CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
LUNES
23
DE
MAYO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Pegan a empresas cambios en el ISR
Comienzan a resentir en sus finanzas efectos de reforma aprobada
en
el
2004
IFE refuerza 'candados' anticorrupción
Transparencia Internacional vigilará compras
El bono democrático de Fox ya caducó
Critican analistas la impericia para impulsar las reformas
estructurales
En México no se protege a quien da crédito
Se afecta el flujo de financiamiento y van a la alza las tasas
de
interés
Cien bandas del narco operan en el país: PGR
Reporte "confidencial" con apoyo de la CIA y la DEA
Cárdenas y López Obrador se verán las caras: Cota
Habrá tres debates, anuncia el líder del PRD
Sin licitar, GDF otorga a Gutsa millonarias obras
Esa constructora fue beneficiaria del Fobaproa
Deuda, para “corrupción, no desarrollo”
Absurdo, el fraude Fobaproa-IPAB:
FEM
Zeferino rescata a implicado
en
Aguas
Blancas
Arnulfo Jacobo aparece en videos y fotos sobre la matanza
Me interesa más la causa que el puesto: Paredes
El mayor desafío que enfrenta el PRI es salir cohesionado al
elegir
candidato
Sector agrario
El ecoturismo en Roberto Barrios aún no existe,
pero
ya
dividió
a
los
tzeltales. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web).
Con políticas clientelares, la delegada
de
la
Sectur Rosa Vacelis maneja el proyecto
La funcionaria dice a campesinos que el plan es "para
que
ya
no
haga
falta
salir
a
trabajar"
Roberto Barrios, Chis. 22 de mayo.
El
proyecto
"ecoturístico"
que
el
gobierno
se
empeña
en
desarrollar
en
esta
comunidad,
para
la
explotación
comercial
de
las
notables
cascadas
que
forma
aquí
el
río
Bascán,
aún
no
está
en
marcha
y
ya
significa
un
problema
grave
para
todos
los
habitantes.
El
proyecto,
que
habría
de
beneficiar
principalmente
al
grupo
de
priístas
pertenecientes
a
Paz
y
Justicia,
representa
un
nuevo
factor
de
división
y
desigualdades
entre
las
familias
tzeltales,
independientemente
de
su
filiación
política.
La junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir
y
el
municipio
autónomo
El
Trabajo
coinciden
en
señalar
a
la
licenciada
Rosa
Vacelis,
delegada
de
Turismo
en
la
región
de
Palenque,
como
la
ejecutora
de
la
campaña
de
presión
y
"convencimiento"
para
que
los
ejidatarios
acepten
convertir
su
pueblo
en
un
balneario
turístico.
Durante la primera mitad de mayo, la funcionaria visitó Roberto
Barrios
al
menos
en
tres
ocasiones,
repartiendo
juguetes
y
utensilios
de
cocina,
rompiendo
piñatas
con
los
niños
y
presidiendo
asambleas
de
los
ejidatarios
priístas
y
perredistas
para
"venderles"
la
idea.
Luego
de
retirarse,
los
indígenas
que
tratan
con
ella
han
"tenido
choques
y
discusiones
muy
fuertes",
según
testimonios
recabados
por
los
zapatistas
de
la
comunidad.
Desde el caracol Que habla para todos, la JBG expresa:
"Ahora
el
plan
del
gobierno
es
crear
un
'centro
ejidal'
de
ecoturismo.
Es
la
misma
campaña
de
contrainsurgencia,
disfrazada
de
distintos
modos.
La
licenciada
Rosa
Vacelis
anda
por
aquí
impulsando
ese
proyecto".
El concejo municipal autónomo de El Trabajo informó a la JBG
que
la
funcionaria
está
levantando
actas
"para
empujar
el
proyecto",
mientras
realiza
visitas
"de
cortesía"
y
reparte
regalos
y
promesas,
"como
parte
de
su
misma
manipulación",
según
dicen
las
autoridades
zapatistas.
"El plan de ecoturismo es para meter el Programa de
Certificación
de
Derechos
(Procede)
en
el
ejido",
agregan.
La
funcionaria
anuncia
la
construcción
de
un
hotel
con
cabañas,
estacionamiento,
mesas
de
picnic
y
palapas,
restaurante
y
tiendas,
"que
'para
que
ya
no
haga
falta
salir
a
trabajar'.
Ahora
los
campesinos
deben
dedicarse
a
esperar
turistas".
El primero de mayo, Vacelis llegó
a
celebrar
el
Día
del
Niño
con
los
alumnos
de
la
escuela
oficial,
"que
ese
mismo
día
dejó
de
funcionar
por
la
huelga
de
sus
maestros,
que
sigue
hasta
ahora",
dice
uno
de
los
miembros
de
la
JBG
que
exponen
el
problema.
"Apareció
cargada
de
regalos,
condujo
a
los
niños
a
las
codiciadas
cascadas
"para
recoger
basura"
y
platicarles
sobre
sus
propias
cascadas.
Posteriormente
"premió"
a
los
menores
con
pelotas
para
jugar
en
el
agua.
Su
comitiva
colgó
globos
de
colores
y
puso
a
los
niños
romper
piñatas,
luego
de
repartirles
lápices
y
cuadernos.
El 10 de mayo la funcionaria se acordó de las madres de la
comunidad
y
las
vino
a
celebrar
con
palanganas
y
trastos
que
no
alcanzaron
para
todas,
cosa
que
produjo
molestia
en
las
mujeres
priístas.
La
delegada
de
Turismo
regresó
el
día
16
a
celebrar
el
Día
del
Maestro,
aunque
no
había
maestros,
y
trajo
más
trastos
y
cubetas
para
"cumplirles"
a
las
descontentas.
Simultáneas a estas acciones clientelares,
la
licenciada
Vacelis
convoca
a
los
ejidatarios
para
exponer
las
bonanzas
del
proyecto.
Apoyan
sus
esfuerzos
de
convencimiento
el
comisario
ejidal
príista
Pedro
Pérez
Cruz
y
el
presidente
del
proyecto
en
la
comunidad,
Carlos
Oleta
López,
a
cuya
casa
llegan
la
funcionaria
y
sus
colaboradores.
La división entre los propios priístas es considerable. "Los
inconformes
exigen
que
se
suspenda
el
proyecto",
notifica
el
concejo
autónomo
de
El
Trabajo,
cuya
oposición
al
proyecto
es
pública
y
total:
"Sabemos
que
los
del
PRD
y
del
PRI
se
sienten
manipulados
por
los
de
Paz
y
Justicia,
que
son
los
que
organizan
el
proyecto.
Las
visitas
de
la
delegada
de
Turismo
traen
signos
de
muerte
para
los
habitantes
y
para
la
fauna
local".
El campesino Oleta López hace eco
de
la
funcionaria
en
las
asambleas:
"No
hay
nada
de
qué
preocuparse",
ha
dicho.
"En
el
futuro
habrá
trabajo
para
todos
aquí
mismo."
Por
su
parte,
el
comisariado
Pérez
Cruz
ha
expuesto
que
el
gobierno
ofrece
dos
alternativas,
"turismo
de
reserva,
a
cargo
del
Estado,
y
turismo
ejidal,
que
queda
en
manos
de
los
propios
campesinos"
(en
este
caso,
de
Paz
y
Justicia,
que
son
una
minoría
privilegiada).
En otras comunidades de la selva, los expansivos proyectos
ecoturísticos que los gobiernos federal y estatal desarrollan
actualmente
por
decenas,
las
divisiones
son
comunes,
y
los
resultados
económicos,
muy
escasos.
De
Agua
Azul
a
Web'iljá,
los
conflictos
comunitarios
van
aparejados
al
"desarrrollo
turístico".
La junta zapatista de Roberto Barrios
señala
que
"el
gobierno
de
Fox
y
el
de
Chiapas
están
dispuestos
a
provocar
un
problema
de
verdad.
Sabemos
que
los
'beneficiados'
ya
están
recibiendo
dinero,
pero
no
conocemos
la
cantidad".
La licenciada Vacelis parece especializada
en
el
rubro;
ante
los
ejidatarios
que
convoca
se
jacta
de
sus
más
de
10
años
organizando
proyectos
turísticos
en
la
región.
Con
su
deliberada
política
de
"convencimiento"
mediante
la
Secretaría
de
Turismo,
el
gobierno
intenta
manipular
a
las
mujeres
y
los
niños
de
una
manera
ofensiva
y
humillante.
"Los propios prístas saben que
con
ese
plan
van
a
venir
drogas,
ideas
malas
y
prostitución.
Es
un
riesgo
para
la
comunidad,
así
lo
ven
ellos.
Los
zapatistas
no
vamos
a
permitir
que
le
hagan
ese
daño
a
la
comunidad.
Sabemos
que
otros
ejidatarios
también
están
dispuestos
a
impedirlo.
Saben
que
no
les
conviene,
y
eso
va
a
ayudar
a
la
unidad",
dice
la
JBG.
Unidad que no vendría mal en este poblado, sistemáticamente
dividido
tras
las
visitas
y
gestiones
del
comisionado
federal
para
la
paz,
Luis
H.
Alvarez;
el
presidente
municipal
oficial
de
Palenque;
los
enviados
de
las
secretarías
de
Desarrollo
Social,
Educación
y
Turismo,
y
los
dirigentes
de
rostro
blanqueado
de
la
organización
paramilitar
Paz
y
Justicia.
Piden ONG frenar invasiones y resolver conflicto
agrario
en
Los
Chimalapas. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web)
Podrían
ocurrir
enfrentamientos
como
en
2003,
advierten
El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, autoridades comunales de Santa María Chimalapas y representantes de ocho organizaciones ecologistas
y
defensoras
de
derechos
humanos
hicieron
un
llamado
urgente
a
los
gobiernos
federal,
de
Oaxaca
y
Chiapas
para
frenar
las
invasiones
de
ganaderos
en
el
paraje
San
Isidro
La
Gringa,
que
abarca
unas
40
mil
hectáreas
y
que
en
1994
fue
designada
área
de
conservación
y
manejo
comunal.
Los representantes comunales e integrantes del citado comité
advirtieron
que
si
no
frenan
el
conflicto
agrario
-presuntamente
de
límites
entre
Oaxaca
y
Chiapas,
ya
que
éstos
reclaman
la
región
en
disputa
como
parte
de
su
territorio-
podrían
surgir
enfrentamientos
armados
entre
comuneros
e
invasores,
semejantes
a
los
ocurridos
en
junio
de
2003
entre
indígenas
zoques
y
habitantes
de
la
colonia
Cuauhtémoc.
"La paciencia de la comunidad de Santa María Chimalapas se agota, debido a las reiteradas e impunes acciones
delictivas
e
intentos
de
despojo
de
territorio
comunal
realizados
por
ganaderos
de
Chiapas.
Es
posible
que
los
comuneros
decidan
actuar
de
manera
directa",
agregaron
Luis
Bustamante
Valencia,
Miguel
Angel
García,
Luis
Miguel
Robles
Gil
y
José
Luis
Castro,
del
Comité
Nacional
para
la
Defensa
y
Conservación
de
los
Chimalapas.
En enero y febrero de este año, ganaderos ahora integrados
en
la
Coalición
de
Organizaciones
Democráticas
Urbanas
y
Campesinas,
encabezada
por
Ignacio
Iris
Salomón,
volvieron
a
invadir
dicho
paraje
comunal
zoque.
Fueron
desalojados
y
recibieron
indemnización
en
1994,
luego
de
que
la
autoridad
federal
reconoció
que
las
tierras
en
disputa
son
propiedad
comunal.
Autoridades comunales de Santa María Chimalapas,
encabezadas
por
Alberto
Luis
Hernández,
y
los
representantes
de
los
grupos
ecologistas
exigieron
la
"aplicación
inmediata
y
contundente
de
la
ley"
ya
que
la
región
en
disputa
-ubicada
en
la
llamada
zona
del
Espinazo
del
Diablo,
dentro
de
las
subcuencas
de
los
ríos
Uxapana y Grijalva- está considerada de alta prioridad por
su
biodiversidad.
La autoridad federal está obligada, como lo establece el Convenio
de
Concertación
para
la
Protección
y
Desarrollo
del
Área
Piloto
de
Conservación
y
Manejo
Ecológico
Comunal
San
Isidro
La
Gringa,
firmado
el
8
de
noviembre
de
1994,
a
actuar
en
coordinación
con
los
gobiernos
de
Oaxaca
y
Chiapas
y
terminar
con
la
reiteradas
invasiones
del
territorio
comunal
y
el
delito
de
despojo,
abundaron.
Insistieron en que los conflictos agrarios que aún prevalecen
en
la
zona
oriente
del
territorio
comunal
de
Santa
María
y
San
Miguel
Chimalapa
no
son
de
supuestos
límites
estatales
entre
Oaxaca
y
Chiapas,
ya
que
los
títulos
de
propiedad
de
las
comunidades
tienen
carácter
federal
y
reconocen
la
propiedad
indígena
ancestral
del
territorio
zoque
chimalapa,
la
cual
puede
tener
terrenos
legalmente
reconocidos
en
dos
o
más
entidades
del
país,
como
lo
establece
el
artículo
356
de
la
Ley
Federal
de
Reforma
Agraria.
Marcado por la tenaz defensa que los zoques han hecho de su
territorio,
el
paraje
San
Isidro
La
Gringa
ha
sido
disputado
por
ganaderos
chiapanecos
desde
los
años
70.
Durante
30
años,
grupos
respaldados
por
autoridades
estatales
y
municipales
de
Chiapas,
han
tratado
de
apropiarse
de
más
de
40
mil
hectáreas.
El 31 de julio de 1987, en el Diario Oficial el gobierno
federal
declara
propiedad
nacional
40
mil
945
hectáreas
del
paraje
comunal
San
Isidro
La
Gringa;
los
zoques
inician
la
defensa
legal
de
su
territorio
y
entre
1985
y
1992
los
habitantes
de
la
congregación
zoque
de
San
Francisco
La
Paz
son
objeto
de
agresión
y
violencia
por
los
ganaderos
chiapanecos.
Quemas
de
casas,
violaciones
de
mujeres,
asesinatos
de
indígenas,
privación
ilegal
de
la
libertad,
lesiones,
robos,
muerte
de
ganado,
saqueo
de
madera,
destrucción
de
la
selva,
afrontan
los
indígenas
en
la
disputa
por
su
tierra.
El 18 de abril de 1994, el gobierno federal reconoció la inexistencia
jurídica
de
la
declaratoria
de
propiedad
nacional
de
San
Isidro
La
Gringa
y
regresó
las
40
mil
945
hectáreas
al
pueblo
de
Santa
María
Chimalapa. Por ello destinó 14 millones 557 mil 78 pesos al
pago
de
indemnizaciones
a
los
ganaderos,
aunque
se
afirma
que
la
cuarta
parte
del
monto
fue
a
dar
a
los
bolsillos
de
Saúl
Prado
Guerrero,
entonces
coordinador
agrario
de
Chiapas.
Defensa de montes comunales en Milpa Alta. (La Jornada, Correo Ilustrado, p. web)
Señora directora: La lucha por la defensa de los montes comunales de Milpa Alta
tiene
una
larga
tradición.
Don
Julián
Flores,
actual
representante
general
de
Bienes
Comunales,
ha
vivido
junto
con
muchos
otros
comuneros
y
comuneras
episodios
poco
conocidos,
que
sin
embargo
han
tenido
repercusiones
a
los
que
no
se
ha
otorgado
su
justo
valor.
Con la desarticulación de la última maniobra que pretendían
realizar
seudorepresentantes
coludidos
con
funcionarios
de
la
SRA,
sería
oportuno
conocer
con
mayor
detalle
la
reciente
historia
de
los
comuneros
de
Milpa
Alta.
Basta recordar los hechos más relevantes en los que participaron
quienes
todavía
hoy
defienden
sus
tradiciones
y
sus
tierras:
El 15 de febrero de 1975 miles de comuneros armados con palos,
piedras,
machetes
y
retrocargas
evitaron
la
ilegal
ocupación
de
tierras
comunales
por
parte
del
IPN.
A finales de los años 60 los comuneros derribaron torres de
alta
tensión
de
la
CFE,
con
las
cuales
se
pretendía
talar
bosques
comunales
en
beneficio
de
Loreto
y
Peña
Pobre,
y
recibieron
nueve
tractores
en
pago
por
los
daños
ocasionados.
El 27 de julio de 1981, en una asamblea espuria, similar a
la
que
se
intentó
realizar
el
pasado
20
de
mayo,
el
pueblo
enardecido
de
Villa
Milpa
Alta
linchó
a
Daniel
Chícharo,
anterior
representante
comunal,
quien
pretendió
hacer
negocio
con
los
bienes
comunales
que
aún
subsisten.
Posteriormente se realizaron elecciones, en las cuales no sólo
se
eligió
a
la
representación
general
de
Bienes
Comunales,
sino
también,
de
forma
inédita
en
el
país,
se
eligieron
a
nueve
representantes
auxiliares,
uno
por
cada
pueblo,
en
un
ejemplo
de
democracia
en
tiempos
del
partido
casi
único.
La lucha comunal en esa época fue quizás una de las primeras
luchas
exitosas
en
el
país,
después
de
los
lamentables
de-senlaces
en
1968
y
1972.
Gracias a ello, y al esfuerzo de hombres y mujeres como Carlos
López,
Aquiles
Vargas,
doña
Herminia,
Ramiro
Taboada,
doña
Gabina,
Joaquín
Alvarado
y
muchos
más,
la
ciudad
de
México
todavía
tiene
en
el
sureste
de
la
Distrito
Federal
inmensas
áreas
verdes
de
conservación
ecológica
que
aún
se
encuentran
amenazadas.
Fernando Aquiles Vargas Bravo
Conflicto agrario en Oaxaca. (La Jornada, Correo Ilustrado, p. web).
Señora directora: En virtud de diversos actos que ponen en peligro los derechos
fundamentales
en
la
comunidad
de
San
José
Chiltepec,
de
la
región
chinanteca
de
Oaxaca,
nos
permitimos
solicitar
la
inserción
de
la
presente.
Durante más de 30 años un núcleo de indígenas chinantecos inició, en "sus propias tierras", una
acción
agraria
de
restitución
y
después
el
gobierno
la
"cambió"
por
ampliación.
Dadas las contradicciones en que se ha desenvuelto la política
agraria,
las
superficies
demandadas
por
los
indígenas
estaban
ocupadas
por
latifundistas,
valga
precisar
que,
no
obstante
las
evidencias
presentadas,
el
gobierno
denegó
a
los
chinantecos
la
reivindicación
de
sus
tierras,
lo
cual
motivó
que
este
expediente
se
sumara
a
las
movilizaciones
que
tanto
el
Frente
Campesino
Independiente
como
la
CNPA
realizaron
en
diversas
partes
del
país.
El trayecto de lucha no ha sido fácil, ya que múltiples fueron
los
actos
represivos,
el
libramiento
de
órdenes
de
aprehensión
y
el
encarcelamiento
de
varios
compañeros.
La tenacidad y constancia de los chinantecos
permitieron
que
en
el
marco
de
la
lucha
legal
el
Tribunal
Unitario
Agrario
emitiera
sentencia
favorable
en
junio
de
1994.
No
obstante
que
la
razón
acude
al
pueblo
chinanteco,
los
caciques
del
lugar,
ligados
a
organizaciones
ganaderas
y
al
oficialismo,
están
planteando
en
la
actual
coyuntura
que
se
pretenda
conculcar
estos
derechos
a
los
indígenas.
Ello no obstante que actualmente los indígenas se encuentran
en
posesión
de
sus
terrenos,
valga
precisar
que
inclusive
se
ha
llegado
al
caso
de
la
intimidación
y
la
represión.
El
dirigente
de
esta
ampliación
agraria
y
actual
secretario
del
Comisariato
Ejidal
de
San
José
Chiltepec,
Cirilo
Yescas
Agustín,
se
encuentra
desaparecido
y
ha
sido
víctima
de
falsas
imputaciones,
con
lo
cual
los
jueces
de
lo
penal
de
Tuxtepec
han
librado
sendas
órdenes
de
aprehensión
por
hechos
planeados
por
los
caciques
regionales.
Sin embargo, el hecho más infamatorio ha sido la incursión
de
personas
que
sin
identificarse
y
portando
armas
largas
derribaron
la
madrugada
del
28
de
abril
el
portón
de
la
casa
de
dicho
dirigente
en
el
poblado
de
San
José
Chiltepec,
además
de
mantener
amenazada
a
su
familia.
Por otro lado, la subprocuraduría
de
Justicia
del
estado,
con
sede
en
Tuxtepec,
en
combinación
con
quienes
se
presumen
como
"propietarios",
ha
enviado
a
cercar
el
predio
la
Borda,
ante
lo
cual
es
inminente
un
conflicto
social,
del
cual
hacemos
responsables
a
los
mencionados
caciques
y
a
las
autoridades
regionales.
En virtud de que la SRA ha definido este asunto como
foco rojo de alta conflictividad, solicitamos
que
conforme
al
cauce
que
se
dio
por
la
propia
secretaría,
a
través
de
la
reunión
de
conciliación
celebrada
el
8
de
enero
de
2005,
verificada
en
la
Delegación
Regional
de
Gobierno,
la
inmediata
intervención
del
Ejecutivo
local,
a
efecto
de
que
se
dé
fiel
cumplimiento
a
los
acuerdos
trazados.
Por el Grupo de Investigación de Derechos Humanos UAM Azcapotzalco. Carlos Durand Alcántara.
Vicente
Campos
Rayón,
Alejandro
Córdova
Cárdenas,
Miguel
Sámano Rentería, Cruz Velásquez,
María
de
Jesús
Guerrero,
Mario
Loza
Rodríguez,
Salvador
Monsiváis
Márquez
y
Manuel
Dionisio
Jiménez
Merlín
El Senado abre coto de caza para los biopiratas. (La Jornada, Silvia Riberiro*, p.5)
Sin discusión, igual que con la ley Monsanto
de
"bioinseguridad",
la
Cámara
de
Senadores
aprobó
el
27
y
28
de
abril
pasado
dos
leyes
que
instrumentan
la
privatización
de
los
recursos
genéticos
de
México
y
la
concesión
de
patentes
sobre
conocimientos
indígenas.
No sorprende, a la luz del brutal "blindaje legal"
para
asegurar
la
privatización
de
recursos
estratégicos
que
el
Congreso
haya
aprobado
-con
la
participación
de
todos
los
partidos-,
como
la
Ley
Nacional
de
Aguas,
la
ley
Monsanto,
la
ley
de
Minería
y
otras
pendientes,
complementadas
con
normas
oficiales
y
programas
gubernamentales
como
el
Procede
y
Pagos
por
Servicios
Ambientales.
Pero no deja de ser terrible, más aún cuando el abuso de los
términos
parece
ser
el
uso
y
costumbre
de
los
legisladores:
todo
es
en
nombre
del
"desarrollo
sustentable"
(¿de
las
trasnacionales
será?)
y
el
"progreso",
en
particular
de
las
comunidades
campesinas
y
pueblos
indios,
paradójicamente
los
que
más
sufren
el
impacto
de
estas
leyes.
La iniciativa de Ley de Acceso y Aprovechamiento de Recursos
Genéticos
recoge
los
lineamientos
que
las
trasnacionales
plasmaron
en
el
Convenio
de
Diversidad
Biológica
de
Naciones
Unidas,
dirigidos
a
que
la
biopiratería se pase a llamar "bioprospección",
y
que
mediante
contratos
y
pago
de
unas
monedas
a
quien
acepte
vender
el
patrimonio
común
a
nombre
de
todos,
pase
a
la
categoría
de
"desarrollo
científico",
con
fines
comerciales
directos
o
indirectos,
y,
lo
más
importante,
que
sea
legal.
Al
estilo
de
la
corona
inglesa
en
el
siglo
XVI,
cuando
en
lugar
de
condenar
al
famoso
pirata
Francis
Drake,
le
dio
apoyo
oficial,
incluso
nombrándolo
sir,
a
cambio
de
parte
del
botín.
De aprobarse también en la Cámara de Diputados, la ley establecerá
que
quienes
quieran
explorar,
investigar,
usar,
patentar
derivaciones
y
aplicar
comercialmente
recursos
genéticos,
tales
como
plantas
y
animales
silvestres,
microorganismos,
hongos,
insectos,
etcétera,
podrán
hacerlo
si
previamente
el
"
legítimo
poseedor
o
propietario
del
predio
donde
se
encuentre
el
recurso
biológico"
lo
consienta
en
un
contrato
de
bioprospección y la Semarnat lo
autorice.
El
contrato
debe
incluir
cláusulas
para
un
supuesto
"reparto
de
beneficios".
Como Drake, esto es lo que ya hacían
muchas
empresas
trasnacionales,
junto
a
universidades
nacionales
o
extranjeras
y
la
mediación
de
ONG
internacionales
(por
ejemplo
WWF,
Conservación
Internacional,
The
Nature
Conservancy), o algunas ONG locales que ven la biopiratería como "entrada extra" para las comunidades.
Los
cuatro
contratos
de
biopiratería
más
extensos
y
denunciados
en
México
(ICBG
Maya
en
Chiapas,
de
Ecosur,
la
Universidad
de
Georgia
y
la
empresa
Molecular
Nature;
ICBG
Zonas
Aridas,
de
la
Universidad
de
Arizona,
el
Jardín
Botánico
de
la
UNAM
y
la
empresa
Wyeth;
el
Proyecto
Biolead
en
Oaxaca,
de
la
asociación
ERA,
UZACHI
y
Novartis;
la
bioprospección
de
enzimas
del
Instituto
de
Biotecnología
de
la
UNAM
y
Diversa
Corporation) fueron cancelados o no renovados, gracias a las
denuncias
de
comunidades
y
organizaciones
civiles,
a
las
extensas
protestas
que
suscitaron
y
al
ambiguo
marco
legal
que
existía
en
México
sobre
el
tema.
Este último punto es el que esta ley pretende subsanar, para
que
el
saqueo
continúe,
pero
sin
problemas
legales.
La
resistencia
y
denuncia
no
la
pueden
evitar,
pero
mediante
algún
"reparto
de
beneficios"
pueden
dividir
a
las
comunidades
o
acallarlas.
La
ley
acepta
que
los
recursos
genéticos
o
sus
derivaciones
puedan
ser
patentados,
es
decir,
privatizados,
sin
importarle
que
sean
recursos
colectivos
y
públicos,
parte
de
los
territorios
de
los
pueblos
indios
y
producto
del
trabajo
y
conocimiento
colectivo
de
campesinos
e
indígenas
y
de
su
interacción
con
la
biodiversidad.
Al
contrario,
dicen
reconocer
este
hecho,
ya
que
éstos
"deben
ser
consultados"
y
firmar
su
consentimiento...
siempre
y
cuando
sean
"los
legítimos
poseedores
o
propietarios".
Por
ejemplo,
en
el
caso
de
una
planta
medicinal
que
se
encuentra
en
varias
regiones,
una
comunidad,
ejido
o
hasta
el
propietario
de
una
parcela
puede
firmar
un
contrato
autorizando
su
venta
y
posterior
patentamiento.
La
iniciativa
de
ley
dice
que
para
definir
quiénes
son
"legítimos
propietarios,
poseedores..."
y
hasta
avencindados,
consultará
con
la
Procuraduría Agraria (PA). Pero
sólo
en
2004,
según
estadísticas
de
la
PA,
había
62
mil
738
demandas
agrarias...
a
las
que
suman
miles
cada
año,
que
con
esta
ley
se
aumentarán.
No
solamente
legaliza
la
biopiratería
y
el
remate
de
la
biodiversidad,
también
promueve
los
conflictos
entre
comunidades
por
quien
llegue
primero
a
vender
los
recursos
comunes.
Con el mismo trasfondo perverso, los senadores votaron alegremente
que
también
podrán
ser
vendidos
y
patentados
los
"conocimientos
tradicionales
y
colectivos"
sobre
la
biodiversidad.
Modificando
la
Ley
de
Propiedad
Industrial,
crean
un
Registro
Nacional
sobre
el
Conocimiento
Tradicional
vinculado
a
los
recursos
biológicos
y
Medicina
Tradicional
Indígena,
que
pondrá
a
disposición
de
las
empresas
trasnacionales
los
conocimientos
indígenas
sistematizados.
A
las
comunidades
les
otorgan
"el
derecho"
a
registrarlos
y
a
individuos
a
patentarlos.
Tanto el tercer Congreso Nacional Indígena (Nurio, 2001) con más de 3 mil delegados de prácticamente todos
los
pueblos
indios
de
México,
como
los
foros
de
médicos
tradicionales
indígenas,
han
manifestado
su
clara
oposición
a
la
biopiratería,
la
bioprospección
y
el
patentamiento
de
seres
vivos
y
conocimientos.
Al
parecer,
éstos
no
cuentan
como
"legítimos
poseedores"
de
conocimientos
ni
de
territorios,
ya
que
los
senadores
saben
mejor
que
ellos
lo
que
les
conviene.
Igual
que
con
la
contrarreforma
de
ley
sobre
derechos
y
cultura
indígenas.
* Investigadora del Grupo ETC
Fin a conflicto por tierras. (El Sol de Irapuato, Juana Granjeno,
p.
web)
Firman último convenio del PROCEDE para garantizar certeza
jurídica
a
ejidatarios
* El 90 % de la tierra en Guanajuato quedará regularizada en el presente año: Escobar Prieto
CELAYA, GTO.- En Celaya se llevó a cabo la firma del último
convenio
para
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede)
entre
Autoridades
Agrarias
y
del
Estado.
El
programa
finalizará
este
2005
habiendo
legalizado
el
90%
de
las
tierras
en
Guanajuato.
El director en jefe del Registro Agrario Nacional Abelardo
Escobar
Prieto,
señaló
que
"Guanajuato
tiene
regularizada
hoy
casi
el
90%
de
la
tierra
ejidal",
por
lo
que
"El
campo
guanajuatense
(con
un
millón
254
mil
hectáreas)
quedará
libre
de
disputas
por
la
tierra".
La
firma
de
convenios
se
viene
realizando
desde
1999,
ayer
se
acordó
que
el
estado
aportará
un
millón
500
mil
pesos
para
impulsar
la
certeza
jurídica
en
los
grupos
agrarios
guanajuatenses. De la aportación Estatal, 800
mil
pesos
serán
para
el
registro
Agrario
Nacional
y
700
mil
más
para
la
Procuraduría
Agraria.
La reunión de evaluación de los programas del sector agrario
y
la
firma
de
convenios
se
llevó
a
cabo
con
la
presencia
del
gobernador Juan Carlos Romero Hicks, el director en Jefe del Registro Agrario Nacional Abelardo
Escobar
Prieto
(en
representación
del
Secretario
Florencio
Salazar
Adame), el procurador agrario Isaias
Rivera
Rodríguez,
el
presidente
José
Rivera
Carranza
y
el
secretario
general
de
gobierno
Ricardo
Torres
Origel,
estuvieron
presentes
en
la
firma
de
convenios
que
beneficiaran
a
miles
de
agricultores.
La
firma
de
convenios
"Procede"
se
ha
llevado
a
cabo
desde
el
año
de
1999
entre
el
gobierno
Agrario
y
el
gobernador
del
estado, pero este 2005 será el ultimo año que
se
cuente
con
el
programa
que
ha
venido
apoyando
la
realización
de
actividades
para
lograr
certeza
y
certidumbre
jurídica
en
los
núcleos
agrarios guanajuatenses. Se dijo que el convenio
de
atención
a
la
problemática
Agraria,
tiene
como
antecedente
el
23
de
agosto
del
2002,
donde
el
gobierno
del
estado
y
el
Federal
acordaron
solucionar
los
conflictos
de
la
tierra
a
través
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraría y la Procuraduría Agraria. Para este fin se destinó
un
monto
global
de
120
mil
millones
de
pesos,
de
los
cuales
60
millones
serían
aportados
por
gobierno
del
estado
y
otros 60 por la Secretaría de la Reforma Agraria.
A
los
asuntos
previamente
definidos
se
les
denominó
"carpeta
obligaciones jurídicas a cargo de la Secretaria
de
la
Reforma
Agraria,
los
acuerdo
agrarios,
las
posiciones
irregulares
en
propiedad
privada
y
las
posesiones
irregulares
en
propiedad
social.
Se han tenido varias modificaciones de los convenios y la que
regirá
este
2005
estipula
una
modificación
de
40
millones
por
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
y
30
millones
por
el
gobierno
del
estado.
La
Federación
aportará
60
millones
y
el
Estado
otros
60,
de
los
cuales
actualmente
se
han
ejercido
9
mil
580
millones
en
las
obligaciones
jurídicas,
14
mil
465
millones
en
los
acuerdos
agrarios,
14
mil
274
mil
millones
para
las
posiciones en propiedad social y 42 mil 520 millones en
posesiones
en
propiedad
privada.
El
director
jefe
del
Registro
Agrario
Nacional
Abelardo
Escobar
Prieto,
señalo
que
los
convenios
firmados
el
día
de
ayer
ratifican
la
disposición
y
decisión
del
gobierno
Federal
y
del
estado
por
fortalecer
las
instituciones
encargadas
de
resolver
los
problemas
del
campo,
a
través
de
convenios
de
colaboración
que
se
han
venido
refrendando
desde
1999
en
el
campo
de
Procede
y
en
el
2002
con
la
atención
de
la
problemática
Agraria.
"En septiembre el secretario de la Reforma Agraria Florencio
Salazar
Adame
y
el
gobernador
levantarán
la
bandera
blanca
que
identificara
a
Guanajuato
como
un
estado
libre
de
conflictos
agrarios
y
con
plena
certeza
legal
en
la
certeza
de
la
tierra
de
origen
ejidal",
señaló
Escobar
Prieto,
"Con
estas
acciones
el
gobierno
del
Presidente
Fox
y
los
gobiernos
del
estado
están
transformando
el
rostro
del
campo
mexicano,
confirmando
que
el
campo
no
está
olvidado".
Reconoció
que
en
este
sector
hay
problemas,
pero
los
han
estado
enfrentando
como
nunca
se
había
hecho
y
por
ello
el
Presidente Fox será
recordado
como
el
mandatario
que
puso
fin
a las
peleas
entre
hermanos
y
consolidó
la
paz
social
en
el
campo.
Ni Florencio ni López Rosas decidirán por nosotros,
advierten
opositores
a
La
Parota. (El Sur,
(Guerrero),
p.5)
Las declaraciones
del
secretario
de
la
Reforma
Agraria
confunden
porque
no
hay
ningún
85
por
ciento
de
avance
en
las
negociaciones,
aseguran
los
comuneros
durante
una
reunión
en
Los
Huajes.
Ninguno
de
los
dos
funcionarios
se
han
parado
por
aquí,
se
quejan.
En una reunión en Los Huajes, cerca de 100 comuneros opositores a la presa La Parota
insistieron
que
no
permitirán
que
los
tres
ámbitos
de
gobierno
les
impongan
el
proyecto.
“Aquí
ni
Florencio
Salazar
ni
López
Rosas
decidirán
por
nosotros,
pues
ya
tenemos
una
decisión
y
es
que
no
vamos
a
aceptar
la
presa”,
advirtieron.
Ayer, los inconformes sostuvieron
una
reunión
en
la
comunidad
de
Los
Huajes
–a
más
de
una
hora
del
puerto
y
que
de
construirse
la
presa
desaparecerá
completamente–
y
allí
reiteraron
su
negativa
a
la
presa.
Asimismo criticaron las declaraciones
que
hicieron
en
la
semana
el
secretario
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame,
y
el
alcalde
Alberto
López
Rosas
sobre
el
tema.
Esto porque Salazar Adame aseguró que, de acuerdo con la CFE, hay 85 por ciento
de
avance
en
las
negociaciones
con
los
verdaderos
ejidatarios.
Agregó
que
lo
que
faltaba
era
concretar
acuerdos
con
los
grupos
que
ni
siquiera
tienen
derecho
de
la
tierra
donde
se
pretende
construir.
Mientras que López Rosas declaró
que
se
deben
redoblar
esfuerzos
para
que
el
proyecto
no
se
deseche,
y
que
lo
veía
con
simpatía
(La
Parota)
porque
hará
avanzar
el
medio
rural.
El comunero de Garrapatas, Felipe
Flores
Hernández,
manifestó
que
las
declaraciones
de
Salazar
Adame era para confundir a los ejidatarios porque “al señor
no
lo
hemos
visto
en
las
comunidades,
no
sabemos
cómo
se
atreve
a
decir
que
hay
85
por
ciento
de
avance”
o
porqué
la
CFE
da
esa
información.
“Queremos que digan con quién han
platicado
porque
en
las
comunidades
no
los
hemos
visto
preguntarle
a
los
ejidatarios
si
están
de
acuerdo
o
no
con
la
presa”,
aclaró.
Que informen porqué están parados
los
trabajos
de
la
presa
El
Cajón,
exigen
Flores Hernández consideró esas
declaraciones
son
buscapiés
para
ver
qué
sacan,
“mejor
que
informen
porqué
están
parados
los
trabajos
en
la
presa
El
Cajón”.
Manifestó que son declaraciones
para
confundir,
pero
“desde
aquí
decimos
que
ni
Florencio
ni
López
Rosas
van
a
decidir
por
nosotros,
ya
tenemos
una
decisión
y
es
no
aceptar
la
presa”.
Agregó: “al alcalde le decimos
que
no
vamos
aceptar
una
imposición
de
ningún
nivel
de
gobierno
y
que
no
se
meta
donde
no
lo
llaman,
pues
cuando
buscamos
el
diálogo
con
él
prometió
que
se
iba
a
reunir
a
los
tres
ámbitos
de
gobierno
y
nunca
lo
hizo,
no
sé
ahora
qué
le
pasa,
quizá
como
ya
va
de
salida
quiere
que
le
ofrezcan
un
billetito”.
En el mismo sentido se pronunció
el
comunero
de
Arroyo
Verde,
Alfonso
García,
quien
dijo
que
la
decisión
ya
fue
tomada
por
los
verdaderos
afectados.
Agregó que no hay ningún avance
porque
ni
el
gobierno
ni
la
CFE
han
concretado
ningún
acuerdo
con
los
campesinos.
“Los
gobiernos
nos
tienen
que
respetar
porque
los
únicos
interesados
en
el
proyecto
son
ellos,
pero
desde
aquí
decimos
que
vamos
a
defender
nuestro
patrimonio”.
Mientras que de Agua Caliente,
José
Venus,
aseguró
que
los
campesinos
tienen
mucho
coraje
por
las
declaraciones
de
López
Rosas,
“porque
sabe
que
no
queremos
el
proyecto
y
ellos
(las
autoridades)
no
pueden
decidir
por
nosotros
y
nuestras
tierras”.
“Luego se ve que son promotores
de
la
presa
porque
si
se
hace
les
van
a
dar
un
billete,
por
eso
insiste
en
que
se
realice.
Estamos
en
pie
de
lucha
y
a
dos
años
más
fuertes,
pero
las
cosas
están
calientes.
Ante
la
falta
de
diálogo
con
Zeferino
Torreblanca
lo
hacemos
responsable
de
lo
que
pase”,
advirtió.
Mientras que el ejidatario de Los
Huajes,
Julián
Blanco
Cisneros,
señaló
que
no
cederán
sus
tierras
al
proyecto
aun
cuando
las
autoridades
ejidales
y
municipales
“se
han
vendido
con
la
comisión”.
“No vamos a ceder ningún centímetro
a
la
comisión
y
le
decimos
a
Víctor
Hugo
Chávez
que
no
se
acerque
porque
no
respondemos
de
lo
que
le
pase,
no
queremos
ni
ver
las
películas
que
traen
de
la
presa”,
señaló.
Piden ejidatarios de Coyuca
al
delegado
de
la
SRA
que
les
regresen
105
hectáreas. (El Sur (Guerrero), Daniel Velásquez, p.7A).
Los terrenos fueron
ocupados
por
precaristas
a
quienes
las
autoridades
de
Acapulco
y
Coyuca de Benítez van a dotar de energía eléctrica, denuncian
Ejidatarios del ejido La Playa,
de
Coyuca
de
Benítez,
piden
que
el
delegado
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
les
entregue
105
hectáreas
que
pertenecen
a
su
ejido
donde
se
fundó
la
colonia
irregular
Fuerza
Aérea.
En una reunión efectuada la tarde
del
sábado
en
la
casa
de
la
familia
Villa,
se
denunció
que
las
autoridades
de
Acapulco
y
Coyuca
de
Benítez
van
a
dotar
de
energía
eléctrica
a
los
precaristas
sin
considerar
que
están
en
un
predio
que
no
les
pertenece.
De acuerdo con el presidente del
comisariado
ejidal,
Leopoldo
Calixto
Soto,
en
septiembre
de
2004
el
Juzgado
Quinto
de
Distrito,
con
sede
en
la
ciudad
de
México,
emitió
un
fallo
a
favor
de
los
74
ejidatarios
de
La
Playa,
en
el
que
ordena
a
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
reintegrar
las
105
hectáreas
que
le
fueron
invadidas
al
ejido.
De este dictamen en febrero y abril,
contó
el
presidente
del
comisariado,
la
SRA
mandó
dos
recomendaciones
a
la
delegación
regional
de
la
SRA
en
Guerrero
para
que
se
acatara
la
disposición
pero
en
los
casi
ocho
meses
de
que
se
emitió
el
fallo,
la
SRA
no
acata
la
orden
del
juez.
Por este motivo los ejidatarios
planean
llevar
a
cabo
una
protesta
en
Chilpancingo
en
las
oficinas
de
la
SRA,
para
que
se
les
reintegren
las
hectáreas
al
ejido.
Este ejido se constituyó en 1946
con
767
hectáreas,
se
encuentra
en
la
Barra
de
Coyuca,
en
el
sitio
que
se
conoce
como
Playa
Luces.
Otra de las inconformidades de
los
ejidatarios
es
que
la
colonia
irregular
mediante
un
convenio
que
hicieron
los
alcaldes
perredistas
de
Acapulco,
Alberto
López
Rosas
y
de
Coyuca
de
Benítez,
Rafael
Ariza Bibiano, se regularizará el servicio de energía eléctrica
en
la
colonia.
El presidente del comisariado mostró la minuta firmada en febrero de este año
por
la
entonces
coordinadora
de
Servicios
Públicos
municipales,
Rosa
María
Gómez
Saavedra,
y
el
secretario
general
del
Ayuntamiento
de
Coyuca,
Pablo
Balanzar
Villegas.
Otra de las irregularidades que
informaron
en
la
reunión
es
que
el
síndico
procurador
del
Ayuntamiento
de
Coyuca, Jorge Luis Sales Pérez, ha emitido más de 500 actas
de
radicación
a
los
invasores
de
la
colonia
Fuerza
Aérea,
reconociendo
como
domicilio
un
área
que
no
les
pertenece.
Calixto Soto, se quejó de que Ariza Bibiano favorece a la colonia porque es parte del mismo
partido
y
le
pidió
que
debe
gobernar
para
todos
y
respetar
la
ley,
por
lo
que
insistió
en
que
no
se
favorezca
a
los
invasores
del
ejido.
Leopoldo Calixto agregó que el
ejido
La
Playa
ya
sufrió
otra
invasión
por
parte
del
mismo
grupo
en
otra
área
del
ejido,
ahora
son
tres
hectáreas
las
que
invadieron,
en
la
parcela
405,
de
estos
hechos
ya
presentaron
una
denuncia
en
la
quinta
agencia
especializada
en
despojo,
pero
el
titular
de
esta,
Antonio
Díaz
Clavel,
les
dijo
que
si
querían
que
los
invasores
desalojaran
el
predio
que
se
armaran
y
que
ellos
mismos
los
sacaran.
El abandono del campo y los campesinos. (Unomásuno, Editorial, p. web).
Refiere el investigador Rubén Mújica
Vélez
en
uno
de
sus
escritos
que
en
el
campo
mexicano,
en
los
años
sesenta,
la
amenaza
de
un
movimiento
armado
impuesto
por
la
injusticia
social
y
liderado
por
Rubén
Jaramillo,
último
de
los
campesinos
zapatistas,
fue
motivo
de
artera
traición
y
la
más
despiadada
represión
que
ensangrentó
las
tierras
morelenses
en
aquel
entonces.
Por aquellas fechas, señala, el
control
del
PRI
de
los
medios
de
comunicación,
logró
imponer
el
olvido
social.
Pero,
ese
no
fue
el
único
caso
de
violencia
institucional,
para
sostener
la
mascarada
del
"desarrollo";
copreros,
cañeros,
ferrocarrileros,
profesores,
mineros
y
más,
fueron
carne
de
cañón
de
una
economía
que
crecía
cuantitativamente,
mientras
agudizaba
la
distancia
entre
plutócratas
y
los
millones
de
empobrecidos
urbanos
y
rurales.
La versión del "milagro mexicano"
fue
sufriendo
un
grave
deterioro,
pero
con
la
represión
institucional
siempre
latente,
prevaleció
la
capacidad
de
cooptación
por
los
gobiernos
priístas
de
críticos
acerbos
y
de
líderes
inicialmente
dispuestos
a
radicalizar
su
protesta
y
poner
en
aprietos
a
una
sociedad
cada
vez
más
desigual,
inequitativa
y
entregada
a
los
dictados
de
Estados
Unidos
y
sus
empresas.
Este estado de cosas, agrega, fue
cuestionado
a
fondo
por
el
neozapatismo
chiapaneco.
la
pléyade
de
nuevos
dirigentes,
en
rechazo
al
neoliberalismo
salinista,
pusieron
en
jaque
a
las
autoridades
mexicanas
hace
once
años.
Fue cuando se inició el Tratado
de
Libre
Comercio
de
América
del
Norte,
signado
por
el
entonces
presidente
Carlos
Salinas
de
Gortari,
autor
de
aquellas
reformas
a
la
Constitución
que
permitieron
a
los
potentados
apoderarse
de
tierras
ejidales
a
precios
irrisorios
que
sumieron
en
la
miseria
y
para
siempre
a
los
empobrecidos
hombres
del
campo
que
no
han
logrado
a
la
fecha,
superar
su
miserable
condición.
Con la llegada al gobierno de empresarios
que
ahora
cobran
elevados
sueldos
en
las
nóminas
de
los
gobiernos
federal
o
estatales,
se
han
olvidado
del
campo
y
sus
campesinos
y
de
ser
exportador
de
productos
agrícolas
y
agropecuarios,
México
es
ahora
fuerte
importador
de
granos
y
carne
para
su
consumo,
porque
no
existe
una
política
que
favorezca
la
producción
nacional
de
los
suficientes
alimentos
para
la
sociedad.
Los empresarios del gobierno saben
de
negocios,
como
Javier
Usabiaga,
pero
ignoran
que
los
campesinos
requieren
de
apoyos
suficientes
y
ahora
hay
que
importar
labriegos,
porque
los
que
quedaban
emigraron
a
Estados
Unidos,
que
vende
a
México
lo
que
consume
en
condiciones
de
inequidad,
porque
los
burócratas
del
gobierno
no
han
sabido
desarrollar
una
política
agropecuaria
que
fomente
la
producción
agropecuaria
suficiente
para
cubrir
las
necesidades
nacionales.
Mientras,
Usabiaga
viaja
por
China,
donde
pretende
vender
el
aguacate
mexicano,
sin
antes
apoyar
a
sus
productores.
Rehuyen funcionarios a su responsabilidad. (El Siglo de Durango, Héctor Hernández, p. web).
Los campesinos tienen casi tres meses esperando el pago
de
su
frijol
para
continuar
sus
labores
del
ciclo
primavera-verano
2005.
Los
funcionarios
no
quieren
dar
la
cara
al
reclamo
de
los
llaneros.
21 de mayo de 2005
CUENCAMÉ, DGO.- Abel Guzmán Rodríguez y Julio Varela rehuyen
a
las
demandas
de
los
campesinos
que
exigen
el
pago
de
sus
cosechas.
Por
lo
tanto,
21
comisariados
ejidales,
con
el
respaldo
de
todos
los
sectores
y
del
alcalde
Pablo
Carrillo
Montalvo,
preparan
una
movilización
de
protesta.
Dichos funcionarios federales y estatales brillaron por su
ausencia
en
la
IV
Asamblea
de
Desarrollo
Rural
Sustentable
el
19
de
mayo
en
el
salón
Calixto
Contreras,
desairando
la
invitación
de
los
comisariados
ejidales,
representantes
sociales
y
del
alcalde
Pablo
Carrillo
Montalvo.
Las inquietudes y preguntas de los productores quedaron sin
respuesta,
sobre
todo
por
qué
no
han
pagado
las
dos
mil
toneladas
de
frijol a los campesinos, pues Guzmán Rodríguez, jefe del Distrito
03
(Sagarpa),
y
Varela
de
Desarrollo
Rural
del
Estado,
a
pesar
de
haber
confirmado
su
presencia,
no
asistieron
a
la
cita.
Los campesinos lleneros exigen respuestas concretas a sus demandas,
como
el
pago
de
la
cosecha
de
fríjol
del
ciclo
pasado,
sin
prolongar
más
la
larga
espera.
Mostaron
indignación
por
la
inasistencia
de
los
funcionarios,
sobre
todo
por
su
falta
de
respeto
al
no
tener
una
atención.
No obstante, la reunión se desarrolló con la participación
de
los
representantes
de
las
comunidades
y
las
autoridades
como
el
jefe
del
Centro
de
Apoyo
al
Desarrollo
Rural,
Concepción
Ramírez;
Juan
Carlos
Márquez,
visitador
de
la
Procuraduría
Agraria,
y
Juan
Carlos
Ibarra,
representante
del
Fideicomiso
de
Riesgo
Compartido.
En dicha reunión trascendió la propuesta sobre el reglamento
interno
del
Consejo
Municipal
de
Desarrollo
Rural
Sustentable
Municipal
y
la
integración
de
los
consejeros
efectivos,
que
tendrán
la
responsabilidad
de
discutir,
adecuar,
modificar
y
supervisar
programas
y
proyectos
del
desarrollo
integral
municipal.
También participó Víctor Benavente, productor de la región,
y
Fidel
Torres,
del
ejido
12
de
Diciembre,
quienes
expresaron
su
desencanto
y
enojo
por
el
desaire
de
las
dependencias
gubernamentales
y
refrendaron
su
apoyo
incondicional
al
alcalde
Carrillo
Montalvo,
proponiendo
en
ese
acto
público
la
movilización
de
los
campesinos
por
la
reivindicación
de
sus
demandas.
El Alcalde mencionó que es lamentable tener en esas dependencias
funcionarios
con
poca
seriedad
y
recalcó
que
hará
lo
posible
la
próxima
semana
de
tener
la
documentación
correspondiente
para
que
paguen
sin
pretexto
a
los
productores
las
dos
mil
toneladas
de
frijol.
Dijo que los agricultores trabajan la tierra con mucha esperanza
de
sacar
adelante
a
sus
familias
y
resulta
injusto
que
no
les
pagan
su
cosecha,
pues
a
la
fecha
hay
mucha
gente
esperando
desde
el
28
de
febrero
su
dinero.
Reiteró que si los productores le dieron su voto para llegar
a
la
Presidencia
Municipal,
no
los
dejará
solos,
y
“aunque
me
cueste
el
puesto
voy
a
apoyar
hasta
las
últimas
consecuencias
al
campesino,
ya
que
esta
administración
no
es
tapadera
de
nadie,
y
mucho
menos
de
Abel
Guzmán
y
Julio
Varela,
quienes
mintieron
a
los
productores”.
Tenencia de la Tierra. Descartan riesgos de invasiones
y
confrontaciones. (El Debate (Sinaloa), Javier
Vega,
p.
web).
El campo sinaloense se
encuentra
en
paz
21/05/2005
En el renglón de la seguridad jurídica de la tenencia de la
tierra,
Sinaloa
se
encuentra
tranquilo,
en
paz,
pues
actualmente
no
se
presentan
riesgos
de
invasiones
ni
confrontaciones
por
la
disputa
de
terrenos
agrícolas.
El delegado estatal del Registro Agrario Nacional, Juan
Carlos
Fierro
Apodaca,
dijo
que
el
presidente
Vicente
Fox
Quesada
tiene
la
mejor
intención
de
dejar
un
campo
tranquilo,
pues
la
premisa
es
que
todos
los
habitantes
de
la
zona
rural
tengan
la
plena
seguridad
jurídica
de
la
tenencia
de
la
tierra
y
de
sus
solares
urbanos.
Dijo que gracias a los esfuerzos emprendidos en la materia,
el
número
de
conflictos
agrarios
en
la
entidad
se
ha
reducido
de
manera
significativa
durante
los
últimos
años
y
ese
factor
es
muy
importante
porque
los
inversionistas,
aparte
de
evaluar
el
aspecto
de
la
seguridad
de
la
zona
donde
piensan
detonar
sus
proyectos
de
inversión,
evalúan
también
el
aspecto
de
la
tranquilidad
agraria,
y,
en
la
materia,
afortunadamente
hay
un
buen
balance
que
aportar.
"Queremos puntualizar que en el estado no existen focos
rojos
ni
amarillos,
en
conflictos
agrarios
existentes,
pues
en
su
mayoría
ya
se
están
conciliando
con
muy
buenos
resultados,
gracias,
también
hay
que
decirlo,
a
la
buena
disposición
que
están
mostrando
las
diferentes
partes
involucradas
en
los
conflictos
para
lograr
la
mejor
solución
posible."
Certificación agraria. El titular del RAN en Sinaloa dio a
conocer
los
buenos
resultados
alcanzados
por
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
(Procede).
Este programa federal se puso en marcha en 1993 y en sus 12
años
de
operaciones
ha
permitido
brindarle
certidumbre
jurídica
definitiva
a
la
tenencia
agraria
de
3
millones
518
mil
hectáreas,
correspondientes
a
mil
234
núcleos
rurales
regularizados
de
mil
294
existentes
en
la
entidad,
lo
que
da
como
resultado
un
avance
del
95.36
por
ciento
en
este
programa.
El representante del RAN informó que el Procede concluirá sus
operaciones
este
mismo
año
en
la
entidad.
En junio, en presencia del secretario de la Reforma Agraria, se dará un avance pormenorizado
del
programa
y
en
octubre
se
decretará
su
culminación
formal
en
Sinaloa.
Dio a conocer que la labor de los promotores agrarios se intensificará
de
aquí
hasta
esta
fecha
en
los
60
núcleos
agrarios
que
se
tienen
pendientes
de
certificar.
Cesión de derechos. Otro de los programas que se desarrollan
en
la
entidad
es
el
Hereda,
el
cual
busca
garantizar
la
transición
pacífica
de
la
tenencia
de
la
tierra
cuando
fallece
el
titular
del
derecho
agrario.
La designación en vida del beneficiario o beneficiarios del
derecho
agrario
es
una
buena
solución
para
evitar
los
conflictos
intrafamiliares
que
normalmente
se
suscitan
cuando
fallece
el
titular
del
derecho.
Buena respuesta. El presidente del comisariado
del
ejido
Benito
Juárez,
Wilfrido
Flores
Murguía,
destacó
la
importancia
que
ha
representado
para
los
habitantes
de
las
comunidades
rurales
la
operación
de
programas
como
el
Procede.
Consideró que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
es
un
factor
muy
importante,
pues
gracias
al
Procede
los
hombres
del
campo
están
en
condiciones
de
accesar
a
los
diferentes
programas
federales
enfocados
a
impulsar
la
actividad
agropecuaria
como
el
Procampo,
Progran,
así
como
para
ser
sujetos
de
crédito
en
las
instituciones
financieras.
"Definitivamente hemos visto y hemos podido constatar
el
dinamismo
que
se
le
ha
venido
imprimiendo
a
estos
programas."
Se aplicarán 158 mdp
para
atender
conflictos
agrarios
en
Michoacán. (Cambio de
Michoacán,
p.
web)
Gobierno y SRA
Entregan Lázaro y Florencia Salazar 5 mil 400 documentos
agrarios
y
17
carpetas
básicas,
en
Ocampo
21 de Mayo de 2005
Durante la entrega de cinco mil 400 documentos agrarios y 17
carpetas
básicas,
el
gobernador
Lázaro
Cárdenas
Batel
y
el
secretario
de
la
Reforma
Agraria
(SRA),
Florencio
Salazar
Adame,
firmaron
un
convenio
de
colaboración
para
atender
los
conflictos
identificados
como
focos
amarillos
y
rojos
de
la
entidad,
para
lo
que
se
destinó
un
presupuesto
de
158
millones
de
pesos.
Ante campesinos provenientes de las diferentes regiones del
estado
que
se
reunieron
en
Unidad
Deportiva
de
la
cabecera
municipal,
Cárdenas
Batel
mencionó
que
ayer,
además
de
firmar
los
convenios
de
coordinación
para
apoyar
la
solución
de
los
conflictos
agrarios,
se
entregaron
sentencias
en
ese
rubro,
carpetas
básicas
y
documentos
del
Procede
que
brindan
seguridad
y
facilitan
los
trabajos
que
los
agricultores
realizan
de
manera
cotidiana
para
hacer
producir
la
tierra,
lo
que
debe
repercutir
de
manera
sensible
en
el
mejoramiento
de
su
calidad
de
vida.
Para su administración, dijo, dentro de las prioridades está
el
atender
los
conflictos
agrarios
y
en
ese
objetivo,
reconoció,
ha
contado
con
el
apoyo
de
la
SRA.
No
obstante,
indicó,
la
solución
de
esos
asuntos
no
es
fácil
y
como
ejemplo
puso
la
Meseta
Purépecha,
en
la
que
se
involucran
al
menos
25
mil
personas
y
más
de
25
mil
hectáreas
en
un
problema
que
tiene
ya
varios
años.
Recordó que el año pasado los gobiernos estatal y federal aportaron
82
millones
de
pesos
para
los
programas
de
focos
rojos
y
amarillos,
con
lo
que
atendieron
a
cerca
de
dos
mil
personas
y
una
superficie
superior
a
las
cuatro
mil
hectáreas.
Para el 2005, agregó, se aplicarán 158 millones de pesos en
29
asuntos
considerados
como
focos
amarillos
a
fin
de
que
se
atiendan
en
esta
etapa
y
no
pasen
a
mayores.
En lo que se refiere a los focos rojos, añadió, se está dando
continuidad
a
los
avances
que
se
han
logrado
con
los
grupos
que
están
trabajando
en
cada
uno
de
los
conflictos
detectados
en
la
Meseta
Purépecha para buscar que las partes involucradas puedan llegar
a
acuerdos
firmes
y
de
largo
alcance.
Lo importante, subrayó, es no permitir que crezca la conflictividad
en
el
campo
michoacano.
Por su parte, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar
Adame,
mencionó
que
para
que
la
tierra
sea
fuente
de
riqueza
y
no
de
pobreza
se
necesita
que
sea
patrimonio
de
los
campesinos,
y
que
éstos
la
hagan
producir
en
un
ambiente
de
seguridad
y
certeza
jurídica.
En
ese
sentido
están
dirigidas
la
dotación
de
escrituras
y
documentos
agrarios
del
Procede.
Luego de mencionar que el Procede concluirá con la presente
administración
federal,
Salazar
Adame
indicó
que
en
el
caso
de
Michoacán
el
convenio
signado
con
Cárdenas
Batel
lleva
el
objetivo
de
pugnar
por
desterrar
los
conflictos
agrarios
en
la
entidad.
En este sentido, afirmó que a más tardar el próximo año el
foco
rojo
de
la
Meseta
Purépecha,
que
involucra
a
56
comunidades
que
han
provocado
por
lo
menos
60
problemas,
estará
finiquitado.
En ese lugar, añadió, están trabajando grupos especiales que
buscan
a
través
del
diálogo
la
conciliación
y
el
acuerdo,
la
solución
de
los
conflictos.
También
se
persigue
resolver
los
focos
amarillos,
de
los
que
con
la
entrega
de
escrituras
y
certificados
el
día
de
ayer,
se
solucionó
un
número
importante
de
ellos.
En ese evento, Cárdenas Batel y Salazar Adame
entregaron
documentos
agrarios
a
comunidades
de
los
municipios
de
Ocampo,
Epitacio Huerta, Tuzantla, Acuitzio, Ziracuaretiro, Juárez,
Contepec, Maravatío, Senguio, Hidalgo, Zamora y Queréndaro,
entre
otros.
El diputado Margarito Fierros Tano, secretario de la Comisión
Agraria
de
la
Cámara
Baja
del
Congreso
de
la
Unión,
manifestó
que
la
entrega
de
los
documentos
representa
certeza
jurídica
en
las
propiedades
de
los
campesinos,
quienes
con
los
certificados
alcanzan
otros
beneficios
como
el
ser
sujetos
de
crédito.
Añadió que ahora se requiere apoyarlos para que hagan producir
la
tierra
y
creen
fuentes
de
empleo.
Iguales
apreciaciones
tuvieron
el
alcalde
de
Ocampo,
Roberto
Arriaga
Colín,
y
el
presidente
del
Comisariado
Ejidal
del
Rosario,
Abel
Cruz
Esquivel.
Entrega de recursos del Programa Fondo de Tierras en Epitacio Huerta
Por otra parte, en las comunidades Canindo
y
Pedregal
de
Epitacio
Huerta,
el
gobernador
Lázaro
Cárdenas
Batel
y
el
secretario
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame, entregaron becas del Programa Jóvenes Emprendedores
por
989
mil
895
pesos
a
representantes
de
siete
grupos
provenientes
de
Ario
de
Rosales,
Vista
Hermosa,
Zacapu,
Zitácuaro,
Churumuco y Coeneo.
Los recursos serán invertidos en proyectos como viveros, cría
de
borrego
y
venado,
ganadería,
producción
de
fruta
e
invernaderos,
como
el
que
visitaron
ayer
aquí
las
autoridades
federales
y
estatales,
en
el
cual,
en
una
superficie
menor
a
los
300
metros,
se
sembraron
dos
mil
plantas
de
jitomate
que
producirán
20
toneladas
por
ciclo
en
beneficio
de
30
familias.
La inversión para este proyecto fue de 213 mil pesos, y de
acuerdo
con
la
SRA,
los
participantes
podrán,
además
de
transmitir
sus
conocimientos,
acceder
a
créditos
para
rentar
o
comprar
tierra
a
adultos
mayores
dentro
del
Programa
"Fondo
de
tierras,
joven
emprendedor
rural",
cuyo
objetivo
es
que
los
campesinos
se
retiren
con
un
ingreso
digno
y
a
la
vez
crear
alternativas
de
empleo
a
las
nuevas
generaciones.
Se impone el Procede en Morelos contra la voluntad
mayoritaria
de
ejidatarios. (Noticias, Voz e Imagen
de
Oaxaca,
marcos
Hernández,
p.
web).
Viernes 20 de mayo de 2005
Otra más de la Procuraduría Agraria de Jamiltepec
“Los seudos ingenieros Julián Ávila Galindo y Román
Sánchez
López
sólo
abusan
de
las
comunidades”,
acusan.
MORELOS HUAZOLOTITALAN, JAMILTEPEC
Ante las mediciones de predios que se realizan en este ejido
por
personal
del
INEGI,
a
pesar
de
la
negativa
de
los
ejidatarios
en
no
aceptar
la
ejecución
del
programa
Procede,
los
ejidatarios
pertenecientes
a
este
núcleo
agrario
acusan
a
la
Procuraduría
Agraria
(PA)
con
residencia
oficial
en
Jamiltepec
y
al
presidente
del
comisariado
ejidal,
Antonio
Ávila,
de
imponerles
el
programa
a
la
fuerza,
contra
su
voluntad.
El asesor jurídico del grupo inconforme, Dimas Sorrosa, reveló que el 13 de abril del presente año, en asamblea
general
y
con
la
presencia
de
los
visitadores
agrarios
de
la
Procuraduría
Agraria,
Julián
Reynaldo
Ávila
Galindo
y
Román
Pedro
Sánchez
López,
un
grupo
de
66
ejidatarios
de
José
Maria
Morelos,
optó
por
mayoría
de
votos,
no
aceptar
la
implementación
del
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Tributación
de
Escolares
(Procede).
La asamblea terminó siendo manipulada por el reducido grupo
de
47
ejidatarios
que
están
a
favor
del
programa;
en
complicidad
con
los
representantes
de
la
Procuraduría
Agraria
y
el
presidente
del
comisariado ejidal, impusieron arbitrariamente una segunda
votación,
en
donde
los
66
ejidatarios
que
rechazan
el
Procede,
decidieron
abstenerse
en
participar
en
esa
ilegitima
votación,
remarcó
el
entrevistado.
Asimismo, aclaró: “Pero no se retiraron como errónea y falsamente
se
señala
en
el
acta
tergiversada
de
asamblea
que
levantaron
los
de
la
Procuraduría
Agraria,
sin
embargo,
tomando
como
base
el
segundo
resultado
de
47
votos
a
favor
y
cero
votos
en
contra,
argumentando
falsamente
que
se
retiraron
los
ejidatarios
que
estaban
en
contra
del
programa,
procedieron
a
tomar
las
mediciones
de
los
predios
en
el
ejido,
ignorando
por
completo
la
decisión
y
voluntad
de
la
mayoría”.
Dimas Sorroza exigió que por respeto
a
las
leyes
agrarias
y
a
la
asamblea
de
ejidatarios,
se
anule
el
acta
levantada
el
13
de
abril,
porque
su
contenido
está
manipulado
y
no
es
válido;
se
suspendan
inmediatamente
las
mediciones
de
los
predios
y
el
acatamiento
estricto
de
la
decisión
que
tomó
la
mayoría
de
la
asamblea
para
que
no
se
implemente
el
Procede
en
Morelos.
“La actuación de los seudo ingenieros Julián Reynaldo Ávila Galindo y Román Pedro Sánchez López, como representantes
de
este
órgano
agrario
en
esta
región
de
la
Costa,
es
por
demás
ineficiente,
porque
lejos
de
concientizar
y
acatar
la
decisión
que
tomaron
los
ejidatarios,
se
prestaron
a
la
manipulación
y
a
la
arbitrariedad,
enredaron
al
presidente
del
comisariado
ejidal
para
prestarse
a
las
consignas
que
ya
llevaban,
por
eso
ellos
son
los
dos
únicos
responsables
de
lo
que
pase
entre
los
ejidatarios”,
manifestó
el
asesor
jurídico.
Pidió también al delegado estatal de la Procuraduría Agraria,
Oscar
Arturo
Reyes
Armendáriz,
su
intervención
para
la
destitución
inmediata
de
estos
dos
funcionarios,
sobre
quienes
pesan
serias
acusaciones
de
corrupción
y
manipulación
de
asuntos
agrarios
a
favor
de
sus
partidarios
políticos
en
esta
región
de
la
Costa
oaxaqueña,
dejando
siempre
mucho
qué
desear
por
su
ineficiencia.
Por su parte, el presidente del consejo de vigilancia, Alfredo
de
los
Santos
Cruz,
aclaró
que
nunca
firmó
el
acta
de
la
asamblea
realizada
el
pasado
13
de
abril,
porque
era
visible
la
inconformidad
de
sus
compañeros
ejidatarios;
“el
pueblo
me
puso,
por
eso
yo
voy
a
ser
lo
que
el
pueblo
dice,
en
esa
asamblea
en
realidad
eran
mayoría
los
ejidatarios
que
no
querían
el
Procede,
por
eso
no
firmé
y
no
estoy
de
acuerdo”.
Lamento que los de la Procuraduría Agraria sólo se dediquen
a
abusar
de
la
ignorancia
de
las
personas
de
las
comunidades;
“nos
quieren
enredar,
nos
dicen
montón
de
cosas
porque
creen
que
no
entendemos,
pero
no
se
van
a
salir
con
la
suya,
la
tierra
es
de
nosotros
y
nosotros
decimos
qué
hacer
con
ella”,
concluyó
de
los
Santos
Cruz.
Peligra agua para cinco municipios. (Diario del Istmo, Carlos Delgado, p.7A).
La directora municipal de Ecología y Medio Ambiente, Cesárea
Domínguez
Ortiz,
lamentó
la
brutal
deforestación
y
cultura
de
la
quema
de
predios
para
siembra,
que
sufren
las
inmediaciones
donde
está
enclavado
el
manantial
de
Platanillo,
de
donde
se
abastecen
de
agua
5
municipios.
Acayucan, Ver.
20 de Mayo del 2005
Luego de mencionar que Platanillo abastece de agua a los municipios
de
Soteapan,
Mecayapan,
Acayucan,
Oluta
y
Soconusco,
Domínguez
Ortiz
dijo
que
debido
a
la
desforestación,
la
dependencia
a
su
cargo
y
la
FISPA
de
la
Universidad
Veracruzana
(UV),
realizarán
un
amplio
programa
de
reforestación.
Para ello, abundó, alumnos de la Facultad de Ingeniería en
Sistemas
de
Producción
Agropecuaria
(FISPA)
están
realizando
un
estudio
a
fin
de
conocer
cuáles
especies
maderables
son
las
aptas
para
el
tipo
de
tierra
de
Platanillo
y
una
vez
concluida
la
investigación,
se
iniciará
con
la
siembra
de
plantas
de
los
viveros
de
la
UV.
Estimó que en caso de postergarse la reforestación, en el corto
y
mediano
plazos
habría
problemas
de
desabasto
de
agua,
pues
actualmente
los
niveles
del
manantial
Platanillo
han
disminuido
en
forma
considerable.
Entrevistada en su cubículo, la directora municipal de Ecología
y
Medio
Ambiente
Cesárea
Domínguez
Ortiz,
aclaró
que
las
120
hectáreas
que
comprende
el
predio
Platanillo,
ubicado
en
el
ejido
Soteapan,
de
las
cuales
una
le
corresponde
al
manantial,
solamente
se
deslindarán
a
fin
de
que
cada
ejidatario
cuente
con
su
certificado
parcelario.
Dijo que lo anterior se lo informaron
el
presidente
municipal
de
Soteapan,
Enrique
Lanche Primo y el presidente del comisariado
ejidal
soteapeño,
una
vez
que
ella
los
buscó
el
día
jueves
para
conocer
la
posición
de
ellos
respecto
a
la
presunta
privatización
del
citado
predio,
lo
cual
es
falso
y
más
que
nada
se
trató
de
una
confusión.
No obstante, Domínguez Ortiz este viernes ya solicitó información
oficial
a
la
Delegación
Veracruz
del
Registro
Agrario
Nacional
(RAN),
órgano
desconcentrado
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA).
Cabe señalar que el día 17 de este mes la SRA publicó un aviso
en
este
medio,
en
el
que
el
perito
deslindador,
Ing.
Santiago
Izquierdo
Elizondo, informa sobre el “deslinde de terrenos de presunta
propiedad
nacional,
denominada
Platanillo,
ubicado
en
el
municipio
de
Soteapan, Ver.”, mismo que causó inquietud en algunos sectores
de
la
población
acayuqueña.
Ofrece Segob encauzar
peticiones
pendientes
de
Acuerdo
para
el
Campo. (La Jornada,
Enrique
Méndez,
p.5)
viernes 20 de mayo, 09:00 PM
* Pide CNC que se establezca el fondo en favor de ex
braceros
México, 20 May (Notimex).- La Secretaría
de
Gobernación
(Segob)
ofreció
encauzar
las
demandas
de
la
Confederación
Nacional
Campesina
(CNC)
pendientes
de
cumplir
en
el
marco
del
Acuerdo
Nacional
para
el
Campo
(ANC),
informó
Heladio
Ramírez
López.
El líder de la CNC fue entrevistado después de reunirse con
el
titular
de
la
Segob,
Santiago
Creel
Miranda,
y
expresó
que
ahí
terminó
una
serie
intensa
de
encuentros
durante
dos
días
con
autoridades
de
dependencias
diversas
del
gobierno
federal.
Entre ellas mencionó a las secretarías de Economía (SE), de
Seguridad
Pública
(SSP),
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(Sagarpa),
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
y
de
Desarrollo
Social
(Sedesol),
así
como
la
banca
de
desarrollo.
Con funcionarios de esas dependencias, expuso, fue revisada
la
normatividad
para
hacer
más
fluidos
los
recursos
hacia
el
campo
y
que
no
haya
subejercicios.
Nos interesaba mucho culminar esa serie de encuentros con el
Secretario
de
Gobernación,
pues
fue
el
responsable
directo
del
seguimiento
del
ANC,
explicó.
Precisó que entre los asuntos pendientes que plantearon se
incluyó
la
afectación
a
pueblos
por
fenómenos
meteorológicos,
como
el
caso
de
zonas
de
Michoacán
y
Nayarit,
entre
otras
entidades.
Con énfasis, detalló, le señalamos el problema de los ex braceros.
En
ese
sentido,
recordó
que
la
Cámara
de
Diputados
aprobó
un
fondo
que,
segun
él,
entró
en
la
controversia
constitucional
sobre
el
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación.
Por ello, indicó, pedimos que se publique el decreto y que,
independientemente
de
lo
que
la
Cámara
de
Diputados
decida
sobre
el
planteamiento
de
la
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
(SCJN)
en
torno
al
presupuesto,
se
integre
el
fideicomiso
y
exista
el
fondo
para
empezar
a
resarcir
a
quienes
ya
son
mexicanos
de
tercera
edad
lo
que
justamente
se
les
debe
como
reivindicación.
Asimismo se planteó la necesidad y la urgencia de que haya
una
actividad
más
intensa
de
la
Comisión
Intersecretarial
para
que
revise
los
asuntos
pendientes
de
cada
una
de
las
secretarías
en
el
ANC.
Finalmente,
señaló,
se
hizo
hincapié
en
la
necesidad
de
que
continúe
negociándose
el
problema
de
los
trabajadores
migratorios.
Consideró preocupante y condenable la actitud del gobierno
de
Estados
Unidos
y
de
grupos
de
la
sociedad
de
ese
país
que
se
forman
para
rechazar,
e
incluso
para
agredir,
a
los
trabajadores
migratorios,
entre
quienes
hay
un
número
importante
de
campesinos.
En los últimos años, advirtió, han muerto casi dos mil campesinos
en
el
desierto
y
"estamos
preocupados
de
que
pase
el
tiempo
y
no
sólo
no
demos
un
paso
hacia
adelante,
sino
que
incluso
se
involucione
en
el
tema".
Heladio Ramírez consideró que, hoy por hoy,
los
campesinos
avanzan
más
si
tienen
abiertas
las
puertas
de
la
interlocución.
"Si a nosotros nos reciben en las dependencias, si las
dependencias
van
a
nuestra
organización
social,
si
ahí
tomamos
acuerdos,
consideramos
desgastante
y
estéril
estar
movilizando
de
otra
manera
a
los
campesinos.
Eso
sólo
lo
hacemos
cuando
hay
necesidad",
añadió.
Organizaciones campesinas
El país se hunde cada vez más en la pobreza: CNC. (La Jornada, Matilde Pérez
U,
p.7)
Los
campesinos,
muy
lejos
del
bienestar
prometido,
sostiene
El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
Heladio Ramírez López, desmintió al presidente Vicente Fox: "México está lejos de marchar bien, el país se hunde
cada
vez
más
en
la
pobreza,
en
la
desocupación
y
en
las
desigualdades
extremas,
mientras
sigue
el
éxodo
de
nuestros
mejores
recursos
humanos",
sostuvo.
La dramática realidad que vive la mayoría de los mexicanos,
subrayó,
no
se
puede
ocultar.
Por
ello
subrayó
que
se
debe
dejar
el
modelo
neoliberal
y
propuso
reformas
que
fortalezcan
al
Estado
como
rector,
promotor,
regulador
y
apoyo
firme
del
desarrollo
nacional.
Al reunirse con el dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista,
Tomás
Gloria,
el
presidente
de
la
CNC
asentó
que
hacen
falta
reformas
fundamentales,
"no
las
que
debiliten
más
al
Estado
ni
borren
los
derechos
sociales
de
los
mexicanos
para
hacernos
más
atractivos
a
las
trasnacionales
del
dinero;
no
las
reformas
que
buscan
privatizar
y
entregar
al
capital
extranjero
los
recursos
estratégicos
de
la
nación".
Comentó que la experiencia con el Tratado de Libre Comercio
de
América
del
Norte
ha
sido
amarga:
"Los
campesinos
se
han
empobrecido
en
lugar
de
alcanzar
el
bienestar
que
nos
inventaron
los
que
negociaron.
Sin
embargo,
los
productores
están
haciendo
todo
su
esfuerzo
y
uso
de
las
oportunidades
para
fortalecer
la
economía
ejidal
y
comunal,
pero
para
ello
requieren
del
apoyo
del
Estado
y
un
nuevo
modelo
de
inserción
en
el
mundo
globalizado".
De los retos de los agricultores también habló, en otro foro,
Miguel
Angel
García
Paredes,
del
Consejo
Nacional
Agropecuario.
Destacó
que
dicho
sector
representa
5.3
por
ciento
del
producto
interno
bruto
(PIB)
nacional,
genera
7.5
millones
de
empleos
y
2.5
millones
de
autoempleos,
pero
tiene
que
dar
un
viraje,
ya
que
granos,
oleaginosas
y
forrajes
no
son
muy
competitivos,
mientras
frutas
y
hortalizas
presentan
mayores
ventajas.
México, advirtió, está perdiendo participación en los mercados
externos,
donde
tenía
ventajas
comparativas,
debido
a
la
caída
de
rentabilidad
del
sector
y
a
la
disminución
del
gas-
to
del
sector
público
para
el
desarrollo
agropecuario,
el
cual
tiene
una
baja
de
54.7
por
ciento
de
1994
a
2002,
mientras
el
crédito
tuvo
una
caída
de
81.3
por
ciento,
al
pasar
de
100.3
millones
a
33
millones.
En la escala de los negocios, el sector sigue ocupando el último
lugar,
puntualizó.
A
manera
de
ejemplo
apuntó
que
la
inversión
extranjera
en
el
sector
es
de
apenas
0.22
por
ciento.
"En un sector en el cual siguen siendo altos los niveles
de
pobreza
y
marginación,
el
minifundio
y
los
conflictos
agrarios:
¿qué
hacer
para
superar
esto?
Hay
que
generar
riqueza
con
inversión
productiva
en
negocios,
y
eso
corresponde
hacerlo
a
los
productores,
ya
que
las
actividades
agropecuarias,
por
sí
mismas,
no
pueden
soportar
a
una
población
económicamente
activa;
hay
que
cambiar
a
nuevas
actividades",
manifestó.
Prensa Estatal
BAJA CALIFORNIA
La Escalera Náutica, proyecto fantasma. (La Jornada, Fabricio León, p.web).
Obras suspendidas, pese a la inversión de $386 millones
La Escalera Náutica, proyecto fantasma
McCarthy se montó en plan de desarrollo para bahía
de
BC
Bahía de los Ángeles, BC. Bahía de Los Ángeles es uno de los
peldaños
de
la
Escalera
Náutica;
el
otro
es
Santa
Rosalillita,
que
da
hacia
el
océano
Pacífico,
donde
se
prevé
la
construcción
de
una
carretera
de
134
kilómetros
de
largo,
por
el
cual
se
transportarán
yates
y
veleros
para
depositarlos
en
el
Mar
de
Cortés.
Sin
embargo,
las
obras
están
detenidas.
En esta bahía no sólo se planea un parador náutico -donde atracarán
hasta
50
embarcaciones-
con
muelle,
hotel,
restaurante,
mantenimiento
y
tiendas,
sino
también,
a
largo
plazo,
un
centro
para
el
desarrollo
de
"una
marina
turística,
con
capacidad
para
500
naves
en
agua
y
400
en
seco,
terrenos
urbanizados
y
campos
de
golf,
para
lo
cual
se
necesitan
330
hectáreas"
que
linden
con
la
playa,
según
información
de
Fonatur.
Ubicada en el paralelo 29 sobre el golfo de California, Bahía
de
los
Ángeles
tiene
una
belleza
que
impacta.
Surge
en
medio
de
un
desierto
poblado
por
enormes
cirios
-especie
de
cactos-
verdes.
Su
mar
es
de
un
azul
intenso,
y
frente
a
las
costas,
como
si
flotaran,
varias
islas
componen
un
archipiélago
presidido
por
la
isla
Ángel
de
la
Guarda,
magnífica
porción
de
tierra
seca
que
a
la
distancia
parece
un
enorme
lomo
de
ballena.
Es
un
pequeño
poblado
de
alrededor
de
mil
habitantes,
que
tiene
en
su
costado
la
reserva
Valle
de
Cirios,
residencia
del
borrego
cimarrón.
Aquí viven una temporada las ballenas azul y de aleta. En verano
habitan
sus
frías
aguas
los
tiburones
ballenas,
miles
de
delfines
y
cinco
de
las
siete
especies
de
tortugas
que
habitan
en
el
planeta.
Zona
de
almejas
y
peces
lenguados,
esta
bahía,
con
playas
pedregosas
y
atardeceres
y
madrugadas
alucinantes,
ha
sido
considerada
la
"segunda
ensenada
natural
más
hermosa"
de
la
península,
por
Fernando
Jordán,
el
periodista
más
documentado
en
Baja
California,
quien
en
1950
acuñó
la
idea
de
que
esta
región
es
"otro
México".
Sus habitantes tenían como principal problema el abasto de
agua
potable
y
los
altos
costos
por
la
generación
de
energía
eléctrica.
Ahora
enfrentan
una
nueva
preocupación:
que
les
expropien
sus
tierras
para
la
Escalera
Náutica.
De
todos
estos
planes
poco
saben
los
dueños
de
gran
parte
del
terreno.
A los 86 ejidatarios de la zona les preocupa que aquí se repita
la
experiencia
de
los
comuneros
de
Huatulco,
Oaxaca,
o
de
los
ejidatarios
de
Loreto,
donde
los
desarrollos
turísticos
creados
por
Fonatur
"han
sido
elefantes
blancos",
según
los
califican
especialistas
de
El
Colegio
de
México.
También les irrita que en el mapa que aparece en la página
de
Internet
donde
Fonatur
ofrece
el
proyecto
a
los
inversionistas
se
haya
cambiado
el
nombre
de
Bahía
de
Los
Angeles
por
Coronado,
denominación
de
una
de
las
islas
del
archipiélago.
"¿No
los
podríamos
demandar
por
cambiarnos
el
nombre?",
preguntó
uno
de
los
integrantes
del
ejido
Tierra
y
Libertad,
durante
la
entrevista
que
sostuvo
La
Jornada
con
varios
de
ellos.
Francisco Savín Smith, presidente del Consejo de Vigilancia, advirtió que
"Fonatur
no
ha
venido
a
invitar
al
ejido
a
participar
en
el
proyecto.
Esto
no
es
fomento
del
turismo.
Lo
que
quieren
es
expropiarnos
una
tierra
para
la
Escalera
Náutica,
supuestamente
como
de
utilidad
pública.
Es
lo
que
hace
Fonatur,
no
nos
invita
a
estar
en
el
negocio,
trae
inversionistas
y
pone
en
marcha
el
proyecto.
"No estamos en contra de la inversión, sino que nos oponemos
a
la
forma
en
que
se
realiza.
Hablamos
del
patrimonio
de
nuestros
hijos
y
nietos.
Ese
es
un
punto
clave.
No
estamos
de
acuerdo
con
los
procedimientos
que
el
gobierno
federal
ha
utilizado
para
desalojar
y
despojar
de
sus
tierras
a
ejidos
en
Huatulco
o
Loreto."
Interviene Raúl Espinosa Pérez, presidente del comisariado ejidal: "nosotros somos los dueños de las
tierras
y
nunca
se
han
acercado
para
decirnos,
'¿quieren
que
hagamos
una
marina
o
el
puerto
de
abrigo?'
Jamás.
El
Fonatur
me
provoca
duda,
porque
fomento
turístico
no
hace.
Es
como
una
empresa
privada
que
se
vale
de
medios
económicos
del
gobierno
para
hacer
negocio
y
despojar
a
la
gente" .
La marina de los Grossman
Hace 20 años, la familia Grossman
inició
los
trámites
para
construir
una
modesta
marina
frente
al
pueblo.
Teresa
Grossman sabe del negocio, es presidenta de la Asociación
de
Marinas
de
México
y
dueña
de
la
marina
del
puerto
San
Carlos,
en
Sonora,
cuyo
prestigio
es
notable:
dio
vida
al
pueblo.
Luego de años de trámites, el 13 de mayo de 2004, el Diario
Oficial
de
la
Federación
publicó
el
título
de
concesión
en
su
favor
para
operar
la
marina
de
Bahía
de
los
Angeles.
En
este
proyecto
la
familia
Grossman
ha
invertido
alrededor
de
500
mil
dólares,
lo
cual
contrasta
con
lo
que
ahora
el
Fonatur
prevé
destinar
para
la
rehabilitación
de
11
marinas:
alrededor
de
45
millones
de
dólares
(500
millones
de
pesos).
Tras realizar largos y engorrosos trámites para concretar su
obra,
los
estudios
de
impacto
ambiental
fueron
rechazados
por
la
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
(Semarnat),
pues,
se
presume,
este
proyecto
nunca
fue
de
la
simpatía
del
director
del
Fonatur, John McCarthy:
obstaculizaba
los
planes
para
la
construcción
del
parador
y
centro
náutico
que
a
mediano
plazo
se
prevé
ofrecer
como
franquicia
del
proyecto
Mar
de
Cortés-Escalera
Náutica
y
vender
en
cifras
aún
desconocidas.
Alerta entre ejidatarios
Lo que ocurrió con los Grossman ha
puesto
en
alerta
a
los
ejidatarios.
"Es
absurdo.
Desde
hace
20
años
el
proyecto
es
de
los
Grossman.
El
Fonatur,
en
pocas
palabras,
se
los
arrebató
y
lo
magnificó
a
escala
regional,
involucrando
a
cuatro
estados
y
cometiendo
un
atropello.
Cuando
los
Grossman
realizaron
el
trámite
para
hacer
la
marina
y
el
puente
terrestre,
entre
Santa
Rosalillita y Bahía de los Ángeles, fue cuando Fonatur se agenció la idea y se la vendió a Vicente Fox", afirma el oceanólogo
Antonio
Reséndiz,
militante
ecológico,
ejidatario
y
ferviente
naturista
que
hace
25
años
vive
aquí.
Añade: "académicos y biólogos de algunas partes del mundo
están
preocupadísimos
de
lo
que
se
vaya
a
destruir.
A
este
lugar
hay
que
dejarlo
como
está:
silencioso,
natural
y
sin
basura.
Sí,
hay
que
conseguir
recursos
económicos,
pero
para
dejarlo
así
y
para
atraer
turismo
inteligente,
respetuoso".
Por su parte, Teresa Grossman cuenta
a
La
Jornada:
"El
puente
terrestre
fue
idea
de
mi
marido
desde
1992.
Compramos
un
terreno
en
cada
una
de
las
partes
y
empezamos
a
hacer
todos
los
trámites
para
pedir
la
autorización
de
impacto
ambiental.
Ya
que
íbamos
a
empezar
la
obra
nos
la
cancelaron
porque
la
Secretaría
del
Medio
Ambiente
decidió
que
no
debía
haber
una
marina
en
Bahía
en
los
Ángeles,
aunque
ya
me
habían
dado
dos
autorizaciones
de
impacto
ambiental.
Después
de
10
años
tengo
paralizado
el
proyecto.
No
fue
suficiente
el
permiso
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes
(SCT),
porque
siempre
pone
como
condición
que
lo
apruebe
la
Dirección
de
Impacto
Ambiental.
Aun
cuando
ya
teníamos
dos
autorizaciones,
me
dijeron
que
no
podía
empezar
la
obra".
-¿Es el mismo proyecto con que iniciaba la Escalera Náutica
operada
por
Fonatur?
-Es un proyecto nuestro de más de 20 años, e inclusive yo había
dado
asesoría
al
Fonatur.
Pero
este
sexenio
no
hay
mucha
comunicación
entre
nuestra
asociación
de
marinas
y
el
Fonatur.
"Nosotros platicamos de una asociación para el puente
terrestre.
Se
suponía
que
lo
íbamos
a
hacer
conjuntamente,
por
lo
que
en
esa
reunión
se
firmó
un
convenio
de
Escalera
Náutica,
en
el
que
Bahía
de
Los
Ángeles
era
uno
de
los
puntos
donde
se
iba
a
construir
una
marina.
Todo
firmado
por
el
Presidente,
seis
secretarios
de
Estado
y
cuatro
gobernadores.
Y
a
la
fecha
no
se
ha
hecho
nada.
"Sólo pensábamos hacer una rampa de botado para embarcaciones
en
Santa
Rosalillita,
y
de
ahí
llevarnos
las
lanchas
a
Bahía
de
los
Ángeles
por
carretera.
Originalmente
teníamos
planeada
una
rampa
y
espacio
máximo
para
100
embarcaciones,
pues
no
pensamos
hacer
crecer
el
proyecto
hasta
que
no
hubiera
demanda.
"Posteriormente el Fonatur nos
propuso
asociarnos
con
él
para
crear
un
parador
náutico
y
solicitamos
la
concesión
de
la
SCT
para
504
espacios,
pero
porque
nos
íbamos
a
asociar
con
el
fondo,
pero
después
la
dependencia
nunca
firmó
con
nosotros
y
empezaron
a
difundir
y
publicar
que
era
un
proyecto
de
ellos.
La
última
vez
que
platicamos
me
dijeron
que
el
puente
terrestre
lo
iban
hacer
desde
Santa
Rosalillita a un lugar que se llama Coronado, en un sitio
que
se
conoce
como
La
Gringa
y
que
está
al
norte
de
Bahía
de
los
Ángeles,
pero
ya
no
conmigo,
y
luego
me
cancelaron
los
permisos
y
me
dijeron
que
en
Bahía
de
Los
Ángeles
no
puedo
hacer
nada.
"Si no fuera por la intervención del Fonatur, nosotros ya hubiéramos iniciado el paso de las embarcaciones.
No
entiendo
por
qué
cuando
Fonatur
se
enteró
de
que
nosotros
teníamos
el
proyecto
del
puente
terrestre,
los
permisos
y
el
dinero
para
hacerlo,
John
McCarthy
decidió
invertir
dinero
del
gobierno
cuando
ya
había
inversionistas
dispuestos
a
arriesgar
su
capital
en
el
mismo
proyecto."
-¿Hace falta una escalera náutica?
-Originalmente el concepto de Escalera Náutica comprendía la
creación
de
tres
paradores
del
lado
del
Pacífico
que
ayudaran
a
los
turistas
que
no
tuvieran
la
autonomía
de
combustible
a
bajar
y
subir
de
San
Diego
a
Cabo
San
Lucas.
La
escalera
náutica
original
no
abarcaba
la
construcción
de
marinas
en
todo
el
golfo
de
Cortés,
Sinaloa,
y
Sonora,
sólo
se
plantearon
tres
paradores
náuticos
con
un
costo
máximo
de
medio
millón
de
dólares
cada
uno,
no
se
iban
a
hacer
marinas
de
destino,
más
bien
se
pensó
como
un
servicio
de
ayuda
a
las
embarcaciones.
"Pero lo que el Fonatur hizo
en
este
sexenio
fue
hacer
público
un
conjunto
de
desarrollos
náuticos
sin
tener
los
terrenos,
permisos
ni
la
asesoría
de
los
especialistas
y
principales
inversionistas
en
marinas.
Los empresarios prefieren irse a Costa Rica
"Si hubiera escogido un lugar, comprado un terreno, conseguido
los
permisos,
entonces
podría
vender
una
franquicia,
pero
ni
siquiera
se
han
concluido
los
tres
eslabones
que
originalmente
se
necesitaban
en
el
Pacífico.
"En estos cuatro años anteriores no se ha inaugurado ninguna
marina
del
Fonatur."
-¿A qué atribuye esta situación?
-Mi opinión es que les pasó un poco lo del aeropuerto en la
ciudad
de
México.
Deberían
haber
comprado
los
terrenos
en
los
lugares
propicios
y
no
hacer
tanta
publicidad.
Porque
ahora,
luego
de
tanta
promoción
para
la
Escalera
Náutica,
todos
los
grupos
ecologistas
están
en
contra
de
las
marinas.
Eso
me
parece
injusto,
porque
atraen
turismo,
y
éste
es
muy
buena
opción
para
quitar
un
poco
la
presión
de
la
explotación
de
la
pesca
comercial.
"Después de haber invertido 10 años, un dineral, permisos
y
todo,
vemos
que
no
tenemos
ninguna
seguridad.
Luego
de
la
experiencia
con
el
Fonatur
y
el
gobierno,
nosotros,
como
empresarios,
no
haríamos
una
marina
en
México.
Mientras
las
cosas
no
cambien,
preferimos
invertir
en
Costa
Rica."
CHIAPAS
Regidores olvidan acuerdos, acusan. (Cuarto Poder, Enrique Romero, p. web).
Autoridades ejidales de "Nuevo
Paraíso"
que
en
días
pasados
retuvieron
al
coordinador
de
logística
municipal
en
demanda
de
obra
pública
para
su
comunidad,
acusaron
a
los
regidores
que
acudieron
a
la
negociación
para
la
liberación
del
funcionario,
de
desconocer
los
acuerdos.
Lo anterior, pese a que fueron
firmados
bajo
acta
de
acuerdo
con
las
autoridades
ejidales
,
por
lo
que
los
acusaron
de
actuar
de
mala
fe
debido
a
que
el
vehículo
del
Ayuntamiento
que
mantienen
retenido
como
garantía
del
cumplimiento
de
los
acuerdos,
ahora
ha
sido
reportado
como
robado.
Así lo dio a conocer el agente
municipal
de
"Nuevo
Paraíso",
Cristóbal
López
Arcos,
quien
mostró
una
copia
del
acta
de
acuerdo
referida
firmada
por
cinco
regidores,
la
síndico
municipal
y
un
funcionario
de
la
Secretaría
de
Gobierno,
derivada
de
la
retención
de
Joel
Revilla,
en
la
que
dichas
autoridades
convienen
con
los
ejidatarios
diversos
apoyos
y
se
establece
que
lo
regidores
aceptan
dejar
en
garantía
de
cumplimiento
la
unidad
"pick-up"
marca
Ford, color blanco modelo 2000, propiedad del Ayuntamiento
y
con
placas
CW61386,
en
tanto
que
los
ejidatarios
aceptaron
liberar
al
funcionario,
junto
con
otros
colaboradores,
así
como
permitir
que
los
regidores
y
hasta
el
subprocurador
de
Justicia,
presente
en
el
lugar,
se
retiraran,
ya
que
por
algunos
momentos
también
fueron
retenidos
por
los
enardecidos
ejidatarios.
Entrevistado por este medio, al
día
siguiente
de
la
firma
de
este
acuerdo,
el
primer
regidor
Zacarías
Hardy negó en varias ocasiones que los regidores hayan llegado
a
algún
compromiso
con
los
ejidatarios
para
la
liberación
de
Joel
Revilla
-y
ahora
se
sabe
que
hasta
la
propia-.
Sin
embargo,
el
documento
muestra
que
el
regidor
mintió
a
la
opinión
pública
y
ocultó
los
compromisos
contraídos,
indudablemente
bajo
presión,
pero
aceptados
por
todos
ellos.
Lo que los regidores (Zacarías
Hardy, Delis Rodríguez, Aidé Isabel
Obrador
Olán
-quien
negó
a
este
medio
haber
estado
en
dicha
reunión-,
Javier
Gordillo
y
Miguel
Guzmán)
acordaron
y
firmaron,
se
reduce
a
apoyar
gestiones
ante
el
INVI
para
construcción
de
viviendas,
una
escuela
para
alumnos
de
pre-escolar,
medicamentos
para
la
Casa
de
Salud
y
la
donación
de
25
bicicletas
para
alumnos
que
tienen
que
trasladarse
varios
kilómetros
todos
los
días
para
estudiar
en
el
plantel
más
cercano.
Ninguno de los compromisos se cumplió
en
tiempo
y
forma
acordados.
Se
sabe
que
las
visitas
de
funcionarios
municipales
a
comunidades
rurales
han
sido
restringidas.
COAHUILA
Denuncian anomalías en la entrega de Procampo. (La Opinión Milenio, Domingo
López,
p.
web).
Torreón
/
Lunes
23-mayo.
Aseguran que los cheques que llegan a sus nombres, son
entregados
a
particulares
que
rentaron
o
compraron
tierras
a
campesinos.
Ejidatarios de Santa Fe denunciaron ayer una serie de anomalías
que
se
vienen
registrando
en
el
Centro
de
Atención
para
el
Desarrollo
Agropecuario
(CADER)
de
esta
ciudad,
puesto
que
los
cheques
del
Procampo que llegan a sus nombres, el representante de esta
dependencia
de
la
Sagarpa,
se
los
entrega
a
particulares
que
rentaron
o
compraron
tierras
cultivables.
“Los que no rentamos
ni
vendimos
nuestras
tierras,
batallamos
mucho,
nos
piden
infinidad
de
requisitos:
recibos
de
luz
o
de
agua,
credencial
de
elector
y
otros
documentos
personales,
y
desde
su
escritorio,
Socorro
(el
encargado
del
Cader, ubicado a un lado de las oficinas de FIRCO en esta
ciudad),
les
hace
señas
de
que
no
les
ha
llegado
nada,
que
regresemos
hasta
la
semana
entrante
o
hasta
dentro
de
15
días,
mientras
que
a
los
que
tienen
terrenos
rentados,
basta
con
un
recibo
o
cualquiera
de
los
documentos
antes
citados
para
entregarles
no
uno,
sino
un
hartero
de
cheques
que
no
vienen
a
sus
nombres”,
expresaron
los
ejidatarios,
Hipólito
Avila González y su hermano Juan.
Comentó la señora Antonia Contreras, que su padre José Pilar
Contreras
está
cieguito
y
que
hasta
el
año
pasado
le
dieron
cheque
del
Procampo, este año no. “Desde hace cuatro años yo he acompañado
a
mi
padre,
porque
está
cieguito
a
cobrar
su
cheque,
pero
este
año
no
le
dieron,
no
sabemos
por
qué”.
Por su parte el señor Andrés Silva de 78 años de edad, en forma
lúcida
y
con
gran
energía
indicó,
a
la
pregunta
expresa
de
que
si
los
campesinos
pierden
sus
derechos
al
rentar
o
vender
sus
parcelas
o
terrenos
laborables:
“El
artículo
156
de
la
Nueva
Ley
de
la
Reforma
Agraria,
ampliada
y
modificada
explica
que
el
ejidatario
es
hasta
que
pierde
completamente
sus
derechos
tanto
de
agua
como
de
tierras
de
uso
común
(sus
parcelas)”.
“Los 157 ejidatarios
de
esta
comunidad
rural
ya
somos
personas
de
la
tercera
edad,
que
no
tenemos
con
qué
hacerla
para
comer,
por
eso
consideramos
que
es
injusto
que
ni
siquiera
nos
den
lo
del
Procampo,
además
de
que
los
que
rentaron
o
vendieron
sus
tierras,
acordaron
con
quienes
se
las
compraron,
que
los
cheques
del
Procampo
que
se
expiden
desde
hace
como
seis
años
íban
a
ser
para
ellos”.
Denunciaron la actitud despótica y prepotente del encargado
del
Cader
en
Torreón,
de
nombre
Socorro
(no
recordaron
sus
apellidos),
para
con
ellos
y
con
los
primordiales
del
36;
pero
eso
sí,
si
llega
a
la
oficina
una
persona
bien
vestida
o
con
traje
y
corbata,
deja
de
hacer
lo
que
está
haciendo
para
atenderla.
El día de mañana (martes) van a tener una reunión con el titular
del
Cader
en
esta
ciudad
y
un
representante
del
gobierno
municipal
para
atender
caso
por
caso
con
respecto
a
la
entrega
de
los
cheques
del
Procampo.
Dijeron
estar
bajo
la
incertidumbre,
sobre
todo
los
que
no
rentaron
ni
vendieron
sus
tierras
y
que
en
este
año
ya
no
les
llegó
dicho
apoyo,
porque
en
el
próximo
ejercicio
del
2006
ya
van
a
cobrar
a
través
de
tarjeta
de
débito,
para
lo
cual,
recientemente
se
levantó
un
censo
o
registro.
Denuncian anomalías en la entrega de Procampo. (La Opinión Milenio, Domingo
López,
p.
web).
Torreón
/
Lunes
23-mayo.
Aseguran que los cheques que llegan a sus nombres, son
entregados
a
particulares
que
rentaron
o
compraron
tierras
a
campesinos.
Ejidatarios de Santa Fe denunciaron ayer una serie de anomalías
que
se
vienen
registrando
en
el
Centro
de
Atención
para
el
Desarrollo
Agropecuario
(CADER)
de
esta
ciudad,
puesto
que
los
cheques
del
Procampo que llegan a sus nombres, el representante de esta
dependencia
de
la
Sagarpa,
se
los
entrega
a
particulares
que
rentaron
o
compraron
tierras
cultivables.
“Los que no rentamos
ni
vendimos
nuestras
tierras,
batallamos
mucho,
nos
piden
infinidad
de
requisitos:
recibos
de
luz
o
de
agua,
credencial
de
elector
y
otros
documentos
personales,
y
desde
su
escritorio,
Socorro
(el
encargado
del
Cader, ubicado a un lado de las oficinas de FIRCO en esta
ciudad),
les
hace
señas
de
que
no
les
ha
llegado
nada,
que
regresemos
hasta
la
semana
entrante
o
hasta
dentro
de
15
días,
mientras
que
a
los
que
tienen
terrenos
rentados,
basta
con
un
recibo
o
cualquiera
de
los
documentos
antes
citados
para
entregarles
no
uno,
sino
un
hartero
de
cheques
que
no
vienen
a
sus
nombres”,
expresaron
los
ejidatarios,
Hipólito
Ávila
González
y
su
hermano
Juan.
Comentó la señora Antonia Contreras, que su padre José Pilar
Contreras
está
cieguito
y
que
hasta
el
año
pasado
le
dieron
cheque
del
Procampo, este año no. “Desde hace cuatro años yo he acompañado
a
mi
padre,
porque
está
cieguito
a
cobrar
su
cheque,
pero
este
año
no
le
dieron,
no
sabemos
por
qué”.
Por su parte el señor Andrés Silva de 78 años de edad, en forma
lúcida
y
con
gran
energía
indicó,
a
la
pregunta
expresa
de
que
si
los
campesinos
pierden
sus
derechos
al
rentar
o
vender
sus
parcelas
o
terrenos
laborables:
“El
artículo
156
de
la
Nueva
Ley
de
la
Reforma
Agraria,
ampliada
y
modificada
explica
que
el
ejidatario
es
hasta
que
pierde
completamente
sus
derechos
tanto
de
agua
como
de
tierras
de
uso
común
(sus
parcelas)”.
“Los 157 ejidatarios
de
esta
comunidad
rural
ya
somos
personas
de
la
tercera
edad,
que
no
tenemos
con
qué
hacerla
para
comer,
por
eso
consideramos
que
es
injusto
que
ni
siquiera
nos
den
lo
del
Procampo,
además
de
que
los
que
rentaron
o
vendieron
sus
tierras,
acordaron
con
quienes
se
las
compraron,
que
los
cheques
del
Procampo
que
se
expiden
desde
hace
como
seis
años
íban
a
ser
para
ellos”.
Denunciaron la actitud despótica y prepotente del encargado
del
Cader
en
Torreón,
de
nombre
Socorro
(no
recordaron
sus
apellidos),
para
con
ellos
y
con
los
primordiales
del
36;
pero
eso
sí,
si
llega
a
la
oficina
una
persona
bien
vestida
o
con
traje
y
corbata,
deja
de
hacer
lo
que
está
haciendo
para
atenderla.
El día de mañana (martes) van a tener una reunión con el titular
del
Cader
en
esta
ciudad
y
un
representante
del
gobierno
municipal
para
atender
caso
por
caso
con
respecto
a
la
entrega
de
los
cheques
del
Procampo.
Dijeron
estar
bajo
la
incertidumbre,
sobre
todo
los
que
no
rentaron
ni
vendieron
sus
tierras
y
que
en
este
año
ya
no
les
llegó
dicho
apoyo,
porque
en
el
próximo
ejercicio
del
2006
ya
van
a
cobrar
a
través
de
tarjeta
de
débito,
para
lo
cual,
recientemente
se
levantó
un
censo
o
registro.
ESTADO DE MÉXICO
Crece conflicto por Espíritu Santo. (El Universal, Rebeca Jiménez, p. web).
Atizapán , Méx.
El
alcalde
de
Jilotzingo,
César
Eleuterio
Solís,
ordenó
la
construcción
de
una
caseta
de
vigilancia
en
la
entrada
del
ejido
de
Espíritu
Santo,
junto
a
Zona
Esmeralda,
obra
que
fue
clausurada
por
autoridades
atizapenses
en
un
ambiente
de
confrontación.
Los hechos se registraron durante
el
fin
de
semana,
justo
frente
a
la
agencia
de
autos
Alfa
Romeo
y
a
la
casa
del
presidente
del
comisariado
ejidal
de
Espíritu
Santo,
Isabel
Mayén
Sánchez,
actualmente
preso
en
el
penal
por
daños
al
ambiente.
Ahí un grupo de albañiles mandados
por
el
alcalde
de
Jilotzingo,
empezó
a
construir
una
caseta
de
vigilancia,
obra
que
fue
clausurada
por
personal
de
Desarrollo
Urbano
de
Atizapán,
lo
que
provocó
un
enfrentamiento
con
pobladores
de
Espíritu
Santo,
quienes
retiraron
los
sellos
de
suspensión
de
obra
porque
quieren
pertenecer
a
Jilotzingo.
Al lugar llegaron cerca de 100
policías
de
Atizapán,
mientras
que
por
Jilotzingo se hicieron presentes los 15 policías con que cuenta
ese
municipio,
afirmó
Job
Solano
Severo,
jefe
turno
de
dicha
corporación.
El alcalde atizapense,
Salvador
Vázquez
Herrera,
señaló
en
entrevista
previa,
que
de
las
mil
270
hectáreas
del
ejido
de
Espíritu
Santo,
en
su
mayoría
de
bosque
y
reserva
ecológica,
mil
180
pertenecen
a
Atizapán
de
Zaragoza
y
sólo
90
hectáreas
son
del
municipio
de
Jilotzingo.
Pese a esto "el alcalde de
Jilotzingo realiza cobros de agua, lleva a cabo clausuras
y
una
patrulla
vigila
la
zona,
al
mismo
tiempo
que
ha
colocado
letreros
para
prohibir
la
entrada
de
vehículos
de
carga
al
ejido,
además
de
que
ha
alentado
junto
con
el
presidente
del
comisariado
ejidal
el
rumor
de
que
si
pertenecemos
a
Atizapán
nos
van
a
quitar
las
tierras
para
venderlas",
afirmaron
ejidatarios
de
Espíritu
Santo.
Acuerdan 3 ayuntamientos respetar límites territoriales. (El Universal, Ma. de los Ángeles
Vealsco, p. web)
Chalco , Méx.
Autoridades
de
Tenango
del
Aire,
Tlalmanalco
y
de
este
municipio
firmaron
tres
convenios
que
delimitan
la
línea
territorial
de
cada
una
de
estas
localidades
a
efecto
de
evitar
invasiones
y
que
cada
cual
conozca
sus
linderos.
Rubén Mora Girón, coordinador general
de
la
Comisión
de
Límites
Territoriales
del
Gobierno
del
Estado
de
México,
fue
el
testigo
de
la
firma
del
convenio
donde
los
alcaldes
de
Tlalmanalco, Norma Patricia Díaz; Juan Domínguez Villa, de
Tenango del Aire y de Chalco, Jaime
Espejel
Lazcano
acordaron
respetar
sus
límites
territoriales.
Jaime Espejel
Lazcano
aseguró
que
con
la
firma
del
convenio
se
corrobora
que
existe
la
voluntad
y
el
diálogo
para
dirimir
diferencias.
Aseguró que de esta forma se da
certeza
jurídica
a
los
ayuntamientos
para
que
conozcan
hasta
dónde
llegan
sus
límites
territoriales
y
hasta
dónde
pueden
ejercer
su
autoridad.
Por su parte, Rubén Mora Girón,
coordinador
general
de
la
Comisión
de
Límites
Territoriales,
señaló
que
luego
de
seis
meses
de
mesas
de
diálogo
entre
autoridades
de
los
tres
municipios
se
llegó
a
la
conclusión
satisfactoria
de
firmar
los
acuerdos
con
los
que
se
delimita
de
manera
precisa
y
conforme
a
la
ley
cada
uno
de
los
linderos
que
los
separa
uno
del
otro,
con
el
fin
de
evitar
posibles
conflictos.
Suben ejidatarios renta por tiradero. (El Universal, Rebeca Jiménez, p. web).
Naucalpan paga
por
el
uso
de
Rincón
Verde.
El
comisariado
de
Nopala incrementó 5 por ciento el cobro por usar el basurero
Naucalpan, Méx.- Ejidatarios de
San
Mateo
Nopala
lograron
incrementar
a
227
mil
pesos
mensuales
el
cobro
que
realizan
al
ayuntamiento
local
por
la
renta
del
terreno
que
ocupa
el
tiradero
municipal
de
Rincón
Verde,
además
de
que
recibirán
40
mil
pesos
para
gastos
del
comisariado
ejidal
y
500
despensas
al
mes,
a
cambio
de
permitir
que
la
basura
del
municipio
sea
depositada
en
sus
tierras.
Así lo informó el secretario del
ayuntamiento,
Juan
Carlos
Hernández,
quien
indicó
que
la
renta
del
terreno
que
ocupa
el
tiradero
municipal
registró
un
incremento
de
5
por
ciento
retroactivo
a
agosto
pasado
en
beneficio
de
los
ejidatarios
de
San
Mateo
Nopala, encabezados por Anselmo Villafuerte.
El nuevo convenio que fue signado
hace
unos
días,
tendrá
vigencia
hasta
agosto
próximo,
tiempo
en
el
que
el
gobierno
local
deberá
pagar
267
mil
pesos
al
mes
a
los
ejidatarios,
toda
vez
que
a
la
renta
mensual
se
suman
40
mil
pesos
para
gastos
del
comisariado ejidal, indicó el secretario del ayuntamiento.
Cabe señalar que el tiradero municipal
de
Rincón
Verde
está
en
su
etapa
final
de
funcionamiento,
luego
de
que
la
Procuraduría
Federal
de
Protección
al
Ambiente
(Profepa)
ordenó
al
gobierno
local
emprender
trabajos
para
corregir
la
contaminación
al
medio
ambiente
que
provoca
este
basurero
que
ha
funcionado
por
espacio
de
tres
décadas
y
en
el
que
a
diario
se
depositan
más
de
mil
toneladas
de
desperdicios
provenientes
de
las
colonias
de
la
localidad.
El gobierno municipal ha postergado
por
dos
meses
el
resultado
de
la
licitación
pública
para
dar
a
conocer
el
nombre
de
la
empresa
ganadora
que
saneará
el
viejo
tiradero
de
Rincón
Verde
y
manejará
el
nuevo
relleno
sanitario,
en
donde
se
depositará
la
basura
que
genere
este
municipio
durante
los
próximos
20
años.
Demandan pago
a
Huixquilucan
El secretario del ayuntamiento,
Juan
Carlos
Hernández,
informó
que
la
semana
pasada
envió
un
oficio
dirigido
a
las
autoridades
municipales
de
Huixquilucan,
demandando
el
pago
de
cerca
de
3
millones
de
pesos
que
adeudan
a
Naucalpan
por
depositar
su
basura
en
el
tiradero
municipal
de
Rincón
Verde.
El funcionario estableció que en
2004
se
acordó
con
el
ayuntamiento
de
Huixquilucan
que
este
municipio
depositaría
su
basura
en
Rincón
Verde,
sin
embargo,
ha
pasado
más
de
medio
año
sin
que
se
cubra
el
pago
adecuado,
dinero
que
corresponde
en
80
por
ciento
a
los
ejidatarios
de
San
Mateo
Nopala,
apuntó
el
secretario
del
ayuntamiento.
GUERRERO
Acusan ejidatarios de San Agustín que la SCT lucra
con
tierras
que
no
les
ha
pagado. (El Sur,
p.
web).
La dependencia
federal
cobra
80
mil
pesos
por
permisos
para
desgajar
cerros
en
sus
predios,
se
quejan.
Entre los ejidatarios de San Agustín
existe
molestia
debido
a
que
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes
(SCT)
cobra
hasta
80
mil
pesos
por
permisos
para
desgajar
cerros
en
tierras
que
desde
1952
no
les
ha
indemnizado.
Situación por la que actualmente
tienen
una
demanda
con
esta
dependencia
en
el
Tribunal
Unitario
Agrario
pues
la
SCT
“se
niega”
a
pagarles
la
indemnización
con
el
número
de
expediente
211/2004.
El comisariado
ejidal
de
este
poblado,
Evodio
Olea
Saldaña,
precisó
que
de
acuerdo
con
el
peritaje
con
que
cuentan
la
SCT
les
debe
pagar
aproximadamente
más
de
12
millones
de
pesos
por
mil
800
metros
que
se
ocuparon
cuando
construyeron
la
carretera
nacional
México-Acapulco
y
que
abarca
desde
la
colonia
El
Porvenir
hasta
el
primer
puente
del
poblado
de
El
Quemado,
indemnización
que
dijo
están
peleando
91
ejidatarios.
Sin embargo, en la asamblea que
tuvieron
ayer
los
vecinos
de
este
poblado,
el
comisariado
ejidal
criticó
que
la
dependencia
federal
esté
cobrando
a
quienes
pretenden
construir
en
las
áreas
que
a
ellos
no
les
han
indemnizado.
“Cómo
es
posible
que
estén
cobrando
cuando
no
nos
han
pagado
la
indemnización”,
dijo.
Ejemplificó que a la empresa comercializadora
de
pollos
que
pretende
ubicarse
ahí
le
cobraban
80
mil
pesos
por
la
licencia
por
desgajar
un
cerro,
esto
más
el
14
por
ciento
“de
lo
que
el
empresario
gastará
en
construcción”.
La Parota, neoliberalismo y populismo. (El Sur, Renato Ravelo, p. web).
Al parecer el proyecto de La Parota
ya
ganó
el
consenso
de
los
políticos
del
estado.
Los
mil
20
millones
de
dólares
que
declaran
serán
invertidos
en
el
proyecto
le
hacen
agua
la
boca
a
la
clase
política
empresarial
que
nos
gobierna.
Aunque
algunas
pequeñas
sobras
del
banquete
llegarán
a
la
mesa
popular,
será
la
sociedad
quien
tendrá
que
pagar
todo,
como
deuda
pública,
pues
la
riqueza
no
sale
de
la
nada.
De los mil 20 millones de dolarotes, 730 se los embolsarán las empresas constructoras
y
fabricantes
de
la
maquinaria,
las
ganonas
de
siempre
con
20
millones
además
para
su
camino
carretero
y
170
para
indemnizaciones
y
“acciones
de
mitigación
del
impacto
social
y
ambiental”.
Pingües negocios podrán hacer todos y gritar: ¡viva el desarrollo
empresarial!
Los mitigados y los simplemente
desalojados,
se
dice
que
ya
están
firmando
su
conformidad,
¡sin
saber
aún
en
qué
acabarán!
Los
estudios
se
están
haciendo
apenas,
sólo
promesas
tienen
y
los
acarreos
con
asambleas
financiadas
se
gestan
ya,
y
en
el
caso
de
los
ejidatarios
de
Cacahuatepec,
según
informó
algún
medio,
les
dieron
8
millones
de
pesitos
para
realizar
una
asamblea
y
les
darán
más,
quizá
para
que
terminen
de
falsificar
las
firmas
de
los
más
de
3
mil
del
padrón,
según
denuncian
los
opositores
desde
meses
atrás.
La clase política empresarial que
nos
gobierna
no
tiene
otra
mentalidad
que
la
de
depositar
la
esperanza
de
empleos
y
desarrollo
en
las
inversiones
de
capital
y
por
eso
se
le
llama
neoliberal.
Para
esta
clase,
el
sujeto
de
desarrollo,
a
quien
sirven,
es
el
capital
y
su
Estado
empresarial.
Para un auténtico demócrata o partido
democrático,
el
sujeto
del
desarrollo,
quien
debe
ser
potenciado
para
generar
su
propia
riqueza
a
partir
de
sus
recursos
y
conocimientos,
son
los
hombres,
los
mismos
productores,
el
pueblo,
la
sociedad.
Lo
que
los
demócratas
tienen
que
considerar
es
que
el
pueblo
tiene
grandes
capacidades,
recursos
y
conocimientos
para
proveer
su
propio
desarrollo,
y
que
su
obligación
política,
si
son
demócratas,
es
potenciar
esa
gran
capacidad.
No
hay
país
rico
con
productores
pobres.
El
desarrollo
de
las
naciones
del
primer
mundo
descansa
en
que
sus
pueblos
son
ricos
productores,
son
naciones
que
ya
no
se
endeudan
con
los
préstamos
leoninos
de
la
banca
mundial,
sino
que
ahora
son
los
prestamistas
de
los
países
pobres,
no
por
lástima
ni
solidaridad,
sino
por
negocio.
A la capacidad para saber oler
dónde
está
el
dinero
y
la
ganancia
fácil
a
costa
de
la
deuda
pública,
se
le
llama
“habilidad”,
pero
no
es
la
lucidez
para
saber
cómo
detonar
esa
gran
fuente
de
riqueza
que
existe
en
el
pueblo
trabajador.
La
norma
clásica
aplicada
en
las
economías
emergentes
del
siglo
XX
fue
“no
dar
peces
al
pueblo
sino
enseñarlo
a
pescar”.
El
populismo
reparte
peces
a
cambio
de
votos,
y
las
modernas
economías
potencian
la
capacidad
de
producir
los
peces
a
sus
propios
pueblos,
que
no
es
el
caso
de
La
Parota
cuyos
datos
del
desalojo
y
lanzamiento
no
están
nada
claros,
y
desde
luego
que
en
lugar
de
productores
ricos
más
produciremos
parias
para
las
ciudades.
La situación que vive México es
la
de
un
gobierno
neoliberal
que
apuesta
sólo
a
las
inversiones
externas
de
capital,
en
el
caso
de
La
Parota
como
deuda
pública
que
tenemos
que
pagar,
orientación
que
se
combina
en
una
relación
perversa
con
las
políticas
populistas
con
las
que
entregan
dinero
en
efectivo
y
servicios
bajo
diversos
programas
federales,
francamente
limosneros,
política
implementada
para
evitar
que
la
pobreza
general
detone
en
brotes
de
descontento.
Esta
política
perversa
es
la
heredada
del
príismo
quien
la
supo
aprovechar
durante
largas
décadas
para
controlar
a
las
masas
populares
ligadas
corporativamente
a
los
programas
públicos,
que
no
trajo
ningún
buen
resultado
global.
Pese
a
que
lo
dictadores
de
las
políticas
públicas
radicados
sobre
todo
en
agencias
como
el
Banco
Mundial,
le
digan
al
gobierno
mexicano
que
no
haga
eso,
no
puede
dejar
de
hacerlo
sin
que
el
país
se
les
salga
de
control.
La
delincuencia
generalizada
que
padecemos
es
una
expresión
y
consecuencia
directa
de esa pobreza
y
está
ya
fuera
de
control
del
gobierno,
lo
rebasa
y
evidencia
su
incapacidad
de
evitarla,
menos
en
su
derivación
masiva
hacia
el
narcotráfico.
Las
cotidianas
declaraciones
contra
el
populismo
de
Fox
quieren
ocultar
el
anuncio
también
cotidiano
de
sus
programas
populistas.
La clase empresarial que nos gobierna
no
tiene
otra
visión
que
la
neoliberal.
El
Congreso
local
está
a
punto
de
aprobar
el
proyecto
de
La
Parota
y
hasta
la
misma
UAG
está
maquilando
como
empleadilla
de
los
acuerdos
tomados
ya
en
las
altas
cúpulas
del
capital.
Se
desprende
que
el
préstamo
ya
está
concedido
o
adquirida
la
deuda
pública,
que
se
tiene
un
plazo
perentorio
para
licitar
las
obras,
¡sin
que
los
afectados
hayan
siquiera
conocido
el
proyecto,
cuando
se
hacen
apenas
estudios
de
impacto
ambiental,
los
proyectos
de
mitigación,
todo
bajo
la
manipulación
de
la
información
tradicional
del
gobierno.
Puesto que estos estudios corren
ya
a
cuenta
de
fondos
públicos,
lo
menos,
lo
menos
que
se
puede
pedir
a
un
gobierno
que
quiera
ser
democrático,
a
nombre
de
sus
gobernados,
es
que
se
invierta
la
misma
cantidad
de
fondos
públicos
para
el
estudio
de
las
alternativas
de
desarrollo
autogestivo,
realizados
por
los
mismos
productores
de
la
región
y
para
los
proyectos
de
generación
de
energía
alternativa
que
ya
se
han
divulgado.
El
desarrollo
democrático
es
el
de
los
humanos,
no
el
de
los
sistemas
tributarios
del
capital.
El
desarrollo
de
los
productores
potencialmente
ricos
no
se
ve
porque
no
es
del
interés
del
gran
capital,
ni
de
sus
promotores
en
los
aparatos
del
Estado.
Si
la
CFE
y
el
gobierno
mexicano
resuelven
cancelar
el
proyecto,
es
porque
el
movimiento
social
lo
enfrentó
a
sus
propias
contradicciones,
sus
mentiras,
a
sus
acuerdos
de
cúpula
que
esconden
manipulando
la
información.
Será
un
éxito
del
movimiento
social,
y
un
lamento
para
los
neoliberales.
La venta de predios de Plan de los Amates a Tres
Vidas,
cosa
juzgada,
dice
Torreblanca. (El Sur,
Magdalena
Cisneros,
p.
web).
No tiene caso
que
se
discuta
más
pues
el
TUA
determinó
que
los
terrenos
son
de
la
empresa,
aunque
se
respetará
el
amparo
que
tienen
los
ejidatarios
hasta
que
se
decida
otra
cosa,
asegura
el
gobernador
durante
una
reunión
con
los
inconformes.
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se reunió en privado con los
ejidatarios
de
Plan
de
los
Amates
inconformes
con
la
venta
de
sus
predios
a
la
empresa
Tres
Vidas.
Al terminar la reunión, dijo que
ya
hay
una
resolución
de
“cosa
juzgada
por
la
autoridad
y
el
Tribunal,
por
lo
que
no
tiene
que
discutirse
más”,
en
referencia
a
que
el
Tribunal
de
Unitario
Agrario
(TUA)
determinó
que
la
propietaria
legal
del
predio
de
49
hectáreas
es
la
empresa
Tres
Vidas.
Pero el ejidatario Dagoberto Delgado
Campos
afirmó
que
el
gobernador
“nos
dio
su
palabra
de
que
nos
respetará
como
ciudadanos
y
como
ejidatarios
y
si
tenemos
un
amparo
lo
van
a
respetar
hasta
que
sigan
las
vías
legales
para
que
ahí
se
desenvuelvan
todos
los
problemas
y
los
conflictos”.
En febrero, durante una asamblea
en
Plan
de
los
Amates
de
los
113
ejidatarios,
35
de
ellos
votaron
en
contra
de
vender,
pero
por
ser
minoría
se
determinó
que
se
hiciera
la
transacción.
El 11 de abril, el magistrado Juan
Rodolfo
Lara
Orozco
determinó
que
elevaría
a
“sentencia
ejecutoria”
la
resolución
del
conflicto,
y
que
el
predio
se
vendería
en
80
millones
de
pesos.
Ayer por la mañana, durante poco
más
de
una
hora
en
las
instalaciones
de
la
Promotora
Turística,
Torreblanca
Galindo,
acompañado
por
el
secretario
general
de
Gobierno,
Armando
Chavarría Barrera, se reunió con unos 30 ejidatarios que no
aceptan
la
resolución
del
Tribunal.
Torreblanca dijo a reporteros –al
final–
que
respetará
lo
que
establezcan
las
instancias
legales,
además
de
que
se
buscará
“hasta
el
límite
de
lo
posible
el
diálogo
y
que
se
permita
construir
y
resolver
asuntos
por
la
vía
pacífica”.
–¿Qué implica
que
se
respeten
las
instancias
legales?
Porque
ellos
no
están
de
acuerdo
en
vender
las
tierras–
se
le
preguntó.
–Hay una explicación jurídica.
Una
cosa
decía
yo
que
es
la
razón
jurídica
y
otra
cosa
la
razón
moral,
cuando
usted
tiene
una
sociedad
y
se
va
a
tomar
una
decisión
eso
lo
hace
la
mayoría
de
los
asociados,
no
es
divisible
el
terreno.
“No hay más que una resolución
de
cosa
juzgada
por
la
autoridad
y
el
Tribunal,
por
lo
que
no
tiene
que
discutirse
más.
Ellos
dicen
que
van
a
recurrir
al
amparo
y
protección
de
la
justicia
y
obviamente
yo
seré
respetuoso”,
agregó.
Mencionó que hay una parte jurídica
que
ya
se
agotó
y
que
espera
que
se
convenzan,
mientras
que
otros
ejidatarios
desean
una
retribución
mayor
a
500
mil
pesos,
“lo
que
no
es
posible
porque
el
gobierno
no
podía
tener
un
trato
preferencial”.
Torreblanca Galindo dijo que ofreció
que
de
ahora
en
adelante
avanzará
en
otras
soluciones,
además
pidió
que
a
él
no
lo
metan
para
“contaminar
un
asunto
que
viene
desde
el
pasado”.
El gobernador aseguró que “se tiene
toda
la
disposición
de
avanzar
en
temas,
por
ejemplo
hoy
plantearon
que
hay
dentro
del
núcleo
agrario
una
parcela
escolar
y
que
si
no
se
ha
dado
respuesta
positiva
yo
estoy
dispuesto
a
asumirlo,
porque
lo
que
haríamos
sería
pagarle
a
los
padres
de
familia
con
mejorar
las
escuelas
que
ya
existen
en
Plan
de
los
Amates”.
Indicó que no se puede postergar
más
tiempo
este
asunto
porque
“mal
o
bien
estamos
deteniendo
la
inversión,
que
la
inversión
ha
llegado
mal
o
bien
y
que
no
me
corresponde
a
mí,
ahí
está
la
inversión
y
no
pueden
pasar
otros
seis
años
con
este
asunto”.
Consideró que los ejidatarios,
“que
son
gente
razonable,
van
a
entenderlo
y
vamos
a
seguir
avanzando
en
otros
asuntos
que
a
ellos
les
preocupan”.
En tanto, el ejidatario Delgado
Campos
mencionó
que
el
gobernador
“desconocía
muchas
cosas,
por
ejemplo
cómo
se
llevaron
a
cabo
estos
asuntos
relacionados
con
esa
parte
del
terreno
que
tenemos
los
ejidatarios
de
Plan,
desconocía
que
teníamos
un
amparo
definitivo
también
referente
a
esas
tierras”.
El compromiso de Zeferino –agregó– fue esperarse, que sigan su curso legal
y
apegado
a
derecho
y
que
él
lo
va
a
respetar.
“Nosotros
estamos
conscientes
de
que
le
dejaron
una
papa
caliente
los
anteriores
gobernadores,
estamos
conscientes
de
ello
pero
ahorita
desgraciadamente
él
es
la
cabeza
del
estado
y
no
va
a
recurrir
al
pasado
para
resolverla,
sino
que
debe
resolverlo
él”.
Dijo que el gobernador respetará
su
decisión
de
no
vender
el
predio
hasta
que
se
resuelva
el
amparo
y
que
desean
tener
confianza
en
el
gobierno,
que
sea
“apegado
a
la
sensibilidad
política
no
apegado
a
sensibilidad
económica”.
Aseguró que no se retirarán de
los
predios
porque
“son
nuestros
y
todo
mundo
lo
sabe,
desgraciadamente
hubo
malos
manejos
en
gobiernos
anteriores
que
han
entorpecido,
que
han
enredado
todo
el
asunto”.
Delgado Campos mencionó que desean
“ser
consocios
de
los
inversionistas
y
si
construyen
un
hotel
que
nuestros
hijos,
hermanos,
o
nosotros
mismos
podamos
trabajar
allí;
ponemos
el
terreno,
ellos
el
dinero”.
Primero dijo que no desean vender,
aunque
después
precisó
que
“si
llegamos
a
un
acuerdo
donde
el
inversionista
dialoga
con
el
ejidatario
y
llega
a
un
buen
arreglo
adelante,
pero
ir
de
la
mano
los
dos”.
OAXACA
Santiago Zacatepec no
cree
en
los
rumores,
“pero
estarán
preparados”. (Noticias,
Voz
e
Imagen
de
Oaxaca,
Gabino
Sánchez,
p.
web).
Ante un supuesto
cambio
de
distrito
SANTIAGO ZACATEPEC, MIXE.-
En relación a los rumores
de
que
el
distrito
judicial
de
Santiago
Zacatepec,
Mixe,
podría
ser
cambiado
a
otra
comunidad,
presuntamente
por
sus
diferencias
políticas,
las
autoridades
municipales
y
agrarias
fueron
claras.
"No creemos en los
rumores,
pero
en
caso
que
así
fuera,
no
lo
vamos
a
permitir,
porque
es
una
herencia
de
los
antepasados",
coincidieron.
Efraín Sánchez López y
Eloy
Nicolás
Laureano,
presidente
municipal
y
presidente
de
bienes
comunales,
respectivamente,
expresaron
en
entrevista
con
NOTICIAS
que
"estamos
concientes
que
ni
el
gobierno
estatal
ni
federal
crearán
conflictos
entre
comunidades
indígenas.
El
llamado
ha
sido
a
la
unidad
y
a
la
paz
de
todos,
así
como
para
resolver
problemas
sociales
y
opinamos
que
eso
no
es
cierto".
Entrevistados por separado,
el
munícipe,
señaló:
"Me
consta
cómo
se
inició
en
Zacatepec el Distrito Judicial; fue algo complicado y no creo
que
alguien
se
quiera
aventar
una
bronca
así".
Es más los tatarabuelos
nos
dijeron
que
no
es
fácil
que
nos
quiten
el
distrito
-dijo--, pero si lo intentan lo defendemos.
Agregó que este distrito,
según
el
Periódico
Oficial
de
la
Federación
fue
autorizado
y
publicado
el
14
de
junio
del
año
1938,
hace
67
años.
"Estoy seguro que
el
gobierno
de
Oaxaca
y
el
de
la
República
saben
que
fue
difícil
establecer
la
cabecera
hace
67
años,
y
es
por
eso
que
deben
respetar
este
decreto",
respondió
ante
los
comentarios
el
máximo
líder
de
Zacatepec,
localizado
en
la
Sierra
Norte
del
Estado
y
a
184
kilómetros
de
la
ciudad
capital.
El presidente de Zacatepec, cuyos habitantes se mantuvieron por varios años
al
margen
de
actividades
políticas
del
partido
tricolor
por
los
problemas
internos
que
se
suscitaron,
recordó
que
fueron
visitados
el
21
de
septiembre
del
año
2002,
por
varios
funcionarios,
entre
ellos
el
ahora
ex
diputado
Juan
Díaz
Pimentel.
Plantearon
lo
del
presunto
cambio,
a
lo
que
él
respondió
que
eso
jamás
podría
suceder,
aseguró
a
NOTICIAS
Sánchez
López.
Agregó que ciertamente
no
han
hecho
presencia
ante
el
gobierno
del
estado
que
encabeza
Ulises
Ruiz,
sobre
el
tema,
pero
lo
harán
en
fechas
próximas,
para
pedir
y
agradecerle,
como
lo
han
hecho
en
sexenios
pasados,
apoyo
en
la
unidad,
paz,
progreso
y
tranquilidad
de
Zacatepec
y
no
divisionismo
ni violencia, reconoció Sánchez López.
Por su parte el líder comunal,
Eloy
Nicolás
Laureano,
quien
recientemente
tomó
posesión
en
su
cargo,
opinó
que
el
actual
gobierno
tiene
buen
proyecto
a
nivel
estatal
y
que
busca
la
unidad
y
la
tranquilidad
y
no
está
para
crear
problemas.
Señaló que cuando hay divisionismo
sobre
viene
la
violencia
"como
en
un
tiempo
lo
vivimos.
Hoy
estamos
sin
problemas
y
unidos,
pero
en
otros
pueblos
existen
problemas
y
eso
es
muy
triste,
como
Quetzaltepec,
y
eso
significa
retrazo
al
progreso
y
a
la
cultura.
"El gobierno debe
resolver
problemas
y
no
crearlo,
y
así
será,
porque tenemos plena confianza con él", afirmó.
Referente a los problemas
políticos
que
sufrió
Zacatepec,
el
líder
comunal
precisó
que
ya
hay
tranquilidad,
porque
las
personas
que
no
tenían
la
razón,
comprendieron
que
estaban
mal
encaminados;
también
el
gobierno
se
dio
cuenta
de
la
realidad.
"El pueblo y la autoridad,
aunque
eran
poquitos,
tuvieron
la
razón
y
la
justicia
de
su
lado",
indicó.
HARÁN TEQUIO
"Como muestra de que
prevalece
la
unidad
entre
los
habitantes
de
este
distrito
judicial
estamos
programando
la
limpia
y
mantenimiento
de
las
colindancias
con
San
Juan
Metaltepec, los días 28 y 29 de mayo con San Pedrito y San
Juan
Cotzocón,
con
ellos
ya
tenemos
bien
dividido
nuestro
territorio,
únicamente
entre
San
Pedrito
y
Zacatepec faltan 14 mojoneras, pero ya fueron construidos
la
mitad
por
parte
de
San
Pedrito y ahora nos toca poner los otros siete, y a este tequio todos los hombres deben asistir",
subrayó
la
autoridad
agraria.
El presidente de Bienes
Comunales
solicitó
de
manera
general
al
gobierno
estatal
y
federal
que
apoyen
a
los
pueblos
de
la
Región
Mixe,
"porque
no
por
estar
tan
lejos
de
la
ciudad,
nos
tengan
olvidados
y
sigamos
marginados.
Los
pueblos
indígenas
mixes
deben
ser
atendidos
en
la
educación,
salud,
caminos
y
otras
necesidades
urgentes
para
que
no
sigamos
estando
en
la
en
la
extrema
pobreza",
concluyó
el
profesor
Eloy
Nicolás
Laureano.
PUEBLA
Solución a los conflictos agrarios, reclama Avilés. (Diario Cambio, Hipólito
Contreras,
p.
web).
La diputada federal del PRD, Rosa
María
Avilés
Nájera,
ha
planteado
al
gobierno
del
estado
la
solución
de
una
serie
de
problemas
agrarios,
los
que
hasta
la
fecha
no
tienen
respuesta,
los
asuntos
se
refieren
a
la
afectación
y
despojo
de
tierras,
indemnizaciones
por
afectaciones
o
expropiaciones,
así
como
demandas
para
dar
cumplimiento
a
los
programas
sociales
del
gobierno.
Jorge Méndez Spínola,
coordinador
general
de
centros
de
atención
ciudadana,
informó
que
en
total
suman
once
los
conflictos
en
los
que
se
solicita
solución:
ejido
de
san
Bernabé
Temoxtitla, municipio de Santa Clara Ocoyucan,
ejido
San
Lorenzo
Almecatla,
municipio
de
Cuautlancingo, ejido de Santa María Moyotzingo,
municipio
de
San
Martín
Texmelucan,
ejido
de
Santa
Ana
Xalmimilulco,
municipio
de
Huejotzingo,
ejido
de
Ocotepec,
municipio
de
Ocotepec.
Ejido de San José Chiapa, mismo
municipio,
ejido
Santa
María
Coatepec,
municipio
de
El
Seco,
bienes
comunales
de
la
comunidad
de
Calmeca,
municipio
de
Tepexco,
bienes
comunales
de
Zapotitlán Salinas, mismo municipio.
Problema de la introducción de
una
línea
de
gaseoducto
de
la
empresa
Transportadora
de
Gas
Zapata,
filial
de
la
compañía
transnacional
Oiltanking,
cuyo
trazo
se
conoce
va
de
San
Miguel
Xoxtla
hasta
la
colonia
Huertas
del
Mirador
en
Yautepec
Morelos,
la
línea
va
por
las
faldas
del
Popocatépetl
afectando
a
las
comunidades
de
San
Francisco
Huilango,
San
Juan
Tejupa, San Jerónimo Coyula, Apocopan,
San
Lucas
Tulcingo,
los
pueblos
han
integrado
el
Frente
Regional
de
Pueblos
Unidos
en
Defensa
de
la
Tierra
y
en
contra
del
gaseoducto
de
la
TGZ.
Indicó que en el ejido de san Lorenzo
Almecatla
el
problema
es
por
el
cierre
de
un
derecho
de
paso
por
la
CFE,
y
cierre
del
camino
del
ejido
por
la
empresa
FINSA,
anulación
del
convenio
ilegal
de
permita
de
terrenos
ejidales
firmado
entre
el
comisariado y la empresa, el pago de indemnizaciones por afectaciones
realizadas
por
Pemex
para
la
introducción
de
ductos
de
gas.
En Santa Ana Xalmimilulco
la
demanda
es
el
pago
actualizado
de
indemnizaciones
por
afectaciones
de
tierras
de
uso
común,
parcelas
de
ejidatarios
y
del
área
no
comprendida
por
el
derecho
de
paso
de
la
CFE,
respeto
al
derechod
e
vía
de
la
carretera
del
aeropuerto
de
Hujotzingo
a
la
autopista
y
el
pago
por
las
afectaciones
no
cubiertas
por
el
Organismo
Carreteras
de
Cuota
Puebla.
En Moyotzingo
los
ejidatarios
piden
el
pago
de
indemnizaciones
de
afectaciones
por
el
derecho
de
pasos
de
las
líneas
de
la
CFE
y
del
gaseoducto
de
Pemex,
apropiación
y
explotación
ilegal
de
tierras
de
uso
común
para
la
autopista.
Los ejidatarios de San Bernabé
Temoxtitla piden la regularización e incorporación conforme
al
derecho
agrario
a
favor
del
ejido
de
las
tierras
de
uso
común
apropiada
y
ocupada
ilegalmente
por
ejidatarios
y
posesionarios.
Los ejidatarios de Ocotepec piden la revisión de los pagos realizados por por Maragarita Hernández Cruz, asesora
de
derecho
de
vía,
de
la
SCT,
por
concepto
de
indemnizaciones
de
la
afectación
de
tierras
del
tramo
Libres-tenextatiloyan
de
la
carretera
de
cuota
Puebla-Texziutlán.
Los ejidatarios de San José Chiapa
piden
apoyo
y
asesoramiento
para
la
solución
del
problema
del
desasolve de la barranca de Xenocuila,
ya
que
en
temporada
de
lluvias
se
desborda
e
inunda
las
tierras,
ocasionando
enormes
pérdidas
de
cosechas
y
el
empobrecimiento
de
los
suelos.
Los comuneros de San Juan Calmeca piden solución al problema de tierras con campesinos
de
los
municipios
de
Izúcar
de
Matamoros
y
Tilapa.
Los comuneros de san Francisco
Huilango piden solución al conflicto relacionado con límites
de
tierras
con
campesinos
de
la
comunidad
de
Tochimizolco.
Méndez Spínola
afirmó
que
después
de
más
de
cien
días
de
gobierno
siguen
sin
respuesta
estos
problemas
que
afectan
a
miles
de
ejidatarios,
por
el
contrario,
señaló,
se
observan
amenazas
e
intimidaciones
a
campesinos,
como
es
el
caso
del
proyecto
de
introducción
del
gaseoducto
como
es
el
caso
de
la
empresa
Gas
Zapata.
Por su parte la diputada federal
Rosa
María
Avilés,
destacó
que
por
el
fallo
de
la
Suprema
Corte
de
Justicia
a
favor
del
presidente
Fox,
a
quien
reconoce
facultades
para
vetar
el
presupuesto
federal,
muchos
estados
se
verán
afectados
entre
ellos
Puebla,
ya
que
no
habrá
recursos
para
proyectos
carreteros,
obras
de
infraestructura
agrohidráulica.
El gobierno de Puebla, afirmó,
en
su
Plan
Estatal
de
Desarrollo
no
existe
claridad
sobre
los
proyectos,
el
gobierno
federal,
tiene
de
plazo
por
ley
para
presentar
su
proyecto
de
presupuesto
para
el
2006,
por
lo
que
el
gobierno
de
Puebla
debe
convocar
a
todos
los
sectores
con
el
de
presentar
los
proyectos
que
se
necesitan
desarrollar.
No rechaza la CNC formar parte del Consejo Agrario:
Cecilia. (Diario Cambio, Hipólito
Contreras,
p.
web).
La Liga de Comunidades Agrarias,
órgano
de
la
Confederación
Nacional
Campesina,
no
rechaza
formar
parte
del
Consejo
Agropecuario
Estatal
que
proponen
otras
organizaciones,
sin
embargo,
es
preciso
el
diálogo,
los
consensos
para
llegar
a
acuerdos,
la
CNC
quiere
trabajar
con
organizaciones
representativas
que
tengan
propuestas,
proyectos
de
apoyo
al
campo,
afirmó
Cecilia
Hernández
Ríos,
presidenta
estatal
de
la
Liga.
Precisó que la CNC en Puebla con
cerca
de
sesenta
mil
afiliados
y
con
estructura
en
los
217
municipios,
con
comités
regionales
y
más
de
mil
trescientos
comités
de
base,
está
dispuestas
trabajar
con
otras
organizaciones
que
tengan
trabajo
en
el
campo,
queremos
trabajar
con
organizaciones,
precisó,
con
organizaciones
que
tengan
representación,
queremos
ir
a
la
mesa
de
diálogo
con
verdaderas
organizaciones,
no
con
grupos
que
representen
sus
familias.
Comentó que la CNC es una organización
de
puertas
abiertas,
con
organización
y
estructura,
nos
interesa,
dijo,
proyectos
regionales,
proyectos
de
apoyos
al
campo,
por
eso
antes
de
formar
parte
del
Consejo
le
interesa
dialogar
con
organizaciones
que
tienen
propuestas
para
el
campo.
Por otra parte informó que fue
instalada
la
Comisión
Electoral
Campesina,
órgano
encargado
de
organizar,
conducir
y
validar
el
proceso
de
renovación
de
los
comités
de
base
campesina
de
la
Liga
de
Comunidades
Agrarias
para
el
periodo
2005-
2008,
la
meta
es
hacer
la
elección
en
mil
500
comunidades
del
estado,
informó
Cecilia
Hernández
Ríos,
presidenta
estatal
de
la
CNC.
Explicó que cada comité de base,
de
acuerdo
a
la
convocatoria
publicada
el
pasados
jueves
12,
estará
integrado
por
un
presidente,
un
secretario,
un
tesorero,
un
coordinador
de
jóvenes,
una
coordinadora
de
mujeres,
en
las
comunidades
que
tengan
representación
indígena,
un
coordinador
de
asuntos
indígenas.
Habrá dos métodos de elección,
el
de
asamblea
comunitaria
a
través
de
sus
voto
directo,
el
otro
es
de
usos
y
costumbres,
nosotros,
dijo,
nos
adaptamos
a
las
costumbres
para
elegir
sus
autoridades,
en
este
caso
a
los
representantes
de
la
CNC.
Este proceso se inició ayer y habrá
de
terminar
a
mediados
de
agosto,
los
comités
de
base
campesina,
dijo,
son
la
base
de
la
organización,
se
encargan
de
aterrizar
el
programa
de
trabajo
que
el
comité
central
ejecutivo
ha
elaborado
para
poder
combatir
los
grandes
problemas
que
tienen
que
ver
con
la
cuestión
agropecuaria
en
las
comunidades,
en
el
área
agraria,
en
el
aspecto
económico,
social
y
político.
Explicó que la Liga de Comunidades
Agrarias
su
órgano
de
representación,
organización,
estructura
directiva
por
los
comités
de
base
campesina,
comité
municipales
y
regionales
campesinos
y
el
Comité
Central
Ejecutivo,
éstos
son
los
órganos
de
dirección.
Destacó que en el estado existen
cinco
mil
comunidades,
nosotros,
agregó,
nos
proponemos
elegir
comités
de
base
en
mil
500,
nosotros
para
irnos
despacio
y
que
de
verdad
que
esta
estructura
de
representación
permee
en
las
comunidades
establecimos
esa
meta,
esto
no
quiere
decir
que
habrá
de
terminarse,
iremos
avanzando
en
las
demás
comunidades
y
lograr
que
esté
la
célula
básica
de
las
comunidades
y
de
esta
forma
se
vayan
generando
los
programas
de
trabajo
como
organización,
llevando
la
información
sobre
los
recursos
que
hay
para
el
desarrollo
del
campo.
Hernández Ríos afirmó que cada
uno
de
los
comités
regionales
campesinos
tienen
sus
oficinas,
los
municipales
los
tienen
en
las
cabeceras.
Expuso que desde que tomó posesión
como
presidenta
de
la
Liga
se
dio
a
la
tarea
de
reorganizar
a
la
organización
de
acuerdo
a
los
estatutos.
Informó que están afiliados a la
organización
cincuenta
mil
cenecistas,
todos
con
credencial,
de
igual
forma,
dijo,
vamos
a
entrar
al
procesos
de
credencialización, porque queremos que en la elección de los
órganos
de
representación
los
que
verdaderamente
estén
comprometidos
con
la
organización,
porque
sucede
que
luego
se
afilia
con
mero
oportunismo
y
luego
se
van,
una
vez
que
cubren
sus
expectativas
personales,
lo
que
quereos
este
gran
movimiento
campesino
es
que
participen
los
campesinos
comprometidos
con
la
organización.
QUINTANA ROO
Exigen revocar acuerdos. (Por Esto!, Salvador Canto, p. web).
* Ejidatarios
de
IM
reiteran
su
rechazo
al
relleno
sanitario
*
Califican
de
estúpida
la
negociación
que
realizó
la
autoridad
ejidal
con
los
gobiernos
estatal
y
municipal
*
Nueva
condición:
pavimentación
y
alumbrado
público
en
camino
a
Rancho
Viejo
Un nuevo rechazo a la ampliación
del
actual
relleno
sanitario
tuvieron
una
gran
parte
de
los
ejidatarios
de
Isla
Mujeres
durante
la
asamblea
de
este
domingo,
al
asegurar
que
la
negociación
que
hizo
el
presidente
del
comisariado
ejidal
con
los
gobiernos
municipales
y
el
estatal,
fue
a
título
personal
porque
no
se
les
tomó
en
cuenta.
Insistieron que esta "negociación"
fue
para
que
el
Gobierno
del
Estado
les
diera
una
concesión
de
transporte,
pero
a
cambio
de
seguir
teniendo
el
relleno
sanitario,
lo
cual
es
una
negociación
"estúpida",
según
acordaron,
en
declaración
a
POR
ESTO!
de
Quintana
Roo.
Uno de los ejidatarios que se mostró
molesto
con
esta
determinación
de
seguir
teniendo
el
relleno
sanitario
en
la
zona
ejidal,
fue
el
ex
alcalde
y
cronista
de
Isla
Mujeres,
Fidel
Villanueva
Madrid,
quien
dijo
que
con
10
placas
para
combis
y
cinco
para
taxis
que
"regaló"
el
Gobierno
del
Estado,
no
se
repara
el
daño
ambiental
ya
sufrido
en
el
área.
Incluso, dentro de la asamblea
entre
los
asuntos
generales
que
se
tocaron
por
parte
de
los
mismos
ejidatarios,
fue
que
se
revocara
la
negociación
para
seguir
teniendo
el
relleno
sanitario
en
la
zona
ejidal,
porque
es
demasiado
el
daño
que
se
ha
sufrido.
Ante esto el presidente del comisariado ejidal, Ermilo Pacheco
García,
les
respondió
aclarando
que
ésta
no
fue
ninguna
negociación
a
título
personal,
porque
fue
un
acuerdo
para
beneficio
del
ejido
debido
a
que
el
gobierno
de
Benito
Juárez
ya
había
decidido
construir
el
relleno
sanitario
en
la
Parcela
215,
cuya
propiedad
es
del
ayuntamiento
de
Cancún,
según
documentos
que
ellos
poseen.
Ante esto, les dijo que el gobierno
les
dijo
que
para
no
perjudicar
a
los
ejidatarios,
les
dieran
un
plazo
de
nueve
meses
para
tener
el
relleno
sanitario
en
la
misma
zona,
en
lo
que
se
realiza
el
basurero
regional
que
aparentemente
sería
en
Puerto
Morelos.
Además les dijo que esta determinación
será
benéfica
para
el
mismo
ejido,
pues
se
tendrá
de
forma
completa
la
pavimentación
del
acceso
hasta
Rancho
Viejo.
Sin embargo con esta explicación
los
ejidatarios
condicionaron
que
dentro
de
estos
beneficios
que
se
tendrían,
además
de
la
pavimentación
el
gobierno
les
instale
el
alumbrado
público
desde
el
entronque
del
ejido
hasta
lo
que
es
Rancho
Viejo,
para
dar
certidumbre
a
los
compromisos.
SAN LUIS POTOSÍ
“Impera la anarquía en Real de Catorce”. (Por Esto!, Salvador Canto, p. web).
Tiene más poder la autoridad ejidal: Petra Puente
“No
estamos
en
contra
de
los
ejidatarios
sino
de
los
líderes
ejidales,
porque
están
manipulando
las
cosas
y
quieren
dañar
a
personas
de
esta
ciudad”.
Así
lo
expresó
Petra
Puente
Córdova,
presidenta
de
la
Asociación
de
la
Muy
Noble
y
Leal
Ciudad
de
Real
de
Catorce,
quien
dijo
no
se
dejará
amedrentar
por
nadie
en
la
defensa
de
Catorce,
porque
merece
ser
libre
y
es
un
pueblo
donde
impera
la
anarquía.
Lo
más
grave
del
caso
es
que
durante
meses
la
máquina
del
ejido
estuvo
haciendo
mucho
deterioro
en
zonas
que
no
son
para
vivienda,
demanda
la
Unión
de
Propietarios
Privados
de
Real
de
Catorce
que
se
termine
esto,
“donde
somos
más
de
286
los
propietarios
privados
y
no
38,
como
ellos
aseguran”.
“Nosotros
pagamos
impuesto
predial
y
estamos
al
corriente,
somos
un
numeroso
grupo
de
personas
que
estamos
defendiendo
nuestra
propiedad
y
no
buscamos
nos
regalen
algún
terreno”,
dice
la
líder.
“Este
pueblo
merece
resurgir
como
ciudad,
es
absurdo
que
consideren
que
es
ejido,
vamos
a
pelear
hasta
las
últimas
consecuencias
para
que
se
reconozca
el
fundo
legal,
o
de
lo
contrario
que
se
ratifique
que
es
ejido”,
agregó.
Sostuvo
Puente
Córdova
que
si
se
ratifica
que
es
ejido,
“aceptaremos
la
clandestinidad
en
la
que
estamos
viviendo,
porque
hay
donaciones
a
personas
de
Monterrey,
N.L., a los familiares del comisariado
ejidal,
Anselmo
Coronado
Bustos,
todos
tienen
sus
terrenos,
pero
todas
son
familias
relacionadas
con
el
líder
ejidal”.
“A las personas oriundas de este lugar nadie
les
ha
donado
un
pedazo
de
tierra,
mejor
tienen
terrenos
gentes
de
otras
comunidades”,
aseveró.
Petra
Puente
asegura
son
un
grupo
que
lucha
para
lograr
el
orden,
formalmente
constituido,
“no
es
la
sociedad
civil
la
que
demanda
y
tampoco
soy
la
presidenta
de
la
Unión
de
Propietarios,
pero
respondo
a
las
acusaciones
de
Anselmo
Briones,
porque
siempre
se
ha
cobijado
en
la
clandestinidad,
siempre
ha
dicho
que
pobres
ejidatarios”.
“Esta
persona
no
es
ejidatario,
esa
máquina
que
trae
trabajando
ha
cortado
árboles,
ha
destruido
parte
de
un
cerro
sin
obtener
el
permiso
para
tener
una
casa
a
la
ladera
del
cerro
tiene
que
haber
una
valoración
de
la
autoridad”,
dice.
“No hay ningún permiso y el presidente municipal
tuvo
la
capacidad
de
frenar
todo
hasta
que
hicimos
presión,
de
lo
contrario
seguirían
trabajando,
haciendo
calles
que
ellos
se
imaginan
en
su
cabeza,
no
hay
un
plan
de
orden
urbano
y
la
autoridad
tiene
el
derecho
de
frenar
ese
abuso,
porque
tal
parece
que
hay
una
subasta
de
terrenos,
ya
hay
unas
200
donaciones
que
ha
hecho
el
ejido.
Ridículo sea considerado ejido. (Pulso, Rosa María Morales, p. web).
En Catorce las cosas no andan del todo bien, ciudadanos han
externado
su
preocupación
por
la
forma
como
se
ha
conducido
en
los
últimos
meses
el
comisariado
ejidal
Anselmo
Coronado
Bustos.
Los catorceños han mostrado su total
descontento
como
Simón
Carrillo
Aguayo
que
está
muy
indignado
por
las
declaraciones
que
recientemente
dio
a
conocer
el
Comisariado
Ejidal,
que
es
completamente
ridículo
e
inaceptable
que
una
ciudad
fundada
hace
ya
más
de
200
años
y
que
es
cabecera
municipal
ahora
sea
considerada
ejido.
Desgraciadamente que por muchos años hemos estado sometidos
a
los
caprichos
de
los
líderes
ejidales
(entre
ellos
dos
ex
presidentes
municipales)”,
señaló.
Agregó el denunciante que en las fiestas de octubre lo que
se
recauda
por
piso
el
cien
por
ciento
no
ingresa
al
Municipio,
sino
que
éste
está
obligado
a
darle
el
cincuenta
por
ciento,
al
ejido.
Tajantemente expresó que el pueblo de Real de Catorce no les
debe
ni
a
las
autoridades
municipales
ni
al
ejido
un
bote
de
basura,
ya
que
siempre
salen
con
la
cantaleta
de
que
no
quedó
nada
de
ganancias
de
las
fiestas
de
octubre,
recordando
que
son
miles
de
gentes
que
vienen
durante
toda
la
temporada.
“La población paga los platos rotos, ya que los ciudadanos
tenemos
que
limpiar
el
tiradero
que
dejan
los
comerciantes
foráneos”,
dice.
Aclaró, “nunca se ha visto que un ejidatario barra la calle,
pero
eso
sí
hasta
se
ríen
de
aquellos
que
voluntariamente
hacemos
la
limpieza
porque
queremos
a
nuestro
pueblo
puesto
que
aquí
nacimos”,
menciona.
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