CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
12 DE ABRIL DE 2006
OCHO COLUMNAS
Da Fox “fast
track” a la ley Televisa
Publica Ley de
Radio y Televisión en Diario Oficial. En apenas
12 días, el Presidente publica ley que deja
beneficios millonarios a televisoras.
Piden a la Corte parar integración de Cofetel
Senadores buscan evitar “daño irreparable”.
Publica el gobierno la ley de medios. Fox
admite que tiene “faltantes”. La PGR analiza
tramitar juicio.
En la SCJN, futuro de Ley de Radio y TV
Hoy entran en vigor los cambios; senadores
ya tienen recurso.
Concentran extranjeros bonos por 11.7 mil mdd
Subió 22.7% la compra de valores gubernamentales
en enero-marzo. Se incrementa el riesgo de que
se modifiquen las carteras: Prognosis. Condiciones
menos favorables para el capital, reporta el
FMI.
Poniatowska: Manuel Espino, lacayo del poder
Vergonzosas “estrategias” del PAN:
intelectuales. Quien no tiene calidad moral
es el dirigente panista,
responde la escritora. Seguiré al lado de López
Obrador; “lo que queremos es servir a México”.
AMLO rechaza el acuerdo mordaza
El IFE “no puede
ser rehén de estrategias políticas”, responden
consejeros. Seguirán spots de Madrazo; desecha el instituto
queja del PRD.
Atrapa México avión lleno de coca procedente de Caracas
El DC-9, sin asientos, traía 5.5 toneladas
de la droga, valuada en 100 millones de dólares.
El IFE se suma a
la guerra
sucia: PRD
La Junta General
Ejecutiva del Instituto declaró válidos y legales
los spots de Madrazo en los que reta a debatir
a López Obrador y recuerda los videoescándalos;
el PAN objeta que el órgano sea censor.
Faltantes en la Ley de Radio y Tv:
Fox
Promulga reformas,
pero aclara que aún falta perfeccionar el documento.
Se desatan represalias en EU contra los mexicanos
Despiden a 21
trabajadoras de una empacadora en Detroit por
participar en marchas e intentan incendiar un
restaurante en San Antonio.
Sector agrario
Comienza la Procuraduría Agraria trabajos de deslinde
en los Chimalapas. (La Jornada, Octavio Vélez, p.web)
Temen zoques que el gobierno federal intente
modificar el plano definitivo.
"Podría ser un paso para tratar de imponer
el Programa de Certificación de Derechos".
Oaxaca, Oax. Ante los conflictos
que enfrenta con poblados de Veracruz y Chiapas,
la Procuraduría Agraria (PA) comenzó
hoy trabajos de deslinde de las más de 400 mil
hectáreas en el municipio zoque de Santa María
Chimalapa, región
del istmo de Tehuantepec, donde se asienta una
de las selvas más importantes de América, para
determinar sus límites territoriales.
En esas tareas participan además autoridades agrarias de la
municipalidad, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática y personal de la Comisión
de Límites del estado de Oaxaca, así como representantes
de los gobiernos de las entidades vecinas, informó
el presidente del comisariado
de bienes comunales, Alberto Luis Hernández.
Sin embargo, Miguel Angel García
Aguirre, coordinador general de Maderas del
Pueblo del Sureste, advirtió que el deslinde
es "riesgoso", porque el gobierno
federal podría intentar modificar el plano definitivo,
que fue levantado en 1991.
Además, "podría ser un paso" para tratar de imponer
el Programa de Certificación de Derechos
Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos.
La autoridad agraria manifestó que el trabajo de la PA en la
superficie de Santa María Chimalapa
se efectúa a partir de la carpeta básica, plano
definitivo, acta de posesión y resolución presidencial
expedida en 1967 por Gustavo Díaz Ordaz para
titular en su favor 460 mil hectáreas.
Precisó que el deslinde se realiza a petición de la asamblea
comunal de Santa María Chimalapa
para evitar nuevas invasiones a su territorio
de supuestos ejidatarios, nacionaleros
y pequeños propietarios de Cintalapa,
Chiapas, así como de ganaderos del valle del
Uxpanapa, Veracruz.
Mencionó que los trabajos permitirán localizar primeramente
las mojoneras establecidas y después hacer el
brecheo, para así
precisar debidamente los límites de Santa María
Chimalapa.
Hernández expresó que tres brigadas penetrarán a territorio
de Santa María Chimalapa
para hacer los trabajos por la zona oriente
del municipio, colindante con Chiapas, y una
más por el valle del Uxpanapa,
Veracruz.
Lo "único bueno" es que se podría ratificar extensión
del territorio
García Aguirre sostuvo que lo "único bueno" del deslinde
para los indígenas zoques, "si se ponen
listos y firmes", es la ratificación de
su territorio, para así poder expulsar a los
falsos nacionaleros dedicados a la ganadería y a la explotación forestal
irracional.
Santa María Chimalapa, junto con
San Miguel Chimalapa,
forman una microrregión
de gran riqueza en selvas, bosques y ríos. Es
una de las más conservadas, considerada pulmón
de México y de importancia mundial.
Históricamente la propiedad de las tierras ha sido de la etnia
zoque, como demuestran sus respectivos títulos.
Entre éstos, la escritura del 24 de marzo de
1687 expedida por el escribano real don Joan
de Marchena... "Venta de este terreno del c. cabildo de
su majestad, representado por don Joan Jiménez
de Siles, escribano
de su majestad y teniente del mayor del cabildo
de esta ciudad de México a favor de don Domingo
Pintado en mancomunidad con todos los vecinos
y sus sucesores descendientes del pueblo de
Santa María Chimalapa".
Y los "títulos primordiales que datan del
24 de marzo de 1687, otorgados en favor de don
Domingo Pintado, en mancomunidad con todos los
vecinos y sus descendientes sucesores del pueblo
de Santa María Chimalapa,
provincia de Antequera, sobre una extensión
de terrenos y bosques vírgenes". La resolución
presidencial, acta de ejecución y plano definitivo
tienen su origen precisamente en esos títulos
primordiales.
Los Chimalapas se encuentran cubiertos
por un denso mosaico de bosques y selvas. Se
conoce de estudios que señalan que la superficie
total de esta región es de 594 mil hectáreas,
de las cuales alrededor de 350 mil corresponden
a selvas altas, 60 mil a bosques de pino y encino
y 55 mil a bosques húmedos mesófilos
de montaña.
Último llamado a ejidatarios a inscribirse en el
Procede. (Expresso
de Chiapas, Ángeles Mariscal, p.web)
Autoridades agrarias hicieron un
“último llamado” a ejidatarios de Chiapas y
del resto del país, para que se inscriban en
el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede). Sin embargo, en Chiapas
al menos el 40 por ciento de los campesinos
se negó al cambió de régimen de su propiedad,
porque considera que esto provocará la pérdida
de su patrimonio, y la introducción de prácticas
“individualistas” que trastocan la convivencia
comunitaria.
El Procede inició en 1992, durante
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; el
programa pretende cambiar de régimen jurídico
la propiedad de la tierra, para pasar a ser
de ejidal o comunal, a pequeñas propiedades
individuales.
Con ello cada campesino podrá vender
o hacer uso de la tierra según su visión e intereses
particulares. Anteriormente, estos bienes eran
propiedad comunitaria, y por ende las decisiones
sobre el destino y uso de la tierra era
acordada en asamblea.
En mayo próximo, después de 14
años, el Procede llegará a su fin, por ello
el procurador Agrario en México, Isaías Rivera
Rodríguez, hizo hoy un exhortó a los propietarios
de los núcleos rurales del estado de México,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, para acogerse a
él o quedar fuera de ella.
En Chiapas, dijo que de 2 mil 928
núcleos rurales ejidales, se logró certificar
y titular mil 559, lo que representa el 52 por
ciento del total. Actualmente están en proceso
de certificación 657 núcleos más. El resto no
han accedido al programa.
El funcionario precisó que de los
712 que no están dentro del programa, al menos
510 definitivamente lo han rechazado de manera
inobjetable, “por
interpretarlo de forma errónea”.
Rivera Rodríguez dijo que “de ninguna
manera el programa pretende la privatización
de la tierra, por el contrario a raíz de este
programa se pretende otorgar certeza y seguridad
jurídica”.
El cierre definitivo ya se hizo
en todos lo estados del país, salvo el Estado
de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y los
tres primeros ya se hizo el precierre. El precierre
se hace un mes antes del cierre definitivo,
dijo Rivera Rodríguez quien llamó a esto la
última llamada.
El 12 de marzo pasado cientos de
ejidatarios de estos tres estados se reunieron
el municipio chiapaneco de Tila, ahí analizaron
las repercusiones de adscribirse al mismo.
“Estos programas, además de poner en riesgo el
patrimonio y medio de subsistencia de las familias
campesinas indígenas y no indígenas, también
constituye un acto del Estado que afecta culturalmente
a las comunidades indígenas en particular”,
sostuvieron en sus resolutivos.
Explican que “introduce prácticas
individualistas contrarias a las ancestrales
basadas en la tenencia colectiva de la tierra
y trabajo y convivencia comunitaria; provocando
desintegración familiar, comunitaria e intercomunitaria;
alterando de igual modo sus instituciones y
sistemas normativos tradicionales”.
Afirmaron que este programa relacionado
con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC)
y la reforma al artículo 27 constitucional,
“es producto de las negociaciones que el Banco
Mundial, la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Grupo de los ocho países más ricos del
mundo (G-8) llevaron a cabo con los gobiernos
anteriores de nuestro país, como una de las
medidas del ajuste estructural que actualmente
se lleva cabo en diversos países del mundo”,
señalaron los campesinos.
Se resisten campesinos a regularizar sus tierras:
PA. (El Heraldo de Chiapas,
Rosario Coutiño, p.web).
ONG´S y organizaciones sociales influyen
en el rechazo de las comunidades al Procede:
I. Rivera
No descartan que La Otra Campaña del EZLN sea determinante
ante la resistencia
Chiapas es uno de los estados donde los campesinos y ejidatarios
se resisten a la regularización de la tierra
a través del Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede),
a consecuencia de la campaña de desinformación
que realizan organizaciones sociales y organismos
no gubernamentales sobre la privatización de
la tierra, así lo dio a conocer Isaías Rivera
Rodríguez, titular de la Procuraduría Agraria
(PA).
En entrevista a este medio informativo, el funcionario federal
explicó, a la fecha lo que se tienen ya regularizado
y certificado son mil 559 núcleos, se están
trabajando 657 más y sólo 712 no han accedido
al programa por rechazo, es decir, hay quienes
siguen pensando en que hay una intención detrás
de este programa, nosotros hemos intensificado
nuestro trabajo haciendo las aclaraciones pertinentes,
de ninguna manera el Procede intenta privatizar
la tierra.
En tanto, habló sobre la resistencia de este programa en Chiapas
en comparación con otros estados, en Chiapas
hay un buen espacio donde se manifiesta una
oposición, no deja de haber en otras partes
del país un rechazo a los beneficios del programa
pero tampoco se puede decir que solo Chiapas
se resiste.
Sobre la información que imparte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la caravana de
La Otra Campaña, en contra de la privatización
de la tierra, el procurador agrario declaró,
no solamente es este grupo, tiene que ver con
quienes en su momento interpreten el Procede
como un programa que va en contra del sistema
de la tierra de propiedad social en el país,
sea quién sea, quienes manifiesten alguna información
en este sentido, definitivamente están manejando
datos que no son exactos.
Por último, Rivera Rodríguez reveló, hay ONG´S
y diversos tipos de organizaciones sociales
que se han pronunciado en contra del programa,
que influyen en algunos núcleos agrarios para
que no terminen de decidirse si accesan
al programa.
Da la cara Cosme Mares: "no soy prestanombres
de Vicente Fox". (La Jornada de Michoacán, Ernesto Martínez, p.web).
Los 12 inconformes con la venta
de El Tamarindillo, ya tienen sus dos hectáreas,
dice.
Legítimamente, ya es dueño de 262
hectáreas de playa y predios ejidales.
Coahuayana.- Cosme
Mares Hernández, dueño de 88 por ciento de la
playa y predios de El Tamarindillo, afirmó que
haberlo acusado de prestanombres de Vicente
Fox Quesada fue una acción perversa para dañar al presidente
y a su partido.
Entrevistado por La Jornada
Michoacán el pasado 2 de abril en el ejido
El Ticuiz, momentos
después de que fue suspendida la asamblea de
ejidatarios por falta de quórum, afirmó
que no hay ninguna verdad de lo que se ha dicho;
"soy constructor, sobre todo de vías de
comunicación, desde hace 30 años, y cuando vine
a ver lo referente a la carretera que va de
Coahuayana a Tecomán, Colima, visité estas playas y fue cuando nació la
idea de comprar un sitio ideal para el retiro".
Dijo que hace cuatro años comenzó
las primeras negociaciones con los ejidatarios
de El Ticuiz, y al revisar las 262 hectáreas del predio y la privacidad
de la playa pensó que podría construir un sitio
de descanso para amigos y socios. "Tampoco
es cierto que tengo un proyecto para edificar
un complejo turístico, incluso ahora, como área
natural protegida, tendría que ser un proyecto
ecoturístico, el cual
tampoco existe ni existirá mientras no se acaben
las grillas".
Cabe señalar que en un trabajo
periodístico publicado en la revista Proceso
se acusó a Cosme Mares de ser prestanombres
del Presidente de la República, además de haber
utilizado el poder para amedrentar a los ejidatarios,
incluso con amenazas de muerte, que no quisieran
vender la parte correspondiente.
"Han sido muchas mentiras,
aquí estoy con los ejidatarios, y los 12 que
no quisieron vender escogieron, cada uno, las
dos hectáreas que les correspondieran en el
sitio que más les agradó. Y si deciden anular
la compra-venta, por mí no hay ningún problema,
pero casi todos están de acuerdo. Tengo amigos
y lo demás ha quedado en palabrerías".
Esta zona, ahora protegida como
área natural, ha sido muy lastimada, después
de tener características de selva baja y alta
se ha ido cambiando por pastizales. Todos saben
que falta inversión, porque no es posible que
una vez terminado Colima, después del puente,
aquí, a pesar de la riqueza natural, se convierta
en una región olvidada. "Hemos reforestado
60 hectáreas en El Tamarindillo y generado
algunos empleos, pero hay a quienes les interesa
que aquí la situación permanezca como siempre
y lo han capitalizado políticamente a su favor",
subrayó el empresario.
Mares aclaró que no le gusta dar
entrevistas, ni que le tomen fotos, porque no
desea ser una figura pública por los riesgos
que implica. "Ni siquiera uso reloj ni
ropa ostentosa. Pero también creo que ha habido
demasiada injuria".
Subrayó que no pensará en realizar
ningún proyecto mientras no haya certidumbre
jurídica, porque no tiene sentido que se le
haya atacado cuando todo está dentro de la ley
y no hay nada qué cuestionar, y prueba de ello
es que de 129 ejidatarios 117 est uvieron de acuerdo, y a los
12 que no lo estuvieron se les respetaron sus
derechos.
Afirmó que conoce a los Fox desde hace 15 años, pero no existe una amistad estrecha,
y mucho menos es un prestanombres, pues él vive
de su negocio de la construcción y no tiene
por qué prestarse a juego alguno.
¿Entonces
nunca veremos a los Fox
en El Tamarindillo?
Por supuesto que no, no existe
posibilidad alguna. En el futuro emprenderemos
algún proyecto y nos sumaremos a la labor ecoturística
que está por emprender el ejido de El Ticuiz.
Pero por ahora, el acceso a la playa ni siquiera
puerta tiene. Y que quede claro: no hay un solo
ejidatario que se sie nta engañado o que diga que
se equivocó.
El finiquito.
El presidente del comisariado ejidal de El Ticuiz,
Andrés Cárdenas Guerrero, comentó que la asamblea
del 2 de abril, que fue suspendida por falta
de quórum, tenía el propósito de finiquitar
el asunto de la compra-venta de El Tamarindillo.
Cárdenas Guerrero dijo que hay
varias personas, ajenas al ejido, que han hecho
escándalo de una situación que desconocen y
que no les incumbe, como el caso del ex alcalde
Dámaso Mendoza, quien se posesionó de un predio
en El Tamarindillo y ahora se siente
con derechos, apuntó el representante de la
autoridad del ejido, y señaló que además se
le detuvo después de cortar más de 30 árboles
de parota, por lo que existe una denuncia en
su contra.
"Jurídicamente todo está concluido.
Tenemos el documento del Registro Agrario Nacional
y del Tribunal Unitario de Colima, donde se
aprobó el acuerdo de la asamblea ejidal del
7 de diciembre de 2003, donde se le ceden los
derechos de 88 por ciento del predio El Tamarindillo
a Cosme Mares".
Además, Andrés Cárdenas dijo que
los que no están de acuerdo no tienen por qué
inconformarse, pues les fueron respetados sus
derechos, y agregó que a los ejidatarios Florentino
Campos Cruz, Salomón Martínez Mendoza, Porfirio
Mendoza, Eulalia, Juan y Felipe García Valdovinos, así como Simón Valdovinos,
se les respetaron sus derechos sin que hayan
denunciado.
Los que no estuvieron de acuerdo
con la venta y denunciaron son Antonio Lúa
Ruiz, María Trinidad Martínez Dueñas, Adán Martínez
Dueñas, Heriberto Espinoza Mora y José Dolores Rincón. A los 12 les otorgaron
24 hectáreas y 240 a Cosme Mares. "Otro
de los que metieron ruido en este asunto es
Mauricio Márquez, quien no es posesionario
ni ejidatario, su pretensión es quitarle un
solar a su suegra".
La historia.
Andrés Cárdenas Guerrero afirmó
que denunciaron al ejidatario Ángel Gamel
León por difamación, porque lo acusó de ladrón.
Pero no existen ni amenazas ni interés alguno,
tal como lo ha señalado la diputada Ana Lilia
Guillén. Asimismo, convocó para el 30 de abril
la próxima asamblea ejidal.
El presidente del comisariado ejidal sintetizó: "fue un trato cien por
ciento legal, nadie trató de sorprendernos;
no tenemos ningún elemento para asegurar que
el ejido fue comprado por los Fox;
no nos consta de su presencia ni de su esposa
en El Tamarindillo, nadie nos presionó para
vender; hace año y medio que tomé posesión y
el comisariado ejidal anterior, Mario Raúl Cortés (ya fallecido),
había comenzado los trámites para la venta".
Cabe señalar que este ejido del
municipio de Coahuayana
es rico en propiedades, cuenta con 5 mil hectáreas,
además de las playas de El Ticuiz,
San Telmo, Mezcala
y Boca de Apiza. Son
297 ejidatarios y 2 mil habitantes en esa zona
costera que limita con el estado de Colima.
Por su parte, Jesús Valdovinos, uno de los ejidatarios de mayor edad, comentó
que esa playa se conservó por muchos años con
la idea de venderla cuando hubiese una necesidad.
"Muchos de nosotros tenemos deudas o queremos
comprar maquinaria y por eso todos decidimos
desprendernos de la propiedad, aunque nunca
falta gente como Antonio Lúa,
que ni siquiera era ejidatario y se fue metiendo
hasta que lo aceptamos, y ahora en todo nos
lleva la contraria".
¿Es cierto
que viene a El Tamarindillo la esposa del presidente
Fox?
Dicen que por ahí anda luego Martita,
pero quién sabe.
El presidente del comisariado ejidal de El Ticuiz
señaló que los 129 ejidatarios que tenían derechos
sobre El Tamarindillo se vieron beneficiados
con la venta, la cual renegoció él, ya que de
21 millones logró incrementar la cifra a 25
millones de pesos. "Algunos compraron su
animales, otros maquinaria y también hubo quien
no lo aprovechó, pero también respetamos a los
que no quisieron vender".
El recuento.
Al final de la charla, Cosme Mares
comentó que las fotos que le tomaron a Vicente
Fox no corresponden
a la playa El Tamarindillo. "Tampoco es
cierto que se trata de un sitio muy especial,
pues las playas están llenas de piedra y las
aguas son similares a las de esa región. En
realidad la principal característica de la playa
El Tamarindillo es la privacidad, ya
que a sus lados limita con varios bloques de
rocas, por lo que sólo se puede llegar por mar
o la entrada que se ubica a la orilla de la
carretera federal".
Hace casi un año, la abogada de
los ejidatarios inconformes, Cristina García,
afirmó que hubo irregularidades en las actas
de asamblea, en el modo como hicieron la asignación,
porque vendieron unos terrenos que por ley no
se podían vender. "Integraron un acta de
asamblea de titulación de solares (Procede)
el 17 de diciembre, totalmente viciado e ilegal;
no se cumplieron los requisitos señalados por
la ley, por el reglamento de titulación de solares,
y nosotros impugnamos todas estas anomalías".
En todo caso, quienes motivaron
las irregularidades fueron los compradores que
no quisieron esperar los tiempos necesarios
que exige la ley, por lo que presionaron para
acelerar los trámites de la privatización. En
el municipio de Coahuayana
se asegura que sí está la familia Fox
atrás de la adquisición de El Tamarindillo,
dijo la abogada.
A Antonio Lúa,
ejidatario inconforme con la venta y dueño de
una enramada en la playa de San Telmo, le molestó
que las negociaciones de la venta se hayan llevado
a cabo a escondidas y fuera de toda legalidad,
ya que no existieron muchas de las asambleas
en las que se trató de dar cauce legal al proceso
privatizador. "Por ley, esos terrenos,
por ser de uso común, nunca debieron venderse,
y menos a través de un proceso en el que se
hizo ejidatario a Cosme Mares para después cederles
los derechos".
Hace apenas unas semanas, la diputada
federal del PRD Ana Lilia Guillén manifestó
que una vez que entregó los documentos sobre
la investigación final del caso El Tamarindillo,
será la Cámara de Diputados la que decida si
turna o no este caso a la Secretaría de la Función
Pública. Sostuvo que el presunto prestanombres
de los Fox, Cosme Mares Hernández, cometió una serie de irregularidades
en la compra de las 262 hectáreas de ese ejido
que tienen que ser revisadas por las autoridades
competentes.
Todo parece indicar que el caso
está cerrado, y si bien es cierto que hubo irregularidades
en la venta del predio, finalmente todos están
de acuerdo, con excepción de algunas personas
que están fuera del trato y que no son interesados
directos; la única pregunta que queda al aire
es: ¿la familia Fox
es dueña o no de El Tamarindillo?.
Tregua de 20 días a mujeres casadas con forasteros
en Chiapas. (Criterios Chiapas, Candelaria
Rodríguez, p.web).
Insisten ejidatarios ante autoridades hacer valer “reglamento.
Ejidatarios de Bellavista del Norte
de este municipio fronterizo, dieron una tregua
de 20 días para analizar la modificación del
acuerdo que expulsa a las mujeres de la comunidad
que se casan con hombres de otros lugares.
En una tediosa asamblea en la cada Ejidal, los ejidatarios
refrendaron su postura de sostener vigente el
acuerdo creado desde 1987, y luego de largas
discusiones que no logró disuadir a los ejidatarios
para dar marcha atrás al artículo 37 del acuerdo
que expulsa a las mujeres y pierden sus derechos
agrarios, José Luis Rodríguez, delegado de gobierno
de la zona fronteriza, fue tajante:
“Como gobierno no vamos
a validar ningún acuerdo, porque es violatorio,
y como gobierno, no se esta respaldando dicho
acuerdo”. El Ministerio Público, no va a llegar
a la comunidad a avalar ninguna acción, pero
si podría, venir a levantar una denuncia.
Aunque diversas autoridades gubernamentales y no gubernamentales
intentaron convencer a la asamblea sobre el
acuerdo violatorio a los derechos de las mujeres,
imperó la cerrazón de los ejidatarios.
El artículo 37 señala: “Las mujeres del ejido que se unan en
matrimonio o unión libre con hombres ajenos
al ejido, deberán radicar fuera del ejido, pudiendo
visitar a su familia cuando así lo deseen. Es
obligación de los padres, informar a sus hijas
de esta disposición. Quien no cumpla será desalojado
del ejido, quien solicitará al Ministerio público
intervenga en la diligencia de desalojo”. El
Ejido se fundó en 1935, su reglamento se encuentra
vigente desde 1987 y ha sido ratificado en cada
cambio de autoridad ejidal.
Los acuerdos verbales de la asamblea, fueron, respetar la estadía
de las mujeres en el ejido hasta el próximo
30 de abril cuando se dé a conocer la disponibilidad
de la asamblea para cambiar el artículo 37 del
acuerdo. De un total de 35 ejidatarios básicos,
7 son señalados de definir a nombre de todos,
la toma de decisiones. Y su argumento es que
“Es un acuerdo, nosotros no estamos haciendo
nada malo, estamos respetando los acuerdos de
la asamblea. Que no son de ahora, sino desde
1987” sostiene Porfirio Roblero,
ex comisariado ejidal.
Jean Philipert Mobwa
Mobwa N’joli y Artemisa
Valencia Valencia,
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.,
entregaron una notificación sobre el procedimiento
conciliatorio a las personas presuntamente responsables,
en este caso a los ejidatarios.
La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Marín Levario, preguntaba “a ver compás, cuantos de ustedes están
casados con mujeres de esta comunidad”, porque
ustedes están juzgando a las mujeres de aquí,
y las quieren correr, y cuantos de ustedes tienen
mujeres del mismo lugar”. La
pregunta nunca tuvo respuesta, pues los ejidatarios
cabeza abajo, sabían su delito, muchos de ellos,
están casados con mujeres fuera de la comunidad,
incluso, de Guatemala. El delegado de la secretaria
de Pueblos Indios, en la zona sierra, Marcos
Hernández Díaz, les hizo ver, que siendo indígena
de San Juan Chamula, él sabía lo que significa la expulsión. “Tratemos
de evitar derramamiento de sangre” planteó.
Rosario Arrambide González, del área de defensa del centro
de Derechos de las Mujeres, de San Cristóbal
de las Casas, y Concepción Suárez Aguilar, Coordinadora
del mismo Centro, continuarán dándole seguimiento
al caso. A la reunión asistieron unas 70 personas,
en su mayoría hombres (35 ejidatarios básicos
y avecindados) y, las 8 mujeres, que son las
que tienen problemas con la comunidad, al ser
amenazadas de ser expulsadas. Bonifilio Vázquez Rodríguez, representante de la Procuraduría Agraria, reconoció que el
acuerdo es violatorio, e incluso adelantó que
se podría impugnar ante el Tribunal Agrario,
pero tendría que hacerlo la propia asamblea.
Al final, las mujeres amenazadas solicitaron respeto a las
autoridades presentes y a la asamblea, el compromiso
fue asumido de manera verbal por los ejidatarios.
Cerca la solución de los problemas entre comuneros. (Enfoque Informativo Nayarit, Angélica Cureño, p.web).
Se sientan a la mesa de negociaciones
comuneros indígena de Guadalupe Ocotán
y pequeños propietarios de Huanimic.
Los primeros reclaman la restitución de 9 mil
hectáreas de terreno, la certificación de sus
tierras y acceso a programas que les permitan
la explotación forestal; la parte gubernamental
propone una solución negociada y pacífica.
Unos 1,200 comuneros de la etnia
huichola reclaman
del gobierno la disposición y aportación de
recursos que demanda la resolución del conflicto;
por su parte las autoridades piden al representante
legal de los indígenas presente los instrumentos
jurídicos necesarios para llevar el caso a tribunales
a fin de emitir una resolución jurídica, requisito
para permanecer dentro del programa de “Focos
Amarillos”.
Por una mala resolución presidencial,
desde 1960 están en disputa 9,500 hectáreas
entre Guadalupe Ocotán y Huajimic. El antecedente
surge cuando se otorga a los comuneros la posesión
de 24,755 hectáreas; sin tomar en cuenta a 36
pequeños propietarios (mestizos) provenientes
de Huajimic tenían propiedades dentro del predio.
Convocados por la Secretaria de
Gobierno, indígenas y mestizos se reunieron
en Palacio de Gobierno, presidiendo la reunión,
Carlos Tapia, subsecretario de Participación
Ciudadana, acompañado de los representantes
de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario
Nacional, Luis Fernando Olvera
y la Secretaría de la Reforma Agraria, Ezequiel
Chirinos Valelo.
En representación de los pequeños propietarios
acudió José Luis Montoya, actual funcionario
del Ayuntamiento de La Yesca.
A su vez, el representante jurídico
de la comunidad de Guadalupe Ocotán,
denunció en reunión convocada por la secretaría
General de Gobierno, la mala medición de los
terrenos para la inclusión en el Programa
de Certificación, asegurando que no tomaron
como referencia las mojoneras que tradicionalmente
sirvieron de ubicación.
Por otra parte, el representante
estatal de la Procuraduría Agraria, Francisco
Cervantes, destacó que acceder sólo a la
restitución de tierras causaría un conflicto
social, por lo cual propuso como alternativa
llevar el caso a una mesa de negociación. En
su momento el representante legal de los comuneros
argumentaron que los mestizos se ostentan como
pequeños propietarios, cuando la resolución
presidencial no se contempla esa figura “ha
habido compra-venta, por muchas personas, pero
los dueños actuales son otros” fue la respuesta
obtenida.
En su intervención, Fernando
Olvera, subdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN)
expresó que a su juicio la mala medición del
terreno “no fue un error del Procede, sólo lo
sacó a la luz” agregando que “quizá el problema
sea un plano mal hecho”.
Las partes involucradas analizarán
si aceptan llegar a un acuerdo para la explotación
del recurso maderero, con beneficio para ambas
partes o si constituyen una SPR (Sociedad de
Producción Rural) de la que puedan obtener utilidades
que se apliquen a la solución del conflicto
o si aceptan la entrega de recursos a cambio
de la presentación de proyectos productivos
o en especie. Corresponderá al gobierno del
estado y a la Secretaria de la Reforma Agraria
para la disposición de recursos.
Fonaes entregó 1.9 mdp a 20 grupos. (Tribuna de Campeche, p.web).
El Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (Fonaes) entregó recursos por 1.9 millones de pesos en apoyo
de 20 grupos sociales del Estado para el desarrollo
de proyectos productivos.
En la entrega estuvieron presentes el representante estatal
del Fonaes, Ricardo
Villanueva Arjona; Rodolfo Cevallos Esponda,
delegado de la Secretaría de Economía; y José
Cu Alayola, delegado
de la Procuraduría Agraria.
El total de los recursos entregados está conformado bajo los
siguientes instrumentos: Apoyo para el Desarrollo
Empresarial 13 por ciento, Apoyo para Fortalecer
la Competitividad y la Inserción en los mercados
(Procomer) 3 por ciento, Impulso Productivo a la Mujer 21 por
ciento, Capital Social de Riesgo 55 por ciento
y Apoyo para la Capitalización al Comercio,
la Industria y Servicios 8 por ciento.
Villanueva Arjona informó a los beneficiarios sobre el origen
de los recursos, provenientes del Gobierno Federal,
producto de los impuestos que pagan todos los
mexicanos, así como el artículo 55 del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Este programa está financiado con recursos públicos aprobados
por la Cámara de Diputados y queda prohibido
su uso para fines partidistas, electorales o
de promoción personal de los funcionarios.
Fonaes busca impulsar el trabajo productivo
y empresarial de la población del sector social,
mediante el apoyo a proyectos viables y sustentables
que permitan el desarrollo económico de familias
y comunidades en todo el país.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado por
partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos-electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado
de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad
competente.
Ejidatarios piden renuncia de un funcionario agrario.
(Tribuna de Campeche, p.web).
Ayer, ejidatarios de Hunucmá exigieron la renuncia del procurador estatal agrario,
Claudio Coello Herrera, al que acusan de
permitir irregularidades e ilegalidades para
despojarlos de mil 600 hectáreas.
El escrito lo entregó el asesor
jurídico de los ejidatarios de Hunucmá,
William Santos Sáenz, en las oficinas del funcionario,
a quien acusa de intento de despojo de tierras,
no sólo en Hunucmá,
sino también en las comisarías de Oxcum,
Hunkanab y Texán
Palomeque.
Agregó que Coello Herrera sólo
ha provocado violencia e injusticia en el campo
yucateco, porque está a favor del prestanombres
del Gobierno del Estado, Antonino Almazán Arteaga,
quien compró tierras de manera ilegal para revenderlas.
Santos Sáenz también
acudió a la delegación de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), donde
se entrevistó con su titular, Miguel Gutiérrez
Machado, solicitando una investigación contra
Coello Herrera y el titular del Registro
Agrario Nacional (RAN), Luis Felipe Mena
Salas.
Apoya acaparamiento.
"Son funcionarios no gratos
para los ejidos donde se ha intentado el despojo
de tierras, por lo que deben ser removidos de
sus cargos, porque abiertamente apoyan el acaparamiento
de terrenos", recalcó.
El delegado de la SRA, Gutiérrez
Machado, se comprometió a analizar el documento
y enviarlo a la Ciudad de México para que ahí
se determine el procedimiento a seguir, porque
no está en sus facultades hacer extrañamientos
o amonestaciones a dos funcionarios agrarios.
Santos Sáenz, comentó que las denuncias
ya están presentadas ante el Tribunal Unitario
Agrario Número 33 en Mérida.
"Esa instancia ha remitido
todas las denuncias al Tribunal Nacional Agrario
y estamos en espera de que se resuelva lo más
pronto posible el problema y el fallo sea a
favor de los legítimos dueños de los terrenos,
que son los campesinos", destacó.
"Esperamos que Coello Herrera,
por dignidad, renuncie a su cargo, porque le
hace mucho daño a los campesinos con su actitud
servil a favor del Gobierno del Estado",
concluyó.
Denuncia SRA a dirigentes de campesinos. (Notimex, p.web).
La Secretaría de las Reforma Agraria (SRA) denunció
ante la Procuraduría General de la República
(PGR) a líderes de la Central Campesina Cardenista
(CCC), por amenazar y retener a dos funcionarios
de la Unidad de Concertación Agraria el martes
pasado.
El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la
SRA, Gilberto Hershberger,
señaló que los dirigentes de dicha organización
incitaron a sus seguidores a ejercer diversas
acciones de violencia contra los funcionarios
públicos.
Precisó que los hechos ocurrieron la tarde del martes pasado
cuando cerca de 800 personas procedentes de
diversos estados de la República, se presentaron
en las instalaciones de la dependencia federal
encabezados por Moisés Reyes Fausto.
El motivo de la movilización fue exigir la revisión de la agenda
de asuntos agrarios que ha gestionado esa organización
y que atendió Benjamín Serrano Aguilar, director
de audiencia de la SRA. Sin Embargo, al informar
los asuntos que serían atendidos durante el
presente ejercicio y el monto de los recursos
que podrían destinarse, Moisés Reyes respondió
que el tema tendría que ser tratado por los
dirigentes nacionales de la CCC, Max Correa Hernández y Mario Reyes Cantú.
Al hacer su arribo a la SRA, los líderes cardenistas solicitaron
la presencia de Ramón Cárdenas Villarreal,
director General de la Unidad de Concertación
Agraria, quien procedió a realizar un recuento
de los planteamientos.
Al radicalizar su posición y amenazar a los servidores públicos,
Max Correa y Mario
Reyes procedieron a incitar a las personas adheridas
a su organización para agredir física, verbal
y psicológicamente a los funcionarios con objeto
de obligarlos a firmar una minuta de trabajo.
En ese documento también pretendían comprometer a la SRA a
aplicar mayores recursos económicos a su favor.
Por su parte, la SRA informó que durante la presente administración
se han canalizado recursos a favor de la CCC
por 80.8 millones de pesos para la atención
de acuerdos agrarios; asimismo 48.9 millones
de pesos por asuntos del Acuerdo Nacional para
el Campo (ANC), y 162.8 millones de pesos para
proyectos productivos, lo cual arroja un total
de 292 millones de pesos.
Demanda SRA a líderes de la CCC por secuestro y
motín.
(La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).
Obligaron a funcionarios a firmar compromiso,
dice.
La Secretaría de Reforma Agraria (SRA) interpuso ante
la Procuraduría General de la República una
demanda por secuestro y motín en contra de los
dirigentes de la Central Campesina Cardenista,
Max Correa, Mario Reyes Cantú y Moisés Reyes Fausto, quienes
apoyados por un grupo de 800 campesinos obligaron
a funcionarios de audiencias a firmar una minuta
en la que se comprometen a resolver 16 asuntos
agrarios.
El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gilberto Hershberger Reyes, advirtió que el documento no es reconocido
por la autoridad agraria porque se firmó bajo
presión y amenazas. "La SRA está dispuesta
a dialogar con los campesinos pero en un marco
de respeto y civilidad; no responderá a acciones
que están al margen del derecho", asentó.
Señaló que la noche del pasado 10 de abril, el grupo de la
CCC, encabezado por Moisés Reyes Fausto, llegó
por la mañana a las instalaciones de la SRA
para exigir se revisara la agenda de asuntos
agrarios que forma parte del Acuerdo Nacional
para el Campo. El director de audiencias, Benjamín
Serrano Aguilar, los recibió y en el momento
en que abordó el asunto de los casos agrarios,
Reyes Fausto dijo que eso lo tratarían directamente
Max Correa y Reyes Cantú.
Por la tarde, los dirigentes campesinos -abundó el subsecretario
de la SRA- iniciaron la negociación y demandaron
que a la organización se le destinaran 120 millones
de pesos adicionales a los cerca de 18 millones
de pesos que ya se les ha canalizado para solucionar
conflictos agrarios y apoyos a programas productivos.
Ante la negativa de la autoridad, los labriegos
insultaron a los funcionarios, los presionaron
sicológicamente y los mantuvieron prácticamente
secuestrados hasta la madrugada de ayer.
La minuta firmada por el director de audiencias de la SRA -que
forma parte de las pruebas que presentó la dependencia
en su demanda penal contra la dirigencia de
la CCC- destaca que la autoridad atenderá, por
ser de alta conflictividad, los siguientes casos:
El Varal, en Guerrero; Héroes de la Revolución,
Gente Nueva y Nuevo Progreso, en San Luis Potosí;
El Jobo, en Tamaulipas; San Pedro X. y el Tizal,
Veracruz; Benito Juárez e Izúcar de Matamoros,
Puebla; San Andrés Santa Lucía, Hidalgo; San
Luis Ayucan, estado
de México; Nueva Generación, Chiapas; Presa
de Rayas, Querétaro, y La Robla, Coahuila.
Hersberger Reyes aclaró que dichos casos no forman
parte de los acuerdos agrarios que presentó
la organización en 1997 y que, como se estableció
en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo,
serían resueltos. "Esos asuntos ya están
resueltos; el listado que nuevamente presentó
la organización tiene que ser analizado por
el Comité de Elegibilidad y determinar si son
de alta conflictividad. Pero en ningún caso
la autoridad puede establecer cuotas a favor
de ninguna organización".
La SRA demanda a Max
Correa. (La Crónica de Hoy, A. Olivier
Pavón , p.web)
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), presentó
ayer una demanda penal ante la Procuraduría
General de la República contra los líderes de
la Central Campesina Cardenista, entre ellos,
Max Correa, luego
que miembros de esta organización obligaron,
bajo amenazas, a dos funcionarios de la dependencia
federal a firmar un acuerdo bajo el cual se
le darían mayores recursos económicos a la CCC.
Lo anterior lo informó Gilberto Hershberger
Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural de la SRA, al destacar que la dependencia
también desconoce el acuerdo firmado bajo presión
ante cerca de 800 militantes de la CCC.
El acuerdo "carece de validez dado que fue rubricado bajo
presión , amenazas
y con lujo de violencia, es por ello que la
SRA no asume ningún compromiso", señaló
el funcionario.
Hershberger Reyes detalló que el día lunes,miembros de la CCC, encabezados
por los dirigentes Max
Correa y Mario Reyes Cantú, obligaron, bajo
amenaza y empujones, a los funcionarios Ramón
Villareal y Benjamín Serrano Aguilar a firmar la minuta.
Además, dijo, los mantuvieron retenidos durante casi 15 horas
en las instalaciones de la dependencia federal.
Abundó que en lo que va del sexenio de Vicente Fox, la SRA ha aplicado, tan sólo para la CCC, 292 millones
de pesos por lo que se acredita que la dependencia
federal ha cumplido con los acuerdos correspondientes.
En octubre deberá concluir expropiación de tierras. (Tribuna de Campeche, p.web)
Caso de Pomuch.
A más tardar en octubre deberá concluir el proceso expropiatorio para la regularización de 13 mil 500 hectáreas
de la ampliación forestal de Pomuch
en beneficio de unos 300 ejidatarios; actualmente
se encuentra en etapa de evaluación de las tierras,
afirmó el representante en Campeche de la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Paulo
Enrique Hau Dzul.
Agregó que en cumplimiento del acuerdo que se suscribió con
el subsecretario de la SRA, Gilberto
Hershberger Reyes,
desde el pasado mes de marzo se notifico a los
ejidatarios, a sus dirigentes y a los integrantes
comisionados, los puntos pertinentes para la
instauración del proceso expropiatorio.
Actualmente, a través de la Dirección General de Expropiaciones,
se tiene solicitado al Instituto Nacional de
Avalúos y Bienes (Indabin) la elaboración del avalúo correspondiente a efecto
de determinar el precio total de la superficie
que está en proceso de expropiación, que son
13 mil 500 hectáreas.
Una vez que se tenga el valor se podría continuar con las siguientes
fases, que son la elaboración del decreto, publicarlo
en el Diario Oficial y concluir la ejecución
del decreto.
Pidió paciencia a los ejidatarios pues pasa por una serie de
procedimientos como es la función pública, consejería
jurídica de la Presidencia de la República y
una serie de procedimientos, como es la fase
en la que se encuentra actualmente que es el
proceso y en espera de la realización de los
avalúos correspondientes por parte del personal
del Indabin para determinar
el valor de la tierra.
Los avalúos serán pagados por la SRA, a través de la Dirección
General de Expropiaciones. Esta solicitud ya
se realizó.
En torno al problema que seguía con Agua Azul, dijo que hay
un proceso de negociación a efecto de determinar
el camino a seguir en este asunto pues hay posiciones
encontradas. Hay un grupo que no se quiere mover,
pero eso se ventilará ante la comisión interinstitucional,
ya que no es competencia de la SRA, a la dependencia
lo único que le corresponde en este sentido
es la regularización vía expropiación de los
terrenos ejidales.
Aceptan comuneros de Tejalpa
suspender protestas. (La Unión de Morelos, Daniel
Alcaraz, p.web).
Comuneros de Tejalpa aceptaron suspender
acciones de protesta en contra de las autoridades
estatales y federales, por lo que en las instalaciones
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
formalizaron un convenio en el que aceptan
continuar con las negociaciones y acuerdos respecto
a mil hectáreas de conflicto limítrofe con Santa
Catarina.
Sobre el caso, Rafael Martínez Flores, subsecretario de gobierno
y mediador ante la SRA, reconoció que "observamos
en los comuneros una actitud muy distinta a
la expuesta hace unos días cuando se manifestaron
en palacio de gobierno".
"No nos queda duda de que las cosas van por buen camino
y esto se resolverá mucho antes de lo previsto
y de manera definitiva, porque la instancia
federal referida está dispuesta y abierta a
los acuerdos", externó.
Conforme a este planteamiento, la comunidad de Santa Catarina
estaría manteniendo la posesión de esas mil
hectáreas, mientras que Tejalpa sería liquidada en una proporción superior a los 34
millones de pesos.
Martínez Flores recordó que de hecho el estado sólo aparece
como gestor y mediador de este problema, porque
la solución es competencia del gobierno federal
vía las instituciones agrarias.
No obstante, insistió en que no está en el ánimo de la administración
estatal incrementar la oferta del monto económico,
pero en la medida de lo posible, se establecerían
compromisos adicionales en materia de obras
y servicios que seguramente hacen falta a los
comuneros de esa demarcación, todo ello con
el ánimo de abonar en la concordia y la solución
de un "foco amarillo" que lleva décadas
desatendido y propiciando enfrentamientos entre
hermanos, concluyó.
Fin a lío limítrofe añejo entre Tejalpa y Tepoztlán. (Unomásuno de Morelos Isis Saldaña, p.web).
Ante las constantes movilizaciones por parte de comuneros y
campesinos, quienes exigen que se apliquen los
38 millones de pesos del programa federal denominado
“Focos Amarillos”, en el sector rural;
el gobierno del estado y el federal firmaron
una Carta Intención para la solución de los
conflictos agrarios en el estado.
Luego de la confrontación entre granaderos y comuneros provenientes
del Texcal, Santa Catarina, Tejalpa
y Tepoztlán; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
el gobierno del estado, el representante de
bienes comunales de Tejalpa, Baltasar Meras Cuevas y el ayudante municipal de
Tepoztlán, Celso Guerrero Borda, se reunieron en la SRA, con
el objetivo de llevar a cabo la firma de la
Carta Intención para la solucion de Focos Amarillos, a fin de terminar con los conflictos
originados desDE hace 60 años. Cabe mencionar
que la firma del convenio de Intención establece
los mecanismos para delimitar las tierras de
cada localidad.
A pesar de que el delegado de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Mario Ríos Banales, prefrió no
dar información respecto a la situación que
guardan los seis conflictos de los ejidos que
buscan la regularización de las tierras, el
subsecretario de gobierno, Rafael Martínez Flores,
indicó que a fin de dar seguimiento a cada uno
de los acuerdos se firmó la Carta Intención,
en respuesta a las peticiones de los comuneros
de Tejalpa y Tepoztlán, para solucionar
la situación agraria que se vive en los límites
de estas comunidades.
Martínez Flores, explicó que la intención de la firma, es que
a partir del acuerdo definitivo en un término
de 10 días hábiles las negociaciones ya estén
listas y la contraprestación sea aceptada por
los ejidatarios.
Cabe recordar que este problema agrario que enfrentan los comuneros
de Tejalpa y Tepoztlán,
se derivada de la posesión de tierras, mismas
que equivalen a por lo menos mil hectáreas.
Se espera que con la firma de convenio de Intención,
donde se establecen los mecanismos para delimitar
las tierras de cada localidad concluyan los
focos amarillos. Informó que se establecerán
mesas de trabajo con cada uno de los grupos
de comuneros para llegar a consensos, propuestas
y alternativas que den solución en beneficio
de las partes involucradas.
Respecto al documento, explicó que se trata de una Carta de
Intención, de colaboración y coordinación con
las autoridades del sector agrario a nivel federal
para que se atiendan todos los temas en materia
agraria.
Martínez Flores añadió que con la firma de este acuerdo de
Intención se establecen algunas reglas generales
de operación y con ello se pretende dar certeza
y solución a diversas situaciones en materia
agraria en el ámbito estatal.
El funcionario indicó que el convenio definitivo se firmará
en los próximos días, en donde se va a tener
la disposición, la buena fe para que todos estos
temas se resuelvan en términos de la conciliación
entre grupos sociales.
Puntualizó que al firmar este acuerdo autoridades federales,
estatales y las comisiones de comuneros, se
pretende preservar la paz y dar certidumbre
jurídica a la tenencia de la tierra en el sector
agrario a través de la vía conciliador.
Tratarán área limítrofe de Tepoztlán
y Jiutepec. (La Jornada de Morelos, Miguel Ángel García, p.web)
Cuernavaca, Mor.
El gobierno estatal y la Secretaría de la
Reforma Agraria firmaron un convenio de
intención en el que se establecen los mecanismos
para que inicie el programa que delimite las
tierras de Jiutepec
y Tepoztlán, en respuesta a las peticiones de los comuneros.
Días atrás los campesinos amenazaron
seguir con las protestas porque el gobierno
estatal se había negado a delimitar las tierras.
Ayer, Rafael Martínez Flores, subsecretario
de Gobierno, informó que se establecerán mesas
de trabajo con cada uno de los grupos de comuneros
para llegar a consensos, propuestas y alternativas
que den solución en beneficio de las partes
involucradas.
“Es una carta de intención, de colaboración
y coordinación con las autoridades del sector
agrario a nivel federal para el efecto de que
se atiendan todos los temas en materia, todos
aquellos focos amarillos que se
han venido presentando en el estado”, agregó.
Martínez Flores añadió que con la firma
de este acuerdo de intención se establecen algunas
reglas generales de operación y con ello se
pretende dar certeza y solución a diversos
situaciones en materia agraria en el ámbito
estatal.
“El convenio definitivo se estaría
firmando en los próximos días, en donde se va
a tener la disposición, la buena fe para que
estos temas se resuelvan en términos de la conciliación
entre grupos”. Afirmó que la firma de este acuerdo
entre autoridades federales, estatales y las
comisiones de comuneros, pretende preservar
la paz y dar certidumbre jurídica a la tenencia
de la tierra en el sector agrario a través de
la vía conciliatoria.
Prensa Estatal
CHIAPAS
En memoria de Emiliano Zapata.... (Expresso de Chiapas, Patricia Chandomí, p.web)
Marchan organizaciones
campesinas en Tuxtla.
En el 183 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, organizaciones
campesinas se manifestaron en las calles de
Tuxtla Gutiérrez en demanda de regularización
de tierras.
Frente a Palacio de Gobierno los integrantes del Movimiento
Regional Independiente (MOCRI) realizaron un
mitin. Elizabeth Pérez, vocera de la agrupación demando la liberación de los 18 presos
de la organización así como la regularización
de la colonia Emiliano Zapata ubicada
en Tuxtla Gutiérrez.
Los integrantes del movimiento campesino manifestaron que no
acudirán a las urnas en las próximas jornadas
electorales porque ninguno de los candidatos
ni a la presidencia de la República ni a la
gubernatura del Estado
tiene propuestas para solucionar los problemas
del campo.
Los del MOCRI marcharon con palos y machetes mientras elementos
policíacos resguardaban el edificio del Ejecutivo
estatal.
Mientras, los integrantes del MOCRI realizaban su manifestación
afuera de Palacio de Gobierno del Estado, los
campesinos agrupados en la Coalición de Organizaciones
Autónomas
Felipe López Pérez, vocero de la Coaech
demandó al gobierno federal la regularización
de tierras que están en posesión de los integrantes
de esa agrupación así como la incorporación
de los militantes de la organización a los programas
sociales.
Denuncia OCEZ exclusión de programas sociales
Miles de campesinos conmemoraron un año más de muerte de Emiliano
Zapata en una marcha por esta capital donde
plantearon denuncias y demandas de carácter
local.
Agrupados en el llamado Frente de Organizaciones Sociales y
Campesinas de Chiapas, los integrantes de al
menos media docena de agrupaciones, plantearon
que los abusos en su contra llegan desde las
autoridades municipales hasta las federales.
Manuel y Mariano de la Torre, de la OCEZ-Región Carranza y
de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, respectivamente,
acusaron al alcalde de Carranza, el perredista
Limberg Coello, de
acosarlos con los cuerpos policíacos.
“Limberg Coello, fue un alcalde que
llegó a ese cargo en diciembre del 2004, impulsado
por el PRD, pero tan pronto como inició gestión
mostró su lado priísta que lo vio nacer y crecer.
Se apartó del movimiento campesino que lo encumbró
y exhibió sus verdaderas alianzas para poder
gobernar, es decir con los grupos caciquiles
de la región”, acusaron.
Vázquez López dijo que esos son los riesgos y el costo político
que están pagando por haber creído en el discurso
progresista de político que salió de las filas
priísta por lo que dijo no volverá a pasar en
las próximas elecciones de su municipio.
Miguel Castellanos Vázquez de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dijo que el
alcalde ha excluido de los beneficios de las
políticas públicas municipales a las organizaciones
sociales y las comunidades donde tienen presencia
y que eso los ha afectado negativamente, pues
no ven desarrollo y progreso en la región. Es
decir no ven la obra pública, como sí lo ven
en municipios vecinos.
Dieron a conocer que se han dado casos de corrupción al detectar
nepotismo, desvío de recursos públicos municipales,
servidores públicos que cobran sin trabajar,
ausentismo gubernamental en todas las áreas
administrativas y otras acciones que revelan
el mal manejo de los recursos públicos.
Los campesinos enfocaron sus planteamientos en problemas coyunturales,
aunque la demanda por la tierra siguió estando
dentro de sus consignas y discursos. Como parte
de su movimiento de este día cerraron las oficinas
de las autoridades agrarias.
Comuneros reclaman rezagos a la comuna. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web)
Carranza.
Tras negar que sean
"grupos paramilitares", el dirigente
de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, Mariano
de la Torre Mendoza, explicó que aunque las
confrontaciones del pasado están superadas,
persisten retrasos en el campo, educación, salud
y proyectos productivos, por negligencia y falta
de transparencia del Ayuntamiento.
"Nos estamos
dirigiendo a todos los comuneros de la Región
Centro, no a sus dirigentes, para que sepan
que no hay temor de mezclarse con la situación
política del Estado, ya que vamos por el respeto
de nuestros derechos agrarios, quienes somos
los auténticos propietarios legales, lo cual
no violentará sus posesiones de tierras, por
cuidar al saqueador local", argumentó.
De la Torre Mendoza
lamentó que en la actualidad se condicionen
los recursos municipales que entrega el munícipe
de Venustiano Carranza;
Limberg Coello Fuentes "es selectivo y discriminador;
ignoramos si actúa de esta manera por estar
solapado por el Gobierno del Estado".
Con documento en
mano, el dirigente de la Alianza San Bartolomé
de los Llanos cita que una obra material de
un jardín de niños en Paraíso Grijalva presenta
serias deficiencias al encontrarse en obra negra,
a pesar de que se invierten más de 244 mil pesos,
de lo cual hay pruebas en el Congreso del Estado,
a lo que se le debe dar el seguimiento de ley.
De la Torre Mendoza
dijo que esta lucha va hacia al Gobierno del
Estado y a la sociedad de Carranza, donde el
gobierno deberá de respetar su derecho.
GUERRERO
Afirma que CNC disidente está
a favor de La Parota . (Despertar del Sur, Agencia Enlace, p.web).
Chilpancingo, Gro. El dirigente de
la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio
Romero Sotelo, aseguró
que esa organización estatal y nacional harán
todo lo posible para que el proyecto hidroeléctrico
de La Parota se quede en Guerrero, pues representa
un excelente inversión
para el desarrollo de los guerrerenses.
Y es que, a decir del dirigente de los cenecistas
en el estado, este proyecto no se debe dejar
ir, y menos por intereses personales, los cuales
evitan el desarrollo de los pueblos y la infraestructura
que se requiere para estar a la vanguardia de
los nuevos tiempos.
“La modernidad, la globalización, son parte ya de nuestra vida
cotidiana, no podemos seguir rezagados en lo
social y en los proyectos de vanguardia; muchos
deben entender que el corporativismo se acabó;
antes se decía vamos a apoyar a tal o cual candidato,
ahora estamos con la libertad de tomar la decisión
que queramos y de este modo ver la factibilidad
de un proyecto en beneficio de los guerrerenses”,
añadió.
SAN LUIS POTOSÍ
Critica la Canaco negativa de ejidatarios a vender
predios de La Pila. (La Jornada de San Luis,
Hortensia Martínez, p.web).
Opositores no aprovechan
beneficios de la urbanización y detienen su
propio desarrollo, dice.
El ex presidente de la sección inmobiliaria de la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco), Hilario Martínez Ibarra
señaló que si los ejidatarios no quieren vender,
detienen su propio desarrollo pues no aprovechan
la plusvalía que tienen sus tierras.
Sobre la negativa de ejidatarios de La Pila a abrir la compra
de sus tierras a la iniciativa privada, Martínez
Ibarra señaló que es una actitud contraria a
los intereses de los propietarios de terrenos,
pues detienen el crecimiento de la zona y el
desarrollo de sus familias.
Indicó que es una decisión negativa porque los limita cuando
podrían dar plusvalía a sus propiedades y beneficiarse
de la venta.
Agregó que tampoco se trata de vender por vender, pues deben
asesorarse para ofrecer las tierras en un precio
justo a sus necesidades y a los servicios con
que cuentan, “tampoco irse tan alto, pero obtener
lo que valen esas tierras”, apuntó.
El empresario inmobiliario señaló que los ejidatarios deben
aprovechar las ofertas que puedan llegar de
compradores particulares, de lo contrario podrían
ocurrir una situación similar a la registrada
en San Juan de Guadalupe, donde tierras con
alto valor no son aprovechadas.
Lamentó la negativa de algunos núcleos ejidales de incorporarse
al desarrollo de la capital, pues a pesar que
son propietarios de las tierras, no cuentan
con el capital para mejorar su situación económica
y pierden la oportunidad los beneficios del
crecimiento urbano en los últimos años.
“Desde el momento que hay un detonante, les va a servir a ellos,
porque contarán con cierto capital para mejorar
sus condiciones de vida”, apuntó.
Finalmente, Martínez Ibarra indicó que son pocos los ejidatarios
que no acceden a vender sus tierras a los desarrolladores,
afirmó que la mayoría ha conseguido mayor provecho
con la venta de esas propiedades.
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