CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
12 DE JULIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Acusa
AMLO a perredistas
Asegura López Obrador que unos representantes
se vendieron. Afirma que no todos
sus funcionarios, representantes de
casilla, actuaron con rectitud.
Ven fortaleza
del TEPJF para calificar comicios
Expertos piden a Tribunal verificar
conteo de votos.
Llaman
empresarios a concretar reformas
Integran grupos de especialistas para
cabildear con la nueva Legislatura.
El segundo
semestre, muy positivo: analistas
Evitará la Fed
inducir economía de EU a la recesión:
Prognosis.
Se despacha
el IFE con bono de $468 millones
Al estímulo por ser ''año electoral",
le agrega una quincena.
"No
todos actuaron con rectitud, hubo
mucho dinero de por medio", asegura
AMLO acusa a representantes de venderse.
AMLO acusa
hasta a sus representantes
El perredista
denuncia que hubo compra de funcionarios
electorales; “no todos los de nosotros
actuaron con rectitud”, afirma.
AMLO acusa
de vendidos a sus representantes de
casilla
Afirma que "hubo mucho dinero
de por medio”.
Llama
Felipe a la calma
Pide a López Obrador no denostar a
instituciones ni restarles credibilidad.
El IFE
ordenó abrir paquetes
Lo instruyó por escrito pese a ser
facultad sólo del tribunal; “propicia
la anulación de los comicios”: PRD.
Sector agrario
Temen se dé enfrentamiento entre campesinos por
disputa de predio. (El Orbe, Alberto Cruz Aguilar,
p.web).
Ante la falta de ejecución material
del resolutivo que emitió el Tribunal
Superior Agrario, donde se dictaminó
procedente la dotación de tierras
promovida por campesinos del poblado
Simón Bolívar, de Tapachula, sobre
507-34-51 hectáreas del predio "San
Clemente" en el municipio de
Huixtla
y que al no tener ninguna respuesta,
tomamos la determinación que como
legitimos dueños y que no se nos ha hecho justicia, tomaremos
las tierras por nuestra propia cuenta.
Por lo anterior, Romero Santiago
Salazar, Adán Barillas
González y Joel Mejía Rodríguez, presidente,
sacretario
y tesorero, respectivamente, del Comité
particular del poblado referido, afirmaron,
notificamos al gobernador Pablo Salazar
Mendiguchía,
que si para el 15 de agosto próximo,
el Tribunal Agrario y el Gobierno
del Estado, no nos dan una respuesta
positiva, para el 20 de agosto, con
nuestras familiares estaremos tomando
posesión de nuestas
tierras.
Asimismo los 77 miembros del nuevo
centro de población Simón Bolívar,
que firman el documento enviado al
ejecutivo estatal, le informamos que
ya hemos recurrido a diferentes organizaciones
sociales y nos dan el apoyo para posesionarnos
del predio San Clemente que es nuestro
y si hubiera un enfrentamiento sangriento,
los inmediatos responsables son el
Tribunal Agrario y el Gobierno Estatal.
La problemática se ventiló y desprende
del juicio agrario 901/1994, donde
mediante la sentencia dictada a nuestro
favor, con fecha 8 de septiembre de
1994 y que no fue ejecutada por motivo
que el predio esta invadido por habitantes
del ejido \"Altamira\", de Huixtla, sin
embargo, durante mucho tiempo hemos
tratado de que el Tribunal Agrario
nos resuelva o nos ejecute dicha sentencia,
pero el Tribunal no lo hace por ser
nosotros personas muy humildes y pobres.
Precisan que las autoridades los
han marginado e ignorado en sus problemas,
por lo que también han recurrido a
las mesas de concertación o de trabajo
en Tuxtla Gutiérrez, en donde han
estado presente los funcionarios Nestor
Aguirre Espinosa, de la Dirección
de gobierno, Reynaldo
Aguilar Martínez, director de seguimiento
y vinculación de la Secretaría de
Desarrollo Rural, Gustavo Amed
Culebro,
representante de la Procuraduría Agraria,
Gabriel Fuentes Garabito, representante
de la Secretaria de la Reforma Agraria.
Pospone SRA dividir predio a comuneros. (Novedades de Acapulco, Antonio Jiménez, p.web)
Chilpancingo, Gro., 11 de julio.-
La Secretaría de la Reforma Agraria
propuso a los comuneros de El Capulín
y Moyotepec
dividir prácticamente a la mitad el
predio que disputan desde hace más
de 120 años.
De acuerdo a la medición hecha por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática,
el terreno en disputa real no es de
456 hectáreas sino de 967; por lo
que se propone que las tierras sean
repartidas salomónicamente y cada núcleo agrario conserve sus pueblos.
A partir de la propuesta hecha por la SRA, el predio en disputa
mide 958 hectáreas, debido a que se
encontró un hueco natural de tierras
que no pertenecen a ningún núcleo
agrario.
De acuerdo al plano definitivo de ambos núcleos agrarios, que
fue analizado por el INEGI, las 456
hectáreas de tierras que en su momento
reclamó Tlacoapa,
le fueron asignadas en 1848 a Moyotepec.
Asimismo, el instituto reiteró que es difícil delimitar un
parámetro exacto de medición a partir
de lo planteado en el convenio de
1883, que es el que el Tribunal
Agrario ha ordenado utilizar como
documento base para solucionar el
problema agrario más complejo que
existe en Guerrero.
En consecuencia, a partir del análisis científico realizado
por el INEGI, la Secretaría de la
Reforma Agraria propuso asignar 461
hectáreas al núcleo agrario de Tlacoapa,
en tanto que 497 hectáreas corresponderían
a Ocoapa.
La reunión en la que fue presentada la propuesta “salomónica”
fue encabezada por el secretario
federal Abelardo Escobar Prieto,
y por el General de Gobierno, Armando
Chavarría
Barrera.
En las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, los funcionarios
se reunieron por separado con representantes
de las comunidades en conflicto, ante
quienes el representante del INEGI,
Víctor González González, expuso los resultados de los trabajos de campo.
También asistieron el delegado de la Reforma Agraria en
la entidad, Natividad Salas Estrada,
y el subsecretario Gilberto Hershberger, quien fue el encargado de dar a conocer la
propuesta.
Luego de la explicación por parte del representante del INEGI,
se concluyó que no es posible solucionar
el conflicto agrario conforme al convenio
de 1883, como lo ordenó el Tribunal
Agrario, debido a que no es posible
ubicar la línea divisoria, a partir
de que no fueron ubicadas las mohoneras establecidas en el documento en mención.
Sin embargo, el subsecretario Hershberger
intentó convencer a los comuneros
de que con la propuesta ahí planteada
se respetarían las posesiones históricas
de ambos núcleos agrarios.
“Deseamos vehementemente que acepten la propuesta, porque estamos
convencidos que es la única vía para
resolver el conflicto; podrá haber
mil juicios, mil sentencias, y mientras
no haya voluntad de ustedes no se
resolverá”, declaró el funcionario
federal.
El delegado de la Reforma Agraria, Natividad Salas Estrada
insistió en que se debe buscar una
solución conciliada a este conflicto
agrario, por lo que apeló a la buena
voluntad de las partes para aceptar
la propuesta surgida en el encuentro.
Rechazan Tlacoapa y Ocoapa repartirse las
tierras con base en mediciones del
INEGI. (El Sur de
Guerrero, Zacarías Cervantes, p.web).
Chilpancingo.
Los representantes de los núcleos agrarios de Ocoapa y Tlacoapa, en conflicto
por 456 hectáreas de tierras, volvieron
a rechazar ayer una propuesta que
les planteó la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal, con base en trabajos de medición
que realizó el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI).
Los representantes de los dos grupos en pugna se reunieron
ayer por separado con el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto,
y con el secretario general de Gobierno,
Armando Chavarría
Barrera, para escuchar de parte de
los funcionarios del INEGI los resultados
de los trabajos de medición que realizaron
y su dictamen final que llevó a la
propuesta de la SRA para resolver
el conflicto y que, al final, fue
rechazada por ambas partes.
Funcionarios de la SRA, del INEGI y del gobierno del
estado se reunieron primero con el
grupo de comuneros de Ocoapa,
encabezados por el presidente de Bienes
Comunales, Natalio
Solano, y el asesor jurídico del núcleo
agrario, Jesús Escobedo González,
en un salón de la Secretaría General
de Gobierno.
Posteriormente se reunieron en el mismo lugar con el
grupo de comuneros de Tlacoapa,
encabezados por presidente de Bienes
Comunales, Ismael Galeana Sixto, y
el asesor jurídico, Evencio Romero Sotelo.
La propuesta de la SRA, en esencia es la misma que ya
había planteado hace un año el ex
titular de la dependencia, Florencio
Salazar Adame, y consiste en dividir 958 hectáreas de las que, según
los funcionarios de la dependencia
no se hace mención en el acuerdo de
1883 –en el que presuntamente se reconoce
para Ocoapa
las 456 hectáreas que actualmente
están en conflicto– en partes más
o menos iguales; 461 hectáreas para
Tlacoapa
y 497 para Ocoapa.
Con base en esta propuesta, las comunidades de El Capulín
y La Sabana, asentadas en las tierras
que están en disputa, pasarían a formar
parte del núcleo agrario de Tlacoapa.
Sin embargo la propuesta fue rechazada por los dos grupos,
pues coincidieron por separado en
que se trata de la misma propuesta
que les presentó hace un año el titular
de la SRA, Florencio Salazar Adame, y que en su momento la rechazaron también porque con
ello no se resuelve el conflicto.
Natalio Solano, presidente de los Bienes
Comunales de Ocoapa,
explicó que de acuerdo a la medición
que hizo el INEGI las 456 hectáreas
en conflicto “son colindantes de Tlacoapa pero no son de Ocoapa”.
Sin embargo insistió que en la resolución
presidencial “dice que son de Ocoapa y ya fueron reconocidas independientemente dónde estén.
Eso que quede claro”.
Sin embargo, reclamó que ahora no sólo quieren desconocerle
a Ocoapa
las 456 hectáreas sino que también
parte de las 958, que según la medición
del INEGI y la SRA se trata de un
“hueco” que existe entre los dos núcleos
agrarios, y de las que no se hace
mención en el acuerdo de 1883, cuando,
aseguró, son tierras que pertenecen
a los Bienes Comunales que representa.
“Que quede claro, yo no pedí la intervención del INEGI,
lo pidió Tlacoapa,
supuestamente porque la SRA no ha
podido localizar el convenio de 1883”,
dijo a manera de deslinde de los trabajos
y el dictamen de la dependencia que
llevó a la propuesta de la SRA.
El ofrecimiento dividió las opiniones, pues mientras
Natalio Solano la rechazó definitivamente, puesto que dijo
que ya una vez no fue aceptada por
sus representados y que ahora ocurriría
lo mismo, el abogado, Jesús Escobedo
planteó la posibilidad de llevarla
a consideración de los comuneros en
una asamblea y que ellos decidirían.
Mientras tanto el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de
la SRA, José Gilberto Hershberger
Reyes, dijo que la propuesta de solución
no es con base a las 456 hectáreas
en conflicto, sino al “hueco” de 958
hectáreas mismas que quedarían divididas
en una línea que separa a los dos
núcleos agrarios en conflicto. Con
esta división 461 hectáreas corresponderían
a Tlacoapa
y 497 a Ocoapa.
“La bondad de la propuesta es que en base a esta línea,
El Capulín queda del lado de Tlacoapa
igual que La Sabana, y hay un espacio,
a partir de esa línea, hacia Moyotepec con lo que se incorporarían las 497 al plano definitivo
de Ocoapa
y las 461 al de Tlacoapa”, explicó.
Para el funcionario es la única manera de resolver este
asunto, además de “la buena voluntad
de ustedes y el deseo de llegar a
una conciliación”, dijo en la primera
reunión que tuvieron los funcionarios
con los de Ocoapa.
“El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar,
reitera el compromiso institucional
de resolver este conflicto y hace
una propuesta muy formal, para que
podamos poner fin no sólo al juicio
sino a lo que más nos preocupa, que
es el conflicto”, indicó.
Agregó: “deseamos vehementemente que la acepten porque
estamos convencidos que es la única
vía de resolver el conflicto; podría
haber mil juicios y mil sentencias
pero mientras no haya voluntad de
ustedes no se va a resolver, y lo
que queremos es paz”, indicó.
Posteriormente los mismos funcionarios se reunieron con
los representantes de los Bienes Comunales
de Tlacoapa,
encabezados por su presidente, Ismael
Galeana Sixto y su asesor jurídico,
Evencio Romero Sotelo.
Los campesinos de este grupo coincidieron en que esa
propuesta ya fue rechazada en una
ocasión anterior al entonces titular
de la SRA, Florencio Salazar Adame,
porque de ninguna manera resuelve
el conflicto.
Romero insistió entonces que un juez federal ya les reconoció
derechos sobre las 456 hectáreas en
conflicto y también reclamaron como
suyas las 958 que con la medición
del INEGI, la SRA considera como un
“hueco” que existe entre los dos núcleos
agrarios y que es lo que pretende
dividir entre los comuneros en pugna.
Por su parte el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo
Escobar Prieto, aseguró que la propuesta
de parte de la dependencia es de “buena
voluntad”.
Antes del encuentro con los comuneros, el funcionario
federal había abrigado la posibilidad
de que dicha propuesta fuera aceptada
y con ello se resolviera definitivamente
ese conflicto que lleva ya 123 años.
“Ha intervenido el INEGI y el gobierno del estado para
tratar de encontrar una solución a
este problema y a habido disposición
de todas las partes para poder avanzar
en la solución del conflicto”, dijo.
Adelantó que la propuesta se haría conforme a los trabajos
que llevó a cabo el INEGI, mismos
que se hicieron en combinación con
los representantes de las comunidades.
“Esperamos que haya una solución concertada, vamos a
tener una buena disposición de ambas
partes para encontrar una solución”,
dijo, apenas unos minutos antes de
que la “única vía de solución”, como
la llamó el subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad Rural de la SRA, fuera
rechazada y el conflicto continuara
latente.
Faltan por desalojar 7 asentamientos en Montes
Azules. (El Sol de México, p.web)
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- De acuerdo a un resolutivo del Tribunal Unitario Agrario desde el
año 2003 a la fecha se han resuelto
35 conflictos agrarios en la zona
Lacandona y la Reserva de la Biosfera
de Montes Azules, de los cuales 8
poblados han sido reubicados, 5 asentamientos
se desalojaron de manera pacífica,
17 comunidades fueron regularizadas
vía expropiación y 5 más fueron reubicadas.
Según cifras de la Secretaría de
la Reforma Agraria se han recuperado
27 mil 307 hectáreas.
Atajan diputados panistas planes de Felipe Calderón para la transición. (La Jornada, Enrique Méndez, p.web).
Ante la decisión de Felipe Calderón de conformar un equipo
de transición a la Presidencia, inclusive
el PAN en la Cámara de Diputados atajó
que su candidato presidencial no podrá
anticiparse de tal manera para usar
el presupuesto destinado dentro del
ramo 23 para ese efecto. El coordinador
de la diputación panista,
José González Morfín, explicó que la liberación de 150 millones de pesos
para el equipo de transición deberá
aguardar al fallo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF). Por su parte, el dirigente
de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar,
señaló que sin discusión ni controversias
de por medio, en los meses previos
a las elecciones el gobierno federal
anticipó el gasto público en las dependencias
de Desarrollo Social (Sedeso),
Comunicaciones y Transportes, sector
agrario y Educación, entre otras,
mediante el PAFEF.
Sector agropecuario
Explotación de jornaleros
agrícolas en ranchos de Baja California
Sur. (La Jornada, p.web)
Cada año, en noviembre, aproximadamente 25 mil jornaleros agrícolas,
la mayoría indígenas del sur del país,
abandonan sus pueblos para trabajar
en los campos de Baja California Sur,
donde ganan 70 pesos diarios por jornadas
de ocho a 12 horas, en promedio. En
el estado existen unos 40 ranchos
exportadores de hortalizas que ocupan
mano de obra barata y envían capataces
a enganchar campesinos e indígenas,
principalmente de Oaxaca, Guerrero
y Veracruz, con la promesa de buena
paga, transporte y alojamiento sin
costo. En la mayoría de los casos
los acuerdos son sólo de palabra.
Prensa Estatal
COAHUILA
Incumple la JMAS de Parral
a los ejidatarios. (El Sol de México, p.web).
Hidalgo del Parral, Chi.- Ejidatarios de Maclovio
Herrera, cuestiona a la junta municipal
de agua y Saneamiento, pues el terreno
que le cedieron de 7 hectáreas para
la planta tratadora de aguas negras
está siendo utilizado para jugar béisbol
y el compromiso es que les darían
un caudal de agua tratada para el
ejido.
GUERRERO
El desalojo en
Lomas de Chapultepec,
cuando el Ayuntamiento preste policías,
dicen. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
El desalojo de ejidatarios de Lomas de Chapultepec anunciado para hoy miércoles a las 3 de la tarde,
se llevará a cabo hasta que el Ayuntamiento
asigne a sus policías porque los efectivos
del estado sólo entrarán como auxiliares,
informó el abogado de la inmobiliaria
Acapulco-Papagayo, Esteban Zárate
Lowery.
Ayer el abogado se reunió con funcionarios del gobierno
del estado, entre ellos el secretario
de Seguridad Pública, Heriberto Salinas
Altés, quien
le informó que el municipio debe prestar
sus policías en primer término “porque
a ellos les corresponde” y si no puede
entonces se prestará a la policía
del estado porque su ayuda es sólo
auxiliar.
Zárate Lowery comentó que el
funcionario “ya dio luz verde” a la
petición de la policía del estado
para el desalojo de campesinos de
Lomas de Chapultepec
en el terreno ubicado a un costado
del puente de Barra Vieja.
Indicó que en la reunión de ayer se habló de aprovechar
una supuesta destitución del abogado
José Sánchez Sánchez como representante jurídico y social de los campesinos
para iniciar una mesa de diálogo con
los ejidatarios.
Dijo que conocía el caso que Sánchez Sánchez había sido desconocido como interlocutor y defensor
de los campesinos “porque ha contaminado
las negociaciones”.
El abogado reiteró que la empresa no está dispuesta a
comprar ni ceder ninguna parte del
terreno y que las negociaciones serían
sobre el pago de unos 100 mil pesos
de indemnización por cocoteros afectados
en un desalojo con fuerza pública
de hace 10 años.
Zárate Lowery señaló que si
no hay posibilidad de negociación
con los ejidatarios, en estos días
comenzará el desalojo, el cual está
establecido por el juez cuarto penal
para hoy miércoles a las 3 de la tarde.
Comentó que los verdaderos indiciados sí quieren negociar
con la inmobiliaria, aun cuando en
una carta enviada al juez José Gorrostieta solicitaron un acercamiento de diálogo o de lo
contrario “habría derrame de sangre”,
al argumentar que muertos saldrían
de esas tierras.
“Ellos (los ejidatarios) quieren dialogar y ya no reconocen
a Sánchez Sánchez
porque han visto contaminada las negociaciones”,
indicó.
Expuso que la empresa no tiene interés de violencia “ni
nada”, sólo que se les restituyan
los terrenos y por eso están dispuestos
a dialogar con los campesinos.
Piden al juez que
posponga el desalojo de ejidatarios
de Chapultepec
del miércoles. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
Ejidatarios de Lomas de Chapultepec
solicitaron al juez cuarto, Jacobo
Gorrostieta,
que se posponga el desalojo establecido
para el miércoles, debido a que en
otras ocasiones “ha habido un costo
de sangre humana”.
Asimismo, calificaron como “ilegítima” la restitución
de tierras a la inmobiliaria Acapulco-Papagayo
porque aún no han sido oídos y vencidos
en juicio.
Lauro Torres Valeriano, Juan Gallego Bibiano, Severiano Palma Biviano, Santana
Padilla Morales, Ana María Palma Bibiano
y Juventino
Cabrera Ozuna
entregaron una carta al juez Gorrostieta para solicitarle que “prepondere” una conciliación
con los inversionistas antes del desalojo
“violento”.
Con base en el artículo 8 constitucional, que menciona
que “los funcionarios y empleados
públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición siempre que ésta
se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa”; los ejidatarios
pidieron que se cancele la restitución
provisional del Ministerio Público
por la averiguación previa que inició
la inmobiliaria.
Señalaron que desde 1967 se han dado tres desalojos de
esa franja de Lomas de Chapultepec
y ha habido “un costo de sangre humana
al perderse varias vidas tanto de
ejidatarios como de guardias blancas”.
Indicaron que los campesinos han respondido por su “legítimo
derecho de la autodefensa por ataques
de guardias blancas” que han llegado
armados y en 1991 murieron los ejidatarios
Eleazar Valentín Comino y Amado Nieto,
por ello la restitución de tierras
que se pretende de nueva cuenta “es
inmoral e ilegítima”.
Asimismo solicitaron al juez que posponga la acción judicial
hasta que sea resuelta la sentencia
de restitución definitiva, “si fuese
el caso”, pues argumentaron que posiblemente
la inmobiliaria Acapulco Papagayo,
S.A. de C.V.
contrate de nuevo agentes provocadores
“conocidos como sicarios y guardias
blancas” y atenten contra colonos,
ejidatarios y todos los que ya habitan
esos terrenos.
Puntualizaron que los ejidatarios que ya fincaron sus
casas no están dispuestos a permitir
que se les arrebate de manera violenta
por parte de la fuerza pública y de
los “mercenarios de la compañía”.
Los ejidatarios sugirieron la posibilidad de diálogo
antes del desalojo, en la que sean
testigos de honor las autoridades
de los gobiernos estatal y municipal
en un lugar neutral para evitar un
enfrentamiento.
“Que este desalojo no sea otro Aguas Blancas u otro San
Salvador Atenco
porque traería consecuencias políticas
graves para la gobernabilidad en el
estado, debido a que los ejidatarios
sólo saldrán de sus tierras privados
de la vida”, señalaron.
Los afectados indicaron que aun cuando se trate de una
orden judicial actualmente el Estado
de Derecho está cuestionado por la
imperante violencia de la delincuencia
organizada, donde los órganos de procuración
y administración de justicia son los
involucrados.
Criticaron que los cuerpos policiacos
se ensañen con el pueblo y ellos mismos
sean los que se encarguen de proporcionar
seguridad a la ciudadanía, “porque
poco se ha hecho para combatir a la
verdadera delincuencia”.
En entrevista, el abogado de los ejidatarios, José Sánchez
Sánchez,
dijo que ya se tiene confirmado el
apoyo de colonos de la Amalia Solórzano,
de opositores a La Parota y de la
Unión de Productores de Costa Grande
para “hacer la resistencia” del desalojo
establecido para este miércoles a
las 3 de la tarde.
OAXACA
Despoja funcionario panista
a los comuneros de Petapa. (Adiario de Oaxaca, Rafael Portador,
p.web).
Santa María Petapa,
julio 11.- Isaías Zárate Villalobos,
director de Cultura del Ayuntamiento
panista, fue denunciado por posesionarios
de Bienes Comunales de Santa María
Petapa.
Sobre el funcionario municipal
también pesa la acusación de haber
defraudado a 38 vecinos de la colonia
Robles Oriente.
La denuncia fue hecha por Josefina
Quero, afectada por actos de corrupción,
intimidación y agresiones físicas
del profesor de primaria y funcionario
del Ayuntamiento panista, quien sin autorización del núcleo comunal solicitó
una obra de drenaje.
Lo anterior ocurrió tras haber
sido acusado por Quero como quien
la golpeó en el 2002 por la posesión
de un terreno del que la afectada
presentó documentos de posesión de
Bienes Comunales de Santa María Petapa.
Los golpes, dijo Quero, le ocasionaron
trastornos en las rodillas, y no conforme
con ello Zárate Villalobos tergiversó
los hechos y la hizo detener y encarcelar
por la policía ministerial bajo el
expediente 19/2002
.
Otros denunciantes son Jesús Alvarado
Guzmán y Zenón Ceferino,
que con Josefina Quero han sido afectados
por la invasión de tres hectáreas.
Los afectados cuentan que Isaías
Zárate llegó a la colonia Los Robles
Oriente en 1997, sobre la parte en
la que Bienes Comunales de Santa María
Petapa ha
pedido a Corett una indemnización, y construyó en un terreno de cultivo
que poseía Delfina Ayala Isla.
A partir de entonces, dijeron,
Zárate ha tenido una serie de problemas
con los vecinos, quienes lo señalan
como el defraudador de 38 vecinos
para la colocación de una red de energía
eléctrica que sólo lo benefició a
él. Por ello enviaron un documento
que firmó de recibido la Secretaría
del Ayuntamiento el 16 de marzo, con
las firmas de los afectados, al alcalde
panista
Teodoro Jorge Guzmán Corral, en donde
le pidieron amonestar a su subordinado
y devolver el dinero.
Josefina Quero intuye que Bienes
Ejidales de Matías Romero, que dirige
Victorino Antonio, es cómplice, pues
los papeles de posesión en los que
se ampara Isaías Zárate son avalados
por ese núcleo agrario.
Los avecindados de Santa María
Petapa poseen papeles de derechos de posesión desde 1959,
certificados por última ocasión por
quien fue presidente de Bienes Comunales,
Cirilo Juárez Vázquez. Quero expuso que en febrero pagó el
último recibo por derecho catastral
a la Tesorería del Ayuntamiento de
Petapa bajo el recibo número 405.
Coincidieron en que Zárate firmó
un papel para desistir del despojo,
que avaló el edil Teodoro Guzmán,
pero hace unos días el Ayuntamiento
inició un rastreo en la zona y una
fosa para drenaje, lo cual enturbia
el acuerdo.
Se ha violentado el orden en Oaxaca. (Noticias, Pedro Matías, p.web).
En la demanda de juicio político firmada por los integrantes
de organizaciones civiles como Ana
María Hernández Cárdenas, Miguel Ángel
Vásquez de la Rosa, Gilberto Hernández
Santiago, Sonia Fuentecilla López,
Alejandro Díaz Cruz, Sara Méndez Morales,
Mario Hernández Martínez y Marcos Leyva Madrid,
recordaron que Ulises Ruiz fue impugnado
por un presunto fraude, razón por
la cual la gubernatura
tuvo que dirimirse en el Tribunal
Electoral como lo consta el Juicio
de Revisión Constitucional Electoral
Expediente SUP-JRC-205/2004.
Sin embargo, el ascenso al poder de Ulises Ruiz se ha visto
empañado antes y durante su administración,
ya que durante su campaña fueron asesinados
la candidata a presidenta municipal
de San José Estancia Grande, Guadalupe
Ávila Salinas y el integrante del
Frente Único Huautleco,
Serafín García Contreras y Lino Antonio
de San Agustín Loxicha
y recientemente Faustino Acevedo Bailón,
del ayuntamiento popular de San Blas
Atempa, así como Enrique Martínez
de San José Tenango.
Hicieron hincapié en que desde el inicio de la administración
de Ruiz Ortiz se suscitaron graves
violaciones a la Constitución Política,
en el apartado de garantías individuales,
a tal grado que llamaron la atención
de organismos nacionales e internacionales,
quienes emitieron recomendaciones
y observaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, del Alto Comisionado
de Naciones Unidas, el Departamento
de Estado Noteamericano, la Agencia Central de Inteligencia, Amnistía
Internacional, Human Right
Watch, la
Oficina Ecuménica por la Paz y la
Justicia de Alemania.
Tan solo la CNDH emitió tres recomendaciones al gobierno de
Oaxaca, una, la 04/2005, por violar
el derecho a la libertad de expresión
y el derecho colectivo de la sociedad
a recibir información wn
agravio de los periodistas Jorge Fernández
Menéndez y Leopoldo Mendivil.
La 08/2005 por violar la seguridad jurídica y retención ilegal
en la Procuraduría General de Justicia
del Estado, en perjuicio de Jaquelina López Almazán, Samuel Hernández Morales, Carlos
Cruz Mozo y Gilberto Canseco
Carmona y la 013/2005 por la violación
a los derechos de libertad de expresión
e información en agravio del Periódico
NOTICIAS.
Consideraron que actualmente, la situación de los derechos
humanos que impera en el estado de
Oaxaca constituye un escenario emblemático
en el acontecer nacional, ya que en
esta entidad persiste un clima de
violaciones flagrantes y sistemáticas
a los derechos humanos.
Esta situación, se resalta en el texto, ha llegado a extremos
de alta gravedad y se perfila de manera
delicada a condiciones que colocan
en serio riesgo la convivencia pacífica,
el estado de derecho, la gobernabilidad
y el orden institucional de Oaxaca.
Un elemento que ahonda esta severa crisis es la función que
desempeñan los órganos de gobierno
en el estado, llámese congreso local,
secretaría general de Gobierno, Procuraduría
General de Justicia del Estado, Protección
Ciudadana y la dirección de Seguridad
Pública, ya que son precisamente estos
quienes contribuyen al quebrantamiento
del orden legal, a la violación de
las garantías constitucionales, al
deterioro de las instituciones y a
la degradación de los derechos humanos.
En su apartado de violación a las garantías de seguridad jurídica,
mencionan la detención ilegal de luchadores
sociales y enumeran:
En el desalojo del 22 de diciembre del 2004 detuvieron a 23
integrantes del Consejo Indígena Popular;
en enero del 2005, fueron apresados
7 integrantes de la Coordinadora Oaxaqueña
Magonista
Popular Antineoliberal
por el caso de Xanica; el 7 de febrero fueron capturados 19 integrantes del
ayuntamiento popular de San Juan Lalana;
y el 27 de abril del 2005 fueron capturados 69
miembros del Movimiento Ciudadano
Juquileño
durante el desalojo violento del palacio
municipal.
De igual forma, fueron detenidos cinco integrantes del Frente
Popular Revolucionario, un líder del
Frente Único Huatleco
y otro más de Mazatlán Villa de Flores,
es por ello que se afirma que el gobierno
de Ruiz Ortiz llenó las cárceles de
presos políticos en los primeros seis
meses de su gobierno.
Otros acontecimientos violentos son: los asesinatos de Ángel
Ortega Prieto y Pedro Carrera en Mazatlán
Villa de Flores, el desalojo violento
en San Blas Atempa, el asesinato de
Faustino Acevedo Bailón, la detención
de 10 integrantes del ayuntamiento
popular y las 94 órdenes de aprehensión
libradas en su contra.
Así como el frustrado desalojo al plantón del magisterio el
pasado 14 de junio donde la policía
cercó a los maestros, detuvo a 14
personas, invadió las instalaciones
del sindicato de maestros, destrozo
las instalaciones de Radio Plantón,
quemó sus pertenencias y desde un
helicóptero arrojó gases lacrimógenos,
paralizantes y pimienta.
Este operativo policiaco implementado
por el gobierno de Ulises Ruiz fue
un gran fracaso con altos costos sociales
para la población civil, ya que esta
acción solo mostró la incapacidad
de gobernar y poder conducir los destinos
de Oaxaca de forma armoniosa.
Aunado a esto se suman los conflictos agrarios y territoriales que han dejado al menos siete
muertos, siete heridos, 60 familias
desalojadas y cinco casas incendiadas,
además de 38 retenidos, entre ellos,
16 niños.
De igual forma, se han perpetrado 14 asaltos a templos católicos
con el consecuente robo de arte sacro,
la profanación a la Catedral Metropolitana,
y el secuestro del Padre Alberto Pacheco.
Así como 52 asesinatos de mujeres y 26 violaciones tumultuarias
registradas entre enero de 2004 y
junio del 2005.
Finalmente se refirieron a la figura decorativa en que se ha
convertido la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y que en Oaxaca persisten
prácticas de compra y condicionamiento
del voto.
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