Noticias del día

CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Obligan a revisar presupuesto 2005

Ordena la Corte atender reclamos del Presidente en periodo extraordinario

350 mdp, tope a las campañas en el PAN

Deberán aspirantes buscar recursos propios, acuerdan

Descartan crisis de fin de sexenio

Canales Clariond asegura que todavía se puede crecer 7.0%

Afecta a México desaceleración en EU

La economía crecerá 3% durante el 2005, estiman analistas

Anula la SCJN las partidas que objetó Fox a la Cámara

Las modificaciones serán rechazadas, adelantan PRI y PRD

Denunciar a los que exigen el historial de crédito, pide Abascal

Las empresas que soliciten referencias del Buró de Crédito, porque ése es un acto ilegal

Maestra de 60 años, 37 días plagiada, llegó sin tres dedos

Fue secuestrada en Iztapalapa con su esposo; pagaron rescate de $5 millones

En ebullición, las relaciones con EU

Llega líder negro Jesse Jackson para conferenciar con Fox

El gobierno quiere imponer exactitud a medios extranjeros

La SRE trabaja en la creación de un gran centro que genere “información positiva”

Chocan poderes por el Presupuesto

La Corte lo regresa a la Cámara de Diputados y ordena "atender" observaciones

Sector agrario

Mediará el gobierno en la disputa por la explotación de piedra caliza en la Unión. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p. web)

Reunión en Chilpancingo del alcalde Carlos Reyes con Esaú Tapia y representantes de cuatro dependencias estatales

En una reunión privada, el presidente municipal de La Unión, Carlos Reyes Torres; y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca; y representantes de cuatro dependencias estatales acordaron que el martes 24 se reunirán con los dos grupos de ejidatarios de la comunidad de Santa María, que por la disputa del control de una mina de piedra caliza, provocaron que la empresa siderúrgica Sicarta decidiera ya no comprarles el material pétreo.

Determinaron que a ese encuentro asistirán los ejidatarios de Corral Falso, como terceros afectados, porque una vez que la empresa decidió no comprar la piedra caliza a la mina de Santa María acordó que tampoco contrataría los 60 camiones de volteo que éstos rentaban para el traslado del material.

Incluso el lunes, el comisario de Corral Falso, Irineo Izazaga Oreón, en una reunión con el alcalde de La Unión, pidió a éste que intervenga ante Sicarta, para que vuelva a rentar sus camiones, tras enterarse de que contratará el servicio a una familia del lugar.

Advirtió también que de no tener una solución, podrían bloquear la propiedad de los nuevos arrendatarios.

Por su parte, Reyes Torres ofreció reunirse ayer con las autoridades estatales para analizar el caso.

Consultado afuera de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, al término del encuentro que duró unas dos horas, Reyes Torres explicó que el único acuerdo que tuvieron en ese encuentro es que el martes 24, se reunirán con los ejidatarios de Santa María y Corral Falso, “para revisar con ellos, la situación del conflicto, así como las actas de asamblea, las actas de demandas penales así como las actas de denuncias” que existen “y que sean ellos mismos quienes decidan ya resolver ese asunto”.

Reyes Torres dijo que durante la reunión en la que estuvo Tapia Abarca y representantes de la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría Agraria, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, revisaron el expediente del caso de Santa María.

Recordó que ese conflicto comenzó hace cinco años, luego de que una minoría de ejidatarios de esa localidad “dio de baja” los derechos una mayoría, con quienes extraían el material pétreo para después venderlo a Sicarta.

Derivado de la división entre los ejidatarios por la “diputa del control” de la mina, la empresa siderúrgica determinó no comprar el material, mientras que éstos se denunciaron mutuamente ante las autoridades judiciales, por varios delitos.

La víctima del conflicto, según Reyes Torres, fueron los ejidatarios de Corral Falso, debido a que Sicarta suspendió a éstos el contrato de arrendamiento de 60 camiones de volteo para transportar el material hacia la procesadora, “es decir, a ambas comunidades les correspondía el 50 por ciento de trabajo, unos extraían y otros acarreaban”.

El alcalde dijo que éstos últimos también estarán en la reunión, porque presentaron una demanda penal contra la empresa, por presuntos adeudos, “entonces todos esos asuntos se tiene que revisar, el martes, lo que sí debe quedar claro, que ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento va a fortalecer a ningún grupo”.

Se queja Barbará del abandono oficial en el caso del cierre de empresas. (La Unión de Morelos, Benjamín Marchán, p. web).

18-05-2005

Luego de que presuntos comuneros de Jiutepec tomaron las instalaciones de la Calera Chica, el empresario Javier Barbará Salazar, indicó que las autoridades federales, estatales y municipales se niegan a intervenir para solucionar el problema.

Manifestó que el conflicto no sólo ha causado pérdidas económicas por tres millones de pesos a las empresas "Triturados no metálicos" y "Cal Morelos", sino que además, puso en riesgo de perderse a las 125 fuentes de empleo directas.

Asimismo, se desató un problema social que afecta a las 900 familias de la colonia Calera Chica, por la inseguridad de la tenencia de la tierra y la indefinición de quien las representa.

Barbará Salazar se deslindó de la marcha que realizaron el pasado lunes comuneros y trabajadores, señalando que las autoridades federales se siguen resistiendo a intervenir y emitir su juicio, sobre quién es el auténtico representante comunal del lugar.

“Los auténticos comuneros han presentado pruebas de que Ofelio Blancas Alvear es un usurpador, pero hace falta el dictamen de la autoridad agraria”. Señaló el empresario, al tiempo de criticar "la falta de determinación del gobierno estatal" para coadyuvar a la solución del conflicto.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), señaló, se niega a reconocer el delito de despojo y ha solapado que durante 36 días, un grupo de individuos armados imponga su ley sobre una propiedad de la que no tienen derechos.

De igual forma, criticó el hecho de que pueda más la determinación de un "representante" de Bienes Comunales que la del propio Presidente Municipal.

Cabe destacar que pese a lo anterior, el empresario todavía confía que pueda haber una solución favorable al conflicto de la Calera Chica, "sólo hace falta más voluntad y operación política", agregó.

Exigen al gobierno federal soluciones conflicto agrario. (La Jornada, Alfredo Valadez, p. web)

Alerta funcionario de Zacatecas sobre riesgo de violencia por disputa con tepehuanos

Amparados en títulos virreinales emitidos durante el siglo XVIII, tepehuanos de Durango pretenden recuperar más de 120 mil hectáreas que están en posesión de ejidatarios y pequeños propietarios rurales de Valparaíso, Zacatecas, y Huejuquilla el Alto, Jalisco, situación que ha creado riesgo de violencia entre las partes involucradas, afirmó el director de la Unidad de Atención a Asuntos Agrarios y Territoriales del gobierno zacatecano, Heraclio Blanco Sánchez.

Al respecto, el diputado priísta Jesús Alvarado Cabrales, representante de la comunidad indígena en el Congreso de Durango, pidió al gobierno federal "seguir apoyando a los tepehuanos", y descartó que los nativos lleguen a enfrentarse con los mestizos que recibieron las tierras citadas mediante un decreto presidencial, o que invadan los predios.

No obstante, el director de asuntos agrarios del estado advirtió que ha tenido contacto con "compañeros" de Huejuquilla el Alto, como Manuel Moreno, dirigente local perredista, quien comparte la visión de que "cuando los indígenas duranguenses lleguen a nuestras tierras va a tener que correr la sangre", dijo.

Recordó que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) entregó los lotes a los dueños actuales. "Son tierras que a nuestros padres les costaron mucho sudor y esfuerzo, y las cosas se van a enrarecer si no actuamos de manera oportuna." Por ello exigió "atención" del gobierno federal para el conflicto agrario, que el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, dio por terminado en marzo de 2003.

Blanco Sánchez confirmó que, aparte de las 5 mil 400 hectáreas que los ejidatarios zacatecanos debieron entregar a los indígenas por decreto presidencial, hace dos años, "ahora otras 5 mil 100 hectáreas del municipio de Valparaíso están ya en poder de los tepehuanos, quienes con amenazas se han asentado en predios que legalmente pertenecen a pequeños propietarios rurales, aunque sin violencia de por medio".

Ante la situación, el funcionario pidió a los involucrados sentarse "ya en una mesa de discusión para poder afrontar esto como equipo y hacer la exigencia fuerte al gobierno federal, para que de una vez por todas se vaya al fondo de las cosas".

Asimismo, se quejó de que "cada año" los ejidatarios de Zacatecas se ven obligados a ceder terrenos a indígenas. "El año pasado fueron más de 5 mil hectáreas, en éste ya van más de 5 mil 100 y en 2006 serán 10 mil, ¿cuándo se va a acabar este problema? De una vez que se defina en qué términos estamos para enfrentarlo pronto y con energía", señaló.

El funcionario insistió en que el riesgo de violencia por la disputa de tierras entre Durango, Jalisco y Zacatecas persiste, pues "hemos tenido contacto con los pequeños propietarios afectados, y veo un riesgo enorme, porque se van sentando precedentes, y estos dos casos son muy sintomáticos de que (los indígenas) van a seguir avanzando, y de alguna manera tendremos que afrontar esta situación".

Se consolida el rentismo como forma de acaparar la tierra, dicen especialistas. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

En América Latina existe una tendencia a privatizar la riqueza natural, sostienen

Analizan la problemática campesina en Venezuela y Latinoamérica En México concluyó el reparto agrario, pero no puede afirmarse que la reforma tuvo éxito

Al comenzar el siglo XXI y un nuevo milenio, la reforma agraria en América Latina ha vuelto a adquirir importancia, debido a que la tierra, el agua y la biodiversidad están en disputa entre los campesinos y quienes buscan privatizar dichos recursos, afirmaron Jaime Castillo Ulloa, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), y la catedrática Raquel Gutiérrez Aguilar, durante el foro La reforma agraria en Venezuela y la nueva problemática rural de América Latina.

En el caso de México, comentó Castillo Ulloa, el reparto agrario ya concluyó, pero no puede afirmarse que la reforma tuvo éxito por esa medida, en razón de que los campesinos no tienen acceso a los insumos.

Además, agregó, a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, realizada en 1992, existe una regresión en el reparto agrario, porque ha surgido un nuevo acaparamiento de la tierra mediante la fórmula del rentismo.

Riqueza natural y reformas

Durante el foro organizado por Casa Lamm y La Jornada, Gutiérrez Aguilar mencionó que en los países de América Latina existe una tendencia general hacia la privatización de la riqueza natural, e inclusive se ha llegado a la modificación de las leyes para romper con los modos tradicionales de producción y los equilibrios existentes.

A manera de ejemplo, Gutiérrez Aguilar señaló que en Bolivia se aprobó el cobro de un impuesto por la propiedad en indiviso (no dividida en partes), lo cual provocó que se desbaratara el tejido agrario, porque quienes no habitan en determinada comunidad tienen derecho a reclamar la parcela en razón de que pagan ese gravamen.

Antes de la aplicación de dicho impuesto, explicó, las comunidades campesinas recuperaban las parcelas abandonadas, pero ahora, con el nuevo gravamen, producto de la reforma agraria, la acción comunitaria se alteró y la policía interviene para garantizar "el derecho a la propiedad" de quienes pagan el impuesto. Esto, inclusive, ha alterado la forma de producción.

Privatización silenciosa

En México, abundó Gutiérrez Aguilar, se presenta una privatización silenciosa del agua, que se ha profundizado por el control más exhaustivo establecido por la Comisión Nacional del Agua, lo cual limita y desequilibra los usos regionales autónomos del líquido. "El Estado está determinando a quién le reparte el agua y las condiciones bajo las cuales se las va a entregar", agregó.

La catedrática advirtió que un gobierno de izquierda no necesariamente implica que actuará contra las políticas neoliberales que alteran las políticas agrarias, como en el caso de Brasil, donde el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra no ha tenido respuesta a sus demandas. "En México debemos estar listos para que no nos den gato por liebre", acotó.

En tanto, Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada, apuntó que en Venezuela el presidente Hugo Chávez impulsó la reforma agraria, pero eso ha sido insuficiente, porque se ha topado con la desidia o el sabotaje de la burocracia estatal, la resistencia de algunos militares, las bandas armadas y la desorganización campesina.

Esa reforma agraria choca con "una maraña de intereses que frenan su aplicación", destacó. Sin embargo, dijo, "la moneda está en el aire; ahí se juega, en mucho, el rumbo de la vida campesina latinoamericana".

En Venezuela, asentó, de los 25 millones de habitantes, 14 por ciento está en zonas rurales, y 80 por ciento del área cultivable lo detenta 5 por ciento de los productores, y el gobierno importa más de 70 por ciento de los alimentos que consume la población. Pese a las resistencias, Chávez ha repartido tierras, pero las que tiene en propiedad el gobierno; inclusive, se indica que en 70 años se han repartido poco más de 11 millones de hectáreas, pero entre los beneficiados hay políticos, empresarios y militares.

Otro de los frenos de esa reforma agraria, agregó, es que el aparato de Estado está prácticamente intocado; "siguen los mismos grupos de poder. Pero hay que entender que el poder es una relación social que se necesita transformar, por eso los avances son pocos, pero las transformaciones no han concluido".

F. Anzar: La SRA compró un problema, no tierras. (Diario de Colima, Gustavo A, Magallón, p. web)

•Adquirió terreno para el ejido Nuevo Quesería, pero no hizo investigación previa, pues está en posesión de otras personas •Yo no apoyo a ninguno de los involucrados, enfatiza el alcalde de Coquimatlán

COQUIMATLAN, Col. Con respecto a la acusación de que quiere despojar de sus tierras a un grupo de ejidatarios, el alcalde Francisco Anzar Herrera expresó que este problema es muy añejo de más de 30 años, donde han habido una serie de confusiones por la ubicación del terreno, por la propiedad y por la posesión, "pero yo no apoyo a ninguno de los grupos involucrados".

Lo que percibo, resaltó, es que la Reforma Agraria compró un problema, ya que adquirió un terreno para un grupo de personas del ejido Nuevo Quesería, promovido por los antorchistas, pero nunca hizo una investigación previa de que el terreno estaba en posesión de otras personas.

Resaltó que la Reforma Agraria compró un papel, pero no hizo la supervisión física, por lo que no ha podido entregar físicamente el terreno a los ejidatarios de Nuevo Quesería.

Señaló que les ha dicho a todos los involucrados "que nos tenemos que sujetar al marco jurídico, a lo que digan las autoridades competentes, porque no es un problema de competencia del ayuntamiento".

Indicó que tiene entendido que el terreno tiene posesionarios, "hay dos grupos del municipio que reclaman el mismo terreno y hay otro grupo, Nuevo Quesería, para los que la Reforma Agraria compró un terreno, pero nunca han tenido la posesión.

Explicó que la Reforma Agraria compró a un particular que en papel es dueño del terreno, "pero hasta donde yo sé, nunca ha tenido la posesión, que la han tenido unos vecinos de la comunidad de Agua Zarca durante muchos años".

Resaltó que los ejidatarios de Nuevo Quesería son los menos culpables, "pero todos tenemos que sujetarnos al marco jurídico, a las leyes, ya que nunca han tenido posesión del terreno, por lo que no se pueden llamar despojados".

Enfatizó Francisco Anzar que es el alcalde para todos los coquimatlenses, aún para la gente que venga de fuera le vamos a dar la certidumbre jurídica, legal, de protección y de seguridad y recalcó que no apoya a ninguno de los grupos involucrados en este problema.

Maniobra de la SRA en Milpa Alta. (La Jornada, Correo Ilustrado, p. web).

Señora directora: En la comunidad indígena de Milpa Alta el gobierno federal, por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), está gestando un nuevo foco rojo. De manera ilegal e irresponsable emite una convocatoria dirigida a los comuneros milpaltenses para hacer una asamblea general este 20 de mayo y cambiar a la representación general de bienes comunales, la cual está a mi cargo, sin tener ninguna facultad o competencia legal para poder hacerlo.

El gobierno federal, no contento con haberse burlado de nosotros, los pueblos primeros de México, con la contrarreforma constitucional en materia indígena de 2001, y con haber borrado nuestra existencia de los libros de texto de historia de la secundaria, ahora pretende sumir en una lucha interna a una comunidad indígena que siempre ha defendido su territorio, sus tradiciones y sus usos y costumbres.

El milpaltazo lo pretende dar la SRA violentado lo establecido por la propia normatividad aprobada por ellos mismos, en que, de manera raquítica, incompleta y tramposa se reconoce la autonomía y la libre determinación de las comunidades indígenas.

¿Qué pretende el gobierno federal con esta ilegal convocatoria? ¿Por qué viola de manera tan clara la propia normatividad que él mismo impuso a nuestros pueblos y comunidades? Es evidente que mientras crean otro "foco rojo" en una comunidad indígena como la nuestra al ponernos a pelear internamente, los que están interesados en que el territorio de Milpa Alta deje de ser comunal, los que quieren nuestras tierras, plantas, agua, semillas, nuestro bosque y todos nuestros recursos naturales serán los que ganarán con ello. No me niego a la renovación de las representaciones comunales, pero ésta tiene que ser a partir del ejercicio de la voluntad autónoma de los integrantes de mi comunidad y no por la intromisión, el capricho y las intenciones oscuras de ninguna autoridad gubernamental.

Hacemos un llamado a todas las comunidades indígenas y ejidos que rodean a la ciudad de México, y a los pueblos, comunidades y organizaciones que integran al Congreso Nacional Indígena, a estar atentos de esta provocación. (Carta resumida)

Julián Flores Aguilar, representante general de los nueve pueblos de la comunidad indígena de Milpa Alta

La expropiación en ribera del Laja está convenida: municipio. (El Correo (Guanajuato) Guadalupe Ayala, p. web).

Asegura el director jurídico Trinidad García que sólo falta la gestión ante la SRA

CELAYA.- El municipio gestionará ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos de origen ejidal ubicados sobre la ribera del río Laja para construir la obra del malecón de Celaya porque ya se celebraron “convenios de ocupación previa”, informó el director jurídico, Trinidad García Venegas.

Entrevistado sobre la polémica que se ha desatado respecto a las afectaciones que hace el gobierno municipal en ambas márgenes del río Laja, tema que ya fue planteado ante la Comisión de la Reforma Agraria del Congreso de la Unión la semana pasada por propietarios y vecinos de la zona, el funcionario comentó que en esta zona hay tierras ejidales y de pequeña propiedad.

“Lo que pasa es que esto es parte de lo que no se ha informado bien, el Ayuntamiento con los ejidatarios con los que ha convenido, ha celebrado convenios de ocupación previa, es por así llamarlo una expropiación convenida, donde es la misma forma por la cual, por ejemplo, se hizo el relleno sanitario regional”, espetó García Venegas.

Agregó que “se adquieren los derechos de los ejidatarios que tienen la posesión de esos terrenos y luego se tramita la expropiación, se llama convenio de ocupación previa, es la forma jurídica, por eso yo no veo cuál sea el problema”.

El director jurídico precisó que la expropiación es un proceso que se gestiona ante la Secretaría de la Reforma Agraria, de acuerdo al artículo 94 de la Ley Agraria Federal.

“Tenemos que primero dedicarnos a liberar, luego una vez concluido todos los paquetes tendremos que ir a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) calculamos que son trámites que llevan de los seis a los nueve meses”.

Cuestionado sobre si hay tiempo suficiente para que se acabe la construcción del malecón de Celaya, Trinidad García Venegas dijo que por esta razón la obra se diseñó por etapas.

En cuanto a la petición que hicieron algunos dueños de predios ubicados en la zona que se afectará, comentó que desconoce el nombre de quienes se quejaron ante la Cámara de Diputados, porque con todas las personas con las que él ha platicado ha sido en buenos términos. Negó que el gobierno municipal ejerza presión para obtener los terrenos, “no puede existir porque yo no gastaría la saliva platicando, estaría trabajando en la expropiación lo cual no es así”.

Por último, comentó que hay personas que “quieren sacar raja de todo, meten ideas, yo creo que se trata de sumar y no de dividir”.

Ley Agraria

La Ley Agraria Federal en el capítulo IV denominado "De la expropiación de bienes ejidales y comunales" en el artículo 94 señala:

La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V (Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural), para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse con el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.

Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, mediante garantía suficiente.

Artículo 95

Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación.

Bloqueo en siete zonas el día 18. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p. web).

En solidaridad con el plantón indefinido de maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE, así como con trabajadores de la salud y organizaciones sociales y campesinas, la dirigencia estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), confirmó que este miércoles 18 tomará edificios públicos, presidencias municipales y bloqueará carreteras en siete regiones y municipios.

"Queremos decirle al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, que las amenazas de ceses masivos cumplida en contra de los primeros 200 mentores a partir del pasado lunes 16, lejos de ser la solución viene a complicar la situación que vive la entidad y que está cargada de inconformidades de organizaciones que también se están manifestando y solidarizando", exponen.

De acuerdo con acotaciones del líder estatal Juan Pérez Pérez, "el comité ejecutivo estatal de la CIOAC, sus comités regiones, representantes y comisiones organizadores de las sietes regiones acordamos hacer las movilizaciones regionales para exigir el cumplimiento de nuestras demandas presentadas el pasado 7 de febrero al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y que hasta ahora no ha tenido una buena respuesta de sus funcionarios".

Pérez Pérez resaltó que no hay avances de la carpeta agraria ni con Salazar Mendiguchía ni con la Reforma Agraria (SRA) y su delegada Martha Cecilia Díaz Gordillo, quien los ha obstaculizado.

Ante este nulo avance citó que este miércoles 18 realizan movilizaciones regionales, bloqueos de carreteras, toma de edificios públicos, marchas y mítines en la región Centro, Venustiano Carranza; el Norte, en Simojovel, Jitotol, Bochil, Rayón; Fronteriza, en Las Margaritas habrá una marcha y toma de delegaciones en Comitán; Fraylesca y Costa.

A 17 días el plantón indefinido frente a Palacio Estatal, observó que "además de nuestro apoyo solidario, decidimos participar del movimiento magisterial; nosotros hemos dicho que las demandas magisteriales son justas, por eso es incorrecto que el gobierno con la represión pretenda resolver este conflicto".

Pérez Pérez dijo que esta movilización está avalada por su dirigente nacional Federico Ovalle Vaquera, quien encabezará estas movilizaciones.

Prensa Estatal

COAHUILA

Grave, la siembra de droga. (El Siglo de Torreón, p. web).

Zonas indígenas se encuentran copadas por cultivos prohibidos, admite Xochitl Gálvez.

“Es sumamente grave la siembra de enervantes en las zonas indígenas de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango”, admitió ayer Xóchitl Gálvez, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), durante su gira de trabajo por la capital duranguense.

Por otra parte, sobre la exigencia de los nativos de Mezquital que ahora reclaman otras 80 mil hectáreas aledañas a Bernalejo de la Sierra, la funcionaria dijo tajante: “hay un convenio que dio por terminado ese conflicto, en el cual los indígenas se dan por saldados con las cinco mil hectáreas que lograron recuperar... Mejor hay que hacer producir las otras 400 mil hectáreas que sí tienen y que muchas regiones quisieran”.

Adicionalmente, en el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación aseveró que los partidos políticos han sido “una catástrofe para los indígenas”, ya que “los desunen y los enfrentan, y luego ya no vuelven sino hasta que es año electoral otra vez”.

Gálvez reconoció que el binomio de la pobreza indígena y el narcotráfico es una realidad que tiene principal presencia en las regiones étnicas de Chihuahua, Sinaloa, la montaña de Guerrero y en Durango en la región tepehuana de Mezquital.

“Desafortunadamente, la oferta que hacen este tipo de personas (ligadas al narco) es una oferta atractiva y aparentemente sin riesgos; desafortunadamente, hay muchos indígenas presos por delitos contra la salud”, declaró.

En rueda de prensa que concedió en Casa de Gobierno de esta ciudad, precisó: “yo puedo decir que hay regiones como Sinaloa, Chihuahua, seguramente algunas partes de Durango y la montaña de Guerrero, donde tenemos problemas muy graves de siembra de narcóticos.

CACICAZGOS

Hizo referencia a las modificaciones legales recientes que permiten la liberación de los indígenas involucrados por primera vez en delitos contra la salud, la cual ha permitido evitar que sigan en la cárcel personas que incurren en forma primeriza en estos delitos por su idiosincrasia o su entorno socio-económico-cultural.

“Si te cachan transportando droga, si te cachan en estos casos y demuestras que eres una persona que desconocía lo que estabas haciendo. El problema es que si se repite ya no se puede obtener este beneficio, porque la primera vez puede ser que los engañaron, pero la segunda implica que quieren ganarse el dinero fácil”.

Como encargada de la CDI afirmó que han detectado casos donde los cacicazgos regionales y la falta de autoridad provoca que haya gente que obligue a los indígenas a sembrar, procesar o empaquetar estupefacientes.

“Sí, existe” –insistió-. “Es una realidad que se deriva de que tanto poder económico de esas personas (narcotraficantes) compra todo, hasta las conciencias y las personas. Entonces, aquí la bronca es que mientras tengamos al principal consumidor al lado (en referencia a los Estados Unidos de América), pues ¿cómo lo paras? Si hay demanda, surge la oferta”.

BERNALEJO DE LA SIERRA

En torno al conflicto de Bernalejo de la Sierra, que hasta el año pasado implicó la intervención del Gobierno Federal para desactivar los problemas limítrofes entre ejidatarios de Zacatecas e indígenas de Durango, sostuvo que es tema agotado.

Se le cuestionó sobre la reciente inconformidad de las etnias tepehuanas asentadas en la comunidad de Santa María de Ocotán, en el municipio de Mezquital, Durango, y sin embargo, la funcionaria federal resaltó que los pactos son para ser respetados, y en el caso de Bernalejo se elaboró un convenio que erradica más conflictos de tierras en ese lugar.

“Tuvo un costo muy alto para el Gobierno la solución de este conflicto; de hecho, la propia Comisión -de Atención a los Pueblos Indígenas- aportó 20 millones de pesos para resolverlo a través de una mejora a la indemnización de los ejidatarios zacatecanos y que con ello cedieran las tierras a los tepehuanes. Entonces, no se puede inventar tierra donde no la hay”, aclaró.

Y es que, en el marco de la visita de Xóchitl Gálvez a Durango, el presidente de Bienes Comunales de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Santiago Calleros Solís, dijo que la intención, ahora, es pelear por otras 80 mil hectáreas con reserva maderable que siguen del lado de los ejidatarios zacatecanos.

QUE LAS HAGAN TRABAJAR

En ese sentido, Gálvez insistió: “ya no hay para dónde irse, porque las otras tierras son de propiedad privada y ejidos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es provocar que sean productivas las 400 mil hectáreas con que ya cuentan los tepehuanos. Tienen el bosque y los recursos que muchas otras regiones ya quisieran para lograr su desarrollo”.

Criticó que así pudieran contar con el doble de tierras, 800 mil hectáreas, pero con el problema de la tala inmoderada que han tenido los tepehuanes no saldrían adelante. Y finalmente, sobre el supuesto resurgimiento de la inconformidad indígena, remató: “eso es parte del pasado, y tenemos dos opciones: o seguimos mirando al futuro o nos seguimos perdiendo en conflictos sociales que no ayudan”.

“... Además, hay que ser muy claros: se hizo un pacto, y así como yo hablo de palabra, los indígenas tienen que cumplir con su palabra, porque, en ese sentido, pues hay un Estado de Derecho que se tendrá que aplicar si ellos invaden tierras de gente que tiene plena propiedad”.

Sobre otros temas

Xóchitl Gálvez, directora de la CDI a nivel central, habló en Durango sobre los problemas de tala clandestina que se generan en las zonas de extracción forestal con alta presencia indígena.

En tal sentido, sobre el caso concreto de la veda que impuso la Profepa en Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, consideró que muchas veces la veda lo que provoca es mayor tala clandestina.

“Creo que hay que recuperar el bosque, no hay de otra; si no, con el paso del tiempo no va a haber bosque pero para nadie. Lo que tenemos que buscar son otras alternativas de desarrollo para que los indígenas no quieran vivir solamente de los pinos; el orégano vendría a ser una de esas alternativas”.

Abordó el tema de las campañas políticas y el impacto que generan de divisionismo y enfrentamiento en las regiones indígenas, ya que los partidos políticos provocan competencia entre los nativos y nadie los reconcilia después de las elecciones.

Ahí mismo indicó que la CDI está pendiente de revisar las modificaciones legales que se han hecho en materia electoral y política relacionada con los indígenas, como es el caso de los distritos electorales indígenas.

Y en relación con el clandestinaje en la extracción de madera, la funcionaria federal manifestó que siempre va ligado el tema a la corrupción, pero lo más grave que consideró es que las mayores utilidades han sido siempre para gente no indígena, sino para intermediarios.

ESTADO DE MÉXICO

Ofrece Mendoza Ayala reactivar el proyecto de aeropuerto en Texcoco. (La Jornada, Javier Salinas, p. web).

Rubén Mendoza Ayala, candidato de la alianza PAN-Convergencia a la gubernatura mexiquense, ofreció reactivar el proyecto frustrado del gobierno de Vicente Fox Quesada de construir un aeropuerto alterno al de la ciudad de México en la zona de Texcoco.

"Vendré a dialogar con ellos; no creo que me macheteen porque seré gobernador de carne y hueso", dijo en alusión a que el Presidente y el gobernador Arturo Montiel Rojas desistieron de su empeño ante las manifestaciones de ejidatarios que entre 2001 y 2002, machete en mano, rechazaron la expropiación de más de 5 mil hectáreas.

Ante unos 150 alumnos de la Universidad del Valle de México, campus Texcoco, Mendoza Ayala señaló que de ganar la gubernatura en las elecciones del próximo 3 de julio construiría el aeropuerto después de un proceso de consulta y conciliación con ejidatarios de San Salvador Atenco y demás actores de la región.

Durante el acto, el diputado local panista Xavier Mawaad Robert acusó a Montiel Rojas de reorientar al menos mil de los mil 600 millones de pesos del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) para apoyar a Peña Nieto, por medio del programa Regionalización que maneja el gobierno mexiquense.

Ninguno de los 24 municipios gobernados por el PAN ha podido ejercer los 400 millones de pesos que les corresponden para el presente ejercicio fiscal, pues el gobierno nexiquense no los ha liberado, señaló el legislador.

En la misma situación se encuentran 22 ayuntamientos perredistas, a quienes Arturo Montiel adeuda más de 400 millones correspondientes a 2005 y 200 millones de 2004, recordó por su parte Luis Sánchez Jiménez, edil de Nezahualcóyotl.

Mawaad Robert destacó que la administración estatal ha entregado material de construcción "a diestra y siniestra", y atiende peticiones de obras menores por medio del programa de Regionalización, para fortalecer la imagen del PRI y de Enrique Peña.

Montiel Rojas fundó el programa Regionalización en 2001, para lo cual dividió al estado en 12 regiones con igual número de coordinadores, encargados del envío de materiales de construcción y asignaciones económicas. En 2002, cuando Peña Nieto fue secretario de Administración, fungió como coordinador de Regionalización y estuvo a cargo de la zona 6, correspondiente a la región de Toluca.

En Toluca, Enrique Peña Nieto se reunió en privado con abogados. Posteriormente, en entrevista, se deslindó de la promoción que realizan diputados del PRI de su candidatura con recursos públicos, y dijo que no le sorprende la actual campaña de desprestigio en su contra, "instrumentada desde la oposición".

El abanderado de la coalición PRI-PVEM desestimó también los señalamientos de que ha rebasado los topes electorales, y dijo que si alguien está interesado en respetarlos es él, pues encabeza las preferencias electorales.

"Todo lo que tenemos de propaganda lo hemos hecho con el financiamiento público que el Instituto Electoral del Estado de México nos otorgó. Yo quisiera saber dónde están los recursos que les han dado a las demás fuerzas, porque a casi todas las coaliciones nos dieron una cantidad similar", afirmó.

Mendoza retomará proyecto de aeropuerto. (El Universal, Juan Lázaro, p. web).

Texcoco, Méx. El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será retomado por el candidato blanquiazul, Rubén Mendoza Ayala, en caso de ganar la gubernatura mexiquense, pero consultará a los pueblos texcocanos y con especialistas.

Así lo planteó el candidato durante su visita a la Universidad del Valle de México, donde celebró un encuentro con estudiantes.

En entrevista, estableció que se tendrá que dialogar primero con los involucrados, los ejidatarios, y con los que están inmersos en este problema para que no pase lo mismo que hace cuatro años, cuando se tuvo que dar marcha atrás con el proyecto.

Rubén Mendoza indicó que se tomará en cuenta a los municipios aledaños como Papalotla, Tezoyuca y San Salvador Atenco, para conocer su postura.

"Habremos de consultar con los de Texcoco, con los de toda la región desde Chimalhuacán", indicó. Además se hablará con los expertos urbanistas y ambientalistas porque "el aeropuerto no lo desecho".

El candidato del PAN y Convergencia dijo que si llega al gobierno mexiquense valdría la pena reconsiderarlo por el bien de las poblaciones donde se carece de empleos.

Liberan a vecinos detenidos por presión de ejidatarios. (El Universal, Miriam Vidal, p. web).

Ecatepec , Méx. Ante la presión de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de (FPDT) de San Salvador Atenco, fueron liberadas las siete personas de la comunidad de San Isidro Atlautenco, que fueron remitidas al Ministerio Público de Ecatepec, acusadas de la privación ilegal de la libertad del secretario del ayuntamiento, José Luis Flores.

Al filo de las 23:00 horas del lunes, un grupo de 20 ejidatarios de Atenco arribaron al municipio de Ecatepec, para apoyar a los colonos de San Isidro Atlautenco, quienes exigieron durante más de 15 horas la liberación de sus compañeros.

Encabezados por Felipe Álvarez, alias La Finini , los ejidatarios mostraron indignación por el atropello que sufrieron los colonos al manifestarse en el palacio municipal para exigir la construcción de un puente.

Tras un diálogo con el representantes de la secretaría de Gobierno de la región Ecatepec, Felipe Mercado Orozco, y de llegar al acuerdo de que el gobierno del estado de México pague la multa de 28 mil pesos de los detenidos, éstos fueron liberados la madrugada de este martes.

José de Jesús Meza, uno de los detenidos ayer por policías municipales de Ecatepec, explicó que su liberación se dio al filo de las 5:30 de la mañana de este martes, "gracias al apoyo de los ejidatarios de Atenco, pues ellos presionaron a las autoridades para que nos dejaran en libertad", apuntó.

GUERRERO

Informa comisión al Pleno del Congreso sobre la situación del proyecto La Parota. (El Sur, p. web).

En sesión del Congreso local de este martes se aclaró que el proyecto Hidroeléctrico La Parota no se ha cancelado y se coincidió en que se debe pugnar para que se lleve a cabo en la entidad, ya que permitirá mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses al generar 6 mil empleos directos y 6 mil indirectos.

Al dar un informe, el presidente de la Comisión Especial legislativa para el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, diputado Gustavo Miranda González, explicó al pleno del Congreso que no se ha recibido información oficial de que el proyecto hidroeléctrico haya sido cancelado o transferido a otro estado.

Añadió que “el proyecto no se ha ido de Guerrero y es nuestra responsabilidad darles a conocer la información de manera clara y transparente sin fines políticos o económicos”. Sostuvo que obras como La Parota son de gran impacto social, turístico y económico que generan confianza en inversionistas extranjeros y nacionales para establecerse en Guerrero.

En ese sentido, el legislador informó que hasta el momento 11 de 19 núcleos agrarios ya dieron su firma y su voto de confianza para permitir la realización del proyecto y que la ocupación provisional de la tierra se ha pagado a 3 pesos con 30 centavos la renta por año del metro cuadrado, lo que permite un beneficio más en tanto se concluye la etapa de estudios de factibilidad.

Finalmente, recalcó el compromiso de la Comisión especial de respaldar a los núcleos agrarios para que el pago de sus tierras sea oportuno, justo y apegado a la ley, apartado de intereses políticos y de personas ajenas al caso.

Al intervenir en relación al tema, el diputado David Tapia Bravo sostuvo que el proyecto hidroeléctrico, el más caro del sexenio con una inversión de más de mil millones de dólares, es una gran oportunidad de inversión y generación de empleos para la entidad y será de mayor trascendencia en el desarrollo económico y social de la entidad.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PAN exhortó a los actores involucrados con este proyecto a que se haga todo lo posible por llegar a acuerdos que permitan llevar a cabo este magno proyecto que desde varios puntos de vista conviene ejecutar para beneficio y bienestar de muchos gurerrenses.

En coincidencia con el diputado Gustavo Miranda González se pronunció porque las propuestas de la Comisión Federal de Electricidad no se impongan sobre la voluntad de los ejidatarios y no vulneren los derechos y las justas demandas de los afectados con esta obra

Llama el Congreso a la CFE a buscar el consenso entre afectados por La Parota. (El Sur, Hugo Pacheco, p. web).

“Se deben limitar los espacios a la intervención de operadores políticos que puedan propiciar reclamos ajenos al contexto del proyecto”, advierte la Comisión Especial

Luego de que versiones periodísticas informaran de la posibilidad de que la CFE cancelaría el proyecto de La Parota porque en el estado no encuentran condiciones para su construcción y dos años después de constituirse en el Congreso local la Comisión Especial para darle seguimiento, apenas ayer sus integrantes presentaron sus conclusiones: “El proyecto no se ha ido de Guerrero”, aseguraron.

Fue el presidente de la Comisión Especial del Congreso, el diputado del PRI, Gustavo Miranda González, quien precisó en la lectura de su informe que a la fecha “no hemos recibido información oficial de que el proyecto hidroeléctrico haya sido cancelado, ni que se haya transferido a otro estado”.

La referencia del diputado Gustavo Miranda tiene que ver con la publicación del viernes en el periódico El Financiero y retomada en El Sur en su edición de fin de semana, de una nota en la que el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, declaró que “la idea original era crear La Parota, pero comuneros de la región han mostrado resistencia, por lo que han tenido que presentar un proyecto alternativo conocido como La Yesca, en el estado de Nayarit”.

Por eso hasta este martes y dos años después de creada la Comisión –el 5 de junio de 2003–, finalmente su presidente Gustavo Miranda dio lectura a un informe en que en la parte de las conclusiones indica que “se requiere aminorar el rompimiento de las estructuras sociales y económicas de la población y ofrecerles nuevos centros que cumplan con las expectativas de la gente, sin incurrir en excesos.

“Sólo la población afectable directa o indirectamente, perteneciente a los municipios involucrados, estarán de acuerdo con el proyecto”, agregó el diputado priísta.

Otra conclusión señala que “se requiere identificar la posibilidad de adquirir terrenos de restitución o bien identificar procesos tecnológicos, que en su momento se hicieron llegar a los integrantes de esta Comisión.

“Que las acciones y programas de la CFE deberán sustentarse en el consenso con los afectados y con autoridades estatales, municipales y ejidales o comunales, para limitar los espacios a la intervención de operadores políticos que puedan propiciar reclamos ajenos al contexto del proyecto”.

Gustavo Miranda informó además que a la fecha 11 de 19 núcleos agrarios ya dieron su firma y voto de confianza para permitir la construcción de la presa.

Añade que la ocupación provisional de la tierra se ha pagado a 3.30 pesos por año del metro cuadrado, lo que ha permitido un beneficio más, mientras se concluye la etapa de estudios de factibilidad.

El diputado priísta señaló que una vez que la UAG culmine el estudio de factibilidad, se procederá a levantar un padrón de los afectados en cada núcleo agrario; después del levantamiento topográfico se clasificará el uso del suelo en tres tipos, conforme a lo que establece la ley: Riego temporal y agostadero.

Por esta razón, “hemos hecho la recomendación a la CFE de que deberá negociar directamente con cada uno de los dueños de la tierra, para evitar infiltración de personas ajenas a los núcleos”.

También en el informe de la Comisión leído por Gustavo Miranda se indica que “es menester que el Gobierno del estado contribuya modificando la realidad de los guerrerenses con proyectos similares a la Parota, que transformen la mentalidad del ser humano y su calidad de vida”.

En entrevista y a pregunta sobre la información de El Sur, comentó que no ha recibido “información oficial de que el proyecto haya sido cancelado, ni que se haya transferido a otro estado” y subrayó: “El proyecto no se ha ido de Guerrero, sigue en Guerrero”.

Sin precisar a quién se refería, dijo que “no comparto la alegría de esa información mal intencionada, por querer confundir los avances en materia de aceptación y confianza en el proyecto por parte de los diferentes núcleos agrarios”.

Si a la presa, sin imponerse ni vulnerar derechos y demandas de los afectados: PAN

Más adelante el diputado del PAN, David Tapia Bravo, recriminó al diputado Gustavo Miranda porque en los medios de comunicación locales informó que la CFE “no ha llegado a acuerdos sobre el precio de las tierras con los propietarios de las mismas, y que hasta el momento no hay indicios sobre negociaciones’.

Tapia Bravo comentó que la información de Gustavo Miranda “confirma que este megaproyecto está en riesgo de no realizarse, afectando el desarrollo de nuestro estado”.

El panista exhortó “a todos los actores involucrados con este proyecto para que en el ámbito de sus competencias hagan todo lo posible por llegar a los acuerdos que permitan llevar a cabo este magno proyecto, que desde muchos puntos de vista conviene ejecutar, para beneficio y bienestar de la mayoría del pueblo de Guerrero”.

Pidió a la CFE que “atienda las demandas de los ejidatarios o comuneros en el marco de la justicia y la legalidad. Que las propuestas de la CFE no se impongan sobre la voluntad de los ejidatarios y que no vulneren los derechos y las justas demandas de los afectados”.

Por último, pidió a los involucrados “aportar su mejor esfuerzo y voluntad que permitan la concreción de La Parota en los plazos establecidos”.

Comuneros de Cacahuatepec dicen que el gobierno apoya la presa hidroeléctrica. (El Sur, Ezequiel Flores, p. web).

Autoridades locales, acompañadas por el dirigente de la fracción disidente de la CNC, Evencio Romero, se reúnen con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera

Autoridades locales de la comunidad de Cacahuatepec que están a favor de la construcción de La Parota, se reunieron ayer con el secretario general, Armando Chavarria Barrera, quien les dijo que el Gobierno estatal le apuesta a que el proyecto se realice, pero “sin avasallar a nadie” y asumió el compromiso de buscar un acercamiento con la parte opositora para llegar a un acuerdo y se pueda realizar la obra, informó el dirigente de la fracción disidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, quien acompañó al grupo de campesinos.

Entrevistado al término de la reunión privada que se realizó en la oficina de Chavarria Barrera, agregó que de lo contrario, los ejidatarios amagaron con definir la realización del proyecto mediante una asamblea, ya que insistieron en que es un grupo minoritario el que se opone al proyecto de la CFE.

Por su parte, el presidente del comisariado de los bienes ejidales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, comentó que esperan que el gobierno estatal actué con prontitud para evitar que La Parota sea cancelada, en referencia a la información que difundió El Sur de que “si la obra no se licita en dos semanas, se dará marcha atrás”.

En este sentido, Romero Sotelo anunció que van a esperar a que se realice la reunión con la parte opositora, “nosotros queríamos conocer la postura del Gobierno del estado sobre el proyecto y nos dimos cuenta que están a favor”.

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