CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 9 DE JUNIO DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Pende de hilo pacto político 

Demandan partidos al IFE un imposible. Condicionan acuerdo a que se audite el padrón electoral; Ugalde lo rechaza.

 

 

Confirman líos fiscales del cuñado de Felipe

Zavala demandará a AMLO, anuncia

 

Concretan partidos pacto de civilidad

Los cinco partidos que participan en las elecciones presidenciales se comprometieron a firmar el próximo martes 13 el Acuerdo de Equidad, Legalidad y Gobernabilidad.

 

Escalada de réditos golpea a mercados

Aumenta el Banco Central Europeo a 2.75% sus tasas

 

Zavala: sí tuve contratos en la gestión de Felipe

El llamado cuñado incómodo acepta finalmente los negocios con Pemex

 

Guerra por el cuñado

Andrés Manuel presenta documentos

 

AMLO, a juicio por daño moral

Diego Zavala presentará una denuncia civil

 

En staff de AMLO, director que pedía contratos a su nombre

Como director de Gobierno del GDF, Pérez Mendoza solicitaba, a nombre de López, que otorgaran obra pública a un empresario.

 

Condiciona PRD firma del pacto de civilidad

Exige que Fox también se comprometa por escrito a sacar las manos del proceso

 

Operador de Felipe aprobó contratos para los Zavala

César Nava los avaló como abogado de Pemex, Diego insiste en que pagó impuestos y demandará a AMLO.

 

Sector agrario

 

No se pudo identificar las 456 hectáreas en disputa entre Tlacoapa y Ocoapa: INEGI. (El Sur de Guerrero, Teresa de la Cruz, p.web)

Chilpancingo.

En reuniones por separado, ante el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), informó ayer a comuneros de Tlacoapa y Ocoapa que técnicamente le fue imposible ubicar las 456 hectáreas que se disputan desde hace más de 120 años.

Por esa situación, acordaron que en los próximos días realizarán una visita física a la zona de conflicto para que con apoyo de comuneros de ambas localidades, puedan ser identificados los linderos.

Adicionalmente, los campesinos de Tlacoapa condicionaron a Escobar Prieto en el sentido que se reunirán con sus vecinos de Ocoapa, siempre y cuando, se salgan de las tierras que sembraron, desde hace un par de meses.

La postura de las autoridades agrarias de Ocoapa, no se pudo conocer, porque afirmaron vía telefónica que todavía no conocían los resultados del estudio técnico que realizó el INEGI; incluso por la mañana el abogado Jesús Escobedo González aseguró que ellos fueron convocados de última hora a ese encuentro y que no sabían que es lo que les iban a informar.

La junta se dio una semana después de que venciera la advertencia de los campesinos de Tlacoapa para recuperar sus tierras y tras la solicitud de audiencia que demandaron por escrito sus vecinos a Escobar Prieto, para conocer los resultados de los estudios técnicos del INEGI, que ofreció el ex secretario, Florencio Salazar Adame, el pasado 8 de abril, en una reunión que sostuvo con ambos pueblos en esta capital.

A la primera reunión con los comuneros de Tlacoapa, que comenzó a la 1 de la tarde en una de las salas de la Secretaría General de Gobierno, además del titular de esa dependencia, Armando Chavarría Barrera, estuvo el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, Gilberto Hersberger Reyes; el delegado estatal de la dependencia, Natividad Salas Estrada, así como el subsecretario estatal para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca.

En su intervención Chavarría explicó que ese encuentro indicaba que “nos estamos acercando a una solución conciliada y aleja de manera definitiva el fantasma de la violencia” en la zona de conflicto.

Hersberger a su vez, hizo un recuento de las reuniones que se han efectuado y recordó que en el último encuentro que sostuvieron ambos comunidades con Salazar Adame, “se acordó que se solicitaría al INEGI que realizara trabajos técnicos para ubicar las 456 hectáreas en disputa”. Resaltó que con esta reunión se abría “la posibilidad de explorar una reunión conciliatoria”.

Sin embargo, en su exposición, el técnico del INEGI, Víctor González González, concluyó que aún cuando analizaron diversos documentos históricos, legales y planos cartográficos de la Sedena, SCT y CNA, “no fue posible determinar con precisión los sitios exactos en que se ubican las mojoneras que identifican las colindancias según el acuerdo celebrado entre Tlacoapa y Ocoapa en octubre de 1883”, en éste la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a la SRA que devuelva a Tlacoapa las 456 hectáreas que había otorgado a Ocoapa.

Víctor González agregó que la ubicación también fue difícil “por las características extremas de la geografía en la zona en que se ubican los linderos de las comunidades en estudio; sólo es posible ubicar a los linderos en el área aproximada y no el sitio en que se ubican los puntos o mojoneras que identifican los linderos”.

Antes, mediante diapositivas, hizo una exposición general sobre cómo es que se encuentra Tlacoapa. Dijo que la superficie total de ésta es de aproximadamente 12 mil 672 hectáreas y reveló incluso que a través de las herramientas satelitales que usaron y demás documentos cartográficos, encontraron “un hueco de 650 hectáreas”, que no pertenecen a nadie.

Hasta esta parte de la reunión, los funcionarios permitieron que los reporteros de la fuente permanecieran dentro de la sala de juntas; enseguida pidieron que salieran, porque se iban a tratar de buscar los acuerdos con los comuneros.

En una breve entrevista con reporteros, antes del encuentro con los comuneros de Ocuapa, Escobar Prieto dijo que “fue muy buena la exposición del INEGI” y precisó que si bien es cierto que esa información no se soluciona el conflicto, tampoco se “agrava”.

Indicó además que pese a los datos, todavía “no podemos dar una visualización de que se va a arreglar pasado mañana”. Sin embargo, adelantó que la propuesta de la Reforma Agraria que fue aceptada por los campesinos y técnicos del INEGI “es que se va a hacer una identificación física de linderos, el INEGI va a continuar con los trabajos”.

Esto porque “identificar las 456 hectáreas no fue posible hasta este momento, por los elementos que exponía el INEGI; vamos a hacer una visita física por parte del INEGI, para que con apoyos de ambas comunidades puedan ubicar ciertos puntos que están fuera de las cartas geográficas que tenemos”.

La postura de Tlacoapa, según Escobar Prieto “es que la entendieron (la información) perfectamente bien, los datos del INEGI satisfizo a la comunidad”.

También abordado al término de la reunión con funcionarios estatales y federales en materia agraria, el asesor de los comuneros de Tlacoapa y dirigentes de la CNC aseguró que los resultados del Instituto “sólo nos satisfizo en el sentido de que se demostró técnicamente que los trabajos que hizo la Reforma Agraria hace dos años, fueron mal hechos”.

“Por qué razón, porque no pudieron localizar los puntos, para determinar las 456 hectáreas, o sea el INEGI dice: no, no pude, tengo que ir al terreno de los hechos”, señaló el líder cenecista.

Acompañados de un grupo de comuneros que encabezaba el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixto, Romero insistió que con esto “queda de manifiesto que los trabajos que hizo la Reforma Agraria hace dos años, estuvieron mal, como lo determino el juez de Distrito”, incluso señaló que el mismo Hersberger “reconoció que efectivamente estaban mal los trabajos de la Secretaría”.

 

La SRA presentó a Tlacoapa y Ocuapa los trabajos del INEGI sobre el deslinde ejidal. (Diario de Guerrero, p.web)

*El titular de la SRA se reunió por separado con representantes de ambas comunidades.

El Secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, se reunió ayer con representantes de las comunidades de Tlacoapa y Ocuapa, para presentarles los resultados de los trabajos técnicos del INEGI, cuyo objetivo es ubicar los límites entre ambos poblados, para encontrar por la vía conciliada una solución al conflicto por la disputa de tierras.

La Secretaría de la Reforma Agraria mantiene una atención permanente a este conflicto y el encuentro de su titular con las partes en pugna se concretó al concluir los trabajos técnicos de delimitación entre ambas comunidades, que especialistas del INEGI llevaron a cabo durante casi dos meses.

El responsable de la política agraria del país, acompañado del Secretario General de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y del Subsecretario de Ordenamiento de las Propiedad Rural de la SRA, Gilberto Hershberger Reyes, convinieron con ambas comunidades la construcción de una solución negociada a través del respeto y la tolerancia.

Los representantes de las comunidades de Tlacoapa y Ocuapa se reunieron en Chilpancingo, por separado, con el titular de la SRA, a quien le manifestaron su disposición de construir una propuesta negociada para terminar con esta problemática y garantizar la paz entre los campesinos de la Montaña Alta de Guerrero.

Abelardo Escobar Prieto convocó a ambas comunidades a continuar con el diálogo ya que la SRA tiene la mejor disposición de coadyuvar en la solución del conflicto. “No tenemos soluciones mágicas a problemas que tienen 123 años; queremos construir una solución mediante el diálogo”, destacó el funcionario.

En las mesas de trabajo que sostuvo con las comunidades de Tlacoapa y Ocuapa también se puso de manifiesto que el principal interés es mantener la paz en la región a través de la tolerancia y el respeto mutuo, porque mediante la legalidad se genera confianza para alcanzar soluciones.

Asimismo, el Secretario Abelardo Escobar Prieto reiteró la disposición de atender a ambas comunidades para alcanzar soluciones justas mediante un acuerdo conciliatorio.

 

 

 

Cierran carretera Zamora-Morelia. (Cambio de Michoacán, José Perales, p.web).

Chilchota.

Comuneros de Acachuén.

Estalla conflicto por posesión de tierras; Habitantes de Tanaco son señalados como responsables de la amenaza de muerte a dos comuneros y de haber baleado un tractor.

Para exigir la intervención de los diferentes niveles de gobierno y que se solucionen los problemas que, por la posesión de tierras, han enfrentado por años a las comunidades de Santa Cruz Tanaco y San Francisco Acachuén, los comuneros de esta última comunidad bloquearon desde muy temprano la carretera Zamora-Morelia. A la par, exigen que se haga justicia y se castigue a quienes la tarde del miércoles golpearon a un comunero y balearon el tractor en el que trabajaba, en una parcela del predio conocido como inchaakuman, ubicado en esta comunidad. El bloqueo carretero fue acordado en asamblea comunal celebrada la noche del miércoles y se realizó desde las 06:00 horas de ayer, cuando hombres y mujeres llegaron a la carretera para colocar piedras, palos y tablas con clavos, para impedir el paso de vehículos.

Allí, en el lugar del bloqueo, el propio representante de bienes comunales dijo a este matutino, que definitivamente ya no es posible seguir aguantando la tolerancia del gobierno porque «los más afectados somos los comuneros, por eso exigimos que se haga justicia». Entrevistado a bordo de carretera, Vidal Gallardo lamentó que la falta de atención del gobierno, tanto del estado como el federal, haya propiciado que se llegara a situaciones extremas, pero dijo que ya no darán marcha atrás. En este sentido, dijo que realizarán cuantas acciones sean necesarias para exigir solución al problema, por lo que adelantó que si el bloqueo carretero no resuelve nada, entonces recurrirán a otras medidas. Dejó entrever la posibilidad de que, sino se resuelve pronto el conflicto, podría no haber elecciones en esta comunidad, enclavada en La Cañada de los Once Pueblos.

La agresión a comuneros

Vidal Gallardo relató que la tarde del pasado miércoles, a eso de las cuatro de la tarde, dos personas trabajaban en un predio, preparando la tierra para luego sembrarla, cuando de pronto aparecieron unos encapuchados que empezaron a disparar armas de fuego. Indicó que uno de los trabajadores alcanzó a retirarse del lugar, pero el operador del tractor, de nombre Nicasio Flores Gallardo, fue agredido a culatazos por los encapuchados, quienes además dispararon sus armas en contra del tractor, ponchando una de sus llantas. De la misma manera, dijo que dispararon en contra de unas bestias y mataron un caballo que pastaba en el predio, lo que deja en claro que en cualquier momento podrían dirigir sus balas hacia las personas.

Sostuvo que tanto ellos como el Gobierno, saben que los agresores son personas de la comunidad de Santa Cruz Tanaco, por lo que dijo no entender por qué no se actúa en contra de los responsables de estos hechos. Vidal Gallardo dijo que el lesionado fue trasladado más tarde a un nosocomio de Zamora, donde se recupera satisfactoriamente, en tanto que el tractor fue recuperado por los propietarios y resguardado en algún lugar de la comunidad, en tanto es reclamado por las autoridades para realizar las indagaciones correspondientes. Precisamente para tomar una decisión sobre la respuesta a las agresiones, fue que se reunieron los comuneros la noche del miércoles y decidieron bloquear la carretera para demandar la atención del gobierno. El representante de bienes comunales dijo que no es la primera vez que se tienen este tipo de problemas con vecinos de otras comunidades, pero indicó que sí es cuando más grave se ha tornado la situación, por lo que insistió en que es urgente la intervención, tanto del gobierno del estado, como de la federación, para solucionar de fondo los problemas que han llevado a este tipo de enfrentamientos.

Reiteró que en el fondo, no es otra cosa que la disputa por las tierras, pero las autoridades encargadas de dar solución, pareciera que no tienen interés en hacerlo pronto.

Sufren injusticias

Las mujeres de la comunidad que, allí a un costado de la carretera, trabajaban en la elaboración de tortillas y comida, para repartir entre quienes permanecen en el bloqueo, dijeron estar dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. «Ya no es posible que la falta de atención de parte del gobierno, nos tenga en esta situación», dijeron, para luego apuntar que por los problemas de posesión de tierras, hay una esposa y cinco hijos que están sufriendo, porque el jefe de familia está lesionado en el hospital. «Los chamacos no tienen la culpa, pero allí están sufriendo a causa de la irresponsabilidad del gobierno»; los chamacos tienen entre 14 y 4 años de edad y viven del trabajo de su padre, trabajo que no podrá realizar en varios días.

No quieren elecciones.

Las mismas mujeres dijeron que si el conflicto no se resuelve a la brevedad, no permitirán que se instalen aquí las casillas el próximo dos de julio, o por lo menos no acudirán a votar, porque dijeron que no tiene caso elegir autoridades que luego no resuelven los problemas de pueblo. En este sentido, dijeron que se habrán de reunir en asamblea para tomar la decisión al respecto, pero adelantaron que ya las mujeres han platicado y como son mayoría en la asamblea, pedirán a los hombres que se sumen a esta determinación para boicotear la jornada electoral. Al cierre de la presente edición (18:00 horas), aún seguía bloqueada la carretera, ya que las negociaciones entre los comuneros y la comisión interinstitucional, no habían llegado a su fin.

Chilchota, el de mayores conflictos agrarios.

De 54 conflictos agrarios que se habían detectado en el estado, están pendientes por resolver todavía 48, y es el municipio de Chilchota el que presenta el mayor número, con un total de 7 conflictos entre comunidades. El ingeniero Francisco Cañada Melesio, coordinador regional de la SRA, dijo que también se tienen problemas en Tangamandapio, Tarecuato, Los Reyes, Charapan y Tangancícuaro, entre otros. Abundó Cañada Melesio que Michoacán es uno de los cuatro estados donde están pendientes por resolver los conflictos agrarios, por lo que es uno de los focos rojos que mayor atención requiere de parte del gobierno.

Reconoció que difícilmente se podría establecer una meta para este año, ya que la solución a este tipo de conflictos por las tierras, depende de muchas circunstancias y dependencias, pero aseguró que se trabajará intensamente para lograr el mayor avance posible en este mismo año. En Michoacán son al menos 17 municipios de la meseta purhépecha los que están involucrados en conflictos agrarios; los problemas datan desde hace 60 años y tienen unos avances aproximados de un 30 por ciento, según información de la propia Secretaría de la Reforma Agraria. Estos conflictos han cobrado al menos 300 vidas y en los enfrentamientos se han tenido a más de mil heridos, además de que involucran unas 22 mil hectáreas de tierra.

 

Niega la SRA problema agrario. (El Sol de México, p.web).

Chilpancingo.

Chilpancingo, GRO.- El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) del Gobierno Federal, Abelardo Escobar Prieto, negó que el conflicto de tierras que mantiene enfrentados a los núcleos agrarios de Moyotepc y El Capulín representen un “foco rojo”, luego aseguró tener conocimiento pleno del grado de tensión que se vive en La Montaña Alta de Guerrero, a raíz de la lucha por el control de los linderos.

 

Cierran carretera Zamora-Morelia. (Cambio de Michoacán, José Perales, p.web).

Comuneros de Acachuén.

Estalla conflicto por posesión de tierras; Habitantes de Tanaco son señalados como responsables de la amenaza de muerte a dos comuneros y de haber baleado un tractor

Para exigir la intervención de los diferentes niveles de gobierno y que se solucionen los problemas que, por la posesión de tierras, han enfrentado por años a las comunidades de Santa Cruz Tanaco y San Francisco Acachuén, los comuneros de esta última comunidad bloquearon desde muy temprano la carretera Zamora-Morelia.

A la par, exigen que se haga justicia y se castigue a quienes la tarde del miércoles golpearon a un comunero y balearon el tractor en el que trabajaba, en una parcela del predio conocido como inchaakuman, ubicado en esta comunidad.

El bloqueo carretero fue acordado en asamblea comunal celebrada la noche del miércoles y se realizó desde las 06:00 horas de ayer, cuando hombres y mujeres llegaron a la carretera para colocar piedras, palos y tablas con clavos, para impedir el paso de vehículos.

Allí, en el lugar del bloqueo, el propio representante de bienes comunales dijo a este matutino, que definitivamente ya no es posible seguir aguantando la tolerancia del gobierno porque «los más afectados somos los comuneros, por eso exigimos que se haga justicia».

Entrevistado a bordo de carretera, Vidal Gallardo lamentó que la falta de atención del gobierno, tanto del estado como el federal, haya propiciado que se llegara a situaciones extremas, pero dijo que ya no darán marcha atrás.

En este sentido, dijo que realizarán cuantas acciones sean necesarias para exigir solución al problema, por lo que adelantó que si el bloqueo carretero no resuelve nada, entonces recurrirán a otras medidas.

Dejó entrever la posibilidad de que, sino se resuelve pronto el conflicto, podría no haber elecciones en esta comunidad, enclavada en La Cañada de los Once Pueblos.

La agresión a comuneros

Vidal Gallardo relató que la tarde del pasado miércoles, a eso de las cuatro de la tarde, dos personas trabajaban en un predio, preparando la tierra para luego sembrarla, cuando de pronto aparecieron unos encapuchados que empezaron a disparar armas de fuego.

Indicó que uno de los trabajadores alcanzó a retirarse del lugar, pero el operador del tractor, de nombre Nicasio Flores Gallardo, fue agredido a culatazos por los encapuchados, quienes además dispararon sus armas en contra del tractor, ponchando una de sus llantas.

De la misma manera, dijo que dispararon en contra de unas bestias y mataron un caballo que pastaba en el predio, lo que deja en claro que en cualquier momento podrían dirigir sus balas hacia las personas.

Sostuvo que tanto ellos como el Gobierno, saben que los agresores son personas de la comunidad de Santa Cruz Tanaco, por lo que dijo no entender por qué no se actúa en contra de los responsables de estos hechos.

Vidal Gallardo dijo que el lesionado fue trasladado más tarde a un nosocomio de Zamora, donde se recupera satisfactoriamente, en tanto que el tractor fue recuperado por los propietarios y resguardado en algún lugar de la comunidad, en tanto es reclamado por las autoridades para realizar las indagaciones correspondientes.

Precisamente para tomar una decisión sobre la respuesta a las agresiones, fue que se reunieron los comuneros la noche del miércoles y decidieron bloquear la carretera para demandar la atención del gobierno.

El representante de bienes comunales dijo que no es la primera vez que se tienen este tipo de problemas con vecinos de otras comunidades, pero indicó que sí es cuando más grave se ha tornado la situación, por lo que insistió en que es urgente la intervención, tanto del gobierno del estado, como de la federación, para solucionar de fondo los problemas que han llevado a este tipo de enfrentamientos.

Reiteró que en el fondo, no es otra cosa que la disputa por las tierras, pero las autoridades encargadas de dar solución, pareciera que no tienen interés en hacerlo pronto.

Sufren injusticias

Las mujeres de la comunidad que, allí a un costado de la carretera, trabajaban en la elaboración de tortillas y comida, para repartir entre quienes permanecen en el bloqueo, dijeron estar dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias.

«Ya no es posible que la falta de atención de parte del gobierno, nos tenga en esta situación», dijeron, para luego apuntar que por los problemas de posesión de tierras, hay una esposa y cinco hijos que están sufriendo, porque el jefe de familia está lesionado en el hospital.

«Los chamacos no tienen la culpa, pero allí están sufriendo a causa de la irresponsabilidad del gobierno»; los chamacos tienen entre 14 y 4 años de edad y viven del trabajo de su padre, trabajo que no podrá realizar en varios días.

No quieren elecciones

Las mismas mujeres dijeron que si el conflicto no se resuelve a la brevedad, no permitirán que se instalen aquí las casillas el próximo dos de julio, o por lo menos no acudirán a votar, porque dijeron que no tiene caso elegir autoridades que luego no resuelven los problemas de pueblo.

En este sentido, dijeron que se habrán de reunir en asamblea para tomar la decisión al respecto, pero adelantaron que ya las mujeres han platicado y como son mayoría en la asamblea, pedirán a los hombres que se sumen a esta determinación para boicotear la jornada electoral.

Al cierre de la presente edición (18:00 horas), aún seguía bloqueada la carretera, ya que las negociaciones entre los comuneros y la comisión interinstitucional, no habían llegado a su fin.

Chilchota, el de mayores conflictos agrarios

De 54 conflictos agrarios que se habían detectado en el estado, están pendientes por resolver todavía 48, y es el municipio de Chilchota el que presenta el mayor número, con un total de 7 conflictos entre comunidades.

El ingeniero Francisco Cañada Melesio, coordinador regional de la SRA, dijo que también se tienen problemas en Tangamandapio, Tarecuato, Los Reyes, Charapan y Tangancícuaro, entre otros.

Abundó Cañada Melesio que Michoacán es uno de los cuatro estados donde están pendientes por resolver los conflictos agrarios, por lo que es uno de los focos rojos que mayor atención requiere de parte del gobierno.

Reconoció que difícilmente se podría establecer una meta para este año, ya que la solución a este tipo de conflictos por las tierras, depende de muchas circunstancias y dependencias, pero aseguró que se trabajará intensamente para lograr el mayor avance posible en este mismo año.

En Michoacán son al menos 17 municipios de la meseta purhépecha los que están involucrados en conflictos agrarios; los problemas datan desde hace 60 años y tienen unos avances aproximados de un 30 por ciento, según información de la propia Secretaría de la Reforma Agraria.

Estos conflictos han cobrado al menos 300 vidas y en los enfrentamientos se han tenido a más de mil heridos, además de que involucran unas 22 mil hectáreas de tierra.

 

Hildebrando colaboró con Sedeso en el sistema de planeación referenciada. (La Jornada, Alma E. Muñoz, p.web)

Con él se elaboró una radiografía de zonas con mayores requerimientos sociales.

Con un sistema de cómputo podía conocer hasta las actas de nacimiento de beneficiarios.

La empresa en la que participa Diego Hildebrando Zavala ayudó a mejorar el sistema de planeación referenciada que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) instrumentó en 2002 con el propósito de elaborar una radiografía de las zonas con mayores requerimientos sociales, en las cuales, mediante un sistema de cómputo, se puede detectar, hasta por calle, cuántos beneficiarios tiene, quién es el titular del esquema, cómo reciben los apoyos, el número de integrantes de una familia -con sus nombres-, la clave única del registro de población (CURP) o, en su defecto, las actas de nacimiento.

Fuentes de la Sedeso confirmaron lo anterior, mientras en la oficina de Comunicación Social se solicitó una aclaración sobre la asesoría que brindó la empresa Hildebrando, según contrato del 27 de diciembre de 2004, para realizar trabajos de reingeniería de las bases de datos del padrón único de beneficiarios y optimización del data warehouse, sin obtener respuesta, pese a que la titular de la secretaría, Ana Teresa Aranda, lo corroboró el martes.

De acuerdo con el registro disponible, el sistema de planeación referenciada, a dos años del gobierno foxista, detectó 46 mil 119 polígonos de pobreza a escala nacional: mil 511 con una muy alta concentración y 2 mil 955 con alta. El software diseñado contiene 120 variables y detecta las condiciones socioeconómicas en que viven los habitantes; el número de pobladores ya sea por calle, manzana, municipio, estado o nivel federal, las características de sus viviendas, los servicios públicos que tienen, sus activos (televisión, videocaseteras, lavadoras y otros), cifra de niños, mujeres y hombres según rango de edad, discapacitados y tipo de padecimientos, escolaridad y orografía.

También ubica parques o plazas públicas, edificios gubernamentales, iglesias, árboles, panteones, entradas de agua, transportes, vías de comunicación y estado en que se encontraban, electricidad, unidades de salud y escuelas, entre otros. Hasta confiaban en conocer, ante la presencia de fenómenos naturales, la ayuda que se requeriría en los lugares afectados y el tiempo estimado para brindarla.

Pero lo más importante, aseguraban entonces, es que podían detectar quién necesitaba apoyo y conocer a detalle los programas sociales que se aplican en determinado lugar. Así, ya contaban con el número de beneficiarios, sexo, edad, registro federal de causantes, CURP o actas de nacimiento, y esto lo conseguían con unos simples pasos computarizados. Sólo requerían posicionarse en un mapa de México, en el estado o zona que les interesara. La meta era incluir en el esquema lo correspondiente a las secretarías de la Reforma Agraria, Medio Ambiente y del Trabajo; IMSS, ISSSTE y del Instituto Mexicano del Transporte.

De acuerdo con información de la agencia de turismo corporativo más grande de América Latina, Carlson Wagonlit Travel, la Sedeso les solicitó después la instalación del sistema Dashboard Manager de Business Objects, "para monitorear y analizar toda la información estadística, obteniendo resultados provenientes de grandes volúmenes de datos en segundos".

En su página de Internet resalta que la Sedeso ya contaba con un "data warehouse con la información de todos los beneficiarios de los programas sociales, pero carecía de herramientas para hacer consultas ágiles que apoyaran la toma de decisiones" sobre el perfil socioeconomico de los hogares y el apoyo de gobierno a casi 10.5 millones de familias beneficarias -entonces 41.9 millones de personas, cifra que aumentó a 44 millones.

Así que los tableros diseñados por Carlson, con asesoría de Hildebrando SA de CV, permitieron a la Sedeso "tener una visión de los datos al máximo nivel de detalle". De esa forma le es posible "dar seguimiento oportuno y revisar el cumplimiento de todas las metas y compromisos para cada uno de sus programas sociales".

 

 

 

 

Agenda Nacional. (El Sol de México, Salvador Tapia, p.web).

Sin duda que el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felpe Calderón, está perdiendo el posdebate. Luego de colocar banderillas en el domesticado Andrés Manuel López Obrador, no fue capaz de refutar el aguijón que alcanzó a lanzarle el tabasqueño. Lo se su “cuñado incómodo”, Diego Zavala, no lo ha logrado comprobar plenamente.

Pero como es normal  en estos casos, cuando Dios da a manos llenas…Y están saliendo nuevas acusaciones en contra del panismo. Lo que el cuento ahora proviene del Estado de México. Tendrá que investigarse si es cierto que Juan Carlos Villarreal Martínez, director del Instituto Electoral de la entidad, está, en efecto, cobrando en el municipio panista de Tlalnepantla como jefe de departamento, adscrito a la subdirección de gobierno de la secretaría del ayuntamiento, o el caso de Alfredo Rosas Calderón, secretario técnico, también en el municipio panista de Coacalco. Estas y otras erogaciones son destinadas a un fondo revolvente que, a su vez, a a parar directamente supuestamente a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa.

La terrible corrupción que aqueja a Coacalco, a decir de los trabajadores del ayuntamiento, es encabezada por Alfredo Rosas Calderón, que a su vez cobra como secretario técnico del mismo. Esta persona ha desarrollado una amplia red de corrupción en el municipio coacalquense.

Las mismas fuentes del ayuntamiento revelaron que Rosas Calderón, por conducto de sus cuñadas (Verónica Ramírez e Hilda Cornejo), a través de sus respectivas comercializadoras, ha cobrado jugosos contratos en el ayuntamiento; dicho sujeto incondicional al hoy subsecretario de la Reforma Agraria, Rubén Mendoza Ayala –colaboró con él cuando éste fungía como edil de Tlanepantla- los tiene amenazados de que todas las compras y obras programadas por el municipio se las tienen que otorgar a ellos, sin hacer licitaciones de por medio ya que sus utilidades van directamente a la campaña del aspirante presidencial panista, Felipe Calderón. En ambos casos sin duda que la Contaduría General de Glosa del congreso local deberá de verificar si son reales.

 

Clara acción desestabilizadora del gobierno en Oaxaca. (Cimac, Soledad Jarquin, p.web)

Denuncia Red de Derechos Humanos.

En Oaxaca existe una “clara inestabilidad política y social” que puede desembocar en una ola de violencia generalizada desalentadora del voto el próximo 2 de julio, que es una flagrante violación a los derechos humanos, afirmó la activista Sara Mendez Morales.

En conferencia de prensa la secretaria ejecutiva de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), dijo que esa violencia ha generado más de 50 conflictos agrarios en lo que va de este año, 12 homicidios de carácter político, 131 órdenes de aprehensión, 20 detenidos y 61 personas presas como parte de una “represión selectiva”.

Dijo que están pendientes del desarrollo del conflicto magisterial que, luego de la megamarcha de la tarde del miércoles donde participaron más de 100 mil personas, está demostrado que ha rebasado las demandas educativas.

“Vemos que la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas se suman al descontento de la política económica y el alto grado de violaciones a los derechos humanos del actual gobernador”, indicó la activista.

Cabe señalar que durante la llamada “megamarcha”, diversos organismos sociales realizaron un juicio político a Ulises Ruiz Ortiz, a poco más de un año y medio de gestión, en el que también se le juzgó por las violaciones a los derechos de las mujeres y “simbólicamente” fue colgado, tras resultar culpable.

La activista oaxaqueña apuntó que el gobierno del estado criminaliza la manifestación y la protesta social, para crear –dijo- un clima que inhiba el voto en las elecciones de julio, y que ello favorecería al Partido Revolucionario Institucional (PRI), según analistas.

Méndez Morales lamentó la postura del Congreso local que solicitó la incursión de los cuerpos de seguridad pública para terminar con el plantón de maestros “sin haber agotado las vías del diálogo”, secundados incluso por los partidos que no significan ninguna oposición dentro de la cámara de diputados.

El resultado es que sabemos que ya están en municipios conurbados a esta ciudad elementos del Ejército y de otras corporaciones policíacas. Es claro que en Oaxaca prevalece la impunidad como resultado de una administración parcial de la justicia, añadió.

Criticó también la posición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pese al clima de violencia social y política que vive la entidad, “sólo ha emitido dos recomendaciones, demostrando con ello su sumisión al Ejecutivo”, como lo hacen los legisladores oaxaqueños.

Es lamentable, dijo, que el gobierno de Ulises Ruiz siga ignorando las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos han emitido a fin de salvaguardar las garantías individuales.

Demandó que haya un diálogo para resolver el conflicto magisterial y social, rechazó el uso de la violencia y pidió se detenga el hostigamiento contra medios de comunicación, como las radiodifusoras independientes.

Méndez Morales fue enfática en la necesidad de detener la criminalización de la protesta social y libertad de los presos políticos “que se les han sembrado delitos o están en prisión por defender o hacer uso de sus derechos humanos”.

 

Alcaldía se hará responsable de probables quejas de dueños de predios de la Ciudad Satélite. (La Jornada de San Luis, Rosa Elena Pedraza, p.web).

Antecedentes sobre cómo se obtuvo el terreno corresponde a otros procesos de revisión: Octavio.

El alcalde de la capital, Octavio Pedroza Gaitán, aseguró que a l gobierno municipal le corresponderá atender las solicitudes de quien sea legítimamente propietario de los predios en los que se vaya a desarrollar el proyecto de la Ciudad Satélite; de los antecedentes de cómo se obtuvo el terreno, indicó que son materia de otros procesos de revisión como el Registro Agrario.

En entrevista, refirió que hasta el momento ha habido varios contactos a diferentes niveles y se está trabajando al respecto en las direcciones involucradas, concretamente con la de Administración y Desarrollo Urbano, sin embargo aclaró que el número de trámites y el tipo de acciones municipales a realizar en este desarrollo habitacional se desprenderá de los proyectos que presente la desarrolladora, “mismos que hoy todavía no tenemos totalmente claros”, puntualizó.

Agregó que al municipio capitalino “únicamente se le han presentado proyectos ya muy encaminados de predios o de posibles reservas territoriales que están en una negociación de la cual el municipio nunca formó parte”.

Aunque reconoció que el proyecto de la Ciudad Satélite es viable, “siempre y cuando se sujete y se respete en todo momento la normatividad”.

No voy a donde no me invitan.

El presidente municipal dijo que no fue convocado a presentarse en la ceremonia de entrega de Periodismo y que además no iba a donde no lo invitaban. De esta forma explicó la ausencia el pasado miércoles en el evento organizado por el gobierno del estado para celebrar el Día de la Libertad de Prensa.

Del género de noticia que ganó el periodista Eduardo López Cruz, del semanario Librevía , titulado Bejaranazo en el ayuntamiento, en donde se menciona de una supuesta red de corrupción al interior de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, el edil señaló que no tenía mayor comentario.

Añadió que era un ferviente convencido de la libertad de expresión y reiteró que uno de los tres elementos fundamentales de la labor periodística era la libertad de expresión y debía contener responsabilidad social y la ética en el profesionalismo como en toda actividad humana.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Ejidatarios reclaman daños por el aeropuerto. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web).

A menos de 20 días de que sea inaugurada la nueva terminal aérea "Ángel Albino Corzo", ejidatarios de "Francisco Sarabia", municipio de Chiapa de Corzo, advierten que si el Gobierno del Estado o Federal no tiene capacidad para cumplir las minutas pactadas, sería mejor que les compraran las 800 hectáreas de cultivo que temporalmente están siendo incomunicadas, por ello piden la urgente intervención del candidato presidencial de la Alianza "Por el Bien de Todos", Andrés Manuel López Obrador, ante las instancias correspondientes.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Negociadora para la venta de los terrenos ejidales en "Francisco Sarabia", Gilberto Nucamendi Molina, aunque ya abrieron uno de los dos pasos del enmallado perimetral del nuevo aeropuerto, "no es suficiente porque se quiere el cumplimiento del camino prometido y en óptimas condiciones, sobre todo ahora que hicieron un desagüe y están inundando terrenos ejidales y comunidades aledañas, como ocurrió la noche del pasado miércoles en la ribera "El Paraíso" y la comunidad "Dolores", por eso pedimos a Obras Públicas que agilice el cumplimiento de la minuta pactada.

Nucamendi Molina anunció que aprovecharían la visita del candidato presidencial del PRD-PT y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador, "para que sepa que los acuerdos firmados el pasado 21 de febrero del 2004, actualmente no tienen cumplimiento, más allá del camino que nos conducirá al panteón, su enmallado y la capilla de descanso, y por eso pensamos que fuimos engaños.

 

GUERRERO

 

Dará la razón a quien la tenga, dice Zeferino de los terrenos en Diamante. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo que dará la razón a quien la tenga en el caso de la restitución de 240 hectáreas de Punta Diamante a la familia Stephen, pero advirtió que no permitirá que “cualquiera se haga justicia por su mano”.

El gobernador fue consultado ayer en la conferencia de prensa que dio en un salón del Centro Internacional Acapulco, sobre la información de un dictamen del Tribunal Superior Agrario (TSA) donde restituye a María Esther Stephen 240 hectáreas de Punta Diamante, ocupadas por conjuntos condominales, de acuerdo con lo dicho por el apoderado legal Evaristo García Memije.

García Memije dijo a El Sur que esta semana su cliente comenzó a recuperar predios baldíos que le corresponden, de acuerdo con el dictamen del TSA después de un juicio que comenzó en 1973 cuando la familia Stephen reclamó la invasión en su propiedad.

El gobernador aseguró que está “perfectamente enterado” del tema, pero desea que se agoten los cauces legales.

Señaló que hay varios problemas en esa zona, “hay denuncias de varios años atrás, amparos, dobles poseedores de escrituras, que era la práctica que se acostumbraba mucho y que lamentablemente le van a aparecer a este gobierno”.

Reiteró que actuarán conforme a lo establecido legalmente y que estarán atentos a las resoluciones del Poder Judicial Federal, pero advirtió que no está dispuesto que “cualquiera se haga justicia por su mano y tomen determinaciones y sigan las invasiones si no hay una determinación clara de la legalidad”.

“Si hay interpretaciones de la ley, no se vale que los ciudadanos interpretemos, para eso están las autoridades correspondientes”, indicó.

 

Después de nueve años, devuelven tierras a una familia en Diamante. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).

Después de nueve años, el Tribunal Superior Agrario (TSA) ejecutó el dictamen de restitución de 240 hectáreas de Punta Diamante a la familia Stephen, propietaria original, por lo que a partir de esta semana comenzaron a recuperar la zona baldía.

La zona que será restituida está ocupada por conjuntos condominales de lujo y residencias como la del cantante Luis Miguel, por lo que quienes ya tienen construidos inmuebles deberán llegar a un arreglo con la familia.

El apoderado legal de María Esther Stephen, Evaristo García Memije, informó que esta semana su cliente comenzó la recuperación de los predios baldíos en Punta Diamante, después que el TSA dispuso la ejecución del dictamen del 15 de diciembre de 1998, en el que se ordena la restitución de 240 hectáreas.

La extensión de tierra se ubica antes del ejido Bonfil, del lado de la playa, es decir las 240 hectáreas sobre el paseo Las Palmas, donde ya hay construcciones y otras empiezan con grandes y majestuosas obras de conjuntos residenciales y condominales, así como residencias ya establecidas, entre ellas la casa del cantante Luis Miguel.

El miércoles por la mañana, unas 30 personas armadas con machetes tumbaron una tramo de barda y entraron al terreno donde empieza la construcción de un condominio de la Constructora y Promociones Inmobiliaria del Pacífico, SA de C.V., y se pidió a los trabajadores que ahí estaban que desalojaran el terreno. Ayer en el lugar había algunas personas en resguardo.

En entrevista para El Sur, el representante legal de la inmobiliaria, Alfonso Osorio Velasco, informó que se trataba de una invasión porque las personas llegaron sin policías, sin actuario y sin ninguna notificación y por ello acudió a levantar una denuncia penal.

Señaló que la inmobiliaria le compró el terreno a Promotora Turística del estado (Protur).

Mientras que el apoderado legal de la familia Stephen, Evaristo García Memije, informó ayer sobre una resolución ejecutoria del TSA a favor de María Esther Stephen para que se le restituyera sus terrenos, después de un juicio ante esa instancia que data del 20 de febrero de 1973 cuando la familia reclamó la afectación de su propiedad que constaba de 580 hectáreas.

La mitad de los terrenos le fue entregada al ejido Bonfil por parte del gobierno federal, después de una petición que hicieron los ejidatarios para una dotación de tierras.

Indicó que la resolución fue emitida el 15 de diciembre de 1998 por el magistrado del TSA, Luis Octavio Porte Petig Moreno, a quien acusó de negarse a ejecutar la resolución “porque se afectarían intereses”.

Explicó que hasta ahora se ejecuta la resolución porque también se interpusieron amparos “que ahora ya no tienen efecto”.

Sobre la inmobiliaria que fue desalojada el miércoles, el abogado aclaró que “son prestanombres”.

Señaló que el abogado Prometeo Hernández Zamora y Reinol Gómez con mentiras y escrituras falsas vendieron muchos terrenos en esa zona, pero ahora el tribunal resolvió que las 240 hectáreas pertenecen a María Esther Stephen y prueba de ello es que se ordenó la cancelación de todos los folios de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad.

García Memije especificó que de acuerdo con el expediente número 497 /97 del TSA se le restituye las tierras a los Stephen, que ahora son 240 hectáreas de la playa Bonfil, que fue lo que les quedó por la dotación de terreno que exigió el ejido.

Abundó que a partir de esta semana comenzó la restitución de predios a la agraviada, principalmente los que están sin construcciones, pero quienes ya las tienen deben llegar a un acuerdo con los verdaderos dueños de la tierra.

El abogado indicó que María Esther Stephen no quiere que nadie se meta a las propiedades o se intenten más construcciones en esa zona de Punta Diamante, y que tiene en su poder un documento del secretario de acuerdos del TSA donde se ordena la posesión material.

Una expropiación fraudulenta.

Evaristo García Memije relató que después de que el abogado Prometeo Hernández Zamora vendió varios terrenos en esa zona –en total unas 12 hectáreas–, pero al intentar comerciar con más tuvo problemas porque había escrituras falsas y las personas debían firmar documentos falsos, por lo que pidió al entonces gobernador René Juárez que expropiara la zona; “la única forma para que siguiera vendiendo era expropiando”, denunció.

Dicha expropiación –con causa de utilidad pública– se dio en diciembre de 2004 y después, a los 15 días, una de las compradoras de terrenos fue Carmen, hermana de Juárez Cisneros, quien adquirió cuatro hectáreas de Punta Diamante.

El abogado abundó que Prometeo Hernández también vendió terrenos a Morfín Alcántara y a una inmobiliaria que representaba un arquitecto de apellido Cisneros, quien también es pariente cercano del ex gobernador. “Fue un verdadero fraude en ese tiempo”, relató.

“En una de las irregularidades, Prometeo le pidió a René (Juárez Cisneros) que regularizara todos los terrenos que había vendido y mandó hacer una expropiación por causa de utilidad pública. A los 15 días le otorga a Protur facultades para que venda, pero eso ya quedó sin efecto”, relató.

García Memije comentó que ahora la dueña de esas tierras pidió que se ejecutara la resolución a su favor, e indicó que ella sí va a dar oportunidad de que haya acceso público a las playas, a diferencia de los propietarios de los conjuntos residenciales que mantienen la privacidad de la zona federal marítimo terrestre.

Reiteró que si alguien acude al Registro Público de la Propiedad aparecen escrituras canceladas, las cuales fueron promovidas por Prometeo Hernández y Reinol Gómez.

García Memije identificó a Prometeo Hernández como medio hermano de Julio César Hernández Serna, quien fue subprocurador de Justicia del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu. “Ambos son una bola de mañosos”, acusó.

 

 

 

LA PAROTA

 

Niega ZTG negociaciones “oscuras” con opositores a la presa La Parota. (Diario de Guerrero, Felipe Salinas, p.web).

Acapulco, Gro.- Luego de que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositora a La Parota (Cecop) abrió el diálogo con los tres niveles de gobierno para resolver el conflicto, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, negó que exista alguna negociación económica con los inconformes al proyecto.

“No hay ningún arreglo económico. No hemos tenido ninguna negociación y ningún trato de ninguna naturaleza más que el que hemos hecho a través de los medios de comunicación”.

El mandatario estatal ofreció una conferencia prensa en el salón Mezcala del Centro Internacional Acapulco (CIA), donde una vez más se dijo dispuesto a dialogar, pero no a confundir el diálogo con una “discusión” con los opositores al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Gobierno de Guerrero, dijo, está dispuesto a dialogar con el vocero de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, “o con cualquiera” de los dirigentes del Cecop, reiteró.

“Y lo reitero aquí: mi absoluta disposición a dialogar con quien sea necesario, con el señor Marco Antonio Suástegui, con cualquiera de los dirigentes del Cecop estoy absolutamente dispuesto y abierto a dialogar”.

Reconoció Torreblanca Galindo que no existe una agenda establecida para que ese diálogo con los opositores a La Parota se lleve a cabo, por lo que se deben “encontrar puntos de coincidencias, encontrar caminos de colaboración y encontrar fórmulas de entendimiento que le convienen a este estado, a este municipio…”

La intención de su administración, agregó el gobernante, es salvaguardar los intereses de los ejidatarios y comuneros evitando que la CFE “haga lo que en otras épocas hacía”, en clara referencia a que realizaban sus proyectos sin otorgar la indemnización correspondientes a los afectados.

Reconoció que ya sostuvo una reunión con ejecutivos del proyecto hidroeléctrico, aunque no mencionó la fecha y adelantó que este viernes el secretario general del gobierno guerrerenses, Armando Chavarría Barrera, se reunirá de nueva cuenta con ejecutivos de la para estatal.

“… la idea es tratar de conocer las cifras y la información que tenga disponible la CFE. Pero no se las puedo dar por obvias razones, porque no se puede dar cada previo”. Concluyó el jefe del Ejecutivo en Guerrero.

 

Ofrece Zeferino obras y desalojar plantones ante amenaza de simpatizantes de La Parota. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).

Comuneros simpatizantes de La Parota que amagaron con tomar las instalaciones del sistema de bombeo Papagayo I, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en demanda de diversas obras en sus comunidades, fueron disuadidos luego de que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se comprometió a establecer qué proyectos se harían en cada poblado y a desalojar los plantones de los opositores a la presa.

Desde las 8 de la mañana de ayer, los inconformes se dirigieron al sistema Papagayo I, ubicado a dos kilómetros de la comunidad de Aguacaliente, a bordo de combis y camionetas. Cerca del mediodía, unos 200 campesinos instalaron un plantón en ese lugar, y emplazaron alcalde Félix Salgado Macedonio para que antes de las 3 de la tarde respondiera a sus peticiones, o interrumpirían el suministro de agua potable a la zona turística del puerto.

En entrevista, acusaron al alcalde de apoyar a los opositores a La Parota, y por ello le exigieron además que definiera su postura respecto a la construcción de la presa.

Antes, alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de opositores que al ver la movilización de los simpatizantes –quienes participarían presuntamente en una marcha desde el entronque del camino a Aguacaliente hasta los sistemas Papagayo I y II–, bloquearon el paso de los vehículos y obligaron a regresar a varias combis y camionetas.

Los opositores –hombres y mujeres– portaban machetes y palos, y a gritos e insultaban a los pasajeros: “¡Hijos de su puta madre!, ¡vendidos!, ¡aquí no pasa ningún cabrón!”.

Luego instalaron una gruesa cadena de acero sujeta a dos columnas de cemento frente a la comisaría de esa comunidad, donde las combis y camionetas hacen su parada.

Poco a poco llegaron más opositores hasta llegar a unos 50; todo el día impidieron el paso de vehículos y sólo con la aprobación general se autorizaba o no la entrada a camiones de volteo que iban hacia La Tolva –propiedad del transportista Armando Valle, quien tiene adeudos con esa comunidad–, por ello la mayoría fueron obligados a regresar. Sólo maestros y vecinos conocidos tuvieron derecho al paso.

Romana Marín, una señora de 65 años que intentaba pasar, fue enfrentada por algunas mujeres quienes le cuestionaban su presencia en la zona. La señora se enojó porque, dijo, intentaron “abrirle los ojos” de que había sido engañada. Agregó que a las mujeres les respondió que ella era libre de reunirse y trasladarse.

Sin embargo, luego reconoció que era originaria de San Pedro Las Playas y que había llegado a Aguacaliente a una reunión de pescadores, invitada por el líder de Tunzingo, Toño Valle.

A pregunta de El Sur, otra mujer de nombre Clara Galeana, admitió que no sabía a qué venía a Aguacaliente y que sólo le dijeron que habría una reunión.

Por su parte, una mujer opositora de nombre Elvira, advertía a las mujeres que intentaban pasar por el retén: “Vienen de San Marcos, de Coyuca, de San Pedro Las Playas y les dijeron que iba a ser una reunión de pesca, pero si entran por aquí va a haber jodidazos”.

“¡Esta gente no sabemos de dónde viene! ¡Viene pagada y no sabe a qué viene!”, exclamaban otros arrastrando sus machetes sobre el suelo húmedo, por la lluvia tenue que cayó por la mañana.

También el joven comisario de Aguacaliente, Silvestre Hernández Calixto, portaba un machete pero intentaba calmar los ánimos de los opositores, quienes en ese momento impedían el paso a un vehículo de agentes de Gobernación que se dirigían al sistema Papagayo I. “Que caminen para que sepan lo que nosotros sentimos”, comentaron.

Exigen un fideicomiso para vender sus tierras.

Ante el bloqueo, algunos vehículos tomaron el camino hacia San Isidro Gallinero para después llegar hasta La Concepción, y desde ahí regresar antes de Aguacaliente para entrar al sistema Papagayo I.

Mientras, comuneros de Apanhuac caminaron por los alrededores en una vereda aledaña a un cerro, pero como no sabían dónde estaban las instalaciones de CAPAMA, llegaron a Aguacaliente donde estaban los opositores, quienes los amenazaron. Después, corrigieron el camino.

En el sistema Papagayo I –ubicado a unos metros de la carretera hacia Parotillas, en el entronque con el punto conocido como La Tolva–, algunos simpatizantes se sentaron en los pretiles que rodean las oficinas y otros se acostaban en el pasto. Allí, repartieron volantes donde informaban sus peticiones al alcalde.

En entrevista, el dirigente José Leonor Palma Nava admitió que la protesta realmente no era una marcha, sino la toma del sistema Papagayo I. Explicó que se dio esa información para proteger a los simpatizantes de posibles agresiones de los opositores.

También el representante de los simpatizantes de la presa, Mario Carmona Tornés, de la comunidad de La Concepción, explicó que la intención del plantón era para que el gobierno diera respuesta a varias demandas, como pavimentación de calles, ampliación de centros de salud, escuelas y, “en especial”, el suministro de agua a todas las comunidades.

Carmona Tornés reprochó a la Comisión Nacional del Agua (CNA), porque instaló en la comunidad de La Concepción un sistema de agua para jardinería y no para productores.

Las demandas.

Con un radio de alta frecuencia que está en las oficinas de la CAPAMA, los simpatizantes solicitaron resguardo policiaco para evitar algún enfrentamiento con los opositores; “aquí las cosas son de respeto, la gente no quiere agresiones como ellos”.

José Palma comentó que con la movilización, los simpatizantes quieren enviar un mensaje al gobernador para la constitución de un fideicomiso y así vender sus tierras, “y ahí vamos a demostrar que somos mayoría”.

La propuesta, explicó, es que el fideicomiso además de comprar las tierras exhiba un diseño de cómo serán los pueblos reubicados con todos sus servicios públicos y opciones de negocios y empleos.

También solicitaron orientación para constituir cooperativas y sociedades de producción rural, para que los incluyan en todos los proyectos productivos que se llevarán a cabo en la zona.

Otra propuesta, incluidas en una carta dirigida a Torreblanca Galindo, es que “a partir de ya” se emita una convocatoria para las inscripciones en el programa de capacitación para el empleo, como lo ofreció la CFE. Asimismo, exigieron la publicación oficial de las obras y servicios públicos que se harán con los recursos de los tres ámbitos de gobierno.

Demandaron además que los ofrecimientos de empleos de la CFE se consoliden al tener oportunidad preferente, y no sean suplantados por personas de fuera por compromisos políticos o electorales.

Domingo Bailón Dorantes, de la comunidad de Parotillas, criticó que los opositores los llamen vendidos, pues dijo que vender sus terrenos es una decisión personal, “yo no tengo porqué pedirle permiso a Marco Antonio Suástegui (vocero del Cecop)”.

Censuró que los opositores agredan a la gente y exijan identificación para trasladarse de un lugar a otro, “como si fueran autoridades”.

Argumentó que está de acuerdo con La Parota “porque queremos compartir el agua”, y justificó el intento de cerrar las válvulas del sistema Papagayo I: “Esto también les va a beneficiar a los ciudadanos de Acapulco”.

Los compromisos del gobernador.

Mientras esperaban la llegada del alcalde Félix Salgado, José Palma se trasladó a la comunidad de La Concepción donde habló vía telefónica con el gobernador Zeferino Torreblanca, quien le pidió “como amigos”, dijo, que no interrumpieran el suministro de agua y a cambio se comprometió a gestionar una reunión entre ellos y el alcalde de Acapulco, hoy viernes en el Ayuntamiento.

Sin embargo, algunos comuneros criticaron la negociación de los dirigentes Mario Carmona y José Palma con el gobernador, y que se utilizara a la gente para la toma del sistema para que se suspendiera.

“Los dirigentes caen en lo mismo y se valen del campesino y no era para que se arreglaran vía telefónica, porque el movimiento era para que viniera el presidente”, se quejó Domingo Bailón, quien acusó a los dirigentes de “traidores”.

Al final, los simpatizantes al proyecto acordaron que acudirán hoy viernes a las 12 del día al Ayuntamiento de Acapulco para reunirse con Salgado Macedonio y exigirle que quite los plantones de los opositores

 

La CFE ya me informó cuánto pagará. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya le explicó en cifras los avalúos de las tierras donde se construiría la hidroeléctrica La Parota, pero no quiso revelar las cantidades.

A pregunta expresa, el gobernador dijo que aceptaría que el alcalde Félix Salgado Macedonio sirva de enlace con los opositores, pues accedería a todas “las intermediaciones”.

Torreblanca Galindo desayunó con integrantes del Grupo Solidaridad en el hotel La Tortuga. En un salón contigüo se llevaba a cabo el Coloquio del Sur hacia la Izquierda, Desarrollo y Autonomía en el Proyecto de Nación, la que acudieron los opositores a La Parota.

Hubo un momento en que al llegar dos ejidatarios, con huaraches y morrales, dos guaruras del gobernador que se encontraban en el lobby del hotel caminaron de prisa porque pensaron que entrarían al salón donde estaba Torreblanca, pero sólo fueron a registrarse.

Desde ese momento, los guardaespaldas se colocaron más cerca de los salones, e incluso hubo quien se fijó adentro del salón donde estaba el Coloquio, de donde salió el vocero Marco Antonio Suástegui, pues se pensó que interceptaría al gobernador cuando concluyera su reunión, pero no fue así.

Suástegui Múñoz habló con el alcalde Félix Salgado unos cinco minutos, debido a que coincidieron en el hotel La Tortuga.

El vocero comentó que charlaron sobre la posición del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) de convocar a una mesa de diálogo entre los tres ámbitos de gobierno, misma que se decidirá el próximo domingo en la asamblea de Cacahuatepec.
El alcalde se negó a hacer declaraciones sobre este breve encuentro: “no tengo porqué decírtelo”, fue lo que respondió.

Adentro del salón uno de los integrantes del Grupo Solidaridad, Ramón Gallardo, de una agencia de viajes, le preguntó al gobernador cómo va el proyecto de La Parota.

Torreblanca dijo que había temas interesantes de que hablar pero no los detallaría “por obvias razones, porque aquí está la prensa, entonces la prensa profundiza y no voy a comentar”.

Indicó que tiene más información sobre las indemnizaciones, “ya hay un buen dinero, no voy a dar más detalles ya hay otros avalúos para empezar a platicar y ayudarla a la CFE, políticamente hablando, para que los ejidatarios entiendan cuánto les correspondería, me parece que es atractivo, no es cualquier cosa, pero cualquier dinero que les paguen bien nunca es suficiente si no es bien administrado y si no tenemos una proyección de alternativa de trabajo a futuro”.

Aseguró que en el gobierno “no somos tan insensibles como ustedes piensan, no queremos agarrarlos como si fueran un objeto de una sala y hacerlos a un lado”, y resaltó que las casas que se les entregarían “son de 300 mil pesos, que no son nada baratas, casas adecuadas a las circunstancias donde viven, los que viven en Dos Arroyos”.

Ofreció su compromiso de dialogar “no de discutir ni de mentarnos la madre, de platicar como gente razonable, escuchar sus planteamientos y escuchar los nuestros, yo convoco a ese diálogo enriquecedor porque ya basta que en Guerrero estemos todos los días haciendo la búsqueda de enfrentamientos entre unos y otros”. Mencionó que le pidió a la CFE que “muestre su amor” en las zonas que están junto al río Papagayo, sobre todo por la “pésima fama” que tiene por las veces que no cumplió en algunas expropiaciones.

Destacó que se construye la carretera de Tunzingo a San Isidro Gallinero, donde “no hicimos ruido” y el gobierno puso una parte y la otra la CFE.

Más tarde, en conferencia de prensa en el salón Mezcala del Centro Internacional Acapulco (CIA), Torreblanca Galindo tampoco quiso decir cuáles son los avalúos que se han dado “por razones obvias”, porque tiene que concretarse y no se puede tratar igual a cada predio.

Mencionó que sostuvo una reunión con directivos de la paraestatal y que hoy se reunirán con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría, porque la intención es conocer las cifras económicas.

El gobernador informó que en la reunión de hoy con el presidente Vicente Fox verá si hay la oportunidad de tratar el tema de La Parota, “y de eso ya han contestado con su presencia, con su acción y lo que hace la Comisión que sigue vigente el interés del gobierno de la República para atender el tema de la presa”.

A pregunta expresa de si buscará al alcalde Félix Salgado para que sirva de enlace con los opositores, respondió que “si el señor presidente municipal quisiera aceptar aunque no es su trabajo”.

“El señor presidente lo decide, lo acepta, lo que sea necesario para encontrar un diálogo pero que no sea como una parte de un capítulo de telenovela, donde tengamos que informar con los medios de comunicación en qué se avanza y no se avanza”, señaló.

Indicó que estos temas no pueden “ventilarse todos los días en los medios de comunicación porque luego pasa como el teléfono descompuesto, que a lo mejor una información se interpreta de otra manera y enrarece el clima de la posibilidad de dialogar”.

Zeferino Torreblanca reiteró que tiene que haber “una mínima agenda” para dialogar para saber el tema central.

Celebró que Marco Antonio Suástegui y el Cecop tenga disposición de dialogar porque “el gobierno responsable y un gobierno de política y de oportunidad dejaría como último utilizar la fuerza pública para resolver asuntos que la gente civilizada puede resolver”.

Dijo que esta actitud de diálogo de Suástegui Muñoz ayudará mucho a “este liderazgo que ya tiene ganado”.

Al preguntarle si se reuniría en privado con el vocero, aseguró que “estoy abierto, absolutamente abierto”.

 

MICHOACÁN

 

Se compromete el gobernador a dar mayor seguridad a indígenas . (Cambio de Michoacán, Ramón Ángeles, p.web).

Meseta Purepecha.

Se reúne Lázaro Cárdenas con las autoridades civiles y tradicionales de doce comunidades

El gobernador del estado visitó ayer la comunidad indígena de Cherán Atzicurín, que ha sufrido el peor saqueo de recursos naturales, y que hace unos meses, fueron las mujeres las que ante la desatención de los hombres, decidieron bloquear las carreteras para exigir solución al problema de la tala inmoderada del bosque.

Una sola voz se escuchó en este encuentro del gobernador y funcionarios de su gabinete, con las autoridades civiles y comunales de doce comunidades indígenas de la Meseta que enfrentan el problema de los talamontes y que hasta el momento ha sido un tema donde reina la impunidad, porque hay presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), pero sin autorización de detener a los talamontes, y mucho menos meterse al bosque, donde a diario cometen sus ilicitos.

La queja fue generalizada, de los jóvenes, las mujeres y las autoridades civiles y comunales, y ante el reclamo donde solicitan un establecimiento del Ejército Mexicano en la zona litigiosa, el gobernador Lázaro Cárdenas reconoció que «este problema provoca problemas tanto por la tenencia de la tierra como por el robo de madera, y esa es la realidad de que existe inseguridad. La comunidad de Cherán Atzicurín ha salido perdiendo, pero su unidad los ha mantenido en esa lucha, aunque ha acarreado dolor, preocupación y muertes».

El gobernador se comprometió ante las autoridades, mujeres y jóvenes a que «velaremos por los jóvenes y nietos porque tengan más seguridad» y recordó que «este problema de la tala no solo destruye el patrimonio natural, sino representa el que se ocasionen cambios de clima y una grande perdida económica», también dijo que el problema se vive en otras regiones del estado.

En su participación, el comisariado de bienes comunales Vicente Méndez Ramírez, hizo una remembranza del problema que enfrentan con los talamontes y recordó al general Lázaro Cárdenas del Río, y de cómo atendió en sus tiempos a esta comunidad y agradeció la presencia del gobernador; aprovechó para solicitar un destacamento militar con apoyos de proyectos productivos de amplia rentabilidad, la supervisión para cuantificar los daños y la construcción de un mercado en la zona del libramiento.

También el presidente municipal de Paracho, Medardo Alejo, se pronunció por la solución del conflicto con los talamontes.

El jefe del Ejecutivo estatal, explicó que el planteamiento del establecimiento del Ejército Mexicano está en trámites, que ya se realizó ante las instancias legales y sentenció que «debemos dar pasos con la presencia de la seguridad pública en la región».

También presentó al nuevo secretario de Seguridad Pública, al general Gonzalo Miguel Aladid Mier, quien el pasado martes tomó posesión y quien se encargará de revisar este problema de manera coordinada con las autoridades tradicionales de estos pueblos indígenas. Se comprometió a su vez en reforzar la seguridad con la participación de los municipios aledaños y la participación de sobrevuelos de helicóptero para revisar y vigilar los bosques, para con facilidad, detectar a los delincuentes destructores del bosque.

 

Recriminan la falta de atención en las comunidades indígenas. (Cambio de Michoacán, José `Perales, p.web).

Chilchota.

Urge la presencia del Ejército para cuidar los bosques: Rosa María Molina.

La falta de una adecuada atención de parte del gobierno del estado para con los pueblos indígenas, ha ocasionado que a punto estén de estallar cualquier cantidad de conflictos en distintas comunidades purhépecha, bien por los problemas de linderos, o bien a causa de las disputas por los bosques, consideró aquí, Rosa María Molina Rojas.

«Basta ya de paliativos, urgen acciones contundentes que dejen en claro que el Gobierno está para respetar la ley y no para proteger a los delincuentes», señaló la ex diputada local, ex coordinadora de Asuntos Indígenas y esposa del propietario del tractor baleado por los encapuchados.

Consideró que lo ocurrido en la comunidad de Cheranatzicurin en marzo pasado y los hechos que se registraron apenas el miércoles, en la vecina comunidad de Acachuén, «son solamente una muestra de lo que se podría vivir en toda la meseta purhépecha, si no se atienden los conflictos que datan de años y que no han encontrado solución en las instancias de Gobierno».

En entrevista con Cambio de Michoacán, Molina Rojas consideró que la política de atención a las comunidades indígenas que ha aplicado el gobierno del estado, no está dando buenos resultados, por lo que urgió cambios en los esquemas de atención para que se puedan encontrar soluciones antes de que sea demasiado tarde.

Reconoció que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel ha mostrado voluntad para resolver los conflictos, pero señaló también que son los funcionarios que encabezan las distintas dependencias relacionadas con los indígenas, los que no tienen sensibilidad para resolver los conflictos.

Molina Rojas lamentó que también en las comunidades indígenas haya líderes que se han dejado corromper y han preferido desviar la solución de los problemas, para buscar beneficios personales, antes que los de su pueblo o su gente.

Agregó que además «en ocasiones pareciera que el Gobierno premia a comunidades como Huécato, que por años han talado los montes y desprotege a otras que se han visto afectadas por esa tala ilegal de los bosques, pero eso se da precisamente porque no hay interlocutores que vayan realmente al fondo de los problemas».

Vaticinó que si el gobierno del estado no hace algo urgente, durante el período de lluvias los conflictos podrían ser mayores, ya que en esa temporada escasean las fuentes de empleo y los jefes de familia tendrán la necesidad de buscar la forma de llevar el sustento diario sus hogares.

Indicó que ya desde ahora en la Cañada se han acentuado los problemas de abigeato, porque ya los bosques se están acabando y así seguirán surgiendo más problemas por la falta de atención de parte de las instancias de Gobierno.

Que el Ejército vigile los bosques

Rosa María Molina Rojas dijo que si bien en algunas comunidades como Urén se ha podido defender la propiedad comunal de los bosques, ese no es el común denominador y sólo la presencia del Ejército mexicano podría amedrentar a los talamontes y evitar el surgimiento de problemas como el que se está viviendo en la Meseta, donde incluso ya hubo un comandante policiaco muerto.

La también ex candidata a la presidencia municipal de Chilchota, consideró que el Ejército es hoy por hoy, la única garantía de que se pueda frenar de tajo la tala ilegal, que por años ha venido enfrentando a las mismas comunidades indígenas.

 

PUEBLA

 

Vecinos de San Agustín Atzompa admiten que legalmente no tienen dominio sobre el bosque. (La Jornada de Oriente, Martín Hernández, p.web).

Autoridades y campesinos de San Agustín Atzompa admitieron ayer que cedieron para su explotación 158 hectáreas del campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a la señora Elia López Zabaleta, que estuvieron de acuerdo en que ella realizara las labores de saneamiento en el predio y que se excedió y los defraudó. El abogado de la gente de San Agustín, Marco Antonio Hernández, admitió que sus representados sólo están en posesión de las mil 580 hectáreas del predio en disputa y que todavía no se define el proceso para recuperarlo.

Lo dicho por el litigante prácticamente echa abajo el argumento que esgrimen varios labriegos e integrantes del cabildo auxiliar de Atzompa que fueron encarcelados en 2000 después de haber invadido por primera vez el campo experimental, pues afirman que al haber dejado la cárcel, por la intervención de Elia López Zabaleta, prácticamente la justicia las dio la razón en el litigio sobre el bosque.

Debido a las presiones de los reporteros, Hernández Castro tuvo que aceptar públicamente que hace seis años la única victoria legal fue la recuperación de la libertad por parte de la gente de San Agustín, pero que de ninguna manera la justicia federal ha determinado que ellos son los propietarios.

Se cae otra mentira

El episodio ocurrido en 2000 es fundamental en el caso del campo experimental –también conocido como paraje Ocotepec–, pues originó la invasión perpetrada desde el 18 de agosto de 2004 por los campesinos de Atzompa que ha sido combatida en varios frentes por sus vecinos de San Juan Tetla, al punto que ambas juntas auxiliares de San Lorenzo Chiautzingo se enfrentaron violentamente el viernes de la semana pasada con un saldo de 27 heridos –seis por arma de fuego– y un muerto, Jobed Cortés Mendoza.

Desde el 7 de febrero del presente año, los campesinos de San Juan denunciaron que sus vecinos no sólo invadieron el bosque, principal proveedor de germoplasma en la región Popo-Izta, sino que habían vendido a Elia López Zabaleta el 10 por ciento del predio, lo cual fue negado sistemáticamente por los representantes de San Agustín.

Sin embargo, el 10 de marzo, cuando los de Tetla bloquearon por vez primera los accesos a Atzompa, esta casa editorial entrevistó a varios pobladores de San Agustín. A veces los entrevistados se arrebataban la palabra y otras dejaban que sus líderes hablaran. El reportero les preguntó si era cierto que ellos le habían vendido 158 hectáreas de bosque a la empresaria Elia López Zabaleta, a lo que la mayoría respondió que no. Entonces una mujer expresó: “¡no se lo vendimos, se lo donamos!”, pero de inmediato fue censurada por sus paisanos. La actitud que tomaron hacia ella pareció la de una reprobación por haber dicho algo cierto, pero que no convenía reconocer.

El sábado de la semana pasada –un día después de la trifulca generada porque la gente de Tetla bloqueó por segunda ocasión los caminos de Atzompa para llamar la atención de las autoridades sobre la depredación en el campo experimental –el reportero entrevistó a la señora Magdalena Quintero, quien también participó en la invasión del 2000

–¿Qué hay de cierto de que ustedes le dieron una parte de los terrenos del bosque a la señora Elia López Zabaleta? –se le preguntó a la señora en aquella ocasión.

–Sí, le pagamos con un pedazo de bosque a la licenciada, porque cuando estuvimos en la cárcel sus hijos nos sacaron.

–¿La primera vez que se metieron al bosque y se los llevaron a la cárcel, hace como 10 años?

–Hace como cinco, en 2000. Luego ellos nos ayudaron; nos dijeron que iban a hacer todo legal para que no tuviéramos problemas con el bosque, y lo arreglaron, y nosotros le pagamos con un pedazo de bosque para que ella cortara. Los de San Juan están enojados porque ellos no tienen ganancia del bosque; ése es su enojo.

–¿Usted estuvo en la cárcel esa vez?

–Sí, nos pegaron muy feo los policías; nos arrastraron; nos jalaron de los pelos... ¡pero ponga lo que le digo; diga usted la verdad; porque ustedes nomás vienen y nos preguntan, y cuando salen las cosas el radio o en la televisión nomás dicen puras mentiras y nos echan la culpa de todo y no dicen nada de los de San Juan!

En la rueda de prensa de ayer se presentaron: Julio Ramírez Juárez, Eutiquio López Pérez, Indalecio Manzano Pérez, Juana e Imelda Domínguez Cerón, respectivamente, presidente auxiliar, juez de paz, regidor y ciudadanas de San Agustín Atzompa, además de sus abogados Marco Antonio Hernández Castro y Rodolfo Cárdenas Meneses. Este último fue regidor del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Zacatlán.

En todo momento los protagonistas de la conferencia se dijeron dueños del bosque y se apoyaron en el artilugio de poseer una testimonial adperpetuam basada en un permiso para pastorear y recoger leña que supuestamente fue expedido el 30 de octubre de 1818 y que aumentó los derechos que tenían sobre el predio desde 1748.

El abogado reconoció que los documentos en los que se apoya el argumento de sus representados son anteriores a la Constitución, además de que no les confería el derecho de talar, en el supuesto de que pudieran ser válidos.

Desde el principio los declarantes negaron haber entregado 158 hectáreas a Elia López Zabaleta y culparon a la gente de San Juan de querer aprovecharse del bosque desde 2000, argumentando que el presidente municipal de Chiautzingo de ese tiempo, Nemesio Pérez de la Rosa, se hizo compadre de Melquiades Morales Flores –a la sazón gobernador de Puebla y actual candidato al Senado de la República por el PRI– y por eso encarcelaron a la gente de San Agustín que estaba en posesión de la zona forestal.

Se les cuestionó entonces por qué si se ostentan como dueños del bosque no denunciaron la invasión que hizo Elia López Zabaleta. No supieron qué decir, hasta que el edil subalterno aseguró que puso una denuncia en febrero del presente año por la tala que estaba realizando la señora, pese a que la orden de saneamiento que le concedió a ésta el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Antonio Díaz, data del 22 de noviembre de 2005.

Los reporteros insistieron en los cuestionamientos sobre la presencia de López Zabaleta en los terrenos del INIFAP, hasta que Juana Domínguez Cerón tuvo que admitir que le entregaron las 158 hectáreas porque la empresaria los ayudó a salir de la cárcel hace seis años, les cobró 200 mil pesos por sus servicios y ellos, que no tienen dinero, le pagaron con el usufructo de los servicios forestales, la apoyaron para que acabara con la plaga de gusano descortizador que afectaba 2.7 hectáreas de la zona, pero ella los “defraudó”, porque taló árboles sanos.

Minutos más tarde se le inquirió a Antonio Hernández y Castro, quien lució bastante nervioso durante toda la conferencia, cuánto cobrará a la gente de San Agustín por sus servicios de representación legal, hizo mutis.

–¿Piensa usted cobrarse, como Zabaleta, con un pedazo de bosque?

–¡Claro que no, no tengo vocación de terrateniente! –contestó el litigante.

Contra Marín

La conferencia de prensa inició con la lectura de una posición por parte del munícipe subalterno, Julio Ramírez Juárez, quien expresó: “de los hechos registrados del conflicto responsabilizamos al gobierno del estado que encabeza Mario Marín Torres, ya que de antemano tenía conocimiento desde el 25 de mayo, que un grupo de pobladores de Tetla encabezado por Maxwell Cortés Mendoza, había cerrado nuevamente el acceso principal de la comunidad San Agustín Atzompa, aislándonos del abastecimiento de artículos de primera necesidad, además, muchos niños y jóvenes que asisten a diferentes escuelas de la región de San Martín, el Moral San Buena Ventura y Huejotzingo no pudieron salir para asistir a estos centros educativos, afectando también a la gente que labora fuera de esta comunidad y al comercio local que quedó privado del abastecimiento de sus proveedores, dejando a la población en riesgos alimenticios”.

“Asimismo, la actividad principal de Atzompa que es la producción de flor, se vio afectada en un alto porcentaje para trasladar sus productos a la central de abastos y mercados de Puebla, entre muchas cosas más. Todo lo anterior puso en jaque la economía y seguridad social de la población, por lo que hoy su crisis se agudiza con estos conflictos. Sin contar las urgencias médicas que se dieron en el transcurso del aislamiento, como fue el caso del zafarrancho del viernes, donde tenemos heridos que no pudieron ser atendidos”.

“De manera que, por mi conducto, la comunidad de San Agustín Atzompa denunciamos que la detención de cuatro ciudadanos de la población, Gabriel Pérez Palomares, Ernestina Pérez Manzano, Carlos Arellano Arellano y Faustino Botello Rojas se realizó con engaños y de forma ilegal, privándolos de su libertad y garantías individuales, por lo que hoy están sujetos a un proceso penal por los delitos de homicidio calificado, lesiones, daño en propiedad privada y motín. Queremos declarar también, que no somos talamontes, sino protectores de nuestro bosque y amantes de nuestra madre tierra y de la naturaleza. Del mismo modo queremos comunicarles que hemos actuado dentro del estado de derecho para cuidar nuestro bosque que ha sido envidiado por los pueblos circunvecinos que quieren de manera ilegal despojarnos lo que nos pertenece. Estos hechos son una muestra más de la ingobernabilidad, donde la autoridad debe ser árbitro de las contradicciones para la estabilidad social, hecho que con todo respeto no entendemos al señor gobernador”.

 

SAN LUIS POTOSÍ

 

Gobierno se negó a adquirir de los ejidatarios las tierras para la Ciudad Satélite. (La Jornada de San Luis, Miguel Ángel Mata, p.web).

El 30 de noviembre de 2005 decidió que no los quería y los compró cinco meses después

La administración de Marcelo de los Santos Fraga renunció a adquirir directamente de los ejidatarios de El Panalillo las 350 hectáreas que se destinarán a la Ciudad Satélite. El 30 de noviembre del año pasado, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, la administración señaló a los vendedores que “no tenía interés” en adquirir los predios que cinco meses después, el gobierno compró en 140 millones de pesos a la empresa Dintel del Centro SA de CV.

Si hubiera aceptado el ofrecimiento de los cuatro ejidatarios, la administración estatal se hubiera ahorrado casi la mitad de lo que pagó finalmente, pues los ofertantes vendieron los predios en 77 millones de pesos a Dintel del Centro.

El 30 de noviembre del año pasado, por medio del oficio 2628/2005, del cual este medio tiene copias, Javier Avila Calvillo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, responde a una carta que siete días antes le habían enviado Rogelio Nicanor Castaño Betancourt, José Arturo Crespo Pavón, Adrián Lugo Astiazarán y Carlos Alberto González Guerrero, los cuatro propietarios de los terrenos comprados por Dintel del Centro.

En su escrito, los propietarios informaron a la Secretaría General de Gobierno que deseaban enajenar cinco terrenos que forman parte de El Panalillo y que sumaban 350 hectáreas. En cumplimiento con la norma, preguntaron si la administración estatal deseaba adquirir los predios.

“Le informó a Usted”, respondió Avila Calvillo, “que el Gobierno Constitucional del Estado de San Luis Potosí, no tiene interés de adquirir las parcelas de su propiedad”.

Así renunció a unas tierras por las que, cinco meses después, sí tendría interés en comprarlas.

El oficio se emitió en la misma fecha, 30 de noviembre de 2005, en la que Dintel del Centro SA de CV y los compradores formalizaron la transacción.

Bondadosos.

Tras realizar una consulta en el Registro Público de la Propiedad se pudo constatar que el 5 de noviembre pasado los ejidatarios Rogelio Nicanor Castaño Betancourt, José Arturo Crespo Pavón, Adrián Lugo Astiazarán y Carlos Alberto González Guerrero informaron al gobierno del estado su intención de vender los predios a la empresa que tiene su sede en Ciudad Juárez por un costo de 22 pesos por metro cuadrado.

En total, la empresa Dintel pagó a los ejidatarios 76 millones 998 mil nueve pesos con 22 centavos.

Para reafirmar la venta de los predios, la compañía Dintel pago a los ejidatarios “más” de lo que marcaban los avalúos que se habían hecho sobre los terrenos.

De acuerdo a la cotización que realizó el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, del polígono de 817 mil 595.76 metros cuadrados, su costo era de 10 millones 628 mil 745 pesos. La empresa pagó al propietario del terreno Rogelio Nicanor Cataño Betancourt, 17 millones 987 mil 106 pesos.

La historia se repitió en el terreno de Adrián Lugo Astiazarán, donde tenían una superficie de un millón 220 mil metros cuadrados, sobre el cual la compañía pago 26 millones 840 mil pesos, aunque el avalúo era de 15 millones 860 mil pesos.

 

Cartones

 

 

Confirmado · Magú

 

 

 

Manitas limpias · Helguera

 

 

Prioridades Boligán

 

 

Manos a la obra Carreño