Dirección General de Comunicación Social

Comunicado de Prensa No. PA/059

Querétaro, Qro., a 10 de octubre de 2007

 

NECESARIO INCORPORAR TIERRA SOCIAL AL DESARROLLO URBANO: RGP

 

·         El Procurador Agrario, Rocendo González Patiño, clausuró la primera conferencia marco del Foro Nacional: Hacia un Ordenamiento Territorial de la Propiedad Social en las Zonas Conurbadas

 

Al señalar que no hay forma de separar la coexistencia del México urbano y el México rural, el Procurador Agrario, Rocendo González Patiño, afirmó que el beneficio que derive de la tierra social debe llegar tanto a los habitantes de las ciudades como a los legítimos propietarios de la riqueza agraria del país.

 

Por ello, se busca la incorporación de los dueños de la tierra social a proyectos productivos, entre los que destaca la infraestructura urbana, para garantizarle una rentabilidad que les permita mejorar sus condiciones de vida.

 

El Titular de la Procuraduría Agraria clausuró la primera conferencia marco del Foro Nacional: Hacia un Ordenamiento Territorial de la Propiedad Social en las zonas Conurbadas, organizado en esta ciudad por el senador Eduardo Nava Bolaños, presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República.

 

Destacó que la Procuraduría Agraria se ha dado a la tarea de localizar 100 mil hectáreas, en coordinación con los gobiernos de los estados, para encauzarlas al desarrollo urbano del país que, de acuerdo con los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, demanda la construcción de seis millones de viviendas en este sexenio.

 

Al mismo tiempo, refirió que el Sector Agrario trabaja en el diseño de una bolsa de tierra social, que tiene por objeto clasificar las superficies disponibles y catalogarlas para darles el mejor destino, con base en acuerdos previos con sus dueños.

 

En su exposición, González Patiño afirmó que “en la actualidad, México es un país eminentemente urbano, por lo que se debe diseñar en conjunto un crecimiento urbano integral del país, del mismo modo que es necesario garantizar que el uso del suelo sea compatible con su aptitud y evitar la ocupación en zonas frágiles y de riesgo, así como asegurar la existencia y disponibilidad de los recursos naturales”.

 

En este contexto, “ la Procuraduría Agraria tiene ante sí, la oportunidad irrenunciable de respetar la voluntad de los ejidos, acompañándolos en la aplicación de programas de organización y capacitación que respalden la incorporación de tierra social al desarrollo urbano ordenado y sustentable”.

 

En su exposición recordó que el crecimiento explosivo de la población urbana y la protección de las tierras de los núcleos agrarios por parte del Estado, originó un conflicto que se resolvió mal, por la vía de los hechos. Y ante la imposibilidad de realizar transacciones legales con la tierra de ejidos y comunidades, la presión social por el suelo para construir vivienda se tradujo en la invasión, generalmente consentida, y en algunos casos violenta, de las áreas ejidales y comunales que rodean a las ciudades.

 

Este fenómeno, dijo, se manifestó con fuerza a partir de los años sesenta, cuando la población urbana creció 54% y actualmente hay estimaciones que indican que al menos 50% del área urbana de las ciudades se ha desarrollado a partir de asentamientos irregulares.

 

Asimismo, indicó que una encuesta realizada por el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario señala que el 21.4% de los casi 30 mil núcleos agrarios del país tenía asentamientos humanos irregulares.

 

“Colocados en la realidad, aún debemos esperar importantes movimientos migratorios hacia las ciudades, por lo que se tiene que crear una oferta de suelo urbano suficiente para todos los sectores de la población”.

 

El Procurador Agrario dijo que en el proceso de incorporación de ejidos al tejido urbano, frecuentemente se ha excluido de los beneficios a los ejidatarios y la disposición a asociarse por parte de los desarrolladores es incipiente y desigual. “Es aquí, en donde encontramos un área de oportunidad para impulsar un saludable crecimiento urbano, saludable para campesinos y empresarios, con base en la política del presidente Felipe Calderón”.

 

Es tarea fundamental nuestra tutelar el valor social de la tierra, que hoy es un elemento productivo y medio de vida de millones de campesinos, pero también se debe considerar que el desarrollo urbano y la producción de vivienda debe beneficiar a solicitantes de bajos recursos, es decir, vivienda popular.

 

 

 

 


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