CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 11 DE MARZO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Ajusta PRD ley para retener DF

Imponen diputados que la sustitución del Jefe de Gobierno la apruebe una mayoría absoluta

Al-Qaeda intenta entrar a EU vía México: Rice

Plantea diálogo "robusto" para impulsar seguridad fronteriza

Persiste la toma de utilidades en Bolsa

Tercera caída consecutiva; baja 3.29% desde su máximo histórico

Propone Creel democracia con gobernabilidad

Promete a la IP cambiar el sistema político para lograr las reformas necesarias

Kirchner llama a boicotear a la petrolera Shell

La trasnacional encarece combustibles

Se acabó: Presidencia

Ya no se hablará del desafuero, dice Rubén Aguilar

De Washington, página que paga por El Chapo

Investigación de Crónica descubre que el sitio www.delatealnarco.com fue dado de alta en diciembre 12 de 2004

“Ningún derecho de EU a inmiscuirse en México”

Encara precampaña electoral “en democracia”: Rice

Madruguete del PRD

Garantiza que sólo sus votos en la ALDF designen al sustituto de López Obrador

Suaviza Condoleezza tensión con México.

Se reúne con Fox y Derbez y nos reconoce como país de leyes e instituciones democráticas

Castigo a corruptos

Ante las evidentes irregularidades en el AICM, deben presentarse denuncias y castigar a los culpables

Sector agrario

Reactivan proyecto Conejos-Médanos. (El Diario, Gabriela Minjáres, p.web).

Actualizado: 1:42:59 AM hora de Cd. Juárez

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que pagó a los ejidatarios de Nuevo Cuauhtémoc 12 millones de pesos por la compra de 119 hectáreas para desarrollar el proyecto Conejos-Médanos que suministrará agua potable a Ciudad Juárez.

Además, en el convenio efectuado hace dos meses se garantizó la venta de otras 100 hectáreas para llevar a cabo la segunda etapa del acueducto.

Con este acuerdo la JMAS no sólo dio por terminado el juicio agrario que desde hace más de una década sostenía con los ejidatarios por las obras que realizaron en esos predios, sino que está en posibilidades de reiniciar el plan contemplado como una fuente de abastecimiento para la ciudad.

El presidente del organismo, Mario Boisselier Perea, dijo que pronto empezarán los trabajos de construcción de una primera etapa de las redes.

“Con Conejos-Médanos podremos traer agua a la red de Juárez, 1.1 metros cúbicos por segundo más en una primera etapa que, quizá a finales del 2006, estaremos echando a andar”, indicó.

Aseguró que es una cantidad muy importante de agua la que se aportará, ya que en verano esta frontera demanda 4.5 metros cúbicos por segundo.

El funcionario explicó que la reactivación del plan es una prioridad de la administración estatal, por lo que convocaron a los ejidatarios a llegar a un acuerdo y resolver el conflicto que se originó por la construcción de las redes en propiedad privada.

“Los ejidatarios se desistieron de la demanda, porque estuvimos a punto de perder las obras que se construyeron ahí y ahora la descentralizada es dueña de las tierras”, indicó.

Agregó que en una primera etapa acordaron la venta de 119 hectáreas a un costo de 12 millones de pesos y en la segunda se contempla la venta de 100 hectáreas más al mismo precio de 10 pesos por metro cuadrado.

Boisselier Perea aseguró que este convenio tuvo la anuencia de todos los ejidatarios en una asamblea que celebró el Comisariado, por lo que las tierras ya están registradas ante la Procuraduría Agraria y el organismo está a punto de recibir los títulos de propiedad.

Precisó que no se trata de un predio, sino de varias “franjas de tierra” donde van a ir las conducciones de la tubería de agua potable y la energía eléctrica.

Señaló que según una exploración que hicieron en el lugar, hay 26 pozos perforados, de los cuales tres no resultaron y sólo 23 están en buenas condiciones.

Según archivos periodísticos, en 1993 la JMAS perforó de manera arbitraria 26 pozos en el Ejido Nuevo Cuauhtémoc como parte del proyecto Conejos-Médanos.

Los propietarios reclamaron una indemnización, pero como la Junta sólo pretendía pagar por el derecho de vía de la tubería y el área que rodeaba a cada pozo, llevaron el caso a los tribunales agrarios.

Presentan diputados al Senado proyecto de Nueva Ley Federal Agraria. (La Jornada, Enrique Méndez, p.5)

jueves 10 de marzo, 01:31 PM

México, 10 Mar (Notimex).- La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados presentó al Senado de la República una propuesta de nueva ley federal agraria, con la que se pretende dar respuesta al acuerdo nacional para el campo, ampliar los procesos democráticos en los núcleos agrarios y disminuir la pobreza.

Al presentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara baja, Manuel García Corpus, indicó que el proyecto también busca establecer una correlación estratégica con la ley de desarrollo rural sustentable.

Ante Arely Madrid, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, García Corpus indicó que la legislación también respeta la cultura de los pueblos indígenas al proponer que se regulen por sus usos y costumbres, ademas de defender los derechos de la población más vulnerable del sector que son las mujeres.

El diputado federal aclaró que la propuesta no pretende crear un nuevo régimen de propiedad, sino que establece claramente diversas terminologías como las que se refieren a los concesionarios y sus derechos.

De igual manera indicó que las últimas reformas dejaron de lado varios aspectos importantes y es necesario también incorporar los planteamientos de organizaciones campesinas que exigen cambios al marco jurídico.

García Corpus precisó que la comisión a su cargo inició los trabajos analizando toda la información que dejó la anterior legislatura, se formaron las mesas de análisis y ahora tenemos un documento de trabajo que queremos discutir conjuntamente.

El proyecto presentado hoy retoma planteamientos por el patrimonio familiar, en el campo y la autonomía de la Procuraduría Agraria, entre otros temas.

Por su parte, la senadora Madrid indicó que se trata de un proyecto muy importante y por ello se trabaja en conjunto con la Cámara de Diputados, pues la reforma de 1992 no reconoció problemas como el de la pulverización de la tierra de la mitad de los ejidatarios del país, quienes tienen menos de cinco hectáreas.

Piden predios para reubicar familias. (El Diario, Juan Manuel Cruz, p.web).

11 de Marzo del 2005

Actualizado: 1:55:27 AM hora de Cd. Juárez

El gobierno municipal solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la donación de aproximadamente 600 hectáreas que se utilizarían para reubicar a familias asentadas en zonas de alto riesgo y dar respuesta a la demanda que genera el crecimiento de la ciudad.

Los predios se ubican en la colonia avícola Emiliano Zapata que se encuentra situada en la ladera oriente de la Sierra de Juárez, al poniente del predio El Tapo.

También en la colonia Granjas Unidas, que se ubica en el lado nororiente de la Sierra, así como en la colonia Bello Horizonte y en la Campesina, dijo el director general de Asentamientos Humanos, Oscar René Nieto Burciaga.

En el supuesto de que el Municipio no pudiera acceder a la reserva territorial de la SRA ni del Gobierno del Estado, se proyecta la adquisición de ésta apoyados en los recursos que para Ciudad Juárez tiene destinados la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, cuyo monto asciende a aproximadamente 34 millones de pesos, agregó.

Nieto Burciaga informó que la solicitud, firmada por el presidente Héctor Murguía Lardizábal, se envió a la dependencia el pasado 8 de marzo.

“Hoy (ayer 10 de marzo) recibimos un comunicado del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, en el sentido de que recibió la petición y nos anuncia que nos hará llegar personal para ubicar los predios y poder hacer el trámite en México”, informó.

El funcionario explicó que copia de la solicitud se hizo llegar a la senadora Arely Madrid, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria; al legislador federal Manlio Fablio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al gobernador José Reyes Baeza Terrazas, y, a la delegación estatal de la SRA.

“En este trámite estamos siendo apoyados tanto en Chihuahua como en México por el diputado federal Omar Bazán”, agregó.

Manifestó que en la solicitud, sustentada en la Ley General de Asentamientos Humanos, se pide que se segregue, o donen, o transfieran, a favor del Municipio, varias superficies de terrenos que se ubican en distintos puntos de la localidad.

“Se trata de la colonia avícola Emiliano Zapata que está situada en la ladera oriente de la Sierra de Juárez, al poniente del predio El Tapo, que tiene una superficie de mil 100 hectáreas y de la cual nosotros conocimos que están disponibles alrededor de 500 hectáreas”, dijo.

Y agregó que se pidió también la segregación para la regularización de la tenencia de la tierra del predio de la colonia Granjas Unidas, situada en la ladera nororiente de la Sierra de Juárez y que tiene una extensión de 31 hectáreas aproximadamente.

“Aquí (en la colonia Granjas Unidas) residen desde hace 15 años alrededor de 300 familias; otro predio es el de la colonia Bello Horizonte, que tiene una superficie de alrededor de 10 hectáreas y en donde habitan desde hace cinco años 240 familias”, continuó.

“Y el terreno de La Campesina que tiene poco más de 47 hectáreas y residen 400 familias, pero en donde consideramos nos quedarían unas 30 hectáreas disponibles para usarlas como reserva”, agregó.

Estableció que el secretario de la Reforma Agraria, quien fue su compañero en la Cámara de Diputados, conoce a fondo la Ley de Asentamientos Humanos y sabe que la solicitud está bien fundamentada.

Además, la SRA realiza este tipo de acciones en diversos Municipios dado el crecimiento de las poblaciones fronterizas, dijo.

“La razón principal para apoyarnos es la necesidad de atender la demanda que se genera con todas las familias que se asientan en zonas de alto riesgo y que requieren ser reubicadas, y la demanda natural que se da por el crecimiento natural de la franja fronteriza”, expresó.

“ Y aquí hay un importante porcentaje de población flotante que requiere de un predio aunque sea de manera temporal, sea porque se vaya a los Estados Unidos o porque se regrese a su ciudad”, expresó.

En cuanto la posibilidad de acceder a los recursos de Sedesol, dijo que sólo esperan que se publiquen los lineamientos para realizar el trámite correspondiente.

Promueven el testamento agrario. (La Jornada, Pie de Foto, p. 20)

El procurador agrario del país, Isaías Rivera Rodríguez, suscribió un convenio de colaboración con autoridades de Fomento Metropolitano de Monterrey, del gobierno e Nuevo León, y el Colegio de Notarios de la entidad, con el propósito de impulsar el Programa Nacional de Testamento Agrario. En la gira de trabajo por Nuevo León, el doctor Rivera Rodríguez también firmó un convenio en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, con el objetivo de proporcionar asesoría y representación legal en materia agraria.

Suscribe convenios Procuraduría Agraria. (Milenio Diario, pie de Foto, p.20).

En una gira de trabajo por Nuevo León, el Procurador Agrario del país Isaías Rivera Rodríguez, suscribió convenios de colaboración con autoridades de Fomento Metropolitano de Monterrey del gobierno del estado, representado por su Director Ejecutivo, Lic. Felipe Enríquez Hernández y con el director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Lic. José Roble Flores Fernández. Los convenios tiene como propósito impulsar el Programa de Testamento Agrario (Hereda), sí como brindar asesoría y representación legal en materia agraria, respectivamente.

Pie de Foto. (Reforma, p.19. /Información también publicada en Diariomonitor, p.5A)

El titular del RAN, Abelardo Escobar, entregó en Michoacán documentos agrarios a más de mil 200 familias beneficiarias del Procede.

Certeza jurídica en tenencia de la tierra. (Tribuna de Campeche, p. web).

Además de otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra de los campesinos, se está desarrollando el Programa de "Fondo de Tierra" con lo que se apoya al campesino joven emprendedor y productivo, a la vez que se asegura una vida digna a la gente mayor en el campo, informó el director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Abelardo Escobar Prieto.

En ocasión de la entrega de certificados agrarios, el pasado dos de marzo, Escobar Prieto señaló que "al entregarles sus certificados les hacemos realidad el sueño de contar con los documentos para que ustedes demuestren que son los auténticos propietarios de sus tierras". Unos tres mil campesinos se habían reunido en el Casino del Mar de Playa Norte.

En esta ocasión entregamos tres mil 208 documentos en beneficio de dos mil 98 familias en ejidos que han quedado perfectamente delimitados y los trabajos que realizamos en la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) y el propio Registro Agrario Nacional, coordinados por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la participación del Gobierno del Estado de Campeche, lograron dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra de quienes todavía no se habían incorporado al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), señaló.

Destacó que la importancia de los documentos es que no sólo les ayudarán a comprobar que son les legítimos propietarios de sus parcelas, de sus tierras de uso común o de solares urbanos, sino que también les permitirán heredar certeza legal sobre su patrimonio, lo que tendrá mayor valor económico.

También con acciones como esta, indicó, el reclamo de Emiliano Zapata de "Tierra y Libertad" se está haciendo realidad, porque aquí en las tierras donde están sus casas, sus cultivos y las esperanzas de una vida mejor, tenían la tierra sin tenerla, sólo la tenían prestada, pero con sus títulos las tienen bien identificadas y por escrito.

En el pasado, su libertad estaba limitada, cercenada, comentó, pero ahora tienen la posibilidad de decir libremente qué hacer con sus tierras. "Recuérdenlo, ustedes y nadie más", agregó.

Por eso decimos que lo que les estamos entregando no son simples escrituras, sino títulos de libertad, que les ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo. El Gobierno del Presidente Fox está decidido a enterrar el fantasma de la incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra para que ninguna familia campesina en el país la vuelva a padecer.

Hoy están en libertad 82 millones 223 hectáreas, es decir, casi el 80 por ciento de los 103 millones de Hectáreas que integran la propiedad social en beneficio de tres millones 782 mil familias campesinas.

Esas 103 millones de hectáreas son el producto del reparto agrario de México que significa el 52 por ciento del territorio nacional. Ese proceso duró muchos años, desde 1915 hasta 1992, año en el que iniciamos el ordenamiento que en cada caso concluye con la entrega de los certificados.

Estamos iniciando un nuevo proceso, que es el de la capacitación y organización para brindarles a ustedes la oportunidad de mejorar su situación con apoyos económicos del Gobierno para utilizarlos en producir sus tierras.

Piden cese de magistrado del Tribunal Agrario. (El Heraldo de Chiapas, Pepe Gallegos, p. web)

Por violentar disposiciones legales establecidas en el Derecho, habitantes del ejido Francisco I. Madero piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al presidente dela República, Vicente Fox Quesada, el cese de un magistrado del Tribunal Unitario Agrario y del secretario de Acuerdos por delitos en contra de la administración de Justicia.

Los ejidatarios y el exasesor del ejido Francisco I. Madero, José Luis Gamboa Borrás, solicitan al gobierno federal iniciar averiguación previa contra el magistrado José Juan Cortés Martínez y del secretario de Acuerdos, José Luis García Mérida, por delitos contra la administración de Justicia, por el probable fraude procesal cometido por la instauración de juicios simulados en los que era totalmente incompetente por razón de criterios de la SCJN.

Explica el documento enviado al presidente Vicente Fox Quesada y a Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal que “desde finales del año de 1994, José Luis Gamboa Borrás, fungió como Asesor y Gestor Agrario del ejido ‘Francisco I. Madero’, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ejido que por su cercanía con la capital del estado, ha sido objeto de abusos sistemáticos por los diferentes niveles de gobierno, abusos que son traducidos en expolios de tierras”

Indica que “cansados de esto, decidimos contratar un asesor, el cual se hizo cargo no sin pocos trabajos y riesgos, de hacer valer nuestros legítimos derechos ante los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondieran, pero es el caso que, en el año 2002, iniciamos acciones reivindicatorias de derechos ejidales: una, ante Comisión Federal de Electricidad y dos, ante el gobierno del estado; la primera, con sus altibajos y chapucerías por parte de la paraestatal, culminó con avalúos de la CABIN que subvaluaban nuestras tierras, (20 por ciento del valor catastral) y de las acciones ante gobierno del estado, ante la soberbia y cerrazón de este, nos vimos obligados a recurrir a dos sendos juicios de garantías”.

Destaca que “la piedra en el zapato de estas autoridades, era nuestro asesor, ya que no se prestó a ningún contubernio, y entre los meses de abril y mayo del año 2003 las autoridades mencionadas se dedicaron a través de la mentira y la difamación, a dividir a nuestra comunidad, obteniendo con esto, que con fecha 26 de julio del año 2003, por acuerdo de la Asamblea General de Ejidatarios, se ordenara que se le cancelaran unilateralmente todos los Contratos de Prestación de Servicios de Gestoría Agraria”.

Fueron quitados de forma ilegal órganos ejidales

Subraya que luego de estos hechos el 11 de octubre del 2003, fueron quitados de forma ilegal de los órganos de Representación Ejidal, dejando en su lugar a otros ejidatarios “los cuales para desfortuna del ejido han caído en los juegos que desde las cúpulas del poder judicial se maquinan y todo por unos centavos más”.

Relata que con fecha 19 de septiembre del año 2003, José Luis Gamboa, interpuso escrito de jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Tres, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual está residido por el magistrado José Juan Cortes Martínez y como secretario de Acuerdos José Luis García Mérida, instaurándose el expediente Agrario número 1233-2003, en contra de los Órganos de Representación Ejidal, en su calidad de mandatarios de todos los ejidatarios.

“Siendo que las jurisdicciones voluntarias no son juicios en el sentido estricto de la palabra, sino son en la especie, un intento de acuerdo de voluntades y el hecho de que los contratos de Gestoría Agraria, estuvieran relacionados con la defensa de derechos ejidales, hacia perfectamente posible que en términos del artículo 18 fracción X y XIV de la Ley Orgánica de esos Tribunales, este interviniera, para explicar a los ejidatarios en caso de tener dudas, del alcance jurídico de cancelar injustificada y unilateralmente cualquier tipo de contrato Relata el documento”.

Sin embargo y pese a tener la competencia el Tribunal Unitario Agrario, declara que: “...Toda vez que en el presente asunto, la naturaleza del mismo no es de índole agrario sino que estamos ante un contrato de prestación de servicios profesionales de naturaleza eminentemente civil, por cualquier controversia que se suscite en cuanto a su cumplimiento, resulta ser de competencia de los Tribunales del Fuero Común en Materia Civil, en esa virtud, con fundamento legal en los artículos 168 de la citada ley y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, este Tribunal Unitario Agrario del Distrito Tres, se declara legalmente incompetente por razón de la materia para conocer o sustanciar el presente asunto…”

El hecho es que con fecha 3 y 11 de mayo del año 2004, el Tribunal Unitario Agrario, nos notifica que con fecha 28 de mayo del mismo año, tendría verificativo la audiencia de ley en el juicio agrario número 443/2004, el cual se origina por demanda de “Nulidad Absoluta ” del Contrato de Servicios de Gestoría Agraria, celebrada con fecha 2 de julio del año 2002, entre los entonces integrantes del Comisariado Ejidal y el Presidente del Consejo de Vigilancia, (depuestos el 11 de octubre del 2003) y el Asesor Agrario, interpuesto por los actuales integrantes del Comisariado del ejido “Francisco I. Madero”, demanda de fue contestada de conformidad al artículo 178 de la Ley Agraria, en los siguientes términos: haciendo valer el artículo de especial incompetencia, acreditándolo con el acuerdo emitido por ese mismo Tribunal, en el expediente número 1233/2003, relativo a la demanda de Jurisdicción Voluntaria con fecha 24 de septiembre del 2003.

Ante esta serie de hecho que vulneran el derecho el documento enviado a las autoridades federales señala que “este Magistrado es un mutante del derecho, pues el derecho civil lo convierte en agrario a voluntad, y por si lo anterior fuera poco, también se transmuta en Asamblea General de Ejidatarios para justificar su injerencia en asuntos que son de competencia exclusiva de la Asamblea de Ejidatarios, y obviamente todo con la envestidura, valiéndole un pito cualquier consideración de derecho; a mayor abundamiento, en la audiencia de ley celebrada a las once horas con treinta minutos del día viernes diecinueve de noviembre del dos mil cuatro, estos individuos realizan una refijación de la litis y manifiestan a foja tres de la propia acta de la audiencia de ley violentando así flagrantemente nuestras garantías constitucionales a la luz del un criterio jurisprudencial”.

El magistrado y secretario se hacen de la vista gorda

Refiere que lo mas curioso de lo anterior es que, además de las aberraciones acreditadas, José Juan Cortes Martínez y José Luis García Mérida, en los papeles de magistrado y secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Tres, “de la manera más cínica y jamás vista, aceptan que no saben si la acción que intentan los actores es procedente o no, cuando es de explorado derecho y conocido hasta por los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de leyes, que la procedencia o no, de la acción intentada en cualquier juicio, es de estudio preferente y de orden público, antes de instaurar la causa o juicio a seguir”.

Sostienen que las mismas irregularidades se pueden observar en los juicios números 1319/2004, 1320/2004, 1325/2004 y 1706/2004; los tres primeros, relacionados con demandas de Nulidad de Contrato de Prestación de Servicios de Gestoría Agraria y el último de Reivindicación de Derechos Ejidales porque son juicios en los que los de la voz y la contraparte son las mismas personas.

Cita que “si un funcionario encargado de impartir justicia, el cual está al frente de un Tribunal especializado, empieza por pervertir los principios fundamentales, sobre los que descansa el derecho de la ciudadanía, invadiendo esferas de competencia, metamorfoseándose cual personaje kafkiano al interpretar la norma, obligando a una de las partes a someterse a uno o más juicios bajo su arbitrio, los cuales son a todas luces improcedentes por incompetencia, por razón de materia y preclusión del derecho a ejercer la acción por los actores”.

Por ello los ejidatarios y el exasesor del ejido piden que en términos de los artículos 108, 113 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1º 2º, 3º, 4º, 46º y 47º fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; los artículos 1º, 2º, 3º, fracción III, 4º, 7º, 8º0, fracciones I y XXIV, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, 48º, 49º. Y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como de los artículos 215 fracciones III y IV, 219 Fracciones I y II, 225 fracciones IV, VI, VII y VIII y demás relativos y aplicables del Código Penal Federal, haga suya la demanda de delitos en contra de la administración de la Justicia, dándole vista al Procurador General de la República, para que se proceda conforme a la ley y al derecho o “al menos que considere que somos poca cosa para atendernos y que por pequeños, no vale la pena molestarse, no obstante ser el representante común de la nación y como consecuencia, del pueblo”.

Señala que la Federación a través de la PGR debe de proceder en contra de Juan José Cortes Martínez y José Luis García Mérida, para todos los efectos que legalmente procedan en contra de estos funcionarios por la mala aplicación de la Justicia y que ve en detrimento de la imagen pública de los órganos encargados de impartirla.

Piden al presidente Fox ordenar la separación temporal de su encargo de los mencionados funcionarios, por estar entorpeciendo la aplicación correcta de la justicia.

Sector agropecuario

Demandan agro. (El Sol de México, Gerardo Román, p.7A).

Organizaciones campesinas

Demandan. (La Jornada, Matilde Pérez U, p.7)

Prensa Estatal

CHIAPAS

El predio. (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez, p.4)

DISTRITO FEDERAL

El predio. (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez, p.4)

ESTADO DE MÉXICO

Paga empresa a ejidatarios por conectar drenaje. (El Universal, Ma. De los Ángeles Velasco, p. web).

Chalco , Méx. La constructora Sadasi llegó a un acuerdo con ejidatarios de La Candelaria Tlapala para que permitan el paso del drenaje del fraccionamiento Los Álamos por sus tierras, a cambio de un pago cuyo monto no fue revelado.

Gabriel Ortiz Mondragón, encargado de trámites y proyectos de la inmobiliaria, explicó que después de varios acercamientos con campesinos para que se permitiera el paso de un kilómetro de tubería del fraccionamiento Los Álamos hasta el río de La Compañía en enero, se logró signar un convenio.

Resaltó que pese a que el gobierno del estado de México había firmado un acuerdo con los vecinos en el que se afirmaba que la empresa suspendería las obras en tanto se llegaba a una resolución, no los tomaron en cuenta.

Sin embargo, resaltó que la constructora continuó con el diálogo y llegó a un acuerdo.

Mostró un documento fechado el 25 de enero de 2005, donde un grupo de 24 ejidatarios entre ellos, el comisariado ejidal, Miguel Ángel Guadarrama determinan permitir el paso de "servidumbre" para que se conecte el drenaje de este conjunto habitacional.

El documento fue signado por el secretario del comisariado, Ricardo Cadena; José Patiño, tesorero; Gilberto Vázquez, presidente de vigilancia, y el delegado de Tlapala, Lázaro Dávalos; asienta además que la empresa se compromete a proporcionar diversos apoyos a la comunidad, como un tanque elevado de 100 mil litros; un cárcamo, la rehabilitación del sistema eléctrico del pozo que abastece de agua a la zona y permitir la conexión a la red de drenaje para evitar inundaciones en tiempo de lluvias.

GUANAJUATO

Demandarán por la venta irregular de lotes. (El Correo de Guanajuato, Carlos García, p. web)

En 10 zonas del municipio de San Miguel de Allende se están vendiendo lotes irregulares, por eso el gobierno pondrá un denuncia penal contra los desarrolladores de vivienda que operan al margen de la Ley de Fraccionamientos, informó el secretario del Ayuntamiento, Jesús Correa Ramírez.

Advirtió a la ciudadanía que hay algunos fraccionadores de asentamientos irregulares que están defraudando ya que venden hasta tres veces un mismo lote.

“Que quede bien claro que esta administración no está en contra de la vivienda, todo lo contrario está bien preocupado por llevar todas esas acciones que nos permitan llevar vivienda”, a la población, dijo el también encargado del Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi).

Jesús Correa pidió a las personas que quieren fraccionar que hagan un desarrollo ordenado que acudan a la Dirección de Desarrollo Urbano para que los asesoren como edificar vivienda, para que mínimo se hagan las trazas bien planeadas y que en unos 10 años cuando se puedan llevar servicios se pueda fraccionar.

“Nosotros estamos protegiendo el patrimonio de todas aquellas personas que pueden ser engañadas, eso lo queremos evitar, también queremos evitar un crecimiento desordenado”, comentó.

Agregó que las personas que compren lotes irregulares no podrán edificar una casa porque no se les otorgarán los permisos y si inician a construir se les parará la obra.

En el ejido de Tirado se ha usado la “fuerza pública (Policía) para suspender estas construcciones, lo único que pedimos a los desarrolladores es que se coordinen con la autoridad”, pidió Correa Ramírez.

Ante la venta de lotes irregulares el gobierno municipal pondrá en los próximos días una denuncia contra estos desarrolladores “ya tenemos un expediente gordito, derivado al seguimiento que le hemos dado a este problema [...] esto es en aras de la defensa del patrimonio de la sociedad y del crecimiento ordenado de la ciudad”, dijo Jesús Correa. El funcionario no dio los nombres de los desarrolladores de vivienda irregular que tienen identificados.

El gobierno municipal está decepcionado de la gente del ejido de Tirado, porque en este año se hicieron obras para llevarles los servicios básicos, y se comprometieron a ya no lotificar y a donar 21 hectáreas a la administración, pero no cumplieron.

“Estuvimos con los líderes del ejido y ellos cortesmente [...] aceptaron llevar acciones para llevar ordenadamente el desarrollo de Tirado y no lo han cumplido y tendremos que ser muy claros en la respuesta que este asunto requiere”, señaló Jesús Correa.

Recordó que en las 21 hectáreas que donaría el ejido al municipio

eran para desarrollar vivienda popular, pero ya vendieron lotes sin un orden, y no dejaron espacio para hacer un buen proyecto de vivienda.

Los nombres

Las zonas donde se venden terrenos irregulares:

*Ejido de Tirado

*Ejido de Los López

*Lomas de San José

*Colonia Francisco Villa

*Ejido de Santa Teresita

*A lado del Hospital de la Fe

*San Virgilio

*Ejido de San Miguel Viejo

*Ejido de Nuevo Pantoja

*Colonia Emiliano Zapata

GUERRERO

Cita la PGR a ejidatarios de Tres Vidas por desacato a orden del Tribunal Agrario. (El Sur, Karina Contreras, p. web)

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), envió citatorios de presentación a algunos ejidatarios de Plan de los Amates, al parecer por una denuncia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) por desacato a la orden que había dado de no seguir construyendo restaurantes en el predio que mantienen en conflicto con Tres Vidas.

Fuentes de la PGR confirmaron el envío de los citatorios, en los que se especifica que los ejidatarios tenían que presentarse a las 7 de la noche, pero a las 8 de la noche todavía no se presentaban.

De acuerdo a la misma fuente, los citatorios fueron entregados el miércoles por personal de esa dependencia, entre ellos, a Dagoberto Delgado y Alfredo Canales, ejidatarios de Plan de los Amates.

Por la noche, en declaraciones telefónicas a El Sur, Dagoberto Delgado comentó que no acudió al citatorio porque no está amparado y que no se va arriesgar a ir, cuando saben que es una represalia. Agregó que no sabe muy bien por qué los están citando, pero que al parecer es por la construcción de su restaurante. “Es una represalia, pues nos atacan por un pinche jacalito, y a los empresarios los dejan construir residencias y ofrecer los predios en revistas sin hacerles nada”.

También vía telefónica, la ejidataria de Plan de los Amates, María Luisa Ocampo Aparicio, confirmó la versión de Delgado y opinó que el citatorio de la PGR se debe a que el TUA turnó el caso a esa dependencia por desacato a una orden de no seguir construyendo restaurantes en el predio que mantienen en conflicto con Tres Vidas.

Ocampo Aparicio informó que les han comentado que los empresarios han estado presionando a las autoridades, para que los desalojen del predio que ocupan desde hace tres años y que les fue restituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ejidatarios citados por la PGR forman parte del grupo que se opone a la venta de un predio de 49 hectáreas, ubicado en Punta Diamante, a la empresa regiomontana Tres Vidas, en 80 millones de pesos. Algunos de los ejidatarios construyeron restaurantes hace varios meses en el predio, argumentando que es el patrimonio de sus hijos y que no están dispuestos a vender su parte proporcional.

Con la presa La Parota se busca privatizar el agua, dice en el DF. (El Sur, Haydeé Martínez Martínez, p.C5).

En el Foro Intersectorial Sobre el Derecho al Agua, proponen que los municipios consulten e informen a la población antes de firmar cualquier acuerdo

El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota “no sólo busca privatizar el agua, también despoja sus tierras a los campesinos del municipio de Acapulco”. aseguró Carlos Rodríguez, de la organización no gubernamental Centro de Servicios Municipales, al participar en el Foro Intersectorial Sobre el Derecho al Agua, que se llebó a cabo ayer en la ciudad de México.

El foro es organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y una centena más de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Carlos Rodríguez, uno de los impulsores de este encuentro, comentó en su participación la existencia de 24 convenios firmados por municipios de la República Mexicana para privatizar el agua, propuestos por el gobierno Federal, que “son modelos de monopolio territorial y tecnológico de las transnacionales. Tal es el caso de La Parota, que no sólo busca privatizar el agua, también despoja sus tierras a los campesinos del municipio de Acapulco, Guerrero”, aseguró.

Para evitar que esto suceda, Rodríguez propuso que los municipios consulten e informen a la población antes de firmar cualquier acuerdo, que no se le deje la mayoría de las acciones a las empresas privadas y una política diferenciada de precios. “Los que consuman más y tengan más recursos, que paguen más; esto permitiría tener un piso mínimo para el abastecimiento de agua, derecho de todo ser humano, independientemente de los recursos económicos con los que cuente”.

Por su parte, Andrés Barreda, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, llamó a la población a organizarse y oponerse a estos proyectos, “como lo hicieron los pobladores de Acapulco, por que solo así evitaremos que tan importante líquido quede en manos de los que más tienen, en detrimento de los que menos tienen”.

Derriban una barda que obstruía el acceso a Playa San Vicente, en la zona Diamante. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

Concesionarios y pescadores quieren reabrir restaurantes afectados por el muro. Los propietarios del predio aledaño violan el Plano Regulador, “entre ellos, Carmen Juárez Cisneros”, denuncia el abogado Evaristo García

Concesionarios de la zona federal de Playa San Vicente –antes de la colonia Alfredo V. Bonfil y vecina de la casa de Luis Miguel– y pescadores de pueblos aledaños derribaron una barda de concreto de 9 metros de largo y 3 de alto que obstruía el acceso a la playa, que habían levantado los presuntos dueños de un predio a la orilla del mar, “entre ellos Carmen Juárez Cisneros, hermana del gobernador René Juárez”, aseguró en conferencia de prensa el abogado de los quejosos, Evaristo García Memíje.

Con la acción de ayer por la mañana, los concesionarios buscan reabrir los restaurantes que desde hace 25 años están allí. Argumentan que el acceso que reabrieron está estipulado en el Plano Regulador del Ayuntamiento y no ha sido respetado. Dijeron además que con la barda que construyeron los supuestos dueños del predio, provocó que sus negocios se fueran a la ruina al cerrarles el paso de manera arbitraria.

En esa área de la zona Diamante, los propietarios de residencias y condominios turísticos de lujo han cerrado la mayoría de los accesos a la playa, los que están debidamente especificados en la cartografía del Plano Regulador de Catastro.

De acuerdo con un documento del departamento del Plano Regulador, que depende de la dirección de Desarrollo Urbano municipal, copia de los cuales presentó García Memíje, en esa área debe haber cinco accesos directos a la playa, los cuales no han sido respetados: “Hay invasión en los cinco accesos, los que están cerrados con alambres de púas, con una barda de block, un muro de piedra braza y tubos galvanizados con malla ciclónica”.

En conferencia de prensa el abogado Evaristo García Memíje, denunció que el gobierno estatal expropió para utilidad pública, el 30 de noviembre, los polígonos 1 y 2 del predio ubicado en Playa San Vicente, quedando en manos de la Promotora Turística (Protur), y el 15 de diciembre del mismo año, ésta la vendió a particulares, “al apoderado legal de apellido Cisneros Hernández, quien representa a una persona de apellido Servín, y a Carmen Juárez Cisneros, hermana del gobernador”.

Describió la situación como “un acto de ilegalidad, arbitrario y corrupto de los últimos días del gobierno de Juárez Cisneros”, y adelantó que preparan demandas penales contra el director de Protur, Virgilio Gómez Moharro.

Comentó que la expropiación en Punta Diamante fue para utilidad pública, para crear ventanas ecológicas, accesos a las playas, pero “se hizo todo lo contrario. Se realizó un traslado de dominio, una compra venta a un particular. Ese negocio fue para defender sus intereses y proporcionar a ellos ciertos actos que les benefician, pero nunca buscaron a los concesionarios de la zona federal, por lo que queremos que se cancele el contrato de venta”.

Advirtió que van a agotar todas las instancias pues les asiste la razón y porque además el Ayuntamiento y la Semarnat autorizaron esos accesos, por lo cual van a explotar las concesiones y exigirán que se abran los demás accesos.

Sobre la expropiación, anunció que van a buscar que se utilice para lo que fue destinada y que se castigue a los malos funcionarios por hacer ventas fraudulentas.

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 30 de noviembre del 2004, se informa que el predio de casi 70 hectáreas es expropiado “por causa de utilidad pública”, para constituir reservas territoriales destinadas al “establecimiento de conjuntos hoteleros, parques deportivos, recreativos y equipamiento urbano”.

Por último, los inconformes informaron que se mantendrán en plantón en la entrada de los accesos y que no van a permitir que se construya nuevamente.

MICHOACÁN

Reanudan proyectos y aportación de recursos a favor de indígenas. (La Regíón, p. web).

Pretendemos darle impulso a esta región porque con el cambio de Instituto Nacional Indigenista a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dejamos de participar en aportación de recursos y canalización de proyectos productivos, por esa razón vamos a hacer una reestructuración, indicó en entrevista el Delegado en la entidad, C.P. José Manuel Figueroa González.

En parte, dijo el funcionario, vamos ha hacer en la región oriente una reestructuración del trabajo de la institución para darle un enfoque en términos de lo que es el desarrollo con los pueblos, con la participacion de la comunidad y sobre todo que haya una canalización de recursos adecuados a las necesidades.

En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se están buscando alternativas como son proyectos de agroecología productiva que comprende estudios de suelo, protección de manantiales, y ecoturismo. Al respecto se ha platicado con presidentes municipales de la región y con la Secretaría de Turismo y se está trabajando estrechamente en esos proyectos.

Aunque no se tiene un presupuesto especifico, Figueroa González, dijo que todo está en función de la presentación de proyectos, expedientes técnicos, y reiteró lo que señalaba en términos de la reesctructuración, “hay que trabajar muy de cerca con las autoridades comunales, con los comisariados de zonas indígenas, así como con los presidentes municipales, para poder determinar cuanto recurso se va a canalizar a la región, que está en función de la demanda de la propia comunidad.

Indicó que la demanda debe hacerse no tanto con la visión que tenga la dependencia, se tiene que hacer un planteamiento real de la necesidad que demanda la propia comunidad a través de sus autoridades comunales o ejidales civiles y a través del ayuntamiento.

Agregó el Delegado de la CNDPI, que los representantes de esta comisión, sea delegado o director, inclusive jefes de departamento, se están nombrando bajo una convocatoria abierta para que participen los que tengan aptitudes de poder cumplir con un puesto que requiere un compromiso pleno de las funciones para poder atender como se merecen las comunidades.

Para finalizar, expuso que la directora, tiene las facultades para cambiar a un director, pero ella es muy respetuosa y para no ser impositiva, abrió esta oportunidad a todos aquellos que deseen servir a las comunidades participen en este proceso, a través de un examen de conocimientos y una presentación de motivos

OAXACA

Suspenden explotación forestal en Chimalapas. (El Imparcial, Humberto Torres, p. web).

El Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acordaron suspender los permisos de aprovechamiento forestal en la zona de los Chimalapas, incluso los que se encuentran vigentes, en tanto no se resuelva el conflicto originado por la invasión de veracruzanos y chiapanecos a nuestro territorio.

En el marco de la firma del Convenio Estatal Ambiental 2005, a través del cual se ejercerán recursos por 390 millones de pesos para tratar de detener y revertir el deterioro ecológico en Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, calificó de fundamental la suspensión de permisos para la explotación de madera que en nuestro territorio operan empresas madereras de otras entidades.

Ante el titular de la Semarnat, Alberto Cárdenas Jiménez, reconoció su sensibilidad y la apertura para ordenar el cese de las autorizaciones de explotación forestal, amen de solicitar la revisión para que se considere el pago de servicios ambientales a las comunidades cafetaleras, al igual que se realiza en otras entidades del país, lo que beneficiaría a un importante número de familias

Con el lema “Conunidad por un medio ambiente mejor para Oaxaca”, se presentó el Plan Maestro de Desarrollo Regional de los Chimalapas, como un compromiso del presidente Vicente Fox que seguirá gestionando para que se concrete y llegue la derrama de 622 millones de pesos a esa importante zona.

Oaxaca busca relación armónica con Federación

En el mismo acto, se realizó la toma de protesta a los integrantes del Consejo Estatal Forestal y Comités de Vigilancia Comunitaria de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Ahí, el gobernador reiteró la relación armónica que su administración busca con el gobierno federal. “Al margen de diferencias ideológicas, Oaxaca requiere el apoyo del Presidente de la República”.

Y anunció que en breve iniciará funciones en la Sierra Norte una planta de fabricación de muebles escolares que serán adquiridos por el Gobierno del Estado—que anualmente destina 50 millones de pesos a la compra de estos insumos—y que forma parte de los proyectos productivos impulsado para lograr el progreso de las comunidades indígenas.

Por su parte, el titular de la Semarnat, reconoció la labor emprendida por el Gobernador del Estado al considerar dentro del Plan Estatal de Desarrollo el aspecto sustentable en un esfuerzo por que la economía siga creciendo sin deteriorar el medio ambiente, así como a la preservación de la tortuga y playas limpias.

Resaltó que Oaxaca es el estado número uno en biodiversidad del país con al menos 128 mil hectáreas que en los últimos dos años se han incorporado a ese esquema, con 131 millones de pesos que el gobierno federal entregará anualmente durante cinco años, lo que coloca a la entidad a la vanguardia.

Inquietante situación para nuestro estado

Sin embargo, para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la experiencia vivida en el paraje Agua Fría en nuestro estado, dejó al descubierto el cúmulo de disputas por la tierra que en todo el país se da entre comunidades, provocadas la mayoría de las veces por la falta de control y descuido de las autoridades que han dejado crecer problemas como la tala ilegal, caza furtiva y siembra de estupefacientes, pero principalmente la posesión de la tierra, lo que ha derivado en homicidios masivos como ocurrió el pasado 31 de mayo de 2001 en Santo Domingo Teojomulco.

Uno de los problemas más viejos y desatendido por las autoridades es el de los Chimalapas, en los límites entre Oaxaca y Chiapas. En esa zona cuatro mil 600 hectáreas que conforman uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en todo el planeta representan un botín potencial para taladores, cazadores y negociadores de especies animales y vegetales, así como de maderas finas.

En este contexto es realmente angustioso que anualmente la tala ilegal de bosques y los permisos que la Semarnat autoriza para talar miles de árboles están ocasionando que se pierdan un millón 125 mil hectáreas de terreno forestal.

Lo lamentable de esta situación se da porque la Profepa es incapaz de vigilar adecuadamente la riqueza forestal con menos de mil inspectores y guardias forestales a los que les correspondería vigilar alrededor de 406 mil hectáreas a cada uno, algo así como la superficie total del estado de Tlaxcala, lo que resulta prácticamente imposible.

La Semarnat reconoce que nueve estados de la República: Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Durango, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas presentan ingobernabilidad ecológica, es decir, alta depredación y trafico de madera, donde decenas de bandas organizadas de talamontes se dedican a traficar y se enriquecen a costa de la gente que se involucra por necesidad en esta ilícita actividad a cambio de míseros salarios.

Además, la deficiente enseñanza del derecho ambiental y la falta de capacitación entre ministerios públicos y jueces, provocan una irremediable falta de criterio para detectar la gravedad de los ilícitos a pesar de existir penas e infracciones severas contra quienes transgreden las leyes ambientales

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