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Dirección General de Comunicación
Social |
Comunicado de Prensa No. PA/065 |
México, D. F., a 10 de septiembre de 2008 |
FORMALIZAN CONVENIOS EJIDATARIOS DE OAXACA E INVERSIONISTAS ESPAÑOLES PARA GENERAR ENERGÍA EÓLICA |
En el marco del programa Fomento de Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP), directivos de la empresa española EURUS y ejidatarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, iniciaron la firma de convenios para generación de energía eólica, con una inversión total de 500 millones de dólares. En este proyecto serán beneficiados 500 ejidatarios propietarios de 2 mil 500 hectáreas del poblado La Venta, Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En total se celebrarán 500 convenios de usufructo parcelario, con vigencia de 30 años, de los cuales, actualmente 170 se encuentran debidamente documentados y firmados; los otros 330 están en proceso de implementación, en el que la Procuraduría Agraria participa como gestora y asesora jurídica de los campesinos. En todos los casos existe el Acuerdo de Asamblea que fundamenta la participación de los ejidatarios. En conferencia de prensa, el Procurador Agrario, Rocendo González Patiño, explicó que el programa FIPP nace como respuesta a las demandas de los campesinos en el desarrollo productivo de sus tierras que les permita vivir mejor. A la fecha, en la Procuraduría Agraria han sido catalogados 4,412 núcleos agrarios con 729 mil campesinos, que presentan condiciones para llevar a sus tierras inversión pública y privada. De este universo, 646 núcleos agrarios con una superficie total de 4 millones 4 mil 189 hectáreas ya están incorporados al programa FIPP y están en condiciones de asociarse con los inversionistas interesados para proyectos adecuados al potencial de la tierra de acuerdo a la clasificación siguiente: 81 núcleos para proyectos de desarrollo y equipamiento urbano; 162, turísticos; 286, agropecuarios; 73, industriales; 27, de servicios y 17 de infraestructura. Por otra parte, se tienen catalogados 15 inversionistas públicos y privados interesados: Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Vivienda de Colima, Almacenadora Mercader, S.A., AICO, Plantaciones de Tehuahtepec, Grupo Minero, Integradora del Río Lerma, S.A. de C.V., Materiales Villarreal, S. A., Homero Falcón Martínez, Hermanos García Picaso, Jatro Biofuels, Grupo Santos, EURUS, Ron Tlalixtac y Tierra Café. González Patiño fue claro al señalar que la participación de los campesinos en estos proyectos es de común acuerdo entre sus órganos directivos, y en ningún caso se contempla la venta de sus propiedades. En su exposición, precisó que vivimos tiempos en los que la tierra social está sujeta a un nuevo esquema de evaluación y revaloración, de diagnóstico vocacional para que, en consenso con sus propietarios, darle el mejor destino productivo. Ello en virtud de que el campo es considerado como una oportunidad de negocio para generar inversiones que vengan a remediar las viejas penurias de millares de familias rurales. “El cambio de rumbo va hacia el aprovechamiento legal y razonable de la tierra social de que disponemos. Sólo es cuestión de concretar y vincular, armónicamente, el interés de campesinos y empresarios para darle curso a novedosos desarrollos urbanos, turísticos, de servicios, industriales y agrícolas.”, dijo. Y agregó que la función central de la Procuraduría Agraria es de coadyuvancia. “Somos gestores y garantes, con base en las leyes vigentes, del suministro de suelo social para satisfacer los requerimientos del desarrollo rural sustentable del país”.
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Dirección General de Comunicación
Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx