
de Independencia cobra singular importancia en nuestra Nación, ya que la
aprobación de dichas reformas constitucionales responsabiliza al Estado
mexicano por incumplimiento de sus obligaciones con la propia OIT."
PROCURADURÍA
AGRARIA
APOYO
JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA.
Luis Navarro Pérez, Excélsior, página 5, lunes 19 de noviembre.
Habitantes
de seis de los trece ejidos pertenecientes al Estado de México que fueron
afectados con el decreto expropiatorio de sus tierras para la construcción del
nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, serán defendidos y contarán
con asesoría jurídica de la Procuraduría Agraria, señaló el responsable de
esta dependencia, Valdemar Martínez Garza.
Garza
indicó que se hincaron las reuniones con la Directiva de la Confederación
Agrarista Mexicana (CAM) para analizar los asuntos sobre tenencia de la tierra
promovidos por esta organización, luego de que el 12 de noviembre pasado
comuneros de varios estados de la República se presentaron en las instalaciones
de esta procuraduría para demandar el despojo pretendido por diversas
inmobiliarias.
Respecto
a los ejidatarios de Texcoco, Martínez Garza explicó que existen cerca de 4
mil 300 campesinos que enfrentan el decreto de expropiación de sus tierras,
lugar donde se instalará la nueva sede de la terminal aérea.
Ante
ello, enfatizó, la Procuraduría Agraria brindará asesoría gratuita a quienes
soliciten su intervención en trámites jurídicos, pues el compromiso es
atender los problemas que tengan relación con la tenencia de la tierra.
Se
destaca que en la zona de referencia viven también otros pobladores que no son
precisamente ejidatarios y que pertenecen a los pueblos cercanos afectados por
el megaproyecto.
Se
informó que funcionarios de la dependencia ya entablan reuniones con comuneros
de los núcleos agrarios que se quejan de despojo por parte de las compañías
inmobiliarias Herpa y Casas Geo, en Iztapalapa, Tláhuac y Magdalena Contreras,
del Distrito Federal, en Tlayacapan, San Juan Texcalpan y Oaxtepec, en el estado
de Morelos; El Cristo, en el Estado de México; Temalac, Guerrero, y en
Tutultepec y Jamiltepec, Oaxaca.
De
los convenios derivados de las mesas de trabajo destaca el compromiso de las
instancias agrarias de apoyar plenamente a los ejidatarios y comuneros afiliados
a la CAM con servicios gratuitos de asesoría jurídica y representación legal
que requieran para atender sus asuntos ante los tribunales agrarios.
Las
primeras juntas para revisar la problemática estuvieron dirigidas por el
director de Servicios Jurídicos de la Procuraduría Agraria, Guillermo Gallegos
Muñíz, el director general de la Unidad de Concertación Agraria de la SRA,
Juan Gatica González y el dirigente de la CAM, el diputado Humberto Serrano Pérez,
además de un grupo de militantes de esta organización.
Los
comuneros se quejaron la semana pasada de “extrañas” interpretaciones de al
ley motivadas por intereses de compañías inmobiliarias.
El
diputado Serrano Pérez señaló que la ley protege plenamente la propiedad
comunal, ya que ésta es inalienable, inembargable e inimprescriptible, y que
existe una diferencia sustancial entre ejido y propiedad comunal.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
LA
SCT SE DESLINDA DE LOS RECLAMOS LEGALES POR LAS EXPROPIACIONES PARA EL NUEVO
AEROPUERTO.
Patricia Muñoz, La Jornada, página 18, lunes 19 de noviembre.
La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó de los reclamos
legales, pagos de indemnizaciones y otros asuntos relativos a los ejidatarios
afectados por la expropiación de tierras para la construcción del nuevo
aeropuerto internacional en el ex vaso de Texcoco.
En
San Salvador Atenco, un grupo de 120 campesinos de Tepoztlán, Morelos, se sumó
al movimiento de resistencia de los ejidatarios locales. "Hay que correr el
riesgo de ser encarcelados, incluso de perder la vida para no permitir que se
destruya la madre tierra, a las familias y las costumbres", exhortaron los
tepoztecos, quienes durante dos años lucharon para impedir que sus tierras se
convirtieran en campo de golf.
Funcionarios
de la SCT especificaron que "las secretarías de Agricultura, Desarrollo
Social y otra más enfrentarán la situación de los pagos y los asuntos
relativos a las expropiaciones. El apoyo integral para los pobladores de los
municipios mexiquenses que serán impactados por la obra -infraestructura de
transporte, comunicaciones, salud, educación, posibilidades de empleo bien
remunerado e indemnizaciones por la expropiación- será consensuado entre la
Sagarpa, Sedeso, Economía, Hacienda y SCT", entre otras, indicaron.
Explicaron
que no se ha cuantificado el monto para dicho "apoyo integral", pero
que podrá estar listo en las próximas semanas. Puntualizaron que a la SCT le
corresponde desarrollar los estudios previos, convocatorias, primeras
licitaciones del proyecto y lo relativo a la situación operativa del mismo y a
eso está abocada.
En
la explanada principal de San Salvador Atenco, donde se reunieron unos 500
pobladores de esta cabecera municipal y de otros ejidos afectados por la
expropiación, los tepoztecos advirtieron que la base del movimiento de
resistencia para evitar el despojo de las tierras por el gobierno federal es la
unidad. "Nunca se vayan a dividir", dijo Mauricio Franco, de la
comunidad de Santa Catarina, y quien estuvo preso 15 meses por oponerse al
proyecto del campo de golf.
Fermín
Bello Villamil, ex alcalde de Tepoztlán, recomendó a los habitantes de San
Salvador Atenco, Acuexcomac, Tocuila, Santa Isabel Ixtapa, El Salado, San Felipe
y Santa Cruz, La Magdalena, San Andrés Riva Palacio y de Francisco I. Madero
reunirse con cada sacerdote de esas comunidades para pedir su apoyo: que en sus
homilías hagan un llamado a los feligreses a la unidad y de lo importante que
es mantener la lucha por conservar la tierra.
Antonio
Reyes, otro de los habitantes de Tepoztlán, comentó que en este municipio
morelense "hemos seguido paso a paso su caso y una vez más el gobierno
federal muestra que su único interés es ayudar a los empresarios (y) que los
campesinos no le interesamos. Por eso todos los pueblos tenemos que levantar
juntos las voces de protesta". También recomendó involucrar en la lucha
contra la construcción del aeropuerto a los pobladores de la región de Texcoco
que no se han pronunciado abiertamente y que se mantienen al margen de las
protestas.
Recordó
que en Tepoztlán la lucha por la defensa de la tierra fue larga y difícil,
hubo detenidos y una persona murió en un enfrentamiento con las autoridades del
estado, pero "no nos doblegaron a pesar del miedo y la persecución. Deben
entender que la tierra es nuestra supervivencia y que no estamos dispuestos a
que sigan pisoteando nuestra dignidad".
El
profesor Lara, otro de los tepoztecos, dijo que depende de los campesinos e indígenas
que luchan por su tierra que el ideal de Emiliano Zapata -la tierra es de quien
la trabaja- no muera. "Si nosotros no la defendemos, nadie más lo hará."
Ignacio
del Valle, uno de los líderes del movimiento ejidal de Atenco, quien tiene aún
inflamado el ojo izquierdo por el toletazo recibido en el choque con los
granaderos de la ciudad de México el miércoles 14, pidió a los pobladores de
San Salvador Atenco desoír los rumores de que ya se vendieron. Asentó:
"Esta lucha no es un juego".
Mientras,
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México unos 30 habitantes de la
delegación Venustiano Carranza e integrantes del movimiento El Barzón,
informaron que, de acuerdo con una encuesta de agosto pasado, 60 por ciento de
los participantes se pronunció a favor de que el aeropuerto internacional sea
reubicado; sin embargo, a pregunta expresa de si los beneficios económicos
fueran repartidos a través de servicios en la delegación, 84 por ciento apoyó
la estancia de la terminal aérea por una década más.
Recurso
del GDF
Por
otra parte, el secretario de Gobierno del DF, José Agustín Ortiz Pinchetti,
dijo que el recurso legal que se interpondrá contra la decisión de levantar el
aeropuerto en Texcoco está directamente vinculado a la defensa de los
ciudadanos mediante la protección del ambiente y al desarrollo sustentable que
debe tener la ciudad.
Antes,
el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay una primera
versión del recurso que interpondrán antes del 5 de diciembre.
Dijo:
"Es totalmente injusto lo que está pasando con los campesinos, hay toda un
intención discriminatoria, excluyente; cuando se lleva a cabo la expropiación
y se decide pagar a 6 pesos el metro cuadrado y luego cuando se dice que los
campesinos pueden convertirse en maleteros o en taxistas: eso es una falta de
respeto y es una violación a los derechos humanos".
APROVECHAN
PROTESTAS DE EJIDATARIOS DE ATENCO.
Erika Hernández, Reforma, página 18, lunes 19 de noviembre.
Antes
de que el Gobierno federal decretara la expropiación de tierras en San Salvador
Atenco y Texcoco, varios líderes ejidatarios que encabezan las protestas de
resistencia al nuevo aeropuerto, ya participaban en organizaciones de izquierda.
En
las dos últimas semanas, a sus protestas se han unido diversos grupos civiles,
no sólo para aliarse a la causa de los campesinos, sino también para
aprovechar este escenario y sumar sus demandas.
La
entrada de agrupaciones como el Consejo General de Huelga, el Frente Popular
Francisco Villa, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, la Unión
Campesina Democrática, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de
Chapingo, la Convención Nacional Indígena y líderes locales del PRD y PRI,
han puesto en tela de juicio, para vecinos que no participan activamente en el
movimiento, la autenticidad del mismo.
La
organización ejidal Emiliano Zapata es la única que actualmente encabeza las
manifestaciones contra el aeropuerto en Atenco; y sus líderes no desmienten
haber recibido ayuda, aunque aseguran que la aceptan sin ningún interés
partidista.
Al
estallar las protestas, el 22 de octubre, poco a poco los grupos hicieron su
aparición, los primeros en llegar al plantón indefinido, que sostienen los
campesinos afuera del Palacio Municipal, fueron los trabajadores y estudiantes
de la Universidad de Chapingo.
Días
después arribaron miembros del CGH, quienes pidieron instalar mantas en apoyo a
la protesta, y para la primera marcha de Texcoco a Los Pinos, el 30 de octubre,
ya eran cinco los grupos ajenos a los campesinos, ente ellos el PRD y PVEM,
quienes otorgaron autobuses para esa protesta.
Hasta
ese momento, el Frente Unido de Comunidades en Contra del Aeropuerto (FUCCA), en
el cual se aglutinaron 13 grupos de ejidatarios, no habían expresado su
inconformidad por la llegada de otras organizaciones.
Sin
embargo, el CGH, principalmente, comenzó a intervenir en decisiones del
comisariado ejidal, y aunque eran en tono de opinión, pidieron su expulsión de
las asambleas, pero no del plantón.
Ahora
el FUCCA se disgregó y sólo queda el grupo ejidal Emiliano Zapata, considerado
como el más radical, y quien mantiene contacto con los movimientos incorporados
que piden soluciones a otras causas, como la liberación de María Luisa Cortés,
encarcelada por fraccionar ilegalmente la comunidad El Salado, así como el
esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa y rechazar la privatización del
sector eléctrico.
"Ha
venido gente de Tizayuca, de Tepoztlán y Xochimilco. La gente de Chapingo nos
dio un donativo de mil pesos y nos mandaron 15 bultos de frijol; han venido
estudiantes de la UAM y de la UNAM para apoyarnos", dice María Trinidad
Ramírez, de Atenco Unido.
Ayuda
sospechosa
La
presencia de los ejidatarios de Tizayuca levanta la sospecha entre integrantes
del movimiento mexiquense, quienes no descartan la posibilidad de que respondan
a intereses del gobierno hidalguense.
"Así
como viene gente de Tizayuca, que dice que hay un interés para que se haga en
Hidalgo, también han venido grupos de allá que dicen que tampoco quieren el
aeropuerto.
"Simplemente
los dejamos manifestarse, así como hay distintos grupos políticos que se
presentan, del PAN y del PRD", comenta Adela Romero, integrante del ejido
Emiliano Zapata, quien afirmó que no han pedido a la gente de Tizayuca que se
identifique, por lo que desconocen si representan a un empresario o político
importante.
La
ayuda que reciben de estos grupos, agregó, consiste en recolectar dinero para
el envío de víveres, declaraciones públicas de apoyo y asistencia de algunos
líderes a los puntos de conflicto.
El
argumento de otros grupos civiles, es que la protesta de Atenco es uno más en
la lista de levantamientos sociales que apoyan en otros puntos del país.
"Los
campesinos nos buscaron para asistir a un foro (el 9 de noviembre) y ahí
decidimos sumarnos a su lucha. En la manera en que se desarrolle la situación
plantearemos el mecanismo de apoyo", dijo Neftalí Miranda, miembro del
FZLN.
Las
organizaciones se han hecho presentes no con sus líderes principales, sino que
han enviado a por lo menos cinco de sus integrantes, a muchos de ellos se les ha
llamado gente de la nueva camada y afirman que sus agrupaciones no han
aprovechado el escenario para resurgir sus causas.
Lázaro
Minero, integrante del CGH, señaló que unos 20 compañeros participan
directamente con el problema de Atenco con colectas de dinero, víveres e
información en sus escuelas o facultades.
Eduardo
Navarro, del Frente Popular Francisco Villa, el cual tiene una base de apoyo de
200 personas en el predio irregular El Salado, afirmó que en todos los
movimientos sociales donde participan son respetuosos de las decisiones de la
agrupación.
En
sus discursos, otras agrupaciones han expresado su desconfianza en que el
jurista Ignacio Burgoa defienda a los campesinos, y hasta han propuesto que sea
vigilado por la Asociación Abogados Democráticos, que defendieron a los
paristas durante el paro en la UNAM, y quienes fueron relacionados con el PRD.
Apoyo
intelectual
El
10 de noviembre, durante un mitin organizado afuera del auditorio municipal
Emiliano Zapata, ex activistas del Comité Nacional de Huelga de 1968, como César
Tirado, Leopoldo Ayala y Fausto Trejo, a quienes los campesinos les solicitaron
su apoyo moral por ser intelectuales y académicos de izquierda, cuestionaron la
representación de Burgoa y afirmaron que el subcomandante Marcos pronto haría
pública su postura sobre el conflicto ejidal.
"Burgoa
es un experto en leyes, pero no recuerdo una vez que haya defendido a los
pobres, yo les sugiero lo siguiente: que con Burgoa colaboren, por no decir que
lo supervisen unos compañeros abogados de toda nuestra confianza, que son
abogados democráticos", afirmó Trejo en su discurso.
Otro
de sus compañeros, quien dijo llamarse David Roura y trabajar en una empresa de
Hidalgo, portaba una chamarra de la Asociación de Charros de Tizayuca, sin
embargo, no quiso responder el por qué de su atuendo y la compañía donde
laboraba.
"Estamos
dispuestos a continuar con el apoyo moral, vamos a venir cuantas veces sea
necesario, las que ellos nos pidan, principalmente para motivarlos en su
lucha", expuso.
El
área de la Universidad de Chapingo que más ha apoyado a los campesinos, con
donativos, brigadeo, promoción de la protesta, es la Carrera de Sociología
Rural; sin embargo, su acercamiento no nació con el anuncio de la nueva sede
del aeropuerto, pues profesores y alumnos siempre han estado en contacto con los
ejidatarios, principalmente por los estudios sobre tierra.
Por
ello, para Jorge Morett, profesor de Sociología Rural y miembro de la Comisión
Civil Chapingo, la cual ha participado de la misma forma con otros movimientos
sociales, la zona expropiada no se ha caracterizado por tener una organización
campesina propia, a pesar de la existencia de organizaciones como la CNC, por
eso acuso ésta agrupación de influir en los ejidatarios, a través de algunos
comisariados ejidales de extracción priísta, para negociar las tierras.
Dicha
posición también conserva Jossafat Sánchez, uno de los alumnos de Chapingo
que más a acudido a las marchas de los ejidatarios.
En
las zonas afectadas de Texcoco este tipo de organizaciones no han hecho su
aparición, ahí quienes encabezan las protestas son líderes locales del PRD y
gente de la misma comunidad, tal es el caso de Daniel Portuguez, ex regidor y ex
funcionario de la Alcaldía, quien vive en la Magdalena Panoaya; Erasmo Ramírez,
empleado del Ayuntamiento y está en el área de Tocuila; y Diego López, ex
primer regidor, quien apoya a los de San Felipe.
En
estas comunidades los ejidatarios afirman tener el apoyo del Edil perredista
Horacio Duarte, quien les ha proporcionado autobuses para marchas y les
"abrió los ojos" para negociar con el Gobierno mejores precios para
las tierras.
Aunque
al movimiento de Atenco se han unido organizaciones presuntamente ligadas con el
PRD, este partido es la tercera fuerza política en ese Municipio, pues en las
elecciones del 2001, obtuvo 2 mil votos contra 2 mil 500 del PAN y 4 mil del
PRI.
Apoyo
'incondicional'
Organizaciones
sociales que participan o han participado en varias etapas del plantón en
Atenco.
Frente
Zapatista de Liberación Nacional.
Frente
Popular Francisco Villa.
Convención
Nacional Popular.
Consejo
General de Huelga.
Comité
de Campesinos Pobres.
Unión
Campesino Demócrata.
Indígenas
Migrantes.
Comité
Obrero de Derechos Humanos en Defensa de la Educación y el Trabajo.
Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.
Coordinadora
Nacional Plan Ayala.
Sindicato
de Trabajadores Académicos de la Unidad Autónoma de Chapingo.
Estudiantes
de Chapingo.
Consejo
Mexicano de ONG's Pro Naciones Unidas.
Movimiento
de Unidad y Lucha Popular.
Costureras
19 de septiembre.
Ex
integrantes del movimiento estudiantil del 68.
Pueblos
Unidos de Tláhuac.
LLEVARÁN
GDF EL CASO DE AEROPUERTO A LA SUPREMA CORTE.
Mónica García Durán, Excélsior, página 5, lunes 19 de noviembre.
Antes
del 5 de diciembre próximo el gobierno capitalino interpondrá ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para revocar la
decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional en el municipio
mexiquense de Texcoco, dio a conocer el secretario general
de Gobierno José Agustín
Ortiz Pinchetti, en el palacio del Ayuntamiento.
En
la ceremonia por el 177 aniversario de la Expedición del Decreto de Creación
del Distrito Federal, en sendas entrevistas, al inicio y término, el
funcionario confió en que la Suprema Corte, una vez presentada la controversia
constitucional, emita una suspensión, con lo que el Gobierno Federal quedaría
imposibilitado para iniciar las obras del nuevo aeropuerto internacional.
Expuso
que si se otorga la suspensión el Gobierno Federal no podrá hacer ninguna acción,
porque sería ilegal; insistió en que las autoridades capitalinas esperan que
la Federación observe una conducta impecable en dicho proceso legal, porque
“nosotros, por nuestro lado, continuaremos por la vía estrictamente
constitucional”.
En
estos momentos la controversia está a punto de concluir su reestructuración y
actualmente se busca el apoyo de científicos de diferentes instituciones
educativas, nacionales y extranjeras, para apoyar y consolidar mediante dictámenes
y peritajes el punto de vista de gobierno de la ciudad.
Ortiz
Pinchetti aseguró que hay grandes posibilidades de que prospere la controversia
por distintos medios de defensa: “Lo importante es que todo se haga de acuerdo
con la Ley y en el marco de las instituciones; confiamos en el nuevo Poder
Judicial, que está surgiendo y consolidándose como un ente que equilibra a los
otros poderes y que por medio de la vía jurisdiccional ha permitido que se
resuelvan estos diferendos”.
Informó
que un grupo de abogados trabaja actualmente en el perfeccionamiento de los
medios jurídicos de defensa, a fin de que proceda la controversia
constitucional que se presente: “Confiamos en que la Corte cumplirá
cabalmente con su responsabilidad”, dijo.
“La
nueva forma de actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sorprende;
antes, insistió, estaba uno acostumbrado a un Poder Judicial sometido, en lo
fundamental, al Poder Ejecutivo; pero esta evolución es sana: “Creo que
podemos estar confiados en que se aplicará la ley”.
Indicó
que la aplicación de la ley no será mecánica, sino con rectos principios, que
es la defensa del interés de la comunidad, toda vez que se defenderá el interés
de la capital y de los ciudadanos. “Básicamente, se trata de defender, que no
se distorsione y se interrumpa el proceso de rectificación en el desarrollo
urbano, así como la garantía de que esta capital no será privada del
aeropuerto que hoy tiene”.
Esto
es, insistió: “defenderemos el derecho que tienen los capitalinos de acuerdo
con el artículo cuarto constitucional y otros, a vivir bien y a tener un medio
propio para el desarrollo personal, familiar y colectivo.
De
construirse, dijo el funcionario, ese aeropuerto, se afectaría severamente al
Distrito Federal no sólo por la creación de un polo de desarrollo que es
negativo porque orienta el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, zona ya
saturada del lado mexiquense, sino por el daño que se haría con la desaparición
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
DISTRITO
FEDERAL
IMPEDIRÁN
QUE CREZCA EL ASENTAMIENTO IRREGULAR.
David Cano, El Universal, página
8-B, lunes 19 de noviembre.
El asentamiento irregular de
Amalacachico, en Xochimilco, es un problema que tiene más de cuatro años y las
actuales autoridades no permitirán su crecimiento porque se encuentran en una
área natural protegida, afirmó la directora general jurídica y de gobierno,
Lucerito del Pilar Márquez Franco.
Adicional
a lo anterior, comentó que esta zona tiene la declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Humanidad, por lo cual debe cuidarse al máximo pues tiene la
característica de ser una de las zonas de mayor recarga del acuífero en todo
el DF. Al hacer una revisión de la situación de la propiedad, Lucerito del
Pilar Márquez reconoció que este predio, donde fueron derruidos varios puentes
que permitían el acceso hacia la zona, es propiedad privada, pero esto no le da
la característica de ser habitacional y de construir porque no tiene el uso de
suelo.
Además,
dijo, el decreto expropiatorio de 1992 señala que no pueden existir
asentamientos humanos y no puede modificarse el hábitat, por ser área natural
protegida. Explicó que este lugar está junto a otro asentamiento irregular
denominado El Ranchito, mismo que está liderado por Ana Bertha Pantoja, una de
las presuntas líderes del PRI y que está acusada por ser una invasora de zona
de reserva ecológica.
La
funcionaria agregó durante una reunión que sostuvo con los colonos en la
delegación que fue amenazada de muerte por la líder Nancy Rodríguez Pantoja,
hija de Ana Bertha, a quien consideraban priísta, pues participó con el ex
candidato a jefe delegacional en el año pasado.
Márquez
Franco dijo que al igual que los demás funcionarios de la delegación resultó
sorprendida cuando algunos miembros del PRD solicitaron audiencia con el
delegado para defender a los invasores de Amalacachico.
Es
cierto, comentó que a muchos de los actuales propietarios resultaron
defraudados por adquirieron con la idea de construir sus casas, pero no tuvieron
el cuidado de conocer el uso de suelo, ni los procedimientos jurídicos que
existen detrás de este terreno de varias hectáreas y que tiene más de 300
viviendas, mismas que tendrán que ser demolidas.
GUERRERO
DAN
A CAMPESINOS INDEMNIZACIONES.
Nota informativa, Reforma, página 31, lunes 19 de noviembre.
La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aportó el millón de pesos
que le correspondía para pagar la indemnización a los campesinos afectados en
sus tierras por la construcción de la Autopista del Sol.
El
dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García,
dijo en entrevista que el gobierno federal finalmente aportó su parte para
indemnizar a los 700 campesinos de diversos ejidos del estado, así lo da a
conocer Notimex.
Sin
embargo, afirmó que aún falta que el gobierno del estado aporte la parte del
pago que le corresponde, que son 2.50 pesos por metro cuadrado, que en este caso
rebasaría los dos millones de pesos que hacen falta cubrirse.
Explicó
que al gobierno federal le tocó pagar sólo un peso por metro cuadro a cada uno
de los 700 campesinos.
QUERÉTARO
CASI
NULOS LOS CONFLICTOS POR TERRENOS EN SIERRA GORDA, ASEGURA REFORMA AGRARIA.
Alejandro Guillén, El Sol de México, página 4B, lunes 19 de noviembre.
Dice
el delegado de la Reforma Agraria que no existen problemas agrarios en la Sierra
Gorda, como tampoco hay ya tierra que repartir, aunque acepta que hay casos
aislados por falta de definición en la determinación de colindancia en
terrenos agrarios de dos o tres municipios.
Manuel
Santana delegado estatal de la SRA en la entidad, aseguró que los problemas
agrarios en toda la región serrana ya no existen, aunque posiblemente se sigan
dando algunos pequeños” problemas en Arroyo Seco, en la Florida, en Santa Águeda,
que están tratándose.
Para
el funcionario federal una de las cosas más importantes para evitar los
conflictos por la tenencia de la tierra es que se debe de mantener informadas a
la gente del procedimiento que se tiene que llevar, porque en la medida en que
se le informa la gente está tranquila.
Afortunadamente,
dice que ya tienen limpios de conflictos agrarios varios municipios como son
Landa de Matamoros, Jalpan, Pinal de Amoles, Peña Miller, con un solo asunto, y
Arroyo Seco, donde hay tres procedimientos que se están atendiendo.
Confirmó
que en el estado ya no hay tierra que repartir, “eso ya se acabó”, lo que
ahora hay son conflictos por linderos, y lo que se tiene que hacer es atenderlos
antes de que estallen, por eso se tiene una cobertura muy amplia en la región
para darle solución a los conflictos agrarios.
Aunque
no están solucionados al 100 por ciento los conflictos agrarios, sí están
atendidos los pocos que llegan a las oficinas de la Reforma Agraria, y señaló
que son procedimientos legales muy enredosos, pero que si se les atiende la
gente no tiene problema.
Por
ejemplo menciona que en Landa, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, están
solucionados al 100 por ciento los conflictos agrarios, no así en el Arroyo
Seco y Peña Miller, donde quedan dos o tres problemas por resolver, aunque
repitió que “se les están atendiendo”.
OPINIÓN
LA
RUEDA DEL PODER.
Ángel Trinidad Ferreira, El Universal, página 8, lunes 19 de noviembre del
2001.
¿TODAVÍA
EXISTE MÉXICO?
Ramón Vera Herrera, La Jornada, suplemento “Ojarasca”, página 6, lunes
19 de noviembre.
Mientras
los bombardeos en Afganistán mantienen el terror y las tropas de la Alianza del
Norte acampan en Kabul, mientras se gritan consignas maniqueas y la nube ideológica
inunda todos los órdenes de la vida al punto de concederle a voceros del
Departamento de Estado Norteamericano espacio editorial en noticieros
televisivos mexicanos, el país parece caminar a una crisis de legitimidad en
secretarías, cámaras legislativas, dependencias y la propia presidencia.
La
guerra mundial se vive en México como crisis: económica, de miras, de
alianzas. En síntesis, una crisis política.
En
el torbellino que desnuda la debilidad de arriba, la balcanización del país,
tantas veces temida, es en realidad programa de gobierno. Las sólo en
apariencia erráticas políticas que impulsa el Plan Puebla Panamá tienen en
pie de resistencia a buen número de comunidades y organizaciones campesinas e
indígenas que, habiendo puesto en perspectiva los problemas que entrañan para
su región las acciones del ppp, han decidido defender su territorio, como en
Tepeaca, Tehuacán, partes de Morelos, la Montaña de Guerrero, Veracruz y
Tlaxcala. Esto delinea una franja de movilización justo en los corredores en
los que el ppp tiene diseñados servicios y "talleres de sudor" al
borde de las autopistas que tarde o temprano unirán el Pacífico y el Golfo,
tendiendo ramales hacia comunidades hoy alejadas.
En
el Istmo de Tehuantepec la gente denuncia por igual otro corredor de servicios,
proyectos, carreteras y parques industriales y se impulsan propuestas
alternativas. El famoso ppp cuenta hoy con una oposición en toda el área de
Centroamérica y México, que crece en alianzas.
También,
en torno a las maquilas, que han dejado por los suelos las reivindicaciones
laborales de 150 años de lucha, existe una red de lucha por condiciones dignas
que teje desde Tehuacán y Guadalajara, Mexicali, Tijuana, Monterrey, Tuxtla o Mérida.
Los
campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero, son víctimas de
atentados por protestar contra el encarcelamiento de dos de sus compañeros de
lucha, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, liberados recientemente por razones
humanitarias, siendo que en justicia el gobierno debería no sólo limpiar
su nombre sino proteger el territorio boscoso que las organizaciones de la zona
han cuidado desde los cincuenta. Y aunque se libera a unos, a otros se les
mantiene la orden de aprehensión y eso los tiene "encuevados",
cimarrones, para no perjudicar más a las familias. Y mientras tanto, el
mecanismo ideado desde las dependencias gubernamentales para defender los
bosques, incluye a los grandes empresarios de la madera, como la defensa del
petróleo incluye a consorcios empresariales de pocas firmas.
Pero
si en Guerrero luchan por el bosque y por el agua, su lucha empata con la
emprendida en el Estado de México y partes del Distrito Federal. En estas
regiones, las comunidades comienzan a reivindicar sus derechos ancestrales sobre
los recursos naturales, y enclaves como San Pedro Atlapulco, La Marquesa y otras
comunidades de la región resisten pacíficamente ante la fuga o destrucción de
sus recursos para alimentar a la urbe, que a su vez crece y amenaza con
despojarlos. El rechazo de los ejidatarios de San Salvador Atenco al aeropuerto
de Texcoco es quizá uno de los síntomas más patentes de que la especulación
de la tierra no para, y de que el gobierno de Fox está entrampado entre
desarrollar los planes de las grandes empresas constructoras e inmobiliarias, o
respetar el futuro de las comunidades campesinas, dispuestas a todo para que no
les roben la tierra, ni la vida. En el entrevero, está pendiente la revisión y
posible reforma del amparo agrario y se le asestan golpes a antiguas comunidades
como Milpa Alta, a la que se le decreta régimen de pequeña propiedad.
Son
miles las caras de este embate. La defensa de la biodiversidad ha llevado a la
impugnación casi generalizada, en el mundo indígena y ciertos sectores de la
sociedad civil, de los contratos de bioprospección, el tráfico de especies y
el patentamiento de lo que les resulta común y sagrado, propiedad de nadie.
Esto cobra visos alarmantes al constatarse la contaminación del maíz con
transgénicos en la Sierra Juárez de Oaxaca, ante la denuncia de contratos de
biopiratería en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y las Zonas Áridas del país.
Mientras
tanto, el INI estrena de funcionarios a varios indígenas, que habiendo tenido
una trayectoria entre los partidarios de la autonomía, hoy se alinean a una antirreforma
de derechos y cultura indígena que las cámaras pasaron a contrapelo de la
legitimidad alcanzada por la llamada "Ley Cocopa", la cual recibió en
marzo pasado la muestra más contundente de respaldo que haya tenido reforma
alguna.
No
contentos con alinearse, hoy estos funcionarios anuncian a voz en cuello que
encauzarán el movimiento indígena hacia algo ajeno al zapatismo, porque según
ellos los pueblos indios han perdido el rumbo. Para esto emprenden reuniones
regionales con dirigencias diversas, asesorados desde el Consejo Asesor de la
Presidencia para los Pueblos Indios por la gente que más los impugnó mientras
fuera director del INI, Arturo Warman.
Habría
que recordar las palabras de Margarito Xib Ruiz Hernández, actual delegado
estatal del INI en Chiapas, quien alguna vez escribiera (Ojarasca 17, febrero
de 1993):
Esas
prácticas indigenistas no son homogéneas [...] Pese a su diversidad, si la
relación que establecen con los pueblos indios implica continuar siendo las
instancias "ejecutoras" y los pueblos indios somos la población
"destinataria", seguimos entonces frente a una relación cuya esencia
es la misma: paternalismo y opresión.
[...]
Al asumirse monoétnico, el Estado mexicano ha impulsado un proyecto de sociedad
que privilegia al pueblo mestizo. Por eso todo indigenismo es por definición
etnocida. Más allá de su discurso, en su práctica desencadena procesos etnófagos
que más temprano que tarde conducen a la desaparición de las identidades indígenas.
[...] Es por eso que los modelos de desarrollo que promueve han sido
profundamente destructivos. El indigenismo ha sido ineficaz para llevar el
desarrollo a los pueblos indios; ahora vemos que ese no era su objetivo. En
realidad el indigenismo ha impedido el desarrollo de los pueblos indios.
Ruiz
es contundente. Por eso añade:
Desde
el punto de vista doctrinario, el indigenismo actual se enmarca dentro de lo que
se ha llamado "indigenismo de participación" [...] Congruente con la
mejor tradición del clientelismo y la corporativización, el llamado
"indigenismo de participación" se limitaba a la mera corporación de
las dirigencias indígenas de esa época a los quehaceres de la administración
pública. Así se entendía entonces la participación. Ésta, sin embargo, no
llegaba a las bases, ni pretendía la participación de las comunidades. El
indigenismo actual sigue en la ruta de la "participación", y ahora la
entiende como la "transferencia de funciones institucionales".
Si
esto es así, cabría la reflexión de que el indigenismo versión gobierno de
Fox ha vuelto al esquema de la "mera corporación de algunas dirigencias
indígenas de esta época a los quehaceres de la administración pública".
Pero
los signos ominosos no se quedan aquí. El asesinato de una defensora de
derechos humanos, intachable como Digna Ochoa, asoma la cara sucia de una guerra
sorda que no ha parado. No basta con llamar a cuentas a los asesinos, ni con
deslindar la posible responsabilidad del Ejército mexicano, los caciques de
Guerrero o una combinación de ambos. El mal señalado con el asesinato de Digna
Ochoa no es sólo la impunidad que permite asesinar a la gente más valiosa del
país. Son las truculencias denunciadas o la defensa de perseguidos
injustamente, lo que lleva a los aparatos gubernamentales o a las bandas
delincuenciales a suprimir a quien los enfrenta. Hoy, más dirigentes y
defensores de derechos humanos están siendo amenazados de muerte. Desde el
asesinato de Colosio, el ambiente político mexicano no había estado tan
enrarecido arriba, ni tan vital en resistencias que surgen abajo, de todos los
rincones del campo y las ciudades.
Parte
de la responsabilidad del recrudecimiento en las relaciones entre gobernados y
gobernantes recae en la antirreforma indígena que las cúpulas de las cámaras
hicieron aprobar, pues dio luz verde a biopiratas, especuladores de la tierra,
talamontes, narcos, empresarios maquiladores y de la industria de la construcción,
pero también a sicarios, aparatos de espionaje y caciques. Dio pie también a
impulsar desde el INI un divisionismo entre las filas indígenas, que no
necesariamente prosperará.
TOTAL
INVASIÓN DE TIERRAS EN SAN PEDRO YOSOTATO.
Francisco López Bárcenas, La Jornada, suplemento “Ojarasca”, página 7, lunes 19 de
noviembre.
La
Mixteca está prendida. A la falta de viabilidad económica de muchas de sus
comunidades se une la lucha por la tierra y los recursos naturales cada día más
escasos, generando conflictos agrarios y por los recursos naturales, que por su
gravedad las instituciones califican como "de atención prioritaria".
Muchos de estos conflictos no son propiamente agrarios; aunque revistan esa
forma, en ellos pesan más los intereses de organizaciones y líderes locales
que ven en la lucha por la tierra un espacio de disputa por el poder, lo que
confirma la legitimidad de la lucha indígena por el reconocimiento de sus
territorios, más allá de la tierra, que ya por sí sola es importante. De ello
dan cuenta los mismos afectados y los actores de fuera de las comunidades. Como
los habitantes de San Pedro Yosotato, ubicado sobre la portezuela de una
cordillera montañosa que se prolonga de norte a sur, entre dos cerros conocidos
con los nombres de El Catrín y Las Trancas, en el municipio de Santiago Nuyoó,
Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, en la Mixteca alta, que en voz de sus ciudadanos, seé-ñuú,
o hijos de la comunidad, cuentan y documentan su historia de la lucha por sus
tierras.
La
comunidad es propietaria de 499 hectáreas de tierras ejidales. De ellas 493 les
fueron otorgadas mediante Resolución presidencial del 16 de abril de 1931, más
una ampliación de 6 hectáreas del 7 de julio de 1948; para poder dotarlos de
tierras se afectó una hacienda que perteneció a una persona de nombre Modesto
Ugalde. También cuenta con una superficie de 1 357 hectáreas en bienes
comunales, tituladas por Resolución presidencial del 28 de abril de 1953, de
las cuales 36 hectáreas corresponden a zona urbana. De acuerdo al testimonio de
los seé-ñuú, las tierras de esta comunidad siempre ha sido
ambicionadas por comunidades circunvecinas, principalmente los habitantes de San
Sebastián Nopalera del municipio de Santa Lucía Monteverde, quienes fueron los
primeros en entablar una guerra que terminó aproximadamente en 1926,
prevaleciendo 74 años de paz y tranquilidad.
Los
ataques en contra de la comunidad continuaron de manera esporádica pero se
reiniciaron a partir de 1976, cuando invadieron las tierras de la comunidad,
construyendo viviendas, un tanque para agua y un panteón en una superficie de
18 hectáreas denominado Polígono Uno. La superficie mencionada es tierra para
cultivo, pero los invasores la convirtieron en zona urbana. El conflicto en
cuestión se recrudeció porque no conformes con lo anterior, a partir del 18 de
febrero de 1998 campesinos de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlan de Lázaro
Cárdenas volvieron a invadir de forma violenta sus tierras ejidales, posesionándose
de ellas y robando cosechas y ganado, a pesar de las pláticas conciliatorias
que iniciaron el día 30 de enero de 1998 por mediación de una comisión
interinstitucional, aunque en la mayoría de las ocasiones los invasores no
asistieron y cuando lo hicieron las pláticas fueron rotas por ellos mismos.
Los
días 8, 9, 10 y 11 de noviembre del 2000, San Sebastián Nopalera y su anexo
Zimatlán volvieron a invadir y posesionarse de otras 50 hectáreas de tierras
de cultivo que no eran parte del conflicto anterior. Como resultado de esa acción
las personas, mujeres y niños de Yosotato fueron expulsadas de sus viviendas:
veinte ejidatarios quedaron cercados y sin víveres; un ejidatario de nombre
Fabián E. López Díaz fue herido por arma de fuego y otro de nombre Luis
Castro Santiago desapareció. Los invasores saquearon e incendiaron las casas
abandonadas por sus moradores, así como la oficina ejidal y una escuela Conafe;
igual prendieron fuego a todo tipo de árboles y robaron el ganado mayor y
menor.
Cuando
empezó el ataque, la patrulla de la policía preventiva se retiró del lugar y
no se vio por ningún lado a la policía judicial. El mismo día 9 de noviembre
del año 2000, la Subsecretaría de Desarrollo Político del estado les informó
que el gobierno acordó la intervención del Ejército Mexicano pero no llegó
en ese momento; si lo hizo después se desconoce porque nadie lo vio. Quienes se
presentaron fueron de 7 a 8 patrullas de la fuerza pública del estado pero no
en el lugar de los hechos sino fuera del área en conflicto y sin órdenes de
intervenir: "solamente para observar de lejos". Como resultado de
estas agresiones a la fecha se encuentran invadidas en su totalidad las tierras
ejidales de San Pedro Yosotato.
Con
un coraje que no alcanzan a ocultar, denuncian que durante todos estos hechos la
comunidad no recibió apoyo alguno del gobierno en el momento que más lo
necesitaba. A pesar de la información que le enviaron, sólo llegó en
respuesta un citatorio del día 14 de noviembre enviado a la Agencia Municipal
para unas pláticas que no se realizaron, posponiéndose para el día 22 del
mismo mes y año. Ese día, la reunión fue presidida por el secretario general
y el subsecretario de Desarrollo Político de gobierno del estado. Ahí se dijo
que para poder llegar a un acuerdo negociado tenían que presentar una nueva
propuesta cediendo más tierra, lo que fue acompañado de la negativa del
gobierno para desalojar a los invasores. Éstos tienen el propósito de
arrebatar a San Pedro Yosotato el 100 por ciento de su ejido, según escrito
presentado por el subsecretario de Desarrollo Político del estado.
Afirman
que el día 24 también se entrevistaron con el presidente del Congreso local
buscando su intervención para una posible solución al conflicto pero les dijo
que no se podía desalojar a los ejidatarios que invadieron y se posesionaron de
sus terrenos ejidales; en cambio les propuso hablar con el diputado local por el
Partido de la Revolución Democrática y dirigente de la Unión Campesina Democrática,
Salomón Jara Cruz, quien tiene metidas las manos en el problema agrario.
Denuncian
que en el conflicto estuvo involucrado también un ex narcotraficante de nombre
Agustín o Fidel Bautista Mejía y su hermano de nombre Rafael Bautista Mejía,
quienes se dicen dirigentes locales de la mentada Unión Campesina Democrática;
presumen que todo esto debe saberlo perfectamente bien el gobierno del estado
porque se lo informaron, igual que al anterior, así como el hecho de que carros
cargados con despensas con el logotipo del INI, llegan constantemente a San
Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, hechos que dicen,
han constatado porque dichas unidades tenían que pasar forzosamente por la
carretera de terracería que cruza el ejido.
A
principios de mayo fue asesinado Fidel Bautista, cuando era candidato suplente a
diputado por el PRD y aunque algunos de sus compañeros han señalado a miembros
del PRI como responsables, otros han aprovechado para acusar a la gente de
Yosotato y sembrar la confusión.
Por
otro lado muchos de ellos también desconfían de la actuación de la Organización
Obrero Campesino Emiliano Zapata, OOCEZ, que aprovechando la relación de su
dirigente con algunos ejidatarios de San Pedro Yosotato, ha pretendido asumir su
defensa pero sin proponer acciones concretas, es más, dicen que cuando algunos
de ellos le piden que les informe cómo los piensa defender de la invasión de
sus tierras, en lugar de proponer acciones para recuperar sus tierras les ofrece
fertilizante para que siembren, u otros servicios.
El
poder judicial también opera en contra de Yosotato. En febrero de 1998, San
Pedro Yosotato, denunció por diferentes delitos a campesinos de Zimatlán de Lázaro
Cárdenas, quienes fueron recluidos en la penitenciaria estatal, después
trasladados a la prisión distrital para en cuestión de meses quedar libres;
por eso creen que pudo haber sido resultado de un compromiso político.
Con
desesperación declaran que no ven que haya voluntad para solucionar el
conflicto que desde su inicio se politizó, por lo que San Pedro Yosotato, aun
teniendo la razón, en la documentación legal no es acreedora de la justicia.
No obstante, siguen luchando por sus derechos de manera pacífica. "De no
ser así, este pueblo no estaría esperando del gobierno para recuperar sus
tierras", concluyen.
EL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA DENUNCIA AL GOBIERNO MEXICANO.
Eugenio
Bermejillo, La Jornada, suplemento
“Ojarasca”, página 3, lunes 19 de noviembre.
“Con
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas
constitucionales en materia indígena, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
de Independencia cobra singular importancia en nuestra Nación, ya que la
aprobación de dichas reformas constitucionales responsabiliza al Estado
mexicano por incumplimiento de sus obligaciones con la propia OIT."
Con
este planteamiento se introduce el informe paralelo que presentó a la OIT el
Congreso Nacional Indígena (CNI) el pasado mes de septiembre. Este extenso
documento, integrado por ocho partes, constituye una instantánea de la dramática
situación actual de los pueblos indios de México. La historia de este
documento empezó tiempo antes del Tercer Congreso Nacional Indígena, celebrado
en Nurío, Michoacán, cuando la Red Regional de Derechos Humanos Cualli
Nemilistli, se decidió a consensar con las organizaciones del CNI la elaboración
de un informe realizado por indígenas que sirviera de contraparte a los que
presenta como obligación el Estado mexicano. Integrada por pequeñas
organizaciones de derechos humanos localizadas en el estado de Puebla, ésta
obtuvo el consenso de las organizaciones del Congreso de Nurío para realizar un
informe con base a reportes de las organizaciones del CNI y firmado
colectivamente. En años pasados el único informe del avance en el cumplimiento
del Convenio que recibía la OIT era el elaborado por el gobierno, que vertía
los auto elogiosos informes de sus dependencias. Sin embargo, recientemente se
han hecho llegar informes realizados desde la sociedad civil, llamados
"paralelos", de tono crítico al cumplimiento del acuerdo.
El
informe del año 2001 adquiere una importancia particular: "este año se
cumplen 10 años de entrada en vigor del Convenio 169, siendo probable que en el
contexto actual de la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano
con motivo de las recientes reformas aprobadas, el gobierno pueda denunciar el
Convenio, con lo que dejaría de ser Ley Suprema y perdería vigencia",
afirmó la red poblana.
El
resultado fue un razonado "yo acuso" al gobierno mexicano sobre su
responsabilidad en la perpetuación de las condiciones de pobreza indígena y de
la falta de reconocimiento de sus derechos básicos: "La vida cotidiana de
los pueblos indígenas de México es un espejo que no deja duda alguna de que el
Estado mexicano ha incumplido con las obligaciones contraídas al ratificar el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". El
informe paralelo realizó un ejercicio que fue común en el seno de muchas
instancias del movimiento indígena los meses pasados: contrastar lo aprobado
como "reforma indígena" con el contenido del Convenio 169,
constatando las serias restricciones que impone la reforma al ejercicio de los
derechos de los pueblos: "La reforma constitucional en materia indígena
aprobada recientemente, no únicamente menoscaba los derechos ya reconocidos en
el Convenio 169, sino que incluso impide el efectivo ejercicio de los derechos
ya contemplados en éste".
Pero
quizá la parte más valiosa del informe está integrada por la sistematización
de casos concretos de violaciones a los derechos indígenas. El documento hace
un recuento de los casos indígenas mejor fundamentados para argumentar
violaciones a los derechos indígenas. En cuanto a violaciones a la política
general se exponen casos como los fraudes en contra de migrantes triquis del
municipio de Ensenada, Baja California, y la posterior fabricación de delitos
contra su dirigente Julio Sandoval. También documenta la violación al sistema
de usos y costumbres en el municipio zapoteca de La Asunción Tlacolulita,
Oaxaca, violatorio del artículo 8 del Convenio 169 y el cacicazgo que ha
despojado a la comunidad indígena zapoteca de San Juan Maninaltepec, Oaxaca.
Sobre
el caso de luchas por tierras el informe presenta la situación de los huaves de
San Francisco del Mar, en Oaxaca, que han retomado recientemente la lucha por la
mitad de su territorio que "ha sido invadido y despojado por caciques y
terratenientes respaldados tanto por el gobierno federal, como el del estado de
Oaxaca". También lo hace para los casos de San Antonio de La Laguna,
Estado de México, y los zoques de los Chimalapas, así como el caso de la Unión
de Comunidades Indígenas Huicholas, para concluir, después de un recorrido por
los hitos más importantes de la larga lucha de San Andrés Cohamiata: "sus
derechos fueron sistemáticamente negados y conculcados".
El
Plan Puebla-Panamá ha violado varios derechos colectivos de los pueblos y que
se encuentran consagrados en dicho convenio. "Al publicar dicho plan, el
gobierno ha violado el derecho de los pueblos a la consulta, como se encuentra
establecido en el artículo 6, así como el derecho de los pueblos a decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, como se establece
en el artículo 7 del mismo convenio." Es la conclusión del informe sobre
el proyecto económico gubernamental para la zona más densamente poblada de indígenas
en México, el Sureste. Se señala al Plan Puebla-Panamá como un programa
privatizador en el que se dará acceso a los recursos comunitarios y públicos a
las empresas privadas. "Una de las principales preocupaciones de los
pueblos indígenas y sus organizaciones, grupos ambientalistas, organizaciones
no gubernamentales y de la sociedad civil en general, es que el gobierno de
Vicente Fox contemple las suficientes medidas de protección ante la proliferación
de casos de biopiratería sobre los conocimientos etnobotánicos y farmacéuticos
ancestrales de los pueblos indígenas que pretenden ser patentados por compañías
transnacionales." El informe relata las suspensiones de los proyectos de
bioprospección como el ICBG-Maya y el de UNAM-Diversa. El Plan Puebla-Panamá,
que integra proyectos regionales como el Megaproyecto de Desarrollo Integral
para la región de Tehuantepec o el Proyecto Agro Milenium en el altiplano de México,
atenta contra la existencia de los pueblos indígenas ya que alienta cambios
demográficos, migratorios y de asentamientos que reducirían la población
rural, expulsando al campesinado de sus tierras para que migren a las ciudades y
deja bajo la responsabilidad de las empresas agroindustriales las tareas del
campo.
El
informe paralelo denuncia que estos planes "están diseñados para explotar
las materias primas de la región y para el emplazamiento de basura
industrial" y añade: "El avance de los proyectos maquiladores que son
parte de este plan, ha significado un deterioro ambiental para los recursos
naturales de los territorios de los pueblos indígenas". En cuanto a la
contratación laboral y condiciones de empleo el informe sostiene que el Estado
no ha sido capaz de impulsar reformas que protejan a los indígenas de las
violaciones sistemáticas de sus derechos laborales.
"El
Estado mexicano no ha tomado las medidas necesarias para promover la participación
directa de los pueblos indígenas en los programas de formación profesional,
incluso cuando organizaciones indígenas tienen propuestas e iniciativas de
formación para sus pueblos, el gobierno, lejos de escuchar y apoyar las
propuestas de ellos, los considera como rivales que se insertan en un área que
el gobierno considera propia y exclusiva". Esta es la conclusión del
apartado dedicado a la educación. En éste se describe el proyecto que durante
siete años ha desarrollado la Organización Independiente Totonaca (OIT) en el
Municipio de Huehuetla, con la creación del Centro de Estudios Superiores Indígenas
Kgoyom (CESINK), que ha sido hostigado por el gobierno estatal y municipal.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx