15 de septiembre de 2003 (PA/021)

EL SECTOR AGRARIO INICIÓ EL PRECIERRE OPERATIVO DEL PROGRAMA PROCEDE EN TODO EL PAÍS 

• Son cuatro las entidades que han formalizado esta etapa

• El Procurador Agrario ha encabezado estos actos en Nuevo León, Colima, Aguascalientes y Querétaro

• El promedio de regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, supera en estas entidades el 92 por ciento

• En 10 años de trabajos del Procede, se han certificado 24 mil 169 núcleos agrarios en todo el territorio nacional: Isaías Rivera Rodríguez

Las instituciones del Sector Agrario, conformado por la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, con el invaluable apoyo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), han iniciado una nueva etapa en el historia agraria de nuestro país con la que, paradójicamente, culmina en todo el territorio nacional, a poco más de 10 años de operación, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). 

Este programa interinstitucional del Gobierno de la República, que diera inicio el 6 de enero de 1993, como resultado de las reformas al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria aprobadas por el constituyente permanente en 1992, y que marcaron un parteaguas en el proceso de reforma agraria para otorgar seguridad jurídica y certeza documental sobre la tenencia de la tierra a los 29 mil 942 ejidos y comunidades legítimos poseedores de 103.8 millones de hectáreas de propiedad social, ha llegado a su culminación. 

A través de estos años de intenso trabajo de sensibilización, medición, registro y expedición documental, la voluntad soberana de las asambleas ejidales y comunales, y la destacada participación de los gobiernos estatales y municipales, permitió que este programa de carácter voluntario y gratuito, haya concluido la regularización de los derechos de propiedad en 24 mil 169 núcleos agrarios, sobre una superficie de 73 millones de hectáreas. 

Los alcances del Procede son diversos ya que además de generar condiciones de seguridad jurídica y certeza documental en los derechos de propiedad, alienta la conservación de los recursos naturales, facilita la conformación de un Catastro Rural Nacional actualizado, genera condiciones favorables para estimular la asociación, atraer la inversión pública y privada, pero sobre todo ha sido un factor determinante para preservar la paz social y la estabilidad política en el campo mexicano. 

Bajo estas premisas es que el Gobierno Federal, a través de las instancias del Sector Agrario, haya iniciado a nivel nacional, en formal cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa Sectorial Agrario 2001-2006, la etapa de pre-cierre operativo del Procede, siendo el estado de Nuevo León el primero de las seis entidades federativas programadas para el presente año en formalizar este acuerdo. 

El acto respectivo tuvo lugar el 15 de agosto pasado, en Monterrey, Nuevo León, donde el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Agmo. Abelardo Escobar Prieto, suscribieron con el Secretario General de Gobierno, C.P. José Garza Benavides, en representación del gobernador sustituto, Lic. Fernando Elizondo Barragán, el convenio mediante el cual se formaliza el pre-cierre del Procede en la entidad. 

En la ocasión, se resaltó que en 10 años de actividad del Procede se certificaron 564 ejidos y comunidades, que representan el 92.7 por ciento del total de 608 núcleos agrarios constituidos en Nuevo León, se benefició a 44 mil 270 campesinos a quienes se les expidieron 124 mil 946 documentos con los que se acreditan los derechos sobre 1 millón 497 mil hectáreas de superficie social. 

Le siguió el estado de Colima, el 19 de agosto, acto encabezado en Palacio de Gobierno por el titular de la Procuraduría Agraria y el gobernador Lic. Fernando Moreno Peña, quienes destacaron que a una década de trabajos del Procede, se consolidó la seguridad jurídica de 156 núcleos agrarios de los 163 que existen en la entidad, lo que representa el 95.70 por ciento de los ejidos y comunidades colimenses, beneficiando así a 23 mil 162 familias campesinas mediante la certificación de 270 mil 387 hectáreas y la entrega de 43 mil 115 documentos agrarios que acreditan su patrimonio. 

El 3 de septiembre pasado, en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes, el Procurador Rivera Rodríguez y el gobernador Felipe González González, suscribieron, ante la presencia de alcaldes, comisariados ejidales y representantes estatales de las instancias agrarias, el convenio con el que se formalizó el pre-cierre operativo del Procede, que en 10 años de actividad otorgó seguridad jurídica y patrimonial a 174 de los 186 núcleos agrarios que voluntariamente decidieron incorporarse al programa, el 93. 5 por ciento del total de ejidos y comunidades de la entidad, en benefició de 31 mil 767 campesinos mediante la expedición de 72 mil 929 documentos que legitiman la posesión en 227 mil 997 hectáreas de propiedad social. 

Por último, el 9 de septiembre, en la capital del estado de Querétaro, el Dr. Isaías Rivera Rodríguez, Procurador Agrario, notificó al gobernador Lic. Ignacio Loyola Vera, sobre las condiciones del pre-cierre operativo del Procede en la entidad, que de 1993 a la fecha permitió que 345 de los 368 ejidos y comunidades, el 93.75 por ciento de núcleos agrarios, hayan sido regularizados beneficiando así a 67 mil 295 familias campesinas, a quienes se les otorgó la seguridad jurídica y documental en su patrimonio, mediante la entrega de 149 mil 329 certificados y títulos que amparan una superficie regularizada de 516 mil 835 hectáreas, que representa el 92 por ciento del total de la propiedad social en la entidad. 

En los respectivos actos, el titular de la Procuraduría Agraria ha hecho particular énfasis en que del universo de 1, 239 ejidos certificados en estas cuatro entidades sólo un reducido número de ellos (38 en Nuevo León; 7 en Colima; 12 en Aguascalientes y 16 en Querétaro) no se han incorporado o han rechazado el Procede, ya sea por decisión propia o por problemas de índole jurídico, técnico o social, de ahí que el objeto de la declaración de pre-cierre sea el último esfuerzo para que los ejidos y comunidades se beneficien de las bondades de este programa voluntario y gratuito, ya que una vez concluida esta etapa podrán hacerlo, pero será a costa de los propios núcleos. 

A su vez, los gobernadores de los estados han coincidido en destacar la trascendencia e impacto de este programa con el que no sólo se garantiza la seguridad jurídica y certeza documental a los ejidatarios y comuneros sino que también ha permitido mantener la armonía, estabilidad y paz social en el campo mexicano y coadyuvará de manera preponderante para que las familias campesinas de nuestro país alcancen mejores niveles de vida y de desarrollo productivo.

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx