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27 de junio de 2002 (PA/017) LA
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, IMPOSIBILITADA PARA PAGAR INDEMNIZACIÓN
MILLONARIA A PARTICULAR
La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no cuenta con los recursos presupuéstales
para pagar la indemnización de mil 214 millones de pesos a un particular,
que el Tribunal Judicial de la Federación le impuso en el caso de la
expropiación de tierras en el ejido Santa Úrsula, del Distrito Federal,
afirmó hoy la titular de la dependencia, María Teresa Herrera Tello. Ante
el requerimiento de la autoridad federal para que se liquide el pago
millonario al señor Armando Bernal Estrada y la sucesión de Gabriel Ramos
Millán, la funcionaria precisó: “Efectivamente la autoridad
federal condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria al pago de mil 200
millones de pesos. La SRA no cuenta con ese presupuesto, toda vez que el
ejercicio del presupuesto para el presente año asciende a mil 042 millones
de pesos”. En
este sentido, Herrera Tello informó que al no contar con estos recursos, la
dependencia a su cargo realizó todos los trámites que estaban a su alcance
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “y ésta a su vez está
haciendo los trámites correspondientes ante el Congreso de la Unión
a efecto de que los señores legisladores revisen si se pueden recortar
programas a la SRA, -que no sería lo deseable- o si en el mejor de los
casos se puede obtener una ampliación al presupuesto para cumplir
cabalmente con esta ejecutoria judicial”. La titular de
la SRA reconoció que la sentencia dictada por el Poder Judicial de la
Federación afecta al presupuesto de la dependencia porque no se tiene la
cantidad para pagar —insistió— y al mismo tiempo advirtió que la
presente administración gubernamental recibió algunas deudas derivadas de
obligaciones jurídicas, siendo ésta una entre muchas otras que tiene la
Secretaría y que provienen de Administraciones anteriores. Al respecto,
puntualizó. “Hay algunas que ya tienen tiempo, efectivamente, no es de
‘podemos esperar’. Esta administración ya heredó algunas deudas con
motivo de esas obligaciones jurídicas, de resoluciones en la Corte, y que
no ha sido posible cumplimentar, por no contar con los recursos”. Refirió
que éste es un asunto que data desde el 14 de diciembre de 1984, en el que
mediante Resolución Presidencial se ordenó la expropiación de 236
hectáreas del ejido Santa Úrsula Coapa en el Distrito Federal, a favor de
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), a
fin de regularizar asentamientos irregulares existentes en la zona. Como
consecuencia de la imposibilidad jurídica existente para restituir la
superficie expropiada, “hubo alguien que no conforme con ese decreto
expropiatorio de 1984, por considerar que se afectaban 33 hectáreas que
eran de su propiedad; promueven Juicio de Amparo, dictándose sentencia
Definitiva a favor de los quejosos, en fecha 30 de enero de 1992 y
confirmada el día 3 de diciembre del mismo año, así es de que esta
sentencia existe desde aquella época”. Es así que, bajo la promoción de este recurso, la autoridad federal competente resolvió, mediante sentencia, condenar a la Secretaría de la Reforma Agraria al pago de mil 214 millones de pesos, monto superior en 24 por ciento al presupuesto total de que dispone la dependencia para el presente año que es de mil 042 millones de pesos, indicó finalmente Herrera Tello.
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