CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2006

OCHO COLUMNAS

Solicita PGR indagar a Montiel en Francia

Aseguran que rastrean cuentas en París de él o de su familia.

Definen en IFE avalar a Mercado como candidata

Pugna en Alternativa divide a consejeros. El instituto emite hoy resolución. Prevén que el caso llegue al TEPJF.

Lanza Fox su sistema de pensiones

Previo al arranque de las campañas ofrece $500 bimestrales para los más pobres.

Caída constante de los réditos; bajan a 7.89%

Ligan 25 semanas de retrocesos; Cetes a 28 días, en niveles de 2004. Pierde 2.47% la Bolsa; la toma de utilidades es sana: Pedro Zorrilla.

Al cobijo de Marta, la red de poder de Bribiesca

Diputados: es pantalla de Vamos México. González Schmal: la florería en el Ángeles fachada para negocios ante el sector salud.

Se va cerrando: AMLO 37%, Calderón 31% y Madrazo 30%

Baja 2% el perredista y sube 6% el panista.

Batres y Barrales saltan del banco de Bejarano

A dos años del videoescándalo, Martí dice que tiene ideas contrapuestas con René. Esa “camarilla” se separa sólo para buscar más espacios políticos, acusa vocero de la IDN.

Nuevo revés: amparo a tres ingenios más

Unanimidad de votos en la SCJN a favor del mismo grupo. En su momento, se evitó el “estallido social”: Los Pinos.

Crean alianza antidrogas México-EU-Centroamérica

Diseñan política regional para atacar la “globalización” criminal. Califican a carteles como la principal amenaza a la seguridad.

La IP votará por Felipe Calderón o por AMLO

El millonario Carlos Slim será fiel de la balanza para definir el respaldo de la IP hacia el PRD o PAN, sostienen analistas. El desprestigio del PRI hace de Madrazo un candidato inviable.

Sector agrario

Demandan solución a conflictos agrarios. (Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, Martha Izquierdo, p.web).

Las autoridades comunales y municipales pidieron que cesen los trabajos de certificación en la zona de conflicto.

Asunción Ixtaltepec.- Para los zoques no hay mañana, por eso demandaron a las autoridades del sector agrario, la solución de los conflictos que amenazan la estabilidad en los límites con Chiapas y Veracruz.

Durante la reunión de trabajado desarrollada en este municipio y presidida por el procurador agrario Isaías Rivera Rodríguez y el titular del Registro Agrario Nacional (RAN), así como los delegados de la Reforma Agraria de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas.

Y es que desde diciembre del año pasado las autoridades comunales de San Miguel, Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez y de Santa María, Alberto Luis Hernández, denunciaron que el programa Procede estaba violentando la vida de los indígenas zoques debido a que se llevaban a cabo en comunidades asentadas en tierras de Los Chimalapas.

Los comuneros zoques denunciaron que en la zona limítrofe con el estado de Veracruz, detectaron la realización de los trabajos del Procede en cinco ejidos, entre ellos los conocidos como Dos Arroyos, Agostadero, Río Alegre, Esfuerzo Nuevo.

En tanto que en la zona limítrofe con Chiapas los trabajos se llevaban a cabo en los ejidos de Felipe Ángeles, Las Merceditas, Cal y Mayor, Pilar Espinosa dos, Francisco Sarabia, y Luís Echeverría, de un total de 22 núcleos ejidales.

Los ejidos veracruzanos y chiapanecos están asentados dentro de las tierras comunales de los Chimalapas quienes pidieron a las autoridades la suspensión del programa de certificación y demandaron la solución de los conflictos agrarios.

En esta reunión los representantes agrarios de los tres estados manifestaron la voluntad que existe para resolver estos conflictos que provocan un clima de tensión en la zona.

Aquí también los zoques lograron obtener el compromiso de crear comisiones técnicas y jurídicas para revisar los conflictos, luego de que demandaran a la Procuraduría agraria y al gobierno del estado financien el brecheo y el amojonamiento de la perimetral de los bienes comunales con Chiapas, Veracruz y Santa María Petapa”.

Asimismo se acordó que será en febrero cuando las autoridades agrarias se reúnan por separado, primero con Veracruz y después Chiapas en donde existe mayor resistencia del gobierno estatal a admitir que las tierras de sus núcleos de población son propiedad de los Chimalapas.

CONFLICTOS

Autoridades del Registro Agrario Nacional sostienen trabajos para buscar la solución a los conflictos agrarios.

“Enviados” de López Zavala, interesados en tierras en Valsequillo: comisario de Azumiatla. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).

Autoridades del ejido de San Andrés Azumiatla dieron a conocer que un grupo de empresarios y corredores inmobiliarios, algunos de ellos enviados supuestamente por el secretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala, y funcionarios de la Procuraduría Agraria en Puebla, se han acercado al núcleo agrario con la intención de adquirir hasta mil hectáreas de terreno en la zona del lago de Valsequillo, donde el gobierno del estado pretende detonar un megaproyecto inmobiliario que incluye zonas residenciales, club de vela y actividades náuticas, hoteles y malecones, entre otros.

Los campesinos, además, advirtieron que por ningún motivo aceptarán que sus terrenos sean expropiados. “Va estar un poquito duro; desde luego no nos vamos a dejar”, aseveró Daniel Fuentes Escalona, comisario ejidal de San Andrés Azumiatla.

De acuerdo con el Resumen Ejecutivo del Proyecto de Valsequillo, elaborado en 2004 por el equipo del hoy gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, el megaproyecto pretende comenzarse en la zona surponiente de la presa, que abarca las juntas auxiliares más pobres de la capital poblana: San Andrés Azumiatla y Santa María Guadalupe Tecola. Allí existen 17 ejidos, y las ventajas que ofrece es la ausencia de conflictos agrarios, “vistas atractivas” y su cercanía a vialidades existentes.

En total, el megaproyecto de Valsequillo tendrá un costo de 8 mil 323 millones de pesos, y abarcará una superficie de 10 mil 481 hectáreas. Según las estimaciones, el proyecto generaría ganancias sólo por bienes y raíces hasta por 15 mil 700 millones de pesos para todos los inversionistas que lleguen a la zona, pero las autoridades estatales estarían dispuestas a pagar a los campesinos y ejidatarios solamente 16 pesos por metro cuadrado.

El inicio de la especulación

A decir de Daniel Fuentes Escalona, desde mediados de 2005 –tiempo en que el gobierno del estado difundió su decisión de llevar a cabo el megaproyecto– inició la visita de diferentes empresarios inmobiliarios a fin de entablar una negociación para la adquisición de predios en la zona; sin embargo, fue hasta el último bimestre del año pasado cuando arreciaron las propuestas.

Hasta ahora, mencionó, la empresa más interesada en la compra de lotes es el Grupo Solución, encabezado por José Carlos Puente, que pretende adquirir mil hectáreas en el ejido de San Andrés Azumiatla, supuestamente para poder construir un invernadero y tener un área boscosa. Los representantes de la compañía, expuso, fueron llevados personalmente al ejido por funcionarios de la Procuraduría Agraria en Puebla, principalmente el jefe de residencia, Abel Quesada.

En un principio, relató Fuentes Escalona, los representantes de la firma ofrecieron un pago de 70 mil pesos por metro cuadrado, pero la propuesta fue rechazada totalmente por los ejidatarios. A las pocas semanas, los empresarios regresaron para ofrecer 1.5 millones de pesos por hectárea, es decir, más del doble del monto original, pero la transacción nunca fue cerrada.

Al ejido, abundó el comisario, también arribaron otras personas que, aseguraron, iban por conducto de Javier López Zavala, titular de la Segob estatal, pero nunca han dejado sus nombres ni les han planteado claramente el número de hectáreas que desean comprar; sólo les interesaba conocer el costo de las tierras.

Daniel Fuentes mencionó que ninguna venta se concretó porque la mayoría de los integrantes del ejido de San Andrés Azumiatla se opone. Actualmente, manifestó el comisario ejidal, existen mil 87 ejidatarios, los cuales son propietarios de 2 mil 700 hectáreas. “Ha habido acercamientos, pero no existe nada concreto, han sido empresas, quieren comprar tierras, pero solamente unos cuántos quieren vender, no hay nada en concreto. Nos dijeron una vez que por el periódico, pero no hay nada en concreto. Se ha platicado”, agregó.

El ejidatario apuntó que otra de las razones para finiquitar las ventas es que los acercamientos forman parte de una estrategia definida por las autoridades estatales, la cual consistiría en cuatro etapas. Aunque no quiso profundizar en el tema, explicó que han tenido conocimiento sobre varios proyectos que se pretende detonar en la zona, pero su realización forma parte de una cuarta etapa, la cual se formalizará en tres o cuatro años.

La importancia de la zona

El megaproyecto de Valsequillo, tal como está planteado, considera la adquisición de las 10 mil 481 hectáreas en tres fases: la primera incluye los 17 ejidos ubicados en las juntas auxiliares de Azumiatla y Tecola; la segunda está al costado oriente de la presa, integrada por cuatro ejidos, y también es un área “sin conflictos agrarios”; la tercera está al suroriente; está considerada como el área de mayores problemas por sus conflictos agrarios. Allí están Los Ángeles Tetela, San José Tejaluca, San José Xaxamayo y San Bernardino Tepenene.

Hay otra zona que está en San Andrés Azumiatla, en el costado poniente de la presa de Valsequillo, integrada por dos ejidos, que será destinada a uso agrícola. En ese lugar actualmente existe una alta productividad y la cual se pretende conservar.

En el documento –cuya copia obra en poder de este diario–, los 17 ejidos que están en la zona en donde se pretende detonar el megaproyecto “son susceptibles de ser invadidos en el corto plazo si no se aprovecha”. El área abarca una parte de San Andrés Azumitla y absorbe por completo Santa María Guadalupe Tecola, así como los asentamientos de San José el Rincón y La Paz Tlaxcolpa. Allí, además, están los cerros La Nopalera, La Palmilla, Palmillas, El Mirador, Coachila, Rancho Viejo y Nopaltepec.

Ejidatarios respaldan trabajado del edil. (El Sur de Campeche, p.web)

En convivió de año nuevo con autoridades municipales, manifestaron que esta labor ha permitido un mejor desarrollo del municipio

Palizada.- Ejidatarios de Santa Isabel y San Juan hicieron patente su respaldo al presidente municipal, Deyro Cámara Damas y reconocieron el trabajo que ha venido realizando al frente de la Comuna paliceña, lo que ha permitido un mejor desarrollo al municipio.

Al asistir a un convivio de año nuevo que organizaron la directiva ejidal que preside Rogelio Uc Hernández, también le demostraron al edil su agradecimiento por los beneficios que ha otorgado en su administración al ejido Santa Isabel, destacando el deslinde de sus terrenos a través de la Procuraduría Agraria, mejoramiento a la infraestructura del edificio de la comisaría ejidal, que consiste en rehabilitación del sistema eléctrico, sistemas de ventilación, construcción de barda perimetral, pintura general.

Entre otros reconocimientos que hicieron los ejidatarios es el apoyo que han recibido de la administración del gobernador del Estado, Jorge Carlos Hurtado Valdez, llevado a cabo en esta región como son las acciones de construcción de más de 7 kilómetros de caminos de acceso a centro productivos, la red de agua potable de 16 kilómetros, la construcción de puente vehicular, reconstrucción de la carretera Palizada-Santa Isabel, entre otros.

"Con hechos y no palabras" ha estado respondiendo el alcalde Cámara Damas y nos da muestra de júbilo por que no nos equivocamos al depositar la confianza en él, ya que nos ha cumplido las demandas, afirmó Andrés Acosta, delegado municipal de San Juan.

Apoyado por sus compañeros ejidatarios planteó nuevamente al presidente municipal, Deyro Cámara Damas, no quitar el dedo del renglón y seguir llevando a cabo las gestiones ante las instancias competentes, para que se retome de nueva cuenta la construcción de la carretera Palizada-Carmen y externaron su confianza que el Gobernador "no nos va dejar solos y desamparados", por lo cual "le apoyamos en esta lucha para conjuntar esfuerzos entre todos y de esta manera hacer realidad nuestros anhelos de contar con una vía de comunicación digna".

Por su parte el Alcalde de Palizada refrendó su compromiso de seguir trabajando con el mismo entusiasmo y entrega, como si fuera el primer día de su gobierno y manifestó que en cada una de las obras y acciones realizadas a favor de los paliceños ha puesto su mayor entusiasmo, sin pretender nunca el lucimiento personal, sino al contrario se ha hecho, para contribuir al desarrollo y progreso del municipio de Palizada.

Al señalar que en estos dos años de gobierno ha sido de gran lucha y esfuerzo para darles mayores beneficios a los hombres del campo y a las familias más necesitadas del municipio. Cámara Damas subrayó que Palizada en este 2006 espera más de lo que hasta hoy ha recibido y dijo, que los paliceños confían en el Gobernador del Estado, estamos seguros de que este municipio será beneficiado con el apoyo que requiere para avanzar en el ritmo con crece el estado de Campeche.

Finalmente, los ejidatarios de Santa Isabel y San Juan, junto con el alcalde, Deyro Cámara Damas y funcionarios municipales, degustaron de un platillo de cochinita, como parte del convivio de año nuevo que ofrecieron la directiva ejidal.

Procede genera confianza en las comunidades indígenas. (Mi Morelia.com, p.web)

Morelia, Mich.- El Registro Agrario Nacional ofrece certidumbre jurídica a mil 520 familias michoacanas en el presente mes.

Con la entrega de 485 certificados, resultado del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), que avalan una superficie de 59 mil 602 hectáreas en la comunidad indígena de El Coire, municipio de Aquila, el Registro Agrario Nacional (RAN) realiza la certificación de la primera comunidad indígena de la costa michoacana.

En este sentido, Jorge Zárate Magdalena, titular del RAN en la entidad, resaltó que a doce años de operación del Procede, se han certificado y titulado mil 596 núcleos que equivalen al 87.07 por ciento del total estatal y que benefician a 178 mil 412 familias a través de la expedición de 402 mil 440 documentos que acreditan la legítima propiedad de sus tierras.

El funcionario destacó la importancia de la incorporación de las comunidades Indígenas al Procede, “sobre todo de las zonas de la Tierra Caliente, pues a pesar de las críticas y descalificaciones hechas en distintos momentos por algunos líderes y organizaciones campesinas en contra del Programa, queda clara la participación y confianza de comunidades como El Coire en los proyectos de Gobierno”.

De esta suerte, afirmó el funcionario, el Registro Agrario trabaja a ritmo intenso para lograr la certificación del total de los núcleos agrarios que están pendientes para esta anualidad en la que concluye de forma definitiva el Procede. Indicó que tan sólo en el presente mes se han otorgado mil 520 certificados y títulos de propiedad en los ejidos de Coahuayana y Aquiles Serdán, del municipio de Tingüindín, “lo que marca una positiva tendencia”.

Por otra parte Zárate Magdaleno explicó que a la fecha se encuentran en proceso de certificación 140 núcleos agrarios, amén de los 97 que no accesaron al Procede debido a que presentan problemas jurídicos, técnicos o sociales.

Cabe recordar que Michoacán cuenta con una superficie de 5 millones 986 mil 400 hectáreas, de las cuales 2 millones 786 mil 699 son de propiedad social, es decir un 46.55 por ciento de la superficie total de la entidad, en donde existen mil 833 núcleos agrarios, de los cuales mil 731 son ejidos y 102 comunidades.

Entregó el Registro Agrario Nacional 485 certificados de propiedad en la comunidad de El Coire en Aquila. (La Jornada de Michoacán, Antonio Aguilera, p.web)

En proceso, 140 núcleos agrarios, aparte de los 97 que no ingresaron al PROCEDE.

El Registro Agrario Nacional entregó 485 certificados que avalan una superficie de 59 mil 602 hectáreas en la comunidad indígena de El Coire, municipio de Aquila, bajo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Jorge Zárate Magdalena, titular del RAN en Michoacán, informó que con esta entrega, en los 12 años que opera el Procede en la entidad se han certificado y titulado mil 596 núcleos que equivalen al 87.07 por ciento del total estatal, lo que ha beneficiado a 178 mil 412 familias, a las que se les han entregado 402 mil 440 documentos de propiedad de sus tierras.

Asimismo, en estos momentos se encuentran en proceso de certificación 140 núcleos agrarios, amén de los 97 que no ingresaron al Procede, debido a que presentan problemas jurídicos, técnicos u sociales.

Michoacán cuenta con una superficie de cinco millones 986 mil 400 hectáreas, de las cuales dos millones 786 mil 699 son de propiedad social, es decir, 46.55 por ciento de la superficie total de la entidad, en donde existen mil 833 núcleos agrarios, de los cuales mil 731 son ejidos y 103 comunidades.

Asimismo Zárate Magdalena comentó que en enero el RAN ha otorgado mil 520 certificados y títulos de propiedad en los ejidos de Coahuayana y Aquiles Serdán, del municipio de Tingüindín.

Denuncian otro despojo de tierras. (Tribuna de Campeche, p.web).

Yucatán.

El Gobierno de Sauri nunca pagó a ejido.

Desde 1992, el Gobierno del Estado compró 10 mil hectáreas a mil 800 campesinos del Municipio de Halachó y nunca les pagó los 319 millones 146 mil pesos que les prometió por ellas, por lo que ahora exigen a la actual administración que les haga efectivo el dinero de la transacción.

El comisario ejidal de Halachó, Avelino May Ucán, dijo que ya pasaron 15 años y cuatro gobiernos y todavía no reciben la indemnización por la venta de sus 10 mil hectáreas, ya que se han negado a pagarles lo que corresponde a mil 800 campesinos.

"En el Gobierno interino de la priísta Dulce María Sauri Riancho se adquirieron esos terrenos con la intención de construir una caseta fitosanitaria de inspección que actualmente existe como un retén militar de la carretera Mérida-Campeche", explicó.

Incluso, continuó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el siete de diciembre de 1992, la expropiación de las 10 mil hectáreas y el compromiso del Gobierno del Estado de hacer efectivo el pago de 319 millones 146 mil pesos.

"Del Gobierno interino de Sauri Riancho pasamos a las administraciones de Federico Granja Ricalde, Víctor Cervera Pacheco y ahora estamos en la de Patricio Patrón Laviada sin que se haga justicia a los ejidatarios del Municipio de Halachó", sostuvo.

May Ucán precisó que realizaron una investigación entre los comisarios ejidales anteriores y ante dependencias federales como el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) para saber si alguien se quedó con el dinero y se logró saber que el Gobierno del Estado nunca depositó un sólo peso por la adquisición de terrenos.

Por tal motivo, subrayó, hechas ya las investigaciones correspondientes, hemos decidido solicitar al Gobierno de Patrón Laviada que haga justicia a los ejidatarios que hace 15 años creyeron en la palabra de los gobernadores priístas y luego de vender su patrimonio no fueron indemnizados.

"Además hay violaciones a las leyes agrarias, porque nadie puede utilizar los terrenos si no paga primero su compra, sin embargo todo se hizo al revés, se gestionaron las 10 mil hectáreas, se apoderaron de ellas, se construyó la caseta fitosanitaria de inspección, pero nunca se pagó a los dueños que son los campesinos", abundó.

VISITA DE LA UNAM

Por otra parte, invitados por los ejidatarios de Oxcum, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) visitaron ayer sus tierras sobre las cuales emitirán un dictamen sobre la viabilidad de utilizarlas para construir la planta potabilizadora Mérida IV sin afectar el entorno natural y ecológico.

El asesor jurídico de los ejidatarios de Oxcum, Municipio de Umán, William Santos Sáenz, informó que el año pasado, cuando viajó a la Ciudad de México para presentar una denuncia en el Tribunal Nacional Agrario contra el prestanombres del Gobierno del Estado, Antonino Almazán Arteaga, por usurpación de tierras ejidales, aprovechó la ocasión para acudir a la UNAM.

Ayer llegaron a Oxcum cuatro maestros y cuatro estudiantes de la UNAM para recorrer las mil cuatro hectáreas maestros, con el fin de anticipar el impacto ambiental que tendría el uso de los terrenos ejidales para la construcción de una planta potabilizadora, añadió.

En el sitio, agregó, hay flora, fauna y vestigios mayas, todo lo cual sería depredado por el Gobierno del Estado si llega a entrar maquinaria para el desmonte y preparación de terrenos para la planta potabilizadora Mérida IV.

Los visitantes se internaron en los montes de Oxcum, que colindan con el Municipio de Hunucmá, y en un mes emitirán el resultado de sus observaciones y estudios a nivel nacional.

Santos Sáenz recalcó que los universitarios están conscientes de que se pretende depredar tierras cultivables e impactar a una extensa zona donde abundan diversas especies animales y vegetales, así como asentamientos mayas prehispánicos.

Sale Director de Gobierno del Municipio. (El Mexicano, Juan Ramón Rosas, p.web).

Cd. Juárez, Chihuahua.- El secretario del ayuntamiento Jorge Antonio Álvarez Compeán, anunció la renuncia de Héctor Arceluz Pérez, quien estuviera a cargo de la Dirección de Gobierno en el Municipio de Juárez.

En su lugar estará al cargo quien fuera titular de la Dirección del Jurídico Tomas Bustamante.

Arceluz, tomó ese cargo desde inicio de la administración y por una razón que no fue dada a conocer, deja el puesto.

En el lugar de la Dirección del Jurídico, se quedará Adolfo Castro Gutiérrez, quien fuera coordinador de los abogados de esa dependencia.

Dentro del currículum de Castro Gutiérrez, reza que fue secretario en el Supremo Tribunal de Justicia, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Cabe señalar, que dentro de la labor de Bustamante como director de Jurídico, se perdieron 100 juicios de amparos de empresas que no pagaron el impuesto del Derecho de Alumbrado Público, (DAP), lo que significó que el Municipio de Juárez, se vio en la necesidad de regresar cantidades millonarias a esas empresas.

Por otra parte, el titular de la Oficialía Mayor Murilio Fuentes Estrada expresó que dentro de las dependencias que pertenecen a esa dirección habrá enrroques de titulares para que exista una mejor transparencia a la hora de que exista una auditoria.

“Los enrroques son con el único fin de que los jefes de departamentos no sean juez y parte al momento de que les están revisando las labores por parte de la Sindicatura”, manifestó Fuentes Estrada.

Termina querella por tierras en Miacatlán. (La Unión de Jojutla, Marcela E. Toledo, p.web)

Miacatlán, Mor.- Más de 400 hectáreas fueron entregadas a la comunidad de Miacatlán, mismas que debido a las mediciones que se realizaron hace tiempo, se disputaban entre los ejidos de Palpan y Temixco; así lo informaron comuneros de Miacatlán.

Lo anterior debido a que cuando se llevó a cabo el programa "Procede" en este municipio, de la Procuraduría Agraria y reconocido por el Registro Agrario Nacional (RAN), midieron mal y desde entonces 450 hectáreas eran peleadas entre los ejidos mencionados y Miacatlán.

Lo anterior ocasionó en diversas momentos enfrentamientos entre los vecinos de Miacatlán, Palpan, Tetlama y Palo Grande, por lo que en reiteradas ocasiones, comuneros pidieron corregir el error, sin obtener respuesta.

Por ello solicitaron a las instancias involucradas en las mediciones, que volvieran a calcular y declararan quién tenía la razón replanteando los linderos.

Para dar solución a lo anterior se llevó a cabo un juicio en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), solicitado por Simón García Molina, presidente de Bienes Comunales, pues existían desde el año de 1905 unas mojoneras y al hacer las mediciones despojaron de la tierra a la comunidad de Miacatlán, adentrándose a los linderos ente 600 y 800 metros y beneficiando a los ejidos citados.

Cabe señalar que ejidatarios de Miacatlán dijeron con anterioridad que a ellos pertenecía la superficie de tierra, misma que hasta el momento se encontraba "ociosa", pues no podía ser sembrada.

No obstante, la respuesta favoreció a los comuneros de Miacatlán, según lo dicho por Fernando López Martínez y desde hace varios meses les fue entregada esta superficie de tierra.

Decretan desde 1936 usar los terrenos de ejido como vivero. (El Siglo de Durango, René Arellano, p.web)

El proyecto del Vivero de Lerdo tiene sus espacios bien definidos, por lo que los ejidatarios se oponen a la construcción de hospital.

Lerdo, Dgo.- A través de un acuerdo presidencial signado por el entonces primer mandatario de la República Mexicana Lázaro Cárdenas del Río, el día 16 de diciembre de 1936, se resolvió destinar 24 hectáreas para la creación del Vivero Regional y dos hectáreas para la ampliación y mejor acondicionamiento del Estadio Ejidal.

Dicho documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece en el apartado correspondiente al Departamento Agrario –hoy Secretaría de la Reforma Agraria- que se nulifica el contrato de arrendamiento de 30 hectáreas, entre el Comité Particular Administrativo del Ejido de Ciudad Lerdo y la compañía denominada Durango Brewing, acto que se celebró el 15 de enero de 1926.

Cárdenas del Río resolvió destinar los terrenos del Ejido de Ciudad Lerdo que estaban en dominio de la compañía ya mencionada, a los siguientes fines: 24 hectáreas para la creación del Vivero Regional, que en ese entonces quedó a cargo del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, mientras que dos hectáreas se utilizarán para la ampliación y mejoramiento del Estadio Ejidal.

Es decir que desde hace ya 69 años dicho espacio fue destinado para la reproducción y propagación de toda clase de árboles propios del clima de la misma Comarca Lagunera, como se le ha conocido desde entonces a esta región. Y será precisamente durante el mes de diciembre cuando se cumplan exactamente 70 años de funcionar como vivero.

Según el citado documento, el Departamento Agrario emite su dictamen que favorece tal anulación de contrato y a través de cinco puntos; dicha instancia considera que la empresa mencionada y posteriormente la compañía Cervecera de Sabinas, S.A. de C.V, que la sucedió en el contrato, sólo aprovecharon cuatro hectáreas de la superficie arrendada.

Además de señalar que la compañía no cumplió con la construcción y sostenimiento de dos planteles educativos, además de señalar que la propagación y restauración de los bosques y arbolados han sido declaradas de utilidad pública en la República Mexicana y que la ampliación del Estadio Ejidal sólo se puede realizar hacia la superficie que ocupa la citada empresa. Y finalmente detalló que los ejidatarios expresaron su aprobación para ceder los terrenos para la creación del Vivero Regional.

El gobierno no es responsable del divisionismo indígena, aseguran. (Cambio de Michoacán, Johanna Muñoz, p.web)

La otra campaña

El gobierno no es responsable del divisionismo indígena ni de los conflictos agrarios, al contrario, está coadyuvando en la construcción de ideas y estrategias de cómo resolver los problemas de las comunidades, dijo Néstor Dimas Huacuz, coordinador de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, en respuesta a las críticas hechas por parte de la Organización Indígena Nación Purépecha.

Asimismo, dijo que en el caso de los problemas de tenencia de la tierra o los conflictos agrarios «no son de este gobierno, son situaciones añejas. A nivel nacional la Federación tiene como focos rojos diversas regiones que se están atendiendo».

Por tanto, consideró, el culpar al gobierno del estado es una falta de responsabilidad y de información, que forma parte de un protagonismo que usualmente suele hacerse de líderes de organizaciones.

De tal manera que recomendó a las organizaciones que tengan claro de las situaciones reales de las comunidades, porque el gobierno del estado está coadyuvando con el gobierno federal para resolver los problemas.

Aunque en muchas ocasiones, abundó Dimas Huacuz, los líderes en lugar de apoyar y aportar ideas están dividiendo internamente a las comunidades.

«Se tendría que hacer un análisis más concreto porque los problemas de tenencia de la tierra son añejos, pero además, en estos momentos hay grupos que no permiten que se llegue a un diálogo o a una conciliación por intereses políticos o internos».

Pero en general, reiteró, hay desconocimiento de algunos líderes en torno a las acciones que está desarrollando el gobierno del estado en las comunidades indígenas.

Problemáticas y demandas

Conflictos agrarios

Tala clandestina

Infraestructura carretera (la Costa, Sierra Alta)

Agua potable

Salud (hospitales regionales)

Se oponen a modificación de linderos aprobada por el Tribunal Agrario. (El Sur (Guerrero), Carmen González, p.web).

Los habitantes de Colombia de Guadalupe, inconformes por una resolución que beneficia a sus vecinos de Tilaza.

Tlapa.

Los habitantes de Colombia de Guadalupe se dijeron inconformes con la sentencia que emitió el Tribunal Agrario donde modifica los linderos que reconocían con sus vecinos de Tilapa porque no se ajustan a la resolución presidencial de 1948.

El ex comisario de la comunidad Ignacio Navarro lamentó que el Tribunal Agrario haya emitido una sentencia donde se le aprueba a Tilapa la realización de trabajos técnicos topográficos que vienen a modificar los linderos que venían reconociendo desde tiempo atrás.

También lamentó que Tilapa “le mueva al avispero” y amenazó, que no les van a quitar tan fácil sus terrenos porque como comuneros defenderán su territorio y culpó al Tribunal de crear otra línea que no es. Además comentó que Tilapa está “bronqueada” con las 10 comunidades que se encuentran alrededor.

Navarro acusó a las autoridades de generar los problemas porque ellos tienen el título y agregó que los pueblos no son los culpables de los conflictos sino el Estado, que es quien los fomenta con esas acciones, “que necesidad había”.

Mientras tanto el Comisariado de Bienes Comunales de Tilapa, Crisóstomo Bruno Maximiliano dijo que el problema “no es grave” y que en el momento que se sienten a platicar con la otra comunidad se resuelve porque todos son hermanos.

El Comisariado explicó que se trata de un trámite donde salió la documentación de Tilapa y que como Colombia de Guadalupe no estuvo de acuerdo los demandó pero que es algo que se tiene que resolver.

La información con que cuentan las autoridades agrarias en la región es que la comunidad de Tilapa tiene confrontaciones con todos los núcleos agrarios con que colinda y que con Colombia de Guadalupe se debe a la resolución de titulación de Tilapa que salió en este mes de enero, aunque desconocen las inconformidades.

Sector agropecuario

Ordena la Corte devolver más ingenios. (La Jornada, Jesús Aranda, p.web)

Concede tres nuevos amparos contra la expropiación foxista decretada en 2001.

El grupo Machado recuperó en dos días cuatro empresas.

Habrá otros beneficiados.

En unos 20 minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió ayer tres amparos más a ingenios azucareros contra el acto de expropiación de septiembre de 2001 y ordenó que sean devueltos a sus dueños. Con esta decisión, el grupo Machado recuperó en dos días las cuatro empresas que el gobierno federal nacionalizó de manera "inconstitucional".

Luego de que la Corte decretó el lunes la ilegalidad de la expropiación y amparó a los propietarios de Fomento Azucarero del Golfo (del grupo Machado) y a otra entidad del Grupo Financiero Bital, en razón de que la autoridad violó la garantía de audiencia previa, en la sesión de ayer el pleno reiteró la decisión y ordenó la devolución de los ingenios José María Morelos y María Teresita Machado.

En el caso del ingenio La Margarita, los ministros confirmaron la sentencia de un juez de amparo que determinó la ilegalidad de la expropiación, porque la autoridad no demostró la causa de utilidad pública, ya que no acreditó en su decreto ni la insolvencia financiera de las empresas afectadas ni el peligro de desabasto de azúcar -considerado alimento de consumo básico-, argumentos centrales con los que se justificó en su momento la intervención en 27 ingenios.

El ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela, recomendó a sus compañeros del pleno revisar si tenían pendiente por dictaminar expedientes relacionados con expropiaciones -no necesariamente casos relacionados con los ingenios-, en los que los afectados aleguen la garantía de audiencia previa, para listarlos lo antes posible y así sumar los cinco asuntos consecutivos necesarios -van apenas tres que se resuelven en este sentido- para que la reciente modificación de jurisprudencia se convierta en tesis y sea obligatorio su cumplimiento.

De acuerdo con fuentes judiciales, una vez que la Corte resolvió este lunes y martes cinco amparos relacionados con los ingenios, en los que estableció el criterio de la audiencia previa y dejó en evidencia que el decreto expropiatorio no demostró en ninguno de los casos la utilidad pública que validara la acción gubernamental, es un hecho que el resto de los ingenios en litigio ante tribunales colegiados recibirán también la protección de la justicia federal y serán devueltos a sus propietarios, los grupos Escorpión, Santos y Azucarero México.

En el caso de ingenios que no interpusieron amparo, extraoficialmente se sabe que la expropiación queda firme en dos.

Ministros consultados sobre la decisión se sumaron a los puntos de vista de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien puso en evidencia que el problema de la industria azucarera se origina en la falta de una política pública; en que el gobierno federal, a costa de los recursos que aportan los contribuyentes, rescató ingenios que estaban mal financieramente en lugar de dejar -como sería el caso de cualquiera otra empresa- que éstos afrontaran sus deudas, y que el gobierno incurrió en el problema de nacionalizar firmas en quiebra para salvar a sus dueños y, ya saneadas, les son devueltas.

También generó descontento entre los ministros que el decreto expropiatorio abriera las puertas para que el gobierno federal entregara doble indemnización a los "afectados": una por la expropiación de los ingenios y otra para los inversionistas por sus acciones. Esto fue particularmente censurado por los ministros José Ramón Cossío y Aguirre Anguiano en la sesión del pasado lunes.

Los grupos azucareros beneficiados. (La Jornada, p.web).

'El gobierno de Vicente Fox expropió 27 ingenios en septiembre de 2001, decisión contra la que varios industriales pidieron amparo de la justicia federal.

El grupo Azucarero México (seis ingenios) recuperó cuatro y se desistió de pedir amparo por dos más; Santos (seis) tiene amplias posibilidades de recuperar tres, y Machado (cuatro) reobtuvo todos con el fallo de la Corte.

Escorpión (nueve) perdió los amparos de todos en lo que corresponde a activos, pero existen controversias judiciales con instituciones bancarias privadas y del gobierno, dado que las acciones fueron otorgadas en garantía de créditos antes de la expropiación.

Las causales de utilidad pública que en su momento argumentó el gobierno federal "fueron excesivamente vulnerables", ya que no reunían dos aspectos fundamentales: la urgencia del acto y la generalidad de la expropiación, que para la Corte no fue suficiente justificación, puesto que sólo se dio una expropiación parcial, incluyendo a empresas que ya habían establecido convenios con las organizaciones cañeras y entregado el azúcar suficiente para garantizar el pago de adeudos, como el caso de Machado.

Otras causales que el gobierno alegó fueron el incumplimiento de las exportaciones, el excesivo endeudamiento y la mala administración, que ponía en riesgo de quebranto a las plantas industriales. Pero Machado había exportado azúcar de más, además de que esta firma se dividía en Machado I y Machado II. Sólo el primer ingenio fue expropiado.

Serán restituidas empresas "ya saneadas": Presidencia. (La Jornada, Alma E. Muñoz, Gerardo Román, p.web).

Se garantizó la paz social en el campo, dice el vocero.

Los ingenios que devolverá el gobierno federal a sus dueños, a partir de la decisión de la Suprema Corte, estarán "saneados financieramente" y en mejor situación que cuando fueron intervenidos, anunció el vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, quien añadió que la expropiación de 27 de las 60 empresas azucareras que había en el país en septiembre de 2001 "fue una acción correcta" que evitó un conflicto social y garantizó la paz social en el campo.

El funcionario indicó que entonces el gobierno actuó no sólo conforme a derecho, sino con base en la jurisprudencia de la Corte, que avalaba la audiencia posterior en casos de expropiación, lo cual permitió "sanear los ingenios que tenían altos niveles de deuda y estaban, en ese momento, en incapacidad de pagar a los productores".

Empero, "celebró" que la Suprema Corte haya modificado su jurisprudencia y estableciera la obligación de la audiencia previa en casos de expropiación, porque eso permite ir "aclarando y acotando" las atribuciones del Ejecutivo federal. Aguilar no hizo referencia al hecho de que el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad del decreto de Fox porque el gobierno no demostró la causa de utilidad pública de la acción.

"Hoy se devuelven esos ingenios saneados financieramente y en mejor situación", dijo, sin precisar cuánto invirtió el gobierno federal en la materia.

Por otra parte, en rueda de prensa en Washington, el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reiteró que acatará la decisión de la Corte una vez que ésta le notifique del fallo y que la dependencia va a dejar pasar unos días para "aquilatar exactamente el impacto que la resolución tenga en la operación de los ingenios del Fondo de Empresas Expropiadas (FEESA), organismo que los administra".

Mientras tanto, agregó, el fondo seguirá desarrollando normalmente la zafra "hasta que conozcamos las implicaciones que pueda tener el fallo".

Precisó que van a estudiar las consecuencias que represente para la operación de FEESA el precedente de "la audiencia previa", que hace dos días asentó la Suprema Corte, para su homologación con las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, con ello, evitar una doble situación jurídica en lo subsecuente para los inversionistas mexicanos y los extranjeros.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), una vez que el gobierno federal tomó el control de los ingenios expropiados todos fueron saneados, al grado de que actualmente se encuentran operando de manera eficiente y en la mayoría de ellos las condiciones mejoraron, porque ya cuentan con mecanismos de financiamiento en el campo y en inventarios.

Los ingenios que no interpusieron el recurso de amparo serán vendidos por el Servicio de Administración y Enajenacion de Bienes de la Nación (SAEB).

Falta resolver un litigio: Sagarpa

Sobre la situación jurídica del resto de los ingenios, la Sagarpa informó que sólo falta por resolver un litigio, que implica a seis empresas, ante un tribunal colegiado de San Luis Potosí. A la fecha el gobierno federal sólo licitó uno (el de San Francisco, Veracruz) del grupo México y están en proceso de venta dos más.

La dependencia federal informó que la recuperación de los recursos se logrará con lo obtenido por la operación de las empresas, "porque la idea es que no le cueste nada al erario. Por eso, desde un principio se trabajó en las condiciones de operación y eficiencia de los ingenios". Además, actualmente cuatro están en proceso de licitación bajo la ley del SAEB.

La Sagarpa añadió que en razón de que existen mecanismos de financiamiento de inventarios, que no existían en 2001, los ingenios pueden dosificar su oferta en el mercado, para capturar el mejor precio posible sin sacrificar la liquidez de los ingenios.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dijo en entrevista -en el contexto de la celebración del cumpleaños 74 del arzobispo ortodoxo Antonio Chedraui en Bosque del Real, Huixquilucan- que la decisión del máximo tribunal es "muy respetable", y rechazó que se trate de un golpe bajo para el gobierno foxista.

Reconoció que el impacto económico de estas expropiaciones fallidas y los pasos que siga la autoridad se determinarán cuando se conozcan los textos exactos de las resoluciones judiciales.

Al respecto, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, entrevistado por separado en la misma celebración, expresó que la Suprema Corte hizo justicia, porque el gobierno federal afectó en 2001 ingenios "que no eran expropiables" porque eran de empresarios azucareros "muy acreditados".

Organizaciones campesinas

"El gobierno cayó en su trampa": CNC. (La Jornada, Gabriel León, p.web)

La expropiación de ingenios se efectuó de forma apresurada y sin análisis, evalúa.

Contradice el panista González Morfín a la Presidencia: "se devolverán con pasivos".

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar marcha atrás a la expropiación de ingenios es un revés jurídico para el gobierno de Vicente Fox, porque no hubo planeación adecuada y "cayó en su propia trampa" al incumplir la promesa de devolver las empresas en 18 meses. "Pasaron cinco años y esto metió en problemas a los industriales."

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, José González Morfín, señaló a su vez que este fallo demuestra que los particulares pueden inconformarse cuando sienten que sus derechos son vulnerados por la autoridad y obtienen respuesta favorable.

Expuso que el gobierno no hará erogación adicional alguna, porque devolverá los ingenios con los pasivos que tenían hasta el momento de la expropiación, pese a que la Presidencia dio a conocer por la mañana que las empresas serán restituidas "ya saneadas financieramente".

La Confederación Nacional Campesina (CNC) aseguró que la determinación judicial del máximo tribunal se debió a una mala decisión del gobierno de Fox, de forma "apresurada y sin hacer un análisis a profundidad, sin sustentar los motivos expropiatorios y sin probar la causa de utilidad pública".

Al no planear bien la expropiación -explicaron el líder cenesista, Heladio Ramírez, y el diputado federal y secretario de finanzas de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, Lázaro Arias- "el gobierno cayó en su trampa".

El dirigente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Carlos Blackaller, consideró que el fallo denota la falta de previsión y profundidad de análisis con que la administración se ha conducido.

"Como sector agroindustrial mexicano de la caña de azúcar, en octubre de 2000, un año antes de la expropiación, hicimos llegar al grupo de transición de Fox una serie de opiniones rspecto a lo que se veía venir en este ramo de la industria, impresiones que nunca fueron tomadas en cuenta. Así sucedió y se encontraron en una situación en la que tomaron la decisión de que la expropiación era la vía adecuada, pero sin considerar las providencias legales necesarias. Ahora estamos viendo el resultado".

Prensa Estatal

BAJA CALIFORNIA

Incumplen inmobiliarias en BC normas sobre áreas verdes. (La Jornada, Antonio Heras, p.web)

En Mexicali y Tijuana no hay ni 2 metros cuadrados por habitante, señala especialista.

La insuficiencia de esos espacios contribuye a la degeneración de la calidad de aire, asegura.

Mexicali, BC, 17 de enero. En Baja California los proyectos inmobiliarios no se sujetan a la normatividad legal, que exige destinar 3 por ciento del terreno a áreas verdes, consideradas patrimonio de las comunidades por los especialistas.

Aún más, se utilizan áreas de reserva ecológica para construir zonas habitacionales y se han extendido a superficies rurales, lo que aumenta los costos de transporte, agua, manejo de residuos y otros servicios que representan una carga económica para los municipios.

Rosa Imelda Rojas Caldelas, coordinadora de Investigación en la dirección general de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), establece que es insuficiente el porcentaje que se destina a áreas verdes en los desarrollos habitacionales, por lo que se requiere revisar el reglamento para la construcción de fraccionamientos.

La especialista en planificación e impacto ambiental, planeación regional urbana, diseño urbano y arquitectura del paisaje sostiene que Mexicali está rodeado por un valle donde las extensiones agrícolas son áreas verdes y productivas; hay cuerpos de agua, espacios de conservación ecológica y dunas que merecen ser custodiadas.

Afirma que se requieren más o menos cinco áreas verdes en la ciudad, "pues no se tienen los 10 metros cuadrados por habitante, que dicta la norma internacional". El reto es tener un bosque en el desierto, donde el futuro no es promisorio por falta de agua, refiere.

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Rojas Caldelas reconoce que en las lagunas Xochimilco y México ni siquiera se han delimitado polígonos; tampoco existe un decreto que garantice la conservación de los cuerpos de agua.

Luego de pronunciarse por proteger los valles de Guadalupe y Las Palmas, afirma que es necesario diseñar un modelo de gestión para operar fuera de zonas urbanas, sobre todo en los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, "donde se pondere la sustentabilidad del área, en cuanto a agua, basura y energía.

"El gobierno no ha jerarquizado las áreas verdes; en Tijuana la situación es grave: menos de un metro cuadrado por habitante, y en Mexicali, entre 1.2 y 1.5 metros cuadrados, por lo que hace falta la distribución de áreas verdes en la ciudad. Hay que generar sombras más que áreas de pasto, porque éstas son costosas en ciudades donde hay problemas de agua", señala.

Las ciudades "están al garete y es necesario crear fideicomisos. Las dependencias gubernamentales de ecología no hacen planes de desarrollo humano; su papel se limita a tranquilizar a la opinión pública, a pesar de las necesidades de las comunidades", asegura.

En los planes de desarrollo urbano las áreas verdes están consideradas zonas de conservación, pero terminan por habitarse. Dado que las autoridades no ponderan la importancia de esos espacios, se generan condiciones adversas.

El aparato gubernamental hace planes pero no evaluaciones ni seguimiento, abunda la especialista. Por ello, dice, el seguimiento de la normatividad queda al garete y puede provocar corrupción.

Los índices de la calidad del aire muestran el deterioro de los espacios en Mexicali, municipio que ocupa uno de los primeros lugares en contaminación por micropartículas que al ser respiradas causan enfermedades respiratorias y alergias.

Para enfrentar esos problemas, la coordinadora de la maestría en desarrollo urbano de la Facultad de Arquitectura de la UABC asevera que no sólo se deben ponderar los programas de verificación vehicular, sino también los de vegetación.

Para crear áreas verdes debe haber orden porque ese problema está interrelacionado con factores como la calidad del aire, la basura, el medio ambiente, el desarrollo urbano y el abastecimiento de agua, dice la maestra.

Cuando se habla de áreas verdes, define, no sólo se refiere a los parques, sino a las áreas de conservación y a las productivas, de ahí que se pondere la relación con los espacios públicos y privados y con las zonas de producción.

DURANGO

Procede denuncia de embargo en El Cairo. (El Siglo de Durango, p.web).

Gómez Palacio, Dgo.- Dado que los propietarios no cumplieron con el pago de la renta durante los cuatro años que van de arrendamiento, procedió la denuncia de embargo en el despepite del Ejido El Cairo, que interpusieron los mil 410 socios a quienes pertenece el espacio.

El juez primero de lo Civil, Raúl Ríos Güereca, instruyó al actuario, Salvador Castañeda, para que acudiera a la comunidad rural de El Cairo, y señalara bienes para embargo por el monto de dos millones 633 mil 977 pesos con 19 centavos.

Ángel Torres Contreras, representante legal de los mil 410 socios, explica que el despepite es propiedad de 48 ejidos, que arrendaron a 20 años a Jorge Carlos Estrada Antollini, quien luego de cuatro años de posesión acumuló una deuda de tres millones 633 mil 977 pesos, de los cuales pagó sólo un millón.

Por ello, Torres Contreras señala que ayer el Juez Primero de lo Civil instruyó al actuario para que señalara los bienes para embargo por el monto citado en el despepite que arrendaron los ejidatarios hace cuatro años.

Refiere que en el lugar se encontró mezclilla y algodón, amarillento por el paso del tiempo, pues en el despepite se instaló una empresa maquilera.

El representante legal de los socios expone que en esta situación no procedería un amparo por parte del actual posesionario del espacio.

Antecedente

Como se informó en en su momento, la situación degeneró en violencia el pasado viernes por la posesión de la planta despepitadora El Cairo, ubicada en terrenos del Ejido Competencia, de este municipio, entre integrantes de la Unión de Ejidos Lucha Agraria 1975 y trabajadores del posesionario, Jorge Estrada Attolini, ya que se registró un enfrentamiento donde resultaron lesionadas dos personas.

Luego de un plantón de varios días por parte de los integrantes de la Unión de Ejidos, que preside Macario Acuña Juárez, a las puertas de la despepitadora, el pasado jueves los empleados molestos porque no dejaban sacar los camiones con pacas de algodón y diverso material, salieron y les arrojaron agua con una manguera a presión.

Hubo también jaloneos e insultos de ambas partes y dos personas resultaron con lesiones leves para luego calmarse la situación, aunque sigue tensa y se teme mayor violencia.

GUERRERO

Pagará la SCT la indemnización por predios que usó para la Autopista, dice Evencio. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

Chilpancingo

A tres años de que empresas constructoras tomaron arbitrariamente 90 hectáreas de nueve ejidos de Acapulco y Tierra Colorada para edificar sobre ese predio un tramo de la Autopista del Sol, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se comprometieron a pagar en marzo una indemnización de 150 mil pesos a los afectados.

Los representantes de la dependencia federal indicaron que para ello antes habrán de solicitar al gobernador, Zeferino Torreblanca, un préstamo pues por el momento no pueden disponer de más recursos, sino hasta después de la fecha programada.

Este martes al medio día, comisariados ejidales de nueve localidades de Acapulco y Tierra Colorada, se reunieron en privado –en la sala de justas de la subsecretaría para Asuntos Agrarios– para “buscar una solución” a ese conflicto que mantienen desde hace unos 13 años, según en dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) no oficial, Evencio Romero Sotelo.

Consultado al término de la reunión, aseguró que las partes expusieron sus argumentos y dijo que los ejidatarios le hicieron saber al delegado de la SCT, Pedro Chavelas, así como al jurídico de la dependencia, Julio César Orozco, cómo es que las empresas constructoras “arbitrariamente les quitaron unas 90 hectáreas de tierra, para construir el tramo Tierra Colorada-La Venta de la Autopista del Sol”.

Mencionó que a pesar de que en ocasiones anteriores la SCT ha mostrado una postura renuente para negociar aun cuando ya había una orden del Tribunal Agrario para que ésta devolviera las tierras a los campesinos afectados, en esta ocasión “aceptó que pagará una indemnización de 150 mil pesos por las 90 hectáreas, es decir 15 pesos por metro cuadrado y eso no todos lo han logrado, ya que a campesinos de otros tramos les pagaron 70 centavos”.

Dijo que la fecha límite que estableció la dependencia federal es marzo, pero agregó que antes de hacer el pago en conjunto con los comisariados solicitará a Torreblanca Galindo “un crédito puente para que pueda cubrir su adeudo, y es que aseguran que por el momento no pueden disponer de recursos, sino hasta después de marzo, que es cuando tiene oportunidad de solicitarlo a la federación, y lo hará en ese tiempo, pero sólo para cubrir el crédito”.

Romero, dijo que confía en que la SCT cumpla con su palabra, sobre todo porque ambas partes firmaron una minuta de acuerdos

Se unen nueve redes ecologistas contra el proyecto La Parota. (La Jornada, Rosa Rojas, p.web).

Pisotea impunemente derechos de comunidades, dice.

Nueve grupos y redes ambientalistas integraron una alianza con el fin de rechazar la construcción de la presa La Parota en el municipio de Acapulco, Guerrero, y denunciar "el empecinamiento" de los gobiernos federal y de Guerrero en llevar a cabo ese proyecto hidroeléctrico, el cual "pisotea impunemente" los derechos básicos de las comunidades indígenas y campesinas.

La alianza, integrada por el Grupo de los Cien Internacional, Unión de Grupos Ambientalistas IAP, Guerreros Verdes AC, Presencia Ciudadana AC, Pacto de Grupos Ecologistas, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular AC, y Dana AC, denunció el clima "represivo y policiaco" en el que se realizaron supuestas asambleas comunitarias "espurias y violatorias" de de la Ley Agraria y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La coalición ecologista señaló que el proyecto de La Parota causará la desaparición de 17 mil hectáreas de selva baja caducifolia y mediana subcaducifolia, zonas de alta biodiversidad que incluyen especies endémicas; además, se cometerán un ecocidio y un etnocidio, al condenar al desplazamiento a vecinos de 24 comunidades, y se alterará la forma de vida de otras 44.

Más que un beneficio para los pueblos mexicano y guerrerense, es en realidad "un multimillonario negocio" para constructoras nacionales y extranjeras encabezadas por la empresa Ideal del Grupo Carso, "cuyas operaciones se insertan en los intereses multinacionales que pugnan por la privatización de la energía eléctrica".

Rechazaron la presa porque "se ubicará en una de las zonas más sísmicas del país y condenará a muerte, a mediano plazo, al río Papagayo y a su rica flora y fauna acuática con la afectación a pescadores".

Afirmaron que la existencia de megaproyectos hidroeléctricos contribuye al calentamiento del planeta; existen otras alternativas ecológica y socialmente más sustentables para la generación de energía. Refirieron que el costo estimado del proyecto de la presa, es de mil millones de dólares, lo que implicará un nuevo y cuantioso endeudamiento para los mexicanos.

La coalición presentará este miércoles en el Club de Periodistas de México un video en el que "se demuestran las anomalías" cometidas tanto en la convocatoria como en la realización de las asambleas. Paralelamente, en la Casa Universitaria del Libro, se darán pruebas y testimonios de las comunidades sobre irregularidades en las consultas de diciembre.

MORELOS

Van ejidatarios de Tetela contra dependencias. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).

Cuernavaca, Mor. Ejidatarios de Tetela del Monte, encabezados por Leoba Morales García, aseguraron que denunciarán penalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), por omisión, complicidad y no frenar la devastación de la zona.

Los ejidatarios lamentaron la actitud de las autoridades por permitir todo tipo de acciones de la ex comisariada ejidal, Carmen Lucila González García, por lo que Leoba Morales aseguró que acudirán ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), así como al Ministerio Público Federal “a levantar una denuncia en contra de las dependencias por omisión y compacidad”.

Informó que la demanda “será porque (las autoridades) no han frenado la devastación en el ejido”.

Las denuncias serán contra Profepa, Semarnat y CEAMA, que encabezan Manuel Mercado Béjar, Arturo Gómez Mancilla y Javier Bolaños Aguilar, respectivamente, “porque han permitido la depredación y el ecocidio en el área forestal”.

Morales García dijo que “contra estos señores y la ex comisariada ejidal pediremos todo el rigor de la ley, para que no se permita que se afecte de esta manera un bosque que por décadas se ha cuidado”.

Igualmente, acusó que ante la cercanía de los procesos electorales, “estaremos más preocupados porque nadie nos hace caso y nadie se quiere manchar el plumaje”.

Por otro lado, lamentó que Lucila González pretenda amedrentar a la magistrada del TUA, Ramona Garibay, “para que no dicte el desalojo de la invasión del bosque de Tetela, con el argumento de que no fue notificada para una diligencia”.

Asimismo, culpó a González García de haber realizado una tala inmoderada e ilegal para realizar su proyecto del parque, “permitiendo a través de un previo pago a que se practique el motocross semanalmente, sin que haya de por medio una acta de asamblea afectando severamente al medio ambiente de la zona”.

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