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Dirección General de Comunicación
Social |
Comunicado de Prensa No. PA/019 |
México, D.F., a 7 de abril de 2008 |
HISTÓRICO CONVENIO CELEBRAN PROCURADURÍA AGRARIA Y CANADEVI PARA DESARROLLO URBANO EN TIERRA EJIDAL |
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Por primera vez en la historia del agrarismo mexicano se firmó un convenio para destinar 100 mil hectáreas ejidales improductivas a fines habitacionales. El procurador agrario, Rocendo González Patiño, y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Ramiro Guzmán Barbosa, signaron el instrumento con que se formaliza la integración de los ejidatarios a proyectos urbanos. Mediante este Convenio de Colaboración, la Procuraduría Agraria (PA) operará como gestora y garante de los campesinos propietarios de tierra social que agotó su vocación agrícola y que, por su localización, es viable de sumarse al entorno urbano de diferentes ciudades. En 2007, la PA inició la localización de reservas estratégicas de tierra ejidal y a la fecha ha desincorporado alrededor de 20 mil hectáreas en diversos puntos del país, informó el procurador agrario, Rocendo González Patiño. De esta manera, dijo, “el sector agrario de México ha dado un golpe de timón y está gestando un cambio profundo como no había ocurrido en los últimos cien años, ya que los asuntos del campo ingresan de lleno a una visión de estado innovadora, diseñada por la administración del Presidente Felipe Calderón con el objetivo de eliminar la crítica situación de pobreza que sufren los campesinos del país”. Agregó que después del largo proceso del reparto de la tierra y al término de tres lustros dedicados a ordenarla y certificarla, el Sector Agrario emprende, con toda determinación, una tercera etapa, la etapa de la productividad rural que da sentido y rumbo a todo el proceso agrario mexicano. “La tierra social está sujeta a un nuevo esquema de evaluación y revaloración, de diagnóstico vocacional para, en consenso con sus propietarios, darle el mejor destino productivo”, dijo. Explicó que hay muchas superficies ejidales que han perdido su vocación agropecuaria y otras que son de naturaleza turística o urbana y que, por razones socioeconómicas diversas, permanecen improductivas y en el abandono. Por eso, “nos hemos dado a la tarea de encontrarles un mejor uso y desde este punto de vista, el campo ya es considerado como una oportunidad de negocio para generar inversiones que vengan a remediar las viejas penurias de millares de familias rurales.” Esta opción de desarrollo del suelo ejidal se inserta en el proyecto Bolsa de Tierra que promueve la PA para fomentar la inversión pública y privada en el campo mexicano. Con base en la estructura territorial de la Procuraduría, que cuenta con más de mil oficinas para atender los 32 mil núcleos agrarios de México, será viable concretar el apoyo y la colaboración con los gobiernos de los estados, los municipios y los organismos desarrolladores de la vivienda en México, apuntó el Titular de la PA. Se estima que más del 50 por ciento del crecimiento urbano nacional se ha dado en áreas de tierra social sin regularizar lo cual es causa de incertidumbre porque genera situaciones de injusticia para campesinos y desarrolladores, así como graves problemas de suministro de servicios. Hoy el cambio de rumbo va hacia el aprovechamiento legal y razonable de la tierra social de que disponemos. “En teoría, hay suficiente terreno para dar cabida a la demanda de vivienda y existen también los procedimientos y herramientas jurídicas para modificar el uso del suelo”, dijo González Patiño. Y puntualizó que en la PA se tienen programas y acciones específicos para representar, asesorar y acompañar a campesinos a efecto de que su decisión de promover el cambio de uso de suelo y las inversiones que tengan lugar, redunden en beneficio de ellos mismos. Aclaró: “No se trata de que vendan sus tierras, porque hemos constatado que, a la postre, se quedan sin tierra y sin dinero, sino que de manera equitativa hagan una alianza comercial con los dueños del capital para que ambos resulten ganadores en un negocio común. Sólo es cuestión de concretar y vincular, armónicamente, el interés de campesinos y empresarios para darle curso a novedosos desarrollos urbanos y precisamente en eso estamos trabajando con la firma de este convenio”. |
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