Miércoles 19 de diciembre de 2001
Miércoles 19 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Excélsior • El Universal • La Jornada
• Milenio Diario • El Financiero
RECHAZA
LA SRA TODO TIPO DE VIOLENCIA ENTRE EL CAMPESINADO.
Marcela Leopo Flores, Excélsior, página 4, miércoles 19 de diciembre.
La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, rechazó todo
tipo de violencia y se pronunció por el diálogo entre el campesinado y las
autoridades para la resolución de los problemas del campo, en tanto que Heladio
Ramírez López, líder de la CNC, no solamente desaprobó la desaparición de
la SRA, sino que solicitó mayores recursos económicos para la dependencia, a
fin de llevar a cabo su tarea de restituir la tierra a los campesinos de México.
PREPARAN
EN ATENCO OTRA QUERELLA CONTRA TERMINAL AÉREA.
Almendra Vázquez, El Universal, página 21, miércoles 19 de diciembre.
El cabildo y el alcalde priísta de este lugar, Margarito Yáñez Ramos,
autorizaron presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una
tercera controversia constitucional por la construcción de la terminal aérea
en este territorio.
EMPIEZA
EN 45 DÍAS REUBICACIÓN DE 171 FAMILIAS EN TEXCOCO.
Israel Dávila, La Jornada, página 42, miércoles 19 de diciembre.
El secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales,
afirmó que en 45 días se iniciará la reubicación de al menos 171 familias
que están asentadas en forma irregular en la zona donde se construirá el
aeropuerto alterno de la ciudad de México, en la zona de Texcoco.
ALERTAN
EN YUCATÁN SOBRE PÉRDIDA DE TIERRAS.
Jazmín Rodríguez Galaz, El Universal, página 15, miércoles 19 de diciembre.
Cientos de hectáreas perdería Yucatán en las cercanías de Tzucacab y Peto,
por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el lío
limítrofe con Campeche y Quintana Roo, en la zona conocida como "punto put",
coincidieron diputados federales del PRI y del PAN.
SE
UNEN SINDICALISTAS AL PLATÓN AFUERA DE SAN LÁZARO PARA DEMANDAR APOYO AL
SECTOR SOCIAL.
Angélica Enciso, La Jornada, página 41, miércoles 19 de diciembre.
La presión social que crece día con día ante la Cámara de Diputados por los
reducidos presupuestos destinados al sector social, ayer estalló en un
encuentro atropellado entre los legisladores y sindicalistas. "¡Hasta dónde
nos quieren llevar cargando el IVA a alimentos y medicinas!, ¡vamos a
reventar!", reclamaron trabajadores, campesinos y colonos a los diputados.
ORGANIZACIONES
SOCIALES SE APODERAN DE SAN LÁZARO.
Francisco Garfias, Milenio Diario, página 4, miércoles 19 de diciembre.
Llegaron, se manifestaron, unos entraron por la puerta, otros se brincaron la
barda, hablaron con los diputados y se retiraron. Del sitiado Palacio
Legislativo se llevaron la promesa de que el jueves en la mañana los volverán
a recibir para que expongan sus exigencias.
EL
CAMPO MEXICANO, UN PERDEDOR CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES: CNPR.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 7, miércoles 19 de diciembre.
Anualmente, 600 mil productores abandonan los campos de cultivo para emigrar al
interior de la República e incluso a Estados Unidos, lo cual ha sido provocado
por la globalización y los tratados de libre comercio que han hecho del campo
nacional un “perdedor”, afirmó Julián Orozco González, presidente de la
Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).
JORNALEROS
DEMANDAN MAYOR PRESUPUESTO PARA EL AGRO.
Lourdes Edith Rudiño, El Financiero, página 23, miércoles 19 de diciembre.
Desacato a la Ley de Desarrollo Rural, amenazan
Organizaciones
campesinas, forestales, cafetaleras y de uniones de crédito agrícola
demandaron al Congreso de la Unión que ajuste al alza el proyecto
presupuestario del Ejecutivo para el agro.
CLASE
POLÍTICA.
Columna de Miguel Ángel Rivera, La
Jornada, página 4, miércoles 19 de diciembre.
... Una reunión plural fue la efectuada en Guadalajara, con participación de
la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello; el dirigente
nacional de la CNC del PRI, Heladio Ramírez López, y el gobernador de Jalisco,
surgido del PAN, Francisco Ramírez Acuña. El propósito de ese evento fue
atender las demandas de los campesinos de Jalisco...
SECTOR
AGRARIO
RECHAZA
LA SRA TODO TIPO DE VIOLENCIA ENTRE EL CAMPESINADO.
Marcela Leopo Flores, Excélsior, página 4, miércoles 19 de diciembre.
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, rechazó todo
tipo de violencia y se pronunció por el diálogo entre el campesinado y las
autoridades para la resolución de los problemas del campo, en tanto que Heladio
Ramírez López, líder de la CNC, no solamente desaprobó la desaparición de
la SRA, sino que solicitó mayores recursos económicos para la dependencia, a
fin de llevar a cabo su tarea de restituir la tierra a los campesinos de México.
En
lo que fue la primera Audiencia Campesina entre el sector agrario y las
autoridades respectivas, con la asistencia del gobernador Francisco Ramírez Acuña
y todos los titulares de las diversas dependencias ligadas a los problemas del
campo, la titular de la SRA, señaló que el presidente Fox ha ordenado que no
habrá más expropiaciones si no se han liquidado anticipadamente.
“No
se puede avanzar en el agro mexicano, si no hay seguridad jurídica, por ello en
el presente año se han expedido 400 mil documentos beneficiando a 217 mil
familias y entregado 12 mil títulos de terreno nacional, pues no podemos seguir
alargando más la solución de los problemas agrarios”, agregó la funcionaria
federal.
Apuntó
ante un gran número de campesinos de Jalisco,
que muchos conflictos se han dado por la transmisión de las tierras que
en ocasiones se han hecho más complejos y pidió a los hombres del campo tener
mayor confianza en las autoridades y exponer con realidad sus problemáticas
para llegar a las soluciones.
Durante
la audiencia, el líder estatal de la CNC, Ricardo Chávez Pérez, dijo que el
reparto agrario, la entrega de la tierra ha sido la lucha histórica de los
campesinos de Jalisco, pero este proceso no ha sido fácil, ya que ha sido
afectado por graves errores técnicos y otros de carácter administrativo
originados por actos de corrupción gubernamental.
Añadió
que ello repercutió en traiciones al movimiento campesino organizado, y que se
tradujeron en soluciones presidenciales, que a la postre resultaron
inejecutables, o bien se ejecutaron de manera parcial o se dejaron estas
insubsistentes por fallos de tribunales del poder judicial de la federación;
dando origen a verdaderos problemas sociales que enfrentaron a campesinos con
campesinos en la disputa de la misma tierra.
En
Jalisco existen 267 problemas agrarios de los cuales 15 son prioritarios, dijo
Chávez Pérez y solicitó el cumplimiento de ejecutorias dictadas en juicios de
amparo, asimismo la ejecución complementaria de resoluciones presidenciales y
agilizar expedientes de expropiación y pago total de 40 núcleos agrarios con
PEMEX, CFE, CNA, SCT y gobierno del estado, entre otros.
Por
su parte el secretario general de la CNC, Heladio Ramírez López. Destacó que
sin seguridad jurídica no hay proyecto de desarrollo en el campo, “nos e le
puede modernizar si existen litigios agrarios”, y subrayó que los campesinos
están dispuestos a salir de la pobreza mediante alianzas, principalmente con el
gobierno.
Dijo
que en otras épocas habían expropiado tierras para obras que nunca se
realizaron y que siempre se dejó en la desprotección a los campesinos; por
otra parte, se han hecho muchas sin que los hombres del campo hayan recibido sus
correspondientes indemnizaciones.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
PREPARAN
EN ATENCO OTRA QUERELLA CONTRA TERMINAL AÉREA.
Almendra Vázquez, El Universal, página 21, miércoles 19 de diciembre.
El
cabildo y el alcalde priísta de este lugar, Margarito Yáñez Ramos,
autorizaron presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una
tercera controversia constitucional por la construcción de la terminal aérea
en este territorio.
El
argumento es que el presidente Vicente Fox o la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) no consultaron con autoridades locales y la población, según
establece el artículo 115 constitucional.
Lo
anterior fue informado por los regidores Lucía Miranda Ortega, del Partido Acción
Nacional (PAN) y Leopoldo Robles Roldán, del de la Revolución Democrática (PRD),
quienes aseguraron que el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, recomendó
que la controversia se realizara después de haberse interpuesto los amparos.
Lucía
Miranda dijo que esta propuesta fue discutida y aprobada en cabildo, incluso el
alcalde priísta Margarito Yáñez aceptó la decisión de la mayoría de los
regidores.
"Es
lo menos que puede hacer el ayuntamiento de San Salvador Atenco", dijeron
ambos regidores después de que los ejidatarios fueron afectados por la
expropiación de más de mil 200 hectáreas en Atenco.
La
controversia del ayuntamiento, aseguraron, será diferente a las que presentaron
los gobiernos perredistas de Texcoco, Acolman y el Distrito Federal, ya que 96
por ciento del suelo en donde se construirá la terminal está en San Salvador
Atenco.
Por
su parte, el representante legal del ejido de Acuexcomac, Gonzalo Estrada
Cervantes, informó que el próximo 28 de diciembre en el Juzgado Quinto de
distrito, con sede en ciudad Nezahualcóyotl, dará la próxima audiencia a
campesinos de ese lugar, y ésta fue diferida porque la SCT no entregó a tiempo
la documentación correspondiente.
Mientras
que en la comunidad Francisco I. Madero los pobladores se mantienen en tensión,
luego de la presencia de empleados del ayuntamiento, a quienes acusan de
"provocar y dividir a la gente", en Santa Isabel Ixtapan cuatro
familias temen quedarse sin sustento si se construye la terminal aérea en la
región.
EMPIEZA
EN 45 DÍAS REUBICACIÓN DE 171 FAMILIAS EN TEXCOCO.
Israel Dávila, La Jornada, página 42, miércoles 19 de diciembre.
El
secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales,
afirmó que en 45 días se iniciará la reubicación de al menos 171 familias
que están asentadas en forma irregular en la zona donde se construirá el
aeropuerto alterno de la ciudad de México, en la zona de Texcoco.
Aseguró
que el gobierno federal ya hizo los depósitos en un fideicomiso, lo que
permitirá a cada una de esas familias contar con una casa de aproximadamente 60
mil pesos. Señaló que para esta tarea se tiene considerado ejercer al menos 15
millones de pesos.
Por
su parte, el Comité Directivo Estatal del PRD elabora con sus diputados locales
la solicitud de revocación de mandato del alcalde de San Salvador Atenco,
Margarito Yáñez, y la desaparición de poderes en el municipio, la cual será
presentada al pleno del Congreso mexiquense "ante las condiciones de
ingobernabilidad que existen en la localidad y (por)que en los hechos dejaron de
existir las instituciones de gobierno".
YUCATÁN
ALERTAN
EN YUCATÁN SOBRE PÉRDIDA DE TIERRAS.
Jazmín Rodríguez Galaz, El Universal, página 15, miércoles 19 de diciembre.
Cientos
de hectáreas perdería Yucatán en las cercanías de Tzucacab y Peto, por el
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el lío limítrofe
con Campeche y Quintana Roo, en la zona conocida como "punto put",
coincidieron diputados federales del PRI y del PAN.
La
gravedad del asunto es que informaciones preliminares indican que los
magistrados de la SCJN fallarían a favor de la controversia constitucional que
interpuso el gobierno de Quintan Roo, hace poco más de un año, cuando el
mandatario era Mario Villanueva Madrid, por lo que tanto Campeche como Yucatán
resultarían afectados en su territorio.
El
presunto fallo adverso contra Yucatán provocó que funcionarios de la Secretaría
de Gobernación alertaran a los legisladores de los diversos partidos políticos,
que representan a la entidad, para que intervengan, por lo que éstos
"sugirieron" la reunión con el gobernador yucateco Patricio Patrón
Laviada, para que más allá de los partidos se conforme un bloque que impida
que Yucatán pierda parte de su territorio.
Los
diputados federales del PAN, Luis Aldana y Silvia López Escoffié, así como
Jorge Carlos Ramírez Marín e Ignacio Mendicuti Pavón, del PRI, declararon que
el problema radica en que la SCJN fallaría en contra del gobierno de Campeche y
con ello se daría la razón al gobierno de Quintana Roo.
Se
modificarían, por tanto, las coordenadas en los límites de los 3 estados en la
zona conocida como el "punto put" y con esto Yucatán y Campeche
perderían cientos de hectáreas de su territorio. La intervención de la
Secretaría de Gobernación fue en el entendido de que un fallo de esta índole
podría ocasionar un conflicto social de grandes magnitudes, ya que en esos límites
habitan miles de yucatecos que tienen incluso parcelas e infraestructura agrícola,
a quienes según la diputada panista López Escoffié "de ninguna manera
puede decírseles de la noche a la mañana que ya no son yucatecos sino
quintanarroenses".
Por
su parte, Ignacio Mandicuti Pavón, del PRI, manifestó que hay dos soluciones;
la jurídica, que sería respetar el fallo de los magistrados "como
venga"; o bien, pedirle a Gobernación que intervenga para encontrar una
salida política que no dañe a las 3 entidades.
López
Escoffié manifestó que tienen información de que cuando el gobierno de
Quintana Roo interpuso la controversia constitucional, el gobierno de Yucatán,
que encabezaba Víctor Cervera Pacheco, no contestó la demanda y esto benefició
en términos estrictamente jurídicos al vecino estado.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
SE
UNEN SINDICALISTAS AL PLATÓN AFUERA DE SAN LÁZARO PARA DEMANDAR APOYO AL
SECTOR SOCIAL.
Angélica Enciso, La Jornada, página 41, miércoles 19 de diciembre.
La
presión social que crece día con día ante la Cámara de Diputados por los
reducidos presupuestos destinados al sector social, ayer estalló en un
encuentro atropellado entre los legisladores y sindicalistas. "¡Hasta dónde
nos quieren llevar cargando el IVA a alimentos y medicinas!, ¡vamos a
reventar!", reclamaron trabajadores, campesinos y colonos a los diputados.
El
Palacio Legislativo fue centro de reunión de integrantes de la Unión Nacional
de Trabajadores, Asamblea de Barrios, El Barzón y el Congreso Agrario
Permanente, que se unieron al plantón del Movimiento de los Cuatrocientos
Pueblos, de los Productores de la Cuenca del Papaloapan y deudores de la banca.
Todos ellos con la demanda de mayores recursos al gasto social, pero también
con peticiones como el final de la guerra en Afganistán.
Mientras
los manifestantes permanecían afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro en
medio de anafres donde se preparaba la comida del día, carpas de plástico,
camiones foráneos, puestos de piña y de hot dogs, sus dirigentes
ingresaron al recinto para reunirse con el presidente de la Comisión de
Hacienda, Luis Pazos de la Torre, y el vicepresidente de la mesa directiva, Eric
Villanueva.
Al
iniciar el encuentro, un grupo de integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP)
saltó la reja de la Cámara y se introdujo al Salón Verde, donde se llevaba a
cabo el encuentro con los representantes de las organizaciones gremiales. Los
diputados aceptaron la participación de los integrantes del MUP y se inició
una cascada de reclamos.
Federico
Ovalle, del CAP, aceptó que el país necesita una reforma fiscal, pero,
"no una que afecte a los más pobres". En un tono similar, Alfonso Ramírez
Cuéllar, de El Barzón, dijo que en las condiciones actuales "queremos
insistir en cambiar la negociación del presupuesto, porque es evidente que
tenemos un Estado quebrado. Nosotros queremos proponer al Congreso la
renegociación de la deuda pública interna. Necesitamos que los partidos de
oposición rompan el actual esquema de negociación del presupuesto".
El
dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez, argumentó que corresponde al
Congreso cambiar la política de sometimiento económico al FMI y al BM porque
está equivocada, "¿por qué seguir empecinados en seguir manteniendo el
esquema del neoliberalismo? ¿Por qué no construir un modelo económico con la
participación de todos los sectores? Señores diputados, ¿qué no los mueven a
reflexionar todas las movilizaciones que se dan todos los días ante la Cámara?".
Al
concluir, el dirigente del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez,
manifestó a los diputados que "no es posible que estén cerradas las
puertas de la Cámara, como ahora sucedió a los compañeros del MUP, que
tuvieron que saltarse", y solicitó que mañana los integrantes de la UNT
se reúnan con las comisiones de Presupuesto y Hacienda, lo que no fue
confirmado.
Afuera
los productores de piña anunciaban el próximo sacrificio del toro Victorio,
lo cual les servirá para mantener por más días su plantón, que lleva ya una
semana a las puertas del Congreso. El problema, dijeron, todavía no tiene vías
de solución porque los legisladores no han logrado concretar una reunión entre
el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y los productores.
"No
nos vamos a ir de aquí hasta que no se dé una solución. No sólo queremos el
crédito, sino que además se nos incluya en el presupuesto, porque nunca hemos
estado apoyados por el gobierno", demandó Miguel Acosta Vázquez. Dijo que
para el próximo ciclo se requieren 433 millones de pesos para toda la zona piñera
de Oaxaca y Veracruz, donde los afectados son alrededor de 3 mil 400 productores
que cultivan 12 mil hectáreas.
"El
mismo gobierno nos sumió en esta quiebra y miseria cuando empezó a importar
productos y permitió el contrabando, en este caso de piña enlatada. Por eso
exigimos al secretario Usabiaga que restituya esa pérdida prestándonos dinero,
no regalándonoslo, en un crédito que pagaremos en la cosecha", sostuvo.
Indicó
que existe un documento firmado el pasado 9 de octubre, donde el funcionario se
comprometió a pagar los intereses de 6 millones de pesos para sacar los
cultivos, pero hasta ahora no los ha apoyado. Sin embargo, añadió, por lo
menos necesitamos 128 millones para activar la siembra.
"Estamos
a punto de perder nuestro cultivo y sólo nos quedan dos meses, porque el ciclo
termina en febrero". Además el precio que perciben por kilo es de apenas
10 centavos, cuando para cubrir los costos de producción se necesita que se les
pague al menos un peso por kilogramo.
ORGANIZACIONES
SOCIALES SE APODERAN DE SAN LÁZARO.
Francisco Garfias, Milenio Diario, página 4, miércoles 19 de diciembre.
Llegaron,
se manifestaron, unos entraron por la puerta, otros se brincaron la barda,
hablaron con los diputados y se retiraron. Del sitiado Palacio Legislativo se
llevaron la promesa de que el jueves en la mañana los volverán a recibir para
que expongan sus exigencias.
Eran
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Barzón, el Congreso Agrario
Permanente y los no convidados del Movimiento Urbano Popular quienes entraron
sin permiso, por la barda, y con gritos combativos en favor del proletariado.
Habían
ido previamente a tocar las puertas del Ejecutivo. “No se nos escucha”,
aseguraba el líder de la UNT, el telefonista Francisco Hernández Juárez.
En
San Lázaro se posesionaron de las galerías del Salón Verde, de frente a la
tribuna ocupada por diputados del PRI, PAN y PRD. Exigían más recursos en el
Presupuesto de 2002 para el sector social y proponían dos vías para
conseguirlos: Reasignar una parte de los recursos del IPAB-Fobaproa (para el que
el Ejecutivo pide 30 mil millones de pesos).
Pero
también cambiar el eje de la reforma fiscal: Del IVA en medicinas y alimentos
al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En
voz de Hernández Juárez, dejaron plasmada una advertencia: “Tenemos dos vías
para que nos escuchen: La institucional o la calle”.
Fue
un encuentro espontáneo. No había agenda y menos, invitación. Se prolongó más
de una hora. Cuando los inconformes llegaron por la mañana casi no había
diputados. Por allí encontraron al panista Luis Pazos, presidente de la Comisión
de Presupuesto, quien les abrió las puertas del Palacio Legislativo (excepto al
Movimiento Urbano Popular –MUP–) y presidió el encuentro. Lo acompañaba el
perredista Éric Villanueva, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados.
Poco
a poco llegaban legisladores de todos los partidos al Salón Verde: los priistas
Enrique Morales, presidente de la Comisión de Educación, y Florentino Castro,
de la Comisión de Hacienda; los perredistas Gregorio Urías, vicecoordinador de
la bancada; Miroslava García, coordinadora de política económica del PRD, y
el panista Fernando Martínez Cué.
Esos
legisladores, y otros, escucharon a Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional
de El Barzón, pedir que se cambie el método de elaboración del Presupuesto.
“Ya no queremos que se den pellizcos.
Aquí
para reasignar miserias allá, que después de dos meses nos vuelven a
quitar”, decía el barbón barzonista, en alusión a los recortes aplicados
por la Secretaría de Hacienda en el curso del primer año de Vicente Fox.
“No
venimos a solicitar más dinero. Es mucho el asignado a los deudores. El
problema es que no les llega y beneficia principalmente a las empresas
compradoras de deuda. Queremos sacar al estado de la quiebra”, aseguraba.
En
la palabra lo había precedido Salvador Ibarra Guerra, del sindicato de
transportistas. Una y otra vez el hombre preguntaba a los legisladores: ¿Dónde
nos quieren llevar con el IVA a medicinas y alimentos?
Cuarentón,
de barba cana, no mal vestido, el transportista aseveraba: “Hay una situación
de emergencia en cuanto a salarios. El 4.5 por ciento de aumento al mínimo es
una burla”. Advertía: “Hay demasiado dinero en pocas manos. Si esto sigue
así vamos a reventar. No se puede aguantar más tensión social”.
José
Luis Rubio, del colado Movimiento Urbano Popular, había entrado abruptamente en
el Salón Verde. No era la primera vez. A pesar del método, había logrado que
se le diera la palabra. Fue directo a lo suyo. Pedía más dinero para la
vivienda popular. Habló de un fideicomiso para la vivienda al que sólo se le
asigna la “ridícula cantidad” de 50 millones de pesos.
Llegaría
el turno de Agustín Rodríguez, del STUNAM. El sindicalista se quejaba no sólo
del recorte de 20 mil millones de pesos obligado por la nueva estimación de
15.50 dólares en el precio del petróleo, sino de la continuidad en la política
presupuestal. “Son las mismas bases, el mismo monto, el mismo esquema: Tiene
que cambiar la política económica del país”, decía.
Culminaría
su alocución con un llamado a los diputados para que convoquen a sindicatos y
organizaciones sociales a discutir “un modelo económico distinto al que
estamos siendo sometidos”.
Al
final del encuentro un grupo de jubilados se arremolinó en torno a Luis Pazos
con el mismo motivo: más recursos. “Somos de la tercera edad. Ya no
aguantamos mucho”, urgían.
Habrá
reclamos sin atender
El
Presupuesto, tal como está, implica muchos reclamos sociales “que no se van a
atender”, advirtió el panista Luis Pazos, presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados, y reconoció: “Esto podría ser
conflictivo, sin llegar a acabarse México”.
En
declaraciones hechas en el Palacio Legislativo, este economista veracruzano
precisó que puede haber presiones de gobernadores y presidentes municipales que
quieran más recursos, pero descartó la posibilidad de un estallido social.
“Hay
muchas puertas abiertas. Quien quiera hacer violencia está fuera de lugar”,
destacó.
Más
adelante, advirtió contra quienes quieren subir el déficit presupuestal para
financiar los huecos en el Presupuesto: “Es muy riesgoso. Allí está lo que
pasa en Argentina”, dijo.
—¿Y
no es más riesgoso subir impuestos en épocas de recesión?
EL
CAMPO MEXICANO, UN PERDEDOR CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES: CNPR.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 7, miércoles 19 de diciembre.
Anualmente,
600 mil productores abandonan los campos de cultivo para emigrar al interior de
la República e incluso a Estados Unidos, lo cual ha sido provocado por la
globalización y los tratados de libre comercio que han hecho del campo nacional
un “perdedor”, afirmó Julián Orozco González, presidente de la
Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).
Los
acuerdos nacionales han convertido al país en una nación dependiente del
extranjero en muchos productos alimenticios, lo cual no sólo afecta al aspecto
de producción y distribución de alimentos, sino que genera un grave éxodo de
los habitantes del medio rural.
Los
impactos de los tratados internacionales han sido negativos, generándose un
profundo bache comercial que afecta los mercados nacionales, los volúmenes de
producción y la economía familiar, pues al dejar de ser rentable el campo deja
también de ser atractivo para las nuevas generaciones de jóvenes.
Estos
prefieren emigrar al país vecino del norte y a las grandes ciudades en busca de
mejores oportunidades de trabajo.
JORNALEROS
DEMANDAN MAYOR PRESUPUESTO PARA EL AGRO.
Lourdes Edith Rudiño, El Financiero, página 23, miércoles 19 de diciembre.
Desacato
a la Ley de Desarrollo Rural, amenazan Organizaciones
campesinas, forestales, cafetaleras y de uniones de crédito agrícola
demandaron al Congreso de la Unión que ajuste al alza el proyecto
presupuestario del Ejecutivo para el agro.
En
una carta enviada a los diputados y senadores, así como a los partidos políticos,
la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC),
la Coordinadora Nacional Cafetalera (CNOC), la Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales y la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del
Sector Social (AMUCSS) hacen su planteamiento.
Requieren
que el presupuesto para la Secretaría de Agricultura se eleve en cuatro mil 500
millones de pesos respecto del monto planteado por el Ejecutivo, para así
alcanzar 35 mil 743 millones 130 mil pesos. El aumento sería de 10 por ciento.
Y
argumentan: "Lejos de reconocer y revertir la realidad de estancamiento
económico, exclusión social, deterioro ambiental y malestar generalizado del
campo, el presidente Fox envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de
presupuesto 2002 que recorta en 5 por ciento en términos reales el monto
asignado a la Secretaría de Agricultura."
Además
de que reduce en 12 por ciento el recurso destinado a la Secretaría de Medio
Ambiente, y para el combate a la pobreza asigna sólo el 1.6 por ciento del
gasto programable total.
Las
organizaciones _representantes de campesinos de pequeña escala_ señalan que el
recurso definido en el proyecto del Ejecutivo para el desarrollo productivo del
campo (dentro del renglón de Agricultura) representa tan sólo 3.1 por ciento,
"la más baja proporción de la historia".
Advierten
que de no haber aumento al presupuesto, la Ley de Desarrollo Rural, recién
aprobada, "será letra muerta".
Pero
aclaran que más allá del tema presupuesto, el campo, en grave crisis, necesita
una nueva política que fomente la organización campesina, que fortalezca a los
agricultores más pobres y que reduzca privilegios de subsidio que han gozado
productores de gran escala.
"Del
presupuesto previsto para Sagarpa _que representa un exiguo 0.54 por ciento del
PIB proyectado para 2002, se propone asignar tan sólo 29.9 por ciento para el
desarrollo productivo de los campesinos más pobres del país".
Preocupa
la comercialización
En
su escrito, las agrupaciones manifiestan una preocupación especial por el rubro
de apoyos a la comercialización, los cuales sumarían sólo mil millones de
pesos en 2002, muy debajo de los cuatro mil 700 millones de 2001.
La
propuesta de las organizaciones dice que el renglón de "programa de apoyos
directos con fin específico" _que es nuevo_ debe retomar el concepto
inicial de "programa de apoyos a la comercialización y desarrollo de
mercados regionales".
Y su presupuesto programado, de dos mil 414.7 millones de pesos, debe crecer en
cuatro mil millones de pesos, y distribuirse así: cinco mil millones para
apoyos directos a la comercialización, mil 400 millones para programas
especiales de inversión para maíz, trigo y sorgo, y 44.7 millones para
estudios y demandas antidumping en apoyos a organizaciones de productores.
Además,
dice, los apoyos deberán distribuirse equitativamente entre las entidades;
orientarse exclusivamente a los productores y a sus organizaciones; y aplicar un
tope de apoyos por productor según la extensión de su predio.
OPINIÓN
CLASE
POLÍTICA.
Columna de Miguel Ángel Rivera, La
Jornada, página 4, miércoles 19 de diciembre.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx