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29
de noviembre de
2001 (PA/030) •
Debe vincularse el Procede con otros procesos que reviertan los
problemas estructurales en el campo: Herrera Tello Es
necesario vincular el Programa de Certificación y Titulación de Derechos
Ejidales (Procede) con otros procesos que reviertan los problemas
estructurales que acentúan la pobreza en el campo, para que la seguridad
jurídica hasta hoy alcanzada en el país no quede aislada y sin
repercusiones materiales en el desarrollo rural, afirmó María Teresa
Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria, al clausurar el Foro
Internacional sobre Ordenamiento de la Propiedad y Sistemas Catastrales
organizado por esa institución, la Procuraduría Agraria y la FAO. Por
su parte, el procurador agrario, Valdemar Martínez Garza, subrayó la
necesidad de establecer los medios de protección a la seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra y llevar un adecuado registro, ágil,
digitalizado y sobre todo actualizado de la propiedad rural, pues son miles
los actos que diariamente se efectúan en este campo y debe haber capacidad
de respuesta inmediata sin perder la seguridad jurídica. Herrera
Tello informó que los trabajos del encuentro internacional permitirán al
gobierno federal consolidar el Procede y obtener experiencias para implantar
un sistema único de catastro de la propiedad rural que sirva para
establecer políticas tendentes a lograr un desarrollo rural integral. Agregó
que los sistemas catastrales deben adaptarse a la realidad de cada país
para que sean instrumentos eficientes en la protección de los derechos de
propiedad y en el desarrollo de los mercados de tierra. Dijo
que con las conclusiones del foro se editará una memoria con el fin de
contar con un documento de referencia que apoye la futura actuación del
Sector Agrario en materia de ordenamiento y catastro de la propiedad, mismo
que se hará llegar al Presidente de la República. En
tanto, los expertos agrarios internacionales destacaron que la irregularidad
jurídica y documental caracteriza a gran parte del mercado de tierras de
uso urbano en las principales ciudades de México y que la especulación
inmobiliaria afecta tanto a los propietarios rurales que aportan esa tierra
—generalmente a precios muy bajos— como a las familias pobres que tienen
que comprar esas tierras a precios comparativamente elevados. Se
manifestaron, asimismo, por un sistema de derechos de propiedad adecuado a
la realidad de cada país y protegido por las instituciones del Estado para
hacer posible la movilización de los derechos de propiedad, la asignación
eficiente de los factores económicos en las actividades agropecuarias y la
regulación de los usos de suelo. Los
especialistas expresaron que la falta de derechos de propiedad claramente
definidos y de servicios catastrales adecuados reduce la eficiencia de los
mercados de tierra y que es importante desarrollar las instituciones que
proporcionen información y monitoreen los precios de la tierra, faciliten
la capacitación y la asistencia técnica, y estimulen el desarrollo de
organizaciones de base. Hicieron
énfasis en las ventajas que ofrecen los bancos de tierra como instrumentos
importantes para un mercado más eficiente: elección y negociación directa
de los precios de las tierras, las cuales pueden ser de calidad y extensión
adecuadas, así como la disminución de la intermediación burocrática y la
manipulación política de los apoyos. Por
su parte, el representante de la FAO en México, Augusto Simoes Lopes Neto,
pidió a los intelectuales que intentan
comprender por qué y cómo la realidad global está cambiando, los
paradigmas declinan, cambian y oscilan de manera profunda, “nunca
olvidar que sus recomendaciones no tendrán ningún sentido si a
ejidatarios, aparceros, arrendatarios, campesinos y pequeños agricultores
del mundo no les va a llegar algo muy objetivo en función de esas
directrices. En caso contrario, estaríamos haciendo un mero ejercicio
intelectual”. |
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