CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
31 DE ENERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Anticipan en EU marea de ilegales
Se preparan por
sí hay un flujo masivo de migrantes
al vecino país
Narcomenudeo reina en las playas
de Acapulco
Red de tráfico
involucra a agentes federales y estatales, denuncian
Difícil escenario para la economía de EU
Advierten los expertos
que aún hay riesgo de desaceleración
Sí habrá Código Fiscal, pero no el de Hacienda
Se harán cambios
para proteger al contribuyente
Legisladores: sí procede enjuiciar a los Bribiesca
Toca al Presidente
ordenar una averiguación, señalan
AMLO quiere a De la Fuente en Gobernación
De llegar a la
Presidencia encabezaría su gabinete con el Rector
de la UNAM.
Olvidan rampas de salida en el 2ª piso sur-norte
Gastan 2,000 mdp en 8 kilómetros que no conectan al Periférico
Cámara ordena indagar abuso de poder de los Fox
Anuncia Fox una limpia anticrimen
Acuerda el Consejo
Nacional de Seguridad plan de 150 operativos
Guerrero, garra del narco
Identifican como
sicarios del Chapo Guzmán a los agresores
en Acapulco
Sector agrario
Cuestionan a Romero Ramos sobre la familia Bribiesca Sahagún. (Criterios, Facundo Reza, p.web).
La Comisión de la
Función Pública de la Cámara de Diputados exigió
resultados al Gobierno Federal en materia de transparencia,
rendición de cuentas y prevención de la corrupción,
en reunión de trabajo con el titular de la respectiva
Secretaría, Eduardo Romero Ramos a quien se le
cuestionó sobre el supuesto tráfico de influencias
y enriquecimiento de la familia Bribiesca
Sahagún, así como el
desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (FONDEN).
El presidente de
dicha comisión, diputado Víctor Hugo Islas Hernández
solicitó al funcionario información sobre el caso
del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el
cual, dijo, ha entrado en una nueva fase procesal
y de auditoría.
Agregó que en dicho
asunto ha habido confusión e inconformidad, “porque
consideramos una sanción muy modesta en contra
de los servidores públicos que se involucraron
en los desvíos, incluyendo a la señora Carmen
Segura Rangel, además
de que no se ha cubierto el daño patrimonial causado
al Estado, a costa de un sector pobre y vulnerable,
como es el de los damnificados”.
Destacó que se ha
hablado de poco más de 3 mil millones de pesos,
aunque existe la posibilidad de que los desvíos
puedan ser de hasta 7 mil millones de pesos, por
lo que se debe aclarar debidamente conforme a
la ley.
Preguntó en torno
al papel que ha desempeñado la Secretaría de la
Función Pública en el caso de las indagaciones
sobre el supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento
al amparo del poder de la familia Bribiesca
Sahagún.
El diputado priísta
interrogó qué cartas ha tomado la Función Pública
para garantizar la transparencia y legalidad sobre
el caso de la licitación para otorgar el segundo
reconocimiento aduanero a empresas trasnacionales,
“ante probables vínculos de ex funcionarios que
gestionan ventajas para sus representantes en
este proceso, como sería el caso de la aduana
de San Luis, donde está implicado un ex servidor
inhabilitado”.
Cuestionó también
respecto a la falsificación de títulos educativos
y sobre las medidas que se han tomado para corregir
esta situación y prevenir problemas similares
en áreas donde se expiden certificaciones oficiales.
Afirmó que la misión
de la Función Pública está ceñida al abatimiento
de los niveles de corrupción y a la transparencia,
no obstante, no se percibe así en la parte que
corresponde a la profesionalización tanto de los
procesos administrativos, como del servicio profesional
de carrera.
Interrogó sobre si
se ha logrado garantizar la imparcialidad, certificación
de las mejores capacidades y la correcta integración
de los servidores públicos que han accedido al
trabajo gubernamental al amparo de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera.
En su intervención,
la diputada Beatriz Mojica
Morga (PRD) pidió revisar a fondo el servicio
profesional de carrera en la Administración Pública,
pues hay irregularidades en la asignación de plazas,
sobre todo, por discrecionalidad en quienes aplican
los exámenes.
Preguntó sobre el
asunto de El Tamarindillo, terrenos y playa que
se adjudicaban al Presidente de la República,
en el cual se vieron involucradas la Secretaría
de Reforma Agraria y Procuraduría Agraria. Asimismo,
si se ha realizado alguna evaluación sobre la
forma como se resolvió el caso del Pemexgate.
Carece de títulos de propiedad medio millón de
ejidatarios, en Chiapas: RAN. (Notimex,
p.web)
Tapachula.- En Chiapas, más de
medio millón de ejidatarios, 50% del total en
toda la entidad, no cuentan con títulos de propiedad
regulares, por lo que la posesión de sus tierras
se encuentra en riesgo. Cifras oficiales del Registro
Agrario Nacional (RAN), dependiente de la
Secretaría de la Reforma Agraria reveladas
a este diario, ya que desde hace 6 años se está
llevando a cabo un programa para regularizar a
los ejidatarios chiapanecos y este 2006, es el
último ciclo en que se efectuará.
Diario Oficial de la Federación. (Notimex, p.web)
El Diario Oficial de la Federación presenta diversos documentos
de las secretarías de Seguridad Pública, Hacienda,
Energía, Economía, Agricultura, Educación y Reforma
Agraria, entre otras dependencias.
La Secretaría de Seguridad Pública expone los criterios de
asignación para la distribución del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los estados y del
Distrito Federal (FASP).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunde el acuerdo
por el que se reforma el diverso por el que se
establecen las bases para el funcionamiento de
la Comisión Intersecretarial para la Participación
de las Utilidades a los Trabajadores, así como
el anexo 4 al convenio de colaboración administrativa
en Materia Fiscal Federal que celebran con Veracruz.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación emite el acuerdo que
indica que las recuperaciones al Fondo de Estabilización,
Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura
se iniciarán cuando el Precio Internacional Promedio
del Café rebase los 100 dólares por quintal; así
como la adecuación de los artículos 114, 117,
120 y el Transitorio Unico
del capítulo 18 de las reglas de operación de
la Alianza para el Campo.
La Secretaría de la Reforma Agraria difunde dos acuerdos para
mejora del Proceso de Expedición de Copias Certificadas
y de dominio pleno de la colonia agrícola y ganadera
El Encomendero, en Huimanguillo,
Tabasco; así como 15 resoluciones que declaran
como terrenos nacionales el predio Luis Espinosa,
en Bochil, Chiapas,
y uno innominado en Canatlán,
Durango.
Defraudan con viviendas no terminadas a burócratas
de siete dependencias en Colima. (La Jornada,
Verónica González, p.web).
Exigen al ISSSTE las 76 casas que comenzaron a
pagar hace 5 años.
Colima, Col., 30 de enero. Trabajadores de siete dependencias
federales se manifestaron ante las oficinas locales
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para exigir
que les entreguen 76 casas que comenzaron a pagar
hace cinco años, las cuales no terminó la empresa
constructora FACSA, que cambió de razón social
y no tiene oficinas en Colima.
Los 76 afectados, empleados de las secretarías de Salud, Economía,
Telecomunicaciones, Gobernación, de las procuradurías
de la República, Agraria y Fovissste,
indicaron que durante años han aportado 30 por
ciento de sus salarios para adquirir viviendas
"que no existen".
A algunos se les descuentan 3 mil pesos mensuales, otros pagaron
30 mil pesos por un crédito de 195 mil pesos que
el instituto les autorizó en julio de 2001 para
adquirir una vivienda de interés social, pero
ninguno ha recibido su casa. Advirtieron que de
no resolverse el conflicto tomarán las
oficinas del instituto en esta capital.
La secretaria seccional del sindicato de trabajadores de la
PGR, Yolanda Santos Virgen, dijo en entrevista
que en julio de 2001, 76 burócratas federales
"firmamos las escrituras de unas casas que
la constructora FACSA construiría en los fraccionamientos
Rinconada del Centenario, en el municipio de Villa
de Alvarez, y Jardines
de Santiago, en Manzanillo, que recibiríamos en
diciembre de ese año, ya que nos autorizaron créditos
por 195 mil pesos cada uno".
Indicó que la inmobiliaría construiría
48 viviendas en el predio El Cortijo de Rinconada
del Centenario y 28 en Jardines de Santiago, con
una inversión de 3 millones 200 mil pesos. Para
iniciar la obra, los acreditados entregaron a
la constructora cheques por 30 mil pesos, pero
al no recibir la vivienda investigaron y se percataron
de que la mayoría de los inmuebles estaban en
obra negra.
El jefe del Departamento de Vivienda de la delegación del ISSSTE
en Colima, Santiago Arce Rodríguez, sostuvo que
solamente 12 casas de Rinconada del Centenario
tienen 92 por ciento de avance"; las otras
36 registran un avance de 40 por ciento.
Francisco Zúñiga, empleado de la Secretaría de Salud, dijo
que representantes del Fovissste
quieren entregarles inmuebles que supuestamente
tienen 92 por ciento de avance para resolver el
problema, "pero están mal hechas".
Aseguró que la constructora construyó casas de mala calidad,
pues no tienen castillos.
Teresa Hernández Ramos, secretaria de vivienda de la sección
30 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría
de Salud, dijo que los burócratas fueron víctimas
de un fraude, pues ellos no contrataron a FACSA
para que edificara sus viviendas, pero el Fovissste
los puso como contratantes.
Explicó que los directivos de la institución les dijeron que
los terrenos donde se construirían sus viviendas
eran propiedad de la constructora, pero descubrieron
que eran de la asociación denominada Construyendo
Patrimonios.
Los manifestantes señalaron que demandaron a la constructora,
pidieron apoyo al gobernador Silverio Cavazos
Ceballos y a directivos
del ISSSTE, y advirtieron que si no se soluciona
su problema harán más movilizaciones.
El jefe del Departamento de Vivienda de la delegación del ISSSTE
en Colima, Santiago Arce Rodríguez, dijo que otras
administraciones le heredaron el problema.
Sector agropecuario
Crecen 40% exportaciones a Centroamérica: Sagarpa. (La Jornada, p.web)
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa)
informó que en el periodo enero-septiembre de
2005 las exportaciones agroalimentarias mexicanas
hacia Centroamérica ascendieron a 288 millones
de dólares, lo que representa, indicó, un aumento
de 40 por ciento en comparación con el mismo periodo
de 2004, cuando llegaron a 205 millones. La oficina
de la Consejería Agroalimentaria de México para
Centroamérica detalló que el incremento se debió
a una mayor manda de productos, como aguacate,
con ventas por más de 25 millones de dólares;
cebolla, 13.9 millones; leche y sus derivados,
23 millones, y bebidas como cerveza, tequila y
otras, 68.3 millones. La distribución porcentual
de las exportaciones agroalimentarias de México
hacia la región en el periodo referido son, de
acuerdo con la dependencia, Guatemala, 26.83 por
ciento, con 77.47 millones de dólares; Panamá,
24.36, 70.35 millones; El Salvador, 17.75, 51.26
millones; Costa Rica, 12.77, 36.90 millones; Honduras,
9.62, 27.78 millones; Nicaragua, 4.38 por ciento,
12.65 millones, y Belice, 4.29, 12.38 millones.
Organizaciones campesinas
Preocupa a organización campesina la "caída"
tricolor. (La Jornada, Emir Olivares,
p.web)
Si el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto
Madrazo, continúa en tercer lugar en las encuestas,
"no la librará, y la derrota será inminente",
confesó Humberto Serrano Pérez, secretario general
de la Confederación Agrarista Mexicana, organización
priísta. Aseveró que al ex líder del tricolor
"no le queda más que jalar con el pueblo,
porque si no se le va a venir el mundo encima,
porque el voto de los campesinos lo va a sacudir".
Por su parte, Emilio López, integrante de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos,
manifestó que esa agrupación apoyará al candidato
que brinde soberanía alimentaria, revise el capítulo agropecuario del Tratado de
Libre Comercio, reactive la producción y modifique
el marco legal de la política del sector. Refirió
que quien coincide con esas ideas es Andrés Manuel
López Obrador.
Nadie debe subestimar al sector rural, advierte
investigador. (La Jornada, Emir Olivares Alonso, p.web)
Podría haber 20 millones de sufragios en el campo.
Del porcentaje total del padrón electoral, el sector campesino
"es relevante, por lo que no se debe minimizar",
advirtió Emilio López Gámez,
coautor de la investigación El voto rural,
editada por la Universidad Autónoma Chapingo
en 2004.
El investigador refiere que tradicionalmente el sector rural
del país votaba por el PRI. Sin embargo, afirmó
que después de 1994 se ha mostrado una tendencia
en los jóvenes campesinos hacia otras opciones,
aunque reconoció que la presencia del priísmo
en el sector continúa siendo fuerte.
Agregó que las personas mayores de 46 años son las que siguen
votando por el PRI, y los que están entre 18 y
25 han volteado a ver las propuestas de PRD y
PAN; este último, manifiesta el especialista en
su libro, ha incrementado sus adeptos en ese sector
poblacional.
A pesar de esa nueva tendencia, diversos datos muestran que
el tricolor continúa manteniendo su poderío
en las entidades rurales.
Cifras proporcionadas por la Confederación Nacional Campesina
(CNC), organización priísta, reportan que aproximadamente
tiene afiliados a 4 millones de campesinos, además
de que mantiene representación en los 27 mil ejidos
del país; "ninguna organización, ni el mismo
Congreso Agrario Permanente (CAP), le llega a
la CNC", expresaron representantes del organismo.
Aunque no existe un registro de la cifra exacta de campesinos
afiliados a las diversas organizaciones del sector,
López estimó que para este año "la cantidad
de agremiados pudo elevarse a más de 10 millones".
El Instituto Federal Electoral (IFE) reporta un padrón general
de 68 millones 878 mil 79 electores, pero no establece
qué cantidad pertenece al sector rural. Sin embargo,
los datos del más reciente censo de población
realizado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) refieren que 13
millones 207 mil 997 de mexicanos (mayores de
15 años en 2000) habitan en zonas rurales, lo
que representa casi 20 por ciento del padrón electoral
en la actualidad.
Basado en un estudio de la Organización de las Naciones Unidas,
en el que se proporciona una media del aumento
anual de la población en el país, el organismo
internacional asevera que "cada año se incorporan
2 millones de electores, ocurren 300 mil defunciones
y se presenta una migración de 4 millones".
López refirió que en el campo "podría haber
20 millones de electores".
Ante las tendencias a la baja del priísmo
en el medio rural, la CNC indicó que se debe considerar
que "el contexto no es el mismo al de hace
seis años".
El libro El voto rural muestra que organizaciones campesinas
con preferencias por el tricolor podrían
alcanzar la cifra de casi 7 millones de agremiados.
Pese a ello, el autor consideró: "No necesariamente
pertenecer a un organismo significa coincidir
con la idea partidista de las organizaciones".
Sin embargo, reconoció que la presencia del PRI
en el sector rural continúa siendo importante.
Prensa Estatal
CHIHUAHUA
Se reactiva conflicto por la posesión del predio
Lomas de Poleo, en Juárez. (La Jornada,
Rubén Villalpando, p.web).
Empleados de la familia Zaragoza instalan cerca
que los colonos tiraron en octubre.
Advierten los pobladores que no se dejarán intimidar
aunque haya enfrentamientos.
Ciudad Juárez, Chih., 30 de enero.
Esta madrugada, un grupo de empleados de la familia
de Miguel Zaragoza, uno de los empresarios más
ricos de la ciudad, colocó la cerca de alambre
que vecinos habían derribado en octubre pasado
en calles de la colonia Lomas de Poleo, predio
que se encuentra en litigio.
La acción se dio, al parecer, concertada con el juzgado cuarto
de distrito, que citó esta mañana a colonos del
lugar para que declararan en relación con la posesión
del terreno que tienen desde hace 30 años y del
que pretenden desalojarlos.
Malú García Andrade, integrante de la organización
no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
señaló que las guardias blancas de la familia
Zaragoza -que asegura ser dueña de 700 hectáreas
en la zona- llegaron a las cuatro de la mañana
y colocaron el alambrado que habían tirado los
vecinos el 18 de octubre de 2005.
El argumento fue que el juez cuarto de distrito les dio un
amparo para estar en ese lugar y colocar nuevamente
la valla. Cabe señalar que en diciembre pasado
el mismo juzgado ordenó el retiro de los efectivos
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal
que realizaban labor preventiva en la zona a fin
de evitar violencia.
Colonos de Lomas de Poleo y más de 25 organizaciones ciudadanas
que los apoyan planean reunirse esta semana para
tirar nuevamente la cerca, a pesar de que pudiese
presentarse un enfrentamiento con los guardias
de la familia Zaragoza.
El 18 de agosto de 2005 se suscitó un enfrentamiento entre
vecinos y empleados de la familia Zaragoza, en
el que murió el líder de los colonos Luis Alberto
Rodríguez, sin que hasta el momento la Procuraduría
General de Justicia estatal haya arrestado a los
responsables.
Desde hace dos años, la valla de alambre impide el acceso hacia
siete calles, dejando dentro del cerco la iglesia,
escuela y casas.
Los vecinos afirmaron que no se van a dejar intimidar y advirtieron
que si es necesario enfrentarse al grupo de la
familia Zaragoza lo van a hacer, porque ya se
cansaron de las provocaciones.
GUERRERO
La violencia en Dos Arroyos, por falta de diálogo
entre gobiernos federal y de Guerrero: CECOP. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).
Existe una tendencia a aislar el movimiento de
los opositores a La Parota, afirma dirigente.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que la falta
de diálogo de los gobiernos de Guerrero y federal
provocó que un simpatizante de la construcción
de la presa La Parota diera muerte a pedradas,
palos y machetazos al campesino Eduardo Maya Manrique,
opositor al proyecto, lo cual ocurrió el domingo
en la comunidad Dos Arroyos, en Acapulco.
Entrevistado en Chilpancingo antes de dirigirse a Dos Arroyos
para el sepelio del comunero integrante del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota
(CECOP), Barrera Hernández lamentó las declaraciones
del procurador estatal Eduardo Murueta
Urrutia, quien afirmó que el crimen se debió a
un pleito entre borrachos. "Mejor debiera
asumir su papel para investigar y no descalificar
hechos que preocupan a la población", recomendó.
También atribuyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
presionar a los comuneros para que acepten la
construcción de la presa La Parota.
Según el activista, "hace falta diálogo de los gobiernos
estatal y federal. Existe una tendencia a aislar,
minimizar y desautorizar el movimiento de los
comuneros opositores a la construcción de la presa
La Parota, que está sustentado en la perspectiva
de los derechos humanos. No hemos visto a ninguna
autoridad que vaya a dialogar".
En Dos Ríos, durante el funeral de Maya Manrique, al que asistieron
más de 200 personas, el vocero del CECOP, Marco
Antonio Suástegui Muñoz, reiteró la posición del organismo, que expresó
el domingo: "Con este crimen queda cancelado
definitivamente el proyecto La Parota en los bienes
comunales de Cacahuatepec,
y no vamos a permitir que siga corriendo la sangre
a causa de esa hidroeléctrica".
La familia de Eduardo Maya le hizo una promesa póstuma: "La
presa no se va a hacer, ni nos van a quitar nuestras
tierras".
En el funeral del opositor a La Parota culpan del
crimen al gobernador y la CFE. (El Sur (Guerrero),
Maribel Gutiérrez, p.web).
En una manta, los ejidatarios
responsabilizan además a los comisariados.
Denuncian que las autoridades están encubriendo
a los responsables de la muerte de Eduardo Maya.
En la comunidad de Dos Arroyos,
el féretro con el cuerpo del campesino opositor
a La Parota asesinado este domingo, Eduardo Maya
Manrique, fue trasladado ayer, antes del sepelio,
al plantón en la entrada del poblado, donde se
colocó una gran manta que dice: “Hacemos responsables
a Zeferino Torreblanca
G., la CFE, los comisariados,
de la muerte de Eduardo Maya Manrique, opositor
a La Parota”.
En el velorio, en la casa paterna
de la familia Maya Manrique, se reunieron sus
compañeros de esta comunidad y de la vecina Los
Huajes, y también vinieron
miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota de otras comunidades como
Agua Caliente, miembros del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan,
y la secretaria de Derechos Humanos del PRD en
el estado, Aurora Muñoz Martínez.
Quienes conocieron a Eduardo Maya
Manrique, de 37 años, confirman que el único conflicto
que tenía con los agresores es por la presa La
Parota, y atribuyen a ésta el motivo del crimen.
También confirman que el conflicto
se encendió más en los últimos días porque los
ejidatarios que están a favor de la presa tenían
planeado celebrar las fiestas del Santo Patrón
del Pueblo, San Felipe de Jesús, del 3 al 8 de
febrero, con feria, jaripeo, juegos, toros, gallos
y grupos musicales para los bailes, y que estos
festejos los iba a pagar la Comisión Federal de
Electricidad (FCE), como parte de los compromisos
con los que votaron a favor de la expropiación
de las tierras en la asamblea del 16 de diciembre.
Pero los opositores a la presa se opusieron a
la feria, porque había amenazas de violencia,
y la mayoría del pueblo votó en contra de la feria.
En el funeral, los miembros del
Cecop exigen que se haga justicia y que este asesinato no
quede impune, pero temen que las autoridades encargadas
de investigar, en la Policía Investigadora Ministerial
y en el Ministerio Público, estén actuando para
proteger a los autores materiales del crimen,
de los cuales están identificados los hermanos
Manuel y Óscar del Carmen Alemán, y Samuel Salgado
Castillo.
Dicen que sus temores se fundan
en que a más de un día del asesinato no han ido
a detener a los culpables.
Se escapa uno de los agresores,
y la PIM había dejado libre a otro
El hermano de la víctima, Laurentino Maya, contó que dicen que la tarde de este lunes
“se dio a la fuga” uno de los agresores, Manuel
del Carmen, que salió del pueblo por el camino
de Altos del Camarón, del lado opuesto al plantón,
en una camioneta conducida por Jorge Cruz, otro
de los simpatizantes de la CFE, a los que los
opositores llaman “los vendidos”.
Otro fundamento es que el mismo
domingo, los policías ministeriales habían detenido
a uno de los tres autores del crimen, Samuel Salgado,
“ya lo traían esposado”, como al medio día del
domingo, pero lo dejaron en libertad, y cuando
los opositores preguntaron por qué lo habían liberado,
el comandante de la PIM contestó que habían preguntado
a una persona que estaba cerca de la casa y que
dijo que “él no debe nada”, contó el opositor
del ejido de Los Huajes,
Julián Blanco.
Llaman a seguir en el plantón contra
la CFE
En el plantón a la entrada del
pueblo, que este 2 de febrero cumple dos años
con el fin de impedir la entrada a gente de la
CFE a las tierras donde tiene planeada la presa,
en un breve mitin con el cuerpo presente de Eduardo
Maya Manrique, en un féretro forrado de tela gris,
el vocero del Cecop,
Marco Antonio Suástegui, manifestó que su muerte no va a parar la lucha
contra La Parota.
En medio del dolor y la tristeza
que expresaban con llanto los miembros de la familia
y compañeros de la víctima, otro opositor, Lorenzo
Jiménez, dijo: “Estamos haciendo una lucha justa,
hay que seguir, no hay que tener miedo. Su cuerpo
se va, pero su alma sigue en cada uno de nosotros”.
Llamó a sus compañeros “a seguir
en el plantón, y no caer en provocaciones de los
que quieren más violencia”.
También denunció que de acuerdo
con lo que han visto en estos días, “el gobierno
no quiere hacer justicia”.
Después de estar en el plantón,
donde un letrero indica que se permite el paso
de las 5 de la manaña a las 9 de la noche, el cortejo fúnebre regresó al
centro de Dos Arroyos con rumbo al panteón, donde
fue sepultado el campesino opositor a la presa,
tercera víctima que muere en menos de un año a
consecuencia de la división en los pueblos provocada
por el proyecto hidroeléctrico de la CFE.
Le tenían coraje por el plantón,
dice su madre
Cerca del centro de Dos Arroyos
está cerrada la casa de Manuel del Carmen, en
donde a las 5 de la mañana de este domingo 29,
el campesino Eduardo Maya Manrique fue golpeado
con piedras en la cabeza hasta dejarlo moribundo.
En el corredor de piso de cemento
de la vivienda que parece abandonada quedó una
mancha de sangre, donde se supone que le dieron
la primera pedrada en la cabeza, después un rastro
de sangre hasta la puerta, y en la calle, más
sangre, donde cayó herido el campesino, y según
testidos en ese lugar
lo remataron con otra pedrada.
La madre de Eduardo Maya, Gabriela
Manrique Manzanares, contó que el domingo le fueron
a avisar que su hijo se estaba muriendo, y ella
corrió al lugar, lo abrazó, y preguntó: ¿quién
me lo mató?, y uno de los testigos, Doroteo Analco,
le contestó: “Samuel, con Manuel”.
Doroteo Analco
es también del grupo opositor a La Parota, lo
mismo que otro testigo, Carmelo Nava Castillo.
Manrique dice que cuando su hijo
ya estaba tirado, Carmelo siguió a Manuel del
Carmen que había huído hacia la barranca, pero regresó ensangrentado por una
herida en la cabeza, al parecer causada por un
golpe con una piedra.
“Eran tres, o dicen que cuatro
o cinco los que mataron a mi hijo. Yo pienso que
alguien fue a sacarlo de su casa, y lo metieron
a la casa de Manuel, lo jalaron para adentro,
le desbarataron la cabeza, fueron pedradas, y
le metieron en la cara un picahielo”, dice Gabriela Manrique.
En el motivo de la agresión, la
madre coincide con la opinión generalizada: “le
tenían mucho coraje por la presa. Cuando lo veían
pasar se burlaban, nomás están de pendejos
en el plantón, le decían. Mi hijo no contestaba
nada, él no chistaba nada. Todo era por la presa,
le tenían coraje por el plantón”.
Gabriela Manrique, que también
es ejidataria opositora a La Parota, dice que
sus cuatro hijos no quieren la presa, porque “ellos
quieren sus tierras”, y cuenta que Eduardo, que
se dedicaba a las labores del campo, este año
había sembrado 9 litros de maíz, que equivale
a una extensión grande, y que dejó para cocechar
mucha calabaza.
Después de la muerte de su hijo
dice: “Yo no quiero nada, yo se lo dejo a Dios,
yo no quiero guerra, yo quiero la paz”.
Se está cumpliendo lo que hemos
dicho, que vamos a dar la vida por nuestra tierra
El hermano de la víctima, Laurentino Maya Manrique, cree que la gente no se va a desanimar
por el asesinato de Eduardo, y opina: “la gente
agarra más fortaleza, porque se enoja más por
lo que está haciendo el gobierno”, y asegura que
“el plantón va a seguir hasta ver el final”.
Julián Blanco, opositor de Los
Huajes, lamentó que la CFE haya dividido a los pueblos, y
culpó al gobernador Zeferino
Torreblanca, al líder de la CNC Evencio
Romero y a los comisariados
ejidales, “porque ellos son los que organizan
para acarrear a la gente que está al servicio
de la Comisión”.
“Ya deberían saber que somos la
mayoría, y que lo que queremos es nuestra tierra
y nuestra casa, esto va a terminar hasta que se
convenzan y echen abajo el proyecto”.
A Julián Blanco se le pregunta
qué efecto tendrá el asesinato de Eduardo Maya,
que dejó a su esposa con cuatro hijos, menores
de edad, de 16, 11 y 9 años, y uno que trabaja
en Estados Unidos. “Vamos a dar la vida por nuestra
tierra pase lo que pase”.
Temen que quieran culpar a los
testigos
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui,
informó que ayer llegaron citatorios a los testigos
Carmelo Nava Castillo
y Doroteo Analco para
que se presenten a declarar a la agencia del Ministerio
Público de Renacimiento, en Acapulco, pero los
opositores temen que en lugar de investigar los
hechos, quieran culpar a los testigos de las lesiones
con machete que presuntamente tiene uno de los
agresores, Óscar del Carmen.
La secretaria de Derechos Humanos
del CEN del PD, Aurora Muñoz Martínez, manifestó
que los opositores a La Parota piden que se les
escuche y que se atienda el problema, y dijo que
envió un documento al Comité Ejecutivo Nacional
del PRD para que envíe una comisión de derechos
humanos y participe en la denuncia de lo que está
ocurriendo.
La falta de diálogo del gobierno alienta la confrontación
en La Parota: Tlachinollan. (El Sur (Guerrero), Jesús Saavedra, p.web).
Se podrían radicalizar las posturas
de los campesinos si el gobernador no se mantiene
imparcial, advierte el dirigente de la organización
de derechos humanos de La Montaña Abel Barrera.
Chilpancingo.
El Centro de Derechos Humanos de
La Montaña Tlachinollan
advirtió que la falta de diálogo del gobierno
estatal en la zona donde se construirá la presa
La Parota alienta entre los campesinos a favor
y en contra “la confrontación y las agresiones
físicas”, como se demostró con el asesinato de
Eduardo Maya Manrique, activista del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota (Cecop).
En entrevista al terminar la sesión
del Consejo local del Instituto Federal Electoral
(IFE) sobre el asesinato del campesino, el presidente
del organismo, Abel Barrera Hernández, indicó
que las autoridades de la Procuraduría General
de Justicia del Estado intentan justificarlo como
“un asunto de borrachos”.
“Creo que las autoridades deben
estar a la altura de las circunstancias y asumir
que este es un conflicto causado por La Parota.
Para nosotros está claro, sobre todo por el lugar
donde se dio y lo que representa cada una de las
personas que ahora son víctimas y representan
una parte del conflicto”, indicó.
Barrera Hernández advirtió que
se podrían radicalizar las posturas de los campesinos
en la zona. “El riesgo está latente si el Ejecutivo
estatal no asume la responsabilidad de mantenerse
imparcial, de hacer valer el diálogo, pues estas
flaquezas de apoyar el proyecto alimenta que quienes
simpatizan con él y al ver que jurídicamente están
perdiendo esos espacios, pueden provocar que se
desvíen los canales como se observa con este homicidio,
que empiecen a tomar actitudes de desesperación
y decir que harán valer el proyecto a como dé
lugar, creo que no se trata de eso”.
Consideró que la autoridad debe
mediar en el conflicto, “debe estar ahí, pero
sentimos que hay un vacío de autoridad en la región
de lo que llamamos La Parota, ese vacío de autoridad
permite que las partes, la manera de resolver
los conflictos no sólo por la vía legal, sino
también por la vía de la confrontación. Hay este
riesgo y denunciamos que se acrecentará la violencia
en esta zona de La Parota si no hay signos de
diálogo, sobre todo con los que se oponen; esa
ausencia de diálogo alimenta la confrontación
y agresión física”, reiteró.
Organizaciones de derechos humanos responsabilizan
a Fox y Zeferino
del asesinato. (El Sur (Guerrero), Jesús
Redacción, p.web).
El Centro Miguel Agustín Pro y
el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas,
agrupados en Espacio DESC, exigen que se esclarezcan los hechos y que se cancele
el proyecto de la presa.
Organizaciones de defensa de derechos
humanos agrupadas en Espacio DESC,
entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y el Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos,
responsabilizaron al gobernador Zeferino
Torreblanca y al presidente Vicente Fox
del homicidio del comunero opositor a la presa
La Parota, Eduardo Maya Manrique.
Exigieron que se esclarezcan los
hechos y se cancele el proyecto pues “hasta ahora
ha causado la muerte de tres personas, tres herido
graves y siete presos; ha llevado violencia a
las comunidades de las que no respetan los derechos
humanos establecidos en la Constitución y en los
Tratados Internacionales”.
En una carta que firman 30 organizaciones,
fechada en la ciudad de México y dirigida al presidente
Vicente Fox; al gobernador;
al director de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), Alfredo Elías Ayub,
y al secretario de Energía, Fernando Canales Clariond,
se indica que el asesinato del comunero es resultado
de los actos emprendidos por las instancias del
gobierno para “imponer en contra de la voluntad
de miles de campesinos el proyecto hidroeléctrico”.
Aseguraron que el gobierno, entre
otras violaciones, “ha demostrado un desprecio
absoluto por los derechos humanos, lo que ha conducido
a una tensión insostenible y de enorme riesgo
para miles de personas”.
Exigen que se suspendan todos los
actos de intimidación, persecución y criminalización
contra las personas que han emprendido la defensa
legal de sus tierras; que el conflicto generado
por el gobierno se resuelva con base en los derechos
humanos y no con el envío y la ocupación de las
tierras por policías y militares, quienes lejos
de imponer el orden aumentarían los riesgos de
enfrentamiento y muerte.
En la edición de ayer se publicó
una nota donde se explica el motivo de la agresión
de acuerdo con el vocero de los opositores de
La Parota, Marco Antonio Suástegui,
quien contó que los que simpatizan con la presa
querían que se hiciera una fiesta honor del Santo
Patrón de Dos Arroyos, con juegos, feria, jaripeo,
toros, gallos y grupos musicales para el balie.
Reiteraron que “las prácticas corruptas
e impositivas de la CFE y del gobierno de Guerrero
ha generado un clima de enorme tensión y violencia
en las comunidades que serán afectadas y desplazadas
por la presa”.
Reprocharon que la CFE recurra
a las viejas prácticas de compra de conciencias,
aprovechándose de la pobreza de la gente distribuyendo
“grandes cantidades de dinero para corromper autoridades
comunales, obtener votos favorables en asambleas
ilegales y para convencer a las comunidades de
que apoyen el megaproyecto”.
La carta indica copia para el relator
Especial de Pueblos Indígenas de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, Rodolfo Stavenhagen,
y al relator Especial de Vivienda Adecuada de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Miloon Kothari.
Espacio DESC
está formado por el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota; Casa y Ciudad,
de colación Hábitat México; Cátedra UNESCO de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma
de México, entre otras organizaciones nacionales
y extranjeras. (Redacción).
Pide Evencio Romero al
gobierno que policías vigilen la zona de La Parota. (El Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p.web).
Por la muerte del campesino es
posible que haya más violencia, admite, pero niega
que el motivo del crimen haya sido la presa. “Fue
por diferencias en la organización de la feria,
asegura el dirigente de la CNC no oficial.
Chilpancingo.
El dirigente de la CNC no oficial,
Evencio Romero Sotelo,
rechazó ayer que el asesinato del opositor a la
presa La Parota Eduardo Maya Manrique fuera a
causa del conflicto que existe por el proyecto
y aseguró que fue por diferencias en la organización
de la feria del Santo Patrono San Felipe de Jesús.
Admitió que debido a esos hechos
es posible que haya más violencia, por lo que
demandó a las autoridades estatales que envíen
a policías para que vigilen la zona.
El asesor de los campesinos que
están a favor del proyecto aseguró que fue la
víctima quien buscó a los hermanos Víctor Manuel
y Oscar del Carmen Alemán en su casa después de
una discusión la medianoche del sábado, y que
al abrirle la puerta lesionó con un machete a
Víctor Manuel y que Oscar le arrojó una piedra
que le pegó en la sien.
“Es totalmente falso lo que informó
a los medios Marco Antonio Suástegui”,
señaló Romero Sotelo
y aseguró que los hermanos Del Carmen Alemán ni
siquiera participan en las reuniones de los comuneros
a favor de la presa.
Explicó que lo que pasó es que
Manuel del Carmen es integrante del Comité Profestejo
del Santo Patrono San Felipe de Jesús, que se
celebra el 5 de febrero, y que acudió al plantón
de los opositores a pedirles que permitieran el
paso a quienes llevarían los juegos de la feria
que se instalará en el pueblo.
Agregó que los opositores que bloquean
el paso se negaron a la solicitud y eso provocó
una fuerte discusión al calor de las copas entre
Maya Manrique y Manuel del Carmen.
Explicó que a Manuel lo acompañaba
su hermano Oscar y que ambos se fueron a su domicilio,
a donde dos horas después fue a buscarlos Eduardo
y les exigió a gritos que salieran.
Romero Sotelo
dijo que al abrirles la puerta Eduardo le dio
un machetazo a Víctor Manuel, quien cayó al suelo,
y por eso Oscar tomó una piedra y se la arrojó
a la cabeza de Oscar, quien recibió el golpe en
la sien y cayó herido de muerte.
Indicó que entre Eduardo y Víctor
Manuel ya había problemas personales “que nada
tienen que ver con el conflicto por La Parota”,
pero que el dirigente de los opositores, Marco
Antonio Suástegui, le
quiere dar ese sesgo debido a que “cada vez tiene
menos gente y quiere agarrar bandera para que
recupere a la gente que antes lo seguía”.
Señaló que como el móvil está relacionado
con la organización de la feria, ésta se suspendió.
Evencio Romero
admitió que las cosas están muy tensas y pueda
haber más hechos de violencia, por lo que exigió
a las autoridades estatales que envíen policías
para que se encarguen de la seguridad.
MICHOACÁN
Resurge el conflicto por la posesión de 67 hectáreas. (La Jornada, Martha Luna,
p.web).
Pamatacuaro y Tarecuato.
Los Reyes- El antiguo
conflicto ejidal entre uno de los anexos de Pamatácuaro,
Jesús Díaz (Tzirío)
municipio de Los Reyes y la comunidad de Tarecuato
perteneciente al municipio de Santiago Tangamandapio, por la posesión de 67 hectáreas, vuelve a poner
en riesgo la posibilidad de confrontaciones violentas
entre sus comuneros.
Con el argumento de que los habitantes
de Tarecuato estaban
robando el ganado de los de Tzirío,
el representante de bienes comunales de éste último,
José María Molina Alonso, convocó en purhépecha
a sus habitantes por medio del radio de la comunidad,
incitando a "tomar lo que es suyo",
según habían determinado fuentes de la Secretaría
de Gobierno del Estado, por lo que recientemente
un grupo de comuneros de Tzirío, algunos de ellos armados con retrocargas, machetes
y palos, comenzaron a trabajar las tierras del
predio en conflicto con la intención de preparar
el terreno para la siembra, invadiendo además
otras 20 hectáreas, provocando así que el problema
con Tarecuato resurgiera.
Dicho conflicto se originó desde
hace más de 40 años, cuando miembros de una familia
de apellido González, pertenecientes a la comunidad
de Tzirío, se apoderaron
mediante escrituras apócrifas de un terreno ubicado
a kilómetro y medio de su comunidad, aún sabiendo
que el terreno mencionado pertenecía a la comunidad
de Tarecuato, ocasionando
el reclamo.
Aproximadamente hace tres años,
mediante un dilatado proceso agrario, Tarecuato
logró el veredicto a su favor, por lo que la reacción
de comuneros de Tzirío no se hizo esperar, acompañados por el subrepresentante comunal, acudieron a Pamatácuaro
con el Representante de Bienes Comunales en turno
Moisés Ruiz Reyes, mismo que decidió repartir
el predio entre 67 comuneros, provocando tomaran
posesión de manera violenta.
Luego de secuestrar a tres habitantes
de Tarecuato, habitantes
de de Tzirío invadieron el terreno ocultando su identidad tras de
un pasamontañas y totalmente armados, entre los
que se encontraban hombres, mujeres y niños, sitiando
el lugar impidiendo el paso de cualquier autoridad.
OAXACA
Por pleito de tierras matan a dos campesinos en
Oaxaca. (La Jornada, Víctor Arrazola, p.web).
Oaxaca, Oax., 30 de enero. La Policía
Ministerial estatal auxilia a la agencia del Ministerio
Público, con sede en Sola de Vega, que investiga
un doble homicidio perpetrado en el paraje La
Ciénaga, en las inmediaciones de la comunidad
El Platanal Llano Nuevo,
municipio de Amoltepec.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia
del Estado dieron a conocer que sujetos desconocidos
dieron muerte a balazos, en una emboscada, a los
campesinos Bernabé Pérez Hernández, de 73 años
de edad, y Martín Pérez López, de 37, el domingo
en El Platanal Llano
Nuevo, poblado que mantiene conflictos por tierras
con sus vecinos de Yucutindoo,
Zenzontepec, Textitlán
y Zaniza, que han dejado al menos 500 muertos durante los últimos
50 años, según cifras del gobierno de Oaxaca y
de organismos civiles.
SAN LUIS POTOSÍ
Autorización de INAH a MSX continúa suspendida. (La Jornada, Hugo Becerra, p.web).
Sedena no ha informado
nada al instituto sobre uso de explosivos, señala
el delegado.
La autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), a Minera San Xavier continúa suspendida
por el Juzgado Tercero de Distrito, informó Manuel
Frausto Franco, delegado
estatal del INAH.
En entrevista dijo que no han recibido comunicación oficial
de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre
la autorización para el uso de explosivos durante
el 2006, otorgado a la empresa recientemente por
las autoridades militares.
“En ese sentido –dijo– nosotros esperaremos ya sea al jurídico
nacional o a la oficina aquí en San Luis Potosí,
la notificación al respecto”.
Apuntó que la situación de la empresa continúa exactamente
igual que como ha venido informando, es decir
que el permiso del INAH está en suspensión por
un juicio de amparo promovido por ejidatarios
del núcleo agrario Cerro de San Pedro ante el
Juzgado Tercero de Distrito.
El delegado estatal del INAH dijo que hasta que no se defina
dicho juicio de amparo los plazos y las condiciones
del permiso permanecerán sin efectos.
Reconoció que está enterado de que la empresa está haciendo
detonaciones dentro de su propiedad en Cerro de
San Pedro, pero observó que el INAH no puede entrar
a propiedad privada y que mientras no haya daño
al patrimonio cultural no es su competencia lo
relativo a las detonaciones de la empresa.
Dijo que está es la situación que prevalece y que hasta la
fecha no han detectado daño al patrimonio cultural
en la zona además de que la empresa se encuentra
trabajando lejos del núcleo poblacional de Cerro
de San Pedro.
Apuntó que una vez que resuelva dicho juicio de amparo, se
reactivarán los plazos que se venían manejando
en el permiso condicionado que dieron a la empresa.
E informó que mantienen visitas de vigilancia al poblado histórico
para prevenir cualquier daño que pueda sufrir.
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