CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 31 DE MARZO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Abren fideicomisos

Aprueban senadores reforma a Ley de Transparencia

Pide Fox a EU contener a los cazamigrantes

Reclama acciones para proteger a mexicanos

Mayor disciplina en el mercado: CNBV

Grupos financieros y bancos deberán proporcionar información al público

No frenará el desafuero la marcha del país

La estabilidad económica está fuera de peligro, coinciden AMLO y Chuayffet

ONU: la tortura persiste en México; ya no hay: Creel

Esa práctica, extendida en el país, asevera el organismo

El desafuero ya contaminó los mercados financieros: BMV

Peligro de especulación, dice Guillermo Prieto

La AC antidesafuero gasta $1 millón al día en spots

"No nos Vamos a Dejar", dirigida por Encinas, transmitió en TV 68 anuncios en tres días

Cunde el Pánico en el PRD

Anuncia el PAN Voto en Bloque por el Desafuero

Pide Fox espiar sin permiso judicial

Envían a Cámara iniciativa de reforma

ONU: prevalece la tortura en México

Sigue siendo una práctica extendida, denuncia el Alto Comisionado

Juárez Cisneros ¡Amenaza!

Ningún estado inmerso en la corrupción mantiene estabilidad y paz, afirma

Sector agrario

Proponen reforma a la Ley Agraria con el fin de proteger a indígenas. (Milenio Diario, Magdalena Robles, p. web)

La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados presentará al pleno una iniciativa de reforma a la Ley Agraria que, entre sus planteamientos, define y reglamenta el patrimonio de familia, crea un sistema especial de protección de las tierras indígenas, acota a las sociedades mercantiles y establece los principios que deben regir a cualquier organización económica de productores, además de que le da personalidad jurídica como figura económica a la unidad agrícola industrial de la mujer.

La reforma plantea la autonomía de la Procuraduría Agraria, establece como obligación el apoyo al fondo de la tierra, define los criterios básicos para los contratos de arrendamiento de la tierra y protege y apoya a la propiedad privada menor de 10 hectáreas.

La iniciativa de la nueva ley Federal Agraria, encabezada por la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados que preside Manuel García Corpus, es el resultado de distintos foros de consulta, del estudio de iniciativas de ley presentadas en legislaturas anteriores, incluida la reforma de 1992, y del resultado de un ciclo de mesas redondas “El México Agrario del Siglo XXI”, que se realizó en 2004; de reuniones de trabajo con ejidos, comunidades y organizaciones rurales de los sectores social y privado.

La iniciativa protege a los sectores más vulnerables de la población ejidal y comunal, y define por primera vez en una ley el patrimonio de familia en beneficio de las esposas e hijos menores de edad de los titulares de derechos agrarios.

En este caso la nueva ley determina los bienes que deben constituirlo y la declara inalienable, inembargable y exento de gravamen alguno.

La ley Agraria vigente establece que el derecho agrario es individual, y este derecho recae principalmente en el hombre, y la mujer en su calidad de esposa se señala que sólo tiene derecho al pan.

Lo que ahora se plantea es que el ejidatario define qué es el patrimonio de familia, y para cualquier decisión de venta tiene que contar con el consentimiento de la esposa e hijos mayores de 18 años.

La nueva iniciativa abre también una sección especial denominada tierras indígenas. En el país hay 6 mil 830 ejidos y comunidades con población indígena, quienes tienen ciertas particulares de organización y de la forma de transmitir los derechos de la tierra y de producir en las mismas, y a quienes se les reconoce sus derechos.

En la reforma impulsada se propone un sistema especial de protección de las tierras indígenas, establece un procedimiento voluntario al que pueden acogerse las tierras ejidales y comunales para declararse indígenas.

Los propios ejidos tendrán el derecho de definir cuáles son las tierras indígenas, lo que no significa que se cree un nuevo régimen de propiedad, sino que la comunidad es la que define qué tierras, para qué sirven y cómo se pueden aprovechar.

En este caso también se les da cierta protección, porque se establece que el Estado no puede expropiarlas y para hacerlo debe contar con el consentimiento del ejido.

La iniciativa enfatiza la obligación del Ejecutivo Federal de mantener la integridad de las tierras de los ejidos y comunidades, así como otorga mayor autonomía operativa, presupuestal, técnica y administrativa de la Procuraduría Agraria.

Pretenden nueve de 17 comunidades de Ocuapa conformar otro pueblo. (El Sur (Guerrero), p. web).

Las autoridades de las localidades se quejan de cómo administra las tierras el representante de Bienes Comunales, Natalio Solano, y lo acusan de “usurpar funciones”, pues su gestión concluyó hace tres años

Jesús Rodríguez Montes La Concepción, Copanatoyac

Nueve comunidades de 17 que conforman Ocuapa, del municipio de Copanatoyac, buscan deslindarse de éste para conformar otra población ante la inconformidad que tienen por las acciones “arbitrarias” del representante de Bienes Comunales, Natalio Solano, a quien acusan de engañar a los pueblos para beneficiarse.

Ayer en una reunión celebrada en la comunidad de La Concepción, mejor conocida como La Concha, los comisariados de las nueve comunidades rechazaron de forma insistente cómo se ha conducido Natalio Solano –familiar del alcalde de Copanatoyac, Pánfilo Solano– en la administración de las tierras y lo acusaron incluso de estar “usurpando funciones” al frente de la Comisaría de Bienes Comunales, pues dijeron que su gestión concluyó desde hace tres años.

Ahí se ventiló que un hecho importante para que los nueve pueblos decidieran separarse del núcleo agrario de Ocuapa, fue el conflicto que tuvo con su vecino La Concha cuando el 28 de febrero policías comunitarios de Ocuapa discutieron con ellos en la carretera Tlapa-Marquelia –que provocó un bloqueo por más de dos horas–, al acusarlos de talar de manera ilegal los árboles de la comunidad.

Luego de esto, se convocó a un encuentro el 19 de marzo en Ocuapa para intentar solucionar el lío y tomar acuerdos al respecto. Ahí, Natalio Solano pretendió encarcelar a los de La Concha para castigarlos por talar los árboles que, según los vecinos, serían para la construcción de la iglesia del pueblo. En el ríspido encuentro, al no proceder la aprehensión pidió que por el daño dieran una fianza de 50 mil pesos, lo cual no sucedió, por eso advirtió que los de Ocuapa fundarían una colonia en La Concepción para prevenir la tala ilegal.

Esto fue tomado por La Concepción y los ocho pueblos que lo apoyaron como una “arbitrariedad” de Natalio Solano, con lo cual se abrió un nuevo conflicto agrario por invasión de tierras.

Ayer, en la reunión en la comisaría del pueblo, a la que asistieron unos 100 comuneros, el comisario de La Concha, Andrés López González, recordó estos hechos y dijo a los asistentes: “ustedes vieron cómo nos trató Ocuapa. Se cree el dueño de las tierras y a nosotros nos trata como si fuéramos los que cuidamos sus tierras”.

Ante la decisión de la “invasión” que pretende Ocuapa al fundar una colonia en La Concha, no descartó la posibilidad de un enfrentamiento, y advirtió que no van a “estar con los brazos cruzados” de darse el hecho. La misma pretensión, reveló, tiene Ocuapa en otros dos pueblos de su núcleo agrario.

Otro comisario agregó que por esa situación es que los nueve pueblos se unieron para “formar un solo frente” contra las actitudes “arbitrarias” de Ocuapa, quien manifestó: “se siente dueño de nuestras tierras cuando en realidad las tierras pertenecen a quien las trabaja, y nosotros las hemos trabajado por años”.

Ayer, se conformó un Comité de Gestoría que trabajarán para la conformación del nuevo núcleo agrario de los nueve pueblos que se segregarán de Ocuapa.

Urge el registro en el Procede

El presidente de éste, Ignacio Ambrosio Brito, informó en la reunión que en pláticas anteriores con el residente de la Procuraduría Agraria en la Región de La Montaña, Miguel Ángel Bello Rivera, dijo que para su objetivo primero tendrían que darse de alta en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), a fin de que sean reconocidos como comuneros oficialmente.

Bello Rivera expuso –relató Ignacio Ambrosio– que Natalio Solano no tiene ninguna facultad para estar como representante de los Bienes Comunales de Ocuapa, debido a que su gestión como presidente terminó desde 2002, en mayo.

El vicepresidente del Comité de Gestoría reiteró la “usurpación” de funciones de Natalio García y lo acusó también de utilizar a los pueblos para beneficiarse y obtener recursos para postularse por la presidencia municipal de Copanatoyac, que actualmente ocupa el perredista Pánfilo Solano.

Las nueve comunidades integrantes del bloque que busca constituirse como núcleo agrario de Ocuapa son: Unión de las Peras, Tepeyac, La Concepción, Santa Cruz, El Tejocote, Filo de Acatapec, La Loma, San Juan de Las Nieves y Xkua Xtuti.

Además de los comuneros, a la reunión asistieron dos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD): el secretario de Movimientos Sociales, Víctor Aguirre Alcailde; y el secretario de Asuntos Indígenas, Pablo Ortiz.

Pemex pagará a ejidatarios. (El Sur de Campeche, Leydi Méndez, p. web).

* Firman acuerdos tras maratónica reunión y cambian acuerdos que datan de 1985

Tras la firma de acuerdos sobre el procedimiento en que se adquirirán los terrenos para la Zona de Amortiguamiento del Centro de Proceso y Transporte de Gas de Atasta, así como la promesa de la reunión donde se determinará el precio por hectárea que comprará Petróleos Mexicanos a los ejidatarios.

En la reunión que estaba programada y que se llevó a cabo en la sala de Cabildos del Ayuntamiento que tuvo una duración de 9 horas y donde estuvieron presentes los funcionarios de Pemex, Gobierno del Estado, Municipal, así los de la Profepa, Semarnat, Área Natural Protegida y los representantes de los más de 200 ejidatarios afectados desde 1985 fecha en que firmaron el primer convenio con los parcelarios, pero instalaron la Planta de Gas desde 1980.

Cabe recordar que al no tener una respuesta por parte de los funcionarios de Pemex, así de los gobiernos Estatales y Municipales por el pago de las afectaciones que han tenido por 25 años, el pasado 14 del mes curso los ejidatarios determinaron bloquear los accesos del Centro de Transporte y Proceso de Gas, para que pudieran tener la reunión que ayer se llevó a cabo y donde trataton los asuntos relacionados al precio de las hectáreas afectadas que son 350 y donde Pemex solamente paga a peso el metro cuadrado, es decir ofrece tres millones y medio por las 350 hectáreas de terrenos que ocupa actualmente y el cual no fue aceptado.

En la reunión primeramente el delegado de la Procuraduría de la Reforma Agraria, Rogelio Castañares Ferrer, dijo que deberían llevar el caso a los tribunales a fin de poder deshacer el convenio que se firmó en el año de 1985 y donde señala el artículo séptimo que ambas partes Pemex-ejidatarios, convienen que la paraestatal ocuparía las tierras el tiempo que considere necesarias y que era una salida a fin de poder negociar, sin embargo los ejidatarios no aceptaron argumentando que los procesos son muy largos y que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallarían a favor de Pemex, por lo que se dijo que también podrían llegar a pactar sin que ninguna de las partes fuera afectada.

Luego de un receso de más de una hora, finalmente se acordaron los compromisos que quedaron asentados y firmaron por las dos partes y señalan: 1.- Pemex se compromete a entregar el monto del dictámen de los avalúos maestros emitidos por el INDAABIN, que servirá de base para sustentar el monto del convenio de ocupación previa en el proceso de expropiación concertada correspondiente al área comunal y quedará entregada al representante de Pemex José del Carmen Rodríguez Vera el 26 de abril del año en curso; punto 2.- Las autoridades del ejido de Atasta, entregarán a las autoridades estatales y municipales, una solicitud dirigida al director General de Petróleos Mexicanos, Ing. Luis Ramírez Corzo, para que se analicen y contemplen dentro del Anexo de Ejecusión Pemex-Gobierno del Estado de Campeche.

El punto tres.- Los ejidatarios de Atasta con la asesoría de la Procuraduría Agraria promoverán dentro del juicio agrario instaurado ante el TUA No.34, respecto a las tierras de uso común, que se solicite a la INDAABIN la emisión de un avalúo referente a la afectación que han sufrido dichos terrenos por la actividad petrolera durante 25 años, a efecto de que ya sea en la vía conciliatoriao como producto de una sentencia juridiccional, se determine en su caso el monto a pagar por parte de Pemex, así mismo, el ejido determinará si opta por una expropiación concertada o un nuevo contrato de ocupación temporales en los terrenos usufructuados por Pemex.

En el punto 4.- asentaron, que Pemex continuará realizando la negociación con los ejidatarios parcelarios a partir de la presente fecha y ratifica la postura de continuar con el esquema de expropiación concertada, estos dos puntos estarán a cargo de Juan Carlos Heredia Córdova y Ejidatarios de Atasta el 29 de abril.

El punto 5.- las autoridades estatales y municipales definirán conjuntamente las obras que ejecutarán en la comunidad de Atasta con recursos de Pemex vía Anexo de Ejecusión, previa disponibilidad presupiestal, dándolas a conocer posterior al día 25 de abril del año en curso, siendo los responsables el presidente municipal de Carmen Jorge Rosiñol Abreu y Edilberto Rosado Méndez, secretario de Desarrollo Social en el estado y finalmente la próxima reunión se realizará en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Carmen donde estarán todos los involucrados en el asunto.

Sin acuerdo definitivo ejidatarios y Pemex. (Tribuna de Campeche, p.7A).

Que habría una "expropiación concertada"

Será hasta el 26 de abril próximo cuando de nueva cuenta ejidatarios de la Península de Atasta y representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) se reunirán en busca de un arreglo definitivo en relación a la ocupación de terrenos ejidales por parte de la paraestatal, por lo que ejidatarios exigen el pago de 25 millones de pesos por igual número de años de usufructo. El acuerdo final podría ser la compra-venta o expropiación de manera concertada entre ambas partes.

En lo anterior derivaron más de ocho horas de negociaciones de la comisión designada por los ejidatarios atastecos encabezados por Juan Carlos Heredia, en tanto que por Pemex estuvieron el superintendente general de Pemex Corporativo Desarrollo Social, Martín Vargas Almaguer y José del Carmen Rodríguez Vera, superintendente de Desarrollo Social de la paraestatal en Carmen.

Así también participaron autoridades federales, estatales y municipales, específicamente el delegado de la Procuraduría Agraria, Rogelio Castañares; el secretario estatal de Desarrollo Social, Edilberto Rosado Méndez y el alcalde Jorge Rosiñol Abreu.

En la reunión se significó que es la primera vez que en los 25 años de la problemática ejidatarios-Pemex, se hayan reunido representantes de las autoridades involucradas en el caso, acto en donde en un trabajo conjunto Pemex accedió a sumar esfuerzos para agilizar la solución de este conflicto.

Tras debatir en un marco de respeto y diálogo contundente en las demandas de los ejidatarios, se llegaron a los acuerdos de que Pemex se compromete a entregar el monto del dictamen de los avalúos maestros emitidos por el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin), que servirá de base para sustentar el monto del convenio de ocupación previa en el proceso de expropiación concertada correspondiente al área comunal.

Así mismo, que las autoridades del ejido de Atasta entregarán a las autoridades estatales y municipales una solicitud dirigida al director general de Petróleos Mexicanos, Ing. Luis Ramírez Corzo, para que se analicen y contemplen dentro del Anexo de Ejecución Pemex-Gobierno del Estado de Campeche.

Los ejidatarios, con la asesoría de la Procuraduría Agraria promoverán dentro del juicio agrario instaurado ante el TUA No. 34, respecto a las tierras de uso común, que se solicite al Indabin la emisión de un avalúo referente a la afectación que han sufrido dichos terrenos por la actividad petrolera durante 25 años, aproximadamente, a efecto de que ya sea en la vía conciliatoria o como producto de una sentencia jurisdiccional, se determine la procedencia del reclamo económico del ejido, y en su caso, el monto a pagar por parte de Pemex.

Así mismo, el ejido determinará si opta por una expropiación concertada o un nuevo contrato de ocupación temporales en los terrenos usufructuados por Pemex, que a la vez éste continuará realizando la negociación con los ejidatarios parcelarios a partir de la presente fecha y ratifica la postura de continuar con el esquema de expropiación concertada.

Las autoridades estatales y municipales definirán conjuntamente las obras que ejecutarán en la comunidad de Atasta con recursos de Pemex vía Anexo de Ejecución, previa disponibilidad presupuestal, dándolas a conocer después del día 26 de abril del 2005 en la Sala de Cabildos "Pablo García Montilla" a las 11 horas.

Pide Corte a PGR probar que Paraje San Juan es propiedad pública. (La Crónica de Hoy, Francisco Sandoval p. web. /Información también publicada en El Sol de México, p. 1C, Noticieros Televisa)

La Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a demostrar que el predio conocido como Paraje San Juan es propiedad de la nación, pues de ello depende que se indemnice a los propietarios del terreno, determinaron los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de que los ministros leyeron los resolutivos de más de una docena de asuntos relacionados con las 298 hectáreas expropiadas, en los cuales la postura fue desecharlos, la determinación final de este asunto se dará a conocer la próxima semana, pues ayer, ante la falta de quórum, se decidió posponer la audiencia para su próxima sesión.

En tanto la PGR y las personas que reclaman la indemnización del terreno, entre ellos Enrique Arcipreste del Abrego, tendrán que demostrar quién es el verdadero beneficiario del predio, los particulares o la nación; esto mediante un juicio civil que tendrá que celebrarse ante el Poder Judicial del Distrito Federal.

De igual forma, sigue pendiente que un juez defina el nuevo monto que debe pagar el GDF por la expropiación del paraje. Esto a propuesta del ministro Juan Silva Meza, quien resolvió en los primeros días de marzo modificar la sentencia en la que el juez de la causa, el 24 de septiembre de 2003, lo obligaba pagar mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste del Abrego.

Ayer, durante la sesión de la Primera Sala, los ministros acordaron desechar el recurso interpuesto por el procurador Rafael Macedo de la Concha, para evitar el pago de la indemnización de Enrique Arcipreste, bajo el argumento de que el terreno pertenece a la nación.

En ese sentido los ministros determinaron que la impugnación de la dependencia federal se presentó cuando el amparo que ganó el quejoso ya era cosa juzgada y por consecuencia no hay marcha atrás.

Frente a esta situación la PGR tendrá que demostrar, ante instancias judiciales del DF, que Paraje San Juan es propiedad de la nación; esto luego de que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) encontrara en sus archivos documentos que así lo señalan.

A su vez los ministros desecharon otros 11 juicios relacionados con este caso, entre ellos el de tres particulares que se dicen dueños del terreno, pues los representantes del máximo tribunal recordaron que ésta no es competencia de la SCJN. No obstante, ante la falta de uno de sus ministros, la votación final, en la que habrán de desechar las impugnaciones de este asunto, se dará a conocer la próxima semana.

La SRA deberá litigar el caso Paraje San Juan. (El Financiero, Fernando Ramírez, p. 29).

La Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría General de la república y varios particulares que se ostentan como propietarios del Paraje San Juan, en Iztapalapa, deberán litigar la legítima posesión mediante juicios civiles en contra de Enrique Arcipreste del Ábrego, quien ganó una sentencia definitiva de amparo.

En cuanto a la indemnización, un juez de Distrito en Materia Administrativa deberá ordenar un nuevo peritaje, pues los mil 810 millones de pesos que pretenden cobrar los abogados de Arcipreste es una cifra exagerada si se toma en cuenta que el avalúo se realizó sobre precios comerciales.

Ejidatarios de Oaxaca denuncian a la SRA. (El DiarioDF, p. 2C).

Alrededor de 106 ejidatarios del estado de Oaxaca presentaron una demanda ante el Juzgado Octavo de Distrito en la entidad en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por intentar mayoritear la venta de un ejido de San Pedro Yosotato, en Tlaxiaco, Oaxaca, con el argumento de “solucionar un problema agrario”.

Germán Ortiz Coronel, representante de los ejidatarios, denunció las arbitrarias e ilegales actitudes de funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, los cuales, ante su incapacidad para encontrar una verdadera solución a un problema agrario, “pretenden que firmemos un convenio para ceder la totalidad de nuestras tierras a San Sebastián Nopalera, como resultado de la invasión que éstos hicieran de nuestras tierras”.

Asimismo acusó a las autoridades de impulsar una farsa en la cual anuncian que el conflicto se resolvió, ya que “la mayoría de los ejidatarios hemos decidido no vender nuestras tierras, sino exigir al gobierno que desaloje a los invasores y nos la entregue para vivir en ella”

Frentes Políticos. (Excélsior, Irma Pilar Ortiz, p. 8. /Información también publicada en Agenda Confidencial, El Financiero, p.36)

Representación

En representación del Presidente Vicente Fox, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, acudirá a la toma de posesión de su paisano, el gobernador de Guerrero, el perredista Zeferino Torreblanca.

Viene Florencio como enviado de Fox; aún no se sabe si vendrá López Obrador. (El Sur, Hugo Pacheco, p. web)

El gobernador electo Zeferino Torreblanca estuvo la tarde de este miércoles en el Palacio de Gobierno para supervisar los preparativos de la toma de protesta en el auditorio José Joaquín de Herrera, donde dio a conocer que el presidente Vicente Fox Quesada no viene a la sesión solemne del Congreso del Estado.

Ayer se confirmó que el presidente Fox nombró para representarlo en la ceremonia al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, el guerrerense Florencio Salazar Adame.

Añadió que la ceremonia de toma de protesta “será austera, republicana y que la mejor decoración será que asista el pueblo de Guerrero y que esté atento al mensaje que vamos a enviar y lo demás es parte del protocolo, porque este es el recinto y la casa de los diputados y nosotros asistimos a esta casa”.

Sobre la asistencia de López Obrador, en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal se dijo que confirmará hoy por la tarde.

En el Palacio de Gobierno, a Zeferino Torreblanca se le preguntó sobre detalles de la ceremonia, en particular lo relativo a un acto de salutación que aparece en las invitaciones y al que se convoca en la oficina que ocupará en el nuevo Palacio de Gobierno para las 12:30.

Respondió que no será “ningún besamano, se acabó esa cultura y por eso no habrá ni comida ni nada, me voy a Acapulco y saludo aquí (en Chilpancingo) a gente que viene de la ciudad de México, por los anuncios que voy hacer y ustedes van escuchar, pero no va haber la clásica salutación y besamanos acostumbrada.

De la ausencia de alcaldes del PRI en la toma de protesta, Torreblanca dijo que para pelear se requiere de dos y que él no lo hará “porque ellos tendrán que responder al pueblo, porque los anfitriones de la toma de protesta son los diputados en la casa del Congreso del Estado y están faltando al pueblo de Guerrero no al futuro gobernador”.

Señaló que respeta la “estrategia política” de los alcaldes priístas y que presentará la suya con respeto “pero no acepto presiones ni condicionamientos, ni que desde el principio me quieran poner de rodillas, seré respetuoso, abierto al diálogo, lo voy a promover y buscar, pero bajo ningún condicionamiento”.

Estrictamente Personal. (El Sur, Raymundo Riva Palacio, p. web)

Cortinas de humo

El conflicto político entre el gobierno de Vicente Fox y el del Distrito Federal por el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ha polarizado a políticos y medios en forma acelerada. De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, el 60% de los capitalinos dice tener mucho interés en el tema, que es el doble del número que así lo pensaba seis meses antes. Igualmente, mientras en septiembre pasado uno de cada cuatro ciudadanos decía no tener interés alguno en lo que pasara con López Obrador, hoy en día sólo uno de cada 10 así lo considera.

De acuerdo con la encuesta de Consulta Mitofsky, cuando se comparan los resultados del Distrito Federal con el resto del país, sólo el 31% de los mexicanos –la mitad que en la capital– se muestra interesada en el tema del desafuero, mientras que al 50% del país o le interesa poco el resultado del proceso o, de plano, nada en absoluto. ¿Qué significa? Que mientras la clase política, donde se incluyen medios y periodistas capitalinos creen que el parteaguas nacional dependerá de lo que suceda con López Obrador, el índice de preocupaciones en el país es bastante diferente.

No obstante, el conflicto político entre los grupos sí ha tenido consecuencias que afectan al país. El resultado directo es que la larga confrontación ha postergado la discusión de temas fundamentales que afectan a todos los mexicanos y no sólo a un grupo, y ha soslayado la solución de problemas torales para la sociedad. En el Distrito Federal, por ejemplo, hay un problema profundo con el narcomenudeo.. El narcomenudeo, empero, no es sólo un problema local.

Se empata con un fenómeno nacional que es la proliferación de las pandillas centroamericanas conocidas como la Mara Salvatrucha.

En el Distrito Federal la criminalidad se ha incrementado en los cuatro últimos años. Pero la delincuencia común tiene infectado a estados como Guerrero, Nayarit o Veracruz. La delincuencia organizada, tiene inundada a la nación. La delincuencia, vinculada con el poder, ha mostrado sus tentáculos en Yucatán, Querétaro o Morelos, mientras que una mezcla de todo mantiene bajo sospecha a Chihuahua, por el caso de Las Muertas de Juárez.

Problemas que afectan directamente a las comunidades no han sido resueltos. El transporte público en el Distrito Federal, por ejemplo, es un desastre. El problema del agua afecta a toda la frontera, y ha generado conflictos entre entidades como Nuevo León y Tamaulipas, o estado de México y Distrito Federal. La deforestación amenaza bioreservas como Montes Azules en Chiapas o provocado conflictos entre comunidades indígenas. Los problemas por la tenencia de la tierra siguen siendo focos de alerta porque pueden desbordar en violencia en cualquier instante, como en las zonas huicholes.

El país mantiene sus viejos problemas y necesidades, pero el corazón político de donde se pueden impulsar cambios, aportar los recursos para fortalecer los proyectos que beneficien a todos los mexicanos, o coordinar los esfuerzos nacionales para ir venciendo los obstáculos, sólo late al ritmo del conflicto político que, al final de cuentas, sólo es una cortina de humo que esconde lo verdaderamente importante y que, cuando los veamos años adelante en retrospectiva, nos daremos cuenta de todo el tiempo que perdimos en enfrentamientos estériles y, en muchos sentidos, absurdos.

Prensa Estatal

COAHUILA

Reclaman apoyos ejidatarios de 40 comunidades. (Vanguardia, Rolando Franco, p.web)

SALTILLO, COAH.- Ejidatarios de 40 comunidades de la Región Sureste acudieron a las oficinas de la Sedesol estatal para denunciar la falta de atención por parte de las autoridades municipales de Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras de la Fuente y Saltillo.

Los campesinos, encabezados por el coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, José Luis López Cepeda, acusaron a los alcaldes de sus respectivos municipios de no cumplir con la asignación de diversos programas operados conjuntamente con Desarrollo Social.

Según los inconformes, que fueron atendidos por el titular de la dependencia, Horacio del Bosque Dávila, tenían más de un año esperando ser beneficiados con programas como el de “Arma tu Techo”, “Piso Firme”, así como la asignación de becas para personas de la tercera edad y apoyos productivos.

En comunidades ejidales como Hipólito y La Tortuga, pertenecientes al municipio de Ramos Arizpe, declaró el líder campesino, las autoridades encabezadas por el alcalde Ernesto Saro los tienen olvidados.

“Él (Ernesto Saro) está más preocupado por sus aspiraciones políticas que por las necesidades de nuestros hermanos campesinos”, externó el representantes de los ejidatarios.

Al respecto, el titular de Sedesol, Horacio del Bosque, se comprometió con los ejidatarios a revisar los apoyos que debieron ser canalizados por la dependencia a su cargo, así como gestionar ante otras entidades sus solicitudes.

DISTRITO FEDERAL

Admite UAM: no sabíamos que El Escorpión tenía problemas. (La Crónica de Hoy, Alejandra Sánchez, p.web)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que el Gobierno del Distrito Federal deberá ampliar el plazo para la construcción de su nueva sede en Santa Fe, ya que el litigio entre la administración local y Mayolo Soto Segura, quien se adjudica la propiedad del predio El Escorpión, no le permite iniciar obras.

El convenio de donación condicionada establece que la universidad debe comenzar la edificación en este año y terminarla en 2008, o de lo contrario el predio volverá a ser propiedad del gobierno local.

Sin embargo, Soto Segura obtuvo una suspensión definitiva, que le impide a la universidad construir en el terreno.

Han pasado ya casi seis meses desde que se realizó la donación, el pasado 5 de noviembre, y la UAM se encuentra impedida para empezar a construir su nuevo edificio, ya que en caso de tocar El Escorpión violaría un amparo y las consecuencias legales serían contra la institución educativa y no contra la administración de López Obrador.

Por ello, el rector de la UAM, Luis Mier y Terán, indicó que el GDF deberá modificar la cláusula 5 del convenio para poder iniciar las obras en cuanto el litigio se resuelva, pues descartó que la administración de López Obrador les otorgue otro terreno en sustitución de El Escorpión.

Entrevistado luego de firmar un acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), Mier y Terán afirmó que al establecerse el convenio de donación con el Gobierno del Distrito Federal, ignoraba el problema legal que tenía El Escorpión, por lo que pide que se extienda el plazo fijado por la administración local.

“El convenio establece cierta temporalidad; cuando se firmó se ignoraba esa situación, pero desde luego, al tomar en cuenta la dificultad presente, pues se extenderá seguramente el plazo”, apuntó.

El rector manifestó su confianza en que el proceso legal, al final, favorezca al gobierno capitalino y, por ende, a la institución educativa.

“Yo creo que sí vamos a salir adelante en este litigio, estamos convencidos de que el terreno es nuestro.

“Seguimos trabajando sobre esa posibilidad (de construir el campus en Santa Fe), estamos muy empeñados y queremos con firmeza poner una cuarta unidad de la universidad en Cuajimalpa. Esperamos que pronto se desatore lo que nos tiene en este momento en esta dificultad”, expresó.

GUERRERO

El Coplademun de Atoyac acuerda 6 millones de pesos para organizaciones y comisariados. (El Sur, Francisco Magaña, p. web).

En una disputa se convirtió la reunión del Cómite de Planeación del Desarrollo Municipal, en donde definieron que se destinarán 6 millones de pesos a las organizaciones sociales y comisariados ejidales.

Después de casi tres horas de discusión y reclamos, se definió por las organizaciones sociales del municipio y autoridades ejidales la partida a ejecutarse para el campo este año.

Los 6 millones de pesos después de discernir cuatro propuestas y aclarar que el recurso era para las organizaciones legalmente constituidas y comisariados, se logró la mayoría de votos.

El alcalde Germán Adame Bautista dijo que el recurso se puso en la mesa, pero que se sigue viendo al presidente municipal como “el malo de la película”.

Indicó que para muchos resulta “cómodo” culpar al gobierno y difundir que se busca por el alcalde confrontar a las organizaciones y comisariados.

Exhortó a ser serios, responsables y respetar los acuerdos pactados por la mayoría.

Reconoció que son insuficiente los recursos, pero se debe ser equitativos y sensibles todos.

La líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, invitió a que no “cayeran” en la confrontación sobre quién tiene más o menos gente.

Consideró que la presión es necesaria cuando hay cerrazón por parte de las autoridades y se puede tomar calles y carreteras, pero sin afectar a terceros, cuando se está abierto el diálogo.

Las propuestas afectaban al recurso de la demanda libre, el cual se quería dejar en un principio en 500 mil pesos.

Se acordó que se canalizarán 2.5 millones de pesos para los comisariados ejidales y la misma cantidad a las 13 organizaciones sociales, y 1.5 millones para la demanda libre.

Cartones