CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
8 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Perfilan acuerdo
electoral
Piden respetar resultado. Proponen
partidos dar voto de confianza al IFE
y suspender la guerra sucia.
Partidos acuerdan
acatar resultados del 2 de julio
Listo, el borrador de un pacto de civilidad
Avanzan partidos
al pacto de civilidad
El PRD se reserva "su derecho
para inconformarse"
Temen mercados una
desaceleración mundial
En México, la aversión al riesgo se
combinaría con factores políticos
Solapa Calderón a
su cuñado incómodo
En 2005 obtuvo Hildebrando
SA de CV $683.4 millones y no reportó
impuestos
Protestan 100 mil
en Oaxaca
Exigen maestros juicio contra el gobernador
Ulises Ruiz
AMLO acorrala a Felipe
En medios electrónicos, Calderón se
vio obligado a responder sobre las acusaciones,
no probadas aún, en contra de su cuñado.
Presiona PGJDF a
personal de Ahumada para inculparlo
Dos choferes
y un ex escolta son interrogados por
judiciales de Bátiz
para que "confiesen" el atentado,
acusa el abogado Díaz Sosa.
Avanza pacto entre
partidos
Firmarán esta semana compromiso para
aceptar resultados o impugnarlos sólo
por la vía legal
Margarita se benefició
de contratos con el gobierno
Es socia de Hildebrando
SA, que disparó sus ganancias en los
últimos tres años; “sí nos da servicios”,
dice Sedesol.
Sector agrario
Niega la SRA que
use programas para presionar a ejidatarios
a votar por el PAN. (El Sur de Guerrero, p.web).
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) negó las declaraciones del dirigente
estatal del PRD, Sebastián de la Rosa
Peláez, en el sentido de que la dependencia
presiona a ejidatarios para que voten
por un determinado candidato, a cambio
de ser incorporados a los programas
sociales federales.
En conferencia de prensa el lunes 5 de junio, Sebastián
de la Rosa denunció que el gobierno
federal “jinetea” 110 millones de pesos
que destinarían este año al sector pesquero
con fines electorales.
Asimismo acusó al ex secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame,
de usar la infraestructura de la dependencia
para presionar a los ejidatarios de
Tierra Caliente para que voten por el
candidato del PAN del distrito 01, Fernando Jaimes
Ferrel, ex
delegado de la Procuraduría Agraria.
Al respecto, la SRA señaló que el funcionario partidista,
sin aportar prueba alguna, acusa a la
dependencia, pero aclaró que para evitar
manipulaciones, condicionamientos y
presiones contra los posibles beneficiarios
de los programas sociales –y en cumplimiento
al acuerdo de neutralidad del IFE– la
Reforma Agraria, suspendió la entrega
de recursos del Ejercicio 2006, correspondientes
a los programas de apoyo a proyectos
productivos. Los programas comenzarán
de nueva cuenta, después de las elecciones
federales.
También señala que el secretario Abelardo Escobar Prieto
giró instrucciones a las áreas que operan
los fondos de programas sociales, para
que abran la ventanilla de inscripción
de los proyectos que aspiran a obtener
financiamiento una vez que haya concluido
el plazo que marca el acuerdo de neutralidad
electoral.
La dependencia federal se dice respetuosa de todas las
medidas que garanticen el uso y la aplicación
transparentes y sin condicionamientos
de ningún tipo de los recursos económicos
destinados a los programas sociales
a su cargo.
Sin visos de solución, el conflicto de Chiautzingo. (La Jornada de Oriente,
Editorial, p.web)
Las últimas noticias del conflicto de Chiautzingo
son que los pobladores de San Agustín
Atzompa han
amenazado con boicotear las votaciones
del 2 de julio si las autoridades no
logran que vecinos de San Juan Tetla
dejen de bloquear los caminos que comunican
a dicha localidad. Esto luego del enfrentamiento
que el viernes pasado protagonizaron
habitantes de esas dos comunidades y
que dejó un saldo de un muerto y varios
lesionados.
Es evidente que el conflicto en cuestión no tiene visos de
solución, a pesar de que el Gobierno
del Estado insiste en que los problemas
entre San Juan Tetla
y San Agustín Atzompa están en vías de ser resueltos.
Pero más allá de lo que haga o no haga el Gobierno del Estado,
es fundamental tener claro que éste
solamente puede ser resuelto con la
intervención del gobierno federal. Tanto
la Procuraduría Agraria como el Tribunal Agrario tienen que determinar
quiénes son los dueños del predio que
está en disputa entre vecinos de los
dos pueblos antes mencionados. Además,
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat)
junto con la Procuraduría Federal de
Protección del Medio Ambiente deben
dictaminar acerca de la validez del
permiso de explotación forestal que
ha sido utilizado para talar el bosque
de la región.
Y lo más importante, que se sancione a José Antonio Díaz García,
el delegado de la Semarnat,
pues fue quien detonó el conflicto con
su actitud negligente de entregar de
manera indebida un permiso de saneamiento
forestal sin importar que el predio
donde se iba a aplicar está en litigio,
y después permitió que con ese documento
un particular talara árboles sanos con
absoluta impunidad.
Rechaza la Reforma Agraria que condicione la entrega
de recursos. (Diario de Guerrero, Alejandra
Ortíz, p.web)
*Llama al dirigente del PRD a que
presente pruebas.
*Advierte que no busca beneficiar
a candidatos del PAN.
La Secretaría de la Reforma
Agraria –SRA- rechazó ayer que esté
presionando a campesinos y ejidatarios
de Guerrero para que el próximo dos
de julio voten por los candidatos del
Partido Acción Nacional –PAN-, concretamente
a favor del aspirante del blanquiazul
a la Presidencia de la República, Felipe
Calderón Hinojosa y exigió al Partido
de la Revolución Democrática –PRD- que
al acusar “presente pruebas”.
Mediante un comunicado de prensa
enviado por la dependencia federal,
su titular Abelardo Escobar Prieto,
advierte que en ningún momento se ha
ejercido presión alguna a los guerrerenses
a cambio de ser incorporados a los programas
sociales federales, tal y como lo ha
señalado Sebastián Alfonso de la Rosa
Peláez dirigente estatal del partido
del sol azteca..
En el comunicado de la SRA se añade
que además para evitar manipulaciones,
condicionamientos y presiones contra
los posibles beneficiarios de los programas
sociales y en cumplimiento al acuerdo
de neutralidad firmado ante el Instituto
Federal Electoral –IFE-, la Secretaría
suspendió la entrega de recursos del
ejercicio fiscal 2006 correspondientes
a los programas de apoyo a proyectos
productivos, por lo que volverán a entregarse
hasta después de los ya muy cercanos
comicios federales.
Ahí, el secretario precisa que
igualmente giró instrucciones a las
áreas que operan los fondos de los programas
sociales, a fin de que abran la ventanilla
de inscripción de los proyectos que
aspiran a obtener financiamiento, una
vez que haya terminado el plazo que
marca el acuerdo de “Neutralidad Electoral”.
Por último, el funcionario federal
llama a la dirigencia estatal del PRD
a no enturbiar el proceso electoral
ni “crear confusiones” que podrían incidir
de manera negativa en el próximo proceso
electoral.
El secretario Abelardo Escobar
Prieto, quien sustituyó en el cargo
a Florencio Salazar Adame,
agrega que la Secretaría de la Reforma
Agraria ha sido y seguirá siendo respetuosa
de todas las medidas que garanticen
el uso y la aplicación transparentes
y sin condicionamientos de ningún tipo
de los recursos económicos destinados
a los programas sociales
Intento de despojo de un terreno. (Diario de Yucatán, Landy Flota,
p.web).
Un productor acusa a las autoridades del poblado de Petalillo.
Peto.- Valerio Pech Itzá, veterano productor, afirma que autoridades de la comisaría
de Petulillo
pretender despojarlo de manera arbitraria
de un terreno del que es antiguo posesionario.
El productor dijo que hace 10 años trabaja en un terreno cercano
a Petulillo,
denominado “Noh
Santa Cruz”, pero autoridades intentan
despojarlo aduciendo que pertenece al
ejido.
Tuvo que recurrir a instancias como la Secretaría de la Reforma Agraria, donde el 25 de abril pasado solicitó
la verificación y regularización del
terreno.
Según explicó, el terreno de 500 hectáreas es nacional, pero
las autoridades de Petulillo
aseguran que es ejidal.
“Por eso, tras la verificación realizada por especialistas
de la Secretaría de la Reforma Agraria,
dictaminaron que se trata de un lote
nacional y me acreditan su posesión
junto con mi esposa, Lucía Aké, y mis hijos José Jacinto, Marcial, Santos Tadeo y José
Adulio Pech
Aké”.
De igual manera enseñó documentos en los que el Ayuntamiento
que preside Gilberto Navarrete Vázquez
y su secretario, Vicente Bautista López,
dan fe como propietario legal a Pech
Itzá, mediante un documento de posesión y explotación.
El informante, quien se identificó con su credencial de elector
con folio 53476995, indicó que él y
sus antepasados son oriundos de la comisaría
de Petulillo
donde aún viven sus hermanos.
“Por eso hago un llamado a las autoridades para que cesen los
hostigamientos y se me permita trabajar
con tranquilidad”.
Sector agropecuario
Semiesclavitud de cañeros en QR; también explotan
a mujeres y niños. (La Jornada, Javier Chávez,
p.web)
La mayoría de los jornaleros proviene
de Chiapas, Oaxaca y Guerrero: CEDH.
Viven como en ''campos de concentración'',
afirma la institución; entregará informe
a la STPS.
Chetumal, QR, 7 de junio. Unos mil jornaleros de Chiapas, Oaxaca
y Guerrero que cortan caña de azúcar
en el sur de Quintana Roo viven hacinados
en condiciones infrahumanas, en 12 galeras
que pueden ser comparadas con ''campos
de concentración'', denunció hoy el
presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), Gaspar Armando
García Torres.
Dijo que personal de la CEDH visitó tres galeras en la ribera
del río Hondo -limítrofe con Belice-,
donde hay menores de edad, algunos de
cinco años, que ya trabajan como cortadores.
La mayoría de los cañeros se trasladan con toda su familia
para ganar más dinero.
El ombudsman estatal aclaró
que las condiciones en que viven y laboran
estos trabajadores del sur del país
no son nuevas, pero violan los derechos
humanos y deben ser corregidas de inmediato
por autoridades federales, estatales
y municipales.
''En una galera de mil 250 metros cuadrados habitan 80 familias
con menores de edad en condiciones de
extremo hacinamiento, privadas de atención
sanitaria en todos los casos''.
En la zona cañera hay 12 galeras de distinto tamaño. Son instalaciones
que los propietarios de los cañaverales
ponen a disposición de los mil cortadores
de otras entidades.
Destacó que en las tres galeras visitadas habitan unas 300
familias que subsisten en condiciones
''infrahumanas, peor incluso que los
reos del Centro de Readaptación Social
de Chetumal'', donde se han detectado
condiciones de sobrepoblación y hacinamiento
que han sido subsanadas por el gobierno
del estado.
En cada galera, según García Torres, hay entre 30 y 40 por
ciento de jóvenes y menores de edad.
''Los visitadores obtuvieron testimonios
estremecedores de los cortadores de
caña. Incluso observaron a un niño de
cinco o seis años que hizo un alto en
la faena, machete en mano y todo lleno
de ceniza'', comentó.
Recordó que el 21 de febrero de este año hubo un escándalo
que obligó a la CEDH a intervenir. Ese
día unos 16 menores de edad procedentes
de Guerrero -entre ellos una niña- fueron
contratados para cortar caña en el municipio
de Othón P.
Blanco, pero el contratista se negó
a pagarles y tuvieron que refugiarse
en un recinto religioso cercano a la
CEDH. Al final el gobierno del estado
tuvo que llevar a los jornaleros a sus
lugares de origen.
Sobre la rutina diaria de los cortadores, dijo: ''Luego de
tomar una tacita de café y algo de pan,
inician la jornada a las cinco de la
mañana y concluyen a las seis de la
tarde. Y a menores y mayores les pagan
24 pesos por tonelada cortada y acumulada,
lista para ser enviada al ingenio San
Rafael de Pucté''.
Es frecuente que las mujeres participen en estas extenuantes
faenas, con la anuencia de los propietarios
de los cañaverales.
Sostuvo que hay algunas zonas donde está prohibido el paso
y se presume que hay miembros de la
pandilla de origen centroamericano Mara Salvatrucha.
Dijo que la CEDH obtuvo material de primera mano para elaborar
un informe que entregará esta semana
a la delegación de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para que
evalúe las condiciones en que laboran
los cientos de cortadores de caña. ''Esta
no es una recomendación, sino un informe
que entregaré al delegado del Trabajo
para que lo envíe a la secretaría'',
y a autoridades de todos los niveles
para que intervengan de inmediato, agregó.
Organizaciones campesinas
Toman agricultores oficinas de la Sagarpa en Sinaloa. (La Jornada, Javier Valdez, p.web)
Culiacán, Sin. Unos 300 productores agrícolas de Sinaloa ocuparon
casi tres horas la delegación de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa)
en esta ciudad, en demanda de que el
gobierno federal defina el apoyo que
por pérdida de competitividad otorgará
a la cosecha de maíz. Los productores
de la Liga de Comunidades Agrarias;
Confederación de Asociaciones Agrícolas,
y Movimiento Agrícola Sinaloense llegaron
a las 10 de la mañana, momentos después
de que los empleados de la dependencia
abandonaron el edificio. Alonso Campos,
presidente del Consejo Estatal del Maíz,
advirtió que si para el viernes no hay
una respuesta a su demanda aplicarán
medidas más radicales, como tomar el
aeropuerto y las instalaciones de Petróleos
Mexicanos.
Prensa Estatal
GUERRERO
Se debe construir
La Parota si hay acuerdo entre las partes,
“si no, no”: Arturo Contreras. (El Sur, Zacarías Cervantes,
p.web).
Chilpancingo.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG),
Arturo Contreras Gómez, informó que
el estudio socioeconómico que elaboró
la institución durante la administración
pasada sobre la viabilidad de la presa
La Parota fue sólo un contrato con la
CFE que ya terminó.
Dijo que la postura actual de la UAG es que “hay dos
partes en conflicto, y si se ponen de
acuerdo, debe llevarse a cabo el proyecto,
si no, no”.
Indicó que “esas dos partes deben ponerse de acuerdo,
los demás simplemente somos espectadores.
Si tengo una propiedad y alguien la
quiere yo me pongo de acuerdo con él
sobre cómo se la vendo, cómo se la doy,
y ahí no pueden participar ni el gobierno
del estado ni las representaciones sociales,
son los dueños de las tierras y quienes
las usarán”, dijo.
La pregunta al rector se planteó debido a que la anterior
administración, que encabezó Nelson
Valle López, participó en un estudio
socioeconómico en la zona que se vería
afectada con la construcción de la presa
y cuyos resultados arrojaron la viabilidad
del proyecto.
Pero al plantearle que la anterior administración se
pronunció a favor del proyecto, Arturo
Contreras señaló que “hablando de la
inversión, que es de mil millones de
pesos, obviamente cualquier estado al
que le llegue una inversión de esa naturaleza
es importantísima, pero afectar intereses
que no son de La Parota eso es otra
situación diferente”.
Dijo que el respeto a los intereses ajenos “es un principio
universal y los intereses ajenos hay
que respetarlos y serán ellos los que
se pongan de acuerdo”.
Agregó que en los estudios socioeconómicos de la UAG
simplemente subrogó parte de los trabajos
que hace la Comisión Federal de Electricidad,
“como se los puede subrogar a cualquier
otra institución o dependencia. La Universidad
tiene la oportunidad de hacer esos trabajos
y hay beneficios para ésta, pero lo
demás no es una situación para tomar
una posición, simplemente hay comentarios
de qué es lo que puede beneficiar o
afectar el desarrollo de un estado”.
El rector insistió en que lo que la UAG proporcionó en
la anterior administración es la mano
de obra calificada con los investigadores,
“pero nada más”.
Recomiendan congresistas difundir toda información
sobre La Parota. (Diario de Guerrero, IRZA,
p.web).
Chilpancingo, Gro.- Los diputados
que integran la comisión especial que
da seguimiento al tema de la construcción
de la presa La Parota tuvieron oportunidad
de reunirse con el Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para intercambiar puntos de vista
entre el Congreso y el Ejecutivo del
Estado acerca del proyecto.
Se percibió, según los miembros de la comisión una decisión
muy firme en el gobernador de impulsar
la construcción de la presa.
El diputado Arturo Álvarez Angli,
presidente de dicha comisión, señaló
que el Congreso ha buscado que exista
la confianza por parte de la ciudadanía,
que quienes impulsan la propuesta les
den a los afectados garantías de que
se les van a cumplir todos los compromisos
que se acuerden.
“Tenemos que buscar, como parte que somos de este gobierno,
como integrante de uno de los tres poderes,
atraer inversión que sea positiva para
el estado y velar por los intereses
de los campesinos y de los ciudadanos
que se vean afectados por el proyecto.”
Informó que el Gobierno del Estado sigue privilegiando el diálogo
con los grupos de opositores, y el gobernador
ha manifestado que bajo ninguna circunstancia
se pretende violar los derechos de los
ejidatarios y que van a buscar en todo
momento el acercamiento.
Los diputados se permitieron hacer algunas observaciones de
lo que pudieron percibir en la zona
de influencia de La Parota y en la visita
que hicieron con la CFE a la obra de
la presa de El Cajón.
En ese sentido, señalaron al gobernador que pudiera ser positiva
una estrategia de mayor difusión del
proyecto; que la ciudadanía conozca
más extensivamente lo que implica el
proyecto de La Parota y que quede claro
que no se le pretende despojar de sus
tierras a nadie, pues se especula mucho
con ese temor.
Por último, el diputado Álvarez dijo que la comisión especial
que da seguimiento al proyecto de La
Parota tiene como una de sus funciones
el ser mediadora entre los intereses
de los campesinos y quienes promueven
el proyecto. En ese sentido, invitó
a los opositores a que si no les interesa
dialogar con el gobierno o con la CFE
pueden hacerlo con los diputados locales,
porque el Congreso va a velar por sus
intereses.
MICHOACÁN
Denuncian el despojo de 80 hectáreas de tierra
comunal. (Cambio de Michoacán, Humberto Castillo, p.web).
Unión Progreso.
Acusan a 30 ejidatarios de vender
el predio para la construcción de un
fraccionamiento.
Habitantes del ejido Loma de Irapeo o Unión Progreso acusaron a 30 ejidatarios del mismo
lugar, de intentar despojarlos de 80
hectáreas de tierra comunal, para venderlos
a un particular, para construir un fraccionamiento.
El predio considerado área verde
y zona de recarga de mantos acuíferos,
donde actualmente existen dos depósitos
de agua de manantial, con la cual se
abastece la ranchería, se ubica justamente
frente a la comunidad y a un lado del
Cereso David
Franco Rodríguez.
El proceso de venta se inició desde
el año pasado, por determinación de
30 ejidatarios de un total de 36 que
integran el padrón, que a decir de los
vecinos inconformes, fue una determinación
ventajosa de los campesinos quienes
no tomaron en cuenta a la comunidad.
El comprador es Antonio Toral Mendoza,
a quien el ejido pretende hacer ejidatario,
para poder realizar el trato.
De acuerdo a información extraoficial,
se conoció que el nuevo dueño pagará
a cada ejidatario 30 mil pesos para
obtener las 80 hectáreas.
Ante esta situación, el encargado
del orden, Serafín Celaya Villicaña,
aseguró que los ejidatarios tienen en
contra a las 260 familias del lugar,
luego de que se descubrió la venta del
predio.
Hace dos meses, los vecinos detuvieron
maquinaria que intentaba derribar árboles
para iniciar los trabajos, por lo que
amenazaron con volver a impedirlo, de
continuar el proceso de compra-venta.
«Los ejidatarios están tercos con
la venta, no quieren platicar con nadie,
dicen que ellos mandan», aseguró el
encargado del orden, quien destacó que
el Ayuntamiento de Charo, está en contra de la venta y no ha autorizado el cambio
de uso de suelo del terreno.
Celaya Villicaña
dijo que personal de la Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) verificó
el terreno y en caso de que se continúe
con el proceso de venta, la dependencia
clausurará el predio, por considerar
improcedente la transacción.
Lorenza Celaya y Rosa López Ruiz,
vecinas del lugar, manifestaron que
mujeres, hombres e hijos de ejidatarios
no permitirán que se consume la venta
del terreno que le pertenece a todos
los habitantes del rancho.
«Ellos no son los dueños, aunque
se sientan, no lo son y no vamos a dejar
que vendan, en cuanto veamos máquinas
vamos a impedir que trabajen», señaló
Lorenza Celaya.
SAN LUIS POTOSÍ
Empresa de Chihuahua obtiene sospechosos beneficios
con predios para la Ciudad Satélite. (La Jornada de San Luis, Monserrat
Balcorta,
p.web).
Dintel del Centro compra terreno
a ejidatarios y lo vende al doble al
Invies.
A poco más de tres meses de que
el gobernador Marcelo de los Santos
Fraga anunciara el proyecto de la Ciudad
Satélite, la empresa chihuahuense Dintel
del Centro SA de CV, compró 350 hectáreas
de terreno en breña ubicadas en el ejido
El Panalillo que en mayo pasado vendió
al Instituto de la Vivienda en el Estado
(Invies) en
140 millones de pesos.
En la operación, duplicó la inversión,
pues la compañía compró en 21 pesos
el metro cuadrado y vendió esa misma
superficie en 40 pesos.
Lo anterior se desprende del contrato
de compraventa entre la compañía con
sede en Ciudad Juárez, representada
por Ricardo Alberto Betancourt Anthony,
y la dependencia dirigida por Jorge
González Hernández, y que está en el
Registro Público de la Propiedad y el
Comercio bajo la inscripción 224896
del tomo 4118 del tomo de escrituras
públicas. De ese documento, este medio
tiene una copia.
De acuerdo con el testimonio notarial
de Mauricio Mier
Padrón, las partes comparecieron ante
él para cerrar el trato desde el 26
de abril pasado, pero el contrato no
fue registrado hasta el 19 de mayo pasado,
el mismo día en que la Comisión Estatal
de Garantía de Acceso a la Información
(CEGAI) ordenó al Invies hacer público el documento, pues consideró que no era
información reservada.
En el contrato, Dintel del Centro
SA de CV se obliga a entregar al gobierno
del estado 350 hectáreas divididas en
cinco superficies que adquirió de un
igual número de vendedores.
A Rogelio Nicanor Cataño Betancourt, la compañía le compró dos predios, uno
de 37.6 y otro de 81.7 hectáreas. También
adquirió de Carlos Alberto González
Barreda y Ruth Alejandra Urrutia de
González un terreno de 108.1 hectáreas.
El predio más grande, de 122 hectáreas,
se lo compró a Adrián Lugo Atizarán
y a Carmen Chapa de Lugo. Y 1.05 hectáreas
las negoció con Arturo Crespo Pavón
y Addy Noemí
Pino de Crespo.
En el contrato se especifica que
las cinco compras se concretaron el
30 de noviembre de 2005 y fueron inscritas
en el registro público el 6 de diciembre
del año pasado.
Las adquisiciones de Dintel del
Centro SA de CV se realizaron tres meses
y 19 días después de que De los Santos
Fraga diera a conocer públicamente este
proyecto.
Lo hizo el 11 de agosto del año
pasado, durante una visita de la cúpula
del Infonavit
a San Luis Potosí.
Desde entonces, el gobierno estatal
se negó a revelar la ubicación exacta
del proyecto, así como la información
sobre las negociaciones para adquirir
los predios. El Invies declaró reservada la información durante dos años,
pero la CEGAI le ordenó abrir ese expediente.
En los cinco meses que mediaron
entre la compra de Dintel del Centro
SA de CV y la venta que hizo al Invies, la empresa realizó ¡¡estudios
geológicos, geofísicos, geohidrológicos,
edafológicos, topográficos, de mecánica
de suelos, de urbanización e impacto
ambiental para el establecimiento de
un polo de desarrollo habitacional'',
según el inciso e del contrato.
La cláusula número tres establece
que por las 350 hectáreas, el Invies
pagará a la compañía 140 millones 016
pesos en dos exhibiciones, una de 54
millones 084 mil 258 pesos y otra por
85 millones 915 mil 758 pesos.
En la declaración G del Invies se establece que el instituto recibió del gobierno
federal 46 millones 666 mil pesos a
través del Fondo Nacional para Viviendas
Populares para la adquisición de los
predios que serán destinados a programas
de vivienda para población ‘‘en pobreza
patrimonial''. Si toda esa cantidad
se destinó a esta operación, el Invies
habría desembolsado de fondos propios
93.3 millones.
Dobleteando
De acuerdo con la escritura de
venta de unos de los predios de Cataño
Betancourt, Dintel del Centro pagó,
en noviembre del 2005, 21 pesos por
metro cuadrado. En abril de 2006, sólo
cuatro meses después, vendió esa superficie
en 40 pesos, es decir, al doble.
Para ubicar el documento, se acudió
al Registro Público de la Propiedad.
Al presentarse el comprobante de
pago en la sala de consulta, encargados
de la dependencia dieron negativas y
explicaciones de que el documento se
encontraba en préstamo.
Ante el hermetismo de los empleados,
se solicitó en cuatro ocasiones dicho
documento en el transcurso del día.
La respuesta de la petición fue variada,
ya que expresaron que el tomo y foja
que fue solicitada se encontraba en
préstamo, o bien en el despacho jurídico.
Otros argumentaban que dicha documentación
no era localizable, porque se encontraba
en proceso de encuadernación.
Dos horas después, llegó a la dependencia
Hiutzilihuitl
Ortega Pérez, director del Registro
Público de la Propiedad, a quien se
le presentó recibo de pago de consulta
y que en menos de diez minutos, proporcionó
a este medio la información.
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