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29 de noviembre de 2002 (PA/037) EL IMPULSO A EJIDOS Y
COMUNIDADES, BASE PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
“Hoy, la lucha ya no es por la tierra sino
por la culminación del proceso de seguridad jurídica y certeza documental
de la propiedad ejidal y comunal, así como de sentar las bases que hagan
posible el verdadero desarrollo agrario, tareas que requieren no de retórica
sino de una actuación coordinada y comprometida de las instituciones que
conforman el Sector Agrario”, afirmó el titular de la Procuraduría
Agraria (PA), Dr. Isaías Rivera Rodríguez, durante su participación en el
segundo y último día de trabajos de la Reunión Nacional de Delegados del
Registro Agrario Nacional (RAN), que se desarrolló en la ciudad de México. A través de esta coordinación de acciones,
señaló, no sólo se coadyuva al cumplimiento de los compromisos adquiridos
en la planeación nacional y sectorial, también se contribuye al
ordenamiento y regularización de la propiedad rural, otorgando seguridad y
certidumbre en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del medio
rural, se da plena vigencia al Estado de Derecho en México y se consolida
la integración de los núcleos agrarios al desarrollo económico, a la
producción y a la productividad. Ante el titular del RAN, Joaquín Contreras
Cantú, funcionarios y delegados estatales del organismo, así como del
Subprocurador General de la PA, Carlos Alberto Morales Rizzi, el coordinador
de Asesores, Jaime Morfín Corona, el coordinador general de Programas
Interinstitucionales, Eugenio Montiel Amoroso y el director general de Apoyo
al Ordenamiento de la Propiedad Rural, Erick Peón Ruiz, el titular de la
Institución sostuvo que la nueva cultura agraria tiene como objetivo
fundamental, además, fortalecer la naturaleza democrática del ejido y la
comunidad, y el libre ejercicio de la libertad de los campesinos para
dirigir su propio desarrollo. Reconoció que si bien los avances alcanzados en materia de ordenamiento y regularización de la propiedad rural otorgan seguridad jurídica y potencializan nuevas oportunidades para los núcleos y sujetos agrarios, esto no es suficiente para garantizar el desarrollo rural integral, de ahí que el Sector Agrario tiene como tarea primordial promover, en condiciones de equidad y justicia, el derecho a la organización y la libre asociación, propiciando con ello un ambiente de certidumbre que fomente la inversión y la capitalización del sector primario de la economía nacional, en beneficio de los hombres y mujeres del campo. Rivera Rodríguez expresó su firme convicción
de que esta reunión de Delegados del RAN arrojará importantes conclusiones
que redundarán en una mejor respuesta de las instituciones del Sector, e
hizo particular énfasis en la necesidad de impulsar con mayor vigor los
cinco instrumentos para la organización jurídica y social de los núcleos
agrarios. También se refirió puntualmente a las nuevas acciones que lleva
a cabo la Institución: los Programas Nacional de Conciliación Agraria,
Arbitraje Agrario, de Redimensionamiento de la Estructura Territorial, y el
de Empresas en Desarrollo (Emprende). Con antelación, y en el marco de esta
jornada de trabajos, el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad de la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto José Hershberger Reyes,
afirmó que “no es posible concebir un desarrollo pleno y permanente sin
seguridad en las diferentes formas de propiedad que están consagradas en
nuestra Constitución, ya que la incertidumbre jurídica no sólo frena la
inversión en el campo sino que conspira contra las posibilidades del
desarrollo rural”. Los objetivos estratégicos de la política
agraria del gobierno federal, dijo, están orientados a proporcionar
seguridad jurídica y certeza documental en la tenencia de la tierra, a través
del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad
rural, que fomenten el acceso a la justicia y al desarrollo rural integral
mediante la capacitación permanente y la organización de los hombres y
mujeres del campo como entes fundamentales del desarrollo nacional. Al destacar los avances sustanciales que a la
fecha registra el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares Urbanos (Procede), consideró que este programa se ha convertido
en un instrumento necesario y sumamente eficaz en el proceso de regularización
de la propiedad social, y en herramienta indispensable para la seguridad jurídica
en el medio rural. En este sentido, puntualizó que en lo que va
de la presente administración, y hasta el 31 de octubre de 2002, la acción
coordinada de las instituciones del Sector Agrario ha permitido avanzar en
la certificación de 1,822 núcleos agrarios, expidiéndose un total de 789
mil 288 documentos, en beneficio de 397 mil 762 sujetos agrarios. “El
reto, —sostuvo Hershberger Reyes— es que los 29 mil 942 núcleos
agrarios existentes se vean favorecidos con los beneficios del mismo”, ya
que el Programa Sectorial Agrario 2001-2006 establece que en esta
administración federal habrá de culminarse la certificación de todos los
núcleos agrarios que accedan voluntariamente al Procede. Indicó, por último, que a la par de estas acciones de regularización, las instancias agrarias vienen impulsando el Programa Nacional de Modernización y Actualización del Catastro Rural de la propiedad social y privada, tal y como lo ha instruido la titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, ya que esta es la herramienta indispensable para lograr la verdadera seguridad documental y la seguridad jurídica que todos aspiramos, y así contar con la información registral, catastral, económica, ambiental y social de los predios rústicos de todo el territorio nacional.
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