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14 de noviembre de 2002 (PA/034) PARTICIPA EL PROCURADOR
AGRARIO EN EL XVI ENCUENTRO
PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL
Es
indispensable y urgente reformar la Ley Agraria, a fin de “otorgar
seguridad jurídica en los bienes y derechos sociales de los individuos y
los núcleos agrarios”, aseguró el Procurador Agrario, Isaías Rivera
Rodríguez, durante una intervención en el xvi
Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, que se realiza en la Facultad de
Derecho de la Universidad Panamericana, en la ciudad de México, en el cual
participan reconocidos juristas de 12 países. La
justicia agraria “no ha resultado lo suficientemente rápida y oportuna, y
en muchos casos, no resuelve las controversias, sino que incluso las
agrava”, dijo el doctor en Derecho, quien identificó dos causas
fundamentales para que tales deficiencias ocurran: la práctica del abuso
procesal en la materia, “derivado de la deficiente legislación”, y
“la dificultad del juicio agrario para considerar aspectos de índole
social”. La
reforma, opinó, debe garantizar la certeza procesal no sólo a los
individuos (campesinos) y los núcleos agrarios, sino a los terceros con
quienes éstos realizan cualquier acto jurídico y tienen interés en
participar en el proceso del desarrollo rural. Para
conciliar los aspectos sociales agrarios con los estrictamente legales en el
pronunciamiento del derecho a cargo de los tribunales agrarios, expresó,
“debe incorporarse una instancia conciliatoria, obligatoria y previa al
desahogo del propio juicio agrario”, con la intervención de personal
especializado. En
tal sentido, Rivera Rodríguez se refirió a la conveniencia de fomentar la
vía de la conciliación y, en su caso, del arbitraje, por conducto de
instituciones como la Procuraduría Agraria, como medios alternativos para
alcanzar la justicia agraria. En tales procesos, continuó, “es posible la
flexibilidad suficiente para tomar en cuenta los aspectos sociales, económicos
y culturales de los sujetos agrarios”. Finalmente,
el Procurador Agrario informó que en los foros especializados se viene
planteando la necesidad de ampliar la competencia a los tribunales agrarios,
de modo que, además, de los conflictos relacionados con la tierra, se
incorporen los relacionados con los recursos inherentes a la misma, tales
como los forestales, hidráulicos, urbanísticos y ambientales, entre otros.
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