CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 19 DE MAYO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Cae consejo de Edomex

Renuncian consejeros tras seis días de crisis política

Caen consejeros del IEEM por escándalo

Presentan hoy renuncia; designarán sustitutos, mañana

Cerca, el final de la restricción monetaria

Se desligaría el Banco de México del ciclo de astringencia de la Fed

Desaliento por el rumbo económico

Castigan a la industria altos precios de insumos y un débil mercado interno

Raúl Salinas, con un pie fuera de prisión

Listo, el dictamen de amparo por el caso Ruiz Massieu

No hay disculpas por “los negros”

Derbez descalifica a Olamendi

Matan ahora en Reclusur a socio del narco fugado

Alejandro Vidal recibió una puñalada

Renuncia Consejo Electoral del Edomex

Escándalo por el contrato a Cartonera Plástica

PRD crea Tucom… contra Ebrard

Tribus del sol azteca buscan frenar aspiraciones del titular de Desarrollo Social

Creo en el proyecto de AMLO: Ebrard

Con él está mi adscripción política dentro del PRD

CJN

Superprivilegios

Los magistrados reciben altísimos salarios y fondos para su retiro y jubilación

Sector agrario

Elecciones para elegir al Presidente del priísmo de Mérida. (El Mundo al Día, Julián Colonia, p. web).

Promete Madrazo juego limpio en elecciones internas en Mérida

MERIDA, Yucatán, 18 de mayo, 2005.- En vísperas del proceso interno por la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PRI, su líder nacional, Roberto Madrazo Pintado, garantizó hoy que habrá imparcialidad en la justa electiva que su partido llevará a cabo el próximo domingo.

Convocó a los priístas meridanos a votar en el venidero proceso dominical a través del método de consulta abierta a la base, similar al que lo condujo al más alto cargo partidista que ahora ostenta en el seno del tricolor.

Cuando apenas descendía del automóvil que el presidente estatal del PRI, Carlos Sobrino Sierra, condujo al hotel sede de un encuentro regional con consejeros políticos nacionales, le salió al paso Celia Rivas Rodríguez, contendiente de Gaspar Quintal Parra en el mencionado proceso interno.

La empleada de la Procuraduría Agraria, donde tiene como jefe directo al panista Claudio Coello Herrera, le entregó un escrito en el que expone, junto con Antonio Homá Serrano, su compañero de fórmula, su "preocupación por la forma inequitativa en que se desarrolla el proceso".

"La cargada que usted personalmente padeció en su precampaña a la Presidencia de la República en 2000, ahora es utilizada en nuestra contra por la propia dirigencia estatal de nuestro partido", acusó.

Madrazo Pintado aseveró que platicaría del tema con Sobrino Sierra, aunque sin hacerlo dijo en rueda de prensa que la imparcialidad en el proceso está garantizada.

Entrevistado al respecto, Sobrino Sierra sostuvo que ni un sólo integrante del Comité Directivo Estatal tiene metidas las manos en el proceso para favorecer a cualesquiera de los dos candidatos.

Indicó que mientras Rivas Rodríguez no presente alguna queja o impugnación ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Municipal, sus acusaciones únicamente se toman como una estrategia publicitaria que debe ser tolerada.

Sólo quedan focos amarillos: Procuraduría Agraria. (Milenio Veracruz, Ivonne Méndez, p. web).

De acuerdo con el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Santamaría Prieto, los conflictos en Los Ajos Santa Clara y San Juan Lala, han sido solucionados, sin embargo, reconoció que existe alerta por la situación que se vive en Chichicoaxtla y Cocoliapan. Reconoció que años atrás, el estado de Veracruz era nota nacional a consecuencia de los problemas agrarios que se presentaban, pero en la actualidad éstos se han superado gracias al trabajo realizado por los tres niveles de gobierno. “Veracruz era noticia en las notas rojas de los periódicos por los conflictos agrarios. Creo que hoy ha dejado de serlo. Es el primer salto que tenemos con el trabajo que hemos hecho los tres niveles de gobierno”. El funcionario federal rechazó además que el conflicto en Los Ajos Santa Clara pueda derivar en un problema mayor, debido a que con la entrega de 600 hectáreas a los ejidatarios fue resuelto. Abundó que estos dos conflictos considerados en una época focos rojos no tienen ningún pendiente, incluso agregó se llevó a cabo una firma de los actores y el convenio fue ratificado ante el Tribunal Agrario, tal como lo establece la ley. El delegado de la Procuraduría Agraria comentó que gracias al trabajo de conciliación y diálogo, de los 16 conflictos que había el año pasado sólo falta de resolver cuatro, entres ellos Vega de Palmas, Cocoliapan, El Chico y Chichicoaxtla. Apuntó que en el caso de Cocoliapan existe un problema de tierras en donde solicitan 500 hectáreas y Chichicoaxtla 400 hectáreas, por lo que se promueven como solución la compra de esa tierras. En ese sentido comentó que existe disposición de parte de los actores del conflicto para encontrar una solución

Comuneros de Milpa Alta desean cambio de representantes, afirma. (La Jornada, Correo Ilustrado, p. web).

Señora directora: Agradecería que publicara los siguientes comentarios a la carta "Maniobra de la SRA en Milpa Alta", del señor Julián Flores Aguilar, publicada el 18 de mayo.

El suscrito, Jorge Cabrera Ruiz, en carácter de representante común de los comuneros de los nueve pueblos de Milpa Alta, me permito comentar los argumentos falsos de nuestro actual representante general de los bienes comunales de Milpa Alta.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) es la autoridad competente para convocar a la asamblea general de comuneros de Milpa Alta, conforme al artículo 27 de la Constitución Federal Mexicana, Art. 24 de la Ley Agraria y los correspondientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reglamento interno de la SRA.

El representante general de los bienes comunales de Milpa Alta se negó a convocar a la asamblea general ante la petición por escrito de los comuneros el pasado 28 de marzo; ante su negativa, el suscrito solicitó el apoyo de la autoridad competente para la aplicación de la ley agraria y la expedición de la primera convocatoria para celebrar la asamblea general de comuneros.

Lamentablemente nuestro representante y su grupo de auxiliares pretenden perpetuarse indefinidamente en el poder (lleva 25 años en el cargo); confunde la autonomía de los pueblos indígenas y libre determinación con el cacicazgo y el cumplimiento de las leyes agrarias mexicanas.

Los comuneros de Milpa Alta solicitan el cambio democrático y pacífico de nuestros representantes comunales, en un marco de legalidad y respeto a los derechos agrarios.

Jorge Cabrera Ruiz

Repudian en Milpa Alta pretensión de la SRA de remover a su dirigente. (La Jornada, Rosa Rojas, p. web)

La Procuraduría Agraria se deslinda de la emisión de la convocatoria a asamblea

Es violatoria de la autonomía indígena: Julián Flores Se movilizan comuneros de los 9 pueblos

Por ser "violatoria de la autonomía" de la comunidad indígena de Milpa Alta y violar, asimismo, la garantía de audiencia, el representante de Bienes Comunales de dicho núcleo agrario, Julián Flores Aguilar, interpuso una demanda de amparo de la justicia federal contra la "ilegal expedición" de una convocatoria por el "representante" de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en el Distrito Federal, Mario Ríos Bonales, a una asamblea a realizarse el 20 de mayo, en la que se pretende desconocerlo y elegir a otra persona para ese cargo.

En entrevista por vía telefónica, Flores Aguilar informó también de la presentación de una queja -contra el mismo acto administrativo del citado funcionario- ante la Contraloría Interna de la SRA, por usurpación de funciones, por lo que solicitó su destitución y la suspensión de dicha convocatoria.

Por su parte, el director general de Organización Agraria de la Procuraduría Agraria, Jaime Morfín Corona, informó en un documento que "se desconoce que se haya convocado a asamblea y se niega categóricamente que personal de la SRA o de las instituciones que conforman el sector agrario hayan participado en el lanzamiento de convocatoria alguna, deslindándose de cualquier responsabilidad en ese sentido".

Comentó que en el expediente 1097/TUA24/97 radicado en el Tribunal 8, con sede en el DF, se dictó sentencia el 10 de agosto de 2001, sin que a la fecha haya causado ejecutoria por haberla recurrido diversos poblados, "es decir, que a la fecha en que se actúa la comunidad indígena no está debidamente constituida". Precisó que quienes componen el censo de la comunidad "de hecho" tienen la facultad de "remover y elegir a sus nuevos representantes, apegándose a las disposiciones establecidas por la ley".

En tanto, Flores Aguilar indicó que en la comunidad, integrada por 10 mil comuneros, hay "no más de 20 disidentes" que pretenden destituirlo "porque tenemos proyectos ambientales con la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) y la CORENA (Comisión de Recursos Naturales del DF), proyectos de agricultura para el maíz y el nopal, pero lo más prioritario es la reforestación y la defensa de nuestras tierras, y ellos a lo que le tiran es a la lana".

Ayer por la tarde se estaban movilizando comuneros de los nueve pueblos de Milpa Alta para impedir la realización de esa asamblea. "Vamos a combatir ese acto ilegal políticamente", apuntó don Julián, y señaló que además de las gestiones jurídicas se realizan labores de información mediante volanteos para impedir que prospere una maniobra que no tiene fundamentos legales, ya que "ninguna autoridad, ni administrativa ni judicial, puede intervenir en la vida interna de una comunidad indígena", ni desconocer la forma en que tradicionalmente elige a sus autoridades.

Indicó asimismo que la "ilegítima" convocatoria que se está impugnando fue pegada el 10 de mayo en una pared en el interior de las oficinas comunales, y está firmada por tres "supuestos" comuneros de Milpa Alta: Juan Villaverde, Jorge Cabrera y Benito Garcés, así como Ríos Bonales. Mencionó que Villaverde es de San Pablo Oztotepec y Garcés es de San Lorenzo Tlacoyucan y han maniobrado para ser designados representantes de sus respectivos pueblos. De Villaverde, apuntó don Julián, "nos dicen que se ha atribuido funciones como dar permiso a otras personas de bajar piedra y madera". Garcés "fue nombrado como comisión comunal de San Lorenzo, pero fue destituido él y otras ocho personas hace como un mes".

Añadió que Villaverde y Garcés "se aliaron y lo que quieren es cambiarme, y como no convoqué a la asamblea acudieron al representante de la SRA; ese señor les avaló la convocatoria sin tener facultades". Además, dijo, tampoco tienen 25 por ciento de las firmas de comuneros que se requiere para poder convocar, aunque "anduvieron recogiendo firmas con engaños, diciéndole a la gente que era para saber quiénes son comuneros, y consiguieron como 300 firmas".

Lucha ancestral

Don Julián recordó que la comunidad nahua de Milpa Alta, con sus nueve pueblos -que existe desde varios siglos antes de la Conquista- ha logrado defender con éxito su tierra: primero en 1974, cuando la construcción de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, luego con la línea de alta tensión Chicoasén-Topilejo, que estaba proyectada para pasar por la zona boscosa "y se logró desviar gracias al movimiento de los comuneros", y después ante la invasión de 800 hectáreas del CICYTEC, en 1978. "Afortunadamente, con base en la organización de los comuneros, logramos enfrentarlos, dialogar, negociar, pero del 80 para acá ha habido un grupo disidente que ha intentado eliminar políticamente a los auxiliares de los nueve pueblos. Como no lograron eso, han tratado de desbancar a la representación comunal".

Mencionó que en 1998 falleció el anterior representante comunal, Aquiles Vargas Alvarado, de quien él era suplente, por lo que pasó a ser el representante titular; desde entonces ha continuado las gestiones por la titulación de las tierras de Milpa Alta, que tiene un conflicto con San Salvador Cuauhtenco. Apuntó que el expediente de Milpa Alta, que consta de 90 legajos y es el número 1097/TUA24/97, se encuentra radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal. "El 10 de agosto de 2001 salió una resolución del magistrado Silva Cano, pero la impugnamos porque no salió correcta, ya que pretendía subdividir a Milpa Alta en comunidades". La lucha continúa, afirmó Julián Flores Aguilar.

Comentarios y Precisiones. (La Jornada, p. web).

C. Carmen Lira Saade:

Directora de “La Jornada”

Con relación a la información publicada este miércoles 18 de mayo, en el diario que Usted atinadamente dirige, en la sección del “Correo Ilustrado”, con el titulo “Maniobra de SRA en Milpa Alta”, al respecto, me permito hacerle , los siguientes comentarios y precisiones:

El C. Julián Flores Aguilar, quien se dice representante general de 9 pueblos indígenas aduce “que en la Comunidad Indígena Milpa Alta, el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria, está gestando un nuevo foco rojo, ya que de manera ilegal e irresponsable emite una convocatoria dirigida a los comuneros milpaltenses para hacer una asamblea general este 20 de mayo y cambiar la representación general de bienes comunales, la cual está a mi cargo, sin tener ninguna facultad o competencia legal para poder hacerlo”.

Inicialmente es importante señalar, que el asunto deriva de una acción agraria relativa al procedimiento de reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (R:T:B:C), promovido ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

Que a partir de la reforma del Artículo 27 de la Constitución General de la república en el año de 1992 y, conforme lo establecido por el artículo Tercero Transitorio de la Ley Agraria vigente, en este tipo de asuntos, seguirá aplicándose la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, y le compete conocer y resolver en definitiva a los Tribunales Agrarios.

El campo requiere de planes realistas, dice experto. (La Jornada, Enrique Méndez, p. web)

La crisis en el agro no se superará con ''programas de fantasía'', advierte

Para superar su estado de emergencia, el campo requiere de una política de Estado que no sólo prevea reformas a la Constitución, sino también parta del conocimiento de los problemas de las comunidades, pues el sector ''ya no aguanta programas de fantasía'', advirtieron catedráticos en derecho agrario que participaron en el seminario La problemática agraria en México, organizado por la Confederación Nacional Campesina y la UNAM.

Ante poco más de un centenar de jóvenes universitarios reunidos en el auditorio Emiliano Zapata de la CNC, Arnoldo Pablos González dijo que las reformas agrarias impulsadas y aplicadas desde hace una década han provocado la agonía del campo.

''Pareciera que el sector está viviendo sus últimos momentos de vida por el tiro de gracia que le dieron los dos anteriores gobiernos del PRI y el actual, que encabeza el presidente Vicente Fox", alertó Pablos González.

El catedrático de la UNAM consideró que toca al gobierno atender los graves problemas sociales que hay en las zonas rurales, tales como la expulsión y la migración de los campesinos, a cuya mayoría se les considera "no productivos", aunque las autoridades saben que nunca podrán competir con los subsidios que reciben los agricultores estadunidenses.

La crisis del campo, abundó, no se resolverá ni en uno ni en diez años, y por ello la sociedad debe tomar conciencia de la situación "agonizante" de este sector productivo.

La catedrática Magdalena Sánchez Conejo se sumó al llamado urgente a gobernantes y sociedad para elaborar una política de Estado para el sector agropecuario. ''A esta administración se le ha olvidado que quienes niegan su historia y derecho se niegan a sí mismos'', acotó.

Antes, el catedrático Roberto Castro Aranda pidió a los jóvenes participantes ''conozcan el historial clínico agrario del país, ya que la pobreza actual en el campo es similar a la de hace 70 años, cuando se inició el reparto agrario".

Una visión similar fue expuesta también en el quinto Foro de Expectativas del Sector Agroalimentario y Pesquero, en el cual los investigadores del Sistema de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), y de los colegios de Posgraduados y de México, asentaron que si bien hay un aumento de la productividad y en la disposición de algunos productos del campo, la mayoría de la población de ese sector sobrevive por las remesas.

Ulises Miramontes, director de indicadores y modelos del SIAP, apuntó que la tasa anual de crecimiento del sector agroalimentario ha sido ligeramente superior al nacional y que la participación de dicho sector productivo en el PIB nacional se ha mantenido estable desde hace una década. El valor de frutas y hortalizas ha aumentado 37 por ciento, mientras los cereales, de ocupar el segundo lugar como contribuyente, con 26 por ciento, descendió a 20 por ciento.

En cuanto a la producción, la de granos básicos era de 28 millones de toneladas en 1994 y una década después es de 35 millones. Hay una tendencia en el crecimiento de la producción pero también de las importaciones, las cuales llegaron a 1.5 millones de toneladas el año pasado; en el caso de frutas y hortalizas es de 6.7 millones de toneladas.

De acuerdo a las estadísticas de Miramontes, el empleo en el sector agropecuario ha tenido un ligero crecimiento, pero el ingreso de las familias rurales es equivalente a la mitad de lo que reciben las urbanas, ambos cálculos basados en el salario mínimo.

Una perspectiva diferente presentaron los investigadores Manuel Villa Issa, del Colegio de Posgraduados, y José Romero, de El Colegio de México.

Villa Issa advirtió que mientras no haya un cambio en la estructura persistirá la posibilidad de que los movimientos sociales rurales surjan en cualquier momento.

No hay elementos para iniciar proceso por despojo de tierras en Tabemillas: PGJE. (Ecos de la Costa (Colima) Hugo Velázquez, p. web).

Notiecos/Colima.- Este miércoles, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que con relación al caso de Tabernillas, no existen elementos para procesar a los inculpados como presuntos responsables de despojo, ordenando así el archivo del asunto.

Lo anterior lo dio a conocer en conferencia de prensa el procurador del Estado, Arturo Díaz Rivera, luego de señalar que tras las averiguaciones realizadas por la representación social no se encontraron elementos para seguir el proceso en contra de Silvestre y Andrés Gonzaga Bejarano, Crisanto Chávez Mendoza, Refugio y Lino Bejarano Solano, Reynaldo Venegas Benítez, José Luis Montes Michel y José Luis Contreras de Jesús.

Recordó el procurador que el 11 de octubre de 2004, Vicente Torres Contreras, en su carácter de apoderado general de J. Guadalupe Morentín Lino, presentó una denuncia por despojo en contra de los antes señalados por el predio denominado Tabernillas, ubicado en el municipio de Coquimatlán.

Precisó que la demanda fue radicada en la mesa 5 del Ministerio Público central, bajo el expediente 55/05, la cual exigía el regreso del predio. Díaz Rivera manifestó, a través de un comunicado, que el denunciante señalaba haber sido despojado de la mitad norte del lote dos del predio rústico, denominado Rancho Tabernillas, que tiene una superficie de 436-25-00 hectáreas.

Agregó el procurador que en la averiguación previa se acredita que la Secretaría de la Reforma Agraria adquirió la mitad del predio con el fin de ser entregado a los diversos solicitantes de tierras del grupo denominado Nuevo Quesería (Antorcha Campesina), situación que no ocurrió, por lo que los miembros de la citada agrupación carecen de legitimación para apersonarse de la indagatoria.

También se desprende que los denunciantes adquirieron el predio por la compra de un crédito hipotecario al Banco de Crédito Rural de Occidente, que a su vez promovió el juicio civil sumario hipotecario 665/83.

Concluyó el procurador que de la integración de la denuncia presentada y agotados los medios de convicción por las partes, no existen elementos suficientes para consignar a los acusados por despojo, señalando la inexistencia de delito.

Apuntó que los denunciantes tienen derecho de inconformarse por la determinación ministerial, detallando que ya fueron notificadas las partes sobre la resolución alcanzada.

Conflicto de Tamala no es agrario,; se resolverá por la vía civil: Crispín Gutiérrez. (Ecos de la Costa (Colima) Raúl Merced, p. web)

Notiecos/Villa de Álvarez.- El problema con los comuneros de la comunidad de Tamala, en el municipio de Ixtlahuacán, no es un conflicto agrario, sino un malentendido entre ejidatarios debido a una pequeña propiedad. El asunto está en proceso de solución por la vía civil.

Lo anterior fue precisado por el presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, quien añadió que al parecer, el asunto de Tamala es un problema que no es injerencia de la Procuraduría Agraria, ya que están hablando de una pequeña propiedad de 80 hectáreas y de una posición que se les había otorgado a algunas personas del ejido.

Entrevistado en esta ciudad, en el marco de una visita que hizo el gobernador Silverio Cavazos Ceballos al Instituto Tecnológico de Colima, el alcalde de Ixtlahuacán informó que el martes estuvo allá la delegada de la Procuraduría Agraria para hacer una explicación amplia a ambas partes respecto a la situación y los trámites que se deben seguir para solventar el problema “o malentendido entre los mismos ejidatarios”.

Crispín Gutiérrez señaló que este es un asunto netamente civil y lo debe resolver el juez, pues es una pequeña propiedad que no tiene nada que ver con lo agrario. “Estuvieron en Ixtlahuacán las dos partes y, al parecer, están platicando y van a llegar a un acuerdo para minimizar el problema”, expresó.

En ese sentido, agregó que la parte en conflicto se las había otorgado a los ejidatarios la posición provisional un juez de lo Civil, pero resulta que esa parte es pequeña propiedad y la estaban manejando como parte de la zona común.

Señaló que algunas personas de Tamala se estaban “alebrestando”, pero se platicó con ellas, entendieron y van a esperar a que se resuelva el asunto por la vía civil y aceptar lo que resuelva el juez.

Sólo justicia, Sr. Gobernador. (Ecos de la Costa (Colima), Héctor Enciso, p. web)

Desde el día 6 de marzo del presente año, los campesinos del ejido Nuevo Quesería, después de haber sido despojados de 208 hectáreas por un grupo de ejidatarios de Aguazarca, encabezados por José Luis Contreras, levantaron su denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJ). De ahí en adelante, la PGJ, a pesar de brindar los elementos suficientes para integrar la averiguación previa, que como sabe cualquier bisoño abogado sólo se requiere de dos elementos fundamentales para que se logre dicha integración y por tanto, la llamada representación social consigne al juez correspondiente para que este inicie, como lo establece la ley procesal penal del Estado, un juicio a los infractores. Dichos elementos son: establecer el cuerpo del delito y establecer la presunta responsabilidad; es decir, establecer claramente que delito concretamente se cometió y que personas o personas, presuntamente lo cometieron.

No quiero, amigo lector, aburrirlo con los detalles de un procedimiento jurídico y si me detengo algo en ello, se debe fundamentalmente a que hay en algunos funcionarios del gobierno del Estado la idea de no aplicar la ley y hacer justicia a un grupo de campesinos pobres. Campesinos que, durante 20 años, de forma paciente, abnegada, sacrificando no sólo su tiempo si no sus escasísimos recursos y siempre apegados a la ley, lucharon por obtener tierras y como reconocimiento como núcleo ejidal. Pues resulta, amable lector, que existe un voluminoso expediente con más de 800 hojas en manos de la PGJ sobre el asunto del despojo y no es que sea lo voluminoso del expediente sea lo que va determinar si se integra correctamente la averiguación, sino sí se dieron los dos requisitos fundamentales. Al respecto, quiero señalar que estos elementos se han establecido plenamente, porque la PGJ si tiene plenamente establecido cuál es el delito, en qué momento se cometió, tiene pruebas contundentes de la forma en que lo realizaron los presuntos responsables y, por supuesto tiene bien establecido quiénes son esos presuntos responsables, entonces, ¿Porqué no consigna al juez correspondiente?

Recientemente un funcionario del gobierno estatal declaró a la prensa que en este asunto “no tenía que ver nada el gobierno del Estado y que el asunto competía única y exclusivamente a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)”. ¿Piensa acaso la PGJ archivar tan escandaloso delito, dejando impunes a un grupo de ambiciosos ejidatarios que, por serlo y ocupar otras tierras, también están violando la ley agraria?

El jueves de la semana, por esta razón cientos de ciudadanos organizados en el Movimiento Antorchista efectuaron una marcha, exigiendo por las céntricas calles de Colima exigiendo justicia y respeto ala estado de derecho. Al llegar al palacio de gobierno se detuvo la marcha para solicitar respetuosamente, una entrevista con el Sr. Gobernador Lic. Silverio Cavazos Ceballos, nos recibió un funcionario de su oficina quien nos señaló que, no podíamos, en ese momento, ser atendidos por el Sr. Gobernador, pero que nos podía atender el titular de la PGJ, Lic. Arturo Díaz Rivera, a lo que respetuosamente accedimos para una vez más exponerle el problema. Convinimos en vernos un día después con la presencia del secretario general de Gobierno.

Nuestra sorpresa fue grande cuando al siguiente día el Procurador nos indicó que en el asunto de la denuncia de los ejidatarios, a pesar de tanto tiempo transcurrido, no se había integrado la averiguación y que él “emitiría cuando fuera conveniente la resolución que incluía la posibilidad de archivar el expediente”.

En pocas palabras, amigo lector, el gobierno se niega en redondo a castigar a unos delincuentes, lo que, como es fácil suponer, en caso de concretarse tamaña injusticia, sentará un precedente muy ominoso que, sin duda alguna, alentará a otros delincuentes a cometer delitos, dada la impunidad que se manifiesta de manera tan aberrante.

Los ciudadanos antorchistas de Colima indignados ante esta situación piden la justa y oportuna intervención del gobernador, considerando, por supuesto, que nuestro gobernante no ha tenido ninguna responsabilidad en este atropello a los derechos de los campesinos despojados, pues acaba de tomar posesión del cargo.

Se quejan ejidatarios por trato a invasores. (Novedades de Acapulco, p. web).

Ellos delataron la omisión de un amparo federal por parte de funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, y la confabulación de los Ayuntamientos de Acapulco y Coyuca de Benítez con invasores que se han posesionado de 105 hectáreas de sus tierras, a los que quieren ratificar en la posesión de los predios ajenos que ocupan otorgándoles servicios públicos aún cuando está prohibido por la Ley.

Leopoldo Calixto Soto, presidente del Comisariado Ejidal de El Ejido de La Playa, municipio deCoyuca de Benítez, acusó que en diferentes acuerdos un Juzgado de Distrito les ha otorgado un plazo de 24 horas a la Secretaría de la Reforma Agraria para que les devuelva sus tierras mediante el amparo 325/05, "sin acatarse la ejecutoria del Juez".

También denunció que los alcaldes de Acapulco y Coyuca, Alberto López Rosas y Rafael Ariza Bibiano, respectivamente, "han entregado documentos de residencia y han hecho promesas de regularizar dichas tierras a las invasiones que se encuentran en las mismas, lo que han manifestado las propias personas que se encuentran invadiendo diciendo que les darán toda clase de servicios".

Añadió que con esto, las autoridades municipales "se convierten en partícipes de dichas invasiones, y en consecuencia de un delito, pretendiendo dar legalidad a los despojadores de tierras".

Advirtió que los ejidatarios, en caso de que las autoridades federales, estatales y municipales no cumplan con la ley.

Urge el diputado Carlos Borruel a los tres niveles de gobierno a que introduzcan agua potable. (El Estatal (Chihuahua), Emma Holguin, p. web)

El diputado local Panista Carlos Borruel Baquera urgió a las autoridades para que a la brevedad posible inicien el programa de electrificación y aceleren los procesos de regularización e introducción de agua potable en colonias del sur de la ciudad como son la Vistas Cerro Grande, Díaz Ordaz I, II y III, Granjas Cerro Grande, Vista Hermosa y San Agustín, entre otras muchas.

El legislador señaló que al parecer ya hay un acuerdo entre los tres órdenes de gobierno para solucionar de fondo esta problemática y evitar que los vecinos se sigan conectando con “diablitos”, pues además de ser peligroso, recurrentemente provoca la pérdida de electrodomésticos.

“Esperamos que a la brevedad posible se libere el presupuesto para que, primero, se lleve a cabo un programa de electrificación en colonias como Vistas Cerro Grande, las Díaz Ordaz y Vista Hermosa, entre otras del sur”, señaló el diputado Borruel.

“Segundo, esperamos también que posteriormente se inicien los trabajos para la instalación de la red hidráulica, ya que esta es otra demanda muy sentida y legítima de los habitantes de estas colonias”, señaló, y agregó: “también es muy importante la regularización de la tenencia de la tierra, ya que de ello depende en gran medida la celeridad con que se resuelvan las otras dos demandas”, destacó.

El legislador panista agregó que la participación de los comités de vecinos es de gran importancia, como el caso del comité de la colonia Divisadero Cerro Grande integrado por la señora Célida Rivas, Enrique Rivas y Patricia Rodríguez entre otras personas; Así como la señora Marina Marrufo, de la colonia San Agustín.

El diputado Borruel señaló que como gestor ha recibido buena respuesta tanto de las instancias de Gobierno del Estado, Presidencia Municipal de Chihuahua, Comisión Federal de Electricidad, Registro Agrario Nacional, Junta Central de Agua y Saneamiento, y otras, percibiendo que hay interés en dar prioridad a la regularización de estos predios para el desarrollo del sur de la ciudad.

Agenda Universal. (El Universal, p. web).

Jueves 19 de mayo de 2005

Florencio Salazar Adame y Josefina Vázquez Mota, secretarios de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social, se reúnen por separado con la Confederación Nacional Campesina.

Conferencia. (El Sur (Guerrero), p. web /Información también publicada en Novedades de Acapulco)

La Universidad Americana de Acapulco invita a la Conferencia Magistral “Política Agraria de México” a cargo del destacado guerrerense actualmente Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame, este jueves 19 de mayo a las 17:30 hrs. En el auditorio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo”.

Sólo 4 conflictos agrarios están por resolverse: RAN. (EL Sol de Zacatecas, Verónica Azalia, p. web)

La Delegada del Registro Agrario Nacional, Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, informó que de 12 conflictos agrarios que se tenían catalogados como “Focos Amarillos” en el Estado de Zacatecas, sólo quedan cuatro pendientes por resolverse, gracias al trabajo conjunto de los gobiernos municipales, estatal y federal, lo que permitiría a Zacatecas ser bandera blanca a nivel nacional.

Indicó que se trata de un programa que depende de la Reforma Agraria y el RAN sólo interviene cuando se firma algún convenio, no como parte mediadora o conciliadora de los conflictos; “el último que se firmó fue el convenio del Niño Artillero, en Sombrerete, que ya está a punto de finiquitarse, a punto de entregarse el dinero”.

Dijo que a la fecha va muy bien el programa de Focos Amarillos, dado que se están resolviendo los conflictos, al grado de que, de los 12 que había nada más existen 4 en proceso.

“Se tenían canalizados 12 focos amarillos en el 2004 y han sido atendidos debidamente; ya se erogó el cheque de Bañón, que fue uno de los conflictos más añejos y más difíciles en el Estado, donde se entregaron 33 millones de pesos en beneficio de alrededor de 700 ejidatarios”.

Por lo anterior, la Delegada del RAN señaló que solamente quedan cuatro núcleos agrarios en proceso; “todos los demás están resueltos, gracias al apoyo económico del Gobierno Federal, lo que implica que durante el primer semestre de este año el Gobierno Federal estaría aportando alrededor de 33 millones de pesos para la resolución de algunos conflictos agrarios, como es el Niño Artillero, Bañón y El Salto; esos tres núcleos agrarios estarían resueltos durante el primer semestre de este año y el Gobierno federal tiene una participación muy activa; aquí no se trata de mezcla de recursos, solamente participa el Gobierno Federal, aún cuando se trate de problemas estatales”.

Agregó que la visión el Presidente Vicente Fox Quesada es que al final de su sexenio se

pueda levantar lo que se ha llamado la bandera blanca, que implica no solamente que se resuelvan todos los conflictos agrarios existentes, sino también el cambio de actitud de la gente trabajadora de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la gente que labora en el campo, para que no exista corrupción, esa actitud de dejar las cosas para después. “El levantar bandera blanca implica reactivar al campo y que no haya conflictos agrarios”.

Aseguró que esto puede ser posible para Zacatecas si existe la voluntad de todos, porque para la solución de un conflicto agrario se necesita la voluntad del Gobierno del Estado, porque luego resulta que si no participa se pueden estancar los problemas.

“Los Focos Amarillos son problemas que se han estado trabajando por mucho tiempo y el avance se tiene con base en que en el Estado ya no hay focos rojos, sino que sólo existen cuatro focos amarillos, lo que habla de que se va avanzando”.

Indicó que para que se les dé la clasificación de focos amarillos se tiene la participación del Gobierno del Estado, porque éste tiene la percepción a través de la Secretaría General de Gobierno, que es el encargado de la política interna, “detecta los problemas y los ubica en focos amarillos y rojos, pero ahora no existe ningún elemento para considerar focos rojos en Zacatecas y sólo se consideraron 12 núcleos agrarios como focos amarillos, entre ellos Niño Artillero, El Salto, Bañón, Guadalupe (donde ya se entregó el último cheque de la expropiación que se hizo para la carretera), Tacoaleche, Villa de Cos, Ojitos y Jalpa.

METAS CUMPLIDAS

En otro tema, Oropeza Muñoz dijo que en el RAN recibieron la evaluación correspondiente al mes de enero y se ha ascendido 20 escaños; “de estar en el lugar 26 en diciembre, con lo que hicimos durante el mes de enero logramos subir hasta el número 6; a raíz de eso, hubo ciertas dudas del trabajo que estábamos realizando, y como parte de una rutina que se hace en Oficinas Centrales, nos mandaron una supervisión para verificar que los datos que estábamos reportando fueran ciertos y salimos muy bien de ella”.

Resultado de ello, “se nos hicieron observaciones menores que no están en manos de la delegada, por ejemplo, el cuidar que las instalaciones se encuentren en mejores condiciones, cuando no se tiene el presupuesto para poder lograrlo; detalles de ese tipo se nos indicó, pero en todo lo demás salieron muy bien de la auditoría, lo que quiere decir que se logran las metas de manera muy puntual, incluso pasando en algunos casos la meta señalada”.

Como ejemplo, señaló que para el Programa hereda se tiene una meta de alrededor de 1 mil 500 listas de sucesiones “y ya llevamos más de 600; es decir, a estas alturas del año vamos muy bien, perfectamente bien en las metas; en inscripción de resoluciones, gestión, en las listas de sucesión, boletines registrales, expedientes de folios, enajenaciones”.

Aseguró que se han estado superando todas las metas que les han puesto para el año, ”en lo único que no hemos podido aventajar nada es en las 40 mil hectáreas que nos ponen por certificar durante el año, pero esto ya no depende totalmente de nosotros, sino del trabajo que hagan otras instancias, como es la Procuraduría Agraria y una vez que ellos ingresen los expedientes nosotros podremos también cumplir con esta meta”.

Finalmente la Delegada del RAN, Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, indicó que sólo se tiene pendiente de dar estatus; “en cuanto a las gestiones que se hacen en Oficialía de Partes, solamente falta de terminar la situación que guardan los trámites; hay algunos que todavía tenemos del 2004, porque en el sistema no se ha fijado cuál es el estado que guardan; sólo falta actualizar el sistema para que puedan aparecer la situación real que guardan los trámites que se hicieron ante ventanillas”

Rezago de indígenas se acentúa en urbes. (El Universal, Juan Arvizu, p. web).

El éxodo a ciudades no les ha dado acceso a servicios básicos: Conapo

Monterrey es la ciudad con mayor crecimiento de población indígena, que al mismo tiempo es más relevante en Tijuana y Cancún, pero su traslado a las urbes no les ha garantizado el acceso al agua potable, drenaje o electricidad, ni tampoco la educación pública universal, establece un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo).

De casi 12 millones de indígenas que habitaban en el país en el 2000, una población de 4.2 millones eran residentes de ciudades de más de 15 mil habitantes, indica la investigación, y expone que el éxodo de la población étnica tiene como destinos preferentes las zonas metropolitanas del país.

Miles de personas que pertenecen a uno de los 62 grupos etnolingüísticos, huyen de sus condiciones ancestrales de muy alta marginación, pero para agrandar en las urbes los rezagos sociales.

Al respecto, la secretaria general del Conapo, Elena Zúñiga Herrera, expuso que "las condiciones de vida de la población indígena en las ciudades aunque de menor precariedad, respecto a la de los pueblos indígenas rurales no dejan de ser un foco de profunda preocupación".

Zúñiga presentó ayer en la Secretaría de Gobernación los resultados de la investigación del Conapo sobre la "Clasificación de las localidades de México según (el) grado de presencia indígena", que ha sido evaluado como un instrumento para la generación de políticas públicas para atender rezagos sociales.

El estudio ubica en el mapa las 199 mil 391 localidades, y reporta en cada caso la intensidad con la que se concentra la población indígena.

Dijo Zúñiga que además de saber cuántos son los indígenas que residen en el territorio nacional y dónde se encuentran, la información generada permite conocer con certeza las condiciones de vida, la calidad de su entorno económico y el equipamiento e infraestructura de cada comunidad.

Las localidades, lenguas habladas, el espectro de la marginación, la reubicación en ciudades se reportan en la investigación del Conapo en estadísticas y en mapas, y se cuenta con exposiciones que dan cuenta de la dinámica de esta población de 11 millones 895 mil personas, en el 2000.

De acuerdo con el informe, las lenguas indígenas más habladas en México son el náhuatl (1.7 millones de personas); maya (1.1 millones); mixteco (730 mil); zapoteco (585 mil) y tzotzil (486 mil).

Da cuenta de que en las últimas cinco décadas los indígenas han emprendido una emigración de sus espacios comunitarios tradicionales, atraídos por la urbanización de las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Ahora uno de cada tres indígena vive en las ciudades. Además de las zonas metropolitanas, se encuentran en 75 ciudades que registran un censo de más de 10 mil indígenas entre sus residentes, resaltó la secretaria general del Conapo.

Las ciudades más pobladas por indígenas son la ciudad de México, con un millón 38 mil personas de comunidades étnicas; Mérida cuenta con 340 mil indígenas; Puebla tiene 168 mil; Oaxaca 133 mil, y Toluca 107 mil.

En porcentajes del total de la población de la ciudad, Cancún sobresale con 37 por ciento de sus habitantes mayas, que tienen como destino de su éxodo laboral ese centro turístico, de donde se reporta una población indígena de 147 mil personas.

Las mayores concentraciones de localidades indígenas, que reflejan la gran dispersión en que viven, se observan en Chihuahua, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Rechazan priístas recortes al gasto del sector rural. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web)

Los legisladores del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional no aceptarán que el presupuesto 2005 aprobado para el campo sea modificado. ''Nada de recorte para el sector rural'', dijo Luis Antonio Ramírez Pineda, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El legislador recordó que por la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación están congelados mil millones de pesos para este sector, que abarcan, entre otros rubros, programas para ex braceros, de infraestructura hidroagrícola y de carreteras para las comunidades indígenas, pesqueros, y para maíz y guayaba.

''Este es un tema que ya platicamos los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional, y reiteramos que actuamos con responsabilidad para proteger a los más desprotegidos; que tuvimos la capacidad para definir el presupuesto de egresos de este año. Ahora, lo que tenemos que hacer es pensar en los recursos del siguiente año y evitar que por una controversia constitucional vayan a quedar congelados'', concluyó el legislador.

Sector agropecuario

Rechazan ONG apoyo de México a grupo que promueve transgénicos. (La Jornada, Juan Balboa, p. web).

Grupos de ambientalistas de todo el país demandaron al gobierno del presidente Vicente Fox establecer reglas de responsabilidad de productos importados, a fin de prevenir casos de contaminación genética, como el ocurrido con los maíces criollos mexicanos. Exigieron también no apoyar, en la próxima Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnología Moderna (COP-2), al llamado Grupo Miami -integrado por Estados Unidos y Canadá, entre otros- que junto a grandes empresas cerealeras promueven los transgénicos y leyes laxas para evitar responsabilidad.

El Grupo de Estudios Ambientales, la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras 15 organizaciones, proponen que en la próxima reunión de Montreal, Canadá, del 30 de mayo al 3 de junio de 2005, la delegación mexicana apoye una regulación fuerte que establezca un régimen de responsabilidad obligatorio para las empresas, en el cual se especifique "qué es un daño, quiénes son los responsables" y los estándares de responsabilidad, entre otras peticiones.

En un documento plantean que el régimen de responsabilidad debe basarse en el principio internacional de "quien contamina, paga"; todo ciudadano debe tener acceso a las instancias judiciales para demandar la reparación del daño y que los particulares se responsabilicen. Además, insisten en que la reparación del daño deberá incluir las afectaciones a la biodiversidad, al medio ambiente, a la salud humana, a la sanidad vegetal y animal, así como el que pudiera causarse más allá de las fronteras nacionales.

"En los casos en que los países no contemplen un régimen de responsabilidad, se deberán establecer los mecanismos para que empresas aseguradoras asuman los riesgos en tanto se desarrolla dicha regulación", consideran las organizaciones en el documento enviado a los titulares de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; Salud; Educación y Hacienda y Crédito Público.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Denuncian detención de tres indígenas por invadir finca. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p. web)

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) denunciaron la detención de tres de sus compañeros, acusados de invadir una finca propiedad de un latifundista alemán. Según el grupo de campesinos que este miércoles arribó a esta ciudad, se trata de Sergio Sánchez Navarro, Josefina López Muñoz y Roger Velasco Guzmán, a quienes ya les dictaron auto de formal prisión por el delito de despojo en agravio de Joan Kritzler Hahne. Los denunciantes explicaron que para disimular su latifundio, el alemán dividió las miles de hectáreas que posee en fincas más pequeñas y arrebató a los abuelos de los detenidos algunas de las tierras en cuestión, por lo que existe una demanda agraria en su contra.

La CIOAC se suma a las protestas en Chiapas y bloquea carreteras. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p.web)

La central campesina externa su apoyo a mentores y trabajadores del sector salud

Cientos de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) bloquearon carreteras en diversos puntos de Chiapas, en solida-ridad con los miles de maestros y trabajadores del sector salud en paro de labo- res desde el pasado 2 de mayo, para exigir al gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, el cumplimento de diversas demandas laborales y sociales.

Sobre la movilización de agremiados del sindicato de trabajadores del sector salud, el secretario general de la sección 50 de esa organización, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, consideró que la solución al conflicto "está en manos de la Secretaría de Salud". Destacó que "el diálogo está en receso debido a que irresponsablemente el gobierno estatal trasladó a las autoridades de Salud federales las demandas que le planteamos para mejorar los servicios en Chiapas".

En la ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que debido a los "despidos y a la cerrazón" que ha mostrado Salazar Mendiguchía -quien ordenó cesar a 400 mentores en paro-, la noche del miércoles comenzaron a llegar al Distrito Federal alrededor de "mil maestros", quienes pedirán la intervención de las secretarías de Gobernación y de Educación para poner fin al conflicto.

Mientras, la CIOAC realizó bloqueos carreteros intermitentes en municipios de Chiapas donde tiene presencia, como Bochil, Jitotol, Simojovel y Pueblo Nuevo, en la zona norte del estado. Además celebró marchas en Las Margaritas y Comitán.

El dirigente de la CIOAC en Chiapas, Juan Pérez Pérez, afirmó que la política del gobernador Pablo Salazar contra los maestros "enrarece el clima político y social en la entidad, y aumenta la inconformidad que muchos sectores tienen contra su administración".

Por su parte, los maestros realizaron un mitin ante las instalaciones de la Subsecretaria de Educación federalizada en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, durante el cual reiteraron que mantendrán su lucha por mejores condiciones laborales e incremento al presupuesto educativo.

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, donde un grupo de profesores se encuentra en plantón, los mentores reunieron firmas para pedir la destitución del gobernador. "Queremos unir a 200 mil personas en la marcha del viernes y llegar al objetivo de juntar 2 millones de firmas que sirvan de respaldo para exigir al Congreso del estado la destitución del gobernador", explicó Russel Aguilar Brindis, director de la secundaria técnica 134, de Chiapa de Corzo.

En San Cristóbal de las Casas, el secretario general de la sección 50 del sindicato de trabajadores del sector salud, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, dio a conocer que el secretario de Salud de Chiapas, Angel René Estrada Arévalo, fue llamado este miércoles a la ciudad de México por su homólogo federal, Julio Frenk Mora, "para establecer los mecanismos de solución a las demandas de los trabajadores chiapanecos", por lo que se espera que este jueves el funcionario estatal regrese "con una propuesta satisfactoria para sentarnos a negociar".

Por su parte, la dirigencia de la sección 7 del SNTE consideró que los 400 ceses de maestros ordenados por Salazar Mendiguchía "son únicamente una estrategia de amedrentamiento, ya que los despidos no proceden jurídicamente". Según el secretario general seccional, Francisco Torres, al momento únicamente se ha notificado a 150 de los 400 destituidos por no presentarse a laborar durante más de tres días consecutivos.

Los desplazados de Polhó llevan ocho años “resistiendo el hambre y la sed”. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web)

San Pedro Polhó, Chis., 18 de mayo. ''Aquí los desplazados van a cumplir ocho años desde que salieron de los terrenos de su propiedad por causa de los ejércitos, la seguridad pública y los paramilitares. Durante ocho años aquí están, permanente, y entonces el pueblo desplazado sufre por no tener casa, alimentaciones, medicina. La vida de desplazado es muy dura'', expresa Andrés Guzmán, presidente del concejo autónomo de San Pedro Polhó.

''Estamos viendo que nuestra lucha gana en los corazones del mundo, pero el gobierno (de México) no nos quiere reconocer. Nosotros sabemos reconocer que somos personas, los indígenas que estamos aquí resistiendo''.

El representante autónomo informa que, además de las comunidades zapatistas pertenecientes al municipio, actualmente sigue habiendo 5 mil 533 desplazados, distribuidos en los seis campamentos de Polhó; más uno en Acteal y otro en Takiukum.

''Aquí sufrimos, mientras no queremos dejar nuestra lucha. No rendimos nuestra dignidad. Sabemos que el pueblo indígena tiene un derecho. Pero el mal gobierno se organiza con sus paramilitares que están en las casas de nuestros compañeros desplazados, que no pueden entrar a cultivar el maíz y frijol'', agrega el presidente autónomo en un cuarto semivacío de la que fue clínica de la Cruz Roja hasta que la institución abandonó el lugar, el año pasado. Y reitera para dejar claro el punto:

''El mal gobierno tiene organizados sus ejércitos y paramilitares para que los compañeros no puedan trabajar sus tierras. Aquí estamos, resistiendo el hambre y la sed.''

En estas laderas, la escasez de agua y alimentos es crónica, y también aguda. "Las familias necesitan maíz y medicinas. Muchos compañeros estamos pasando hambre todos los días".

Confirma que en días recientes las amenazas contra los zapatistas han sido graves en Tzanembolom y Yaxjemel, donde los paramilitares, solapados por la fuerza pública, mantienen el control de los poblados. Y menciona Acteal ("allí donde están los soldados"), Chimix, La Esperanza y Los Chorros como otros reductos de civiles armados, de filiación priísta, a quienes no se investiga ni mucho menos se castiga.

Respecto de la educación, esa preocupación importante de la autonomía, el presidente del concejo zapatista describe las carencias y limitaciones. "La educación está muy complicada. No hay quien nos eche la mano; faltan útiles para los alumnos y promotores".

El municipio rebelde cuenta con 24 promotores de educación y sólo cuatro escuelas primarias: centro de Polhó y campamentos seis, siete y ocho.

''Podemos enseñar abajo del sol, o de un árbol, pero es mejor si tenemos techo y escuela. La verdad, las ayudas son muy útiles, porque nuestra lucha es por la educación. El mal gobierno no quiere que aprendamos", acusa.

La escuela secundaria autónoma de la región se localiza en el caracol de Oventic, a la cual podrían asistir, en principio, los muchachos de Polhó. Pero no alcanza el dinero para el transporte. El viaje implica tres transbordos para cubrir el trayecto; éste es un desembolso incosteable para las familias indígenas. Quienes sí acuden al caracol de los Altos son los promotores, cuando se realizan cursos. Gracias a ellos, la actividad escolar no se interrumpe en Polhó y algunos campamentos de desplazados. No obstante, las escuelas siguen siendo insuficientes.

Sin triunfalismo, pero también sin fatalismo, el representante autónomo asume los grandes escollos que la resistencia enfrenta en los rubros de salud, educación, alimentación y producción agrícola. Y concluye:

''Nosotros queremos lo mejor para los niños y las niñas. Que sean tomados en cuenta. Que sean reconocidos. Mientras la lucha zapatista vaya caminando por el mundo, esperamos que sigan las solidaridades.''

La cabecera autónoma de Polhó está bajo sitio permanente, con una instalación militar envolvente que ocupa el borde de la carretera y un gran predio en Majomut, barrio de Polhó donde se localizan los almacenes de la cooperativa Majomut, a la cual ya no pertenecen los caficultores zapatistas, que han creado su propia cooperativa autónoma junto con los de San Andrés Sakam'chen, Santa Catarina y otros municipios rebeldes de los Altos.

Patrullajes, intervención en la vida cotidiana, protección embozada de los civiles armados identificados como paramilitares, y de su usurpación institucionalizada de tierras que legalmente pertenecen a las familias zapatistas pero que, no pocas veces, ya reciben programas gubernamentales que benefician a los ladrones de tierras. Y esto, sin contar las vidas que deben y los animales que se apropiaron hace ocho años.

GUERRERO

Se debe redoblar esfuerzos para que La Parota “no se deseche”: López Rosas. (El Sur, Magdalena Cisneros, p. web).

Los gobiernos federal, estatal y municipal deben redoblar esfuerzos para mantener los niveles de diálogo con los comuneros afectados por la hidroeléctrica La Parota y se tome ya una decisión, “para que el proyecto no se deseche”, manifestó el alcalde Alberto López Rosas.

Anunció que el gobierno municipal “buscará acercamientos con los grupos, sobre todo con los inconformes, para continuar escuchándolos y tratar de que se desahoguen las inquietudes que tengan.

“Considero que el proyecto puede ser detonante para abatir el rezago que hay en el medio rural y por tanto yo lo veo con simpatía; considero que es un medio para hacer avanzar el medio rural”.

En su edición del viernes pasado, El Sur retomó una nota del periódico El Financiero, sobre la versión de que si no se licitaba la construcción de la central, “a más tardar en dos semanas, se dará marcha atrás” al proyecto”.

La información también reproducía una declaración del director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en el sentido de que “comuneros de la región han mostrado resistencia, por lo que han tenido que presentar un proyecto alternativo conocido como La Yesca”, en Nayarit.

Consultado en su oficina, el alcalde dijo que “oficialmente no tengo ningún notificación de alguna cancelación, pero yo espero que podamos profundizar, redoblar el esfuerzo en los acuerdos, para evitar que sea desechado este proyecto.

“La Parota es un proyecto que tiene que sustentarse en voluntades; si bien es cierto que hay grupos con posturas diferentes, también es cierto que ha habido la disposición del gobierno para tratar de avenirlos para tratar de sacar este proyecto de la mejor manera”.

Agregó que esperaría que las tres instancias de gobierno “podamos redoblar el esfuerzo para mantener los niveles de diálogo con las partes y tomar ya una determinación, no prolongar más esta incertidumbre, a fin de que podamos resolver un problema que puede generar mayores inquietudes si no se resuelve ya”.

No quiso opinar sobre lo dicho por los comuneros de Cacahuatepec, en el sentido de que el secretario general del gobierno, Armando Chavarría Barrera, les dijo que la administración estatal apoya el proyecto, porque “no puedo opinar por otra instancia”.

–¿El gobierno municipal apoya La Parota?, se le preguntó.

–El Ayuntamiento está muy al pendiente de las posturas de los grupos. Yo he considerado que el proyecto puede ser detonante para abatir el rezago que hay en el medio rural y por tanto yo lo veo con simpatía; considero que es un medio para hacer avanzar el medio rural.

Cartones

Saliendo de apuro · Magú

Magú