Sábado 10 de noviembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma El Heraldo de México • El Universal
DEPOSITA
GOBIERNO PAGO A EJIDATARIOS DE TEXCOCO.
Ramón Sevilla, Reforma, página 4, sábado 10 de noviembre.
Desde el pasado 22 de octubre, día en que se anunció que en Texcoco se
construirá el nuevo aeropuerto, el Gobierno federal depositó los recursos para
el pago a los propietarios de los ejidos expropiados.
SAN
SALVADOR ATENCO NO SE VENDE, ADVIERTEN.
Norma Pensamiento, El Heraldo de México, página 3, sábado 10 de noviembre.
Con la advertencia de que no están vendiendo sus tierras ni negociando un mejor
precio por ellas, pobladores de ese municipio anunciaron que el próximo lunes o
el martes interpondrán el amparo para “echar abajo” la expropiación de sus
terrenos, para evitar que ahí se construya la terminal aérea.
REABREN
EN PACHUCA UNA PUGNA AGRARIA.
Jorge Roldán Valencia, El Universal, página 11-B, sábado 10 de noviembre.
El conflicto agrario de Cinta Larga, por medio del cual campesinos de
Mixquiahuala y Tezontepec de Aldama pelean mil 899 hectáreas, mismo que había
quedado resuelto mediante un acuerdo entre las partes, fue reavivado por los
segundos, al reclamar nuevamente la restitución de esas tierras.
LA
RUEDA DEL PODER.
Ángel Trinidad Ferreira, El Universal, página 25, sábado 10 de noviembre.
"La Secretaría de la Reforma Agraria, no emitió el avalúo de los
terrenos que fueron expropiados mediante un decreto para construir el nuevo
aeropuerto en Texcoco, en donde los propietarios protestan porque el pago ha
sido fijado en 7 pesos metro...
AEROPUERTO
ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO
DEPOSITA
GOBIERNO PAGO A EJIDATARIOS DE TEXCOCO.
Ramón Sevilla, Reforma, página 4, sábado 10 de noviembre.
Desde
el pasado 22 de octubre, día en que se anunció que en Texcoco se construirá
el nuevo aeropuerto, el Gobierno federal depositó los recursos para el pago a
los propietarios de los ejidos expropiados.
De
acuerdo con informes de la Secretaría de la Reforma Agraria, desde hace dos
semanas tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la de Medio
Ambiente hicieron sus depósitos correspondientes en el.
Ambas
dependencias cubrieron el costo de la expropiación de tierras que solicitaron a
la SRA en Texcoco, Estado de México, que ascendió a 534 millones de pesos.
Aunque ningún campesino ha cobrado, el mero hecho de haber depositado el dinero
permite que, de acuerdo a la Ley Agraria, el gobierno tome posesión física de
los predios.
Se
trata de 19 decretos de este tipo donde se afectan 5 mil 391 hectáreas, de las
cuales dos mil 36 hectáreas serán destinadas para el aeropuerto, mientras que
tres mil 328 serán para proyectos ecológicos y ambientales.
La
expropiación de tierras afecta a cuatro mil 365 ejidatarios, los cuales recibirán
una indemnización global de 534 millones de pesos, que hace un promedio de 122
mil pesos por familia.
Según
la SRA, estos recursos ya pueden ser cobrados por los afectados en la SCT o la
Semarnat, según el caso.
Otros
22 decretos presidenciales afectan lotes privados que se ubican en los
alrededores del Vaso del Lago de Texcoco, y abarcan 79 hectáreas, mismos que aún
no son valuados.
El
director de información de la SRA, Fernando Irala, informó ayer en entrevista
que hasta el momento no han recibido solicitudes de los núcleos ejidales para
recibir el dinero.
"De
acuerdo con los avalúos que hizo la Cabin (Comisión de Avalúos y Bienes
Nacionales), el dinero ya está depositado en este fideicomiso desde el día del
anuncio, el dinero ya está a disposición de los grupos de campesinos que así
lo requieran.
"Sin
embargo, aún no hemos recibido ninguna solicitud de ningún núcleo ejidal para
entregarles sus recursos, que por ley les corresponden", explicó.
La
Cabin evaluó los terrenos expropiados de 70 a 80 mil pesos por hectárea de
temporal y de 250 a 300 mil pesos por hectárea de riego.
La
cotización anterior provocó fuertes protestas de ejidatarios que rechazan la
expropiación de sus tierras. Jurídicamente, los afectados tienen derecho a
promover demandas de amparo, donde impugnen tanto la legalidad de las
expropiaciones como el monto de la indemnización.
De
acuerdo con las disposiciones en materia agraria de la Ley de Amparo, los
ejidatarios podrían cobrar individualmente el dinero que ya se depositó en el
Fideicomiso, y aún así mantendrían su derecho a promover las demandas.
Zona
en disputa
La
superficie ejidal expropiada en los 20 decretos de la Secretaría de la Reforma
Agraria es de 5 mil 591 hectáreas:
Dos
mil 36 hectáreas serán para el aeropuerto
Tres
mil 328 para proyectos ecológicos y ambientales.
4
mil 365 ejidatarios afectados recibirán una indemnización de 534 millones de
pesos, un promedio de 122 mil pesos por familia.
Superficie
particular expropiada en 22 decretos de la Semarnat:
SAN
SALVADOR ATENCO NO SE VENDE, ADVIERTEN.
Norma Pensamiento, El Heraldo de México, página 3, sábado 10 de
noviembre.
Con
la advertencia de que no están vendiendo sus tierras ni negociando un mejor
precio por ellas, pobladores de ese municipio anunciaron que el próximo lunes o
el martes interpondrán el amparo para “echar abajo” la expropiación de sus
terrenos, para evitar que ahí se construya la terminal aérea.
Así
lo confirmó también, en la Ciudad de México el jurista Ignacio Burgoa
Orihuela, representante legal de los ejidatarios de ese municipio, quien agregó
que al contrario de lo que sucedió con la expropiación de 27 ingenios
azucareros, el recurso legal que interpondrá en defensa de ocho ejidos
involucrados y 3 mil 500 hectáreas en San Salvador Atenco, “estará bien
fundamentado”.
Confió
que con los elementos que presentará, basados en que se giró la expropiación
sin consultar antes al Congreso local, logrará revertir la decisión del
Gobierno Federal.
El
pasado 2 de noviembre, Burgoa Orihuela accedió ser el defensor de los
ejidatarios, a los que la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) les
expropió sus terrenos para construir el nuevo aeropuerto.
Al
respecto, los pobladores de San Salvador Atenco aseguraron que la intervención
del doctor den derecho, les da esperanza de que el Gobierno Federal y el del
Estado de México no cometerá el “gran robo” que pretende llevar a cabo.
Dijeron
que ellos, en una decisión de la mayor parte del pueblo, prefirieron pagar los
honorarios del doctor Burgoa Orihuela, que es de 500 mil pesos –300 pesos por
defendido- porque de esa forma se garantizará que está trabajando para ellos y
no favorecerá a ninguna parte.
Agregaron
que no confiaron en la Procuraduría Agraria, como otros ejidos, debido a que el
ser parte del Gobierno Federal puede que los “traicione”, y eso es lo que
quieren evitar.
Al
momento, según Hipólito Ramírez, presidente de vigilancia del Comité Ejidal
de San Salvador Atenco, ya son mil ejidatarios expropiados, de los mil 442, los
que han entregado los documentos para que proceda el juicio de amparo.
Declaró
que aunque tanto las autoridades municipales, la prensa y las diversas
declaraciones han querido dividir al pueblo, los habitantes de ese poblado
afectados por la decisión, así como el de Francisco I. Madero, lucharán hasta
el último momento para evitar que sus tierras sean arrebatadas.
Ignacio
del Valle, habitante del municipio de Atenco y ejidatario expropiado, dijo que
para seguir desenmascarando las mentiras que han dicho las autoridades estatales
y las autoridades federales, el próximo miércoles 14 efectuarán una marcha de
San Salvador Atenco al Zócalo de la Ciudad de México.
En
esa movilización, agregó, participarán todas las organizaciones que les han
manifestado su apoyo, como el Congreso Agrario Permanente, El Frente Popular
Francisco Villa, el Consejo General de Huelga, la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala, así como investigadores de la Universidad de Chapingo, entre otros.
Dijo
que la estrategia será salir de la plaza municipal de San Salvador rumbo a la
Ciudad de México, en el ángel de la Independencia se reunirán con todas las
organizaciones que los apoyan y de ahí se dirigirán a pie hacia la Plaza de la
Constitución.
HIDALGO
REABREN
EN PACHUCA UNA PUGNA AGRARIA.
Jorge Roldán Valencia, El Universal, página 11-B, sábado 10 de noviembre.
El
conflicto agrario de Cinta Larga, por medio del cual campesinos de Mixquiahuala
y Tezontepec de Aldama pelean mil 899 hectáreas, mismo que había quedado
resuelto mediante un acuerdo entre las partes, fue reavivado por los segundos,
al reclamar nuevamente la restitución de esas tierras.
Este
viernes, alrededor de 800 hombres del campo llegaron a Pachuca, para efectuar un
"plantón" frente a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario (TUA),
medida que cerró la circulación en la calle Cuauhtémoc, en tanto se realizaba
la tercera audiencia del juicio de restitución de tierras demandado por los
agricultores de Tezontepec de Aldama en el expediente 589/01, presentado el
pasado 5 de septiembre.
Amador
Pérez Cornejo, representante legal de los comuneros, dijo que el acuerdo
signado entre la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el gobierno estatal y
campesinos de ambos lugares no tomó en cuenta a toda la comunidad de Tezontepec
de Aldama, por lo que se mantienen inconformes.
OPINIÓN
LA
RUEDA DEL PODER.
Ángel Trinidad Ferreira, El Universal, página 25, sábado 10 de noviembre.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx