OCHO COLUMNAS PRENSA NACIONAL

CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005

OCHO COLUMNAS

Queda Palacios de líder del PRI

Pactan Madrazo y Montiel elección del queretano; Elba continúa como secretaria general

Elogian estabilidad; crecer, el pendiente

Analistas: la falta de reformas opaca logros sexenales

Repite Palacios al frente del PRI

Presenta Gordillo recurso ante la Comisión de Justicia Partidaria

Estabilidad sin cambios

Pendientes, las metas social, política y económica. Se logran avances jurídicos en materia financiera.

Palacios Alcocer, bombero del PRI

Renuncia Madrazo; se impuso el elegido de Montiel

Contra sus estatutos, el PRI reelige a Mariano Palacios

Gordillo sigue de secretaria, piden su expulsión

Al vapor, el PRI recicla a Mariano Palacios

Cuando el queretano dirigió al institucional, en 1997-99, se salieron Monreal, Cota, Echeverría y Sánchez Anaya y el partido perdió BCS, Nayarit, Zacatecas y Tlaxcala.

Palacios Alcocer, al timón del PRI

Elección unánime del Consejo Político Nacional

Palacios Alcocer al relevo del PRI

Presenta Madrazo su renuncia; el Consejo Político elige por unanimidad al exgobernador de Querétaro.

EU quiere a los narcos

Sector agrario

Reandar el camino en La Parota. (El Sur, Arturo Martínez, p.web).

La Comisión Federal de Electricidad tiene la obligación mayor de informar a la sociedad sobre todo lo relativo al proyecto de La Parota. Esta mega obra ocupa ya un lugar en la agenda del desarrollo de Guerrero.

Por lo pronto, no hay información suficiente y veraz.

De todas maneras, las autoridades estatales, municipales y agrarias así como los directamente afectados, deben empezar a formular ideas, propuestas, reclamos, proyectos y no esperar pasivamente a que la CFE les tome la medida por sorpresa.

Quien tiene la iniciativa manda, gobierna y contribuirá a que las cosas salgan bien en beneficio de todos. La pasividad es mala consejera y si de políticos se trata peor aún.

Ojalá y despierten de la intoxicación electorera.

Existe un problema central. De acuerdo con el padrón del Registro Agrario Nacional los Bienes comunales de Cacahuatepec suman 7 mil 285 comuneros.

De ellos en la primera asamblea fallida para autorizar los estudios de factibilidad participaron 162 y en la segunda convocatoria, el domingo 29 de junio asistieron 628, son las asambleas de las cuales tengo referencia. Ni un 2.7 ni un 8.6% deben definir por la totalidad.

Sea en sentido negativo como en positivo, llegado el momento de la decisión final, las autoridades agrarias, estatales y municipales así como la empresa tendrán que idear y aceptar un procedimiento atinado, democrático que permita un acuerdo irreversible y satisfactorio. Este será el arte de la política al servicio del desarrollo. El reto es mayor tomando en cuenta al conjunto del universo municipal y agrario involucrado.

La asamblea del pasado 23 de agosto fue, para decir lo menos, turbia, desaseada, ilegal e ilegítima.

Del total de 7 mil 285 comuneros si creemos en las cifras de la CFE participaron apenas un poco más de 2 mil 800. La convocatoria no fue pegada en las comisarías y mucho menos entregada personalmente, no hay acuse de recibo, la lista para integrar el quórum legal no se tomó de acuerdo con las normas, llamando uno a uno por nombre y apellido; no hubo deliberación, no se eligió mesa de debates, no hubo intervenciones a favor ni en contra. La modalidad de votación a mano alzada es un uso obsoleto y superado, ya tampoco es universalmente admitido el voto en pizarrón, lo más conveniente es la votación en urnas, secreta y universal.

El resultado es lo que conocemos como una victoria pírrica. Los vencedores no tienen espacio propio y los derrotados ocupan las tierras en cuestión.

El procedimiento debe reponerse de punta a cola. El gobierno está obligado a garantizar una nueva asamblea que permita la libre expresión de los comuneros y evitar las maniobras torcidas de mercaderes clásicos de ese liderazgo responsable de la crisis terminal de la sociedad rural, de hampones a quines el campo no aguanta más.

Ni voceros externos, ni asesores leguleyos. Una asamblea impecable sería aquella convocada de acuerdo con las normas, usos y reglas en la cual participen los comuneros debidamente inscritos, con la representación de la Procuraduría Agraria y del registro nacional y con la presidencia de calidad del gobernador o de jodido de algún secretario confiable. El subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Esaú Tapia, además de inútil y temeroso es un lastre del pasado, de los viejos modos de hacer las cosas.

Es un desatino grave que por la ausencia de voluntad y de oficio político las autoridades estén construyendo un magno escenario para que se concentre el altermundismo. Ya veo a Marcos encabezando un evento de la otra campaña en una de las localidades de La Parota.

Los primeros obligados a repensar, a reflexionar y a reandar el camino son las autoridades con el gobernador a la cabeza.

No vaya a ocurrir, como en Atenco, con motivo del nuevo aeropuerto, que el conflicto entre una minoría envalentonada, provocada y provocadora detuviese una obra de importancia e impacto nacional.

Informe sobre El Tamarindillo. (Mi Morelia. Com, Tania Lomeli, p.web)

Morelia, Mich., 31 de agosto.- Luego de meses de polémica y de investigaciones por parte de congresistas federales de diferentes partidos políticos en torno a una supuesta propiedad de Vicente Fox y Martha Sahagún, la pareja presidencial, se determinó que existieron diversas irregularidades en la compra-venta de la playa El Tamarindillo, en Michoacán, entre las que destaca la enajenación de terrenos denominados de uso común, así como la falsedad en diversas de las actas relacionadas con el caso.

La investigación y sus resultados fueron dados a conocer por la diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, del PRD, Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía del PAN y Elpidio Desiderio Concha del PRI.

En el extenso documento se informa que el caso de la bahía de El Tamarindillo, ubicado en el comunidad de El Ticuiz, en el municipio de Coahuayana, en el estado de Michoacán, su difusión y conocimiento se registra al publicarse esta información en la revista Proceso, de circulación nacional.

En trabajo periodístico implica al presidente de la República de haber comprado la citada bahía por medio de un prestanombre identificado como J. Cosme Mares Hernández y su cuñado Rubén Hernández Haas, señalamiento que nunca fue desmentido por el representante del Poder Ejecutivo.

Esto originó que la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, determinara integrar una subcomisión plural para investigar la denuncia.

Sin embargo y a pesar que los datos, información y testimonios de los afectados demuestran que dichos eventos se encuentran inmersos en inconsistencias legales, jurídicas e institucionales, al momento de cuestionar a los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, argumentaron de manera reiterada que lo sucedido en esta zona de Michoacán se encuentra cabalmente legalizada y bajo la legitimidad de los procesos propios de la legislación agraria.

¿Dónde se encuentra ubicada la bahía de El Tamarindillo?

El tamarindillo se encuentra ubicado en la costa norte de Michoacán, al borde de la Sierra Madre Occidental y el Océano Pacífico, en el kilómetro 45 de la carretera Tecomán-Playa Azul, cercano a la comunidad de Ojo de Aagua, a 4.5 kilómetros de San Juan de Alima y contiguo a la playa de San Telmo, Michoacán.

El acceso al terreno de El Tamarindillo se encuentra sobre la carretera, de donde se desprende una terracería con grava de 3.8 kilómetro que ondea la sierra para llegar directo la playa.

Capitulo I: inicio del caso de “El Tamarindillo”.

En esta zona ejidal, intervino un empresario oriundo del estado de guanajuato, dedicado a la construcción de carreteras principalmente y bajo la nominación de Facopsa de nombre, J. Cosme Mares Hernández, al cual se le asignaron tres parcelas; en esta operación también intervino Rubén Hernández Haas, cuñado del primero.

De las parcelas adquiridas por Mares Hernández, se detalla que con numero 249 en la zona 3, dentro del polígono 2/4 (plano), con la cantidad de 23 hectáreas; 95 área; 7.391 centiáreas, así como la parcela número 430, en la zona tres dentro del polígono 2/4 (plana) con la cantidad de 119 hectáreas, 57 áreas y 81.710 centiáreas.

A Hernández Haas le asignaron la parcela 431 en la zona uno, dentro del polígono 2/4 (plano) con la cantidad de 140, cinco áreas, 49. 578 centiáreas.

Ante las indagatorias realizadas se perciben y suscriben irregularidades documentadas y con testimonios recabados con los ejidatarios afectados por dicha compra-venta y de acuerdo a lo anterior se comprueban las inconsistencias que van desde la presentación de presuntas actas de asamblea ejidal donde se valida la personalidad jurídica ejidal de J. Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Haas, las cuales son expuestas como resultado de una asamblea que se supone se llevó a cabo con fecha del 20 de julio del 2003, así como la irregular denominación de esta extensión de tierra de uso común a parcelada.

Ante las anomalías registras por el caso de El Tamarindillo, en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de Colima, está interpuesta una demanda por cinco ejidatarios afectados por compra venta de dicho predio.

A partir de las investigaciones, existen dudas en cuanto a la imparcialidad y transparencia de las diversas autoridades, por ejemplo, al resolver un juicio contencioso en materia agraria en menos de 30 días, ante la dinámica dilatoria para la impartición de justicia en un litigio ejidal, aunada las complejidades jurídicas, esto no podría resolverse en tan reducido tiempo y fallar a favor de quien se basa en ilegalidades. Por el momento se sigue un juicio de nulidad por la venta de terrenos de explotación colectiva con número 385/03.

La presunción de los ejidatarios de que dicha compra era del presidente de la Republica, presume la forma en que los ejidatarios fueron abordados desde que se conoció el caso e incluso con fecha del primero de junio del 2003 (anexo 4), en la asamblea llevada acabo en el mencionado ejido, el señor Manuel Vizcaíno, se presentó en la asamblea de quien se presume por comentarios de los pobladores que comparte propiedades en la playa “La Privada” fue quien mostró la playa de “El Tamarindillo” a Marta Sahagún, con la expresión de que recibieran un saludo del señor Vicente Fox y quienes aspiraban a comprar la playa “El Tamarindillo”, demostrando con ello un interés que aun cuando no se pueda documentar, se plantea la valoración de quién era realmente el interesado en dicha compra.

De acuerdo con el documento, los ejidatarios fueron amenazados para vender.

Dice el informe que hasta la medida les tomaban para saber de qué tamaño sería su féretro en caso de negarse a vender y les llegaron a decir que más valdría que venderían pues de alguna manera se quedarían sin propiedad pues el lugar lo quería el presidente, palabras textuales del licenciado Francisco Valdovinos Alvarez y la representante de J. Cosme Mares Hernández quienes se lo dijeron a la doctora María Trinidad Martínez Dueñas, quien fue amenazada de que de no vender su propiedad a pesar de su resistencia perdería su extensión porque el presidente la quería.

Capítulo II: El proceso de compra venta

Se hace notar que en el impasse que se genera del acta del 20 de julio 2003 y el primero de octubre que se presenta la demanda y el 27 se resuelve la misma, se da una compraventa del predio El Tamarindillo anexo7 (se aporta prueba documental del contrato que firma el comisariado ejidal) asimismo presentamos prueba transcrita y documental de lo dicho: “un contrato de cesión de derechos de una fracción de terreno del predio denominado “El Tamarindillo”, perteneciente al ejido “El Ticuiz”, poblado del mismo nombre en el municipio de Coahuayana de Hidalgo, en el estado de Michoacán, que celebran por una parte Salvador Vargas Pulido por su propio derecho , y en su calidad de ejidatario del ejido El Ticuiz, a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se le denominará “el cedente” y por otra parte, el señor J. Cosme Mares Hernández y el Rubén Hernández Haas, ambos por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se les denominará como “los cesionarios”, sujetándose al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas, donde se cuenta con el expediente completo.

Conclusiones

Al término de los razonamientos legales, ejidales y políticos respecto al caso de “El Tamarindillo” dentro de las conclusiones y pruebas vertidas en torno al caso, concluimos que sí hubo venta del ejido “El Ticuiz”, en terrenos denominados de uso común y falsedad en las actas, de cada una de las aseveraciones contamos con documentos que avalan lo señalado.

Rinden Homenaje a José Dolores Monroy. (La Tribuna de San Luis, óscar Velázquez, p.web).

En el parque del ejido La Grullita, los integrantes del comisariado develaron un busto en honor de José Dolores Monroy, quien falleciera durante el año de 2002, cuando fungía como presidente del Consejo de Vigilancia, durante la administración a cargo de Guadalupe Cervantes Leal.

Esto se dio después de culminada la asamblea general ordinaria que tuvo lugar en las oficinas de dicho núcleo, donde además se trataron algunos puntos de interés para todos los que integran el Ejido La Grullita, mismos que fueron convocados con toda anticipación.Durante lo que fue la reunión mensual ordinaria que se dio de manera simultánea con la del Ejido San Luis, se presentó además un avance que se lleva en el proceso previo a la titulación de los terrenos que han sido asignados para asentamientos humanos, que se habrá de dar por el Registro Agrario Nacional (RAN).

Una vez que culminaron los trabajos de la sesión ordinaria a la que asistió la mayoría de los ejidatarios, los directivos del comisariado que tienen como presidente al ingeniero Sabino Govea Flores, la profesora Elvira Cid Lucero, secretaria, y a Clemente Gutiérrez Piceno como tesorero, así como Patricia Valtierra Muro, que preside el Consejo de Vigilancia, se trasladaron al parque ubicado cerca de las oficinas ejidales, donde procedieron a la develación de dicho busto. Al hacer uso de la palabra, el ingeniero Govea Flores destacó la labor de Dolores Monroy, que ocupó varios cargos en diferentes administraciones, hasta que falleció el 13 de febrero del año 2002 cuando se desempeñaba como presidente del comisariado Guadalupe Cervantes Leal.

Intervendría la SFP en el caso El Tamarindillo. (Criterios (Yuacatán), p.web)

Presenta comisión especial informe sobre irregularidades en la compra-venta de esa bahía

México, 31 Agosto.- La Subcomisión Plural de la Cámara de Diputados que investiga la compra-venta de la bahía “El Tamarindillo, Michoacán, presentó un informe, con documentos y testimonios, en el que se presumen irregularidades en ese proceso que involucra al empresario Cosme Mares Hernández y a su cuñado Rubén Hernández Hass.

En el documento también se hace referencia a la presunción de ejidatarios inconformes de que el presidente Vicente Fox era quien realmente habría estado interesado en adquirir esa bahía, pero se señala que esa información sólo se obtuvo en conversaciones con los interesados.

“La Subcomisión no pretende una inculpación directa o particularizada a personas o instituciones, sino al esclarecimiento de una acción que a partir de lo obtenido durante largas semanas, presume irregularidades que ponen en entredicho la función de las instituciones de la nación, como es el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria”, se indicó en el informe.

El pasado 2 de febrero se aprobó la integración de la Subcomisión Plural que de manera específica atendiera y revisara la compra-venta de la bahía “El Tamarindillo”, conformada por Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD), Margarita Chávez Murguía (PAN) y Elpidio Concha Arellano (PRI).

La semana pasada, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y el Procurador Agrario, Isaías Rivero, informaron a los integrantes de la Subcomisión que Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass adquirieron esa bahía de manera legal y rechazaron cualquier vínculo de la familia del presidente Vicente Fox con esa operación.

Florencio Salazar dijo que “El Tamarindillo” se ubica en la zona parcelada, no en las tierras de uso común y que ambos compradores realizaron todos los trámites correspondientes de manera adecuada.

Sin embargo, en el informe que presentaron este día los integrantes de la Subcomisión se concluye que en el caso de la bahía “si hubo venta del ejido “El Tizuiz”, en terrenos denominados de uso común, y falsedad en las actas”, además de asegurar que cuentan con documentos que avalan lo señalado.

La Subcomisión hace referencia a irregularidades en las actas de las asambleas que realizaron los ejidatarios donde se valida la personalidad jurídica ejidal de ambos compradores.

También recuerda que ante esas anomalías cinco ejidatarios afectados interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, que las autoridades resolvieron a favor de los compradores en menos de 30 días.

Se señala que existen dudas sobre el fallo de esa demanda, en cuanto a la imparcialidad y transparencia de las diversas autoridades, porque no podría resolverse en un tiempo tan reducido ante la dinámica dilatoria para la impartición de justicia en un litigio ejidal, además de las complejidades jurídicas que implica.

La diputada Ana Lilia Guillen Quiroz dijo que se pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que investigue si fiscalmente se cumplió la compra-venta del ejido y buscarán que la Secretaría de la Función Pública intervenga en el caso.

Más especulación con terrenos. (Diario de Yucatán, Víctor Fernández, p.web).

Responsabilidad del gobierno

De acuerdo con una investigación, la corrupción es algo casi consustancial a la idiosincrasia de los mexicanos; pero ¿es inevitable? La investigación indica que, en México, desde la edad de 12 años ya se ha participado en algún acto de corrupción y en la edad adulta el 87% de los mexicanos se ha visto involucrado en actos semejantes.

“La corrupción es el uso ilegal de un cargo público para fines privados. La corrupción no es otra cosa que el decaimiento en la naturaleza original de algo. En política lo que decae es la moral pública y la legalidad”, según Lorenzo Meyer (D. de Y. 18-VIII-05).

Al PRI se le rechazó básicamente por el lodo de corrupción e impunidad en que nos había sepultado. Uno de los signos del cambio que queríamos era disminuirlas sustancialmente. Hoy, en el gobierno estatal parece que surge algo que parece corrupción “legalizada”. Aún no se aclara con precisión y claridad lo de las tierras del nuevo aeropuerto y nos enteramos de la intervención del gobierno en otro negocio de tierras: las del Country Club.

El director de la Cousey, José Carlos Guzmán Alcocer, aludiendo al artículo de una ley o reglamento que autoriza a ese organismo a vender y comprar tierras, justifica la compra-venta de terrenos ejidales, en la cual se vio involucrada también la nueva estrella del gobierno, Antonino Almazán, a un grupo de conocidos y muy ricos empresarios. En esa transacción los realmente engañados y robados fueron los dueños originales de los terrenos: los ejidatarios de Chablekal.

Se supone que una de las principales finalidades de un gobierno es proteger a los ciudadanos para que no sean robados o injuriados, entre otras cosas, por otros. ¿Por qué este gobierno no sólo permite, sino que promueve y participa en engaños y abusos contra el patrimonio de unos ejidatarios en beneficio de particulares ricos y del mismo gobierno? En esencia, el tejemaneje para “comprar de manera legal” las 300 hectáreas de Chablekal despojó a los ejidatarios de ganancias sustanciales. Un modesto particular, quien se ha convertido en personero del gobierno estatal, adquiere las hectáreas mencionadas no se sabe a qué precio y se las vende al gobierno a razón de $153,960 por hectárea: $46.188,000. El gobierno, por intermediación de la Cousey, se las vende a un grupo de empresarios en $48.675,000. ¡La ganancia gubernamental neta es de $2.487,000! Se dice que Antonino sólo ganó un millón de pesos, pero en ningún momento se dice cuánto se les pagó a los ejidatarios. ¿Cuánto les dio Antonino? ¿A quiénes? El director de la Cousey declara que utilizan los servicios de Antonino por su experiencia con los ejidatarios —no olvidemos que salió de su puesto de delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) por acusación de corrupción y abusos contra ejidatarios— y sus trabajos de topografía y delimitación. ¿No se supone que en Reforma Agraria y en el RAN hay expertos en tratar esos asuntos de compra, venta, expropiación, delimitación de terrenos y, sobre todo, en supervisar y proteger a los ejidatarios contra abusos de sus “líderes” y de especuladores con terrenos? ¿Por qué no se recurre a ellos? La función del gobierno debe ser vigilar que las transacciones de terrenos, ejidales en este caso, sean justas y no sólo legales. En este asunto, como en el de los terrenos del nuevo aeropuerto, el gobierno debió propiciar que los empresarios del Country Club compraran directamente a los ejidatarios pagándoles los $48.675,000.

El gobierno se ha convertido en especulador con tierras ejidales en beneficio propio y de particulares: Antonino y empresarios. No vale decir que a los ejidatarios se les pagó lo justo: lo que pidieron. El engaño es que los campesinos no saben la plusvalía de sus terrenos: los “chamaquean”, o los engañan y mienten.

Tampoco valen los seudo argumentos de Edgar Ramírez Pech, presidente del PAN estatal: “Se ha dicho (por el gobierno) que el precio pagado a los ejidatarios no es bajo, les quedan en propiedad miles de hectáreas más (no te quejes si te cerceno una mano, todavía tienes otra y dos pies) y serán beneficiados con el proyecto (¿cómo?)” (D. de Y. 18-VIII-05).

Que en una transacción entre particulares ocurra eso, aunque es legal, injusto, inmoral y no ético, puede pasar; pero que el gobierno intervenga en una acción que con premeditación, alevosía y ventaja lesiona los legítimos intereses y el patrimonio de los ejidatarios pobres en beneficio de particulares es corrupción, según la definición mencionada al inicio.

Además, el gobierno se convierte en una institución de crédito al otorgarle a los ricos y solventes propietarios del Country Club facilidades para que le paguen los $48.000,000. Lo correcto es que los empresarios ocurran a instituciones de crédito para solventar sus negocios.

Tenemos un gobierno promotor, socio de la especulación con terrenos y financiador de ricos empresarios para construir instituciones de lujo y de recreo para una elite social. No estamos contra que quienes tienen dinero bien habido para satisfacer sus gustos y placeres lo hagan. Lo que no es aceptable es que el gobierno financie esas acciones, cuando hay tanta pobreza y carencias en la mayoría de la población, incluyendo a los del llamado “Sur profundo”. ¿Por qué? Posdata: Comentando sobre estos temas con unos amigos me preguntaban si yo no estaba cometiendo un error por escribir criticando al gobierno cuando aún está pendiente —hace 23 meses— en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente del gobierno del Estado, la resolución de mi demanda laboral contra la UADY, por un acto autoritario e injusto. Confío en la impartición de justicia, de la cual el gobernador siempre ha dicho que es la piedra angular de su gobierno democrático. En la democracia los gobiernos deben aceptar la crítica y si no están de acuerdo refutarla, pero con argumentos. Ya no estamos en la era priísta.— Mérida, Yucatán.

Ayuda, de quien sea, aun de Salinas: Xóchitl. (El Financiero, Víctor Chávez, p.web)

Combatir la pobreza, prioridad.

Bienvenido, "siempre y cuando no sea dinero mal habido".

Invertirán mil 277 mdp para electrificar comunidades indígenas.

Con la precisión de Xóchitl Gálvez de que el gobierno foxista acepta dinero de todas las fundaciones y de cualquier persona para combatir la pobreza -incluso del expresidente Carlos Salinas y de su Fundación Solidaridad, "siempre y cuando no sea dinero mal habido"-, el presidente Vicente Fox anunció que, en atención a las recomendaciones de organismos internacionales, invertirá mil 277 millones de pesos en lo que resta de su sexenio para electrificar los 50 municipios indígenas más pobres del país.

Además, dio a conocer que destinará 500 millones de pesos para llevar a esas comunidades de mayor marginación estufas y pisos de cemento para sus viviendas, con lo que se busca eliminar la inhalación de humo y de tierra, para proteger la salud y la higiene de las familias indígenas.

Ante gobernadores de ocho entidades del país -Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche- y los presidentes municipales de los 50 ayuntamientos beneficiados, Fox Quesada también ofreció Seguro Popular con cobertura universal y pizarrones electrónicos de Enciclomedia.

En un acto realizado en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fox Quesada reiteró su "voluntad de promover una relación de respeto, dignidad y justicia con todos los pueblos indígenas de la República; con respeto a sus derechos, su cultura y su entorno natural".

Al respecto, Xóchitl Gálvez, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, explicó que en esos 50 municipios viven 593 mil personas, de las que 92.4 por ciento son indígenas y 60 por ciento viven en zonas montañosas e incomunicadas.

Dijo que en esos lugares hay escasez de vivienda, empleo, ingresos, infraestructura social y productiva, por lo que existen "cinco focos rojos y 11 focos amarillos" de conflictos agrarios, debido a que falta certificar 64 ejidos y comunidades con un millón 141 mil hectáreas.

Expuso que les faltan servicios públicos, prevalece la conflictividad agraria, política y una creciente migración, lo que disminuye las posibilidades de un desarrollo adecuado.

Por ello, exhortó a los tres órdenes de gobierno a intensificar acciones para llevarles educación, salud, viviendas, empleos, infraestructura, carreteras, caminos.

Antes, por el rumbo de Tlatelolco, Vicente Fox entregó el crédito dos millones en vivienda y desayunó en privado en el departamento de la familia Molina Portela.

Minimizado, el problema de la migración: Bartra. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).

Foro en Casa Lamm

El aumento de la migración de los campesinos e indígenas a Estados Unidos sigue viéndose como anécdota y no como un grave problema que afectará, en no más de dos décadas, la pirámide poblacional, dijo el investigador Armando Bartra, del Instituto Maya, en el foro El campo mexicano, problemas y perspectivas, organizado por La Jornada y Casa Lamm.

"Es preocupante que las autoridades no se den cuenta de que estamos dilapidando la juventud y que sigan manifestando con cierto orgullo que las remesas siguen aumentando", abundó ante los asistentes, entre ellos investigadores de universidades estatales, representantes de sindicatos de instituciones del sector agropecuario e integrantes de organizaciones campesinas e indígenas estatales.

Bartra mostró con cifras y testimonios de indígenas de Oaxaca y la zona norte de Puebla lo que para unos es negocio y para otros la ruptura familiar. "Debería darnos vergüenza hablar de que las remesas son cuatro veces más elevadas que las exportaciones agrícolas y equivalen a 50 por ciento del valor de la producción agropecuaria; que en este sexenio se multiplicaron por tres, mientras la migración aumentó 15 veces. Pero a los tecnócratas les parece algo bueno y lo ven como una ganancia".

Experto en los temas del campo mexicano, Bartra se refirió a la migración como "operación suicida" e hizo un llamado a los habitantes de las zonas rurales y urbanas a reivindicar el derecho a no migrar, a exigir al gobierno federal que restituya alternativas laborales efectivas en el agro.

La deserción

Advirtió que hablar de resistencia sin propuestas ni alternativas finalmente lleva a la "deserción". Y refrendó: de continuar la emigración de los jóvenes -30 por ciento de ellos tiene entre 25 y 30 años-, en dos décadas la "joya de la demografía mexicana" se habrá perdido y será muy difícil recuperarla.

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), comentó que anualmente salen del campo cerca de 400 mil personas. "Es una agresión a nuestra gente señalar que ahora el motor económico son las remesas; eso es decirles a quienes sufren por la ausencia de sus familiares que este gobierno no hará nada para que las cosas cambien y que seguirá fomentando la emigración para que crezca el envío de divisas."

En el primer semestre de 2005, abundó, las remesas rebasaron 9 mil millones de dólares y todo parece indicar que este año habrá un incremento de 50 por ciento con respecto a 2004 y que esos envíos se consolidarán como la segunda fuente de ingresos del país. Además, que por la controversia constitucional presentada por el jefe del Ejecutivo contra el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, los recursos para el campo se reducirán en 9 mil 619.2 millones de pesos.

Consideró una burla que el presidente Fox llame al titular de la Secretaría de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, "el mejor secretario" que ha presidido esa institución, cuando aún no ha ejercido la totalidad del presupuesto destinado para el sector de 2004 ni tampoco el de este año.

Prensa Estatal

DISTRITO FEDERAL

Campesinos de Mixquic exigen al Edomex frenar daño a sus tierras. (La Jornada, Gabriel Romero, p.web).

Proliferan en Chalco desarrollos habitacionales y servicios de lavado y engrasado

Descargas de aguas residuales, basura y aceites contaminan los ríos Ameca y La Compañía, señalan

Lo que hasta hace un par de años eran sembradíos de verduras y hortalizas ahora es una zona de desarrollos habitacionales y negocios de lavado y engrasado de automóviles que han proliferado en el municipio de Chalco, estado de México, que generan toneladas de basura y cientos de litros de aceite derramado que a diario contaminan los ríos Ameca y La Compañía, así como el Canal General, en la parte del ejido de Mixquic, delegación Tláhuac, en el Distrito Federal.

Este marcado deterioro del ambiente ha obligado a campesinos, funcionarios y diputados locales de Tláhuac a exigir a las autoridades del estado de México poner un alto a la construcción de más casas en las zonas consideradas agrícolas y dar soluciones a los problemas de basura y drenaje.

Durante un recorrido por la zona, por un camino de terracería que en algunos tramos es tan estrecho que apenas cabe un vehículo, el cual corre a un costado del ejido, se pudo constatar cómo el agua cambia de tonalidad. En algunas partes es evidente la nata de aceite sobre la superficie, en otras está formada por basura, principalmente botellas de plástico. Hay áreas en donde el líquido está estancado y despide un olor fétido.

Mientras que al recorrer los terrenos de cultivo de pronto se pasa a la zona de unidades habitacionales, algunas de las cuales inclusive ya están ocupadas.

"Antes esto (el Canal General) era un río de aguas pluviales, pero ahora es una vía de aguas residuales", aseveran integrantes del Comisariado Ejidal de Mixquic, encabezados por su presidente, Genaro Reyes.

"Más o menos a 500 metros de aquí hay una compuerta que da a la zona chinampera, había un manantial al que llamábamos el Ojo de Agua, ahora el agua residual se filtra por ahí. ¿Adónde va a dar? A los mantos freáticos. ¿Adónde va a dar el drenaje de esas casas o del lavado de autos? Al Canal General", señalan.

El reclamo, aseguran, lo han hecho directamente al presidente municipal de Chalco, Jaime Espejel Lazcano, y al gobernador del estado de México, Arturo Montiel. "Les dijimos que no queremos que esta agua venga a nuestros ejidos, no queremos está agua cochina y que pongan plantas tratadoras del líquido porque se corre el riesgo de que algún día se filtre a nuestros canales.

Subrayan que cuando se construye una unidad habitacional se debe tomar en cuenta no sólo los servicios que se requieren, sino el impacto ambiental que se tendrá a corto y largo plazos.

"De qué sirve que de este lado (DF) se esté deteniendo el crecimiento, que como campesinos hagamos un esfuerzo por conservar la tierra, que la delegación nos apoye con proyectos de sistemas de riego en los que se utiliza agua tratada, si del otro lado nos mandan desechos."

El diputado local Héctor Guijosa explicó que debido a los hundimientos que se han registrado en la zona, el grado de inclinación de la pendiente por la que corre el agua que viene del Canal General se ha ido reduciendo, de tal manera que el líquido queda estancado en una parte que llaman zona L, y de ahí se regresa al estado de México.

Sin embargo, alertó que una vez que las unidades habitacionales, que se encuentran a menos de tres kilómetros, estén totalmente ocupadas, será mayor la contaminación de los canales.

Los ejidatarios aclaran que hace mucho tiempo dejaron de utilizar el agua que viene de Chalco porque "amuela nuestras tierras por la alta cantidad de sales, ácidos, aceites y basura que contiene".

Estudio de calidad de agua

Con un documento demuestran que el agua tratada que utilizan para sus cultivos está libre de contaminación. En octubre de 2004, a solicitud de la delegación Tláhuac y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó un estudio de calidad del agua proveniente de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, la cual sirve para regar cerca de 950 hectáreas del ejido de Mixquic.

En las conclusiones de este estudio se señala que la calidad sanitaria del agua que llega al sistema de distribución es adecuada para uso en riego agrícola, porque la calidad sanitaria de los cultivos es "aceptable, siempre y cuando se evite por completo la mezcla de agua tratada con la residual cruda".

Se advierte que "hay sitios de atención prioritaria dentro del sistema de distribución, ya que las filtraciones y descargas directas de agua residual cruda en algunos puntos del sistema elevan las concentraciones de organismos patógenos en el agua de riego".

Por ello recomienda, entre otras cosas, elaborar un plan de vigilancia y monitoreo permanente de la calidad sanitaria del agua y de los cultivos. Asimismo, utilizar sistemas de riego más eficientes.

GUERRERO

Ejidatario de Tres Palos denuncia que el GMD invade su terreno por una obra. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Ni siquiera le pidieron permiso y ahora con la altura que dejaron teme que se inunde, se queja Lorenzo Campos Angelito. Los representantes de la empresa no se quisieron solucionar el problema, y proponen una reunión con autoridades agrarias.

El ejidatario de Tres Palos Lorenzo Campos Angelito denunció que la empresa constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) –encargada de construir el viaducto Diamante y que explota la concesión–, construyó una obra de desagüe invadiendo algunos metros de su terreno, sin siquiera pedirle permiso y ahora con la altura que dejó teme que se inunde.

Campos Angelito, junto con su hija Gabriela Campos, se reunieron con el presidente del Comisariado Ejidal, Julio Ortiz Ochoa, y el superintendente de GMD Ernesto Rodríguez, a quien le exigieron que solucionara el problema.

Ernesto Rodríguez justificó la obra diciendo que hay un convenio judicial en el juzgado segundo en materia civil, para construir una servidumbre de paso a favor del ejidatario Catarino Mendoza Vázquez, con el que tuvieron un conflicto legal de 7 años que les ganó.

Campos Angelito le respondió que a él nunca le dijeron nada y “nada más se metieron” a su parcela para solucionar el problema con otra persona. “Ustedes se hacen pendejos, lo que quieren es quitarme mi terreno donde hemos vivido cien años”, le dijo.

El inconforme aseguró que el GMD “a la brava” se quiere abrir un camino de paso en su predio, luego de que perdió un juicio de siete años con el ejidatario Catarino Mendoza Vázquez, a quien le habían cerrado el camino.

Denunció que incluso lo han intimidado con la policía, como sucedió el viernes pasado cuando Ernesto Rodríguez llegó a su parcela acompañado de las patrullas municipal 1206 y estatal 028 y agentes de gobernación y le dijeron que lo iban encarcelar.

“Ahora resulta que nosotros somos los delincuentes”, se quejó.

Acusó a la empresa de no querer darle paso al viaducto Diamante a Mendoza Vázquez, pues ya hasta colocó postes de cemento, pero sí abrió un camino cerca de su predio y levantó varios centímetros, lo que con las lluvias va a provocar que se inunde su parcela.

En el lugar, Campos Angelito mostró a la autoridad ejidal y a los reporteros el tubo de drenaje que colocó el GMD para que el agua salga, “pero no va servir pues ni siquiera tiene inclinación”, dijo.

Sobre ello, el presidente del Comisariado Ortiz Ochoa dijo que no tenía conocimiento de la obra –lo cual no creen los afectados, pues cualquier obra en el Ejido tiene que ser autorizada por la autoridad– y demandó al GMD la construcción de una alcantarilla que de verdad solucione el problema del ejidatario, pues no se puede tratar de solucionar un problema afectando a terceros, criticó.

Ortiz Ochoa dijo al representante del GMD que “el gran problema es que no cumplen con los compromisos”, y recordó que el año pasado los diputados locales le ampliaron a 20 años la explotación del Viaducto, a cambio de varias obras como caminos laterales, alcantarillas para evitar que el pueblo se inunde, puentes, el encauzamiento del río La Sabana, las que hasta el momento no han cumplido y que “puede obligar a cancelar dicha concesión”.

Comentó que a los empresarios no les gusta perder, y si “una hormiga pasa por el Viaducto, es a la misma que le quisieran cobrar”.

Luego de una acalorada discusión, los representantes del GMD no se quisieron comprometer a solucionar el problema, por lo que se propuso una reunión donde estén autoridades agrarias.

Torreblanca y Chavarría se niegan a dialogar, dicen campesinos del CAP. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

Dirigentes de nueve organizaciones advierten que se manifestarán ante la cerrazón para hablar de recursos destinados a proyectos productivos y obra social.

Dirigentes de nueve organizaciones campesinas que integran el Consejo Agrario Permanente (CAP) denunciaron que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, se niegan a recibirlos para discutir temas relacionados con el presupuesto de proyectos productivos y de obra social para las zonas rurales.

Ayer advirtieron que ante la cerrazón del gobierno del estado para dialogar con ellos, determinaron comenzar una serie de movilizaciones la próxima semana, que van desde marchas en las calles hasta la toma del Palacio de Gobierno.

El dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilez García, dijo que el martes pasado tenían una audiencia con Chavarría, “pero igual que desde hace cuatro meses, otra vez la canceló, sin argumentos, sólo nos dicen que no, nos puede recibir y ya”.

Según Avilez García, la intención de las organizaciones que integran el CAP es “dialogar el asunto del recurso para los proyectos productivos, así como el presupuesto que existe para la obra social” en las zonas rurales en donde tienen presencia las agrupaciones.

Indicó que la actitud de este gobierno hacia ellos es “discriminatoria”, porque en el pasado “cada vez que entraba un nuevo gobierno, se reunía con nosotros para conocer nuestros planteamientos, pero en este gobierno hay cerrazón total, hemos enviado oficios al mismo gobernador para solicitar una audiencia, pero no responde”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Interinstitucionales de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Gerardo León Hurtado, consultado afuera de las oficinas de Chavarría, dijo que precisamente por la postura que ha mostrado la nueva administración, “en protesta no asistimos” al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el lunes en el Centro de Convenciones de Acapulco.

Añadió que como CAP, “no compartimos la política agraria que el gobernador está aplicando en el caso de La Parota, quiere imponer a toda costa un proyecto que es sabido que va a afectar a los campesinos y así, pues que nos espera a los demás, por sanidad política tiene que respetar a los comuneros opositores”.

León Hurtado indicó que tiene conocimiento de que el gobierno anterior entregó “cantidades millonarias” para obras sociales a organizaciones “como el Cresig, el Consejo Supremos de Pueblos de Filo Mayor que tienen presencia en la región de la sierra… pero ahí no hay obras de impacto”.

Aseguró que resulta “necesario” que Torreblanca “nos atienda, queremos conocer cómo están las cosas en el campo desde su punto de vista”.

Entre las organizaciones que integran el CAP –y que son las mismas que firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo–, además de la CCI y CIOAC, se encuentran: la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Unión Campesina Democrática, el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), entre otras.

Aceptan ejidatarios que siga la construcción de la carretera de Tlapa a Metlatónoc. (El Sur, Jesús Rodríguez, p.web).

Tlapa de Comonfort

Las cinco personas que se asumen como ejidatarios y que obstruyeron los trabajos de la carretera Tlapa-Metlatónoc porque afectaban sus tierras, claudicaron su postura durante una reunión el martes con vecinos de 12 pueblos de La Montaña.

Hace unos días Erasto García Ayala, miembro del comité gestor de la carretera Tlapa-Metlatónoc, denunció que unas cinco personas que dicen ser ejidatarios de Petlacalalzingo, Metlatónoc, se opusieron a que maquinaria de la constructora GC continuara trabajando en la apertura del camino.

El martes en una reunión, cerca de 200 vecinos de la zona dialogaron con estas personas para acordar la continuación de la obra.

Ahí, según el secretario del comité, Felipe Ortiz Montealegre, se aceptó la entrada de la maquinaria siempre y cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) trace un plano que los perjudique lo menos posible.

“Ayer acordamos que los campesinos de los pueblos vamos a ajustarnos al proyecto que mejor construcción le dé a la obra, porque nosotros no conocemos de la cuestión topográfica ni la cuestión ingeniera”, expresó.

Añadió que la oposición fue más bien un asunto de “falta de comunicación” entre los comuneros del ejido de Petlacalalzingo, pues en la reunión del martes se vio “mucha voluntad y disposición” de todos los participantes.

Por otra parte, criticó que al encuentro sólo hayan asistido representantes de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ninguno de la SCT que no “se dignó” a presentarse “cuando es la instancia competente en el asunto.

Con ello, manifestó, se puso una vez más el poco interés de la SCT en la construcción de la carretera, que prometió el presidente Vicente Fox quedará terminada antes de que concluya su sexenio.

LA PAROTA

La CFE ya contrató para La Parota a un sindicato de la CTM de reciente creación. (El sur, Mónica Martínez, p.web).

La sección fue formada hace 15 días; acordaron la contratación de mil 500 camiones y los trabajadores necesarios durante los cinco años que durará la obra, informa el líder Jorge Hernández Almazán.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene acordado el contrato colectivo de trabajo con un sindicato del asfalto de la CTM, a sólo 15 días de haberse conformado oficialmente, el cual cuenta con más de mil 500 camiones y maquinaria, cuyos trabajos para la presa La Parota empezarían entre diciembre y febrero, informó su dirigente Jorge Hernández Almazán.

En entrevista, el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales para la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM, Jorge Hernández, dijo que “ya es un hecho” que el proyecto se concrete y que los comuneros que se oponen “no saben el beneficio que traerá” al estado.

“Nosotros estamos seguros que se va a llevar a cabo y apoyamos el proyecto porque traerá muchos beneficios para todos, no nada más para nuestro sector; estamos dispuestos a hacer lo debido para que se haga esta presa”, afirmó.

Indicó que al igual que otras personas que están a favor de este proyecto de la CFE, él pugna porque se les pague a los comuneros lo que les corresponde por la expropiación de sus tierras.

El delegado del recién formado sindicato aseguró que el contrato ya lo tiene verbal por el residente de Asuntos Sociales del proyecto, Víctor Hugo Chávez Chávez, y por otros representantes de la paraestatal de quienes no recordó nombres, con quienes ha tenido constantes pláticas.

Precisó que ya acordaron la contratación de mil 500 camiones, más las máquinas pesadas, ligeras y demás trabajadores que serían necesarios, durante los cinco años que durará la construcción.

Hernández Almazán también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Productores y Distribuidores de Materiales para la misma Industria, Excavadores, Similares y Conexos del estado de Guerrero de la CTM.

Asimismo forma parte de la Alianza Camioneros del Sur, que se formó con dirigentes de la CTM, CROC, COR y de la Federación de Sindicatos Independientes, y uno de los puntos principales fue precisamente el apoyo al proyecto de la CFE pero a la fecha no han tenido participaciones activas.

Antes de que Antelmo Alvarado García fungiera como secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero fue parte del grupo disidente de la CTM en el estado, pues se encontraba dentro de la Coordinadora Estatal de la misma central obrera.

Comuneros opositores a La Parota piden apoyo en la ciudad de México. (El Sur, Haydeé Martínez, p.web).

Ciudad de México

Dos representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), se encuentran en la ciudad de México, con el fin de denunciar, en los medios de comunicación, las violaciones a sus derechos humanos y los actos de ilegalidad en los que han incurrido los gobiernos federal, estatal y municipales.

También demandan la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional para que no se les expropien más de 17 mil hectáreas, y sean afectados 25 mil habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y de otros ejidos de los municipios de Acapulco, Tierra Colorada, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa, a consecuencia de la construcción de la presa hidroeléctrica que planea la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Alfonso García, de la comunidad de Arroyo Verde, y Julián Blanco, del ejido Los Huajes, dijeron que los afectados por el proyecto no han sido debidamente informados ni consultados, a pesar de que la obra impedirá que sigan trabajando las tierras, lo cual “provocará el desplazamiento a las ciudades anulando la forma de vida campesina y desgarrando el tejido social”.

Julián Blanco expresó su rechazo a las acciones del actual gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, y dijo que no concibe cómo a los campesinos se les combate y reprime, y no a los que verdaderamente obstaculizan el desarrollo del estado, que son “la delincuencia organizada y el narcotráfico”.

Por su parte, los miembros de organizaciones que conforman el Espacio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Espacio DESC) expresaron su solidaridad con la lucha de los comuneros, y señalaron que con la asamblea del 23 de agosto, en la que una parte de los comuneros de Cacahuatepec aprobó la expropiación de sus tierras para cederlas a la presa, el gobierno estatal y la CFE actuaron al margen de la ley, porque no hicieron debidamente la convocatoria, y la realizaron en San Marcos, fuera del área de los bienes comunales.

Las 12 organizaciones de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, integrantes del Espacio DESC, preocupadas por el uso excesivo e injustificado de la fuerza pública con la que responden las autoridades en contra de los comuneros, exigieron al Estado mexicano cumplir “con su responsabilidad de respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de los comuneros y ejidatarios conforme a los más elevados estándares de protección de los mismos, consignados en nuestra Constitución Política y en los Tratados, Pactos y Convenios suscritos y ratificados por nuestro país”.

Finalmente, Alfonso García informó que solicitarán ante los tribunales la nulidad de la asamblea realizada en la cabecera municipal de San Marcos, el 23 de agosto. También, apuntó que llevarán a cabo una marcha el 5 de septiembre y evaluarán la posibilidad de recurrir al Congreso de la Unión para que intervenga en favor de los derechos de loa campesinos.

Abogan en el Cabildo por otra asamblea de comuneros en torno a La Parota. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).

Debe ser “sin policías, macanas ni machetes”, dice el alcalde López Rosas. Regidores del PRD, PRI y Convergencia calificaron de ilegal y amañada la asamblea de San Marcos.

Tras críticas de regidores de PRD, PRI y Convergencia que cuestionaron a la CFE y a lo que llamaron asamblea “amañada” de comuneros de Cacahuatepec en San Marcos, el alcalde Alberto López Rosas coincidió en que lo conveniente es que se lleve a cabo otra asamblea en la que se conozca “el verdadero sentir de los auténticos comuneros” de La Parota.

En la sesión de Cabildo de ayer, el alcalde reiteró su apoyo al proyecto hidroeléctrico de La Parota y dijo que se “desilusionaría” si esta obra no se lleva a cabo.

Después de escuchar la postura de algunos regidores en torno a la presa, López Rosas anunció que “seguiré exhortando a que permitan que se desarrolle una consulta y que nos ajustemos a los términos de ésta, sin policías, sin macanas, sin machetes, sin ánimo de confrontación, pero sí con el ánimo de respetar el resultado de una asamblea”.

Sugirió que antes de esta reunión se deben sentar a dialogar los inconformes y los que están a favor de la presa para que se depure el padrón de los comuneros, y una vez depurada la lista convocar a la asamblea.

“Este conflicto se ha dado porque no se han generado las condiciones para celebrar una asamblea donde podamos conocer el sentir de los auténticos comuneros. Hay un padrón, éste padrón tiene que ser la base de la consulta”, dijo.

El alcalde opinó que se debe evitar la confrontación, porque de lo contrario el conflicto podría politizarse, “si es que aún no hay intereses políticos involucrados”.

El tema de La Parota se discutió en el punto de asuntos generales de la sesión de Cabildo, en la que se aprobó por unanimidad que las futuras sesiones se transmitirán por Internet.

El regidor del PRD José Luis Morales Torres fue el primero en abordar el tema de la presa, cuando pidió a los regidores que integran la Comisión Especial que se creó para La Parota que “aclaren las mentiras” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difunde sobre los “supuestos beneficios” que traerá la hidroeléctrica.

El regidor pidió que se cite a los integrantes de la Comisión para que se le dé seguimiento al conflicto, pues “no podemos ser cómplices con nuestro silencio”.

José Luis Morales aseguró que en el recorrido que hizo por las presas de Nayarit no vio carreteras, escuelas, ni hospitales y tampoco los pueblos que se comprometió a construir la CFE.

El regidor priísta Mateo López Castillo calificó como “grave” la asamblea del 23 de agosto –en la que se dio a la anuencia para que se expropien las tierras–, porque se “violó” la Ley Agraria y dijo que la mayoría de los afectados son de Acapulco y que por ello la asamblea debe hacerse en este municipio.

El regidor del PRD Jacinto Ortiz Luviano, antes de opinar sobre el tema, aclaró que veía “con agrado” el proyecto de la presa, pero que estaba preocupado por los habitantes de las comunidades afectadas, “porque son ciudadanos de nuestro municipio”. Pidió al acalde su intervención para que no se llegue a la confrontación.

Más adelante, el regidor del PAN Guido Rentería Rojas, dijo que se debe vigilar que el pago que reciben los comuneros por sus tierras sea justo y que no se involucren intereses políticos en el conflicto y felicitó al gobierno del estado y al municipal por los “esfuerzos” para que el proyecto no se vaya del estado.

La regidora de Convergencia María de los Ángeles González Adame se declaró en contra de la expropiación de las tierras de los comuneros. Contó que su familia fue víctima de una expropiación –cuando se fundó Ciudad Renacimiento–, en la que perdieron todas sus propiedades.

Lamentó la actitud asumida por el gobernador Zeferino Torreblanca: “Me extraña que se deje sorprender por las viejas costumbres”, dijo sobre la asamblea del 23 de agosto en San Marcos; “luego se vio que eso fue amañado”.

Podría La Parota detonar rebeldía en Guerrero: JSA. (Novedades de Acapulco, Arturo Jiménez, p.web).

El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota se configura como un factor que podría incrementar la rebeldía social y la represión institucional en Guerrero, afirmó el historiador Jaime Salazar Adame.

En entrevista con NOVEDADES CHILPANCINGO, consideró que a partir de la tradición de lucha contra las imposiciones que históricamente ha caracterizado a los habitantes de la entidad, en caso de persistir una intención avasalladora por parte del gobierno en torno a La Parota es posible que se incremente la inconformidad social.

El historiador y doctor en Ciencias Políticas estableció que así como se han dado movimientos sociales desde el siglo XIX en contra de las imposiciones "del centro", el caso de La Parota, su excesiva politización y la mala operación hecha por el poder gubernamental, lo convierten en un problema que puede salirse de las manos de las autoridades.

El intelectual estableció que la falta de sensibilidad y de capacidad política del gobierno de transición en Guerrero, están agotando rápidamente el "bono democrático" que le otorgó la ciudadanía el pasado 6 de febrero, lo que redundará en la reconfiguración de los grupos políticos en Guerrero en la elección de octubre próximo.

Diálogo, sólo si se repite la asamblea sobre La Parota. (La Jornada, Misael Habana, p.web).

Respuesta a Torreblanca

Acapulco, Gro., 31 de agosto. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) aceptó la propuesta de diálogo sobre la hidroeléctrica emitida por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, siempre que se repita la asamblea para definir si la población está de acuerdo o no con el proyecto, que se realice en la comunidad Agua Caliente o en algún otro sitio de los bienes comunales de Cacahuatepec, y que la seguridad del acto quede a cargo de los comisarios y de la policía comunitaria que opera en la zona de conflicto.

Marco Antonio Suástegui, uno de los voceros del CECOP, aseguró que el organismo y 18 comisarios municipales garantizarían la tranquilidad durante la asamblea, de manera que no se repitan los hechos violentos del pasado 14 de agosto, cuando opositores a la hidroeléctrica se enfrentaron a golpes con policías, lo que dejó un saldo de 10 lesionados.

De su lado, la organización Espacio de Derechos Económicos Sociales y Culturales -conformado por 12 grupos- denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y funcionarios de los gobiernos federal y de Guerrero presionan a los campesinos contrarios a la hidroeléctrica, violándoles la libertad de tránsito, derechos agrarios y su integridad.

La Parota. (El Sur, Maclovio Sautto, p.web).

La discusión sobre el proyecto de La Parota está viciada de origen, y todos los estudios realizados por la UNAM y la UAG sobre este tema tienen un solo fin: justificarlo.

No sabemos si es la mejor respuesta a la solución de uno o más problemas que enfrenta nuestro estado. ¿Cuáles son los problemas que se resolverán con la presa? ¿generación de energía? ¿abasto de agua a la ciudad de Acapulco por 50 años? ¿agua para la agricultura? ¿generación de empleos y detonador de nuestra economía?

Nunca escuché que se mencionaran estos problemas abiertamente y que para cada uno de ellos se evaluaran distintas alternativas, por ejemplo: en el caso de generación de energía no se hicieron estudios de generación con fuentes renovables como aire, sol y oleaje, que no resultan agresivas para el entorno ecológico y que afortunadamente es un recurso abundante en nuestro estado.

Para el abastecimiento de agua en la ciudad de Acapulco habría que hacer un estudio y determinar las causas de su pérdida, tal vez lo más conveniente sea una fuerte inversión en la red de suministro y una campaña de concientización, acompañada con medidas legislativas y económicas para el uso racional del agua. Otras sociedades reciclan el agua en los hogares, el agua utilizada en el aseo personal y de trastos se recicla para el WC, el riego de jardines y lavado de autos.

Decía el ingeniero Heberto Castillo: “Si en vez de que lloviera agua, lloviera tequila, no se desperdiciaría una sola gota”. Con toda seguridad, una campaña permanente en esta dirección garantizaría el agua para Acapulco por toda la vida, no por los 50 años que, según el brody Jorge Campos, lo hará la presa.

La generación de empleos, es decir la búsqueda de proyectos de desarrollo atractivos para inversionistas, sin lugar a dudas sería difícil encontrar otro mega proyecto con las características de éste, pues por los montos de inversión y los tiempos de duración tendría que ser un conjunto de proyectos viables y atractivos. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, requerimos guerrerenses críticos y creativos, con conocimientos sólidos en distintas áreas del conocimiento y con iniciativa. Ahí es donde fallamos y pagamos el precio de la ineficiencia de nuestro corrupto sistema educativo (oficial y privado), en donde –dicho sea de paso– esta nueva administración no ha hecho un diagnóstico objetivo del mismo, pues en el caso de la normal rural no escuché que se dijera que el problema se genera por la prestación de heredar las plazas y tantas prácticas corruptas amparadas por el sindicalismo oficial.

La ausencia de proyectos alternativos a La Parota no es un problema de los afectados por la presa, es un problema del estado que pone en evidencia los males estructurales en sus sistemas fundamentales, en este caso el educativo, y el de desarrollo científico y tecnológico. Durante la administración de René Juárez se invirtieron 6 millones de pesos anuales en proyectos de investigación, totalmente insuficientes para un buen desarrollo de ciencia y tecnología, con el agravante de que sólo el 5 por ciento fue para desarrollo tecnológico.

Al mal planteamiento del proyecto hay que agregar otros dos, los inconvenientes inherentes a este tipo de problemas: la resistencia social, pues resulta difícil abandonar el pueblo que nos vio nacer y verlo cómo se hunde en el agua junto con nuestros muertos.

Y el problema de equidad y justicia en la indemnización o compra de los terrenos afectados. Habrá que recordar lo que pasó con el aeropuerto de la ciudad de México, la cantidad de dinero con que inicialmente querían indemnizar a los campesinos no les alcanzaba para comprar una casa en las mismas condiciones que la que sería afectada.

¿Se estará planteando hacer socios de la CFE a los ejidatarios? o ¿a los guerrerenses se nos darán tarifas preferenciales? porque en la actualidad somos un estado generador de energía eléctrica y somos consumidores no preferenciales.

Por la forma en que se ha planteado el problema, lo más fácil es caer en el reduccionismo: “estás conmigo o en contra”, no hay términos medios, esto conduce irremediablemente a la intolerancia y a la represión.

Lo fácil es apoyar a La Parota y acusar a los ejidatarios de intransigentes y a quienes critican el proyecto de apátridas e inconscientes. Finalmente, la decisión, que sin duda afecta a todos los guerrerenses, está en manos de los ejidatarios afectados y lo menos que podemos pedir es que los dejen elegir libremente y sin presiones de ningún tipo.

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