Jueves 8 de noviembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada El Universal • Reforma La
Prensa
• México Hoy • Milenio Diario • El Día • Excélsior
• La Crónica de Hoy • Novedades
"NO
VAMOS A SIMULAR UNA DEFENSA ANTE LOS AFECTADOS EN TEXCOCO''.
Entrevista, Angélica Enciso L., La Jornada, página 16, jueves 8 de noviembre.
El
procurador agrario, Valdemar Martínez Garza, señaló que hay ''aspectos de
fondo'' que pueden invalidar el decreto de expropiación de nueve ejidos de
Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, entre ellos:
el documento no argumenta legalmente la causa de utilidad pública y es
incorrecto el valor de 7.20 pesos el metro cuadrado que se derivó del avalúo.
CONDICIONAN
AYUDA A EJIDATARIOS.
Teresa Montaño, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.
La Procuraduría Agraria condicionó la representación legal a ejidatarios
afectados con el decreto expropiatorio, al señalar que si acuden a abogados
particulares no podrán contar con el apoyo de la instancia. Hasta el momento,
seis de los 13 núcleos afectados optaron por ampararse con el auxilio de esta
dependencia.
SE
RESIGNAN CAMPESINOS A EXPROPIACIÓN.
Érika Hernández, Reforma, tomado de la página
de Internet del diario, jueves 8 de noviembre.
Ante la nula esperanza de revocar el decreto de expropiación de sus tierras
para la construcción del aeropuerto, los campesinos de Santa Isabel Ixtapan y
Nexquipayac, en San Salvador Atenco, se ampararán para mejorar el precio de sus
parcelas.
CENSURA
EL ALCALDE DE TEXCOCO INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL ANTE PROTESTAS DE EJIDATARIOS.
Rene Ramón Alvarado y Javier Salinas, corresponsales, Angélica Enciso y Alonso
Urrutia, La Jornada, página 17, jueves 8 de noviembre.
Cientos de campesinos de los pueblos de Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac y Santa
Isabel Ixtapa hicieron una marcha "por la cultura y la tradición de los
pueblos", en tractores, carretas y caballos, por las tierras expropiadas.
También montaron exposiciones de los productos que obtienen del campo.
INGOBERNABILIDAD
EN SAN SALVADOR ATENCO.
Rubén Pérez, La Prensa, página 23, jueves 8 de
noviembre.
Mientras continúa la rebelión pacífica de ejidatarios y habitantes molestos
por la decisión del gobierno de ubicar el nuevo aeropuerto en Texcoco, el
presidente municipal de San Salvador Atenco, Margarito Yánez Ramos, solicitó a
los inconformes garantías a su persona para regresar al palacio municipal e
iniciar un diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.
ILEGAL
LA DECISIÓN DE TEXCOCO.
Manuel Velázquez A., México Hoy, página 10, jueves 8 de noviembre.
Los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitarán un
juicio político en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro
Cerisola y Weber a quien culparon de haber cometido una violación a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la determinación de
construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México en Texcoco.
PROPONEN
CREAR PISTA ALEDAÑA AL AEROPUERTO.
Almendra Martínez, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.
Diputados locales del PRD e integrantes del la Asamblea de Generaciones de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM presentaron el proyecto "Terminal
2" que consiste en la construcción de una nueva pista en las inmediaciones
del actual aeropuerto del Distrito Federal.
EL
AEROPUERTO EN TEXCOCO PODRÍA RETRASARSE.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 33, jueves 8 de noviembre.
La construcción del aeropuerto podría retrasarse por lo menos un año si el
Poder Judicial otorga amparos a los ejidatarios, reconoció el procurador
agrario, Valdemar Martínez Garza.
RESPETARÁ
EDOMEX DECISIÓN DE EJIDATARIOS.
Nota informativa, El Día, página 6, jueves 8 de noviembre.
La secretaria de Ecología del Estado de México, Martha Hilda González calderón,
dijo que esta administración será respetuosa de las acciones jurídicas que
tomen ejidatarios del municipio San Salvador Atenco sobre la construcción del
aeropuerto alterno a la Ciudad de México, pues como ciudadanos pueden ejercer
sus derechos.
ATADOS
DE MANOS, CAMPESINOS DEL DF.
Emilio Vásquez, México Hoy, tomado de la página de Internet del diario,
jueves 8 de noviembre.
Campesinos
del Distrito Federal exigieron al jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, derogue la ley local de reordenamiento ecológico, por considerar que
coarta la libertad de producir en la zona rural de la Ciudad de México.
EDICTO.
El Universal, página 6-B, jueves 8 de noviembre.
Se les hace saber que en los autos del juicio de amparo número 561/2001,
promovido por el comisariado ejidal del poblado de “Santa María Ticoman”,
delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, contra actos del Secretario de
la Reforma Agraria y otras autoridades, del índice de este Juzgado Séptimo de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se les ha tenido como
terceros perjudicados y se ha señalado como acto reclamado destacando la
resolución presidencial de fecha nueve de febrero de mil novecientos sesenta,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo del mismo año.
CONVENIO
AUTORIDADES-LÍDERES DE COLONOS IMPEDIRÁ QUE SE MULTIPLIQUEN ASENTAMIENTOS
IRREGULARES EN IZTAPALAPA.
Manuel Magaña, Excélsior, página 19, jueves 8 de noviembre.
Autoridades delegacionales y líderes de colonos de Iztapalapa firmaron ayer un
acuerdo para evitar que la demarcación continúe creciendo anárquicamente. El
convenio suscrito evitará que 22 “campamentos” de demandantes de vivienda
multipliquen el número de asentamientos humanos irregulares en la demarcación
más poblada del Distrito Federal, con un millón 900 mil habitantes.
DESALOJADOS
GOLPEAN AL ALCALDE DE LOS REYES LA PAZ.
María de los Ángeles Velasco, La
Jornada, página 43, jueves 8 de noviembre.
Al menos 15 personas detenidas y cuatro golpeadas, entre ellas el edil Dino
Ortiz Rodríguez y el director de Gobernación estatal, fue el saldo que dejaron
varios conatos de violencia que se registraron en este municipio, luego de que
habitantes del predio Tepapatlaco efectuaron una manifestación para exigir la
restitución de sus terrenos irregulares, de los cuales fueron desalojados el
pasado martes.
TEMEN
CHOQUE POR TIERRAS EN QUERÉTARO.
Juan J. Arreola, El Universal, página 12-B, jueves 8 de noviembre.
Poco más de centena y media de indígenas otomíes de la comunidad de Santiago
Mezquititlán se dijeron dispuestos a defender "con todo" poco más de
800 metros cuadrados de tierras comunales que, a su decir, el ex delegado
municipal en la localidad, Néstor Chaparro Sánchez, pretende apropiarse.
PREVÉN
MENOS ASIGNACIONES PARA EL CAMPO.
Jorge Arturo Hidalgo, Reforma, página 4-A, jueves 8 de noviembre.
Un Presupuesto de Egresos menor en términos reales al de este año, con menores
recursos para el campo, sin variaciones a la alza para programas sociales y con
ingresos menores por la caída en el precio del petróleo y la recesión económica
mundial es lo que esperan los diputados que entregue la Secretaría de Hacienda
este viernes.
VOTA
HOY SENADO NUEVA LEY RURAL.
Juan Arvizu, El Universal, página
18, jueves 8 de noviembre.
El pleno del Senado votará hoy la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y este
ordenamiento dirigido a normar la planeación de la actividad agropecuaria del
país estará listo para que lo promulgue el Ejecutivo federal.
TEMPLO
MAYOR.
F. Bartolomé, Reforma, página 20, jueves 8 de noviembre.
VISTO EL BRONCON que se armó por la expropiación de terrenos para construir el
nuevo aeropuerto en Texcoco, el gobierno federal y el mexiquense tuvieron que
ponerse a trabajar.
EN
CORTO.
Columna de Guillermo Ortega, La Crónica de Hoy, página 13, jueves 8 de noviembre.
Entre patos. Analizando cómo fue tomada la decisión, es notorio que, políticamente,
faltaron amarres con los diversos actores y, debido a la urgencia del Presidente
para hacer el anuncio, cuando el secretario de Gobernación quiso hacerlos ya no
hubo tiempo. Esto fue evidente durante la comparecencia del secretario Cerisola
ante el Poder Legislativo, cuando los diputados lo tacharon de mentiroso, cínico
y fullero, asegurando que hace tiempo se habían “cargado los dados” a favor
de Texcoco.
EJIDATARIOS
MEXIQUENSES PROCESADOS.
José Francisco Aguirre, Novedades, página 18, jueves 8
de noviembre.
El crecimiento de la población trae aparejada la presión en contra de los
agricultores que se ubican en las orillas de las áreas urbanas, por lo que
resulta incosteable la siembra de esas tierras y, por lo tanto, acaba con la
fuente de ingresos de esos campesinos, sobre todo si son ejidatarios y de
escasos recursos económicos.
CARTA
ABIERTA.
Ayuntamiento de Texcoco, El Universal, página 4-B, jueves 8 de noviembre.
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
P r e s e n t e
Respetuosamente le manifestamos nuestra posición ante la determinación de
construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la región
del Lago de Texcoco.
AEROPUERTO
ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO
"NO
VAMOS A SIMULAR UNA DEFENSA ANTE LOS AFECTADOS EN TEXCOCO''.
Entrevista, Angélica Enciso L., La Jornada, página 16, jueves 8 de
noviembre.
La
dependencia impugnará el proceso de expropiación en dos frentes: la
inconstitucionalidad del decreto y el pobre avalúo, informa
El
procurador agrario, Valdemar Martínez Garza, señaló que hay ''aspectos de
fondo'' que pueden invalidar el decreto de expropiación de nueve ejidos de
Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, entre ellos:
el documento no argumenta legalmente la causa de utilidad pública y es
incorrecto el valor de 7.20 pesos el metro cuadrado que se derivó del avalúo.
Anunció
que la Procuraduría Agraria (PA) representará legalmente a nueve de los 13
ejidos afectados, y que la semana próxima se presentará la demanda de amparo.
En entrevista, se refirió una y otra vez al avalúo de la Comisión de Avalúos
y Bienes Nacionales (Cabin), la cual, dijo, ni siquiera tomó en cuenta el valor
catastral de las tierras, el cual es 70 por ciento más alto de lo que fijó.
Aseguró
que la PA defenderá los intereses de todos los ejidatarios y pidió a los
campesinos afectados ''tener confianza en nuestra institución; no vamos a
simular una defensa de sus intereses". Además aseguró que el organismo
absorberá todos los gastos. Martínez Garza dijo que si el amparo se concede,
podría ser en dos sentidos: contra el decreto en sí mismo o contra el avalúo
incorrecto; en el último caso éste se deberá corregir.
Empieza
el proceso legal
Desde
el 22 de octubre, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dio a
conocer el decreto de expropiación de 5 mil 300 hectáreas a unos 4 mil 300
propietarios de 13 ejidos de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, comenzaron las
protestas por el precio del avalúo y por el mismo decreto de expropiación, por
lo que los campesinos han decidido proceder legalmente. La PA representará a
los ejidatarios de Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapan, de Atenco; San Miguel
Tocuila, San Martín Nezahualcóyotl, San Bernardino, Santiago Cuautlalpan, San
Felipe y Santa Cruz de Abajo, de Texcoco, y el ejido de Chimalhuacán.
-¿Cuál
será el trabajo de la procuraduría con los ejidatarios?
-El
31 de octubre asistí a una reunión en Texcoco y gente de nueve de los 13
ejidos escucharon la posición de la PA, la cual es quien naturalmente defiende
los intereses de los campesinos. Les informamos que les daremos toda la
información de la cual dispongamos para defender sus intereses. Cuando estuve
con ellos no les fui a ofrecer que se sentaran a la mesa de negociaciones, sino
les ofrecí la representación legal del organismo para combatir la
inconstitucionalidad del decreto por vicios propios y además para
inconformarnos a través del juicio de garantías por el indebido avalúo que se
fijó a las tierras.
"Esta
fue la oferta de la PA. Los convencí de que es la mejor opción para su
defensa. Hay un equipo de abogados preparados, especialistas en materia agraria
y además gente con conocimiento de la materia de amparo. Yo siempre he sido
abogado litigante y tengo más de 20 años de ser profesor de amparo; incluso
tengo un libro. La materia constitucional de garantías no me es desconocida.
Creo que podemos hacer un gran papel en esta defensa y también les hice saber
que el hecho de iniciar las acciones legales no excluye la posibilidad de una
futura negociación para quien así lo solicite.''
-¿Qué
irregularidades se encontraron en el decreto de expropiación?
-Hay
19 decretos expropiatorios que se van a combatir y cada uno tiene sus propias
particularidades. Uno de los aspectos que se han escuchado insistentemente es la
indebida valuación de las tierras. Yo creo que tanta gente no puede estar
equivocada; me refiero a los miles de campesinos afectados que protestan enérgicamente
por los avalúos. Estoy convencido de que el avalúo emitido por Cabin no
coincide con el valor comercial de las tierras.
"La
ley agraria establece que se debe tomar el valor comercial para determinar el
precio de los inmuebles. Estoy completamente seguro de que Cabin no emitió un
avalúo atendiendo esto. Algo que me impulsa a emitir esta opinión es que en la
gaceta oficial del gobierno del estado de México del 26 de diciembre del 2000
aparecieron las tablas de valores para efectos de impuesto predial y resulta que
estos valores catastrales son superiores en promedio en 70 por ciento a los que
emitió Cabin. Vemos dos valores oficiales: el de Cabin y el de ese gobierno; no
es posible que sean tan discordantes uno del otro. Además sabemos que el valor
catastral no rige las operaciones comerciales. Todo esto me lleva a la convicción
de que el avalúo de Cabin está equivocado.
"En
este caso el Ejecutivo ya opinó. Ahora la procuraduría defenderá los
intereses de todos los ejidatarios. Los campesinos afectados deben tener
confianza en nuestra institución. Para empezar el avalúo debe ser combatido,
pero también analizamos aspectos de fondo que pudieran afectar la existencia
misma del decreto expropiatorio''.
-¿Como
qué aspectos?
-No
hemos concluido el estudio, porque requerimos tener en nuestro poder el
expediente de cada uno de los 19 decretos expropiatorios. Ahí es donde vamos a
encontrar las irregularidades. Del decreto que aparece publicado no podemos
deducir las violaciones procesales que debe llevar el trámite de expropiación,
pero ya con la autorización legal de los núcleos agrarios vamos a solicitar
copia de todos los expedientes.
''No
vamos a simular una defensa de los intereses de los ejidatarios. Será una lucha
real. Yo creo que es imprescindible que intervenga el Poder Judicial de la
Federación para analizar la constitucionalidad del decreto de expropiación,
tanto en el aspecto de fondo como en el avalúo, que no fue emitido de acuerdo
con el valor comercial de las tierras.''
-¿Es
legítima la representación de los nueve núcleos agrarios que defenderá la
procuraduría?
-Cada
comisariado ejidal en lo particular ha decidido otorgar su autorización para
que la PA los represente en el juicio de amparo. Si hablamos en relación con el
número de ejidos ya tenemos mayoría, pero además hay alrededor de cien
ejidatarios de San Salvador Atenco que en lo individual han acudido a la PA.
-¿En
el decreto está suficientemente justificada la causa de utilidad pública para
llevar a cabo la expropiación de las tierras?
-Si
hablo exclusivamente del decreto que apareció publicado en el Diario Oficial
de la Federación no me parece claro que esté justificada la causa de
utilidad pública. Debe tener una justificación legal y material, lo cual no se
ve claro. Puede haber argumentos, pero de nada sirven si no existen las pruebas.
Una persona puede hacer una excelente demanda, con los mejores argumentos que te
imagines, pero si no aporta las pruebas para acreditar su acción va a perder,
por buenos argumentos que tenga. Independientemente de los argumentos que se
presenten, éstos deben tener un sustento probatorio. La justificación legal y
material de la causa de utilidad pública no se ve claramente en el decreto.
Este será otro de los argumentos.
-¿Qué
resultados se obtendrían en caso de otorgarse el amparo?
-Si
el amparo se concede contra el decreto en sí mismo por considerarse
inconstitucional quedaría sin efecto desde el punto de vista jurídico. Si se
concede para el efecto de un avalúo conforme al valor comercial, será esto lo
que habría de cumplimentarse. La PA combatirá las dos partes: la subsistencia
misma del decreto y la indebida valuación de las tierras. No puedo pensar que
tierras conurbadas al Distrito Federal tengan un valor de 7.20 pesos el metro -7
mil 200 pesos la hectárea-; este argumento no me convence. No sé qué
argumentos tomó Cabin; todavía no conozco el avalúo y espero tenerlo pronto.
-¿Su
visita a Texcoco el mismo día que los campesinos de San Salvador hicieron su
movilización a Los Pinos fue tomada como una intención de divisionismo?
CONDICIONAN
AYUDA A EJIDATARIOS.
Teresa Montaño, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.
La Procuraduría Agraria
condicionó la representación legal a ejidatarios afectados con el decreto
expropiatorio, al señalar que si acuden a abogados particulares no podrán
contar con el apoyo de la instancia. Hasta el momento, seis de los 13 núcleos
afectados optaron por ampararse con el auxilio de esta dependencia.
Amado
Acosta García, representante regional de la Procuraduría Agraria señaló en
entrevista que llevará la defensa jurídica de los ejidos de San Bernardino,
Huexotla, Chimalhuacán, Tocuila, Nexquipayac, San Martín Nezahualcóyotl, para
interponer los amparos contra el decreto federal de expropiación.
Funcionarios
de la procuraduría y el secretario general de Gobierno del estado de México,
Manuel Cadena, sostuvieron una reunión privada con campesinos, para invitarlos
a realizar mesas de trabajo, y que busquen la revaloración de sus tierras.
Bruno Ávila
Beltrán, presidente del comisariado ejidal de Santa María Chimalhuacán señaló
que el acuerdo de la asamblea con 398 ejidatarios afectados con la expropiación
fue aceptar el apoyo legal de la Procuraduría Agraria.
Durante
la reunión, Ricardo Cruz Rodríguez, director de Conciliación y Arbitraje,
Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, advirtió a los campesinos que
si recurren a abogados particulares, para realizar pruebas periciales, éstas no
tendrán valor ante la instancia.
SE
RESIGNAN CAMPESINOS A EXPROPIACIÓN.
Érika Hernández, Reforma, tomado de la página
de Internet del diario, jueves 8 de noviembre.
Ante
la nula esperanza de revocar el decreto de expropiación de sus tierras para la
construcción del aeropuerto, los campesinos de Santa Isabel Ixtapan y
Nexquipayac, en San Salvador Atenco, se ampararán para mejorar el precio de sus
parcelas.
En
contraste, los núcleos ejidales de San Salvador Atenco, Acuexcomac y Francisco
I. Madero recurrirán a ese recurso legal para revocar la expropiación de sus
tierras, por lo que se mantienen en postura de no negociación y reafirman que
el jurista Ignacio Burgoa Orihuela los representará en el proceso judicial.
Desde
el martes, los comisariados ejidales de Ixtapan y Nexquipayac comenzaron con la
recopilación de documentos a fin de que la Procuraduría Agraria y el
Ayuntamiento los representen legalmente; sin embargo, otros ejidatarios, la
minoría, han preferido contratar abogados particulares.
De
las 3 mil 741 hectáreas expropiadas por la Federación, de acuerdo al decreto
del 22 de octubre, mil 252 corresponde a Ixtapan y 888 a Nexquipayac, mientras
que mil 78 a San Salvador Atenco, 290 a Francisco I. Madero y 230 a Francisco
Acuexcomac.
"Claro
que estamos en contra de que se instale en aeropuerto, pero cómo vamos a
impedir que se haga efectivo el decreto, es imposible luchar con el Presidente
de la República, así que la posición es que si nos van a expropiar que sea
bien pagado y no nos den esa miseria que aparece en el documento", comentó
Abdón Ledezma, campesino de Nexquipayac, quien será afectado con dos hectáreas.
La
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales dictaminó que por cada hectárea de
uso temporal se pagarán 72 mil pesos, es decir 7.20 pesos por metro cuadrados;
mientras que por la de riego 250 mil pesos, 25 pesos por metro cuadrado.
"Esa
cantidad es una burla, siete pesos son una miseria porque, ¿cómo nos van a
pagar por metro cuadrado lo que cuesta una coca cola o un litro de leche?, para
nosotros es una impotencia lo que nos están haciendo.
"Fox
venderá los locales para hoteles, restaurantes y demás negocios en dólares, y
no en uno sino en miles, no podemos creer que mientras él compra toallas de 4
mil pesos quiera que nosotros vivamos el resto de nuestra vida con 70 mil pesos,
por favor", señaló Catalina Amac, residente de Nexquipayac.
Regino
Rojas, campesino de Santa Isabel Ixtapan, calificó la acción como "una
aniquilación del Municipio", pues sólo les dejarán en parcelas de
cultivo menos del 20 por ciento del actual.
"Con
la llegada del aeropuerto se acabará la siembra y con ellos nuestro ganado, las
dos cosas de las que vivimos. También las tradiciones terminarán porque muchas
son referentes al campo, además hay que agregar que vendrá gente extraña.
"La
autoridad está comprando nuestras vidas por una baba, cómo hacer entender que
realmente somos gente que vive de la tierra y sin ella quién sabe a dónde
iremos a sobrevivir, y ver cómo los sueños de nuestra vida, como darle un
pedazo de tierra a nuestros hijos, mejorar la siembra, vivir en paz, se van
desmoronando", cuestionó.
Los
campesinos de estas dos comunidades consideran que defenderán sus tierras con
su vida si la autoridad trata de quitárselas por la cantidad de siete pesos por
metro.
También
señalaron que debido a lo caro que les costará un abogado particular,
aceptaron la oferta de la Procuraduría Agraria, órgano descentralizado de la
Secretaria de la Reforma Agraria del Gobierno Federal, pues sus servicios serán
gratuitos.
CENSURA
EL ALCALDE DE TEXCOCO INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL ANTE PROTESTAS DE
EJIDATARIOS.
Rene Ramón Alvarado y Javier Salinas, corresponsales, Angélica Enciso y Alonso
Urrutia, La Jornada, página 17, jueves 8 de noviembre.
Cientos
de campesinos de los pueblos de Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac y Santa Isabel
Ixtapa hicieron una marcha "por la cultura y la tradición de los
pueblos", en tractores, carretas y caballos, por las tierras expropiadas.
También montaron exposiciones de los productos que obtienen del campo.
Desde
temprana hora, los inconformes partieron de la cabecera municipal y se
internaron para recorrer las tierras de cultivo "que quizá para la próxima
temporada de lluvia ya no podremos sembrar". A su paso visitaron cada uno
de los pueblos, en los cuales organizaron mítines en las plazas públicas con
discursos en náhuatl.
En
Acuexcomac, Nexquipayac e Ixtapan, los campesinos montaron exposiciones de los
productos que obtienen en el campo. "Ustedes son testigos de que nuestras
tierras sí son productivas y aquí está la muestra de lo que se cosecha; es lo
que comemos".
La
movilización logró que se sumara gente que a 17 días de iniciada la
resistencia no había mostrado interés. El contingente, que partió de la
cabecera de Atenco y superó las 600 personas, llegó hasta Santa Isabel Ixtapa,
ya en los límites con el municipio de Ecatepec.
En
otro orden, sólo 800 campesinos del núcleo ejidal de San Salvador Atenco han
entregado su documentación solicitada por el abogado Ignacio Burgoa para
ampararse contra el decreto presidencial; el resto de los afectados, más de
mil, no han logrado acreditar la propiedad, por no contar con los documentos
necesarios o ignorar si se unirán a esta acción legal.
Eduardo
Martínez, secretario del comisariado ejidal, informó que la documentación
consiste en títulos de propiedad, credenciales de elector, actas de nacimiento
y testamentos, entre otros.
En
tanto, organizaciones ecologistas promoverán el juicio político a los
secretarios de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, y de Medio
Ambiente, Víctor Lichtinger, a fin de que respondan por las ''irregularidades
que cometieron al tomar la decisión autoritaria" de designar a Texcoco
como la sede del nuevo aeropuerto.
En
conferencia con la prensa, representantes del Partido Verde Ecologista de México,
el Congreso Agrario Permanente, la Asociación de Ecologistas de México y el
Consejo Internacional para la Preservación de las Aves reclamaron el proceder
del gobierno en el proceso de aprobación de la nueva sede aeroportuaria.
Un
vocero dijo que las organizaciones ecologistas instrumentarán acciones en dos
frentes: el legal, por la vía de los amparos frente a las irregularidades en el
proceso de expropiación, y en el Congreso de la Unión, en el que promoverán
juicio político contra Cerisola y Lichtinger.
El
dirigente de la Asociación Ecologista de México, Ramón Díaz Vázquez, dijo
que el precio que pretenden pagarles a los campesinos va contra el más
elemental sentido de justicia. El CAP en su turno anunció que promoverán una
movilización nacional solidaria con los campesinos de Atenco.
A
su vez, el alcalde texcocano, Horacio Duarte, pidió al secretario de Gobernación,
Santiago Creel, interceder para lograr una reunión con el presidente Vicente
Fox, y censuró que hasta ahora ningún representante del gobierno federal se
haya acercado a los campesinos inconformes o a las autoridades municipales para
conversar sobre el tema.
Según
Duarte, el gobierno federal no ha mostrado sensibilidad ante el problema, en el
cual "hay bastantes violaciones en varios sentidos; hay algunos vicios de
ilegalidad y de constitucionalidad, pues se invadieron funciones del gobierno
municipal".
Entrevistado
por separado, el alcalde texcocano cuestionó la actitud del gobierno federal,
al que acusó de nunca haber actuado con la verdad. No fue una decisión técnica,
sino que estuvo cargada de un perfil político.
?¿Están
dispuestos a cambiar servicios por tierras?
INGOBERNABILIDAD
EN SAN SALVADOR ATENCO.
Rubén Pérez, La Prensa, página 23, jueves 8 de
noviembre.
Mientras
continúa la rebelión pacífica de ejidatarios y habitantes molestos por la
decisión del gobierno de ubicar el nuevo aeropuerto en Texcoco, el presidente
municipal de San Salvador Atenco, Margarito Yánez Ramos, solicitó a los
inconformes garantías a su persona para regresar al palacio municipal e iniciar
un diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.
Sin
embargo, líderes del Frente Unido de Comunidades contra el Aeropuerto, agrupación
social en cuyo seno se hallan integrantes del Grupo Atento Unido, representado
por José Gil García, han aclarado que el alcalde abandonó el palacio de
gobierno por ser un irresponsable y no porque el pueblo lo haya amenazado.
Margarito
Yánez Ramos solicitó al comisariado ejidal de San Salvador Atenco, encabezado
por José Elías Martínez y a los representantes de los vecinos inconformes con
la decisión del gobierno federal, se garantice la integridad física de él, de
su familia y de los miembros del ayuntamiento, para poder retomar las oficinas
centrales, abandonadas desde el pasado 22 de octubre, tras el anuncio del
decreto de expropiación.
Peor
los habitantes insisten en rechazar la presencia del edil, al considerar que
actuó en contubernio con los gobiernos federal y corresponder a intereses de
grupos millonarios con la construcción de la terminal aérea.
El
presidente municipal, en un intento desesperado por ocultar el estado de
ingobernabilidad de San Salvador Atenco, declaró que continúa con su trabajo y
que él es un aliado del pueblo. Sostuvo que las distintas dependencias de su
administración “laboran” para atender a las colonias municipales.
Margarito
Yánez Ramos y su ayuntamiento manifestaron, a través de un documento, que
ellos nunca tuvieron información secreta del proyecto aeroportuario. Se informó
que a insistencia de la administración municipal, funcionarios del gobierno del
estado –sin precisar quiénes- realizaron en junio una proyección sobre la
construcción del aeropuerto, en las comunidades de Ixtapan, Nexquipayac,
Acuexcomac y Atenco.
Los
funcionarios del gobierno del Estado de México, según el alcalde y su equipo
de trabajo, congregaron a campesinos y comisariados ejidales, quienes observaron
las proyecciones acerca de la terminal aérea. “Esa fue la única información
oficial”, dice el documento del ayuntamiento presidido por Margarito Yánez
Ramos, y agrega: la información fue demasiado técnica e imprecisa para la
población.
Al
continuar con su intención de deslindar a su gestión municipal de todo lo
relacionado al aeropuerto, el edil responsabilizó al gobierno federal de haber
actuado con total hermetismo. Sin embargo, en actitudes contradictorias, el
alcalde también cita a gente del estado de Hidalgo como los principales
responsables de la situación caótica de San Salvador Atenco.
En
informes imprecisos, Yánez Ramos y su ayuntamiento revelan que grupos políticos
de la entidad gobernada por Manuel Ángel Núñez Soto, y otros más de la región
de Texcoco, lejos de orientar a la población han iniciado movimientos con fines
exclusivamente de propaganda y presión política para obtener objetivos
oscuros.
“Muchos
de estos grupos siguen infiltrados en nuestra población y pretenden
desencadenar una ola de violencia e inestabilidad política entre los mismos
vecinos de nuestra localidad”, dice el presidente municipal.
ILEGAL
LA DECISIÓN DE TEXCOCO.
Manuel Velázquez A., México Hoy, página 10, jueves 8 de noviembre.
Los senadores del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) solicitarán un juicio político en contra del
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber a quien
culparon de haber cometido una violación a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por la determinación de construir el aeropuerto
alterno de la ciudad de México en Texcoco.
En voz de la senadora del PVEM,
Verónica Velasco Rodríguez, la fracción del ecologista en el Senado de la República
argumentó que con esta determinación el funcionario federal no tomó en cuenta
los graves daños que se provocarán en la zona y que atentan contra el
bienestar de los mexicanos, por lo que viola la carta magna de la nación.
Velasco Rodríguez consideró
que lo de la consulta y estudio realizado por parte del Gobierno Federal
solamente fue una artimaña ya que desde un mes y medio antes la decisión por
Texcoco estaba decidida. Explicó que mientras Lichtinger comparecía ante el
Senado, también solicitaba a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación
de terrenos en la zona de influencia, donde el gobierno pretende construir el
nuevo aeropuerto.
Todo ello se encuentra en el
Diario Oficial de la Federación, en el cual se especifica que ambos
funcionarios pidieron la expropiación de los ejidos San Felipe y Santa Cruz de
Abajo, en Texcoco y Nezquipayak, en el municipio de Atenco, sin haber consultado
a los habitantes de esas comunidades.
PROPONEN
CREAR PISTA ALEDAÑA AL AEROPUERTO.
Almendra Martínez, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.
Diputados locales del PRD e
integrantes del la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM presentaron el proyecto "Terminal 2" que consiste en la
construcción de una nueva pista en las inmediaciones del actual aeropuerto del
Distrito Federal.
Se trata
de utilizar 960 hectáreas de un tiradero de basura muy cercano a la actual
terminal en el que se podría construir una o dos pistas que tendrían una vida
útil de 15 a 25 años.
Carlos
Hurtado, presidente de la Asamblea de Generaciones explicó que a diferencia del
proyecto de Texcoco y Tizayuca, que tienen serios problemas por la distancia,
las características de la zona, la expropiación de terrenos y los riesgos
naturales, la zona aledaña al aeropuerto internacional tiene muchos puntos en
su favor.
La
inversión de ese proyecto sería de mil a mil 300 millones de dólares, en
contraste con los tres mil millones que contempla el proyecto Texcoco.
Además,
se encontraría a seis minutos de la actual terminal, cuenta con todas las
vialidades, requeriría una menor inversión y generaría menos problemas ya que
no habría necesidad de expropiar terrenos habitados.
Durante
la presentación del proyecto, precisó que el terreno en que se podría
construir la "Terminal 2" no tiene zonas habitadas o ejidales, y una
de sus grandes ventajas sería la eliminación de un basurero fase 4 que abarca
20 por ciento de la superficie total del terreno. Únicamente, agregó, sería
necesario hacer los trabajos de limpieza y procesamiento de la basura para ser
reutilizada, el resto se reubicaría en Chimalhuacán.
Conexión
De
acuerdo a los expertos que acudieron a la Asamblea Legislativa, su proyecto se
conectaría con la terminal que actualmente funciona y disminuiría
considerablemente el tráfico aéreo y terrestre que dieron origen a la decisión
de buscar un proyecto alterno.
La
propuesta de los ingenieros contempla también la creación de una cisterna de
gran tamaño para captar y depurar el agua recolectada por las precipitaciones y
que, a su ver, surtiría a la nueva terminal del vital líquido.
EL
AEROPUERTO EN TEXCOCO PODRÍA RETRASARSE.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 33, jueves 8 de noviembre.
La
construcción del aeropuerto podría retrasarse por lo menos un año si el Poder
Judicial otorga amparos a los ejidatarios, reconoció el procurador agrario,
Valdemar Martínez Garza.
Señaló
que el precio de 7.20 pesos por metro es totalmente injusto, por lo que la vía
idónea para los ejidatarios es promover un juicio de amparo en contra del
decreto expropiatorio.
Explicó
que la dependencia a su cargo es el abogado natural de los ejidatarios afectados
y cumplirá con esa función. “Les podemos ayudar a través de la promoción
de un juicio de amparo. El pasado 31 de octubre estuve en Texcoco y estuvieron 9
de los 13 ejidos afectados. Escuché sus demandas y manifestaron que no se
oponen al progreso, pero sí definitivamente al precio asignado a sus
tierras”.
Agregó
que “si los ejidatarios mantuvieran todavía posesión de las tierras y el
juez de distrito les concediera la suspensión de los actos reclamados, difícilmente
podrían iniciarse las operaciones del aeropuerto”.
Por
su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que en
aproximadamente 15 días congresistas demócratas de Estados Unidos, encabezados
por Richard Gephard, llegarán a nuestro país para que el presidente Fox les
explique por qué la decisión de construir el aeropuerto en Texcoco.
El
diputado local Diego Cobo manifestó que ellos consideraron que la construcción
del aeropuerto en el estado de México viola los acuerdos del Tratado de Libre
Comercio, en torno a la ecología por el impedimento de la llegada de aves a
dicho lugar.
RESPETARÁ
EDOMEX DECISIÓN DE EJIDATARIOS.
Nota informativa, El Día, página 6, jueves 8 de noviembre.
La
secretaria de Ecología del Estado de México, Martha Hilda González calderón,
dijo que esta administración será respetuosa de las acciones jurídicas que
tomen ejidatarios del municipio San Salvador Atenco sobre la construcción del
aeropuerto alterno a la Ciudad de México, pues como ciudadanos pueden ejercer
sus derechos.
Aseguró
que la administración estatal apoyará a los campesinos que serán afectados
por la expropiación de sus tierras, y estará atenta a las demandas que hagan
porque están en su derecho, ya que tienen el libre albedrío de apelar la
decisión del gobierno federal.
DISTRITO
FEDERAL
ATADOS
DE MANOS, CAMPESINOS DEL DF.
Emilio Vásquez, México Hoy, tomado de la página de Internet del diario,
jueves 8 de noviembre.
Campesinos
del Distrito Federal exigieron al jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, derogue la ley local de reordenamiento ecológico, por considerar que
coarta la libertad de producir en la zona rural de la Ciudad de México
Asimismo, le solicitaron que,
con el fin de reactivar el campo en esta capital y seguir produciendo oxígeno y
alimentar los mantos acuíferos que distribuyen el 50 por ciento de agua a la
Ciudad de México, se proponga una ley de desarrollo rural para el Distrito
Federal.
Lo anterior, durante un
encuentro de 80 líderes que componen la geografía rural del Distrito Federal
con el jefe de gobierno capitalino y su gabinete, en la que Fidencio Luna,
dirigente local de la Liga de comunidades agrarias de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) expuso que con la Ley de Desarrollo Rural habrá posibilidades
para ejercer un presupuesto orientado especialmente al sur de esta capital.
Ello, porque en esa área se
localiza la zona rural de la capital del país y con un presupuesto propio se
podrá hacer efectivo el desarrollo sustentable y activar la producción agrícola,
añadió en el encuentro en el que también estuvo el dirigente de la CNC,
Heladio Ramírez López. Luna expresó la demanda de los productores de esta
capital de una reestructuración de las acciones dirigidas al campo capitalino y
propuso la creación de una Secretaría local de Desarrollo Rural.
Además, pidió se designe a
una autoridad para que les regresen las 500 hectáreas que se destinaron al
tiradero de Santa Catarina, las cuales, abundó, jamás se decretaron
expropiadas pero hoy no están más en manos de sus auténticos dueños, que son
los campesinos.
Solicitó, de igual modo, se
regularice la situación de pueblos del oriente de la ciudad, como la delegación
Tláhuac, donde existe un convenio entre los gobiernos del Estado de México y
del Distrito Federal mediante el cual se establece que 2 mil hectáreas se
destinaron para reservas ecológica del Valle de Chalco.
EDICTO.
El Universal, página 6-B, jueves 8 de noviembre.
De
conformidad a lo ordenado sobre el proveído de fecha veintiséis de septiembre
de dos mil uno, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de
Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se les hace saber que
en los autos del juicio de amparo número 561/2001, promovido por el comisariado
ejidal del poblado de “Santa María Ticoman”, delegación Gustavo A. Madero,
Distrito Federal, contra actos del Secretario de la Reforma Agraria y otras
autoridades, del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, se les ha tenido como terceros
perjudicados y se ha señalado como acto reclamado destacando la resolución
presidencial de fecha nueve de febrero de mil novecientos sesenta, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo del mismo año, por lo que
se procede a efectuar la respectiva notificación de la admisión del presente
asunto de dichos terceros perjudicados, por medio de edictos, los cuales se
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la
Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República,
así mismo, se hace de su conocimiento que deberán apersonarse al juicio de
referencia dentro del término de treinta días contados a partir del día
siguiente del día de la última publicación, apercibido que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista; y
que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del día seis de
noviembre del año en curso, para que tenga verificado la audiencia
constitucional, misma que podrá ser diferida hasta en tanto se acredite en
autos que han sido debidamente notificadas las partes de la admisión del
presente asunto.
La
Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
CONVENIO
AUTORIDADES-LÍDERES DE COLONOS IMPEDIRÁ QUE SE MULTIPLIQUEN ASENTAMIENTOS
IRREGULARES EN IZTAPALAPA.
Manuel Magaña, Excélsior, página 19, jueves 8 de noviembre.
Autoridades
delegacionales y líderes de colonos de Iztapalapa firmaron ayer un acuerdo para
evitar que la demarcación continúe creciendo anárquicamente. El convenio
suscrito evitará que 22 “campamentos” de demandantes de vivienda
multipliquen el número de asentamientos humanos irregulares en la demarcación
más poblada del Distrito Federal, con un millón 900 mil habitantes.
La
delegación informó que organizaciones como “Voz” y “Frente Popular
Independiente” o el “Francisco Villa” participaron en los convenios y al
estar ya asentados en terrenos que ocupan desde hace varios años, a través del
documento suscrito, “lo que se busca ahora es que tengan vivienda digan a
condición de que ya no aumenten las concentraciones y los asentamientos humanos
irregulares en la demarcación”.
Desde
hace más de cuatro décadas, Iztapalapa ha estado sometida a la acción de
invasores de tierras, lo que motivó el crecimiento acelerado en la región
demográfico en una zona donde hace medio siglo era agrícola y ganadera y existían
chinampas y había potreros donde los rancheros de la demarcación practicaban
la charrería.
Con
relación a lo anterior, Juan Carlos Cordero, director de Desarrollo Urbano en
Iztapalapa, manifestó que “uno de los avances que han tenido las 16
delegaciones políticas del DF es que ahora son ellas las encargadas de aplicar
sus programas de planeación y desarrollo para generar proyectos locales y
regionales que fomente el crecimiento de las demarcaciones, “tarea que antes
era generada desde el gobierno central de la Ciudad de México”.
ESTADO
DE MÉXICO
DESALOJADOS
GOLPEAN AL ALCALDE DE LOS REYES LA PAZ.
María de los Ángeles Velasco, La
Jornada, página 43, jueves 8 de noviembre.
QUERÉTARO
TEMEN
CHOQUE POR TIERRAS EN QUERÉTARO.
Juan J. Arreola, El Universal, página 12-B, jueves 8 de noviembre.
Poco más de centena y media de
indígenas otomíes de la comunidad de Santiago Mezquititlán se dijeron
dispuestos a defender "con todo" poco más de 800 metros cuadrados de
tierras comunales que, a su decir, el ex delegado municipal en la localidad, Néstor
Chaparro Sánchez, pretende apropiarse. Los otomíes, aseguraron que a pesar de
haber denunciado la situación ante las autoridades del estado, no han obtenido
respuesta para resolver el conflicto que amenaza con desembocar en un
enfrentamiento. Uno de los representantes de la comunidad, Epitacio Miguel
Atanasio, aseguró que Chaparro Sánchez es apoyado por los mestizos de la zona
y por un partido político a quienes están dispuestos a enfrentar para defender
la tierra de propiedad comunal.
"Ernesto
Chaparro, por considerarse una persona con poder económico, pretende pisotear
los derechos e intereses del pueblo y por eso actúa de modo racista, ya que por
ser mestizo considera a los otomíes incapaces de defender sus derechos".
Indicó
que dicha persona ha decidido apropiarse de 829 metros cuadrados que la
comunidad decidió ceder al gobierno estatal y municipal para la ampliación del
plantel cinco del Colegio de Bachilleres, en donde estudian una centena de jóvenes
indígenas.
Miguel
Atanasio narró que el día en que la comunidad decidió cercar el terreno para
iniciar las obras referidas, Ernesto Chaparro "impidió se hicieran los
trabajos, valiéndose de su prepotencia y de su poder económico, por lo que
ahora exigimos justicia a favor de un interés común en beneficio de las
futuras generaciones".
Indicó
que el alcalde de Amealco de Bonfil, el también indígena otomí Felipe Valdez
Licea, tiene conocimiento del hecho y ha dado su respaldo a la comunidad, apoyándolos
en la presentación de la denuncia penal contra el ex funcionario público.
El
municipio de Amealco, que se ubica a 63 kilómetros al sur de la capital
queretana y colindante con el estado de Guanajuato, es habitado mayoritariamente
por indígenas otomíes distribuidos en al menos 33 comunidades.
Entre
sus usos y costumbres se encuentra la de decidir mediante asamblea de los
llamados "barrios" en que se dividen las comunidades, la donación de
parte de su tierra para beneficio colectivo.
SECTOR
AGROPECUARIO
PREVÉN
MENOS ASIGNACIONES PARA EL CAMPO.
Jorge Arturo Hidalgo, Reforma, página 4-A, jueves 8 de noviembre.
Un
Presupuesto de Egresos menor en términos reales al de este año, con menores
recursos para el campo, sin variaciones a la alza para programas sociales y con
ingresos menores por la caída en el precio del petróleo y la recesión económica
mundial es lo que esperan los diputados que entregue la Secretaría de Hacienda
este viernes.
Para
este año el presupuesto aprobado ascendió a un billón 361 mil 866 millones de
pesos y las proyecciones de integrantes de las comisiones de Hacienda y de
Presupuesto ubican el proyecto para el próximo año entre un billón 430 y un
billón 450 mil millones de pesos, apenas actualizado con la inflación.
Por
lo austero del Presupuesto del 2002 y la falta de aplicación de recurso en
algunos programas en este año, la Comisión de Presupuesto citará, una vez
recibido el paquete económico, a todos los oficiales mayores de secretarías de
estado, organismos descentralizados y autónomos para que expliquen y
justifiquen el gasto asignado para el siguiente ciclo anual.
A
partir de estas comparecencias se decidirá si se respeta su presupuesto o si se
le hacen recortes para asignarlo a otras áreas prioritarias, principalmente
vinculadas al desarrollo social.
En
el campo, los legisladores esperan una drástica disminución respecto a los
recursos aprobados para este año, con base en datos que les dio el titular de
Aserca, Francisco Mayorga, quien adelantó que para este programa en lugar de
los 30 mil millones de este año se bajará a 27 mil 200.
Para
el programa de comercialización de productos del campo se prevé una disminución
de 4 mil 700 a 2 mil 600 millones de pesos, casi la mitad, aunque legisladores
priístas advirtieron que de llegar así la propuesta la modificarán a la alza.
Algunos
programas tendrán una disminución real del 6 y el 8 por ciento se adelantó a
legisladores.
En
cuanto a los ingresos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Pazos,
externó que los ingresos para el próximo año se reducirán por la caída del
precio del barril de petróleo y criticó el optimismo de la Secretaría de
Hacienda que tomará como base un precio de barril de 17 dólares para calcular
sus ingresos, cuando la mezcla mexicana ronda entre 13 y 15 dólares
actualmente.
"Este
año se pudieron mantener los ingreso gracias al programa de borrón y cuenta
nueva, pero el que entra ya no habrá esos programas y tendremos que acudir a la
baja de tasas marginales, baja del ISR para estimular el crecimiento, la
simplificación y seguridad fiscal, esto quiere decir que no debemos ver la
reforma fiscal sólo como el incremento al IVA", aseguró.
Por
lo pronto ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Genaro Góngora indicó que ellos demandaron un presupuesto de alrededor del 50
por ciento de los 13 mil 803 millones asignados para este año, por lo que su
requerimiento será de 20 mil 300 millones.
VOTA
HOY SENADO NUEVA LEY RURAL.
Juan Arvizu, El Universal, página
18, jueves 8 de noviembre.
El pleno del Senado votará hoy
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y este ordenamiento dirigido a normar la
planeación de la actividad agropecuaria del país estará listo para que lo
promulgue el Ejecutivo federal.
La
comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el priísta Lauro Díaz
Castro, finalizó ayer el dictamen aprobatorio de esta legislación, sin
modificar la minuta que recibió de la Cámara de Diputados, del que es el único
ordenamiento que tiene en sus antecedentes un veto presidencial.
En
diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley de Desarrollo Rural y la envió a
Los Pinos para que Vicente Fox la promulgará, pero el texto se quedó en el
escritorio, pues aplicó el llamado "veto de bolsillo".
Hace dos
semanas, en San Lázaro culminó la revisión del proyecto de Ley de Desarrollo
Sustentable, que como la anterior propuesta contempla una prohibición al
corporativismo en el agro.
OPINIÓN
TEMPLO
MAYOR.
F. Bartolomé, Reforma, página 20, jueves 8 de noviembre.
VISTO
EL BRONCON que se armó por la expropiación de terrenos para construir el nuevo
aeropuerto en Texcoco, el gobierno federal y el mexiquense tuvieron que ponerse
a trabajar.
ANTENOCHE
hubo una minicumbre en Bucareli en la que se definió el operativo institucional
para parar y solucionar las protestas de los pobladores de San Salvador Atenco.
ENCABEZADOS
por Santiago Creel, a la mesa se sentaron los secretarios Pedro Cerisola,
Josefina Vázquez Mota y Víctor Lichtinger; el gobernador Arturo Montiel y
funcionarios de la Procuraduría Agraria, Educación, Salud, Agricultura y
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
EL
PRINCIPAL PUNTO tratado fue formar una comisión para enfrentar el problema como
un todo, y no andar apagando fuegos aquí y allá.
SIN DUDA será interesante ver quiénes integran dicha comisión y, sobre todo, cómo le hacen para dejar atrás las turbulencias que enfrenta el nuevo aeropuerto.
EN
CORTO.
Columna de Guillermo Ortega, La Crónica de Hoy, página 13, jueves 8 de noviembre.
Historia
sin fin. Hace treinta años se determinó que, hacia finales de siglo, el
Aeropuerto Internacional Benito Juárez tendría que ser sustituido por uno
nuevo o reforzado por uno alterno. Debido a que durante todo este tiempo se
postergó la decisión para construirlo, el asunto se ha complicado políticamente.
Lógicamente, lo deseable es que el nuevo aeropuerto se construya cerca del
actual, de manera que tanto la operación de las aerolíneas, como los empleados
que en él laboran, se muevan sólo unos pocos kilómetros. Con la decisión, el
D.F., que ya no cuenta con reserva territorial, pierde varios depósitos de
desperdicios más el terreno para uno nuevo donde tirar doce toneladas diarias
de basura, amén de derechos de agua e impuestos que deja la actual terminal,
mientras que el estado de México gana un importante foco de desarrollo y el de
Hidalgo se queda como “novia de pueblo”. Hoy, cuando ya no hay más tiempo,
la decisión ha desatado un revuelo político que seguirá dando mucho que
decir.
Entre
patos. Analizando cómo fue tomada la decisión, es notorio que, políticamente,
faltaron amarres con los diversos actores y, debido a la urgencia del Presidente
para hacer el anuncio, cuando el secretario de Gobernación quiso hacerlos ya no
hubo tiempo. Esto fue evidente durante la comparecencia del secretario Cerisola
ante el Poder Legislativo, cuando los diputados lo tacharon de mentiroso, cínico
y fullero, asegurando que hace tiempo se habían “cargado los dados” a favor
de Texcoco. El colmo fue que en su defensa, Cerisola dijo que “las aves tienen
opinión propia” y están de acuerdo con la construcción del aeropuerto, por
lo que ahora le dicen “el señor de los patos”.
Razones
de peso. Lo cierto es que, más allá de los patos, la realidad es otra. Todo
tipo de especialistas hicieron concienzudos estudios que establecieron que
cumple con las especificaciones internacionales para el manejo de aves en zonas
aeroportuarias y cubrirá las necesidades de la ciudad para los próximos
cincuenta años, ampliando la capacidad actual de 320 mil a más de un millón
de operaciones que prestarán servicio a noventa millones de pasajeros al año.
Por si fuera poco el costo estimado del aeropuerto de Texcoco, incluyendo
inversiones adicionales, será 8,340 millones de pesos menos y estará cincuenta
kilómetros más cerca que Tizayuca. Contando con un solo gran aeropuerto, México
podrá competir con ciudades como Miami como troncal para vuelos internacionales
entre Norte y Sudamérica, con el beneficio turístico que esto representa.
El
ejido. El asunto de la expropiación en realidad se ha polarizado, vea usted, más
del 75% de los terrenos son infértiles, de temporal y muy pocos están
sembrados, se asientan ahí doscientas casas de lámina –muchas de invasores-
que, junto con pozos y canales de riego recibirían indemnizaciones separadas.
El pago del terreno se hará valuándolo igual que otros similares de diversos
estados y con el mismo tratamiento que han recibido los ciento veintiocho ejidos
expropiados este año en beneficio público.
EJIDATARIOS
MEXIQUENSES PROCESADOS.
José Francisco Aguirre, Novedades, página 18, jueves
8 de noviembre.
El
crecimiento de la población trae aparejada la presión en contra de los
agricultores que se ubican en las orillas de las áreas urbanas, por lo que
resulta incosteable la siembra de esas tierras y, por lo tanto, acaba con la
fuente de ingresos de esos campesinos, sobre todo si son ejidatarios y de
escasos recursos económicos.
Es
de todos conocido el hecho de que la cercanía de las parcelas ejidales con las
ciudades es una de las causas que propicia el hurto de pequeñas cantidades de
las cosechas, las que, en su conjunto, reducen considerablemente la cantidad que
llega a cosechar cada campesino, y ni siquiera recuperar la inversión que
realizan en cada siembra, por lo que prefieren dejar ociosa la tierra, pero al
dejar de sembrarla se exponen a que sea invadida por personas que tiene una
verdadera necesidad de vivienda o por grupos dirigidos por políticos que los
organizan para que sirvan de ariete y presionen a las autoridades municipales o
estatales en todas las formas posibles.
Ante
ese panorama, desde hace más de treinta años las ciudades de todo el país
crecieron a costa de las tierras ejidales, en virtud de que las parcelas fueron
fraccionadas por los propios ejidatarios, por ignorancia y por necesidad
convirtiéndolas en asentamientos humanos irregulares, sin servicios de ninguna
especie y menos la seguridad jurídica que debe existir tanto en la tenencia
como en la propiedad del suelo.
El
gobierno federal creó el organismo público denominado Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), mismo que tiene como su
principal función la de expropiar a los ejidos las superficies que hayan sido
ocupadas en esa forma irregular, para que los lotes resultantes sean vendidos a
sus respectivos ocupantes y la superficie no ocupada pueda destinarse para áreas
verdes, mercados y demás servicios que sean necesarios.
Es
indispensable que las autoridades no pierdan de vista que existen factores de
presión que direccionan la conducta resultante de los ejidatarios cuando
incurren en la práctica de lotificar sus respectivas parcelas, factores como la
cercanía de las ciudades, la incosteabilidad de las actividades agropecuarias,
la inseguridad en la tenencia de la tierra, la ignorancia de los propios
campesinos, las necesidades de quienes “adquieren” los lotes en condiciones
precarias, la participación disimulada de autoridades municipales o agrarias en
esas prácticas, hasta llegar a la costumbre, porque se ha lotificado en forma
reiterada y desde más de treinta años, sin que las autoridades penales o
municipales actuaran en contra de los ejidatarios que lo realizaron y, si bien
es cierto que la falta de aplicación de la ley no deroga a la misma ni excusa a
nadie de su cumplimiento, los gobernantes no pueden ser tan insensibles que
cierren los ojos a una realidad que ellos mismos soslayaron por el motivo que
cada quien quiera esgrimir.
Puede
argumentarse que los funcionarios encargados de administrar e impartir justicia
no son políticos y que por lo tanto sólo aplican y vigilan la aplicación de
la ley. Si pueden argumentarlo, aunque sea un secreto a voces que la aplicación
de la ley debe obedecer a una realidad social para evitar que se rompa el
contrato social.
CARTA
ABIERTA.
Ayuntamiento de Texcoco, El Universal, página 4-B, jueves 8 de noviembre.
Lic.
Vicente Fox Quesada
Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos
P
r e s e n t e
Respetuosamente
le manifestamos nuestra posición ante la determinación de construir el nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la región del Lago de
Texcoco.
El
Ejecutivo Federal, a su digno cargo, afirma que la decisión fue tomada con base
en opiniones de expertos. Sin embargo, prevalece aún la duda de que todos los
planteamientos expresados por especialistas hayan sido tomados en cuenta, pues a
juicio de este gobierno municipal fueron excluidas importantes consideraciones.
Por
un lado, el informe del Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) alerta
sobre un incremento desmedido en la taza de crecimiento poblacional, que pasaría
del 1.8 por ciento al 7 por ciento anual, como mínimo.
Así,
la eminente saturación de vialidades y servicios básicos como agua potable,
drenaje, disposición de basura, entre otros, no se haría esperar y llegaría a
niveles sólo manejables a través de la coordinación de los tres ámbitos de
gobierno.
Atentamente
Presidente
Municipal Constitucional de Texcoco
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx