CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
15 DE DICIEMBRE DE 2006
OCHO COLUMNAS
Señalan que ataques
buscan desprestigiar al sindicato;
rechazan afectar la educación.
Calderón busca poner orden en la frontera sur
Anuncia un programa
temporal de trabajo para guatemaltecos
Carstens descarta recesión económica
Generará la propuesta
tributaria una recaudación marginal,
dice.
Sin finanzas sanas no habrá crecimiento
Un sistema deficitario
inhibe la inversión y los empleos,
advierte Agustín Carstens
Posible, el cambio social sin armas: grupos guerrilleros
Reconocen la movilización
de la “izquierda electoral”.
EL PERIÓDICO DE LA VIDA
NACIONAL
A partidos no les urge ser austeros
Dicen estar de
acuerdo en disminuir sus prerrogativas,
pero no definen cuándo.
PRD echa abajo acuerdo de quitar gasto a partidos
Ya no tendríamos
acceso a radio y TV justificó el perredista
Raymundo Cárdenas
Radio Centro está obligado a acatar la ley: Senado y Congreso
Demandan legisladores
sea cumplido el laudo arbitral de
2004.
Habrá operativo en varios estados
Se extenderá lucha
para recuperar territorios en poder
del narco,
anuncia Medina Mora.
Aduanas, corrupción
Funcionarios bajo
investigación por irregularidades
¡Premiados!.
Sector agrario
Ñañús: aprendiendo a vivir solas.
(La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).
Incipiente participación de esposas de migrantes
en organizaciones sociales.
Valle del Mezquital, Hgo., 14 de
diciembre.
Ser ñañú (otomí) es un orgullo para Cenobia
Pérez Bugui
y eso le abre más rápidamente las
puertas con sus paisanas, a quienes
anima a organizarse para que los quehaceres
del campo y atender a los hijos sea
menos azaroso.
Desde hace nueve años ella sabe lo que es quedarse sola y tratar
de crear con las remesas un pequeño
patrimonio para su hijo.
''En 1995 mi esposo se fue por primera vez a Estados Unidos.
Entonces vivía en la casa de mi suegra,
en San Pedro Capula.
Caminaba dos kilómetros para llegar
adonde pasaba el transporte. Después
me cambié a la casa de mis padres.
Mi marido me enviaba cada 15 días
dinero para mis gastos. Empecé a juntar
algunos pesos para construir mi casa,
pero sentía que mi vida se acababa
porque estaba sin él y siempre pensaba:
y si no regresa, ¿qué voy a hacer?
''Desde entonces se iba por temporadas largas y regresaba;
pero la cuarta fue muy dura para mí
porque durante un año no supe nada
de él''. Entonces, cuenta, consiguió
trabajo en una tienda en Ixmiquilpan
donde le pagaban 300 pesos semanales
y a veces una pequeña comisión si
vendía bien, más los pocos ingresos
(mil a mil 500 pesos dos veces al
año) por la venta de alfalfa, y ello
le permitió seguir adelante.
Algunas personas de la comunidad le decían que su marido estaba
en Atlanta y que allá vivía con otra
mujer, que ya tenía un hijo. ''Mi
familia sufrió una fractura cuando
mi marido se fue a Estados Unidos.
Cuando regresó empezamos a tener muchos
problemas como pareja. Me golpeaba.
Ahora sé que lo que me contaban era
cierto.''
Poco antes de que su esposo regresara, hace tres años, Cenobia empezó a participar en la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA) y en el comité de
salud de la comunidad. Eso, recuerda,
le dio más seguridad y le ayudó a
sentirse más fuerte, ''pero mi marido
me golpeaba porque salía, aunque yo
dejaba limpia la casa, le hacía su
desayuno y cena, y cumplía con todos
mis deberes de esposa; una vez me
dejó prácticamente desnuda fuera de
la casa. Ahora ya no me maltrata,
pero me dice que quiere regresarse
a Estados Unidos y cada vez que escucho
ese nombre (del país) me da mucho
coraje.''
Cenobia, de 32 años, dice que no va a detenerse.
Seguirá ayudando en la organización
de las mujeres de la región. Sus padres
fueron campesinos que durante el gobierno
de Lázaro Cárdenas intentaron permanecer
en sus lugares de origen con una agricultura
de autoconsumo.
Después la región vivió el auge de la producción de hortalizas
regadas con aguas residuales de la
ciudad de México, pero hoy su esposo
y los hombres de su pueblo buscan
irse a Atlanta, a Florida y a Carolina
del Norte, principalmente, donde se
concentran la mayoría de quienes provienen
de esta región semidesértica.
Para llegar a El Taxtho, la comunidad
de Cenobia,
habitada por mujeres e hijos que no
pasan de 16 años, hay que recorrer
a pie cinco kilómetros de un camino
serpenteante de terracería.
Y aunque las casas de ladrillo de
uno o dos pisos dan la impresión de
que este poblado es ''reciente'',
existe desde hace cuatro generaciones.
El sitio es agreste: piedras y huizaches
su entorno; el zumbido del viento
su música.
Aquí el tejido de las historias es casi idéntico: esposos e
hijos (hombres y mujeres) de 15 años
en adelante se fueron a Estados Unidos,
y los pocos jóvenes que quedan emigrarán
el próximo año. Ya lo están planeando
y reúnen dinero para pagarle al coyote.
''Estamos solas, sin tierras laborables, sin animales ni siquiera
de granja. ¿Qué les damos de comer
y beber, si apenas alcanza para nosotras?'',
es la respuesta casi idéntica de 14
mujeres que se organizaron y solicitaron
apoyo a la Secretaría de la Reforma
Agraria para instalar un taller
de maquila. ''Aquí se lucha todos
los días. Hacemos algunas cositas,
pequeñas costuras, y a veces tallamos
la lechuguilla, aunque esto último
destroza las manos'', comenta María
de Lourdes Luis Zenón.
''En febrero se fue otra vez mi Toribio. Aquí ya no encontró
trabajo y mi hijo de 15 años también
está preparando su viaje'', dice esta
mujer que a las cinco de la mañana
inicia sus actividades y cada 15 días
camina dos horas y media para llegar
a Orizabita,
en cuyo mercado adquiere, con apenas
800 pesos, verduras, maíz, frijol,
sopa, aceite, jabón y, si alcanza,
medio kilo de carne para su familia
de tres hijos. En su presupuesto tiene
que calcular de 70 a 80 pesos de transporte.
''Desde hace 10 años mi esposo se va durante ocho a nueve meses
a Carolina del Norte y regresa. Cada
vez que se va me siento morir; me
hace falta su apoyo, su cariño. Y
cuando regresa descanso porque dejo
de preocuparme por el dinero y por
las faenas que tenemos que realizar'',
cuenta.
Aquí las mujeres han tenido que sacar picos y palas para hacer
las faenas que tendrían que realizar
sus esposos. Con orgullo afirman que
saben cómo hacer una mezcla de cemento
o que cavaron zanjas para el drenaje.
Paola Calleja, madre de cinco niños, el más pequeño de un año
y el mayor de ocho, sueña con ir a
Estados Unidos para reunirse con su
esposo. Tiene cuatro borregos que,
considera, podrían sacarla de un apuro
si alguno de sus hijos se enfermara.
''Me estoy poniendo vieja temprano'',
dice a sus 27 años.
Clausura Zeferino el Congreso de la CNC en un acto donde recibió respaldo
de Evencio
Romero. (El Sur de Guerrero, Teresa de la Cruz, p.web)
Chilpancingo.
Entre vítores, aplausos y respaldos a su gobierno el
gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo clausuró ayer
el Quinto Congreso Agrario de la CNC
que encabeza el priísta Evencio Romero Sotelo, uno de los
principales impulsores del proyecto
La Parota.
En nombre de los campesinos, el líder cenecista pidió al mandatario que las dependencias de su gobierno,
relacionadas con el sector rural,
expongan los proyectos que maneja
cada una para poder conocerlos y acceder
a aquellos que pudieran resultarles
benéficos.
Torreblanca llegó al acto cerca de la una de la tarde,
acompañado sólo de algunos de sus
colaboradores pero ningún secretario
de despacho. En la entrada de las
disputadas oficinas de la CNC –que
se pelean el grupo de Moisés Carvajal
Millán con el de Evencio
Romero–, el líder cenecista
ya lo esperaba con un grupo de campesinos
y detrás del portón principal, una
banda de música de viento.
En la lectura de las conclusiones de dicho Congreso que
comenzó a las 11 de la mañana y terminó
antes de la 1 de la tarde, el dirigente
de la CNC explicó que evaluaron las
políticas públicas federales y estatales
en materia de desarrollo rural. De
las primeras dijo que “falta mucho”
para que se reactive la economía en
el campo y pidió al gobernador que
intervenga para traer más recursos
a la entidad.
Romero señaló que “hoy como nunca hemos encontrado un
gobierno con las puertas abiertas”
y resumió el trato que ha recibido
su gente en todas las secretarías
de despacho.
Pidió que en el caso de la Secretaría de Salud hubiera
su intervención para que en los servicios
de hospitalización se aplicara un
descuento hasta de un 50 por ciento.
Dijo a Torreblanca que en su gobierno hace “falta mucho
por hacer, pero que en un año y siete
meses de su administración hemos logrado
un avance en el combate a la pobreza”.
Tras llamarlo “compañero Zeferino
Torreblanca Galindo”, Romero Sotelo
señaló que “si bien es cierto que
el único medio para acceder al poder
son los partidos políticos, lo cierto
es que tampoco éstos deben de tener
de rehén al gobernante, porque una
vez que asume el gobierno, se gobierna
para todos, por que si no estaríamos
con gobiernos sectarios y partidistas
y se caería en lo que tanto se criticó
en el pasado, de que los gobernantes
eran los primeros militantes de su
partido y éste era una agencia de
colocaciones”.
Agregó que “algunos dicen que no hay cambio de política
en Guerrero, éstos le apostaron al
cambio para que no cambiara nada;
es decir, querían seguir obteniendo
las prebendas y privilegios anteriores
y hoy se han convertido en férreos
críticos del gobierno, cuando antes
aplaudían todo sin chistar
nada”.
Por eso, expresó “gobernador cuente con nosotros para
atacar la corrupción y los malos manejos
de los dineros, que mucha falta hacen
al desarrollo de nuestra entidad.
Yo sé que algunos del partido en que
milito van a estar encabritados conmigo,
pero tratándose de apoyar y defender
a los campesinos, bien vale que vuelvan
a citar mi expulsión del partido,
que me hace los que el viento a Juárez”.
La política es ponernos de acuerdo, no mentarnos la madre.
En su larga intervención Torreblanca respondió que no
tiene “ninguna duda de mi compromiso
con la fuerza política que me llevó
a esta responsabilidad, pero claro
que mi compromiso es gobernar para
todos”. Dijo que ofreció “gobernar
también para los pobres y que no iba
a ser un gobernador faccioso, ni sectario,
sino factor de unidad”.
Agregó que independientemente de que “coincidamos o no
políticamente con las organizaciones,
el gobernador tiene la obligación
y el compromiso político, ético de
sentarse con todos los actores sociales,
políticos y éticos con todo el estado,
mi obligación es esa, armonizarlos,
ser un árbitro al que ustedes respeten,
factor de conciliación y armonía”.
En otro momento señaló que su gobierno no pretende bajo
ninguna circunstancia conculcar derechos
o quitar prerrogativas ganadas con
justicia para los campesinos, que
éstos sí debían
dinamizar sus prácticas agrícolas.
Como parte de eso, propuso comenzar a usar el fertilizante
orgánico, refirió que esto además
de ayudar a fortalecer la tierra,
generaría “ahorros” que no se canalizarían
a otras dependencias sino que se reinvertirían
en el campo.
Mencionó que tenderá los puentes necesarios para gestionar
más recursos para el campo de Guerrero;
dijo que el tema del presupuesto requiere
de una buena coordinación con el gobierno
de la República; “sería hasta insensible
y torpe que el gobernador pusiera
por delante sus intereses partidarios
y no superara el interés colectivo
de la población”.
Dijo que dichas relaciones con la federación no significará
que “vamos a claudicar en nuestros
principios, sino por el contrario
como lo decía bien Evencio,
queremos hacer política, política
y la política es la capacidad de ponernos
de acuerdo, no de mentarnos la madre”.
Señaló enseguida que ante los conflictos agrarios va
a continuar trabajando con la Secretaría de la Reforma Agraria, “para que Guerrero no tenga focos
amarillos y mucho menos focos rojos”.
Habló de que va a mejorar hospitales y centros de salud,
así como carreteras en indistintas
partes del estado.
Parcelamiento fraudulento. (Por Esto!, Salvador Canto, p.web)
Tulum, Solidaridad.-
Desde hace seis años el líder de la
mafia agraria peninsular, Arturo Millet Reyes, se encuentra coludido
con el subdelegado técnico de la delegación
del RAN en Quintana Roo, Alejandro
García Pérez, justo cuando Felipe
Enríquez era secretario particular
del titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), situación
que le ha permitido tener el dominio
de los parcelamientos
de la mayor parte de los ejidos del
Estado de Quintana Roo y el de Pino
Suárez (en Tulum)
no es la excepción, pues ahí incluso
ha hecho "equipo" con Antonino
Almazán Arteaga, quien actualmente
representa a Roberto Hernández Ramírez.
De acuerdo a reportes de las autoridades
agrarias federales que se encuentran
investigando la operatividad de la
mafia agraria peninsular, algún representante
de la delegación del RAN se encuentra
metido de lleno con dicha agrupación,
y todo apunta a que se trata del subdelegado
técnico de dicha dependencia, Alejandro
García Pérez, quien se encuentra recibiendo
órdenes de Millet
Reyes para coludirse con Antonino Almazán Arteaga, que representa a los
intereses de Roberto Hernández Ramírez
en el fraudulento parcelamiento del ejido Pino Suárez.
Como buen capo y guardando el "código
de honor" con el cual se manejan
todas las mafias, Arturo Millet Reyes paga sus "deudas" con Antonino Almazán
Arteaga por los favores que este
último le hizo cuando fue delegado
del RAN en el Estado de Yucatán.
Ahí, la complicidad y contubernio
entre Arturo Millet,
Antonino Almazán y Alejandro García
data de antes del año 2000, cuando
el líder de la mafia agraria peninsular
comenzaba su larga carrera delictiva
"regularizando" los ejidos
en el norte de la ciudad de Mérida,
en el vecino Estado de Yucatán.
Entre éstos se encuentran los núcleos
agrarios de Chuburná,
Chablecal,
Temozón
Norte, Dzitiá,
Tamanché, San Ignacio y varios más, que fueron victimados
y despojados de sus tierras por Arturo
Millet en
Yucatán, donde hacía el papel de "regularizador,
comercializador y desarrollador",
pero desfalcando tanto a los ejidatarios
como a los inversionistas que en un
principio creyeron en él.
El método para "regularizar"
siempre fue el mismo: Arturo Millet
Reyes, por medio de fraudes y falsificaciones,
generaba los documentos necesarios
para presentarlos ante la delegación
del RAN en Yucatán, directamente a
Antonino Almazán, quien se encargaba
de aprobarlos, y posteriormente se
los enviaba a Alejandro García Pérez
en las oficinas centrales del RAN
en la ciudad de México, donde eran
bien recibidos, sin importar si eran
falsificados o provenían de un fraude
o estaban mal hechos.
García Pérez los aprobaba y hacía
todas las "gestiones internas"
necesarias para que fueran avalados,
aprobados y enviados de vuelta a Antonino
Almazán en Mérida para emitir automáticamente
los documentos agrarios correspondientes
(certificados parcelarios, títulos
parcelarios, títulos de solares, certificados
de derechos de tierra de uso común),
provenientes siempre de un procedimiento
fraudulento, y se los entregaba a
Arturo Millet
para cerrar el gran "negocio".
Hay que destacar que este procedimiento
siempre funcionó como "reloj
suizo", ya que estos personajes
siempre estuvieron supervisados y
coordinados personalmente por quien
fuera el secretario particular del
secretario de la Reforma Agraria,
el licenciado Felipe Enríquez Hernández,
a quien actualmente se le conoce por
ser el jefe de la "mafia agraria
del norte" (del país).
Durante el tiempo que Antonino
Almazán estuvo como delegado del RAN
en el Estado de Yucatán, siempre contó
con la protección de Felipe Enríquez
Hernández, sobre todo para apoyar
a Arturo Millet y ser copartícipes, proteger la regularización de todos
los ejidos en los que entró Arturo
Millet o
su fraudulenta empresa Asesoría Profesional
Agraria (APA).
Por lo que ahora, después de años
de servicio y lealtad a la mafia agraria
peninsular, Arturo Millet Reyes, con el consentimiento de Felipe Enríquez, le
paga a Antonino Almazán todos los
favores que le hizo cuando fue delegado
del RAN en Yucatán, al autorizar y
facilitar que realice de forma independiente
todos los trabajos de regularización
del ejido Pino Suárez.
Quedando así en evidencia cómo
el líder de la mafia agraria peninsular
le instruye al subdelegado técnico
del RAN, Alejandro García Pérez, que
apruebe el fraudulento parcelamiento
del núcleo agrario de Pino Suárez
(en Tulum),
a pesar de que invade terrrenos
con títulos de propiedad privada emitidos
por la propia Secretaría de la Reforma
Agraria.
Del mismo modo, en este parcelamiento del ejido Pino Suárez queda al descubierto también
la corrupción a la que se ha prestado
la gerencia regional de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor)
en torno a la emisión de oficios que
dictaminen la "inexistencia"
de bosques y selvas tropicales, para
poder destruirlos.
Cabe destacar que los propios funcionarios
que laboran en las oficinas de la
Conafor
de Cancún se sorprendieron de que
su gerente regional haya aceptado
otorgar oficios de la inexistencia
de bosques y selvas tropicales en
un ejido que se encuentra en plena
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
Uno de los funcionarios comentó:
"Nunca nos esperamos que el Ing.
Santiago Pinzón Lizárraga
fuera a caer en la tentación de recibir
los cinco mil pesos que la mafia agraria
peninsular ofreció por cada hectárea
de ‘bosque o selva tropical’ que se
permita parcelar
Contubernio de la Procuraduría Agraria. (Por Esto!, Francisco Hernández, p.web).
Chetumal, 14 de diciembre.- La
delegación de la Procuraduría Agraria
en Quintana Roo favoreció y avaló
que el ejido Playa del Carmen aprobara
en asamblea el segundo parcelamiento
de 7 mil hectáreas de tierra sin contar
con el dictamen de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor)
sobre la presencia de bosques y selvas
en el área de uso común cuyo destino
quieren cambiar, en lugar de orientar
y asesorar a los comuneros sobre los
requisitos que la ley marca para este
procedimiento, según el acta donde
se autorizó el irregular acto promovido
por el despacho Asesoría Profesional
Agraria (APA).
La asamblea donde se aprobó el
irregular segundo parcelamiento
de Playa del Carmen tuvo lugar el
19 de marzo pasado, con la presencia
de tres representantes de la delegación
de la Procuraduría Agraria (PA), quienes
no hicieron ninguna observación a
los ejidatarios sobre la carencia
del permiso de la Conafor, que es requisito indispensable e insustituible para
que pueda proceder el cambio de destino
de las 7 mil hectáreas de uso común
que el comisariado
ejidal quiere dividir en parcelas
de acuerdo a los intereses de APA,
propiedad de Arturo Millet Reyes, el representante de la mafia agraria en el estado.
Con esta acción, los servidores
públicos de la PA incumplieron con
la obligación legal que tienen de
orientar y asesorar jurídicamente
a los ejidatarios sobre los actos
que quieran realizar y avalaron el
ilegal procedimiento que se autorizó
sin contar con el dictamen ambiental
que requiere la Ley Agraria.
Los servidores públicos que incurrieron
en esa irregularidad son: Johny
Alberto Cámara Huchín,
jefe de la Oficina de Residencia de
la PA en la Zona Norte del estado,
ubicada en Puerto Morelos; María Teresa
de Lourdes Denis
Moreno, abogada agraria; y Eduardo
Aguilar Benítez, visitador agrario;
y ninguno de ellos orientó o asesoró
a los ejidatarios sobre la falta del
documento ambiental.
Estos funcionarios firmaron el
acta de la asamblea ejidal de formalidades
especiales realizada el 19 de marzo
de 2006, en la que se aprobó el segundo
parcelamiento
del ejido Playa del Carmen, al igual
que el notario número 34 de Playa
del Carmen, Juan Abundio Martínez
Martínez,
quien dio fe pública del acto.
Así, con este acto, se observa
de nuevo la manera como las autoridades
agrarias han consentido y, en su caso,
participado en la comisión de actos
irregulares que atentan contra los
recursos naturales del ejido Playa
del Carmen y ponen en riesgo el patrimonio
de los ejidatarios, dado la existencia
de servidores públicos que se han
puesto a la disposición de los intereses
de APA y su propietario, Arturo Millet Reyes.
De hecho, si la PA hubiera actuado
conforme a su obligación legal, debía
haber advertido a los ejidatarios
que no pueden parcelar un área sin
contar con el dictamen de la Conafor, porque la Ley Agraria es terminante al considera
nulo cualquier parcelamiento
en bosques y selvas.
Lo anterior muestra que al interior
de la PA existen servidores públicos
que forman parte de la red de complicidades
tejida por Arturo Millet
Reyes en el sector agrario desde que
Francisco Garibay
Osorio era el delegado de la Secretaría
de la Reforma Agraria en Quintana
Roo y Gilberto Hendricks
Díaz el delegado del Registro Agrario
Nacional (RAN).
Cómplice de la ilegalidad. (Por Esto!, Manuel Chic Chan, p.web)
Playa del Carmen, Solidaridad,
14 de diciembre.- Al ser evidente
a simple vista la existencia de selvas
y bosques tropicales en las 7 mil
hectáreas que la Conafor
autorizó parcelar al Ejido Playa del
Carmen, bajo el argumento de que en
esta superficie no existen, Patricio
Martín Sánchez, coordinador del Cemda en el estado, exigió la intervención de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para realizar
una amplia investigación al respecto,
porque se cuentan con los elementos
suficientes para sancionar administrativa
y penalmente al responsable de la
mencionada autorización.
El coordinador del Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (Cemda)
en el estado, entrevistado por este
diario, reiteró la importancia de
que la SFP emprenda una investigación
en contra del funcionario responsable
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
que otorgó la anuencia al Ejido Playa
del Carmen para parcelar otras 7 mil
hectáreas, cuando todavía se encuentra
en litigio ante el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) el parcelamiento de otras 7 mil 137 hectáreas, porque se cometieron
graves ilegalidades durante el proceso.
Patricio Martín Sánchez subrayó
que es evidente que a simple vista
hay selvas y bosques tropicales en
las 7 mil hectáreas del Ejido Playa
del Carmen en las que la Conafor
dio su anuencia el pasado octubre
para su parcelamiento,
en respuesta a una solicitud realizada
un mes antes por el núcleo agrario,
y que la Ley Agraria lo prohíbe
cuando existe este tipo de vegetación.
"Por esa razón, es necesario
que las autoridades tomen cartas en
el asunto antes de que se legalice
lo ilegal, para preservar el frágil
entorno ecológico de la Riviera
Maya".
El coordinador del Cemda destacó también que el Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial (POET) de la zona es un
instrumento importante para demostrar
que las 7 mil hectáreas que en las
que la Conafor
le dio su anuencia al Ejido Playa
del Carmen para parcelarlas, sí existen
selvas y bosques tropicales, porque
este documento tiene los elementos
técnicos y la caracterización, "de
ahí la importancia que intervengan
las autoridades para no permitir que
se realice algo ilegal que dañe el
entorno ecológico".
Lo que este diario informó el pasado
11 de este mes fue confirmado por
el director regional de la Conafor, Santiago Pinzón Lizarrga.
El Ejido Playa del Carmen se encuentra
en proceso de parcelar otras 7 mil
hectáreas, porque incluso la anuencia
fue otorgada el pasado mes de octubre,
porque según el funcionario federal,
en la superficie que se pretende parcelar
no existen selvas ni bosques tropicales,
cuando los hechos y las evidencias
demuestran todo lo contrario.
El pasado 11 de diciembre este
diario informó que de nueva cuenta
la mafia agraria, cuya columna vertebral
es Arturo Millet
Reyes, propietario del despacho de
servicios jurídicos y técnicos Asesoría
Profesional Agraria (APA); el diputado
priista-ejidatario-aspirante a alcalde de Solidaridad, Román
Quián Alcocer;
y el diputado priista por Monterrey, Felipe Enríquez, intentan repetir su
exitosa fórmula "engaña incautos",
al introducir un nuevo parcelamiento por otras 7 mil hectáreas del ejido Playa del
Carmen al Registro Agrario nacional
(RAN).
México SA. (La Jornada,
Carlos Fernández, p.web).
No hay recursos para salud pero sí para mantener a la banca.
Nada de fondos para la leche popular y $1,600 millones para
el Boletazo.
El recorte presupuestal al sector educativo propuesto por el gobierno entrante
ha concentrado, por su trascendencia,
el análisis y opinión de actores políticos
y sociales, así como medios de comunicación,
pero lamentablemente no es el único.
Otras áreas de interés nacional han
recibido el mismo trato por parte
de quien en campaña aseguró que con
él en Los Pinos los mexicanos "vivirán
mejor".
En este sentido, destaca la propuesta presupuestal de la "continuidad"
para el sector social, aunque aparentemente
las asignaciones a la Sedesol
reportarían un incremento de 0.4 por
ciento en 2007, comparadas con las
de 2006, que se traducirían en mil
53 millones de pesos adicionales.
De entrada, los recursos presupuestales de los principales
programas para atender los urgentes
requerimientos de la población de
menores recursos y oportunidades (los
llamados Programas Sujetos a Reglas
de Operación) en el país fueron vilmente
cercenados, incluso "erradicados",
en la propuesta del gobierno calderonista.
Dicho recorte en los referidos programas alcanza las siguientes proporciones,
todas en términos reales: de Abasto
Rural a cargo de Diconsa, 64.4 por ciento; de Ahorro, Subsidio y Crédito para
la Vivienda "Tu Casa", 48
por ciento; de Apoyo Alimentario,
19.5 por ciento; de Atención a Adultos
Mayores en Zonas Rurales, 3.4 por
ciento; de Coinversión Social, 3.4 por ciento; de Empleo Temporal, 3.4
por ciento; de Opciones Productivas,
3.4 por ciento; 3 x 1 para Migrantes, 3.4 por ciento; Jóvenes por México, 3.4 por ciento;
Hábitat, 3.4 por ciento; Vivienda
Rural con 1.7 por ciento, y de Apoyo
a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, para Implementar
y Ejecutar Programas de Prevención
de la Violencia Contra las Mujeres,
100 por ciento.
Lo anterior es verdaderamente lamentable, y nadie podría sustentar cómo los
millones de mexicanos involucrados
en este tipo de programas sociales
(obvio es que de escasísimos recursos)
podrán "vivir mejor" (Calderón
dixit)
con este tipo de criterios y recortes.
Y en el exceso, el presupuesto calderonista fomenta
la siguiente propuesta, de lesa patria:
no asignar recursos para un par de
programas prioritarios para la salud
y alimentación de casi 6 millones
de mexicanos depauperados: Abasto
Social de Leche y de Adquisición de
Leche Nacional ambas a cargo de Liconsa,
es decir, 100 por ciento menos que
en 2006. No se trata, en este caso,
de recortar recursos, sino de desaparecerlos.
Mil millones de pesos en números cerrados.
El gobierno se niega a cobrar a la banca trasnacional que opera en México
los 18 mil millones de pesos que adeudan
en impuestos "diferidos",
no obstante que a lo largo de 2006
reportan más de 49 mil millones de
pesos en utilidades netas (hasta septiembre
pasado), pero sí aplica la tijera
a los programas sociales de primerísimo
orden, como el de la leche popular,
cuyo precio de venta semanas atrás
aumentó más de 28 por ciento.
En sentido contrario, y para que "vivamos mejor", los siguientes programas
se propone un aumento en la asignación
de recursos presupuestales: de Desarrollo Humano Oportunidades, 3.1 por
ciento; para el Desarrollo Local (Microrregiones),
15.4 por ciento; del Fondo Nacional
de Fomento de Artesanías (Fonart), 24.7 por ciento, y de Atención a Jornaleros Agrícolas,
10.4 por ciento.
De igual manera se incrementarían los recursos públicos para evaluar el impacto
del Programa Nacional de Desarrollo
Social (levantar encuestas a hogares
beneficiarios y evaluar el impacto
del programa), 53.9 por ciento; representación
legal, asesoría jurídica, proyectos
de disposiciones normativas e instrumentos
legales, 40.3 por ciento; Evaluación
Autónoma (Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social),
93.2 por ciento, y Programa Nacional
de Combate a la Corrupción y Fomento
a la Transparencia y Desarrollo Administrativo,
42.8 por ciento.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, el proyecto presupuestal
2007 para la Secretaría de Desarrollo
Social involucra 27 mil 626.1 millones
de pesos, lo que representa un incremento
de 0.4 por ciento, en términos reales,
con respecto al presupuesto aprobado
en 2006. Con este monto, la Sedesol
participaría con 1.7 por ciento del
gasto programable y con 0.3 por ciento
del PIB.
Sin embargo, los recursos propuestos para los principales programas de alto
impacto social a cargo de la Sedesol
se reducen o "desaparecen"
totalmente, como en el caso de la
leche popular. Y esos programas (sujetos
a reglas de operación) representan
88 por ciento del presupuesto total
de la dependencia.
Así, indudablemente, "viviremos mejor", mientras el titular de Liconsa, Jesús Galván Muñoz, celebró ante senadores de la
República el aumento al precio de
la leche popular (aplicado en la transición
del "cambio" a la "continuidad"),
porque "con él se consiguió el
equilibrio financiero" de la
institución, amén que los beneficiarios
del programa "han manifestado
una enorme solidaridad y comprenden
las razones por las cuales subió el
precio".
Las rebanadas del pastel
Justicia ante todo: cero recursos públicos a la leche popular y aumento superior
a 28 por ciento en el precio, pero
más de mil 600 millones del presupuesto
para Boletazo,
un programa gubernamental para que
los banqueros coloquen más tarjetas
de crédito y "regalen" camionetas,
sin considerar los 18 mil millones
de pesos que adeudan en impuestos
"diferidos". Total, sobra
el dinero.
Sector agropecuario
Campesinos iniciarán campaña de rescate genético
del maíz y el frijol. (La Jornada,
Matilde Pérez U., p.web)
Pertenecen a 19 estados y están en contra de la siembra de
semillas transgénicas.
Buscará la ANEC que la producción de la leguminosa se eleve
a rango de ley.
Campesinos de 19 estados organizados en la Asociación Nacional
de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo (ANEC) acordaron iniciar
una campaña de rescate genético de
maíz y frijol,
luego de pronunciarse en contra de
la siembra de transgénicos.
Para impedir que la producción de granos siga en declive y
ante la posibilidad de que se realicen
siembras de maíz transgénico
para la producción de etanol, los
campesinos se comprometieron a elaborar
un plan estratégico para los granos
y luchar por el rescate de la superficie
que antes se sembraba de maíz y ahora
está abandonada o bien destinada a
otros productos del campo. "Lucharemos
por la soberanía alimentaria
y por nuestro derecho a seguir siendo
campesinos", subrayaron.
Al concluir su novena asamblea general, los campesinos también
anunciaron la conformación de una
red de empresas vinculadas exclusivamente
con los productores de frijol
para buscar alternativas de comercialización
e industrialización, además de iniciar
en el Congreso de la Unión y en el
gobierno negociaciones para que la
producción de este alimento se eleve
a rango de ley, lograr que las garantías
líquidas (apoyo económico) sea de
40 y no de 30 por ciento, como lo
es actualmente. "Hay que iniciar
una campaña para que el consumo de
frijol aumente", asentaron.
Equidad de género.
El tema del financiamiento, la producción agrícola sustentable
y el presupuesto para el campo en
2007 fueron otros de los temas que
abordaron. Por primera vez, fue el
de equilibrio entre géneros y concluyeron
que "la equidad no es sólo cosa
de mujeres, es para ambos sexos".
Agregaron que para tener un conocimiento
de "qué pasa con las mujeres
de la ANEC" iniciarán un diagnóstico
por estado e identificarán los obstáculos
que impiden participar en las organizaciones
y en la toma de decisiones a las mujeres.
Por lo pronto, acordaron que "como una acción positiva"
para fomentar la participación de
las mujeres aceptarán que en la dirección
de ANEC haya una representación de
mujeres y que ellas definan las acciones
a desarrollar en cada una de las empresas
de la organización.
Los participantes se comprometieron a difundir entre los socios
de la ANEC "la justicia y equidad
para mujeres y hombres en la familia,
la organización, la representatividad
y las actividades sociales, políticas,
económicas y culturales". Y al
reconocer que la violencia contra
las mujeres frena las posibilidades
de desarrollo sostenible, los campesinos
se comprometieron a promover la creación
de defensorías comunitarias que estarán
integradas por hombres y mujeres "capacitados
para apoyar a quienes sean víctimas
de la violencia y dar seguimiento
a las denuncias interpuestas".
Propusieron que al eslogan de la ANEC "por una modernización
del campo", se agregue: "con
campesinos y campesinas".
La reunión también derivó en una autocrítica: hay una debilidad
administrativa por la falta de rendición
de cuentas y transparencia, y por
ello afirmaron que durante los próximos
seis meses revisarán el modelo de
organización, capacitación y comunicación,
pero ello no implicará debilitar su
autonomía, acción democrática interna,
sostener su solidaridad y unidad.
Productores dudan del compromiso de Cárdenas Jiménez
de revisar el TLC. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
Tendrá que demostrar su interés por el campo, dicen.
Organizaciones de productores del sector social se mostraron
escépticas a la propuesta de diálogo
y compromiso de revisar el capítulo
agropecuario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)
como lo dijo, en entrevista, el secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Alberto
Cárdenas Jiménez.
"Le daremos el beneficio de la duda, pero la Comisión
Mexicana para el Desarrollo Rural
Sustentable no es el único ni el último
mecanismo en donde se pueda dialogar
con todos; es sabido que en ese órgano
confluyen mayoritariamente representantes
de organismos privados que no representan
a la mayoría de los productores",
puntualizó Jorge Salinas Dávila, de
El Barzón.
El anterior gobierno federal emanado del PAN ya demostró que
invita al diálogo pero sus acciones
son contrarias y decae en monólogo;
si realmente está dispuesto a escuchar
a todos que lo demuestre, insistió.
Respecto a la revisión del TLCAN particularmente
en lo que corresponde a los cuatro
productos a los que en 2008 se les
eliminarán los aranceles tendrá que
demostrar que realmente quiere defender
al campo.
Salinas Dávila comentó que Cárdenas Jiménez, como gobernador
de Jalisco y titular de Semarnat,
también prometió diálogo, pero "se
caracterizó por hablar y no cumplir,
por no ejecutar los compromisos asumidos.
Creo que en Sagarpa
seguirá beneficiando a los grandes
empresarios y monopolios, pero le
daré el beneficio de la duda",
acotó.
Al respecto, el coordinador ejecutivo de la Unión Nacional
de Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas (UNORCA), Olegario Carrillo
Meza, apuntó que hasta el momento
"no hay ninguna señal clara del
Ejecutivo que muestre su interés en
sostener un diálogo con todos los
productores que hemos sido golpeados
por el TLCAN. Esperamos que Cárdenas
Jiménez vaya de las palabras a los
hechos y no sólo se quede en un discurso
florido para dar nota a los medios
de información".
La demanda de revisión del capítulo agropecuario del TLCAN
no es un asunto novedoso, hace más
de seis años que las organizaciones
campesinas han exigido esa revisión
e inclusive el ex presidente Vicente
Fox se comprometió a realizar el estudio
de los efectos del tratado, como quedó
plasmado en el Acuerdo Nacional para
el Campo, y no cumplió. "Si el
secretario de Agricultura realmente
tiene interés y disposición a ese
diálogo y a escuchar y atender las
propuestas de los productores, que
lo demuestre, y que no lo utilice
únicamente como una válvula de escape.
Ya no creemos en esas señalitas que
se disipan con el tiempo. Pero si
siguen mintiendo tarde que temprano
habrá broncas", advirtió.
También integrantes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo dudaron de
lo dicho por el titular de Sagarpa.
"No parece mala su disposición
a revisar el TLCAN, pero antes de
iniciar una defensa tibia como lo
hizo Vicente Fox en el último momento
de su mandato debe escuchar y aceptar
las propuestas de todas las organizaciones".
Dijo esperar que el ex gobernador de Jalisco actúe como secretario
de Estado y no como un funcionario
que responde a las presiones y peticiones
de los grandes agro empresarios. A
ese diálogo también debería invitar
a los investigadores y académicos
vinculados con el sector rural que
han demostrado el desastre que ha
dejado el TLCAN.
Organizaciones campesinas
La UNT llama a ''hacer efectivo'' acuerdo entre
sindicatos y el FAP. (La Jornada, Carolina Gómez, p.web)
Queremos construir un gran bloque de izquierda: Ortega.
Acerca de las expectativas que tienen los sindicatos que suscribieron
el miércoles la Alianza Política y
Estratégica con el Frente Amplio Progresista
(FAP), el Comité Nacional de Organismos
Rurales y Pesqueros y la Coalición
Ciudadana Nacional, Francisco Hernández
Juárez, integrante de la presidencia
colegiada de la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) confió en que esta
acción rendirá los frutos esperados
e instó a hacer "efectivo"
el acuerdo.
Insistió en que formar la alianza no es sinónimo de haberse
sumado al FAP, sino una estrategia
para "trabajar sobre temas muy
concretos" y agregó que la alianza
le dará mayor protagonismo a la sociedad
en la construcción democrática del
país.
Agregó que a la UNT le interesa que se impulse la reforma del
estado, es decir "promover las
iniciativas y las leyes que permitan
impulsar la transformación" de
México.
"Aquí trabajaremos juntos para generar los consensos para
lograr la reforma laboral y a instituciones
como la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, y también las reformas fiscal
y electoral."
Detalló que los gremios de la UNT trabajarán en la elaboración
de iniciativas, las cuales serán presentadas
a diputados y senadores del PRD, PT
y Convergencia para que éstos las
presenten, y en su caso puedan ser
aprobadas. Pero antes de ello, subrayó,
todas estas propuestas serán analizadas
por una comisión que pronto se integrará,
la cual "irá definiendo los puntos
de consenso para empezar a trabajar
en ellos".
Fernando Amezcua, secretario del
exterior del Sindicato Mexicano de
Electricistas, señaló que la ausencia
de representantes de este gremio durante
la firma de la alianza no se debe
a que su gremio no se haya sumado
a dicho esfuerzo, sino a que "los
electricistas, no como organización,
sino a modo individual, pertenecemos
al FAP desde su creación, por eso
no requerimos de formalizar nuevas
alianzas; no es que nos hayamos marginado,
sino que ya somos parte del FAP",
remarcó.
Aglutinamiento histórico
Por su parte, en su papel de coordinador del FAP, Jesús Ortega
señaló ayer que su objetivo es el
de construir un gran bloque de izquierda
que proteja el patrimonio nacional
y promueva reformas económicas y del
Estado que mejoren las condiciones
de vida de la población y transformen
el sistema político mexicano
En esta línea, se comprometió a darle al frente un gran realce
y manifestó su certeza en torno a
que dicho aglutinamiento "tendrá
una gran aceptación y un gran éxito''
como el que se registró el miércoles,
cuando organizaciones sindicales y
campesinas se adhirieron al FAP.
Sobre el acuerdo, Ortega destacó su carácter histórico, pues
por primera ocasión fuerzas sindicales
y cívicas, con gran influencia en
la vida del país, firman un convenio
para establecer una estrategia de
izquierda, y aludió a organizaciones
gremiales y campesinas, como la de
los telefonistas y de la UNAM.
Prensa Estatal
ESTADO DE MÉXICO
Habitantes de Texcoco logran escriturar área recreativa. (La Jornada, Javier Salinas,
p.web).
Texcoco, Méx.-Tras seis años de movilizaciones, habitantes del poblado
Cuautlalpan
lograron la adjudicación de un predio
de 15 mil metros cuadrados, que desde
hace 30 años ocupan como área recreativa
y en el cual construyeron el deportivo
Silverio Pérez, pero que la ciudadana
Manuela
Perales de Hernández reclamó como
suyo. Los colonos, con apoyo de autoridades
municipales, obtuvieron la escritura
del terreno, luego de ganar en tribunales
colegiados un juicio que interpusieron
los antiguos dueños. El alcalde Constanzo
de la Vega Membrillo explicó que Perales
de Hernández dijo ser dueña del inmueble,
"a sabiendas que hace 30 años
lo vendieron a las autoridades auxiliares".
GUERRERO
Apoyan en el 5º Congreso de la CNC que se construya
La Parota. (Diario de Guerrero, p.web).
El gobernador del estado, Carlos Zeferino
Torreblanca Galindo, dio a conocer
que de acuerdo a una encuesta realizada
por la empresa Parametría,
el 82 por ciento de la población de
Acapulco está de acuerdo con la construcción
del proyecto hidroeléctrico “La Parota”,
asimismo llamó a los beneficiarios
de la obra de pavimentación que va
de el Kilómetro 30 hasta Altos del
Camarón, para que no confundan los
recursos estatales con los del proyecto
hidroeléctrico y permitan que se ejerzan
los cinco millones de pesos que hay
aprobados para ese proyecto.
Lo anterior durante el discurso que pronunció el mandatario
durante el Quinto Congreso Agrario,
al que convocó la fracción de la Confederación
Nacional Campesina que encabeza Evencio
Romero Sotelo,
y en el que como único punto resolutivo
se decidió apoyar de lleno la construcción
del proyecto hidroeléctrico.
El gobernador señaló que por la actitud tomada por los mismos
opositores al proyecto hidroeléctrico,
el año pasado se dejaron perder 21
millones de pesos en los pueblos más
pobres del municipio de Acapulco,
como, por ejemplo, los que había para
introducir sistemas de agua potable
en Cruz de Cacahuatepec.
“Eso es por confundir los recursos del estado con los que vienen
de la parota, y estos recursos son
los que ha gestionado mi gobierno
para responder a problemáticas planteadas
desde hace muchos años”.
El mandatario también se refirió a la comisión de Defensa de
los Derechos Humanos Tlachinollan,
quienes llevan la defensa legal de
los opositores a proyecto La Parota,
a quienes pidió no fomentar la división
de los pueblos.
Aseguró que el en carne propia sabe lo que es verse inmiscuido
en una confrontación de este tipo
y reseño que cuando asesinaron a su
abuelo, Zeferino
Torreblanca Ávila, en San Jerónimo
de Juárez, su familia tuvo que salir
de Guerrero, “no quiero hoy que otra
vez en los pueblos se sigan generando
odios u otras circunstancias que se
transmiten de generación en generación,
lo que nos conviene hoy es buscar
alternativas de convivencia pacifica”.
Torreblanca Galindo aseguró que su gobierno no desdeñará El
mandatario dijo que su gobierno no
va a desdeñar a quienes no están de
acuerdo con el proyecto, “de ninguna
manera mi gobierno va a aplastar o
avasallar a quienes no coinciden con
nosotros”, y para eso anunció que
buscará los canales legales para convencer
a los opositores.
Añadió que la capacitación a campesinos que se está dando a
través de la Secretaría del Trabajo,
tiene la finalidad de que, independientemente
de que se construya o no La Parota,
se mejore las condiciones de vida
de los habitantes de esa región.
Finalmente dijo que el gobierno estatal será vigilante de que
se respeten los derechos de los campesinos
estén o no a favor del proyecto e
insistirá en que la CFE tiene que
venir a Guerrero a ganarse la confianza,
porque antes venía como enviada del
imperialismo de la federación, que
no tomaba en cuenta a los habitantes
“y no vamos a permitir sobre ninguna
circunstancia que se avasalle y se
trastoque el derecho de los campesinos”.
Antes de eso, el líder de la CNC Romero Sotelo,
aseguró que de los más de 20 poblados
que serán afectados por la presa únicamente
dos se encuentran en un proceso legal
y todo parece indicar que perderán
el juicio, con lo que se podrá iniciar
formalmente la construcción del proyecto
hidroeléctrico.
MICHOACÁN
Podrían definir en breve reclamo sobre terreno
presuntamente invadido por dueños
de Sicartsa. (La Jornada
de Michoacán, Carlos Torres, p.web).
■ Despojo de inmueble y daños
en propiedad, entre las acusaciones.
Lázaro Cárdenas.- Este fin de semana
se espera que peritos del gobierno
del estado dictaminen situación sobre
un terreno ejidal de nueve hectáreas
que la propietaria, Silvia Sánchez
González, denunció está invadido por
los explotadores de la mina Las Truchas,
por rocas, arena y grava producidas
por el descapote de la mina de hierro
explotada por los dueños de Sicartsa.
El reclamo desde hace 18 años en
contra de la supuesta ocupación ilícita
que los dueños de Sicartsa y Sermmosa realizan de la parcela propiedad de la ejidataria
ubicada en el ejido de San Juan Bosco,
llevó a que familiares de la afectada
se instalaran en huelga de hambre
en la plaza Lázaro Cárdenas de este
Puerto, y luego de nueve días de protesta,
se llegó al acuerdo entre el gobierno
del estado y la empresa del Grupo
Villacero,
a un tercer dictamen que levantarán
peritos del gobierno, sobre la supuesta
invasión a la propiedad privada.
La parte invasora está acusada
de despojo de inmueble, daño en propiedad,
falsificación de documentos y uso
de documentos falsos dentro de la
averiguación previa número 336/2000-II,
en el fuero común en esta ciudad,
sin que la que la empresa haga cumplir
con dicho fallo, ni la autoridad correspondiente haya procedido.
La posición actual de la parte
afectada es el acuerdo de un contrato
anual de renta del predio como la
empresa lo ha estado haciendo con
el ejido Playa Azul, dueño del territorio
que actualmente explotan para extracción
de hierro, principal materia prima
que abastece a Sicartsa.
YUCATÁN
Violaron derechos humanos de campesinos. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, p.web).
La detención y encarcelamiento
de los campesinos de Oxcum
y Caucel sí constituyeron actos violatorios
a sus derechos humanos y en un plazo
de tres semanas se emitirán las recomendaciones
correspondientes a las autoridades
que incurrieron en esas irregularidades,
manifestó ayer el presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Yucatán (Codhey),
Jorge Victoria Maldonado.
Indicó que se está en la fase final
de elaboración del expediente que
contendrá las recomendaciones dirigidas
al Ejecutivo del Estado y a la Secretaría
de Protección y Vialidad, así como
también a la Procuraduría General
de Justicia, en su caso.
Victoria Maldonado aseguró que
en la valoración preliminar de los
hechos y en el acopio de testimoniales,
se llegó a la conclusión de que los
ejidatarios de las dos comisarías
sí fueron objeto de agresiones y actos
arbitrarios que afectaron sus garantías
individuales.
Indicó que ambos casos (la detención
en Caucel de 37 campesinos, entre
ellos una mujer, y la de Oxcum en la que fueron encarcelados cuatro labriegos, además
de que los policías golpearon a sus
esposas) se integraron en un solo
expediente debido a que en esencia
los hechos fueron similares.
Añadió que espera que las autoridades
que cometieron las anomalías acepten
las recomendaciones y las cumplan,
pues de lo contrario se estaría creando
un ambiente de impunidad que no debe
prevalecer en un estado de derecho.
El Ombudsman yucateco recordó que,
efectivamente, de varias de las recomendaciones
que emitió la anterior administración
de la Codhey
al gobierno estatal, varias no se
habían cumplido o habían sido aceptadas.
Aseguró que ahora los dictámenes
se están perfeccionando a fin de que
la autoridad responsable no argumente
algún pretexto para no cumplir con
las recomendaciones.
Recordó que de tres recomendaciones
que se han hecho al gobierno estatal
desde que él asumió el cargo, sólo
una ya fue aceptada y se está en espera
de probar el cumplimiento.
Como ampliamente ha publicado POR
ESTO!, Patricio Patrón Laviada
ha ordenado golpear y encarcelar a
los campesinos de Oxcum
y Hunucmá en venganza porque se han atrevido a defender sus
tierras, que les pretenden arrebatar
por medio de asambleas amañadas.