Viernes 27 de julio
de 2001
Viernes 27 de julio
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • Milenio Diario • El Financiero
• Excélsior • La Prensa • Diario de México
PODRÍAN
DEVOLVER TIERRAS EXPROPIADAS A LABRIEGOS.
Rafael
Rivera Millán, El Universal, página 10-B, viernes 27 de julio.
Más de mil hectáreas de terreno de las 2 mil 252 que les fueron expropiadas
hace más de 25 años para conformar el parque industrial de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, ahora Recinto Portuario, pueden ser devueltas a campesinos del ejido
Melchor Ocampo, señaló aquí el Procurador Agrario del país, Valdemar Martínez
Garza.
AMBICIOSO
PLAN PARA EJIDOS CON PLAYA.
Julio Gómez, Diario de México, página 7, viernes 27 de julio.
El Programa Nacional de Atención a Zonas Litorales se presenta como el acto
agrario más trascendente que encabezará el
presidente Fox en La Paz, Baja California Sur, ya que pone punto final al ilícito
tráfico de tierras ejidales que tienen litorales en México. En el evento, la
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello destacará la
importancia de ese plan, que hace sustentable el desarrollo económico de los
auténticos propietarios de la tierra social.
TEMEN
CHIMALAPAS SER REPRIMIDOS POR EL GOBIERNO; NO HAY VISOS DE SOLUCIÓN: DELEGADO. Rosa
Rojas y Guadalupe Ríos, La Jornada, página 32, viernes 27 de julio.
Casi 200 habitantes de la Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, del
municipio de Matías Romero, Oaxaca, suspendieron ayer el bloqueo que durante
tres días mantuvieron sobre la carretera federal transístmica luego de que la
autoridad judicial se comprometió a proceder penalmente contra los comuneros de
Santa María Chimalapas que mantienen retenidos a seis de sus vecinos.
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página 3, viernes 27 de julio.
La SRA expone el Acuerdo de las operaciones de Administración del Fondo para el
Ordenamiento de la Propiedad Rural y la asignación de los recursos; así como
el Acuerdo del programa de Formalización de las listas de sucesores
ejidatarios, comuneros y posesionarios.
DOS
COMUNIDADES MAZAHUAS SE AMPARAN EN CONTRA DE LA REFORMA Y PIDEN QUE ÉSTA NO SEA
PROMULGADA.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 10, viernes 27 de julio.
Las comunidades indígenas mazahuas mexiquenses de San Miguel Xoltepec y San
Antonio de La Laguna se ampararon en contra de las reformas sobre derechos y
cultura indígenas, ya que violan preceptos constitucionales como los artículos
27 y 135 de la Carta Magna. Asimismo, solicitan sea suspendida la promulgación
de dicha legislación.
RESPALDAN
A CESADOS DE SRE.
Ángel Amador Sánchez, El Universal, página 11, viernes 27 de julio.
Tras constituir formalmente la Asociación de Representantes del Gobierno
Federal en el Estado de Zacatecas (Arefez), los delegados federales se
solidarizaron con Salvador Escobedo López, ex responsable de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en la entidad. Entre los socios fundadores se encuentran
los delegados de la PA y el RAN.
PROPIEDAD
DE CAMPESINOS, 66%, DE SUELO REQUERIDO PARA CASAS.
Virginia Pérez, La Prensa, página 12, viernes 27 de julio.
De las 30,000 hectáreas de suelo libre que el país requiere cada año para
satisfacer sus necesidades de vivienda y equipamiento en 116 ciudades medias y
cuatro zonas metropolitanas, dos terceras partes corresponden al suelo propiedad
de los núcleos agrarios que se encuentran en el área de conurbación.
ANUNCIAN
MEGAPROTESTA CAMPESINA CONTRA FOX.
Francisco Garfías, Milenio Diario, página 8, viernes 27 de julio./Información
también publicada en El Financiero.
El 8 de agosto y con un vasto plan de acción, que incluye manifestaciones y
toma de oficinas en la ciudad de México, pondrán en marcha diversas
organizaciones campesinas para protestar contra la “política empobrecedora de
los hombres del campo” que, aseguran, aplica el gobierno federal.
VIDA
NACIONAL.
Ángel
Soriano, Excélsior, página 27, viernes 27 de julio.
Desde que se expropiaron tierras del Pujal Coy, a la fecha esa parte de la región
huasteca sólo a producido recelos, inseguridad y ambiciones que han llevado al
fracaso al mayor proyecto agrícola de América Latina, sostuvo Miguel Aguilar
Robledo, investigador de la UASLP.
TERRENO
EJIDAL EN DISPUTA.
Vox
Populi, La Prensa, página 22, viernes 27 de julio.
Ex ejidatarios del pueblo de San Juan Aragón dan a conocer la disputa que se ha
desatado en torno a un terreno de más de 19,000 metros cuadrados, el cual quedó
como remanente de 26 hectáreas en donde se construyeron dos unidades
habitacionales, en beneficio de los ex ejidatarios.
SECTOR
AGRARIO
PODRÍAN
DEVOLVER TIERRAS EXPROPIADAS A LABRIEGOS.
Rafael Rivera Millán, El Universal, página 10-B, viernes 27 de julio.
Más de mil hectáreas de
terreno de las 2 mil 252 que les fueron expropiadas hace más de 25 años para
conformar el parque industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ahora Recinto
Portuario, pueden ser devueltas a campesinos del ejido Melchor Ocampo, señaló
aquí el Procurador Agrario del país, Valdemar Martínez Garza.
Durante una reunión con la Unión
Regional de Campesinos del Sur, a la que pertenecen los ejidatarios de Melchor
Ocampo, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al funcionario federal le
fue entregada una serie de documentación, en la que los directivos del núcleo
ejidal manifiestan que desde hace más de 25 años en que les expropiaron esos
terrenos, la mayoría de ellos en la llamada Isla del Cayacal, más de mil hectáreas
desde esa fecha se encuentran ociosas, al no haberse ocupado por industrias.
Por tal motivo, los ejidatarios
encabezados por Silvano Gutiérrez, presidente del Comisariado Ejidal, exigieron
al funcionario federal se aplicara el clausulado del decreto en cuestión, en lo
relativo a la reversión de la expropiación, por haber pasado ya demasiado
tiempo sin que esos terrenos sean utilizados para el asentamiento de industrias.
En este sentido, el procurador
agrario, luego de escuchar el planteamiento, al término de la reunión en la
que estuvo acompañado por los diputados federales Félix Castellanos Hernández,
del PT, en su carácter de presidente de la Comisión de la Reforma Agraria y
Rogaciano Morales Reyes, diputado federal perredista por Lázaro Cárdenas,
Michoacán, así como por el secretario técnico de la Secretaría de gobierno
de la entidad, Mario Alberto Rodríguez, además de Manuel García Cuevas,
dirigente de más de 3 mil labriegos de los municipios de Lázaro Cárdenas,
Arteaga, Churumuco, Mújica, La Huacana, Michoacán, y Coahuayutla, Guerrero,
indicó que "más de dos o tres personas van a temblar, porque es posible
que el ejido Melchor Ocampo recupere esos terrenos expropiados".
AMBICIOSO
PLAN PARA EJIDOS CON PLAYA.
Julio Gómez, Diario de México, página 7, viernes 27
de julio.
Actos
agrarios desde que arrancó el reparto de la tierra en 1915, ha habido por
toneladas. Ninguno sin embargo, de la trascendencia que el presidente Fox
encabezara este viernes en La Paz, Baja California Sur.
Además
de orden y seguridad jurídica, el evento estará revestido de materia tangible
que harán sentir al ejidatario, al comunero y al colono que en verdad son dueños
de un pedazo de tierra y, lo más importante, que pueden hacer con él, a la
vera de la infructuosa lucha en que se empeñan todos los días para arrancar
las miserables cosechas de maíz y frijol que no son suficientes para su propio
sustento.
Con
el programa Nacional de Atención a Zonas Litorales, el mandatario pone en
marcha en esta entidad del noreste mexicano, se pone punto final al ilícito tráfico
de tierras ejidales que tienen litorales y que en el país son 628 núcleos
propietarios de gran parte de los más 11 mil kilómetros de litoral que posee México.
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello destacará en el
evento la importancia de ese plan, que por primera vez en toda la historia
agraria, hace sustentable el desarrollo económico de los auténticos
propietarios de la tierra social.
OAXACA
TEMEN
CHIMALAPAS SER REPRIMIDOS POR EL GOBIERNO; NO HAY VISOS DE SOLUCIÓN: DELEGADO.
Rosa Rojas y Guadalupe Ríos, La Jornada, página 32, viernes 27 de julio.
Casi
200 habitantes de la Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, del municipio de
Matías Romero, Oaxaca, suspendieron ayer el bloqueo que durante tres días
mantuvieron sobre la carretera federal transístmica luego de que la autoridad
judicial se comprometió a proceder penalmente contra los comuneros de Santa María
Chimalapas que mantienen retenidos a seis de sus vecinos.
El
delegado de Gobierno en Ciudad Ixtepec, Javier Fuentes Valdivieso, informó que
la Subprocuraduría de Justicia del estado comenzó a tomar las declaraciones a
familiares de los detenidos para integrarlas a la averiguación previa
MR149/2001 iniciada hace 15 días contra los comuneros chiamalapas y sus
autoridades agrarias por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena y
privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro.
"Me
preocupa porque no hay visos de solución y los colonos pueden tomar otras
medidas para tratar de resolver el conflicto... los colonos (de la Cuauhtémoc)
retornaron a su comunidad, pero hay mucho malestar, y también los chimalapas
están molestos porque nadie sube a dialogar con ellos, aunque no hemos recibido
instrucción para esto último", dijo Fuentes Valdivieso, quien se encarga
del caso luego que los colonos rechazaron seguir tratando con su homólogo de
Matías Romero, Germán Toledo.
Los
colonos, familiares y amigos de los detenidos dijeron que también hay malestar
contra el subprocurador de Justicia en el Istmo, Wilfrido Almaraz, porque dejó
en libertad a los tres chimalapas que éstos tenían en su poder y además no
cumplió con canjearlos por los seis detenidos, como había ofrecido.
Del
lado contrario, Heriberto Hernández, presidente del consejo de vigilancia del
comisariado de bienes comunales de Santa María Chimalapa, informó que les
reportaron movimientos de la fuerza pública en Juchitán y Matías Romero, por
lo que manifestó su temor de que en cualquier momento entren a reprimirlos a la
cabecera municipal.
Indicó
que enviaron al secretario de Gobierno oaxaqueño, Héctor Anuar Mafud Mafud,
otra propuesta flexibilizando los términos de la comunidad para liberar a los
seis colonos de la Cuauhtémoc que tienen retenidos en la cabecera municipal de
Santa María desde el pasado 10 de julio, "pero creo que el gobierno lo que
quiere es reprimir a la comunidad con la fuerza pública, lejos de intervenir en
la solución al problema".
Lo
que Santa María Chimalapa solicita es que haya un desistimiento de las órdenes
de aprehensión libradas contra los comuneros y de toda demanda en su contra a
causa de este conflicto, y que se sienten a negociar los colonos de la Cuauhtémoc,
comuneros y las autoridades estatales y federales del sector agrario para
resolver de fondo el conflicto, explicó.
Mencionó
que incluso la comunidad está de acuerdo en que se cree en las 11 mil hectáreas
en conflicto entre Santa María y la colonia Cuauhtémoc una "área de
restauración ecológica" para darle salida rápida al problema.
Comentó
que la comunidad chimalapa considera que no hay voluntad para resolver el
conflicto, "porque tenemos entendido que hay políticos priístas que
tienen títulos en la Cuauhtémoc, que hay funcionarios que han comprado lotes
allá, gente de billete de diferentes estados, porque un campesino no puede
explotar tantos recursos y empastizar tantas tierras" como lo han estado
haciendo.
Dijo
que "hace tres días llegaron los familiares de los arraigados de la Cuauhtémoc
y comentamos con las mujeres qué harían ellos para resolver los problemas de
sus familias. Les dijimos que hablaran con el consejo de la colonia y nos
pidieron un oficio para su consejo y entablara un diálogo. No hubo respuesta de
su consejo y obligaron al Ministerio Público a llevar a Santa María el equipo
que nos habían decomisado, pero eso no nos garantiza que se retiren las órdenes
de aprehensión. El equipo está desnivelado y no entregaron todas las
herramientas que nos decomisaron".
"Ahora
el tribunal nos quiere imponer mil pesos de sanción a cada uno de los comuneros
por participar en la brecha, eso es ilógico. El tribunal no está respetando el
acuerdo que teníamos. Primero tiene que averiguar el asunto como está y después
debe haber otra instancia", agregó.
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página 3, viernes 27 de julio.
REFORMA
SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS
DOS
COMUNIDADES MAZAHUAS SE AMPARAN EN CONTRA DE LA REFORMA Y PIDEN QUE ÉSTA NO SEA
PROMULGADA.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 10, viernes 27 de julio.
Las
comunidades indígenas mazahuas mexiquenses de San Miguel Xoltepec y San Antonio
de La Laguna se ampararon en contra de las reformas sobre derechos y cultura indígenas,
ya que violan preceptos constitucionales como los artículos 27 y 135 de la
Carta Magna. Asimismo, solicitan sea suspendida la promulgación de dicha
legislación.
En
estos dos primeros amparos de los pueblos indígenas contra esa reforma, ambas
comunidades —en las que habitan cerca de 10 mil mazahuas— solicitan de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protección por las acciones del
Congreso de la Unión; del presidente Vicente Fox Quesada; del secretario de
Gobernación, Santiago Creel Miranda, y del director del Diario Oficial de la
Federación, por actos derivados de ese precepto legal.
Asesorados
por el bufete jurídico Tierra y Libertad, las dos comunidades mazahuas
puntualizaron que con las reformas sobre derechos y cultura indígenas los
legisladores federales violentaron el artículo 135 de la Constitución. Ante
los juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa, señalaron
que el citado artículo constitucional establece que después de las votaciones
en los congresos locales, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente del
mismo tendrá que hacer el cómputo de todas las legislaturas estatales y,
posteriormente, hacer la declaratoria de que la reforma o adición fue ya
aprobada y forma parte de la Carta Magna.
Sin
embargo, los legisladores no respetaron ese artículo constitucional, ni han
verificado si hubo o no irregularidades en las votaciones realizadas en los
congresos estatales. ''La ley indígena no puede declararse aprobada. porque se
hizo a un lado dicho artículo. Tenemos información de que en ocho legislaturas
locales la aprobación fue por mayoría simple, y eso tiene que revisarse'',
comentaron los abogados Bárbara Zamora y Santos García.
Explicaron
que esa ley también va en contra del artículo 27 constitucional, el cual
reconoce personalidad jurídica a las comunidades y la propiedad sobre sus
tierras por asentamientos humanos y actividades productivas. La reforma indígena
establece que las comunidades tendrán ''preferencia'' en el usufructo de sus
tierras, y con ello anula prácticamente sus derechos establecidos en el 27
constitucional.
Además,
la ley aprobada viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que en su artículo sexto establece que las modificaciones
legales o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas,
deben ser sujetas a consulta de éstos a través de sus instituciones
representativas. En el caso de la ley indígena, avalada por el Congreso de la
Unión, afecta a los pueblos y éstos no fueron consultados.
DELEGADOS
FEDERALES
RESPALDAN
A CESADOS DE SRE.
Ángel Amador Sánchez, El Universal, página 11, viernes 27 de julio.
Tras constituir formalmente la
Asociación de Representantes del Gobierno Federal en el Estado de Zacatecas
(Arefez), los delegados federales se solidarizaron con Salvador Escobedo López,
ex responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la entidad, y
reprobaron "el trato indigno" que recibió por parte de la dependencia
que encabeza el canciller Jorge G. Castañeda.
La Arefez nace con 16 socios
fundadores y entre sus objetivos, se encuentra el defender las garantías
laborales de los funcionarios, así como fortalecer el federalismo, mejorar las
relaciones entre los gobiernos federal y estatal, alentar el desarrollo
profesional de sus miembros e impulsar el servicio civil de carrera.
Como presidente de la Asociación
Civil fue designado, paradójicamente, Salvador Escobedo López, quien desde el
pasado lunes no ha podido ingresar a la delegación de la SRE, aunque según
dijo no ha sido notificado oficialmente de la remoción que ordenó el
secretario Jorge G. Castañeda.
"Mientras no me hagan
llegar por escrito la decisión y las causas de la separación de mi cargo, yo
sigo siendo el delegado de la SRE en Zacatecas", advirtió Escobedo López,
quien nuevamente criticó las formas en que ha sido tratado por los subalternos
del titular de la SRE.
En cuanto al argumento de la
SRE, referente a que sólo serán delegados aquellos que pertenezcan al Servicio
Exterior Mexicano (SEM), el "delegado en el exilio" subrayó que Castañeda
es libre de establecer las políticas que considere convenientes, pero insistió
que a él no le han informado nada por escrito.
Luis Olvera Rosas y Mario
Coria, delegados de Semarnat y Sedesol, respectivamente, aclararon que no están
en contra de los relevos institucionales, pero sí rechazaron que las
autoridades como lo hicieron desde la SRE actúen sin respetar los
procedimientos legales y formales.
"Hay inconformidad por la
forma en que se ejecutó la destitución de Salvador Escobedo", dijeron, al
exigir que al momento de hacer los relevos "no se lastime la dignidad de
las personas y se respete la honorabilidad de las mismas. Esperamos que esta
situación no se repita con ningún otro delegado".
Los socios fundadores de la
Arefez, son delegados de la SRE, Profepa, Procuraduría Agraria, STPS, IMSS,
INM, Conafe, FIRA, Conaza, Semarnat, Banrural, Sedesol, Progresa, Banobras,
Fonaes y Registro Agrario Nacional.
En los próximos días,
anunciaron, se incorporarán 20 delegados federales más; en Zacatecas laboran
54 funcionarios de este nivel.
En rueda de prensa, donde
asistieron 10 delegados, se indicó que los trabajos para constituir la asociación
iniciaron hace dos años.
El Consejo Directivo de la
Arefez quedó conformado por: presidente, Salvador Escobedo López (SRE); primer
vicepresidente, Luis Olvera Rosas (Semarnat); segunda vicepresidenta, Luz María
Sandoval de Luna (Registro Agrario Nacional); secretaria de acuerdos, Ana
Belinda Arnes Russek (Conafe).
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
PROPIEDAD
DE CAMPESINOS, 66%, DE SUELO REQUERIDO PARA CASAS.
Virginia Pérez, La Prensa, página 12, viernes 27 de julio.
De
las 30,000 hectáreas de suelo libre que el país requiere cada año para
satisfacer sus necesidades de vivienda y equipamiento en 116 ciudades medias y
cuatro zonas metropolitanas, dos terceras partes corresponden al suelo propiedad
de los núcleos agrarios que se encuentran en el área de conurbación.
Sin
embargo lo importante de la integración del suelo social al desarrollo urbano
no está en última instancia, en cuantas hectáreas se integran al crecimiento
de las ciudades, si no en la magnitud de los beneficios que ejidatarios y
comuneros reciban por el valor agregado de sus tierras, de ahí la relevancia de
crear una bolsa de tierra social libre, señala la Confederación Nacional
Campesina (CNC):
Subraya
que esta bolsa inmobiliaria social permitirá a los ejidatarios participar
directamente en la realización de proyectos inmobiliarios, asociación con
inversionistas y con autoridades de los municipios que tienen crecimiento en sus
asentamientos humanos.
Considero
que además de aportar tierras de uso común es deseable que las sociedades
mercantiles dispongan de esquemas de conversión para la recuperación de
tierras agrícolas, forestales y hábitats de importancia ecológica, los cuales
proveen de bienes públicos a las ciudades, tales como aire, agua, espacios
verdes y recreativos, fauna y flora silvestre.
A
través de un documento la CNC estima que son 840 los núcleos campesinos que ya
están aportando suelo social para el desarrollo urbano y existen 722 núcleos
con potencial turístico y además hay 628 ejidos y comunidades con tierras que
tienen acceso al mar y posibilidades de desarrollo pesquero, turístico y
comercial.
ANUNCIAN
MEGAPROTESTA CAMPESINA CONTRA FOX.
Francisco Garfías, Milenio Diario, página 8, viernes
27 de julio./Información también publicada en El Financiero
Un
vasto plan de acción, que incluye manifestaciones y toma de oficinas en la
ciudad de México, pondrán en marcha diversas organizaciones campesinas para
protestar contra la “política empobrecedora de los hombres del campo” que,
aseguran, aplica el gobierno federal.
El
“Día D” es el 8 de agosto y la movilización la apoyan 60 diputados
federales, 14 senadores y el Congreso Agrario Permanente, aseguró el diputado
priista, Juan Díaz Pimentel.
“Es
la guerra contra el gobierno de derecha”, ilustró el legislador oaxaqueño,
en charla con el enviado.
El
plan incluye la publicación de desplegados en la prensa nacional en los que se
asegura que Fox ha cambiado la política social “a conveniencia de los grandes
empresarios agrarios”. Se le acusa también de “escamotear” a los
campesinos los recursos aprobados por el Congreso de la Unión “desapareciendo
200 millones de pesos para la organización rural y recortando mil millones de
pesos al campo”.
Y
más: “Se realizan ajustes contra los pobres, mientras se permite que los
banqueros que cometieron fraudes eludan la justicia; se autorizan exenciones
fiscales en las grandes operaciones desnacionalizadoras y se promueve la
enajenación de la riqueza nacional”.
Las
organizaciones campesinas recuerdan que el guanajuatense fue electo con sólo el
42 por ciento del sufragio. “Que no olvide que la mayoría rural votó contra
su propuesta”, recalcan.
El
“Primer Pronunciamiento a la Nación” –como lo llaman— lo suscriben la
UGOCP, CNC, COCEI, CECDEZ, los Comités Populares de Abasto y legisladores
federales y locales de Oaxaca.
El
reto aparece en los momentos en que campesinos, ejidatarios, comuneros y
jornaleros enfrentan una situación muy crítica. Las ramas de producción
fundamentales como el café, el arroz, la ganadería, el hule, enfrentan una
crisis total de precios como consecuencia de las importaciones desmedidas de
esos productos.
“En
estas condiciones de crisis global una nueva amenaza ha surgido en le escenario
nacional. El actual gobierno federal ha cambiado la política social a
conveniencia de los grandes empresarios agrarios, volviendo inaccesibles los
programas que ya habían probado su eficacia, desprestigiando y hostigando a las
organizaciones sociales y en general a todas las formas de organización
campesina.”, se quejan las organizaciones.
“Debilitar
y deslegitimar ha sido el mecanismo usado para intentar la desorganización y
desarticulación de la resistencia campesina que se ha opuesto los recortes
presupuestales y a los ataques a la mencionada política social”, aseguran.
Una
y otra vez las organizaciones campesinas rechazan los “cambios negativos” en
la política social y en la institución de Sedesol. Aseguran que a lo largo del
año han experimentado estos “cambios negativos” en normas y destinos de
programas sociales. Las demandas no han encontrado respuestas y el gobierno
federal ha dado la espalda a la reivindicación de los más necesitados,
puntualizan.
“Vamos
a luchar contra las modificaciones concebidas para perjudicarnos y vamos a
luchar por la política social que se necesita”, advierten.
En
el desplegado, convocan a todas las organizaciones campesinas, legisladores y
dirigentes políticos a reunirse el próximo primero de agosto en Cuilampam de
Guerrero, Oaxaca, para definir estrategias de lucha contra la política
empobrecedora de los hombres del campo”.
Más
adelante, los firmantes manifiestan su preocupación por la decisión del
gobierno federal de sustituir a sus delegados en las entidades federativas por
otros funcionarios que, aseguran, privilegian a las fundaciones y organismos
civiles de la derecha y no a la verdadera clase campesina.
“La
democracia del país no puede desarrollarse con la construcción de un nuevo
corporativismo de derecha, que busca desde ahora generar las condiciones del
apoyo gubernamental a sus propuestas en el 2003”.
El
“pronunciamiento” advierte también que la administración federal pretende
que se apruebe en el Congreso de la Unión una reforma fiscal “injusta y
recaudatoria”, al tiempo que se les bajan impuestos a los grandes importadores
financieros. Para estas organizaciones, un ejemplo claro de lo anterior es la
reciente operación de Banamex, que se fusionó con el Citigroup.
“Los
banqueros y los importadores no pagan impuestos por decisión de un gobierno
federal que propone gravar con el IVA medicinas y alimentos; y gravar con el ISR
a la producción agrícola, el transporte, y otras áreas ubicadas en el régimen
especial”.
El
“Día D”
La
multitudinaria protesta campesina se realizará el próximo 8 de agosto en la
capital del país e incluirá:
Manifestaciones
Toma
de oficinas federales
Publicación
de desplegados contra la política social de Vicente Fox
Rechazo
a las normas y destinos de programas sociales
El
“Primer Pronunciamiento a la Nación” es suscrito por la UGOCP, CNC, COCEI,
CECDEZ, Comités Populares de Abasto y legisladores federales y locales de
Oaxaca
VIDA
NACIONAL.
Ángel Soriano, Excélsior, página 27, viernes 27 de julio.
Proyecto
de Riego Pujal Coy
TERRENO
EJIDAL EN DISPUTA.
Vox Populi, La Prensa, página 22, viernes 27 de julio.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx