CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
14 DE NOVIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Pone México alto
a Chávez
Da la Cancillería 24 horas a Venezuela
para que se disculpe, o retirará Embajador.
México da ultimátum a Chávez para retractarse
“No se meta conmigo porque sale espinao”, amenazó
el venezolano a Fox
Crecimiento mediocre por parálisis política
Las elecciones del 2006 generan inmovilidad
e inhiben la creación de empleos: ANTAD
Negocia el Congreso reasignación al gasto
Los diputados se acercan
a un consenso; podrían ser 89 mil mdp.
La mayor parte, al Programa de Apoyo para Entidades
Federativas.
Ultimátum a Hugo Chávez
Disculpa
hoy o su embajador deberá salir del país: SRE. “Sorprende”
al gobierno mexicano nueva declaración del venezolano
La comida con Zedillo Jr.
Fue pactada: Madrazo
Ya es candidato
del PRI
Chávez amenaza al Presidente de México
“No se
meta conmigo, caballero, porque sale espinao”, le advierte el mandatario venezolano
Ultimátum a Venezuela:
24 horas
Exige México una disculpa
Gana Madrazo; Everardo
lo felicita
Obtiene el 91% de los votos computados
en el 60% de casillas instaladas en el país
Madrazo da luz verde a rebelión
contra Chuayffet
Sector agrario
Conflicto agrario en Guerrero. (La Jornada, Correo Ilustrado, p.web).
Señora directora: Solicito publique esta carta para dar a conocer la problemática
agraria que tiene el pueblo de Julotepec,
municipio de Huamuxtitlán,
Guerrero, que desde el 22 de diciembre del 2004 fue
invadido y despojado de más de 400 hectáreas por los
del pueblo de Acaxtlahuacan
de Albino Zertuche Puebla, quienes nunca han podido acreditar la propiedad
de dichas tierras.
El pueblo de Jilotepec cuenta con
su carpeta básica, es decir, con su resolución presidencial
del 6 de noviembre de 1966, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 4 de febrero
de 1967, acta de posesión y deslinde, y plano aprobado
por el departamento de asuntos agrarios y colonización,
y que han podido acreditar en el juicio interpuesto
ante el Tribunal Unitario Agrario, en Chilpancingo,
pero, por intervención del licenciado Juan Virginio
Gatica González, responsable
directo de la comisión de focos rojos de la Secretaría
de la Reforma Agraria en Guerrero, se llamó a
las partes para llegar a un acuerdo, ofrecido al pueblo
de Jilotepec, con una contraprestación
en tierras, ganado, maquinaria agrícola o proyectos
productivos, a cambio de ceder la mitad de la tierra
comunal en conflicto, propuesta que el pueblo de Julotepec
nunca aceptó, porque considera que dicha comisión
quiere legalizar el robo y despojo. Y siguió insistiendo,
ya que el 20 de octubre pasado se volvió a presentar
en el pueblo de Jilotepec,
con la misma propuesta, pero con una nueva representación,
en nombre del licenciado Guillermo Gallegos Muñiz.
Consideramos que es legal y legítimo exigir públicamente al
tribunal unitario agrario que se haga justicia y dicte
sentencia conforme a derecho, ya que hasta hoy el
juicio está detenido y condicionado a que aceptemos
dicha propuesta, pero el pueblo de Julotepec
ha tomado la decisión de ir a quitar el cerco de alambre
de púas, y de ser necesario bloquear la carretera
que cruza los terrenos comunales en jurisdicción de
Jilotepec, carretera que
va de Acaxtlahuacan a Tulcingo de valle
Puebla; responsabilizamos al secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame;
al magistrado del tribunal unitario agrario Jorge
Lara Martínez; al procurador agrario, Isaías Rivera
Rodríguez; al gobernador del estado de Guerrero,
Zeferino Torreblanca Galindo,
y a su subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, de lo que pueda ocurrir el 6 de diciembre
próximo, día que se quitará el alambrado, y de las
consecuencias de esto entre ambos pueblos.
Atentamente
Heriberto Bravo Rodríguez, representante legal del pueblo de
Jilotepec, municipio de
Huamuxtitlan, Guerrero
Acuerdan mesa de diálogo para resolver conflictos
agrarios en el Alto Balsas. (El Sur,
Teresa de la Cruz, p.web)
Critican la respuesta
superficial de las autoridades y anuncian que no las
invitarán.
Chilpancingo
Campesinos de tres localidades
del Alto Balsas que se disputan 3 mil hectáreas de
tierras desde hace 40 años, acordaron ayer instalar
una mesa de diálogo para buscar una solución de fondo
a ese problema, sin la participación de funcionarios
nacionales y estatales.
Asimismo denunciaron que las autoridades
agrarias sólo dan respuestas superficiales a los conflictos
por tierras, en su intento por establecer el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede).
Determinaron que será hasta en
una segunda etapa de esos encuentros, cuando analizarán
si se incorporan o no al Procede, con base en los
posibles beneficios que deje a los pueblos el programa.
Lo anterior fue informado por el
regidor electo del PRD en Mártir de Cuilapan,
Victórico Ríos Mundo, al término de la reunión de autoridades
comunitarias de San Agustín Ostotipan,
San Juan Totolcintla y Tula
del Río, en Chilpancingo, la mañana de este domingo.
Entrevistado en la redacción de
El Sur, Ríos Mundo contó que aproximadamente en 1964,
comuneros y ejidatarios de San Juan Totolcintla
y Tula del Río, despojaron a San Agustín Ostotipan
de 3 mil hectáreas de tierras cultivables.
Indicó que a partir de esa fecha
hubo enfrentamientos y muertes por la disputa del
predio, incluso en decretos presidenciales “los tres
pueblos son dueños de ese terreno”.
Añadió que en 1992 el conflicto
se agravó porque la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) y la Procuraduría Agraria (PA) intentaron
que los campesinos ingresaran al Procede. “Ya tenían
un acuerdo con San Juan Totolcintla
y Tula del Río, pero Ostotipan
no quiso firmar las actas de que estaba de acuerdo
con las colindancia, porque reclamaba sus tierras”,
dijo.
Ríos Mundo señaló que en el 2004
la visitadora de la Procuraduría Agraria, Mercedes
Trinidad, hizo una asamblea en Ostotipan,
para invitar a los comuneros a que ingresaran al programa
de certificación de tierras; sin embargo, destacó
que ante el rechazo de éstos, bajo “engaños” logró
que firmaran hojas en blanco, “mismas que utilizó
después para asegurar que los campesinos estaban solicitando
el Procede”.
Abundó que tras recuperar las firmas,
pudieron también lograr que se firmara un escrito
mediante el cual manifestaban su rechazo y no reconocían
las mojoneras.
En julio del 2005, nuevamente técnicos
de la Procuraduría Agraria junto con ingenieros del
INEGI, intentan medir los límites “en esa ocasión
en una asamblea con el delegado de la PA, Fernando
Jaimes Ferrel,
de manera verbal se comprometió a que se suspenderían
los trabajos; estuvo como testigo el subsecretario
(en ese entonces para Asuntos Jurídicos), Esaú Tapia Abarca”. expuso.
Por tercera ocasión, según el regidor
electo, el 18 de octubre regresó la PA a seguir con
las mediciones, “es esa ocasión otra vez se logró
la suspensión en una reunión que hubo en el Palacio
de Gobierno con Tapia Abarca, y se pidió también que
dejaran a los pueblos la solución del conflicto, que
se buscaría a través del diálogo; porque ya no se
querían soluciones vistas como un asunto legal solamente,
superficiales, aquí se trata de que los pueblos recuperen
su capacidad de diálogo”.
Ante esa situación, Ríos Mundo
indicó que este domingo autoridades comunitarias de
los tres pueblos se reunieron en Chilpancingo y “determinaron
las reglas del diálogo: cinco personas por cada pueblo
se sentarán para buscar una salida de fondo y abordar
de manera respetuosa una solución”.
“Sin las confrontaciones que genera
la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria; vaya,
queremos que se hagan ahí propuestas de solución,
por parte de los interesados”, indicó.
Hoy técnicos de la Reforma Agraria y del RAN delimitarán
las tierras en El Capulín. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
A más tardar en 15 días se establecerá
a quién le pertenecen las 456 hectáreas en conflicto.
Cada pueblo enviará un ingeniero que lo represente.
Chilpancingo
Técnicos de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) y del Registro Agrario Nacional
(RAN) acudirán hoy al terreno que se disputan
Moyotepec y El Capulín desde
hace 120 años, para empezar a tomar las mediciones,
establecer las zonas fronterizas y aclarar a más tardar
en 15 días a quién pertenecen las 456 hectáreas en
conflicto.
Además de la presencia de los peritos
de ambas dependencias federales, cada pueblo enviará
a un ingeniero que los representará y estará “vigilante”
de las actividades técnicas del lugar.
Lo anterior fue informado ayer
vía telefónica, por el dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) no oficial –y asesor de los
campesinos de El Capulín–, Evencio
Romero Sotelo.
El miércoles 9, tras una jornada
de reuniones con el secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame; el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera; y representantes de los comuneros de Moyotepec; acordaron otorgar una tregua de 15 días en donde
se comprometían a no “molestar” a los campesinos de
El Capulín, a quienes desalojaron de manera violenta
el sábado 5.
Con la tregua, según dijo en ese
momento el comisariado de
Bienes Comunales de Ocuapa –a donde pertenece Moyotepec–,
Natalio Solano González,
permitían también que un grupo de técnicos de la SRA
y el RAN midieran de nuevo el terreno. También se
manejaba tentativamente que empezarían los trabajos
el 14 de noviembre.
Ayer, Evencio
Romero asesor de los campesinos desalojados, confirmó
que hoy los técnicos de la SRA y el RAN acudirán a
la zona de conflicto para “corregir su error, ellos
midieron en el 2003 y dieron la posesión de tierras
a Ocoapa, esperemos que
ahora sí hagan bien las mediciones”.
Precisó que hoy a la 8 de la mañana,
los trabajadores federales partirán hacia la zona
de conflicto, pero resaltó que “los acompañarán dos
ingenieros que representarán a las comunidades, estarán
checando cómo se hacen los
trabajos y certificarán el proceso”.
Enfatizó que ante el constante
“incumplimiento” de los acuerdos por Moyotepec,
en “lo cerros de El Capulín, siguen en alerta unos
500 campesinos armados, ahorita está todo tranquilo, pero bueno con eso de que hemos
firmado más de 70 pactos de no agresión y ninguno
se ha cumplido, mejor decidieron permanecer vigilantes,
por cualquier cosa”.
Agregó que tiene conocimiento de
que la directora general de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl
Gálvez, “ya tiene el monto de los daños materiales
que ocasionaron los de Moyotepec,
la delegación de aquí ya levantó un censo y en la
próxima visita que haga Florencio Salazar a El Capulín
el próximo 22 de noviembre, estará anunciando todos
los apoyos”, “se van a reestructurar las 44 casas,
20 de ellas con daños más graves, pero se incluye
a todas”.
Cresencio Morales municipio de Zitácuaro
es foco rojo en tala clandestina: Profepa. (Mi Morelia.com, América Juárez, p.web)
Viernes 11 de Noviembre de 2005
Morelia, Mich., 11 de noviembre del
2005.-A pesar de los múltiples esfuerzos por reducir
la tala ilegal y los conflictos en materia de la tierra,
el delegado de la Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente (Profepa)
en Michoacán, Francisco Luna Contreras reconoció que
la localidad de Cresencio
Morales del municipio de Zitácuaro, aún sigue representando
un foco rojo en la zona Oriente del estado, por los
conflictos que aun se viven en este lugar.
Manifestó que hasta la fecha se ha buscado el trabajo en conjunto
con autoridades estatales y federales para dar solución
a este conflicto que afecta a la biosfera de la mariposa
monarca, sin embargo, la miseria en las zonas donde
prevalecen los conflictos agrarios hace que se agudice
la problemática que se vive en los mismos.
El conflicto de esta localidad informó ha sido derivado de
problemas entre los dos grupos antagónicos, y el afectado
finalmente es el recurso natural.
No obstante de estas condiciones, destacó que ante la llegada
de la mariposa monarca no peligra, ya que aunque la
localidad de Cresenció Morales vive un conflicto grave, se trabaja en llegar
a un acuerdo.
Por otra parte, indicó que en Michoacán persisten 16 conflictos
por la posesión de la tierra en la Meseta Purépecha
y uno más que se concentra en la región de la mariposa
Monarca, que es precisamente en este municipio.
Lamentablemente, subrayó el problema agrario afecta sobre todo
a los límites existentes en las zonas forestales,
en donde se presenta esta clase de situación y los
grupos que generalmente se encuentran involucrados
los dos talan y los dos inciden.
Sin embargo y pese a esta condición se trabaja de manera conjunta
con la Secretaría
de la Reforma Agraria, con el fin de atender todas
las cuestiones relacionadas con los conflictos agrarios.
Manifestó que por el momento se han obtenido buenos resultados,
ya que se tiene a 10 personas infraccionadas y se
están pagando las multas, así como hay camiones asegurados
y 10 personas consignadas.
Y agregó: “hasta esta fecha tenemos cinco mil metros cúbicos
de madera asegurada y en la meseta específicamente
son 40 metros cúbicos, asegurados, y bueno de ahí
la importancia de la coordinación es muy importante,
por eso estamos siendo apoyados por la Secretaría
de Seguridad, en el estado y la PGJE, y la PGR”.
Rarámuris contra el arrinconamiento. (La Jornada, Víctor M. Quintana,
p.web).
Sábado 12 de noviembre de 2005
Los han arrinconado desde hace siglos. A los rarámuris y a los otros pueblos indios de Chihuahua. En la
Colonia se les expulsó de las vegas de los ríos y
se les arrinconó en la sierra. Todo el siglo XX les
quitaron sus bosques y los arrinconaron en las barrancas.
Ahora que las barrancas son atractivo para la explotación
turística, el arrinconamiento puede devenir aniquilamiento.
El arrinconamiento no sólo es geográfico, también es social
y jurídico. Eso es lo que trae a la capital chihuahuense
a los rarámuris de Pino Gordo, los últimos gentiles, no bautizados,
remontados en el suroeste de la entidad. Acampan desde
hace dos semanas buena parte de las 162 familias que
no existen ni agraria ni jurídicamente para las leyes
de los chabochis. Su presencia
tozuda, su existencia conquistada desde su lucha,
desnuda lo rabón, lo insuficiente, lo extraño que
resultan las leyes y las instituciones agrarias para
las formas de habitar, poseer y amar la tierra de
los pueblos indios.
Tres son sus reclamos: que se les reconozcan sus derechos agrarios;
que les respeten su territorio; que se detenga la
tala de su bosque. Resulta que ahí han estado desde
siempre, pero la ampliación y la dotación ejidales,
apenas de 1961, sólo reconocieron a unos cuantos de
ellos, con nombres inexistentes y cambiados. Luego
un líder de la comunidad logró que se dotara a 50
con la promesa de que éstos incluirían en seguida
a todas las familias del ejido. La avaricia tentó
a los 50 y ahora, con los legalismos a favor, pretenden
excluir a 162 familias de su comunidad y de su tierra.
Un problema semejante -excluidos de las tierras ancestrales
que habitan y cultivan- fue lo que encendió la primera
movilización rarámuri de
los nuevos tiempos: la de Norogachi
en 1989, como cuenta El Ronco Robles.
No sólo luchan por su reconocimiento. También por sus hectáreas
de pinos, maguechis, piedras
y arroyos. La Reforma Agraria les dio sus tierras
y les puso como referencias los cerros y las barrancas
que no se han movido de ahí desde hace 2 millones
de años, señala Héctor Salayandía,
su asesor. Y poseyeron toda la extensión. Luego vino
la Reforma Agraria a decirles que ellos no tenían
derecho a las 34 mil hectáreas comprendidas en esos
puntos, sino a sólo 14 mil. Se ampararon para que
no se les movieran los linderos y ganaron. Pero las
autoridades agrarias continuaron su batuque y le entregaron
casi 20 mil hectáreas a la comunidad de Coloradas
de los Chávez. Y ahí se origina el tercer problema.
Pino Gordo-Choreachi constituye
uno de los últimos tres rincones de bosque virgen
que hay en Chihuahua, lleno de pinos y vegetación
nativa. La codicia de los talabosques se abalanza de inmediato manipulando a la gente
de Coloradas de los Chávez y apoyándose en los laberintos
legaloides. Los de Pino
Gordo se amparan y logran que la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente suspenda el aprovechamiento.
Los rarámuris de Pino Gordo,
al defender sus bosques defienden los escurrimientos
que nutren al río Verde, que a su vez alimenta al
río Fuerte, irrigador de los ricos valles sinaloenses.
Pero los beneficiarios río abajo de la lucha de este
pueblo ni siquiera los hacen en el mundo.
Hasta ahora, pese a la buena voluntad de los diversos niveles
de gobierno, ninguno de ellos se aboca a resolver
de fondo el batidero provocado por las propias autoridades
agrarias. Y ese es asunto cotidiano cuando se trata
de los ejidos y comunidades indígenas: les han declarado
sus territorios terrenos nacionales, los ricos chabochis
los han denunciado y logrado que se los titulen individualmente,
y luego explotan sus bosques. Los juzgados de pueblo
están saturados de juicios de jurisdicción voluntaria
donde los vivales logran
apoderarse de los territorios indígenas; de demandas
de despojo en contra de las comunidades que habitan
ahí desde siempre. Detrás de la lucha de los rarámuris hay dos verdades del tamaño del cerro de Mohinora: la primera es que los pueblos indios poseen estas
tierras desde siempre, con su manera peculiar de poseer,
con un concepto de dominio que tiene que ver más con
domus: casa, hogar, que
con dominus: el señor, el
dominador. La segunda es que sus usos y costumbres
no son los del individualismo y de la exclusión; todas
las familias de la comunidad, por el solo hecho de
ser parte de ella tienen derecho de ocupar y usufructuar
su territorio, sin necesidad de ningún papel o título.
El problema no es del derecho y la justicia de los
pueblos indios; es del derecho que se les han impuesto
y sobrepuesto.
Ejidatarios demandan devolución de mil has. despojados por Antonino. (Criterios,
p.web).
Sección:
Yucatán
Bloquean terrenos que
adquirió el Poder Ejecutivo al especulador de tierras
Mérida 12 Noviembre.- Un grupo de 63 campesinos de la comisaría
de Oxcum, ,municipio de
Umán, amplió su denuncia
contra Antonino Almazán Arteaga y el Gobierno del
Estado ante el Tribunal Agrario, en demanda de la
devolución de las mil cuatro hectáreas de las que
fueron despojados con engaños.
El asesor jurídico de los 63 ejidatarios afectados, William
Santos Sáenz, explicó que son 96 los campesinos engañados
que vendieron sus tierras a Almazán Arteaga por la
cantidad de 70 centavos el metro cuadrado.
Sin embargo, continuó, luego se enteraron que ese prestanombres
vendió a 1.57 pesos el metros cuadrado de mil cuatro
hectáreas de la Comisaría de Oxcum
al Gobierno del Estado, obteniendo más del doble de
lo que había ofrecido a los ejidatarios.
En un principio, 52 campesinos buscaron asesoría jurídica y
presentaron sus denuncias penales y también ante la
Procuraduría Estatal Agraria, el Registro
Agrario Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Tribunal Estatal Agrario, y
ayer se sumaron 11 ejidatarios más para un total de
63 productores inconformes con ese procedimiento ilegal,
subrayó.
El Tribunal Nacional Agrario ordenó la semana pasada la suspensión
de la utilización de las mil cuatro hectáreas de la
Comisaría de Oxcum, por lo que el Gobierno del Estado no podrá hacer uso
de esas tierras hasta que haya un fallo que puede
favorecer a los ejidatarios o a la administración
pública, explicó.
Mientras tanto, recalcó, desde hace algunos días, los productores
decidieron bloquear con piedras y ramas la carretera
de terracería que une a Oxcum con la
Comisaría de Texán Palomeque,
Municipio de Hunucmá, ya
que ambos terrenos ejidales fueron los que adquirió
Almazán Arteaga para venderlos luego al Gobierno del
Estado.
"Estamos hablando de siete kilómetros de camino de terracería custodiados por campesinos de Umán y Hunucmá, quienes incluso
hacen guardias las 24 horas para no permitir el acceso
a ningún vehículo o personas ajenas a los ejidos de
ambas comunidades y quien intente cruzar por la fuerza
será detenido con escopetas", advirtió.
Si el Congreso del Estado aprueba la solicitud de crédito de
mil 48 millones de pesos al Gobierno del Estado para
llevar adelante su proyecto Metropolisur,
no podrá utilizar las mil cuatro hectáreas de esa
Comisaría de Umán, que es
parte del nuevo aeropuerto internacional, porque el
Tribunal Nacional Agrario dará su fallo en un lapso
de dos años, expresó.
"Si el fallo es desfavorable para los 63 campesinos, de
todas formas es posible que el Metropolisur
no se lleve al cabo, porque la resolución será dentro
de dos años y para ese tiempo, Patricio Patrón Laviada
ya no será el gobernador del Estado", finalizó.
Destapan construcción ilegal del IVI en ejidos. (El Diario (Chihuahua), Érika Talina Perea, p.web).
Otorgaron escrituras
que legalmente no pertenecían al Instituto, denuncia
ejidatario
Chihuahua— Hace 12 años, el Instituto de la Vivienda construyó
ilegalmente el fraccionamiento “Los Girasoles” sobre
terrenos ejidales que se encuentran amparados en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciaron
los propietarios del Ejido Carlos A. Madrazo.
Lo más grave, sostuvo el secretario del ejido, Bernardo Lugo
Reza, es que las irregularidades en la compra-venta
de predios en esta zona se hayan mantenido hasta la
pasada administración, al otorgar escrituras a fincas
que legalmente no pertenecían al Instituto de la Vivienda.
Indicó que en reiteradas ocasiones se buscó al ex director
del IVI, Ramiro Arroyos García para detallarle el
proceso agrario que se sigue en las 340 hectáreas
del Ejido Carlos A. Madrazo, anteriormente propiedad
de la familia Elías Muller
y en donde actualmente se encuentran construidos el
fraccionamiento Girasoles I, II III, IV etapa, La
Galera, y parte de la zona que colinda con el fraccionamiento
Praderas del León.
“Pero este señor nunca
nos recibió, nos mandaba decir con su gente, que eso
a él no le importaba que existiera esta orden de la
Suprema Corte, que el órgano máximo de justicia en
la Nación”.
Bernardo Lugo Reza señaló que si bien es cierto, Ramiro Arroyos
no fue el responsable de la invasión que se registró
sobre estas 340 hectáreas, porque eso ocurrió en la
administración estatal de Francisco Barrio Terrazas,
sí siguió solapando las irregularidades que trae arrastrando
el IVI desde hace más de 12 años.
Cabe destacar, que en la última década el Gobierno del Estado
ha recurrido a la compra de ejidos como: Tabalaopa,
Nombre de Dios, La Haciendita y Robinson
para ampliar sus reservas territoriales, destinando
una gran parte de éstas a la construcción de vivienda.
Empero, el caso del Ejido Carlos A. Madrazo es excepcional
porque el litigio agrario que sigue vigente impide
a las partes que reclaman la propiedad (ejidatarios
y pequeños propietarios afectados por el decreto presidencial)
explicó Lugo Reza.
“El Municipio de Chihuahua
no debió haber dado los permisos de construcción que
otorgó a las constructoras del IVI en 1993, pero una
década después el Instituto tampoco tendría por qué
haber entregado escrituras de un predio que está en
litigio”.
Hoy día los 30 integrantes del Ejido Carlos A. Madrazo reclaman
que se les regresen sus tierras, ya que desde el momento
que se empezó a construir el fraccionamiento los Girasoles
se les expulsó de las 3 mil 340 hectáreas que comprenden
el ejido.
Esto, expresó uno de los líderes, a pesar de que el amparo
que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la nación
en 1983 y el que se ordena a la Secretaría
de la Reforma Agraria reponga el proceso administrativo
en un área de 340 hectáreas a fin de establecer si
se reintegran al Ejido o se regresan a sus dueños
originales (familia Elías Muller).
Sin embargo, señalaron que al momento que el IVI empezó a construir
las primeras etapas del fraccionamiento Girasoles
los despojaron de todos sus terrenos.
“Hasta hoy el IVI nunca
nos ha podido decir cómo fue que se otorgó el permiso
para construir en terrenos ejidales, quién autorizó,
cuáles fueron los permisos, que se investigue en el
Registro Público de la Propiedad dichos terrenos,
y todas las irregularidades que se dieron con relación
a nuestros terrenos”.
Agregó que ahora que han empezado a relucir las irregularidades
que se cometen con la compra-venta de terrenos, piden
a las autoridades estatales que investiguen las anomalías
que se cometieron en perjuicio de
el Ejido Carlos A. Madrazo.
Así mismo, Bernardo Lugo Reza pidió a la Secretaría de la Reforma
Agraria de cumplimiento al estudio técnico que ordenó
la Suprema Corte de Justicia para resolver el litigio.
“Hay dos opciones para
nosotros los ejidatarios, si el Gobierno federal se
equivocó al darnos unas tierras que no nos debió haber
dado, tendría que indemnizarnos, por el valor de las
340 hectáreas que se afectaron, y en caso de que se
señale que sí son del ejido entonces se nos tiene
que retribuir el pago en todos espacios que ya fueron
construidos”.
El origen de la Polémica
El ejido Carlos A. Madrazo se constituyó en marzo de 1975,
cuando el presidente de la República Lázaro Cárdenas
afectó 3 mil 340 hectáreas de la propiedad de la familia
Elías Muller en favor de
la comunidad campesina.
Esto con el argumento de que los pequeños propietarios del
excedían el límite máximo de 300 hectáreas que señala
el artículo 249 de la Ley Federal de la Reforma Agraria,
por lo que el resto del predio (3 mil 340 hectáreas)
fue afectado y entregado a los ejidatarios.
Los primeros años, los campesinos tuvieron la oportunidad de
sembrar y cosechar las tierras de agostadero, pero
en 12 de julio de 1978 la familia Muller
solicitó un amparo a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y ésta lo otorgó en el año 1983 con
la condición de que la Secretaría de la Reforma Agraria
repusiera el proceso administrativo y realizara un
estudio técnico para valorar si las 340 hectáreas
en disputa debían reintegrarse a los pequeños propietarios
agrícolas al Ejido Carlos A. Madrazo.
Bernardo Lugo Reza sostuvo que hasta hoy la Secretaría de la
Reforma Agraria ha incumplido con la orden de la Suprema
Corte de Justicia, beneficiando los intereses de particulares
y en perjuicio del grupo de agricultores que espera
la resolución para estar en posibilidad de volver
a trabajar sus tierras.
Resolverá Supremo Tribunal Agrario posesión de
terrenos.
(El Diario
(Chihuahua), Sandra Rodríguez, p.web).
La solución al viejo problema de la propiedad de la tierra
en la zona de la Carbonífera estará basada en el deslinde
de propiedades a partir de la documentación histórica
y demás referencias fijas que circunscriben el predio,
como el Río Bravo.
Lo anterior lo informó el director de Desarrollo Urbano Municipal,
Roberto Chaires, quien agregó
que será el Tribunal Superior Agrario el que dictamine,
después de un siglo de empalmes de títulos con linderos
confusos, quiénes son los legítimos dueños de este
polígono colindante con Estados Unidos.
“La solución está totalmente
basada en el deslinde histórico de cada propiedad,
entonces, ese deslinde determina la propia solución;
no hay más que tomar en cuenta lo que hablan los papeles
y las referencias históricas que como es el río Bravo,
puntos fijos, las vías del tren, mojoneras que están
como puntos de referencia en el cauce del río atrás
de la ladrillera, y el Tribunal Superior Agrario está
dictaminando con base en esos antecedentes cuál es
la justa definición de a quién le correspondan esos
predios”, dijo el funcionario municipal.
La noticia de que el añejo conflicto por este predio –cuyas
dimensiones ni siquiera están claras debido a la imprecisión
de los títulos originales del siglo XIX– fue difundida
por el senador panista Jeffrey
Jones el pasado viernes,
al cabo de una reunión con funcionarios de los tres
niveles de gobierno involucrados en la regularización
de la tenencia de la tierra.
Ayer, Chaires –uno de los representantes
en el encuentro por parte del gobierno municipal–
agregó que la agilización de la resolución, trámite
que está ahora en la Secretaría de la Reforma Agraria,
fue solicitada por el alcalde Héctor Murguía y por
el gobernador José Reyes Baeza.
“Todo surge a raíz de
la solicitud del presidente municipal y del gobernador
(José Reyes Baeza) en que se analice de una manera
definitiva esa situación, no en beneficio de las familias
que se discuten los pedazos de la tierra, sino de
miles de familias asentadas en esa zona que no se
les puede dictaminar su título de propiedad”, dijo
Chaires.
Debido a que la solución a este problema fue una de las recomendaciones
que el Congreso del Estado hizo al Municipio para
que éste pudiera destrabar la construcción del Camino
Real, que atravesará el predio en cuestión, a Chaires
se le preguntó por el impacto del decreto en esta
obra de infraestructura.
“Lo vemos con gran expectativa, vemos que (la solución) es
de gran beneficio para Ciudad Juárez, y estamos seguros
de que las autoridades unidas con los propietarios
que resulten después del litigio, sabremos distinguir
claramente los beneficios que tienen los proyectos
como el Camino Real”, dijo Chaires,
directamente encargado de esta obra.
Información disponible por anteriores investigaciones de legisladores
federales indica que el problema de la Carbonífera
data desde finales del siglo XIX, específicamente
de 1890, cuando se expidió un título de terreno nacional
a favor de un particular que vendió sin precisar las
superficies.
Las ventas se sucedieron a partir de ese título que carecía
de definición con respecto a los límites que amparaba,
y a todas se sumó otra “macro declaratoria” de terrenos
nacionales de 1975, que tampoco ha podido ser ejecutada
precisamente por la falta de claridad de los linderos
por lo que, a la fecha, no se sabe con certeza lo
que es propiedad nacional, lo que es social y lo que
es particular. El problema, según se informó el viernes,
podría finalmente quedar solucionado en enero próximo.
Facilita la Federación compra de terrenos. (El Diario (Chihuahua), Juan de Dios Olivas, p.web).
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA)
facilitará al Municipio la obtención de terrenos nacionales
donde se encuentran asentadas miles de familias en
forma irregular, así como de predios baldíos que serán
destinados a reserva territorial, indicó Luis Camacho
Mancías director general
de Ordenamiento y Regularización de esa dependencia
federal.
El funcionario dio a conocer que ya se inició con una identificación
de aquellos predios nacionales que serán traspasados
a favor del municipio de Juárez, el cual a su vez
los incorporará a reserva territorial, lo que le permitirá
contar con terrenos para dotarlos a la población a
más tardar a finales de este año.
“Se están identificando
predios que son de presunta propiedad nacional y en
un momento dado el Ayuntamiento solicitaría ejercer
el derecho de preferencia para que la SRA los incorporará
a su favor y ellos ya pudieran tener reserva territorial
o poder regularizar asentamientos humanos irregulares”,
dijo el funcionario federal.
Sobre los terrenos baldíos, el director de Asentamientos Humanos,
Carlos Morales Villalobos, señaló que se trata de
una extensión de aproximadamente mil hectáreas que
se encuentran ubicadas al sur de la ciudad.
Mientras que de terrenos nacionales invadidos, estos se encuentran
en distintos rumbos de la ciudad ya con asentamientos
humanos.
Tanto Morales Villalobos como Camacho Mancías
se reunieron esta semana para abordar la cesión de
terrenos que beneficiará a miles de familias juarenses.
“Tuvimos una reunión
previa con el licenciado Carlos Morales para revisar
varios asuntos para facilitar la obtención por parte
del Municipio de Juárez para reserva territorial y
tierra para regularizar asentamientos humanos irregulares.
Hay una relación permanente de coordinación instruida
por el señor secretario de la Reforma Agraria para
tratar todos esos asuntos con el Ayuntamiento de Juárez”,
dijo el funcionario federal.
Sin embargo, acotó que el Municipio o los beneficiarios deberán
cubrir un costo simbólico por los predios de acuerdo
a lo establecido por la Ley Agraria.
“Si se trata de terrenos
nacionales, la Ley Agraria prevé que exista un costo.
Sin embargo, por tratarse de adquisición de reserva
territorial y regularización de asentamientos humanos
irregulares, el Instituto Nacional de Administración
de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales da
un precio de preferencia”, dijo.
Dijo que será el Municipio el que anuncie la superficie final
que le será adjudicada, ya que la cantidad de terreno
apenas empezó a ser contabilizada.
En 3 meses resuelven terrenos de La Carbonífera:
Jones. (El Mexicano, Angélica Bustamante,
p.web).
Cd. Juárez, Chihuahua
.-
Jeffrey Jones, senador por el Partido
Acción Nacional (PAN), dijo que en un plazo de 90
días se soluciona el problema de los terrenos de La
Carbonífera en litigio desde hace varias décadas.
Los terrenos de ese sector comprenden Anapra,
Lomas de Poleo, Felipe Angeles,
entre otros sectores de la población entre los límites
del Río Bravo, la carretera a Casas Grandes y las
vías antiguas del tren.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Enlace Legislativo
del senador Jones, estuvo
el director general de Ordenamiento y Regularización
de la Secretaría de la Reforma Agraria, Luis Camacho
Mancilla.
Asistió Jacobo Rascón González del Registro Agrario Nacional, con funciones de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología del Estado.
Asimismo los directores de Obras Públicas de Asentamientos
Humanos de Desarrollo Urbano del Municipio y del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación.
Todos juntos de discutieron la forma de solucionar el problema
del predio de la carbonífera, hicieron un borrador
de solución al problema que actualmente existe con
la incertidumbre de los títulos derivados del predio
de la carbonífera que son entre 60 y 62 hectáreas.
Los funcionarios de la Reforma Agraria con el apoyo de los
directivos locales harán investigación de campo para
ubicar los terrenos y los predios en litigio y elaborar
un nuevo plano con todas y cada una de las identificaciones.
Esperan que el 11 de febrero de 2006 se tenga una solución
concreta y aterrizada del problema de dichas tierras
todo ello con el esfuerzo de los representantes de
los tres sectores de gobierno.
Plantón de colonos en Juárez; solicitan reabrir
calles y retirar grupo de choque. (La Jornada, Rubén Villalpando,
p.web).
Domingo 13 de noviembre de 2005.
Empresarios impiden a
unas 500 familias libre tránsito en Lomas de Poleo,
aseguran.
Ciudad Juárez, Chih., 12 de noviembre.
Colonos de Lomas de Poleo iniciaron un plantón en
la Subprocuraduría de Justicia estatal para exigir a las autoridades
que los empresarios Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes
retiren el "grupo de choque" que mantienen
en la zona, que se arreste al responsable material
e intelectual del asesinato de su dirigente, Luis
Alberto Guerrero Rodríguez, ocurrido hace tres meses,
y que quiten las cercas de púas y portones que impiden
la libre circulación en esa zona.
Señalaron que viven en una especie de campo de concentración,
ya que los empresarios cercaron la colonia y encerraron
a unas 500 familias que para ingresar a sus casas
deben ser sometidas a revisión en un retén instalado
por el grupo de choque.
En un desplegado publicado hoy en la prensa local, 42 organizaciones
no gubernamentales (ONG) de Ciudad Juárez, Chihuahua,
y El Paso, Texas, dicen estar preocupadas por los
hechos violentos que desde hace dos años padecen los
vecinos de Lomas de Poleo por parte de los Zaragoza
Fuentes, a pesar de ser un asentamiento con escuelas,
nomenclatura y hasta servicios como energía eléctrica,
la cual les fue quitada.
Denuncian que enviados de los Zaragoza
han presionado a los colonos para que cada uno acepte
15 mil pesos por desalojar sus casas; han derribado
otras con maquinaria pesada y el abogado de esta familia,
Manuel Balderas, ordenó
golpear hasta la muerte a Guerrero Rodríguez hace
tres meses.
Las ONG manifestaron preocupación porque "el dinero y
poder de Pedro y Jorge Zaragoza tiene congelado el
juicio" que colonos ganaron en primera instancia,
lo que ha impedido el fallo de prescripción de las
305 hectáreas donde se encuentra este asentamiento
desde hace más de 20 años.
Aseveran que los Zaragoza, distribuidores
de gas y leche, entre otros negocios, marcan el rumbo
económico de la ciudad y el estado y nadie ha podido
ponerles el alto, a pesar de que han violado las leyes
y cometido actos ilícitos como el homicidio.
Son invasores, dice Pedro Zaragoza
También mediante desplegados, Pedro Zaragoza Fuentes contestó
las acusaciones en su contra, a las que califica de
falsas y hechas por colonos invasores y "membretes"
de ONG.
Asegura que su papá compró 2 mil hectáreas en esa zona en 1963,
y que el 3 de enero de 1973 vendió 200 hectáreas a
varias familias que carecían de vivienda para ayudarlos.
Asevera que en 1999 los Zaragoza ganaron juicios en
salas civiles (no mencionan los que perdieron en 1983)
y que lograron que la justicia federal quitara a los
colonos la energía eléctrica hace dos años. Que tengan
escuelas, guarderías, credencial de elector y nomenclatura
no les da derecho a la propiedad de la tierra, agrega.
Al respecto, el senador panista Jeffrey Jones dijo que la Secretaría de la Reforma Agraria no promoverá
desalojos en esta zona, según acordaron autoridades
de los tres niveles de gobierno que se reunieron para
hacer el análisis técnico del caso de la Carbonífera,
de 62 mil hectáreas, don- de está Lomas de Poleo y
colonia Puerto de Anapra.
La solución que se dé a este caso afectará en definitiva a
varias familias asentadas en esas dos colonias. Será
una solución jurídica, no política, dijo, y sin mencionar
a las familias que detentan miles de hectáreas en
la zona (Zaragoza y Vallina,
entre otras), dijo que el caso se ha complicado debido
a inconsistencias en el contenido del título original
(de finales del siglo XIX) y del decreto emitido por
el presidente Luis Echeverría en 1975 en favor de
la cooperativa La Carbonífera, a la que se otorgó
la posesión de 20 mil hectáreas.
Detalla Patricio cómo operó con Antonino tierras
ejidales.
(Citerior (Yucatán), Gerardo Román, p.web).
Es tan extensa la superficie adquirida que “no puedo decir
exactamente qué hemos comprado allá”; afirma que la
hacienda de su hermano “quedaría a 4 o 5 kilómetros
del nuevo aeropuerto, en línea recta, vuelo de pájaro”
Mérida 12 Noviembre.- Como si se tratara de una transacción
entre particulares, el gobernador Patricio Patrón
Laviada confirmó el uso
de un intermediario (especulador de tierras), el exdelegado del Registro
Agrario Nacional (RAN) Antonino Almazán Arteaga,
en la compra de vastas superficies ejidales porque
garantizó “entrega total, no sólo de títulos sino
de la ocupación de las tierras”.
Mientras a los ejidatarios Almazán Arteaga, vinculado con Alejandro
Patrón Laviada, hermano
del gobernador, adquiría tierras “de muy poco valor”
a 70 centavos a través de prestanombres, el titular
del Ejecutivo estatal reveló que el Gobierno del Estado
los compró “desde 1.20 hasta otras cantidades” para
hacer un total de dos mil 700 hectáreas y “no puedo
decir exactamente qué hemos comprado allá, pero el
núcleo urbano, el núcleo principal para el aeropuerto
fue el de Hunucmá”.
Sobre la acusación del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
y del perredista Eric Villanueva
Mukul que la obra beneficiará
a su hermano Alejandro y al banquero Roberto Hernández
Ramírez, ambos con propiedades en las colindancias
del pretendido aeropuerto, Patrón Laviada
dijo que efectivamente su hermano es propietario del
casco de la hacienda Texan.
Agregó que no hay ningún beneficio porque la propiedad de su
consanguíneo quedará a espaldas del aeropuerto. “La
entrada del aeropuerto es por el lado contrario” y
que para llegar tendría que dar una vuelta de 15 o
16 kilómetros aunque aclaró que “quedaría a 4 o 5
kilómetros del nuevo aeropuerto, en línea recta, vuelo
de pájaro”.
En forma sorpresiva Patricio dijo que aunque “hace dos meses
que salimos a la luz pública con esto, o tres meses”
el proyecto Metrópolisur, que no se encuentra contemplado en el Plan Estatal
de Desarrollo, empezó en análisis de la posibilidad
de hacer el proyecto “hace tres años”.
Según Patrón Laviada no hay “nada
más alejado de la verdad esto de que se engañó a los
campesinos” y detalló: “el núcleo de las tierras,
las mil hectáreas que nosotros necesitamos para el
aeropuerto están en el ejido de Hunucmá.
Se habló con los líderes del ejido de Hunucmá
hace dos años, tres años, se habló con ellos. Se les
planteó la posibilidad de hacer el aeropuerto allá,
también había la posibilidad de hacerlo en el ejido
de Progreso y los que dieron las mejores condiciones
sería donde se haría, y condiciones también del terreno
que fuera mejor para realizar el proyecto”.
“Posteriormente, cuando
se decide que la mejor zona es cerca de Hunucmá,
hay un acercamiento hacia los ejidatarios pero también
aparece junto con ellos el señor Antonino Almazán
(Arteaga) que ofrece: “yo vendo las tierras hasta
entrega total, no sólo de títulos sino de la ocupación
de las tierras” cosa que se nos ha complicado cuando
hemos expropiado y además porque después aparecen
ocupantes de las tierras que exigen un recurso y ahí
si nos podrían acusar de corrupción, de ilegalidad
porque pagamos las tierras y después tenemos que estar
pagándoles para que desocupen las tierras, un doble
pago”.
“Y aquí decidimos un
convenio en el cual nosotros pagábamos, comprábamos,
tierras a un particular, a final de cuentas así termina
haciendo en el cual él nos ofrece los títulos de la
tierra y también la ocupación de la tierra, es su
responsabilidad realizarlo”.
“Y compramos tierras
desde 1.20 hasta otras cantidades; no puedo decir
exactamente qué hemos comprado allá, pero el núcleo
urbano, el núcleo principal para el aeropuerto fue
el de Hunucmá”.
Narró que “después esta misma persona se nos fue acercando
ofreciendo otros terrenos con otras personas. Señalando
“oye este terreno es de mengano”, “es de fulano”,
otros posesionarios diciéndonos
“oye estos están interesados en vender a tal precio”,
nosotros dijimos bueno también nos interesa, nos hizo
otros ofrecimientos, otras posibilidades que no nos
interesó; nos acercamos a otros propietarios de terrenos
por allá y nos dijeron que no estaban dispuestos a
vender.
Patrón Laviada recordó que “hubo
de todo en esta zona. Hay gente que se le ha pagado
más, a otros menos según la cercanía que tuvieran
con carreteras, mientras más cercas de carreteras
valen más”.
“A nosotros, añadió
el mandatario estatal, nos interesaba que mientras
más alejados estuvieran de las carreteras necesitábamos
una cantidad grande sin ningún edificio, sin ninguna
construcción, sin ningún rancho ni nada para que no
interfiriera con el aeropuerto. Entonces si las tierras
más baratas las compramos donde el núcleo del aeropuerto
está, en medio de la nada donde vamos a construir
una carretera, tenemos que construir una serie de
obras para poder llegar hasta el lugar”. Indicó que
a pesar de todo esto la compra es legal. “Es totalmente
legal, tenemos documentos, papeles completamente legales
de la compra de estas tierras con autorización federal
para hacer proyectos importantes para Yucatán, uno
es el proyecto Metrópolisur,
el cual habrá que construir un nuevo aeropuerto para
liberar estos terrenos que están en el aeropuerto
actual y beneficiar a todo el sur de la ciudad y a
toda la ciudad de Mérida y otro proyecto, que por
cierto no tiene nada que ver con el aeropuerto, nada
más se apoyan en protegerse como áreas de amortiguamiento
uno del otro es un sistema de agua potable para Mérida,
para la zona Metropolitana de Mérida, para los municipios
de Kanasín, de Mérida y
de Umán donde es el único lugar que hemos tenido protestas por
una minoría de personas y no es para la construcción
del aeropuerto, también es muy importante”.
Sobre las acusaciones de irregularidades, Patrón Laviada aseguró que son “completamente infundados”.
Intentan sobornar a ejidatarios que protestan despojo
del gobierno. (Criterios, Rafael Gómez,
p.web).
Acusan que el director
de la Japay, César Bojórquez,
de llevar “montoncitos de billetes para cada uno”
de los 60 plantonistas
Mérida, 13 Noviembre.- El director general de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado de Yucatán, César Bojórquez
Zapata, intentó “comprar” a los aproximadamente 60
campesinos de la comisaría de Oxcum,
municipio de Umán, con determinadas
cantidades de dinero que les llevó la semana pasada,
a fin de que den por concluida la defensa de sus tierras.
Uno de los que estuvieron presentes narró al reportero que
el funcionario llegó enviado por el gobernador Patricio
Patrón Laviada y “en su camioneta ya traía los montoncitos de billetes
para cada uno”.
Dijo que los campesinos le explicaron que el asunto se ventila
en el Tribunal
Unitario Agrario y que van a esperar a que se
resuelva. “Mientras no se resuelva esto en los tribunales,
por aquí nadie entra, lo que queremos es que se nos
pague lo justo por las tierras”, le indicaron a Bojórquez
Zapata.
Hoy domingo el acceso a los terrenos en litigio se mantenía
cercado y aun cuando no estaba siendo custodiado por
nadie, los ejidatarios se mantienen tan pendientes
que de inmediato se dieron cuenta de la presencia
del reportero.
Por lo menos tres de ellos aseguraron que probablemente el
miércoles 16 de noviembre se resuelva en definitiva
el asunto y explicaron que cuando Bojórquez
Zapata intentó “negociar” le indicaron que si traía
30 millones de pesos lo dejaban pasar a los terrenos,
lo que “ahuyentó al funcionario”.
Desde el viernes 4 de noviembre los campesinos de Oxcum afirmaron estar dispuestos a “llegar hasta las últimas
consecuencias” para impedir que inicie el desmonte
de los terrenos donde el Gobierno del Estado pretende
construir el nuevo aeropuerto, debido a que el proceso
de adquisición de las tierras estuvo amañado, fuera
de la ley y su resolución final aún está pendiente
en el Tribunal Unitario Agrario.
Ese día enfrentaron a empleados de Antonino Almazán Arteaga,
ex delegado del Registro Agrario Nacional y
especulador de terrenos ejidales, consentido y protegido
de Patricio Patrón Laviada,
y se quedaron a vigilar el acceso a los terrenos armados
con coas y machetes.
En el Tribunal Agrario Unitario se encuentra el proceso 34-922/2005,
en el que se indica que el 1 de marzo del 2005 a las
seis de la tarde en la cancha de usos múltiples de
la escuela primaria "Vicente Guerrero" se
celebró una supuesta asamblea llena de irregularidades.
Los campesinos acusaron que en la misma asamblea se cambió
el destino de las tierras de uso común a parceladas,
se delimitaron y asignaron y se adoptó el dominio
pleno de las mismas, violándose los artículos 24,
25, 26, 27, 28, 31 y 81 de la Ley Agraria vigente,
por lo que se promovió el juicio.
Además, señalaron que se utilizaron prestanombres para los
posesionarios y domicilios falsos, ya que en la comisaría
de Oxcum no tienen su domicilio
las personas que resultaron beneficiadas y tampoco
son productores rurales. Al respecto, el delegado
del RAN en Yucatán, Luis Felipe Mena
Salas (a) "La Muñeca", ex diputado del PAN,
se negó sistemáticamente a investigar esta denuncia.
Canul Uc
explicó que la primera adquisición ilegal de terrenos
constó de una superficie de 586 hectáreas pagadas
a siete mil pesos cada una, es decir, a 70 centavos
el metro cuadrado. Posteriormente, cuando acudieron
a investigar en las instancias correspondientes descubrieron
que en realidad eran 704 las hectáreas comercializadas;
y posteriormente vendieron 297 hectáreas más, éstas
sí a mejores precios, pues dicen que se pagaron 25
mil pesos por hectárea. El Tribunal Agrario ordenó
la semana pasada la suspensión de la utilización de
las mil cuatro hectáreas de la Comisaría de Oxcum,
por lo que el Gobierno del Estado no podrá hacer uso
de esas tierras hasta que haya un fallo que puede
favorecer a los ejidatarios o a la administración
pública.
No hubo quórum para asamblea ejidal. (Diario del Istmo, Martín Ruiz, p.web).
Regional
/ Minatitlán.
Por falta de quórum no se realizó ayer la asamblea “de mano
dura” que tenía programada la directiva del Comisariado
del ejido Cosoleacaque y
por eso, ante la presencia de visitadores agrarios,
representantes del INEGI y del Registro Agrario Nacional, se pospuso para el día 21 de noviembre,
con la gente que asista a lo que es una segunda convocatoria.
Cosoleacaque, Ver.
En previsión de posibles actos de violencia por parte de un
grupo de treinta campesinos encabezados por Isaías
Martínez Martínez, que así
lo dejaron entrever ante la Procuraduría Agraria
de Acayucan, se presentaron diversas patrullas
con elementos policiacos
que estuvieron pendientes a las afueras del comisariado.
Ayer no se pudo reunir a las tres cuartas partes de ejidatarios,
ya que concurrieron 240 y faltaron 80 para poder desarrollar
la asamblea que sería certificada por un notario público,
a fin de concretar los trámites del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y así recibir su documento aproximadamente
a mediados del mes de febrero próximo.
En la próxima asamblea se expondrá el plano definitivo de las
3 mil 200 hectáreas del ejido y se conocerá cuánto
está destinado para asentamientos humanos.
Una denuncia llegó a la PGR. (Milenio, Esperanza Romero, p.web).
Guadalajara
Una denuncia más de posibles irregularidades en las que estaría
involucrado el Registro Público de la Propiedad (RPP)
se hizo formal, esta vez ante la Procuraduría General
de la República (PGR). El afectado es Jesús Rodrigo
Andrade Gallegos, quien pide a la dependencia federal
que intervenga en la investigación del despojo de
75 hectáreas, para que se finquen responsabilidades.
En su acusación, denuncia corrupción en el RPP e irregularidades
en las obras de urbanización, promoción y construcción
del fraccionamiento y club de golf Las Lomas.
En un escrito dirigido a Jaime Rodríguez Aguilar, delegado
de la PGR, recibido por la dependencia este 9 de noviembre
y del cual Público tiene copia, el denunciante expone
una serie de hechos constitutivos de delitos en que
señala a una institución bancaria para que se revise
su proceder, a varios notarios públicos, autoridades
ejidales y federales e inversionistas.
Sostiene que en la delegación del Registro Agrario Nacional se elaboraron títulos apócrifos “viciados
de origen, para atribuir derechos imaginarios” a terceros.
Dos días antes de acudir a la delegación estatal de la PGR,
Andrade Gallegos presentó un escrito al gobernador,
Francisco Ramírez Acuña, para ponerlo al tanto de
los hechos que pide sean investigados.
Aclara que la PGR abrió la averiguación 736/2003, lo mismo
que la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Jalisco (PGJEJ), que abrió la 10084/89, “que versan
sobre el delito de despojo de 75 hectáreas de mi predio
Potrero Mesa de las Tejas, en Zapopan,
Jalisco, donde se ha edificado el fraccionamiento
residencial Club & Resort de Gol Las Lomas.
Expone su preocupación porque los despojadores de tierras se
aprovechan de la buena fe del director del RPP, al
registrar las propiedades usurpadas por un falso ejidatario.
Indica que el Banco Santander Mexicano atribuyó derechos inexistentes
“sobre las 75 hectáreas de mi señor padre, corrompiendo
a autoridades del Ejido de San Juan de Ocotán
y a personal del RPP, que pasó por alto que el particular
[despojador] no pagó el impuesto predial ni el traslado
de dominio”.
Denuncia que el titulo apócrifo, expedido por el Registro Agrario
Nacional el 7 de abril de 1994, fue inscrito al vapor
en el RPP al día siguiente de su expedición, el día
8 de abril de ese año, y nunca pasó por Catastro.
Asimismo, Andrade Gallegos da cuenta de que está en proceso
un juicio reivindicatorio y otro de nulidad (respecto
al título de propiedad) en el Juzgado Cuarto de lo
Civil del Primer Partido Judicial (zona metropolitana
de Guadalajara) contra Santander y Carlos Eduardo
Jiménez Anaya.
Añade finalmente que Banco Santander financió el fraccionamiento
Las Lomas, y que la venta de terrenos y membresías
es fraudulenta.
Sector agropecuario
Desorden legal e inseguridad minan el desarrollo
del agro. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web)
ENTREVISTA / FRANCISCO MAYORGA CASTAÑEDA, TITULAR DE LA SAGARPA
Su impulso, responsabilidad de todos los niveles de gobierno,
dice
La falta de un estado de derecho frena las inversiones; robo
de maquinaria, secuestros e infiltración del narco
son problemas que se suman a los de tenencia de la
tierra y certificación, denuncia el funcionario
El campo no es un lastre para el país; contribuye, aunque de
forma modesta, al crecimiento, pero sus pobladores
requieren otras opciones en sus regiones para tener
una vida digna, asevera el titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda.
También advierte que el desorden jurídico y el crecimiento
del clima de inseguridad en el agro, por la presencia
del narcotráfico y los secuestros, por ejemplo, han
frenado el desarrollo de este sector, que, considera,
es de seguridad nacional.
''Si no hay un principio de orden, no hay gobernabilidad ni
hay forma de conducir. Cuando hay caos, conflicto
permanente, se lo llevan a uno en la corriente; es
el riesgo que enfrento", asienta.
Mayorga Castañeda, quien dice que llega nuevamente a "casa",
ya que de 2000 a 2002 se desempeñó como director en
jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria,
es originario de Guadalajara, Jalisco, y ha estado
ligado al medio agropecuario. Su padre, Salvador Mayorga
Cameros, fue presidente de la Confederación Nacional
Ganadera y presidente de la Unión Ganadera Regional
en esa entidad.
Maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, Mayorga Castañeda
fue presidente de la Cámara Regional de la Industria
de Transformación en Jalisco, vicepresidente de la
Concamin, fundador y primer
presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco y,
de 1995 a 2000, secretario de Desarrollo Rural del
gobierno estatal.
-Sagarpa ha enfrentado múltiples
conflictos, ¿cómo los atenderá?
-Sí, hay conflictos, como el cañero, pero ha habido periodos
más críticos, como los que se dieron durante la discusión
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Acuerdo
Nacional para el Campo, pero se ha avanzado en el
diálogo con todos: líderes de organizaciones sociales,
de industriales y del sector pesca, que ha sido como
el hijo errante que todavía no ha acabado de asimilarse
en la secretaría. El diálogo y las propuestas son
las herramientas para impulsar el potencial del campo.
-¿Y la migración? Hay abandono de muchas zonas, incluso ricas
en recursos.
-El tema de la migración es un mensaje: el campo no puede sostener
a 25 por ciento de la población dignamente. Si aspiramos
a darle a la población rural un mejor nivel de vida
tiene que haber un proceso de salida, pero no se trata
de que el campesino se vaya a Estados Unidos o a los
cinturones de miseria de las ciudades, sino que, desde
su actividad primaria, encuentre otras fuentes de
ingreso más remunerativas. Me refiero a no tener atados
a los productores a las parcelas de temporal, sino
buscar actividades complementarias.
-¿Se refiere a un rencauzamiento
más acelerado, a un cambio cultural? ¿Cómo va a convencer
a un conjunto de mentalidades, con usos y costumbres
de siglos, que sólo ve como salida la migración a
Estados Unidos?
-España, antes de integrarse a la Comunidad Europea, era la
principal proveedora de mano de obra para varios países;
lo mismo Portugal, Turquía, Grecia, y a medida que
se han unido de manera solidaria a las corrientes
del comercio mundial, tienen un lugar excelente. España
incluso ha superado a Dinamarca en producción de cerdo.
El reto de México es aprender eso; no podemos permanecer
en el pasado. Hay que insertarnos en la modernidad
sin perder tradiciones ni costumbres ni cultura.
EL DILEMA DE LOS SUBSIDIOS
-¿El gobierno es incapaz de atender la situación en el campo?
-No. Se trata de un cambio cultural -pero eso no está en manos
de los gobiernos, porque éstos pueden dirigir, pero
nunca conducen totalmente- y, además de un cambio
cultural, de mentalidad de los políticos.
-¿Cambio del tejido que han sostenido con los campesinos e
indígenas, con base en los fuertes contrastes socioeconómicos?
-Entramos al papel de los gobiernos en la agricultura, de los
subsidios. Hemos ido generando vicios en los sistemas
de apoyo. La Organización Mundial del Comercio y la
OCDE han estado viendo el panorama mundial; han señalado
que hay subsidios que polarizan más la situación social,
otros que son más neutros, y unos más que desequilibran.
El Procampo era un subsidio
más o menos igualitario para no extremar las diferencias
sociales, pero nos fuimos encaminando a otros que
han polarizado, por ejemplo, aquellos que están ligados
al volumen. Si damos el subsidio a un productor de
Puebla que tiene 1.25 hectáreas no lo sacaremos de
pobreza aun pagándole al triple su maíz, y si lo comparamos
con un productor de tierras de riego de Sinaloa o
Sonora, con mayor superficie y productividad, tiene
un subsidio con el que hace un doble o triple negocio.
Eso es una situación discutible.
''Pero hay bienes públicos más importantes, como la sanidad,
sin la cual tendremos barreras comerciales y perderemos
la posibilidad de exportación. Eso cuesta mucho dinero;
hay que invertir en eso y en infraestructura.''
-¿Cuáles son las trabas que han impedido el crecimiento del
campo? Cada secretario llega con mucho entusiasmo
de cambios para generar el sueño del desarrollo.
-Está el tema agrario. No le hemos querido entrar a la tenencia
de la tierra; es una cuestión compleja de tipo político-sociológico,
pero es un ancla.
''Traemos un problema de orden que queremos que resuelva otra
vez la autoridad. No queremos restricciones, pero,
por ejemplo, qué pasa con los mezcaleros y agaveros,
que antes tenían buenos precios y ahora se desplomaron
sus ingresos porque no se respetan las normas de denominación
de origen; muchos particulares y gobiernos promovieron
la siembra de agave fuera de la denominación de origen
y allí está el resultado.
''No hay un orden; no se atreven a tomar decisiones de no sembrar
fuera de la denominación de origen o más allá de lo
que la industria requiere para no saturar el mercado,
como se hace en otros países. ¿A quién le toca hacer
las leyes? Al Legislativo, y no me refiero sólo al
federal, sino también a los estatales. No hay herramientas
jurídicas para detener ese desorden.
''No queremos respetar las normas. El dicho es: 'hágase la
ley mientras me conviene; el día que me limita o no
está a mi favor hay que cambiarla'. Ese no es un principio
de civilidad.''
LA ORBITA GUBERNAMENTAL
-¿Cuál es la capacidad del gobierno federal para poner orden
y frenar o terminar con esas distorsiones?
-Es muy limitada, porque hay tres niveles de gobierno. En el
tema ambiental tenemos destrucción de recursos naturales,
contaminación de agua, tala clandestina, conflictos
por certificación, etcétera, pero simplemente no hay
agentes del Ministerio Público que den entrada a esas
denuncias, porque están saturadas con otros casos
y además no hay capacidad de clasificar el delito.
''En el caso de los secuestros, la gente que empieza a promover
inversión o a despuntar tiene que cuidarse. Y eso
no le toca al Ejecutivo.''
-¿El problema de seguridad influye en esa falta de inversión
en el campo?
-Influye en la situación. He visto israelíes que empezaron
a trabajar invernaderos y a los dos meses secuestraron
al técnico o al inversionista. Al propietario se le
impide tener armas en su casa, pero ¿y los cuernos
de chivo de los narcos
o de las madrinas con los que de repente
nos topamos en el campo?
-¿La inseguridad es un factor no analizado suficientemente
para ver que influye en la inversión y, por tanto,
en las condiciones de pobreza y marginación?
-No me refiero sólo a la inseguridad, sino también a la falta
de un estado de derecho; por ejemplo, si un vecino
mete su vaca a pastar o tala no hay una ley, se transforma
en una situación de buena relación: no se hace nada
o se cae en el enfrentamiento. Si no hay un ambiente
de orden ni de respeto no se puede dar inversión ni
menos cooperación. La ley parece ser para el que tiene
mas saliva y traga más pinole; el que empieza a destacar
con su esfuerzo empieza a tener conflictos con los
vecinos, porque lo amenazan o roban su maquinaria.
''En el campo ya empieza ha haber mucho robos de maquinaria;
antes se dejaban las cosas y no había problemas. Hay
infiltración del narco en muchas regiones, en las zonas boscosas,
incendios provocados. A veces se meten en los predios
a sembrar y ¿qué hace el propietario cuando ya tiene
el cáncer dentro? Lo denuncia y se la juega, o se
hace pato y corre el riesgo de que lo acusen
de mariguanero. Ese papel no es de Sagarpa,
eso toca al presidente municipal y no quiere intervenir.
El clima de seguridad en el campo se ha deteriorado
mucho.
-¿Por ese clima de inseguridad se ha frenado el crecimiento
en el campo?
-Sí. A pesar de todo ello se ha avanzado, pero es un freno.
-¿Entonces cómo actuar, como titular de Sagarpa,
en un cierre de administración con una política ya
estructurada?
-Lo primero es decir las cosas y revelarlas para percatarnos
de ello; invitar a cada quien a que asuma su responsabilidad;
las leyes las hacen otros. Diálogo con los legisladores.
Al Poder Judicial decirle que hay que meter orden
en muchas cosas. El punto de partida es hablar con
claridad y franqueza, y tratar de ver la realidad
en su amplitud. Hay que salir al campo, ver las diferentes
tonalidades, la variedad cultural y económica y, a
partir de ello, avanzar.
Organizaciones campesinas
Agregados agropecuarios en embajadas, sugiere CNC. (La Jornada, p.web)
La diplomacia debe defender al campo en el exterior
El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
Heladio Ramírez López, pidió a los diplomáticos acercarse
a los campesinos para que conozcan sus problemas y
defiendan los intereses del campo en el exterior.
Al participar en el 13 Foro Nacional de Política Exterior de
México, que organizó la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM, Ramírez López dijo que México
requiere con urgencia una nueva política exterior,
porque el campo se siente insatisfecho ante el poco
éxito de la diplomacia en la defensa de los intereses
de los productores ante los organismos internacionales.
Las obligaciones que imponen organismos como la OCDE, el FMI,
el BID y la Organización Mundial de Comercio, acotó,
no sólo limitan la libertad de acción, sino también
erosionan la soberanía nacional, y obligan a que la
legislación se ajuste a las orientaciones de un modelo
que impone la reducción del Estado, el mercado y el
dinamismo comunicacional.
Las embajadas de México, propuso el líder de la CNC, deben
contar con agregados agropecuarios que conozcan la
problemática de los campesinos, y de esta forma puedan
defender los intereses nacionales, ya que, por ejemplo,
''desde 1996 nuestra balanza comercial tiene un creciente
saldo negativo que, en 2004, llegó a 2 mil 400 millones
de dólares''.
Prensa Estatal
GUERRERO
Opositores a La Parota invitarán a dialogar a Félix
para saber su postura sobre el proyecto. (El Sur,
Karina Contreras, p.web).
Saben que el alcalde electo
lo ve con “buenos ojos”, por eso lo buscarán este
viernes antes de que vaya con la CFE, informan ayer
durante su asamblea. Llegan a la reunión ejidatarios
de Plan de los Amates para pedir el apoyo de los comuneros.
Comuneros opositores al proyecto
de la presa La Parota invitarán al diálogo, este viernes,
al alcalde electo Félix Salgado Macedonio –antes de
que lo haga con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE)– para informarle porqué no quieren el proyecto
y saber cuál será su posición.
En una asamblea de ayer domingo,
los opositores dijeron que ya saben que Salgado Macedonio
ve con “buenos ojos” el proyecto de la paraestatal,
pero es necesario sentarse a dialogar antes de que
tome posesión, pues después habrá desencuentros. “Si
la CFE le quiso pagar su campaña, ahora le querrá
dar dinero para su bolsa”, señalaron.
Reiteraron que ni el gobernador
Zeferino Torreblanca ni Félix Salgado Macedonio decidirán
por ellos, pero reconocieron que con el alcalde electo
no tienen “broncas, al menos todavía”.
Aseguraron que para el gobernador
las puertas de La Parota están cerradas.
El portavoz Marco Antonio Suástegui Muñoz dijo que Torreblanca Galindo sólo ha engañado
a los ciudadanos y ha arremetido con todo contra el
sector campesino. Consideró que es necesario el diálogo
con Salgado Macedonio, a quien le reconocen su quehacer
político aunque están desconcertados de la actitud
que tomó al proponer al hermano del gobernador para
secretario de Finanzas.
Será hoy lunes cuando las autoridades
que se oponen al proyecto entreguen el escrito a Salgado
Macedonio para invitarlo a una plática en Aguas Calientes,
el viernes a las 3 de la tarde.
Vendrán representantes de organismos
de Perú, Escocia, Guatemala y El Salvador
Otro de los portavoces, Felipe
Flores Hernández, informó que este miércoles a las
2 de la tarde, en la comunidad de Amatillo, estarán
de visita representantes de organismos internacionales
de Perú, Escocia, Guatemala, El Salvador, entre otros,
quienes tienen interés de saber de los propios comuneros
la situación que se vive en la zona por la presa La
Parota.
“Quieren saber cómo los corruptos
gobiernos se olvidan de quienes los llevaron al poder, les quieren quitar sus tierras y se niegan ha
escuchar a las comunidades afectadas”, indcó.
Flores Hernández agregó que se
trata de vincular al Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a La Parota (Cecop) con la muerte del comunero de Cacahuatepec,
Crispido Cruz Hernández, “por lo cual nos deslindamos
porque la lucha es contra la CFE no contra los comuneros”.
Durante la asamblea, llegó una
comisión de ejidatarios de Plan de los Amates que
se resisten a la venta de sus tierras en la zona Diamante,
de donde fueron desalojados el 7 de septiembre.
Allí, la ejidataria Ana luisa Aparicio
explicó el problema que tienen y cómo el gobierno
de Zeferino Torreblanca los reprime para que acepten la venta.
Informó que sigue en la cárcel
Rosa Elia Latabán Campos,
a quien le fijaron una fianza de 537 mil pesos.
Añadió que en días pasados buscaron
al gobernador para que interviniera y se bajara la
fianza, pero que éste les respondió: “si quieren que
se retiren las órdenes de aprehensión tienen que firmar
el convenio de venta”.
Los ejidatarios informaron a los
comuneros que ellos no se oponen a que los demás ejidatarios
vendan, pero quieren que se les respeten su parte
proporcional.
Mientras que el campesino Alfredo
Canales Hernández calificó a Torreblanca Galindo como
un gobernador “prepotente y un mal gobierno”.
Recordó que siempre lo apoyaron
en sus aspiraciones, e incluso en una ocasión les
prometió que cuando fuera gobernador “iba a destrabar
el asunto, pero lo que hizo fue trabar a los ejidatarios
y nos ha reprimido, él está contra los pobres”.
A la asamblea acudieron las autoridades
municipales de Tasajeras, Amatillo, Arroyo Verde,
Aguas Calientes, Garrapatas, Sal sí Puedes, Huamuchitos
y El Carrizo, y otras enviaron a sus representantes.
También estuvieron en solidaridad
las comisiones de las organizaciones del Afadem,
Julio Mata; de los normalistas del FENEG, entre otras.
Acusan que el comandante de la Policía Rural despidió
a policías que se oponen a la presa. (El Sur,
Karina Contreras, p.web).
Anuncian
los comuneros que enviarán un documento al alcalde
electo Félix Salgado para pedirle
la destitución de Agustín Salinas.
Autoridades municipales de algunas
comunidades de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
que se oponen al proyecto La Parota, denunciaron que
el director de la Policía Rural, Agustín Salinas,
despidió a los policías que están en el movimiento,
por lo que exigieron su destitución y la reinstalación
de los afectados.
Lo anterior lo señalaron en la
asamblea dominical –en la escuela primaria de la comunidad
de Aguas Calientes– las autoridades de Garrapatas,
Aguas Calientes, Cruces de Cacahuatepec
y representantes de la comunidad de El Rincón, quienes
acordaron la firma de un documento para entregarlo
al alcalde electo Félix Salgado Macedonio y tome cartas
en el asunto, pues el saliente Alberto López Rosas
no les ha hecho caso.
El comisario de Aguas Calientes,
Silvestre Hernández Calixto, dijo a los presentes
que en estos momentos la comunidad está sin policías
rurales, pues todos fueron destituidos por Agustín
Salinas sólo porque no están a favor del proyecto.
Señaló que es urgente que actúen
contra las arbitrariedades del encargado de la policía
rural y exijan su destitución. “Aguas Calientes en
estos momentos no tiene policías y son necesarios,
por eso se tiene que actuar”.
Hernández Calixto dijo que “ese
señor (Salinas) es una lacra que puede mandarnos a
matar, por ello si nos pasa algo los hacemos responsable.
La situación se las informamos al alcalde López Rosas
y al director de la Preventiva, Roberto Abizaid,
y no han hecho nada”.
En la misma situación está la comunidad
de Garrapatas –cuyos habitantes se oponen a la presa–
informó el comisario municipal Pedro Valente Jacinto,
quien dijo que el comandante Salinas dio de baja a
los policías y por ello requerían el apoyo del movimiento.
El representante de Arroyo Verde
y candidato a presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
Alfonso Vázquez, señaló que Salinas no tiene ninguna
autoridad para destituir a nadie porque los efectivos
rurales son nombrados por el pueblo –aunque reciben
una compensación del Ayuntamiento–.
Solicitó que se enviara un escrito
a Salgado Macedonio para solicitar la reincorporación
de los despedidos y la destitución del comandante
una vez que tome posesión, pues se sabe que podría
ser ratificado en el puesto.
De acuerdo con los campesinos,
las bajas de comuneros policías que se oponen al proyecto
de La Parota también se han dado en El Rincón y en
Cruces de Cacahuatepec.
PUEBLA
Cementeras construyen planta en 243
hectáreas de reserva natural en Puebla. (La Jornada
de Oriente, p.web).
Sólo han solicitado estudio de impacto ambiental para
195.6 hectáreas no protegidas
Ejidatarios denuncian daños a sus cultivos; Cruz Azul
se niega a pagarles $1.5 millones
Puebla, Pue., 13 de noviembre. Las
empresas Cruz Azul y Polysius
-filial de la transnacional alemana ThyssenKrupp-
comenzaron la construcción de una planta productora
de cemento en 575 hectáreas de la región de Palmar
de Bravo, de las cuales poco menos de la mitad se
encuentran en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
La construcción de la planta no tuvo buen comienzo. Ejidatarios
de San José Tuzapa, Palmarito
Tochapan, de la colonia
Adolfo López Mateos, La Noria y Manjarez
denunciaron que las obras les provocaron pérdidas
en más de 78 hectáreas de cultivos de lechuga, coles,
betabel, cebollín y zanahoria, debido a polvaredas. Cruz Azul se niega
a pagar los daños, que ascienden a 1.5 millones de
pesos
Cristino Mauricio Rosas Morales, comisario ejidal de San José
Tuzuapa, denunció que ni
el gobierno municipal de Quecholac
-al que pertenece el ejido- ni el gobierno del estado
se han hecho responsables
de pagar las indemnizaciones.
Es más, según Mauricio Rosas, funcionarios de la Secretaría
de Gobernación poblana y de la Secretaría de Desarrollo
Rural estatal han actuado como "empleados"
de la cementera, debido
a que, en lugar de ayudarlos a exigir un pago justo
por la destrucción de sus cosechas, cada vez que se
acercan a pedirles apoyo les responden que la empresa
tiene mucho dinero, "pero no para gastarlo en
campesinos".
De su lado, ejidatarios de Tecamachalco
propinaron un revés a Cruz Azul y Polysius,
al repudiar un "convenio discrecional" signado
por el comisario Pedro Torres Rodríguez para permitir
la instalación de torres de alta tensión en los terrenos
del núcleo ejidal, que permitirían suministrar energía
a la cementera. Las torres, explicó el ejidatario Guillermo García
Campos, afectarían un tramo de 45 metros de ancho
en 42 hectáreas.
Las obras
La planta de Cruz Azul en Palmar de Bravo, especializada en
la fabricación de cemento sin pulverizar, se comenzó
a construir a finales de 2004. Costará 300 millones
de dólares y se espera que tenga una producción diaria
de 3 mil toneladas, según reportes de ABB.
El delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), José
Antonio Díaz García, sostuvo que Cruz Azul, mediante
Cementos y Construcciones Nacionales de Oriente, adquirió
575 hectáreas en la región de Palmar de Bravo, de
las cuales 243.8 hectáreas se encuentran en la reserva
de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
Añadió que la empresa sólo ha solicitado autorización de un
estudio de impacto ambiental para 195.6 hectáreas,
que están fuera del área protegida. En ese perímetro
hay un yacimiento mineral de 44.3 hectáreas que la
cementera pretende explotar durante los próximos 10 años.
Díaz García explicó que el Bufete Jurídico e Ingeniería Básica
fue el responsable de adquirir las 575 hectáreas hace
varios años; el año pasado solicitó permiso para explotar
el yacimiento y vendió los predios a Cementos y Construcciones
Nacionales de Oriente. La planta que se está construyendo
en Palmar de Bravo, abundó, abarca sólo 195 hectáreas
y no se encuentra en el límite de la reserva de la
biosfera, sino que quedará fuera y, aparte, cuenta
con franja de protección.
La autorización ambiental "condicionada" que extendió
la delegación de la Semarnat
en Puebla, indicó Díaz García, incluye el cambio de
uso de suelo de 44.3 hectáreas de yacimientos minerales,
las cuales se encuentran en una superficie general
de 195. Los permisos incluyen la instalación de dos
plantas, una de cal y cemento, otras de agregados
y triturados, así como la exploración, explotación,
beneficios y áreas amortiguamiento.
Mencionó que aunque Cementos y Construcciones Nacionales de
Oriente es propietario de las 575 hectáreas, tomó
la decisión de explotar sólo 195 hectáreas y dejar
243.8 ubicadas dentro de la reserva de la biosfera,
en la que se transplantarán todas las especies afectadas.
José Antonio Díaz García comentó que si bien la planta se encuentra
cerca de la reserva de la biosfera, no significa que
Cruz Azul no pueda explotar en un futuro los yacimientos
que allí existen.
"Una reserva no es un santuario. La biosfera Tehuacán-Cuicatlán es más grande
que el estado de Tlaxcala; ahí hay muchísima gente,
muchas fábricas de lavandería de mezclilla, minas
de ónix y grava, bancos
de arena, actividades como las salinas", señala.
Dentro de la reserva, agrega, se pide que especímenes de cactos o vegetación se reubiquen; "en
el caso de la cementera
será en las 243.8 hectáreas que tiene de reserva.
La empresa no ha explotado nada, apenas está construyendo
la planta, obviamente ya hay movimiento".
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