CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
24 DE JULIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Reparte
Montiel
Notarías a amigos
Favorece a Procurador y al director
de Deportes, entre otros. 'Premia'
ex Gobernador a colaboradores que
estaban impedidos de ejercer el notariado.
Fascistoide, la campaña del PAN: Muñoz Ledo
“Elección, estratégica para región”.
Evaden
informales $250,000 millones
Genera este sector 12% del PIB, pero
no pagan ISR ni IVA, destaca el CEESP.
El blindaje
económico resiste fase electoral
Positivo balance sexenal; hay empleo
y crecimiento, dice García de Alba.
El IFE
pasó de juez a parte en la pugna electoral
Primero fue omiso y ahora lanza embate
en medios: la coalición.
PGR: Acapulco
está igual que Nuevo Laredo
La institución, alarmada por la violencia
del narco
en Guerrero.
Traición,
presionar al Trife:
Josefina
La mayoría que apoya a Calderón se
siente agraviada ante la amenaza de
perder su voto, afirma la negociadora
panista.
A pedradas
y palazos acaba elección del PRD-Tabasco
Coordinador de las redes pro AMLO revienta
convención en Villahermosa.
Exige
el Congreso plan antinarco de emergencia
Reclama acciones "decididas y
enérgicas" para la seguridad.
Negocia
el rector; ven interinato
Juan Ramón de la Fuente dialoga con
magistrados, PAN, PRD y Los Pinos
Sector agrario
Crímenes y engaños en imposición de Procede. (Cuarto Poder, Carlos Herrera, p.web).
Al concluir el Segundo Encuentro
Nacional por la Defensa de la Tierra
y el Territorio, organismos civiles
y campesinos manifestaron que el gobierno
mexicano ha incurrido en actos ilegales,
engaños, presiones, amenazas, represión
e incluso asesinatos para imponer
los programas Procede y Procecom.
Reunidos en la comunidad indígena
de Zirahuén,
estado de Michoacán, 45 organizaciones,
13 Ejidos y Bienes Comunales procedentes
de 10 estados del país, así como 12
pueblos indígenas, indicaron que el
gobierno condiciona obras y programas
gubernamentales con la intención de
privatizar la tierra por medio del
Procede y Procecom.
Afirmaron que en esta estrategia
de imposición están coludidos
los tres niveles de gobierno, federal,
estatal y municipal, con la complicidad
de distintas instancias como la Procuraduría
Agraria (PA), Tribunal Superior Agrario,
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Registro Agrario Nacional (RAN), Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Recursos
y Pesca (SAGARPA), Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En muchos casos, detectaron que
estas autoridades presionan, corrompen
y amenazan a los órganos de representación
ejidal y comunal, como comisariados
y consejos de vigilancia.
Pese a toda esta estrategia de
imposición, planeada desde la reforma
al artículo 27 Constitucional de
1992, mencionaron que hay muchos
pueblos que han resistido "totalmente
a todos esos embates del estado y
que la mayoría de los que por diversas
razones han aceptado el Procede /
PROCECOM, no han llegado hasta la
aceptación de la titulación individual
de parcelas y solares. Esto muestra
que es falso el discurso triunfalista
del gobierno, basado en cifras que
no corresponden a la realidad, cuando
nos dice que el 98 por ciento de los
ejidos y comunidades ya han aceptado
totalmente dichos programas.
Gobierno estatal y ejidatarios, sin acuerdos. (El Informador de Jalisco, p.web)
Mientras la Sedeur tiene
planeado aprovechar el saneamiento
de la Cuenca de El Ahogado para conectar
miles de viviendas a sus colectores,
posesionarios
de tierras y autoridades siguen sin
lograr un acuerdo para la compra de
predios.
En la parte de El Salto, donde se desarrollarán
tres mil viviendas por parte de Iprovipe,
en un terreno de 376.53 hectáreas,
propietarios del Ejido El Verde aún
no reciben la parte final de los 104
millones 211 mil 310 pesos que costaron
las tierras.
El último pago de los tres realizados por la inmobiliaria,
fue el pasado 2 de mayo de 2005, quedando
una deuda de 48 millones de pesos,
aproximadamente.
El problema es que existe una denuncia ante la
Procuraduría Agraria porque
tres de los 68 ejidatarios de El Verde,
no están de acuerdo con la venta de
sus tierras (EL INFORMADOR, Sección
Local, 11 de marzo de 2006).
En lo que corresponde a las casas que se asentarán
en Tlajomulco
de Zúñiga, donde edificarán cinco
mil viviendas, no hay hasta el momento
un acuerdo con ejidatarios de El Zapote, quienes se niegan a cederles la posesión de sus terrenos
(471.7 hectáreas).
Además de no contar con los terrenos, la Comisión
Nacional del Agua (CNA) desconoce
si la superficie es propiedad de la
Federación, Estado o municipio.
Eugenio García, vocero de la gerencia regional
de la CNA, informó que no cuentan
con información precisa del territorio.
Actualmente, subrayó, están revisando
archivos para aclarar si son propiedad
de la Nación.
El proyecto:
- Ocho mil viviendas de alta densidad.
- La superficie total: 847.7 hectáreas.
- Habitarán 50 mil personas.
- El desarrollo está en los municipios de El Salto
y Tlajomulco.
- Los terrenos son de diferentes ejidatarios, que
se oponen a vender sus tierras.
- El área está identificada como uno de los puntos
vulnerables a inundaciones.
- La Sedeur e Iprovipe, promotores del proyecto, aprovecharán las obras
de saneamiento en la Cuenca de El
Ahogado, para dejar listo el servicio
de drenaje.
Exigen a Vicente Fox
proteger a familias amenazadas de
desalojo por lacandones. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).
_archivos/image013.gif){kind=small}
Justifican en carta la presencia de
esos grupos en la zona y solicitan
diálogo.
Maderas de Pueblos del Sureste demanda
a la SRA cumplir acuerdos firmados
en 2005.
La organización Maderas de Pueblos del Sureste demandó a los
gobiernos federal y de Chiapas que
adopten las medidas pertinentes para
garantizar la integridad física y
sicológica de las familias indígenas
de las comunidades Flor de Cacao,
Viejo Velasco Suárez, San Jacinto
Lacanjá y Ojo de Agua el Progreso, amenazadas por los lacandones
de ser desalojadas.
En carta dirigida al presidente Vicente Fox,
al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar
Mendiguchía,
y a los secretarios de Gobernación,
Carlos Abascal Carranza, y de la Reforma
Agraria, Abelardo Escobar Prieto,
los coordinadores de la organización,
Miguel Ángel García Aguirre y Luis
Miguel Robles Gil, apuntaron que dichas
familias tienen más de 20 años de
radicar en la región, producto del
proceso de colonización que en la
pasada década de los años 40 llevó
a cabo el gobierno federal.
Pidieron que se dé prioridad al diálogo y la concertación en
la búsqueda de una solución y garanticen
plenamente los derechos individuales
y colectivos de las familias indígenas.
Al respecto, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
aseguró que desde junio de 2003, a
partir de la aplicación del Programa
de Atención Integral a la Comunidad
Zona Lacandona y a la reserva de la
Biósfera Montes Azules para resolver la problemática agrario-ambiental
de la región, "todos los involucrados
han sido convocados al diálogo; ningún
poblado, asentamiento, grupo y organización
han sido excluidos del proceso conciliatorio".
Los habitantes de San Jacinto Lacanjá
y Flor de Cacao continúan en un proceso
de concertación, mientras que los
de Ojo de Agua el Progreso aceptaron
ya un convenio de compensación que
les permitirá "reubicarse donde
deseen y cubrir sus necesidades básicas".
En su escrito dirigido al presidente Fox
y al gobernador de Chiapas, los coordinadores
de Maderas de Pueblos del Sureste
asentaron que "desde finales
de los años 40 hasta la fecha el territorio
de la Selva Lacandona ha sido objeto
de colonización y manipulación agraria
por los gobiernos federal y estatal.
A lo largo de los últimos 60 años
han jugado con la necesidad de tierra
y de supervivencia de comunidades
indígenas de los pueblos tzeltal,
tzotzil,
chol y tojolabal, efectuando ahí
en 1972, un dudoso acto de reconocimiento
agrario sobre una inmensa superficie
de selva en favor de un pequeño grupo
indígena maya caribe que ni siquiera
reclamaba ese territorio, desconociendo
con ello entonces, los derechos colectivos
de medio centenar de comunidades y
generando con ello una compleja problemática
socioambiental".
Ante esto 28 comunidades indígenas, asentadas desde hace más
de 20 años en la porción norte y noreste
de la reserva de Biósfera
de Montes Azules (zonas Valle de Santo
Domingo y el Desempeño) habían venido
luchando por su justo reconocimiento
y regularización, hasta lograr que
en abril de 2005, los gobiernos federal
y estatal establecieran una mesa de
diálogo denominada Mesa El Limonar,
a través de la cual se acordó y firmó
el reconocimiento y la promesa de
regularización de los 28 núcleos agrarios,
mediante la expropiación de la tierra
ocupada y la indemnización económica
a la llamada comunidad lacandona.
Sin embargo, al parecer se pretende dejar fuera de ese proceso
a las comunidades Flor de Cacao, Viejo
Velasco Suárez, San Jacinto Lacanjá y Ojo de Agua el Progreso, a las que además se les
ha vuelto a amenazar con el desalojo.
Incluso, recordaron García Aguirre
y Robles Gil, por esa situación de
tensión agraria, en 1984 los representantes
de la comunidad lacandona, las cuatro
comunidades y la SRA firmaron un acuerdo
agrario.
La historia de esas comunidades es de engaños, desalojos y
ahora nuevamente de incumplimiento
de un acuerdo, por lo que Maderas
de Pueblos del Sureste demandó a la
SRA que se respeten y cumplan los
acuerdos firmados en las mesas de
El Limonar y que la SRA informe pública,
amplia y transparentemente sobre la
forma en que 16 comunidades fueron
beneficiadas con la compra de 17 mil
200 hectáreas de tierras, ya que actualmente
están dejando fuera a las cuatro comunidades
que también estaban contempladas en
el programa de compra de tierras.
Ambos coordinadores de Maderas de Pueblos del Sureste exigieron
que la SRA informe del manejo de los
recursos financieros que están siendo
utilizados para dar solución a ese
tema, de su ejercicio presupuestal
y de la ejecución de acciones para
resolver el conflicto agrario en Montes
Azules.
La SRA explicó que aunque el programa de atención a las comunidades
asentadas en Montes Azules inició
en 2003, las de Flor de Cacao, Ojo
de Agua el Progreso, San Jacinto Lacanjá
y Nuevo Tila, se incorporaron al mismo
en enero de 2004. A partir de entonces
se realizaron trabajos técnicos y
censales para determinar la superficie
que poseen y que se encuentra dentro
de la comunidad lacandona. Los resultados
se dieron a conocer a los representantes
de los poblados en reuniones celebradas
en febrero del mismo año en las oficinas
interinstitucionales de San Javier,
municipio de Ocosingo, Chiapas.
Agregó que en marzo de 2004, los poblados decidieron retirarse
del proceso de atención y el 27 de
abril de 2005, junto con 25 poblados
más, conformaron el bloque de atención
de la mesa agraria con sede en el
ejido El Limonar, municipio de Ocosingo.
"A partir de ese momento, la
SRA ha sostenido diversas reuniones
con los representantes de los citados
poblados, a quienes se ha explicado
su situación jurídica, logrando alcanzar
acuerdos con el grupo Ojo de Agua
el Progreso, mediante convenio de
compensación ratificado ante el Tribunal
Unitario Agrario Distrito 03 con
sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
firmado el 6 de junio de 2006, por
eso las tierras fueron entregadas
a la comunidad lacandona y recibidas
por ésta, al ser de su propiedad,
el 15 de julio del presente año".
En San Jacinto Lacanjá y Flor de
Cacao, agregó la SRA, continúa el
proceso de concertación. Los grupos
han solicitado ante la comunidad lacandona
y las instancias de gobierno su regularización,
cuestión que no ha sido aceptada por
la asamblea general de la comunidad,
propietaria de las tierras ocupadas
por los grupos mencionados, por lo
que continuará el diálogo que permita
alcanzar acuerdos para una solución
de consenso entre las partes.
En el caso Nuevo Tila, por decreto expropiatorio
del 21 de diciembre de 2005, publicado
en el Diario Oficial de la Federación
el 29 diciembre de 2006, se regularizaron
735-92-35 hectáreas, para beneficiar
a 27 familias, conforme a los acuerdos
alcanzados en la mesa de atención
El Limonar. Está en proceso la ejecución
del decreto correspondiente.
Se movilizan campesinos en 26 estados y el DF. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web./Información
también publicada en La Prensa, p.
26)
Exigen liberación de recursos y solución
de conflictos.
Casi 150 mil integrantes de la Central Campesina Cardenista
(CCC) iniciarán hoy una jornada de
protesta nacional por la reserva precautoria
al presupuesto para el campo, de 4
mil 800 millones de pesos, y para
exigir a la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) la solución a los
conflictos por tenencia de la tierra
incluidos en los Acuerdos Agrarios
firmados en 1997 y pactados en el
numeral 262 del Acuerdo Nacional para
el Campo.
Max Agustín Correa Hernández, secretario
general de la CCC, dijo que las movilizaciones
se efectuarán en los 26 estados donde
tiene representación la organización
y en las oficinas de la SRA en la
ciudad de México.
Afirmó que la SRA se había comprometido a publicar la convocatoria
de los Programas para Mujer del
Sector Agrario (Promusag) y del Fondo de Apoyo a Programas Productivos Agrarios
(FAPPA) antes de las elecciones
del 2 de julio y a entregar los recursos
no ejercidos en años anteriores. Pero
no ha cumplido.
Comentó que el jueves, se sumarán a la protesta las organizaciones
del Congreso Agrario Permanente (CAP);
la marcha se efectuará del Ángel de
la Independencia hacia la Secretaría
de Gobernación, a fin de exigir que
el gobierno federal cumpla con el
ANC en sus numerales 82 y 244 y se
elimine la reserva precautoria al
presupuesto del Programa Especial
Concurrente para el Campo en este
año, pues se afecta a millones de
productores.
Los campesinos, abundó, acudirán a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión para solicitar
que se apruebe un punto de acuerdo,
en el que se exija al presidente Vicente
Fox ejercer
plenamente el presupuesto para el
campo, aprobado por la Cámara de Diputados
para este año.
El coordinador temporal del CAP, Álvaro López Ríos, apuntó
que dicha reserva contribuye a la
generación de un ambiente social adverso
en el campo y agrava el "de por
sí descompuesto, contexto político
del país, ya que durante el proceso
electoral se impuso una cuarentena
al ejercicio del presupuesto en los
programas del campo".
Agregó que el fin de semana anterior, los dirigentes de las
13 organizaciones del CAP, enviaron
un documento al presidente Vicente
Fox y a la Secretaría de Hacienda solicitando se restituyan
los 4 mil 800 millones de pesos al
sector y no se sigan mermando los
presupuestos a programas como FAPPA,
Promusag
y Fondo Nacional para Empresas.
La SRA aseguró que los apoyos económicos de los programas se
entregan de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal y sin condicionamientos;
"atiende con equidad a las organizaciones
campesinas del país, con las cuales
mantiene diálogo abierto y permanente
sin importar su preferencia política".
Agregó que de 2003 a 2006, a la CCC se le han entregado 255
millones 290 mil pesos de los programas
Acuerdos Agrarios, Acuerdo Nacional
para el Campo, Conflictos en el Medio
Rural, FAPPA y Promusag.
Desglosó: por acuerdos agrarios se
le entregaron 75 millones 186 mil
63 pesos; por el ANC, 46 millones
861 mil 752 pesos; por el rubro de
Conflictos en el Medio Rural, la suma
es hasta la fecha de 23 millones 299
mil pesos; por FAPPA, 57 millones
613 mil 389 pesos, y por el Promusag,
52 millones 330 mil 644 pesos.
Miente Max Correa. (Reforma, Desplegado, p.8./Información también publicada en
El Universal, p.52, La Jornada, p.
18, Milenio, p. 28, El Sol de México,
p. 9).
El dirigente de la Central Campesina Cardenista miente cuando
afirma que la Secretaría de la
Reforma Agraria no apoya a su
organización; que se le hostiga por
motivos políticos, y que se le niega
el derecho de audiencia. La SRA le
ha entregado recursos por más de 255
millones de pesos, de 2003 a la fecha.
Las puertas de la SRA siempre han
estado abiertas para los campesinos
y sus representaciones. El señor Max
Correa fue recibido por el Secretario
Abelardo Escobar Prieto el pasado
martes 18, al igual que otros dirigentes.
Apoyos económicos no se condicionan, aclara Reforma
Agraria. (El Sol de México, p.9)
La Secretaría de la Reforma Agraria asegura que otorga
sin condicionamientos los apoyos económicos
de sus programas de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal, y atiende con equidad
a las organizaciones campesinas del
país, con las cuales, aseguran, mantienen
el diálogo abierto y permanente sin
importar su preferencia política.
La Secretaría de la Reforma Agraria
rechaza las acusaciones del dirigente
nacional de la CCC, Max Agustín Correa, en el sentido de que a esta agrupación
se le niega el derecho de audiencia,
se le obstaculiza el acceso a los
programas institucionales y se le
reprime por razones políticas.
La SRA despierta. (Diario Monitor,
Norma Pensamiento, p.5A)
Autoridades federales tardaron tres meses para deslindarse
de la campaña de apoyo a favor del
candidato panista,
Felipe Calderón Hinojosa, y de acusaciones
de organizaciones campesinas en el
sentido de condicionar o negar la
entrega de recursos a quienes apoyaron
al candidato perredista,
Andrés Manuel López Obrador.
Ayer, 22 días después de la elección, la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) se lanzó
a defenderse públicamente al aseverar
que los apoyos económicos de sus pro-gramas
se otorgan sin condicionamientos,
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal,
y que atiende con equidad a las organizaciones
campesinas del país, con las cuales
mantiene un diálogo abierto y permanente,
sin importar su preferencia política.
En plena campaña electoral, la Central Campesina Cardenista
(CCC) presentó una denuncia ante la
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade),
en la que acusaba a funcionarios de
la SRA de negarse a recibir los documentos
de la organización, con el argumento
de que eran malagradecidos con el
gobierno, ya que al ser los más beneficiados,
preferían apoyar al candidato perredista
y no al panista.
Fue el 10 de abril cuando integrantes de la organización acudieron
a una audiencia en las instalaciones
de la SRA, donde el director de
la Unidad de Concertación, Ramón Cárdenas
Villareal,
ante la petición de los campesinos,
respondió que “sólo hay 120 millones
de pesos para atender las peticiones
de todas las agrupaciones campesinas;
además la CCC es la central más favorecida
en el sexenio y por instrucciones
superiores no se resolverán más asuntos
tomando en cuenta la definición política
que tomaron”.
Además, explicó Max Correa Hernández,
dirigente de la organización y uno
de los principales promotores del
voto a favor de López Obrador, la
dependencia se ha negado a recibirlos,
por lo que a partir de este lunes
se movilizarán en las 26 delegaciones
de la SRA hasta que cumpla con diversos
compromisos adquiridos, además de
que llevarán a cabo manifestaciones
en el Distrito Federal.
A decir del dirigente, los 150 mil militantes de la CCC demandan
que la SRA dé solución a los conflictos
por tenencia de la tierra en-marcados
en los Acuerdos Agrarios firmados
desde 1997 y los que se pactaron en
el numeral 262 del Acuerdo Nacional
para el Campo.
También exigen la publicación de la convocatoria del Fondo
de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios
(FAPPA) y del Programa de la Mujer
en el Sector Agrario (Promusag),
como se había comprometido a hacerlo
esa dependencia del Gobierno Federal
antes de las elecciones del 2 de julio,
así como a otorgar los apoyos económicos
de estos programas que se debieron
ejercer en años anteriores.
Correa Hernández denunció que ahora el titular de la SRA,
Abelardo Escobar Prieto, anunció
recortes al presupuesto ante las organizaciones
agrupadas en el Congreso Agrario Permanente
(CAP), desconociendo acuerdos y compromisos
asumidos desde 2005 por su antecesor,
Florencio Salazar Adame, con las diversas centrales agrarias.
Al respecto, el titular de la SRA dijo que Correa Hernández
falta a la verdad, ya que entre los
años 2003 y 2006 ha recibido un total
de 255 millones 290 mil 849 pesos,
correspondientes a los programas Acuerdos
Agrarios, Acuerdo Nacional para el
Campo, Conflictos en el Medio Rural,
FAPPA y Promusag.
Finalmente, detalló la SRA que la acción penal que se sigue
en contra de Correa Hernández se debe
a la privación ilegal de la libertad
cometida en perjuicio de funcionarios
públicos de la dependencia el pasado
10 de abril y aseguró que es ajena
a motivos políticos.
La dependencia insistió en que ni a la organización ni a su
dirigente se le niega el derecho de
audiencia, como tampoco se le obstaculiza
el acceso a los programas institucionales
ni se le reprime por razones políticas.
Desmiente SRA acusaciones de organizaciones campesinas. (Rumbo de México, p.5)
La Secretaría de la Reforma Agraria otorgó sin condicionamiento
los apoyos económicos de sus programas,
en función de su presupuesto y atendió
con equidad a las organizaciones campesinas
del país, con las cuales mantiene
un diálogo abierto y permanente sin
importar su preferencia política.
De esta forma, la dependencia, “rechaza
las acusaciones del líder nacional
de la CCC, Max
Correa, en el sentido de que a esta
agrupación se le niega el derecho
de audiencia”.
República al día. (Diario de Yucatán, p.web).
Sinaloa.
Fallo favorable.
El Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad
de México, falló a favor de la dotación
de tierras a un grupo de campesinos
del poblado Los Huizaches,
en Culiacán. Los campesinos serán
beneficiados con 200 hectáreas de
temporal del predio “El Chichi”, que estuvo más de dos años consecutivos sin ser cultivado.
Concluye el Programa de Certificados de Derechos
Ejidales.
(Hoy Tamaulipas, Víctor Molina, p.web).
Domingo 23 de Julio 06.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dentro de ocho
días más, el presidente de la República
Vicente Fox
Quesada estará decretando la conclusión
del Programa de Certificación de
Derechos Ejidales (PROCEDE), lo
que significa que el 31 de julio termina
la titulación de predios que quedaron
pendientes en el 2005.
Rafael Salazar de León, Delegado del
Registro Agrario Nacional, asegura que en estos meses del año
de enero a junio se trabajó con los
remanentes de núcleos que por diversas
causas no pudieron ser integrados
al citado programa.
Y de los mil 360 ejidos existentes
en Tamaulipas en unos 60 no se pudo
efectuar este proceso en el
2005 y en este 2006 se trabajÓ
en 18 de ellos, mientras en 42 seguirán
pendientes por tener problemas jurídicos
que registran como conflictos, desavecindad
por mencionar algunas causas.
Ejemplo de ellos es Oyama municipio de Hidalgo; Carbonero de Victoria; Carrizales,
en Aldama,
así como de la región del cuarto Distrito.
A su punto de vista, dice que los 42
poblados que quedaran pendientes por
expedirles su certificado no es nada
contra el número de comunidades que
se logrÓ
cubrir (mil 318).
E inclusive Tamaulipas se ubica entre
los 10 primeros estados con un excelente
avance en rentabilidad de este programa,
ocupando el primer sitio Aguascalientes
y segundo Colima.
Sobre el futuro de la delegación RAN,
dice, dependerá del próximo sexenio
su permanecía, es decir si decide
que siga operando o desaparece, aunque
en su punto de vista todavía falta
mucho por hacer.
Acusan voto obligado en favor de Calderón. (Tabasco Hoy, p.web).
Sábado 22 de Julio, 06.
Acusan campesinos que antes del proceso electoral los amenazaron
con demandarlos por diversos delitos.
En Tapachula y Huixtla, militantes
de la Central Campesina Cardenista
(CCC), se concentraron frente a las
instalaciones del Instituto Federal
Electoral (IFE), para exigir el conteo
voto por voto, tal y como lo ha demandado
el ex candidato perredista
a la Presidencia de la República Andrés
Manuel López Obrador.
Ahí los dirigentes de ese movimiento dieron a conocer un boletín
informativo donde expresan que antes
de las contiendas electorales fueron
amenazados que si en dado caso no
votaban por Felipe Calderón, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
procedería a demandarlos por diversos
delitos.
En el plantón que podría ser indefinido hasta que el IFE, acepte
el conteo voto por voto, se dio a
conocer que las movilizaciones podrían
radicalizarse en los días siguientes.
Agrega el documento que en tiempo y forma se dio instrucciones
a todos los secretarios generales
de los diferentes comités ejecutivos
para que coordinen y planifiquen las
asambleas distritales
a fin de estar atentos a la información
que salga del IFE.
Por otro lado, este viernes, obedeciendo a un requerimiento
de la sala regional del TRIFE, el
consejo distrital
electoral 01, con cabecera en Palenque,
extrajo documentación solicitada por
el Poder Judicial debido a la impugnación
de 5 casillas de la elección a senadores
que efectuó la "Alianza por el
Bien de Todos" realizó en este
distrito. No obstante, el representante
de dicha coalición, Enrique Zepeda, no asistió al procedimiento, lo que resulta paradójico,
pues mientras en las afueras de las
oficinas del IFE hay un campamento
perredista
"para vigilar al IFE", en
el interior no hubo nadie de los perredistas
que "cuidara" el procedimiento,
no obstante las denuncias del "manoseo"
de paquetes electorales, efectuadas
por el perredismo local.
La cita para dicho procedimiento, se dio para las 11 de la
mañana; casi una hora después comenzaron
a llegar los representantes de los
otros partidos y coaliciones registrados,
salvo el de la "Alianza por el
Bien de Todos", no obstante que
fue notificado por escrito con anticipación
y firmó de enterado. El presidente
del consejo, Ernesto Gamma, le llamó
por teléfono, pero nadie respondió,
este medio lo intentó y tampoco. A
su suplente, Jaime Ramírez Maza, se
le preguntó por el representante y
no supo ubicarlo, quiso llamarle por
teléfono y tampoco pudo. Dijo que
como suplente asistiría él, pero no
asistió.
Sector agropecuario
Exige PRI comparecencia de Canales y Mayorga.. (El Sol de México, p.9).
El grupo parlamentario del PRI demandó
la comparecencia ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
de los secretarios de Economía, y
de Sagarpa,
para que expliquen cuáles son los
avances y acuerdos para que México
no quede en desventaja por la entrada
en vigor del TLCAN en materia agropecuaria
que afectaría a los productores de
maíz y frijol.
Organizaciones campesinas
Que se revise el tema agropecuario del TLCAN, insiste
CNC. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web./Información
también publicada en El Sol de México,
p. 9, La Prensa, p. 56)
A año y medio de que el gobierno federal elimine todos los
aranceles a las importaciones de los
productos agropecuarios procedentes
de Estados Unidos y Canadá, la Confederación
Nacional Campesina (CNC) lanzó un
nuevo llamado para que se atienda
la exigencia de miles de agricultores
de revisar el capítulo agropecuario
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).
"Si el próximo gobierno no defiende la agricultura y sus
campesinos habrá movilizaciones y
agitación social", dijo el presidente
de la CNC, Heladio
Ramírez López.
El 1º de enero de 2008 podrán ingresar al país, sin arancel,
maíz, frijol,
leche y azúcar, únicos productos que
después de la firma del TLCAN fueron
protegidos por el gobierno federal
para apoyar tecnológica y financieramente
a los miles de agricultores que dependen
de los ingresos por la siembra y venta
de dichos productos. Agregó que el
TLCAN sólo ha dejado miseria entre
la mayoría de los productores y enormes
ganancias a únicamente el uno por
ciento de ellos, identificados como
los agroexportadores.
Esta administración, abundó, no fue favorable para 30 millones
de los habitantes del sector rural,
ya que el saldo es un desempleo de
2.5 millones de personas, raquítica
inversión nacional y extranjera, además
de la migración y el surgimiento de
cientos de pueblos "fantasma".
En el caso de casi 100 mil familias ejidatarias que se dedican
a la producción de melón, piña y sandía,
se enfrentan a la competencia desleal
del ingreso de esos productos procedentes
de países asiáticos y latinoamericanos,
que son triangulados por Estados Unidos.
Por ello se ven presionados y obligados
a vender su producción a 30 y, máximo,
80 centavos el kilo.
Prensa Estatal
GUERRERO
Desafían ejidatarios:
vuelven a Las Américas. (Despertar Del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. Por tercer domingo
consecutivo, ejidatarios se presentaron
en la avenida Las Américas, donde hicieron excavaciones en los terrenos que
dicen que son de su propiedad.
Antes de que los ejidatarios llegaran, de nueva cuenta se presentaron
agentes de la Policía Preventiva al
mando del director de Seguridad Pública,
Rigoberto Duque Almonte,
con quien dialogaron los incursionistas.
Tras la plática, volvieron a los trabajos en los terrenos,
que consistieron prácticamente en
rayar con cal los 31 lotes que tienen
escriturados por intermediación de
la Comisión de Regularización de la
Tenencia de la Tierra (Corett),
y en hacer las respectivas excavaciones.
Las labores fueron suspendidas al mediodía.
Entrevistado al respecto, el presidente municipal Víctor Mojica Wences mencionó que había
dado la orden a la policía de no caer
en provocaciones, pues al parecer
es lo que busca este grupo. Precisó
que no es el ejido en sí, sino que
se trata de terrenos de particulares.
Aclaró que el asunto va a continuar ante los tribunales porque
considera que esa avenida es de uso
colectivo, y aunque reconoció que
el grupo de ejidatarios tiene las
escrituras, dijo que ellos saben que
es calle y que, por tanto, no se les
va a permitir que finquen.
Dijo que lo que viene será el cuento de nunca acabar,
porque si ellos hacen excavaciones,
al día siguiente se procederá a cerrarlas,
y por lo tanto considera que la opción
es que se llegue a un acuerdo para
que se termine con este conflicto.
Recalcó que para construir van a requerir de la licencia de
construcción, pero la misma no les
será proporcionada y, por tanto, como
autoridad, estará en su derecho de
detener toda la obra que ahí se quiera
construir.
Urgen autoridades
de Bienes Comunales de Cacahuatepec
a la CFE a hacer obras sociales. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
Comisarios y líderes de comunidades de los Bienes Comunales
de Cacahuatepec
que simpatizan con la construcción
de la presa La Parota urgieron a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
a que agilice los estudios y convenios
de la construcción de la hidroeléctrica,
además de que se dijeron a la espera
de que se realicen las obras sociales
en las comunidades “para que la gente
que está en desacuerdo vea que sí
se les va a cumplir”.
En una reunión en la comunidad de El Ranchito, los comisarios
y representantes se reunieron con
el catedrático de la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAG), Alfonso Guzmán
Andrade, quien hizo para la CFE estudios
sociales en la zona que será afectada
por la presa.
Los comisarios señalaron que es necesario que la CFE
y el Gobierno del Estado establezcan
definitivamente los proyectos productivos
que se puedan iniciar en la zona para
que los comuneros empiecen a valorarlos.
También pidieron a los representantes de la CFE que se
hagan reuniones en los pueblos con
la gente para que ahí se tomen decisiones
y que no se permita el acceso a ningún
intermediario para evitar fuga de
información y de decisiones.
Se acordó que el comisariado
ejidal Jesús Crisanto
Arellano será el único portavoz de
las decisiones del pueblo.
Los puntos tratados.
Al medio día del sábado, el representante de la UAG,
Alfonso Guzmán habló de nuevo de las
bondades del proyecto a unas 70 personas
entre líderes, comisarios y el presidente
del comisariado
ejidal de los Bienes Comunales de
Cacahuatepec,
Jesús Crisanto,
quien no es reconocido como tal por
los pueblos opositores al proyecto.
Asimismo se elaboró una minuta con los puntos acordados,
donde firmaron comuneros y autoridades
de Parotillas,
Oaxaquillas,
El Campanario, San Pedro Cacahuatepec, Espinalillo, Amatillo y El Quemado Pochotlaxco.
Otro de los puntos fue la petición de la construcción
de una preparatoria para que los jóvenes
de esta zona puedan cursar el nivel
medio superior.
Guzmán Andrade les explicó a los comisarios que la CFE
contrató a la UAG para que elaborara
un plan de desarrollo para que la
inversión –“que será muy grande”–
beneficie permanentemente a los afectados,
debido a que en otros lugares en donde
se han hecho presas, la inversión
no es aprovechada por todos “y algunos
reciben muchos beneficios, pero son
temporales”.
Explicó que en cinco años puede haber mucho trabajo durante
la construcción del proyecto “pero
después ya no habrá nada”, por lo
que planteó el trabajo en tres etapas:
una, antes de los trabajos de la presa,
otra cuando se realice el proyecto
y la última cuando ya esté la presa
y se aproveche “un lago gigante de
14 mil hectáreas y lógicamente la
gente de la región tiene que aprovechar”.
Propuso un Consejo de Desarrollo de La Parota que deben
integrarla personas de las comunidades,
funcionarios del Gobierno del Estado,
representantes de la CFE y representantes
del Congreso del Estado “para que
puedan dar certidumbre a las acciones
comprometidas”.
Alfonso Guzmán conminó a la unidad y a la organización,
dijo que si los pueblos no están organizados
“no se va a poder aprovechar todo
lo que se tiene”.
El comisario de El Ranchito, Mauricio Velarde Hernández
señaló que el proyecto es “algo bueno”,
pero que la falla del gobierno es
utilizar a “líderes de afuera” que
sólo quieren negociar y por ello dijo
que su interés es que se cumplan los
acuerdos de asamblea.
También Jorge Domínguez, de Las Parotas, consideró que
la CFE debe iniciar cuanto antes las
obras que necesitan los pueblos y
la construcción de una preparatoria,
que esté ubicada en Cacahuatepec
o en Las Parotas “y así la gente que
está en desacuerdo con el proyecto
vería que sí va a dejar beneficios
para todos”.
Manifestó la necesidad de establecer un consejo de comisarios
y de líderes para iniciar “la ejecución
del proyecto La Parota, porque esto
ya se está tardando mucho” y urgió
que la CFE debe dar a conocer los
proyectos productivos que se van a
echar a andar en las comunidades.
Pidió que se “deje de buscarles la cara a los líderes
que están en desacuerdo, porque habemos
mucha gente que estamos a favor del
proyecto”, pero lamentó que el proyecto
se esté tardando en iniciar.
Por su parte, el presidente del comisariado
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
Jesús Crisanto Arellano indicó que se han realizado reuniones constantes,
donde ha habido más gente que se va
sumando como simpatizantes al proyecto
y por ello pidió que la CFE ayude
para que todos estén mejor informados
y culpó que ha habido gente que se
ha dedicado a desinformar “y esto
ha retrasado todo”.
Señaló que las reuniones han sido también para que lo
conozcan “como autoridad” los nuevos
comisarios que acaban de tomar protesta
el pasado 2 de julio “aunque ya nos
conocemos de tiempo, pero (quiero)
que sepan que estamos involucrados
en el proyecto y que es bueno para
nuestros pueblos”, apuntó.
Justificó que se ha malinformado
del proyecto a gente que ha sido neutral,
pero puntualizó que todavía hay tiempo
para concientizar
a la población, pero que la CFE “debe
hacer lo suyo” en los lugares donde
se comprometió a realizar obras sociales
“para que los demás veamos que sí
es verdad”.
NAYARIT
Bajo sospecha, actuación de magistrados de circuito
que avalaron un despojo de tierras. (La Jornada,
Jesús Aranda, p.web)
Acusan a Guillermo D. Vázquez y Arturo
Barocio
de beneficiar a empresa turística.
Los jueces ignoraron tesis jurídicas
con total "parcialidad, notoria
ineptitud y falta de profesionalismo".
Desarrollo Marítimo Vallarta, involucrada en varios escándalos.
En franca contradicción con tesis jurídicas sentadas y con
total "parcialidad, notoria ineptitud
y falta de profesionalismo",
dos magistrados de circuito avalaron
el despojo de un terreno en la costa
de Bahía de Banderas, Nayarit, para
beneficiar a la empresa Desarrollo
Marina Vallarta SA de CV, la cual
es poseedora de instalaciones turísticas
de lujo en Acapulco, Cancún, Mazatlán
y Nuevo Vallarta.
De acuerdo con la queja presentada ante el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), de la cual La Jornada
tiene copia, los magistrados Guillermo
David Vázquez Ortiz y Arturo Barocio
Villalobos, integrantes del tercer
Tribunal Colegiado en materia civil
del tercer circuito -con sede en Guadalajara,
Jalisco- aprobaron un fallo "aplicando
leyes y jurisprudencias notoriamente
inaplicables, interpretando su contenido
en forma absurda" para favorecer
a un tercero perjudicado, que en este
caso es la empresa referida.
Por cierto, Desarrollo Marítimo Vallarta SA de CV ha contado
con el apoyo de diversas autoridades
federales para impulsar el crecimiento
de sus instalaciones turísticas, a
pesar de las denuncias en su contra
por el "incumplimiento sistemático
y generalizado de la política ambiental",
como ocurrió con el hotel Mayan Palace
Cancún, que es de su propiedad, según
denunciaron en su momento ambientalistas
locales.
Los antecedentes del caso
El 15 de mayo de 2000, señala el expediente de la causa, Flavio
Torres Ramírez firmó un contrato de
compra-venta de dos hectáreas -ubicadas
en una zona estratégica para el desarrollo
de instalaciones turísticas- con el
ejidatario Eduardo Culebro
Romero. Como anticipo de la operación
pagó un millón 400 mil pesos, ligado
al compromiso de que a la firma del
contrato y escrituración del inmueble
se complementaría la totalidad del
pago con 2 millones 100 mil pesos
más.
La esposa del ejidatario, Virginia Isela
Cisneros Bernal, fue testigo y aval
del compromiso.
Sin embargo, el 20 de noviembre de ese año, Culebro Romero falleció sin que hubiera culminado el proceso
de compra venta acordada.
A pesar del acuerdo establecido, la viuda inició un juicio
sucesorio testamentario, tramitado
ante el juez tercero de lo civil de
Puerto Vallarta, Jalisco (expediente
1411/2001). El juez reconoció a sus
hijas, Itzel y Karla, como herederas universales,
quedando su madre como albacea, quien
de inmediato incluyó como parte de
los bienes heredados el terreno que
había sido comprometido y había quedado
en proceso de venta a favor de Torres
Ramírez.
Al mismo tiempo, la viuda concretó un contrato de compraventa
por el total del terreno (las dos
hectáreas en litigio formaban parte
del inmueble) con Desarrollo Marina
Vallarta. Ante esa situación, el comprador
original interpuso una demanda ante
el juzgado segundo de distrito en
materia civil en Guadalajara, Jalisco,
aduciendo la validez del contrato
previo y se le dio la razón. Pero,
la empresa Marina Vallarta interpuso,
a su vez, un recurso en su calidad
de "tercero perjudicado"
que fue turnado al tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil (expediente
R.P.14/2006).
La denuncia que fue presentada en mayo pasado al CJF señala
que el asunto comenzó a complicarse
desde que los dos magistrados acusados
-el tercero votó
en contra de la resolución-, maniobraron
para diferir en dos ocasiones el fallo
del recurso de revisión. Finalmente,
el 16 de marzo pasado se emitió la
sentencia por la cual se anuló la
decisión inicial en favor del comprador
-quien exigía se respetara el contrato
de compra-venta con el fallecido-,
sólo con el voto en contra del magistrado
Gustavo Alcaraz Núñez.
La queja presentada ante el CJF hace un análisis de la resolución
y concluye que los magistrados actuaron
"evidentemente en forma parcial
y carente de profesionalismo".
Detalla el escrito que los magistrados avalaron la postura
del "tercero interesado",
quien objetó el documento original
de compra-venta con el argumento de
que la firma y el contenido del mismo
eran "falsos". Los magistrados
le dieron la razón pese a que el comprador
original demostró con una prueba grafoscópica
la validez del texto. Lo más grave
es que los magistrados aceptaron finalmente
la veracidad de la rúbrica, pero señalaron
que era insuficiente "para acreditar
la validez del contenido".
Las contradicciones jurídicas.
Ello en contradicción con el artículo 204 del Código Federal
de Procedimientos Civiles que señala:
"la subscripción
hace plena fe de la formación del
documento por cuenta del subscriptor,
aun cuando el texto no haya sido escrito
ni en todo ni en parte por él",
es decir, que un documento es válido
aun cuando haya sido escrito en máquina
de escribir o en computadora, y que
lleve al calce del mismo "únicamente"
la firma.
Los magistrados se negaron también a acreditar la identidad
del inmueble en litigio.
La queja menciona la "notoria aplicación errónea"
de la jurisprudencia emitida por un
tribunal colegiado, porque de aceptar
su postura, "equivaldría a permitir
que cualquier heredero puede desconocer
los compromisos asumidos por el autor
de la sucesión y, de tal manera, todas
las obligaciones se extinguirían con
la muerte de las personas".
Y como colofón, los dos magistrados inculpados resolvieron
en franca contradicción con la tesis
de jurisprudencia de la Suprema Corte
33/2003 que señala: "El contrato
privado de compra-venta de inmuebles
en el que fallece una de las partes
antes de que se haya verificado el
acto reclamado constituye prueba suficiente
para acreditarlo".
Comienzan hoy a llenar El Cajón. (Reforma, p.1).
La obra más importante del sexenio, la central hidroeléctrica
de la Presa "El Cajón" --la
segunda más grande del País--, recibirá
hoy el banderazo del Presidente Vicente
Fox para
que empiece a llenarse. Con el cierre
de uno de los túneles de desvío de
las aguas del Río Santiago, el embalse
del proyecto hidroeléctrico, construido
sobre una superficie 3 mil 982 hectáreas,
quedará listo para recibir el agua.
La construcción de la cortina de la
hidroeléctrica registra un avance
del 99.5 por ciento, según información
oficial. Alfredo Elías Ayub,
director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), señaló que medio
mes antes de concluir la administración
foxista
será puesta en funcionamiento la primera
mitad de la hidroeléctrica.
SAN LUIS POTOSÍ
Gobierno marcelista donó
a universidad privada terrenos de
La Garita de Jalisco. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).
Los predios son reclamados por
ejidatarios desde hace más de 10 años.
El gobierno estatal donó a la universidad
privada TecMilenio,
predios cuya posesión se encuentra
bajo litigio en el Juzgado Cuarto
de Distrito.
Tanto el Gobierno del Estado como
la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP) participaron en la
transacción que involucra predios
en disputa desde hace más de 10 años
en La Garita de Jalisco, informaron
ejidatarios que promueven el juicio
de amparo como representación sustituta
del ejido.
Recordaron que el 24 de septiembre
de 1997, la Urbanizadora del Sur de
San Luis, hoy Desarrollo del Pedregal
–sociedad compuesta por ejidatarios
de La Garita de Jalisco y empresarios
constructores– donó 10 hectáreas ubicadas
en el ejido Garita de Jalisco, al
gobierno del estado, quien a su vez
estableció un convenio de donación
de dichas tierras con la UASLP.
Las tierras en cuestión forman
parte de un total de más de 800 hectáreas
que se encuentran bajo litigio en
diversos tribunales federales –la
demanda más reciente la lleva el Juzgado
Cuarto de Distrito mediante el juicio
de amparo número 1012/2006-V promovido
por el ejidatario Héctor Leyva
Leyva– ya
que un grupo de ejidatarios asegura
que las tierras nuca dejaron de ser
ejidales y que las sociedades que
se dicen propietarias fundan su posesión
en un acta de asamblea alterada.
De acuerdo a información publicada
por este medio el lunes 4 de octubre
del 2004, unos meses después de que
el rector de la UASLP manifestara
su intención de concretar la donación,
el grupo de ejidatarios que pelea
las tierras acudió al edificio central
de la UASLP para informarle al rector
Mario García Valdez que las tierras
en cuestión son propiedad del núcleo
agrario Garita de Jalisco y que sólo
el ejido podía realizar dicha donación
y no lo habían hecho.
Aunque conservan terrenos en la
zona, la UASLP permutó cerca de la
mitad de las tierras de la Garita
de Jalisco con el Gobierno del Estado
por un terreno de cuatro hectáreas
y media que se encuentran a un costado
de su edificio de Posgrado
en la avenida Sierra Leona.
El pasado 26 de mayo el Gobierno
del Estado informó en su portal de
internet –www.sanluispotosi.gob.mx–
que entregó a TecMilenio
las escrituras de los terrenos en
donde la universidad privada construirá
su campus
en una superficie de dos mil 700 metros
cuadrados.
La Jornada San
Luis constató que dichos terrenos se encuentran a un costado
de una de las fases del complejo inmobiliario
Desarrollo del Pedregal, terrenos
sobre los cuales obra una suspensión
del Juzgado Cuarto de Distrito emitida
el pasado 21 de junio, que prohíbe
a las autoridades convalidar cualquier
acto registral, traslativo de dominio o posesión de dichas tierras.
Las obras van avanzadas y según información
de la propia universidad, en septiembre
iniciarán clases.
El presidente del consejo de TecMilenio es Roberto García Maldonado, fundador y presidente
de la transnacional potosina Canel's.
Los ejidatarios inconformes aseguran
que la intervención del gobernador
Marcelo de los Santos Fraga en este
caso fue indebida por lo que impugnarán
las donaciones.
YUCATÁN
Patrón Laviada omite
asuntos polémicos en su penúltimo
informe. (La Jornada,
Luis A. Bonfil,
p.web).
Lo acusan de entregar apoyos en periodo
electoral.
Mérida, Yuc., 23 de julio. El gobernador
de Yucatán, Patricio Patrón Laviada,
rindió su quinto informe de gobierno
-penúltimo de su gestión- "a
modo", bajo un consenso tácito
de no agresión entre las principales
bancadas legislativas, insignificantes
protestas ciudadanas y arropado por
sus colaboradores, que llenaron el
Congreso estatal.
Durante 30 minutos hizo un breve recuento de sus principales
logros materiales y evitó hacer mención
de temas polémicos, como su proyecto
Metropolisur, consistente en la construcción de un moderno
aeropuerto internacional para Mérida,
entre otras obras, en el municipio
rural de Hunucmá.
Este plan ha ocasionado un enfrentamiento entre el mandatario
panista
y campesinos de esa localidad, los
cuales lo acusan de comprar tierras
a bajo precio para revenderlas a empresarios
y amigos.
El priísta Adolfo Peniche Pérez,
presidente de la mesa directiva del
Congreso del estado, fue el encargado
de responder el quinto informe del
gobernador, a quien le demandó no
ceder ante tentaciones proselitistas
en favor del PAN y gobernar de manera
transparente, honrada y equitativa.
Calificó a la administración estatal de "paternalista",
por entregar apoyos a la población
en tiempos electorales y descuidar
su reparto en momentos de contingencia,
como en las devastaciones que los
huracanes han provocado en la entidad
en los dos últimos años.
Pero no hubo más. Patrón Laviada
se retiró del recinto legislativo
entre exclamaciones de apoyo y muestras
de solidaridad de sus colaboradores
más cercanos.
Cartones
Felipe en la playa · Rocha
Invasión a libano · Helguera
La cocina de Chapina Helioflores
Exceso
Boligán
