CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
VIERNES
24
DE
JUNIO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Metrobús se roba la luz y fomenta
mercado
negro
La mitad de las estaciones se cuelga de las líneas de CLyFC
Gana la Banca
Da la Corte razón al Presidente en caso Fobaproa
Se entrampa el voto foráneo en Congreso
Hay dos dictámenes sobre el tema
Asumirá el IPAB una deuda de 128 mil mdp
Hoy conocerá los resultados de las auditorías
GEL
definitivas
Polarización social, riesgo para México
Clamor generalizado por acciones contra la violencia
La "nueva fase" no es militar: EZLN
Exige a gobierno federal y partidos aclarar si preparan una
ofensiva
68: audita la PGR las conclusiones de Carrillo Prieto
Ha sido sometido a un perfeccionamiento de la indagatoria para
entregarle
a
un
juez
federal
de
la
Ciudad
de
México.
Puede Fox provocar nulidad de elecciones
Anticonstitucional, su apoyo al PAN: Beltrones
Don Goyo hereda el Cártel en Reynosa
Ex policía judicial, el sucesor de Osiel
Cancela EZLN la vía armada
Analiza “Marcos una alternativa política y descarta acciones
contra
el
gobierno
federal
Sector agrario
Asesora funcionario federal a campesinos inconformes. (Diario A,M, (Guanajuato), Edmundo Meza,
p.web)
Los ejidatarios de El
Mezquite
de
Sotelo
exigen
más
precio
por
sus
terrenos
del
Puerto
Interior.
Víctor Tapia Hernández, agente del Ministerio Público Federal,
presuntamente
asesora
jurídicamente
a
ejidatarios
inconformes
por
la
expropiación
de
terrenos
del
Puerto
Interior.
Supuestamente, el funcionario –adscrito a León-, les ha dicho
en
varias
ocasiones
a
campesinos
de
la
comunidad
de
El
Mezquite
de
Sotelo, en Silao, que “lo que les
pagaron
por
la
expropiación
es
la
mitad
de
lo
que
valen
los
terrenos”.
“Nos ha dicho el licenciado (Tapia) que sólo nos pagaron una
parte
de
lo
que
vale
la
hectárea,
con
ese
dinero
que
nos
dieron
(200
mil
pesos
por
hectárea),
pero
nos
ha
dicho
que
él
nos
puede
apoyar
legalmente
para
que
nos
arreglen
el
problema”,
dijo
el
ejidatario
Alfredo
Murillo
Sánchez,
de
36
años.
Al parecer, los campesinos han evitado que Tapia los asesore
en
la
comunidad
y
han
venido
a
León
a
buscarlo
en
distintas
ocasiones
para
que
les
ayude
con
el
conflicto.
Pero las autoridades estatales han detectado este presunto
apoyo
del
funcionario,
incluso
el
delegado
de
la
Procuraduría
General
de
la
República,
César
Romero
Valenzuela,
dijo
conocer
el
asunto
y
confirmó
que
labora
como
agente
del
Ministerio
Público
Federal.
Ejidatarios de El Mezquite de Sotelo
y
de
seis
comunidades
más,
reclaman
el
pago
de
una
deuda,
porque
aseguran
que
el
negociador
Isidro
de
la
Peña,
-quien
fue
contratado
por
el
Gobierno
del
Estado
hace
tres
años-,
les
dijo
que
el
dinero
que
recibirían
por
la
expropiación
sería
un
anticipo
y
no
una
liquidación,
como
en
realidad
aparece
en
el
convenio
signado
entre
ambas
partes.
El martes los inconformes acordaron con autoridades estatales,
un
plazo
de
60
días
para
que
se
solucione
el
problema
de
los
avalúos
de
las
tierras
y
sean
liberados
los
decretos
de
expropiación
de
120
hectáreas
del
ejido
El
Mezquite
de
Sotelo.
Anteriormente, el comisario ejidal Martín Murillo Sánchez,
había
asegurado
que
a
Víctor
Tapia
Hernández
le
han
pedido
asesoría
legal.
“Nosotros somos gente que no conocemos muy bien de leyes, por
eso
le
pedimos
su
apoyo
al
abogado
(Tapia),
nosotros
fuimos
a
buscarlo
allá
a
León”,
comentó.
Durante una reunión sostenida el jueves 16 de junio -en la
que
a.m.
estuvo
presente-,
en
la
comunidad
con
funcionarios
estatales
y
federales,
el
comisario
ejidal
volvió
a
sacar
el
tema
que
les
habían
pagado
menos
de
lo
justo
por
las
hectáreas,
porque
presuntamente
así
se
los
había
dicho
Tapia.
Su hermano, Alfredo Murillo, platicó que al agente del Ministerio
Público
le
comunican
lo
que
se
comenta
en
las
juntas
con
las
autoridades
de
Desarrollo
Económico
y
la
Procuraduría
Agraria.
“Nos dijo que en caso de que no se arreglara nada pues podíamos
poner
un
amparo,
pero
parece
que
ya
va
a
ver
solución
al
problema
que
tenemos”,
dijo
el
ejidatario.
Repartirán 80 h. a ejidatarios de El Guayacán. (El Debate (Sinaloa), Adriana Sepúlveda, p.web).
» ACUERDO. DEFINIRÁN CANDADOS PARA
EVITAR
LA
VENTA
DE
TIERRAS
Después de más
de
30
años
de
espera,
juicios,
decenas
de
amparos,
conflictos,
conatos
de
violencia
y
un
sinfín
de
gestiones,
se
logró
la
autorización
y
compra
de
80
hectáreas
para
12
familias
de
la
comunidad
El
Guayacán
y
Villa
Benito
Juárez,
correspondientes
al
ejido
Santa
Rosa.
El Gobierno Federal a través de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
aprobó
3
millones
739
mil
597
pesos
para
la
compra
del
terreno
a
un
particular
ubicado
a
un
costado
de
la
zona
de
tolerancia
y
dar
por
concluido
de
forma
victoriosa,
un
conflicto
social.
El comisariado
del
ejido
Santa
Rosa,
Normel
Castro
Flores,
explicó
que
la
buena
nueva
se
dará
a
conocer
en
la
asamblea
ordinaria
que
se
llevará
a
cabo
el
próximo
domingo.
La espera para muchos puede ser
fácil,
pero
no
para
los
ejidatarios
que
tienen
cicatrices
en
sus
cuerpos
como
huella
del
trabajo,
que
lucharon,
que
tuvieron
sus
tierras
y
las
perdieron,
que
cada
vez
que
sembraban
les
destruían
el
cultivo,
que
con
patrullas
eran
constantemente
desalojados,
que
siendo
ejidatarios
tuvieron
que
trabajar
al
diario
para
mantener
a
su
familia,
todo
eso
y
mucho
más
tuvieron
que
vivir
para
ahora
poder
tener
un
pedazo
de
tierra
y
de
esta
forma
asegurar
un
patrimonio
a
sus
hijos.
"Esta lucha tiene más de 30
años,
pero
en
el
ejido
la
retomamos
hace
cuatro
aproximadamente,
junto
con
Leopoldo
Gaxiola
y
por
fortuna
en
esta
lucha
no
hemos
estado
solos,
y
sobre
todo
con
la
justa
razón
de
nuestro
lado."
Admitió que en las gestiones han
tenido
el
apoyo
de
Ulises
Gaxiola
Rodríguez,
coordinador
del
Congreso
Agrario
Permanente,
de
Walter
Camacho,
director
de
Asuntos
Agrarios
del
Gobierno
del
Estado,
y
de
muchas
personas
de
México,
ya
que
parte
de
los
trámites
se
realizaron
directamente
en
esta
ciudad.
Por su parte, las señoras Elizabeth
Cabrera
y
Consuelo
Montoya
de
El
Guayacán,
dicen
que
tienen
esperanzas
de
que
la
vida
de
sus
familias
dé
un
nuevo
giro
porque
hoy
tendrán
un
patrimonio
seguro
para
sus
hijos.
Difieren el desalojo en playa Larga en Zihuatanejo
tras
acordar
un
diálogo. (El Sur (Guerrero), Brenda
Escobar,
p.web).
El encuentro será
en
el
TUA
en
Acapulco,
el
lunes
27.
Zihuatanejo
La orden de desalojo contra 192
posesionarios de seis hectáreas en playa Larga, dentro del
ejido
de
Agua
de
Correa
en
Zihuatanejo,
girada
por
el
Tribunal
Unitario
Agrario
41
a
favor
de
un
particular,
fue
diferida,
pues
las
partes
en
conflictos
sostendrán
un
diálogo
el
lunes
27
de
junio
en
las
instalaciones
de
ese
órgano
en
Acapulco.
El desalojo estaba previsto para
ayer,
después
de
que
el
tercer
magistrado
de
distrito
falló
a
favor
de
Alejo
o
Alejandro
Maldonado
Cuevas,
como
presunto
propietario
de
seis
hectáreas
de
terreno
ubicadas
a
un
lado
de
la
playa
y
que
se
disputan
los
ejidatarios
de
Agua
de
Correa
desde
hace
14
años.
La orden iba a ser ejecutada personalmente
por
el
magistrado
del
TUA,
Juan
Rodolfo
Lara,
sin
embargo,
no
se
llevó
a
cabo
porque
los
ejidatarios
lograron
conseguir
que
se
difiriera
para
poder
dialogar
con
los
abogados
de
Maldonado
Cuevas
y
llegar
a
un
arreglo
conciliatorio.
Aunque no se presentó la fuerza
pública
como
estaba
programado,
los
192
posesionarios
del
predio
llegaron
desde
muy
temprano
y
hasta
el
momento
hacen
guardia
en
la
entrada
principal
de
la
playa.
El presidente del comisariado ejidal, Bernardo Solís Radilla, indicó que por
medio
de
las
gestiones
de
la
organización
Unión
Campesina
Democrática
–a
la
que
pertenece
el
ejido–
consiguieron
diferir
la
fecha
de
ejecución
del
desalojo,
pues
“la
idea
es
que
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
acepte
este
conflicto
dentro
de
su
programa
Focos
Amarillos”.
“La idea es que tengamos una negociación
con
el
señor
Alejo
Maldonado
y
aunque
nosotros
sabemos
que
las
hectáreas
pertenecen
al
ejido
y
que
aún
así,
el
tercer
magistrado
de
distrito
y
el
magistrado
del
TUA
fallaron
a
favor
de
él,
nosotros
pretendemos
que
se
le
expropien
y
se
le
pague
una
cantidad,
pero
eso
sólo
puede
ser
posible
si
entramos
en
el
programa
de
la
SRA”.
Solís Radilla expuso que la intervención
de
los
medios
de
comunicación
en
este
conflicto
“en
alguna
manera
contribuyó
a
alertar
a
las
autoridades
de
un
posible
hecho
de
sangre
si
se
daba
el
desalojo,
afortunadamente
se
logró
que
se
difiriera
la
fecha”.
Luego, anunció que hoy, topógrafos
de
la
UCD
y
de
la
SRA
estarán
en
la
zona
en
conflicto
para
hacer
el
deslinde
correspondiente.
Provocación, que la SRA finiquite el conflicto
de
tierras
yaquis:
Bours. (La Jornada, Cristóbal García Bernal, p. web)
La
secretaría
considera
"resuelta"
la
pugna
de
la
etnia
con
83
particulares
Anuncian
movilizaciones
de
protesta
gobernadores
indígenas
de
cinco
pueblos
de
Sonora
El Ejecutivo de Sonora, Eduardo Bours
Castelo
FOTO
Cambio
de
Sonora
y
Cristina
Rodríguez
Hermosillo, Son., 23 de junio. El gobernador Eduardo Bours Castelo consideró una "provocación"
la
carta
que
el
gobierno
federal
envió
a
las
autoridades
de
la
tribu
yaqui
-por
conducto
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)-
en
la
que
declara
que
el
conflicto
de
tierras
que
la
etnia
mantiene
con
un
grupo
de
particulares
es
un
caso
"jurídicamente
resuelto".
La carta de la autoridad federal fue enviada pese a que continúa
la
inconformidad
de
los
indígenas,
quienes
reclaman
45
mil
hectáreas
que
habrían
sido
entregadas
a
diversas
personas,
mientras
la
SRA
sostiene
que
los
predios
disputados
suman
sólo
2
mil
665
hectáreas.
En entrevista, el mandatario estatal afirmó que el escrito
del
subsecretario
de
Ordenamiento
de
la
Propiedad
Rural
de
la
SRA,
Gilberto
Hershberger Reyes, "representa una clara provocación
que
podría
derivar
en
estallido
social".
El documento es el oficio 101456 -La Jornada obtuvo
copia-,
en
el
cual
se
indica
que
los
límites
de
los
predios
La
Cuchilla
e
Isleta
I,
que
constituyen
la
zona
en
conflicto,
se
establecen
en
el
decreto
expropiatorio del 10 de enero de 1997, que para el gobierno
federal
es
una
resolución
"firme
e
inamovible
jurídicamente".
La misiva, enviada a los gobernadores indígenas de Vícam, Potam, Tórim,
Rahum
y
Huirivis,
cinco
de
los
ochos
pueblos
yaquis,
señala
también
que
la
etnia
perdió
el
juicio
frente
al
decreto
expropiatorio
debido
a
que
no
recurrió
al
recurso
de
revisión
contra
el
sobreseimiento
dictado
por
la
autoridad
judicial.
Hershberger Reyes apunta que conforme a la jurisprudencia
visible
en
el
apéndice
1975,
tesis
179,
página
305,
los
efectos
del
decreto
expropiatorio
y
su
ejecución
tienen
plena
validez,
caso
que
para
la
Federación
es
"firme
e
inamovible
jurídicamente".
Esto
quiere
decir
que
para
el
gobierno
federal
la
cesión
de
tierras
es
definitiva
y
los
yaquis
ya
no
tienen
derecho
sobre
ellas.
El pasado 24 de mayo, Hershberger
Reyes
aseguró
que
el
decreto
de
1997
únicamente
expropió
2
mil
665
hectáreas
para
regularizar
a
83
propietarios
particulares
que
ocupaban
parte
de
ese
predio,
así
como
seis
ejidos,
y
no
45
mil
hectáreas,
como
sostienen
las
autoridades
tradicionales
yaquis.
Si bien el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural
negó
que
la
SRA
eventualmente
retome
el
asunto,
refirió
que
se
depositaron
40
millones
de
pesos
en
el
Fideicomiso
Fondo
Nacional
de
Fomento
Ejidal
para
indemnizar
a
los
yaquis.
Ese
dinero
suma
113
millones
de
pesos
por
los
intereses
generados
en
ocho
años.
Desde 1997, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo emitió el decreto expropiatorio
para
regularizar
seis
ejidos
y
predios
reclamados
por
83
particulares
-entre
ellos
empresarios
y
políticos
sonorenses-,
las
autoridades
tradicionales
yaquis han luchado en tribunales para recuperar casi 45 mil
hectáreas
que
les
fueron
despojadas.
Bours Castelo
manifestó
su
preocupación
por
las
repercusiones
de
la
postura
de
la
SRA.
"De
nada
sirve
la
serie
de
reuniones
que
hemos
sostenido
con
los
yaquis para encontrar una salida pacífica al problema",
consideró.
Al respecto, el gobernador del pueblo de Tórim,
Octaviano
Jécari
Espinosa,
responsabilizó
al
gobierno
federal
de
las
consecuencias
de
las
protestas
que
realizará
la
etnia
en
rechazo
al
escrito
de
la
SRA.
Puntualizó que la actitud que ha adoptado el titular de la
dependencia,
Florencio
Salazar
Adame,
representa
una
afrenta
para
la
tribu
yaqui,
por
lo
que
el
gobierno
federal
debe
asumir
el
costo
de
las
expresiones
políticas
que
los
indígenas
emprenderán
para
recuperar
parte
del
territorio
que
les
fue
despojado
mediante
decreto
presidencial.
Respaldan delegados federales a Búrquez. (El Imparcial, Sergio Fimbres, p.web)
HERMOSILLO, Sonora
Los delegados federales en Sonora respaldaron el actuar del
dirigente
del
PAN
Francisco
Búrquez
Valenzuela,
pero
coincidieron
en
que
si
tiene
aspiraciones
políticas
tendrá
que
renunciar.
Francisco Córdova Celaya, representante de la Procuraduría
Federal
del
Consumidor,
estableció
que
ha
observado
a
un
Búrquez
Valenzuela
dedicado
al
trabajo
partidista
más
no
electoral.
“Pancho fue electo democráticamente y por lo tanto tiene derecho
de
seguir
adelante...
si
él
toma
la
decisión
de
ser
candidato
pues
ya
tendrá
que
renunciar”,
indicó.
Gustavo de Unanue Galla, delegado
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
criticó
la
actitud
de
algunos
panistas, entre ellos diputados, que solicitaron públicamente
la
dimisión
del
dirigente
estatal
del
Partido
Acción
Nacional.
“No se puede cumplir los caprichos de algunos miembros del
partido”,
refirió,
“si
quieren
que
Pancho
renuncie
que
(los
quejosos)
se
dirijan
a
los
órganos
competentes
y
no
anden
dirimiendo
estos
asuntos
en
la
prensa”.
Érick Martínez Rodríguez, representante
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
consideró
una
indisciplina
la
actitud
del
diputado
Juan
Miguel
Córdova
Limón
y
Guillermo
Padrés
Elías,
aspirante
a
senador,
al
acudir
a
los
medios
de
comunicación.
Denuncian indemnización selectiva en problemas
agrarios
de
Los
Chimalapas. (La Jornada, Víctor Ruiz, p.web).
Colonos
de
Cuauhtémoc
exigen
a
Fox
una
"mesa
de
aclaraciones"
Oaxaca, Oax., 23 de junio. La asamblea
de
la
colonia
agrícola
y
ganadera
Cuauhtémoc,
perteneciente
al
municipio
de
Matías
Romero,
en
la
región
del
istmo
de
Tehuantepec,
acordó
solicitar
al
presidente
Vicente
Fox
Quesada
"una
mesa
de
aclaración
y
negociación
de
alto
nivel"
para
subsanar
las
"irregularidades
graves,
e
incluso
delitos"
cometidos
en
el
proceso
de
indemnización
de
los
colonos
propietarios
de
las
12
mil
850
hectáreas
vendidas
al
gobierno
federal
para
solucionar
el
conflicto
agrario
que
mantenían
con
los
zoques
de
Santa
María
Chimalapa.
Benito Velázquez Pascual, Gregorio
Ramírez
Hernández,
Gabriel
Cortés
Pascual
y
Vicente
Pascual
Ramírez,
presidente,
secretario,
tesorero
y
comisario
del
consejo
de
administración
de
la
colonia,
respectivamente,
manifestaron
que
en
el
proceso
de
solución
de
la
problemática
de
límites
de
tierras
con
sus
vecinos
de
Santa
María
Chimalapa, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el
Tribunal
Agrario
e
instancias
locales
y
estatales
"configuraron
una
brutal
y
burda
injusticia
para
la
colonia".
En una misiva dirigida al Presidente de la República, los colonos
explican
que
la
compensación
económica
otorgada
por
la
cesión
de
tierras
"no
fue
justa
ni
equitativa",
porque
el
titular
de
la
SRA,
Florencio
Salazar
Adame,
"entregó
a
un
selecto
grupo
de
colonos
y
no
colonos
un
millón
de
pesos
por
su
lote
o
lotes",
cuando
la
misma
dependencia
"había
dicho,
en
una
amañada
asamblea,
que
los
predios
se
pagarían
a
300
mil
o
600
mil
pesos".
Los inconformes exponen al titular del Ejecutivo federal que
"es
de
entenderse
que
los
representantes
de
su
gobierno
llevaron
al
terreno
de
lo
oscurito
las
negociaciones
del
conflicto
agrario,
para
que
usted
declarara
a
los
cuatro
vientos
el
finiquito
del
foco
rojo",
como
llama
la
SRA
a
los
problemas
agrarios
más
críticos
del
país.
Afirman que enviaron al presidente Fox
copias
de
contratos
por
300
mil,
600
mil
y
un
millón
de
pesos,
y
consideran
que
la
sospecha
de
que
"hubo
grave
corrupción,
en
la
que
muy
probablemente
están
involucrados
funcionarios,
sólo
podrá
determinarse
con
una
seria
investigación".
A la asamblea general de la colonia Cuauhtémoc le preocupa
el
destino
que
tendrán
80
pobladores
de
la
localidad
Los
Manantiales,
que
se
ubica
en
la
zona
cedida
a
Santa
María,
ya
que
la
SRA
determinó
desplazarlos,
sin
tomar
en
cuenta
que
estas
familias
construyeron
con
sus
recursos
una
carretera
y
una
escuela,
e
introdujeron
el
servicio
de
la
energía
eléctrica.
Por tanto, la asamblea acordó no permitir el desplazamiento
de
esta
población
si
no
es
reubicada
íntegramente,
"como
se
encuentra
en
estos
momentos".
Asimismo,
ratificó
el
acuerdo
de
entregar
al
gobierno
federal
las
12
mil
850
hectáreas
que
han
sido
cedidas
a
Santa
María
Chimalapa, "pero ni un centímetro más", concluyeron.
La feminización del agro, creció 2,000% en 30 años.
(La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).
Promusag
''Mi marido me dio permiso de trabajar siempre y cuando cumpliera
con
mis
obligaciones.
Un
día
llegué
cansadísima
y
tardísimo.
Me
exigió
la
cena
y
lo
mandé
al
carajo;
le
dije
que
él
se
la
hiciera
y
lo
que
me
gané
fue
una
madriza
del
tamaño
de
mundo.''
Cientos de mujeres campesinas que "han roto el silencio"
y
que
a
costa
de
su
salud,
tiempo
y
esfuerzo
asumen
actividades
adicionales
para
salvaguardar
la
economía
de
su
familia,
se
enfrentan
a
situaciones
similares
a
la
anterior,
expuso
la
directora
del
Programa de la Mujer del Sector Agrario (Promusag), Laura Gurza.
En los recorridos para convencer a las mujeres de sumarse a
los
beneficios
del
Promusag,
escuchó
esos
testimonios
"porque
el
cambio
de
día
a
día
no
se
percibe;
no
hay
nadie
que
les
diga
a
los
señores
que
las
mujeres
que
aceptan
participar
en
un
proceso
productivo
van
a
adquirir
una
visión
distinta
de
las
cosas,
van
a
cambiar
la
percepción
de
su
entorno
y
su
seguridad
va
a
crecer".
Según datos del INEGI, en el país hay un millón de jefas de
familia
producto,
entre
otras
causas,
de
la
migración
de
más
de
400
mil
personas,
la
mayoría
hombres.
Esa
situación
se
ha
agudizado
en
Guerrero,
Veracruz,
Morelos,
Zacatecas,
Coahuila
y
Michoacán.
Aunque
algunas
de
ellas
han
adquirido
el
estatus
de
ejidatarias,
el
promedio
de
la
superficie
de
sus
parcelas
es
sólo
de
8.8
hectáreas,
menor
a
la
posesión
media
de
los
hombres.
La feminización en el agro se ha incrementado en un 2 mil por
ciento
en
las
tres
últimas
décadas:
hay
763
mil
758
que
usufructúan
9.1
millones
de
hectáreas;
otras
272
mil
trabajan
5.9
millones
de
hectáreas
de
uso
común.
En
Tabasco,
Sonora,
Puebla,
Colima,
Oaxaca,
Nayarit,
Sinaloa
y
Baja
California,
las
mujeres
representan
más
del
25
por
ciento
de
los
ejidatarios.
Sin
embargo,
investigadores
del
sector
agrario
han
insistido
en
que
los
programas
dirigidos
a
las
mujeres
no
pueden
descansar
prioritariamente
en
la
parcela
de
la
mujer,
ya
que
la
mayoría
de
los
ejidos
certificados
no
cuentan
con
ella.
No todas las mujeres tienen tierra y además más de 70 por ciento
de
26
mil
que
han
solicitado
el
apoyo
de
Promusag
son
jefas
de
familia.
Aunque
el
programa
no
prioriza
eso;
los
beneficios
son
para
todas
las
mujeres,
abundó
Laura
Gurza.
Demandan mayor atención para las indígenas. (La Jornada, José Antonio Román, p.web)
El
sector
se
enfrenta
a
doble
discriminación,
subrayan
en
reunión
de
la
ONU
En América Latina aún muchas naciones y gobiernos rehúyen el tema de indígena y no consideran prioritaria la
atención
a
este
sector
tradicionalmente
marginado,
según
se
señaló
en
el
segundo
Encuentro
Regional
de
Mujeres
Indígenas
y
agencias
del
sistema
de
Naciones
Unidas,
en
el
que
participaron
32
representantes
de
organizaciones
de
México
y
Centroamérica.
El acto fue clausurado ayer en la sede de la ONU en México,
con
la
presencia
de
Noeleen
Hayzer,
directora
Ejecutiva
de
UNIFEM,
en
la
que
Nina
Picari,
vocal
del
foro
permanente
sobre
Asuntos
Indígenas
de
Naciones
Unidas,
advirtió
que
no
considerar
el
saber
y
las
potencialidades
de
las
mujeres
indígenas
tendrá
consecuencias
graves
para
el
desarrollo
de
los
países.
Al presentar las conclusiones del encuentro, Margarita Gutiérrez,
de
México,
y
Carmen
Alvarez,
de
Guatemala,
expresaron
exigencias
a
los
gobiernos
de
la
región,
entre
las
cuales
se
encuentra
la
asignación
de
un
mayor
presupuesto
y
flexibilidad
a
las
dependencias
y
secretarías
que
se
encargan
de
los
asuntos
indígenas.
De igual forma, piden que en el desarrollo de sus respectivos
planes
nacionales
de
desarrollo
involucren
a
los
pueblos
indígenas
de
manera
que
las
políticas
públicas
tengan
una
orientación
hacia
la
igualdad
de
resultados
y
no
sólo
de
acceso.
Otra las propuestas presentadas en la clausura del encuentro
fue
que
las
agencias
del
sistema
de
Naciones
Unidas
promuevan
el
fortalecimiento
de
las
mujeres
indígenas
para
terminar
con
las
desigualdades
de
etnia
y
género.
Asimismo,
pidieron
que
las
agencias
asignen
recursos
significativos
no
sólo
para
proyectos
específicos,
sino
para
procesos
de
organización
y
fortalecimiento
institucional.
De hecho, el documento de conclusiones generado en dicho encuentro,
pero
que
se
ha
venido
trabajando
desde
hace
un
año,
fue
entregado
por
las
participantes
tanto
a
Noeleen
Heyzer, directora ejecutiva de UNIFEM, con sede en Nueva York, como a Thierry Lemarequier, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
en
México
Carta de la SRA. (El Día, p.2. /Información también publicada en El Sol de México,
4A)
Con relación a la información publicada el jueves 23 de junio
del
presente
año,
titulada
“¡Acusan
a
la
SRA
de
impunidad
por
otro
desacato
judicial!”
se
hacen
precisiones:
1.-La Secretaría de la Reforma Agraria rechaza categóricamente
haber
desacatado
órdenes
judiciales
sobre
un
predio
ubicado
en
la
Comunidad
de
Ahuatepec,
municipio
de
Cuernavaca,
Morelos,
para
beneficiar
al
gobernador
de
ese
Estado,
como
se
menciona
en
la
nota
periodística.
2.- La Secretaría cumplió con la ejecutoria que concedió la
protección
constitucional
a
Agustín
Ochoa
Mayo
y
su
sucesión,
elaborando
un
nuevo
plano
que
excluye
su
propiedad
del
plano
original
de
ejecución
de
la
comunidad
de
Ahuatepec.
La
ubicación
se
hizo
conforme
a
los
documentos
que
existen
en
el
expediente
agrario
y
en
el
del
juicio
de
amparo.
Esto
se
materializó
al
Juez
desde
el
24
de
junio
de
2003.
3.-La superficie está en posesión de la Comunidad. La ejecutoria
dictada
en
el
juicio
de
amparo
172/2000,
nunca
ha
implicado
a
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
la
obligación
de restituir el predio, ya que esta dependencia
nunca
realizó
actos
de
desposesión
en
contra
del
propietario.
4.- La SRA está en espera de que el Juez, con el auxilio de
peritos
en
materia
de
topografía,
resuelva
si
el
plano
elaborado
el
24
de
junio
de
2003,
cumple
cabalmente
con
lo
ordenado
por
la
ejecutoria,
ya
que
el
quejoso
ha
señalado
que
su
predio
se
ubica
en
un
punto
distinto
al
señalado
en
el
citado
plano.
5.-Cabe destacar que la Secretaría de la Reforma Agraria, respetará
la
determinación
judicial
que
se
dicte,
y
actuará,
conforme
a
derecho
y
con
fundamento
en
la
ley.
Atentamente Jaime Alcudia Goya, Director de Comunicación
Social
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria.
Toma protesta la nueva Mesa Directiva Estatal de
Unimoss. (El Sol de Zacatecas, p.7)
“Ya no queremos
que
papá
gobierno
venga
a
darnos
las
cosas
gratis,
como
a
un
niño
le
dan
un
dulce
para
que
se
calle;
queremos
ser
tratados
como
gente
adulta,
con
dignidad”,
aseveró
Arturo
López
de
Lara
Díaz,
delegado
en
Zacatecas
de
la
Unión
Nacional
Integradora
de
Organizaciones
Solidarias
y
Economía
Social
(UNIMOSS),
al
señalar
que
ahora,
en
lugar
de
pedir
van
a
proponer,
a
buscar
compromisos
mutuos,
evitando
las
denigrantes
marchas
y
plantones,
privilegiando
el
diálogo.
En el marco de
la
toma
de
protesta
de
la
Mesa
Directiva
Estatal
de
UNIMOSS,
organización
que
agrupa
a
diversas
organizaciones
campesinas,
López
de
Lara
indicó
que
“si
queremos
un
México
que
nos
brinde
oportunidades
reales
de
crecimiento,
es
necesario
desarrollar
un
modelo
de
trabajo
que
nos
genere
competitividad,
economías
de
escala,
valor
agregado,
que
los
productos
sean
mejor
pagados
a
quienes
trabajan
el
campo;
innovar
en
los
canales
de
comercialización
y
resolver
con
nuestros
propios
ios
la
creación
de
intermediarios
financieros”.
En presencia de
Nicolás
Castañeda,
secretario
de
Finanzas
del
Gobierno
del
Estado;
Jesús
López
Díaz,
subsecretario
de
Desarrollo
Económico;
Lorena
Esperanza
Oropeza
Muñoz,
delegada
del
Registro
Agrario
Nacional;
Gerardo
de
Jesús
Félix
Domínguez,
presidente
municipal
de
Zacatecas;
Rodolfo
Monreal
Ávila,
alcalde
de
Fresnillo;
y
de
Javier
López
Macías,
presidente
nacional
de
UNIMOSS,
López
de
Lara
indicó
que
en
la
búsqueda
de
un
México
con
mejor
futuro,
surgió
UNIMOSS,
como
un
movimiento
social
tanto
rural
como
urbano.
Apuntó que la participación
de
los
miembros
de
esta
Asociación
Civil
debe
ser
voluntaria,
convencida
y
decidida,
en
la
que
se
trata
de
aportar,
proponer
y
comprometerse;
“ya
no
queremos
que
papá
gobierno
venga
a
darlos
las
cosas
gratis,
como
a
un
niño
le
dan
un
dulce
para
que
se
calle;
queremos
ser
tratados
como
gente
adulta,
con
dignidad,
ya
que
por
nuestra
parte
propondremos
y
no
sólo
criticaremos;
en
lugar
de
pedir
vamos
a
buscar
compromisos
mutuos
en
donde
las
partes
tengan
compromisos
beneficiosos”.
Tras dejar en claro
que
UNIMOSS
es
plural
y
apartidista,
López
de
Lara
dijo
que
se
trata
de
una
organización
sumamente
política:
“vamos
a
hablar
claro
y
fuerte
en
lo
que
no
estemos
de
acuerdo;
no
vamos
a
permitir
que
en
el
Gobierno
de
Amalia
García
se
utilicen
recursos
estatales
con
fines
partidistas;
lo
mismo
es
extensivo
para
Vicente
Fox”.
En el acto, Javier
López
Macías,
luego
de
tomar
la
protesta
de
ley
a
quienes
integran
la
Mesa
Directiva
de
UNIMOSS
en
Zacatecas:
Arturo
López
de
Lara,
Armando
Rivera,
Raúl
Carrillo
y
Bernabé
Frayre,
señaló
que
el
objeto
social
de
esta
agrupación
es
apoyar
y
desarrollar
acciones
con
actividades
que
contribuyan
al
desarrollo
del
capital
humano,
social,
material
y
cultural;
trabajar
a
favor
de
los
más
desprotegidos
social
y
económicamente;
promover
el
desarrollo
social
y
humano
de
una
manera
integral.
Asimismo, promover
la
economía
social
y
productiva
como
alternativa
económica;
impulsar
proyectos
de
desarrollo
económico
en
el
ámbito
rural;
promover
e
implementar
la
transferencia
de
desarrollo
tecnológico,
así
como
la
organización
social
y
comunitaria
y
el
asociacionismo
gremial,
productivo
y
financiero;
promover
y
establecer
la
red
social
de
intermediarios
financieros.
En el acto de toma
de
protesta,
además
estuvieron
presentes:
Eladio
Navarro
Bañuelos,
presidente
de
la
Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos;
Gilberto
Zapata
Frayre, delegado de la PROFEPA; Leonel
Cordero
Lerma,
delegado
de
la
SEMARNAT;
Mayela
Salas,
delegada
de
la
Procuraduría
Agraria;
Joel
Arce
Pantoja,
presidente
estatal
del
PAN;
Arturo
Ramírez
Bucio,
delegado
de
la
Secretaría
del
Trabajo;
Guadalupe
Medina,
titular
del
FONAES;
Lorenzo
Aquino,
delegado
de
la
PGR.
Declaración de Zirahuen
del
CNI.
(IMC-Chiapas, p.web).
QUE EMITEN LOS PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS
CONVOCADAS
Y
REUNIDAS
EN
LA
DECIMA
SEXTA
REUNIÒN
DEL
CONGRESO
NACIONAL
INDÍGENA
EN
LA
REGIÓN
CENTRO
PACÍFICO,
LOS
DÍAS
18
Y
19
DE
JUNIO
DE
2005,
EN
EL
CARACOL
ZAPATISTA
ERUPCIÓN
DE
REBELDÍA
EN
EL
LAGO
AZUL
DE
ZIRAHUÉN,
COMUNIDAD
P’URÉPECHA
DE
ZIRAHUÉN,
MICHOACÁN
RATIFICANDO que el Congreso Nacional Indígena constituye el
espacio
que
los
pueblos
indígenas
de
México
construimos
para
comunicarnos
y
caminar
unidos
los
pasos
del
movimiento
indígena
nacional
en
la
lucha
por
su
reconstitución
integral
y
libre
determinación,
expresada
como
autonomía
en
el
marco
del
estado
nacional;
CONFIRMANDO que el ejercicio de nuestra autonomía en los hechos
y
la
construcción
de
normas
propias,
basadas
en
los
principios
de
la
comunalidad, son el camino para construir nuevas relaciones
sociales
que
se
opongan
al
individualismo
y
al
actual
estado
neoliberal
que
respalda
al
capital;
SEÑALANDO que la actual estructura política nacional basada
en
el
sistema
de
partidos
ha
excluido
y
sigue
excluyendo
las
formas
de
gobierno
y
organización
propias
de
nuestros
pueblos;
RECORDANDO que Efrén Capiz Villegas,
Pedro
de
Haro
Sánchez
y
Juan
José
Rendón
Monzón,
hermanos
mayores
en
la
defensa
de
nuestros
pueblos
y
sus
derechos,
de
sus
tierras,
territorios,
culturas
y
autonomía,
nos
dejan
su
firme
ejemplo
de
lucha,
dignidad
y
sabiduría
para
continuar
la
larga
de
resistencia
iniciada
hace
más
de
quinientos
años;
RECONOCIENDO la digna lucha de la comunidad p’urépecha de Zirahuén en la defensa de sus tierras, montes y aguas con
el
espíritu
legado
por
el
General
Emiliano
Zapata
y
saludando
su
voluntad
de
confirmar
su
vocación
de
autonomía
al
constituir
el
Caracol
Zapatista
Erupción
de
Rebeldía
en
el
Lago
Azul
de
Zirahuén,
para
ejercer
plenamente
los
derechos
que
le
corresponden
y
resistir
las
agresiones
del
estado
mexicano
y
los
grandes
capitales
que
ambicionan
sus
tierras,
a
través
del
desarrollo
de
proyectos
turísticos
y
urbanos
y
la
destrucción
de
sus
territorios,
incluida
la
biodiversidad
existente
en
su
lago;
SEÑALANDO la importancia de la Unión de Comuneros Emiliano
Zapata
en
la
lucha
de
la
comunidad
indígena
de
Zirahuén
y
sus
anexos,
de
las
comunidades
indígenas
de
la
región
y
del
propio
Congreso
Nacional
Indígena;
Y CONSIDERANDO que las actuales políticas neoliberales llevadas
a
cabo
por
el
estado
mexicano
y
las
grandes
empresas
multinacionales
en
contra
de
nuestras
comunidades
han
llevado
a
un
ataque
frontal
para
despojarnos
de
los
elementos
que
constituyen
nuestra
identidad,
nuestra
cultura,
nuestro
territorio,
nuestra
autonomía
y
nuestra
forma
de
vida,
como
son
la
tierra,
territorios,
lugares
sagrados,
el
maíz,
el
agua,
la
biodiversidad,
los
saberes
tradicionales,
cosmopercepción, costumbre, cultura y autogobierno, entre
otros.
HEMOS RESUELTO HACER LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:
Respaldamos y nos solidarizamos con la reivindicación de la
libre
determinación
del
pueblo
p’urhépecha
y
hacemos
nuestra
la
lucha
que
ha
emprendido
el
Caracol
Zapatista
Erupción
de
Rebeldía
en
el
Lago
Azul
de
Zirahuén
para
ejercer
la
libre
determinación
y
autonomía
en
los
hechos
conforme
a
los
Acuerdos
de
San
Andrés
y
los
principios
de
los
Caracoles
Zapatistas.
El agua, el maíz, la tierra, la biodiversidad, los saberes tradicionales y el territorio en su conjunto son sagrados
y
un
derecho
histórico
de
los
pueblos;
siendo
estos
parte
medular
de
nuestra
autonomía
nacida
de
la
costumbre
indígena
ancestral.
Rechazamos profundamente las leyes e iniciativas de ley que
en
los
últimos
meses
el
estado
mexicano
ha
reformado
y
creado
para
privatizar
todo
lo
que
se
nace
de
la
madre
tierra
y
nuestros
saberes
tradicionales,
a
través
de
la
Ley
de
Bioseguridad
de
Organismos
Genéticamente
Modificados,
la
Ley
de
Aguas
Nacionales,
la
Ley
de
Propiedad
Industrial,
la
Ley
Federal
de
Acceso
a
los
Recursos
Genéticos
y
Biológicos,
la
Ley
de
Minería
y
la
Ley
de
Consulta
a
Pueblos
y
Comunidades
Indígenas.
Manifestamos nuestro rechazo a todos los programas dirigidos
a
la
fragmentación
y
privatización
de
los
territorios
y
la
destrucción
de
la
organización
comunal,
como
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Comunales
(PROCEDE
y
PROCECOM),
el
Programa
de
Pago
por
Servicios
Ambientales
y
los
ordenamientos
territoriales
de
nuestros
pueblos.
Los pueblos indios que formamos el Congreso Nacional Indígena
hemos
resuelto
que
no
respetaremos
esos
ordenamientos
ilegítimos
que
nos
pretenden
imponer
y
que
por
ello
son
letra
muerta
desde
su
nacimiento,
reconociendo
como
constitución
suprema
de
los
pueblos
indios
los
Acuerdos
de
San
Andrés.
Nos oponemos firmemente a la participación anfitriona del estado
mexicano
para
la
formulación
de
estrategias
de
privatización
de
agua
que
tendrán
lugar
en
marzo
de
2006,
en
el
Foro
Mundial
del
Agua
en
él
que
las
multinacionales
diseñarán
mecanismo
locales
para
la
apropiación
de
las
aguas
superficiales,
subterráneas
y
el
mar
territorial.
Nos oponemos a que el agua que se produce en nuestros territorios
sea
controlada
por
transnacionales
a
través
de
los
consejos
de
cuenca
y
los
organismos
privados
de
operación
de
agua
potable
en
las
ciudades,
mediante
programas
como
el
PROMAGUA.
Respaldamos la iniciativa del Plan Realidad Tijuana propuesta
por
el
Ejercito
Zapatista
de
Liberación
Nacional
para
hacer
frente
al
Plan
Puebla
Panamá,
el
ALCA
y
otros
megaproyectos
que
pretende
invadir,
despojar
y
contaminar
nuestros
territorios
a
favor
de
los
grandes
capitales.
Postulamos como principios en la lucha de nuestros pueblos
en
contra
del
estado
neoliberal
privatizador,
el
de
la
comunalidad,
el
de
la
democracia
directa
apoyada
en
la
decisión
de
las
asambleas,
el
mandar
obedeciendo
y
el
servir
y
no
servirse,
el
del
respeto
a
nuestra
madre
tierra,
el
del
trabajo
colectivo,
tequio,
gozona,
mano
vuelta,
faena,
fajina
y
todas
aquellas
formas
solidarias
y
de
reciprocidad
intercomunitaria que forman parte de nuestra costumbre ancestral.
Declaramos el reconocimiento y apoyo al municipio autónomo
de
Suljaa’,
la
comunidad
autónoma
de
Bancos
de
San
Hipólito,
el
Caracol
Zapatista
Erupción
de
Rebeldía
en
el
Lago
Azul
de
Zirahuén,
las
Juntas
de
Buen
Gobierno,
Caracoles
y
municipios
autónomos
zapatistas.
Desconocemos toda instancia nacional o internacional, creada
o
no
por
el
gobierno
mexicano,
que
de
espaladas
a
nuestros
pueblos
y
al
Congreso
Nacional
Indígena,
elabora
iniciativas
y
propuestas
para
el
reconocimiento
de
los
derechos
indígenas
y
pretende
dar
seguimiento
u
observar
nuestros
derechos.
Repudiamos todas las formas de represión hacia las comunidades
indígenas
y
el
pueblo
en
general,
y
exigimos
la
inmediata
libertad
incondicional
de
Pedro
Páramo
Caballero
de
la
comunidad
Indígena
de
El
Tico,
municipio
de
Zinapécuaro,
Michoacán,
y
de
todos
los
presos
políticos,
indígenas
y
no
indígenas,
que
se
encuentran
injustamente
detenidos
en
diversas
cárceles
del
país.
Reiteramos la solidaridad de los pueblos y organizaciones que
integramos
el
Congreso
Nacional
Indígena
a
la
comunidad
autónoma
de
Zirahuén y estaremos alertas frente a cualquier provocación,
represión
y
hostigamiento
por
parte
de
caciques,
el
mal
gobierno
y
las
trasnacionales.
Invitamos a todos los pueblos indígenas de la región y del
país
a
participar
en
la
próxima
reunión
del
Congreso
Nacional
Indígena,
Región
Centro
Pacífico,
que
tendrá
lugar
a
principios
de
septiembre
en
la
comunidad
wixárika de Tuapurie, Jalisco.
Ratificamos los acuerdos tomados, en el marco de esta reunión,
por
la
Comisión
Ampliada
de
Seguimiento
del
Congreso
Nacional
Indígena,
y
llamamos
a
los
pueblos
indígenas
de
todo
el
país
a
seguir
construyendo
este
espacio
de
nuestros
pueblos.
Zirahuén, Michoacán, a 19 de junio de 2005.
Las maquiladoras: Cárcel de Mujeres. (Eco Portal Net, Gustavo Castro Soto, p.web).
En las maquiladoras no dejan tomar agua para evitar que las
trabajadoras
abandonen
sus
puestos
de
trabajo
(además
los
baños
y
el
agua
escasean).
Si
se
abandona,
la
trabajadora
sólo
tiene
permitido
5
minutos
para
ir
al
baño,
mientras
que
otra
tiene
que
cubrir
el
puesto
de
trabajo
para
que
la
producción
no
se
detenga.
En Chiapas no han llegado las maquiladoras tan rápido como
se
esperaba
ni
al
mismo
ritmo
tan
acelerado
como
la
está
siendo
la
migración
de
indígenas
y
campesinos
hacia
los
Estados
Unidos;
ni
al
mismo
ritmo
como
el
crecimiento
tan
fortalecido
de
la
autonomía
indígena.
En el contexto de la búsqueda de alternativas e intercambio
de
experiencias,
cuatro
indígenas
y
campesinos
de
Chiapas,
dos
mujeres
y
dos
hombres,
viajaron
en
el
mes
de
noviembre
de
2004
al
norte
del
país,
a
las
tierras
de
las
maquiladoras,
con
el
fin
de
participar
en
el
15
Aniversario
de
la
Coalición
Por
la
Justicia
en
las
Maquiladoras
(CJM).
Luego
de
esta
rica
experiencia
una
de
ellas
afirmó:
“Esto
es
como
una
cárcel,
prefiero
unas
tortillitas
en
mi
comunidad
que
vivir
con
maquiladoras”.
En la frontera norte de México, en el estado de Tamaulipas,
el
corredor
maquilador
es
impresionantemente
enorme.
Tan
sólo
en
la
ciudad
de
Reynosa
existen
10
parques
industriales
con
170
maquiladoras
y
emplean
miserablemente
a
73
mil
trabajadoras
y
trabajadores,
gran
parte
provenientes
del
estado
de
Veracruz.
La
mayoría
es
industria
electrónica
y
automotriz.
Estas
mismas
maquiladoras
igual
hacen
volantes
para
automóviles
que
sirven
para
una
u
otra
marca.
En los parques industriales el gobierno les pone todo a su
servicio
con
el
dinero
del
erario
público:
alumbrado
e
instalaciones
eléctricas,
agua,
calles
y
pavimentación,
servicios
de
drenaje
o
desagüe
a
los
ríos
o
colonias
y
ejidos
vecinos,
servicios
de
telefonía,
construcción
de
naves
para
que
se
instalen;
no
pagan
impuesto
predial
e
incluso
se
les
pone
su
caseta
de
vigilancia
con
policías
que
prohíben
la
entrada
a
cualquiera.
Mientras
en
los
pueblos,
colonias
y
ejidos
vecinos
viven
en
la
miseria,
pagan
impuestos
y
rentas
por
sus
casas;
no
cuentan
con
servicio
de
agua
ni
luz
ni
muchos
menos
vigilancia
de
la
policía
que
procure
la
seguridad
pública.
En
la
maquiladora
de
San
Cristóbal
de
las
Casas,
Chiapas,
igual,
ni
el
millonario
dueño
paga
salarios
de
los
trabajadores,
ni
agua
ni
impuesto
predial.
Eso
lo
pagamos
los
ciudadanos
con
nuestros
impuestos.
Con la experiencia en Reynosa nos dimos cuenta de la miseria
en
que
vive
la
población,
la
mayoría
mujeres,
en
los
infiernos
de
las
maquiladoras.
En
estas
maquiladoras
no
aceptan
a
personas
mayores
de
30
o
35
años
confinando
al
desempleo
a
los
mayores
de
esta
edad.
Tampoco
quieren
personas
con
más
escolaridad
porque
le
temen
a
la
capacidad
de
organización
o
de
defensa
de
sus
derechos.
O
sea,
los
quieren
ignorantes
como
si
se
necesitara
sólo
de
estudios
para
saber
lo
que
es
injusto.
Incluso
hay
maquiladoras
que
contratan
a
niñas
de
hasta
13
años
de
edad.
A
las
mujeres
les
exigen
la
prueba
de
embarazo
al
solicitar
el
empleo
y,
una
vez
aceptadas,
son
revisadas
cada
período
menstrual
para
asegurarse
que
no
estén
embarazadas.
Muchas
maquiladoras
cambian
de
nombre
constantemente
para
crear
“otra”
maquiladora
y
así
no
pagar
las
utilidades
a
sus
trabajadoras
al
final
del
año.
Las trabajadoras ganan a la semana 250 pesos y las que más
400
pesos.
Al
mismo
tiempo
tienen
que
pagar
el
alquiler
de
las
casas
que
generalmente
oscilan
en
los
1,500
pesos
y
2
mil
pesos
como
mínimo
y
gastan
otros
500
pesos
mensuales
para
trasladarse
al
parque
industrial
donde
está
la
maquiladora.
Todo
lo
que
ganan
se
les
va
en
renta
de
la
casa
y
transporte.
Muchas
de
ellas
prefieren
vivir
en
las
casuchas
que
se
instalan
alrededor
de
las
maquiladoras
para
que
la
empresa
tenga
cerquita
la
mano
de
obra
barata
y
ellas
no
gastar
en
transporte.
Con
razón
ahora
se
entiende
el
concepto
de
“Maquila”
que
proviene
del
árabe
y
significa
“porción
de
grano,
harina
o
aceite
que
corresponde
al
molinero
por
la
molienda”.
Si alguna de las empleadas trabaja más turnos y por tanto gana
más
dinero,
se
le
inventan
varios
descuentos
para
bajarle
el
sueldo
al
mínimo
que
no
obligue
a
la
maquiladora
a
mayores
prestaciones
sociales
o
pago
de
impuestos.
Por
ejemplo
le
pueden
descontar
una
cuota
por
la
renta
del
espacio
que
usa
para
trabajar,
o
le
descuentan
el
servicio
de
la
cafetería
o
la
comida
del
comedor
de
los
trabajadores
–aunque
no
haya
usado
ese
servicio
y
lleve
su
torta
todos
los
días
para
comer-.
Para
la
comida
solo
cuentan
con
media
hora.
Por
si
fuera
poco,
los
trabajadores
deben
de
cantar
el
himno
de
la
empresa
japonesa
o
de
la
que
sea
antes
de
iniciar
el
trabajo
o
durante
él.
De
no
hacerlo
son
despedidos.
Con
estos
himnos
se
resalta
la
bondad
de
la
empresa
con
el
trabajador.
La dependencia es total. En las zonas urbanas está prohibido
que
las
casas
habitación
puedan
tener
pollos,
cerdos
u
otros
animales
domésticos
para
la
alimentación
como
alternativa
para
poder
comer.
Cuando
los
trabajadores
logran
un
crédito
para
su
casa
de
interés
social,
se
ven
obligados
a
obedecer
todo
lo
que
la
empresa
maquiladora
les
pida
sin
exigir
nada,
ya
que
tienen
que
pagar
su
casa.
Te
tienes
que
portar
bien.
Es
un
círculo
vicioso.
La contaminación de los parques industriales de maquiladoras
es
grave.
Una
fábrica
de
químicos
de
Dupont
deja
al
aire
libre
sus
desechos
tóxicos
lo
que
ha
provocado
nacimientos
de
niños
con
espalda
bífida.
Las
enfermedades
mortales
abarcan
a
todos
los
pobladores
del
ejido
que
han
luchado
con
demandas
incluso
a
nivel
internacional
sin
que
nadie
pueda
hacer
nada.
La
impunidad
con
la
que
gozan
las
maquiladoras
es
total.
Todos los sindicatos están comprados por las empresas maquiladoras.
Las
maquiladoras
no
reciben
al
trabajador
o
trabajadora
por
su
cuenta
sino
por
medio
del
sindicato.
La
trabajadora
tiene
que
acudir
al
sindicato
y
éste
le
designa
la
empresa,
el
parque
industrial
y
el
horario
que
le
toca
(hay
tres
turnos:
de
7
de
la
mañana
a
5
de
la
tarde;
de
5
de
la
tarde
a
2
de
la
madrugada;
y
de
2
la
madrugada
a
11
de
la
mañana).
Los
sindicatos
no
defienden
a
la
trabajadora
sino
a
la
empresa.
Sus
líderes
comprados
hacen
el
trabajo
sucio
incluso
de
usar
la
violencia
para
desalojar
a
trabajadoras
que
hagan
alguna
huelga
y
defender
los
intereses
de
los
trabajadores.
En
muchas
ocasiones
el
sindicato
no
elabora
con
la
empresa
maquiladora
los
contratos
correspondientes
de
sus
trabajadores
afiliados,
de
tal
modo
que
ante
demandas
de
los
trabajadores
simplemente
no
hay
contrato.
En el caso de una trabajadora cuyo turno inicia a las 7 a.m.,
se
levanta
a
las
4
de
la
mañana
para
estar
a
las
5
de
la
mañana
en
el
lugar
por
donde
pasa
el
autobús
(para
aquellas
maquiladoras
que
recogen
a
los
trabajadores)
y
para
lo
cual
debe
caminar
mucho;
el
autobús
hace
el
recorrido
tal
que
llega
antes
de
iniciar
el
turno.
Si
pierde
el
autobús
pierde
el
día
porque
no
hay
otro
transporte
público
a
las
maquiladoras
que
quedan
a
muchos
kilómetros
fuera
de
la
ciudad
o
zona
urbana,
y
posiblemente
el
empleo
ya
que
tiene
tres
oportunidades
de
no
llegar.
Las empresas maquiladoras se cambian de parques industriales
en
la
región
o
a
otro
estado
fronterizo.
Desmontan
con
facilidad
su
maquinaria
y
dejan
la
nave
para
que
otra
llegue
en
cualquier
momento.
O
de
plano
se
están
yendo
a
China.
Y
no
hay
otra
opción.
Este
es
el
peor
escenario
que
se
vislumbra
para
el
2005
y
con
ello
una
crisis
de
empleos
y
aumento
de
la
pobreza
sin
precedentes.
Es
posible
que
toda
esta
oleada
de
desempleados
que
se
generarán
en
el
2005
ahora
que
China
entra
en
el
mercado
de
la
OMC
sin
restricción
de
aranceles,
quieran
pasar
a
Estados
Unidos.
Si alguna trabajadora se le ocurre exigir el respeto a sus
derechos
humanos,
a
su
integridad
física
y
moral,
o
exige
condiciones
mínimamente dignas para poder laborar, simplemente no le renuevan
su
contrato
y
pasa
a
la
“lista
negra”
que
es
compartida
entre
todas
las
empresas
maquiladoras
de
todos
los
parques
industriales.
Estos
empresarios
se
reúnen
cada
semana
para
compartir
información
y
elaborar
los
mismos
criterios
y
políticas
de
trabajo.
Y
así
nadie
las
emplea.
Se
les
cierran
las
puertas
a
la
vida
porque
han
hecho
de
la
maquiladora
la
única
fuente
de
empleo.
“Cuando
se
dieron
cuenta
que
era
hermana
de
quien
habían
corrido
por
exigir
sus
derechos,
a
mí
no
me
dieron
empleo
en
ninguna
maquila”
–dijo
una
joven.
Otro
joven
comentó
que
“mi
madre
está
registrada
en
una
lista
con
su
fotografía
en
la
caseta
de
vigilancia,
en
la
entrada
del
parque
industrial”.
En esta región fronteriza los ejidatarios no pudieron competir
con
el
Tratado
de
Libre
Comercio
(TLC).
Sin
créditos
para
el
campo
y
sin
acceso
al
agua
(el
85%
se
va
para
los
Estados
Unidos),
los
campesinos
dejaron
de
sembrar
y
se
fueron
a
trabajar
a
las
maquiladoras.
Vendieron
la
tierra
muy
barata
y
los
nuevos
acaparadores
de
tierras
son
las
grandes
transnacionales
que
siembran
maíz
y
sorgo
con
grandes
ventajas:
agua
y
tierra
muy
baratas.
Durante tres años los ejidatarios de esta región fronteriza
no
regaron
sus
tierras
por
el
supuesto
acuerdo
que
obliga
a
México
entregar
el
agua
a
los
Estados
Unidos.
Los
canales
de
riego
que
fueron
pagados
por
los
ejidatarios
hace
años
ahora
son
para
beneficiar
a
las
grandes
corporaciones.
Los
pocos
campesinos
que
se
mantienen
en
la
tierra
tienen
que
luchar
continuamente
para
que
las
autoridades
abran
los
canales
de
riego
para
sus
cultivos
de
maíz
o
sorgo
que
les
compran
entre
1,200
y
1,500
pesos
la
tonelada;
o
la
naranja
a
2
mil
pesos
la
tonelada.
El
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Solares
Urbanos
(PROCEDE)
en
la
región
provocó
un
aumento
en
el
impuesto
predial
y
los
ejidatarios
han
ido
dejando
la
tierra
que
se
concentra
cada
vez
más
en
pocas
manos.
En realidad el modelo neoliberal y sus TLC pretenden un campo
sin
campesinos
donde
solo
quepa
la
maquinaria
pesada
y
las
grandes
corporaciones
altamente
subsidiadas.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
Recuperan 7 hectáreas invadidas por el FPFV-I. (La Jornada, Mirna Servín, p.web)
Participan
2
mil
100
elementos
en
operativo;
12
lesionados
Precaristas
enfrentan
a
policías
con
bombas
molotov,
lanzas
y
piedras
Integrantes del FPFV-I enfrentaron a policías con piedras y
petardos
FOTO
Alfredo
Domínguez
El predio de reserva ecológica conocido como Las Calabazas,
en
la
delegación
Tláhuac,
fue
recuperado
ayer
con
la
intervención
de
2
mil
100
elementos
de
diferentes
agrupamientos
de
la
policía
capitalina
y
judicial,
que
replegaron,
con
el
uso
de
gases
lacrimógenos
y
escudos,
a
los
integrantes
del
Frente
Popular
Francisco
Villa-Independiente
(FPFV-I)
que
habían
invadido
este
predio
desde
el
domingo
pasado.
Un reportero gráfico resultó descalabrado y 11 policías capitalinos
fueron
reportados
con
distintos
tipos
de
heridas
y
algunos
con
fractura,
aunque
solamente
cinco
de
ellos
requirieron
de
traslado
a
un
hospital.
Algunos camarógrafos y fotógrafos que se situaron al lado contrario
del
punto
de
enfrentamiento
dieron
cuenta
de
más
de
una
docena
de
panchosvillas que resultaron gravemente lesionados,
sobre
todo
en
la
cabeza
y
el
rostro.
Sin
embargo,
ninguno
de
ellos
se
presentó
a
recibir
atención
médica
a
las
ambulancias
y
paramédicos
que
llegaron
al
lugar.
El operativo se dio luego de la falta de acuerdos en
tres
días
de
negociaciones
entre
los
dirigentes
del
FPFV-I
y
el
gobierno
central.
Los
primeros
solicitaban
autorización
para
construir
en
Las
Calabazas
viviendas,
deportivos
y
una
escuela
para
sus
agremiados
y
se
negaron
a
cualquier
tipo
de
acuerdo
que
no
fuera
recibir
el
predio
para
su
ocupación.
Con este escenario, llegó un mayor número de elementos, caballos
y
por
lo
menos
30
perros
para
reforzar
la
vigilancia
que
había
permanecido
durante
los
cuatro
días
previos.
El opeartivo
Poco después de las 11 de la mañana, los agentes de seguridad
pública
empezaron
a
desalojar
las
calles
más
próximas
al
predio,
ya
que
cientos
de
vecinos
se
habían
congregado
a
observar
desde
el
inicio
de
esta
semana
la
desde
entonces
probable
desocupación.
Una vez que granaderos, elementos de Fuerza de Tarea, del agrupamiento
a
caballo
y
policías
del
Grupo
de
Reacción
e
Intervención
Inmediata
de
la
procuraduría
capitalina
ocuparon
las
calles
de
la
colonia
Zapotitla, que colinda justo enfrente de Las Calabazas, la
tensión
aumentó.
Por medio de los altavoces de la organización se oían instrucciones
y
consignas.
Más de mil integrantes del FPFV-I se atrincheraron en una ladera
que
divide
el
terreno
de
la
delegación
Iztapalapa
y
comenzaron
a
estallar
cohetes
y
a
colocar
barricadas
con
piedras
y
fogatas.
Ricardo Ruiz, director general de gobierno, pidió a los ocupantes,
a
través
de
otro
altavoz,
permitir
la
entrada
pacífica
de
los
funcionarios
y
el
retiro
de
las
casas
improvisadas
de
plástico
y
cartón
que
habían
instalado.
Por
respuesta
obtuvieron
el
estallido
de
bombas
molotov.
Alrededor de las 12:40, un grupo de granaderos entró por las
calles
laterales
y
trasera
del
predio,
debido
al
apoyo
solicitado
por
Darío
Chacón,
director
de
este
agrupamiento,
ya
que
decenas
de
jóvenes
con
el
rostro
cubierto
con
paliacates
empezaron
la
agresión.
Al mismo tiempo, por enfrente, en la parte clara del terreno
de
más
de
2
hectáreas,
elementos
a
caballo
continuaron
la
avanzada
para
llegar
a
la
ladera
superior,
desde
donde
los
miembros
del
FPFV-I
arrojaban
bombas
caseras,
cohetones
y
piedras.
Pasaron apenas 15 minutos cuando el enfrentamiento más fuerte
culminó
con
la
retirada
de
los
ocupantes
de
Las
Calabazas,
quienes
en
ese
momento
corrieron
a
resguardarse
en
las
casas
del
predio
aledaño
conocido
como
El
Degollado.
El operativo fue encabezado por Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública local, quien uniformado
y
con
casco
entró
por
igual
al
lado
de
los
granaderos
que
abrieron
los
primeros
frentes
del
desalojo.
Un grupo de cinco jóvenes se atrincheró en el techo de una
casa
anaranjada
de
tres
pisos,
para
continuar
lanzando
grandes
piedras
y
botellas
con
gasolina
contra
los
uniformados.
Minutos después, elementos policiacos
ingresaron
al
lugar
y
detuvieron
a
los
agresores.
Sin
embargo,
pronto
los
dejaron
ir
sin
ninguna
explicación.
La
Secretaría
de
Seguridad
Pública
(SSP)
del
DF
no
reportó
ningún
detenido
en
el
lugar.
Al lugar llegaron cuatro visitadores de la Comisión de Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal,
quienes
acompañados
de
un
camarógrafo
y
un
fotógrafo
del
organismo
tomaron
testimonio
y
documentaron
lo
sucedido
en
el
lugar.
Joel Ortega Cuevas, titular de la SSP capitalina, coordinó
las
acciones
en
el
lugar
y
tras
la
trifulca
explicó
que
el
propósito
de
la
intervención,
solicitada
por
un
Ministerio
Público
esa
misma
mañana,
fue
el
de
dar
las
garantías
de
seguridad
para
la
recuperación
del
predio
y
el
de
las
colonias
aledañas,
cuya
vida
cotidiana
ya
se
había
afectado
con
la
suspensión
de
clases
en
los
planteles
escolares,
bloqueo
de
calles
y
el
clima
de
tensión.
Ortega informó que por lo menos tres patrullas fueron dañadas
durante
el
enfrentamiento
y
que
se
encontraron
cuchillos
de
doble
filo
montados
sobre
palos
de
escoba,
además
de
petardos
y
otros
artefactos
explosivos.
No
obstante,
enfatizó,
ningún
elemento
entró
armado
al
lugar.
El jefe de la policía capitalina aseguró que se trató de un
"operativo
limpio,
ordenado,
donde
primero
se
agotaron
todas
las
instancias
de
negociación".
Dijo que la policía capitalina resguardaría la limpieza y la
colocación
de
una
malla
ciclónica
por
parte
de
autoridades
delegacionales
y
ambientales,
que
trabajaban
en
coordinación
con
la
Secretaría
de
Gobierno.
Y ante las amenazas del grupo de retomar nuevamente el predio,
Ortega
aseguró
que
si
regresan,
la
policía
también
lo
hará
con
suficientes
elementos
para
garantizar
el
orden.
Recupera el GDF predio en Iztapalapa. (El Universal, Fabiola Cancino, p.web)
Desalojan a unas 20 familias del
FPFVI
de
manera
pacífica
La delegación Iztapalapa recuperó un predio en el cerro de la Estrella,
invadido
por
el
Frente
Popular
Francisco
Villa
Independiente
(FPFVI).
La tarde de ayer, las autoridades
delegacionales
acudieron
con
elementos
policíacos
para
realizar
la
recuperación
administrativa
del
predio,
de
unas
cinco
hectáreas
de
extensión,
informó
Ricardo
Ruiz,
director
de
Gobierno
del
Distrito
Federal.
En el terreno, mencionó, se encontraban
unas
20
familias,
quienes
fueron
desalojadas
sin
necesidad
de
recurrir
a
la
fuerza
pública,
por
lo
que
los
elementos
sólo
estuvieron
a
la
expectativa.
El terreno ocupado por el FPFVI
es
conocido
como
El
Mirador
y
se
encuentra
dentro
de
un
área
de
conservación
ecológica.
Las 20 familias que estaban instaladas
en
el
lugar
llegaron
desde
el
8
de
octubre
del
año
pasado,
pero
hasta
ayer
las
autoridades
pudieron
recuperar
el
terreno.
La gente que invadió el predio
El
Mirador
está
identificada
con
el
mismo
grupo
que
ocupó
el
terreno
Las
Calabazas,
en
Tláhuac.
Los elementos de la Secretaria
de
Seguridad
Publica
(SSP)
que
participaron
en
el
operativo
no
entraron
en
confrontación
y
el
desalojo
se
registro
sin
incidente
alguno,
según
el
reporte
oficial.
Por su parte, las familias no se
opusieron
a
ser
retiradas
del
lugar,
a
pesar
de
que
no
hubo
ninguna
negociación
ni
se
les
ofreció
vivienda
en
ninguna
otra
zona
de
la
ciudad.
La delegación Iztapalapa apoyó a los integrantes de esta agrupación a trasladar
sus
pertenencias
a
los
lugares
que
estos
les
indicaron.
El cerro de la Estrella es considerado
como
una
reserva
natural
protegida,
propiedad
del
Gobierno
del
Distrito
Federal,
por
lo
que
en
el
desalojo
participaron
la
administración
central
y
la
demarcación.
En esta área todavía hay terrenos
irregulares,
invadidos
en
décadas
pasadas,
pero
en
la
zona
arbolada
desde
hace
al
menos
cinco
años
no
se
permite
la
ocupación
para
vivienda.
GUERRERO
Piden apoyo al Ejército propietarios que disputan
un
predio
con
ejidatarios. (El Sur,
Brenda
Escobar,
p.web).
Caso de Las Salinas
Viejas
contra
Barrio
Nuevo,
en
Zihuatanejo.
Zihuatanejo
Pequeños propietarios de Las Salinas
Viejas,
que
mantienen
un
litigio
con
el
ejido
vecino
de
Barrio
Nuevo,
en
Zihuatanejo,
denunciaron
que
han
visto
“gente
armada”
en
sus
terrenos
y
pidieron
la
intervención
del
Ejército
Mexicano.
El copropietario del predio, Alberto
Torres
Orrostieta,
dijo
ayer
a
reporteros
que
“hace
unos
20
días”,
cerca
del
campamento
donde
permanecen
desde
el
13
de
marzo,
cuando
ejidatarios
pretendieron
invadirlos,
se
escucharon
disparos
“y
después,
mis
compañeros
dijeron
que
vieron
a
un
grupo
de
gente
armada,
posiblemente
eran
cazadores
porque
traían
lámparas,
aunque
no
nos
explicamos
que
andaban
haciendo
por
ahí”.
Agregó que tienen temor de que
les
pueda
pasar
algo,
pues
con
sus
16
compañeros
permanecen
en
el
campamento
cuidando
de
no
ser
invadidos
por
los
ejidatarios
de
Barrio
Nuevo,
“tenemos
el
temor
fundado
porque
ya
hemos
sido
amenazados
con
ser
desalojados
y
despojados
de
nuestro
predio
por
una
persona
que
está
apoyada
por
el
ejido”.
Aseguró que ya pidieron de nueva
cuenta
del
19
Batallón
de
Infantería
en
Petatlán
para
que
efectuen
algún
recorrido
y
puedan
localicen
a
la
o
las
personas
armadas
que
rondan
en
su
propiedad.
A pregunta expresa, el copropietario
descartó
el
comentario
que
en
fechas
recientes
los
ejidatarios
de
Barrio
Nuevo
le
hicieron
al
alcalde
Amador
Campos
Aburto,
en
el
sentido
de
que
han
visto
personas
armadas
en
el
poblado
y
en
unos
vehículos
de
dudosa
procedencia,
“se
escuchan
los
rumores,
pero
nosotros
no
hemos
visto
nada”.
Reiteran cooperativas pesqueras su rechazo a la
presa
de
La
Parota. (El Sur, Karina Contreras,
p.web).
“Al menos hasta
saber
de
qué
manera
va
a
afectarnos”,
dice
el
presidente
de
la
Unión,
Raúl
Chávez
Vázquez.
El presidente de la Unión de Sociedades
Cooperativas
El
Plan
del
Estado
de
Guerrero,
Raúl
Chávez
Vázquez,
en
nombre
de
los
pescadores
y
acuicultores,
pidió
el
apoyo
del
gobierno
de
Zeferino Torreblanca para proyectos productivos, el regreso
del
programa
Empleo
Temporal
y
reiteró
su
oposición
al
proyecto
de
la
presa
La
Parota,
“al
menos
hasta
saber
de
qué
manera
va
a
afectarnos”.
Por otro lado, informó que seguirán
luchando
para
que
la
Comisión
Nacional
de
Pesca
y
Acuicultura
–que
depende
de
la
Sagarpa–,
quite
los
candados
para
que
tengan
apoyo
para
motores,
lanchas
y
equipo
de
pesca.
En una visita a la redacción de
El
Sur,
acompañado
del
secretario
de
la
Unión,
Baltasar
Luna
Suárez,
Chávez
Vázquez
informó
de
las
conclusiones
a
las
que
llegaron
en
el
primero
Foro
Regional
de
Productores
Agropecuarios
y
Pesqueros,
que
se desarrolló en Acapulco en días pasados.
Entre ellas, la de llevar a cabo
otros
cinco
foros
regionales
para
lograr
acuerdos
sobre
el
análisis
y
discusión
de
la
iniciativa
de
ley
para
el
apoyo
a
los
pescadores,
para
poder
llevarla
a
la
Cámara
de
Diputados.
Más adelante, dijo que van a pedir
información
sobre
la
presa
La
Parota
para
ver
de
qué
manera
va
afectar
a
los
pescadores,
pero
que
no
la
solicitarán
a
la
CFE.
“No podemos ir con la paraestatal
porque
ha
engañado
al
país,
no
podríamos
confiarnos
de
ellos.
No
ha
cumplido
los
acuerdos
de
1992
con
la
termoeléctrica
de
Petacalco.
No
creemos
en
nada
de
la
CFE,
nos
va
a
decir
que
no
afecta
la
laguna
de
Tres
Palos”.
Acusan los desalojados de la jardín que el supuesto
dueño
del
predio
los
amenazó. (El Sur,
Karina
Contreras,
p.web).
Los vecinos de la colonia Jardín
que
fueron
desalojados
por
policías
de
seguridad
privada
del
predio
que
mantenían
en
su
poder
y
que
–aseguran–
fue
donado
por
René
Juárez
Cisneros
cuando
fue
alcalde
para
que
se
edificara
el
parque
El
Tehuacán,
pidieron
la
intervención
del
gobernador
Zeferino
Torreblanca
para
que
les
regresen
el
terreno,
pues
ya
fueron
amenazados
de
muerte
por
los
supuestos
dueños.
Desde el miércoles por la mañana,
cuando
fueron
desalojados,
el
predio
es
resguardado
por
policías
de
seguridad
privada
que
contrató
el
supuesto
dueño,
Inés
Islas
González.
Los afectados acudieron a la Agencia
del
Ministerio
Público
de
la
Jardín
para
interponer
demandas
por
lesiones
contra
las
personas
que
“los
atacaron”,
pues
ellos
respondieron
“como
pudieron”.
Algunos colonos –que no quisieron
dar
sus
nombres
por
las
supuestas
amenazas
de
muerte–
pidieron
la
intervención
del
gobernador,
debido
a
que
el
alcalde
Alberto
López
Rosas
ha
mostrado
desinterés
al
problema
que
se
generó
desde
hace
varios
meses.
“Él
es
el
único
responsable
de
los
que
nos
pase”,
acusaron.
Señalaron que no intentarán recuperar
el
predio
por
la
fuerza
porque
esperaran
la
resolución
de
juicio
civil
que
se
sigue
en
el
juzgado
segundo
de
primera
instancia,
debido
a
que
presentaron
pruebas
“fehacientes
de
que
el
terreno
fue
destinado
para
parque,
e
Inés
Islas
se
lo
quiere
quedar”.
Aseguraron que las cosas siguen
tensas
y
más
porque
Inés
Islas
y
su
abogado
amenazaron
de
muerte
al
vecino
Abel
López
Guerrero,
por
lo
que
–advirtieron–
que
será
su
responsabilidad
lo
que
le
suceda.
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