CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
24 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Abre Pemex a IP manejo de pozos
Asegura paraestatal que
licitará explotación de yacimientos maduros
Frena Corte proceso a acusados de genocidio
No procede este cargo
por masacre de 1971, determina
Riesgo político para la economía: Ortiz
Asegura que podría afectar
las metas de crecimiento e inflación
Fuerte crítica de Guillermo Ortiz a bancos
El sistema es caro, no
es competitivo y se encuentra concentrado, asegura
Ortiz: peligra la economía por la pugna política
Fox, presidente sin poder real: The Economist Intelligence Unit
La economía,
en peligro por la pugna Fox-AMLO
Exigen los empresarios
alto al enfrentamiento
En PGJDF deben ''donar'' 5.5 mdp a causa de López
Aportaciones “voluntarias”
de 10,005 empleados de la Procuraduría
“Prescribió el genocidio” por los hechos de 71
Aún no exonerados, LEA
ni el resto: SCJN
China da a México 200mdd para sacar crudo
Buscan detectar nuevos
yacimientos
Delito de genocidio no es retroactivo: la Corte
Sin efecto argumentos
de la fiscalía de delitos del pasado en el caso
de la "guerra sucia"
Montiel ¡con todo!
¡Quiero ser presidente
de México!
Sector agrario
SRA compele a dejar reserva. (IMC-Medios Independientes (Chiapas), Carlos Herrera, p. web)
OCOSINGO
"Aumenta la violación sistemática a los derechos
agrarios, indígenas y ambientales".
Al concluir el II Encuentro Nacional de Comunidades en Reservas
de la Biosfera y Campesinas efectuado en Nuevo
Francisco León, municipio de Ocosingo, los participantes
denunciaron que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
ha forzado a los indígenas para que acepten desalojar
la Reserva Montes Azules.
Los más de 350 representantes y alrededor de 50 comunidades
indígenas que participaron en este Encuentro denominado
"Por la Defensa de Nuestro Territorio y sus
Recursos Naturales", manifestaron que "se
mantiene y aumenta, cada vez más, una violación
sistemática a los derechos agrarios, indígenas
y ambientales de nuestros pueblos".
En particular, denunciaron la actividad que consideran "perversa"
de la delegada de la SRA en Chiapas, Martha Cecilia
Díaz Gordillo, "que ha funcionado como la
pieza maestra de la política neoliberal para engañar
a las comunidades indígenas y forzarlas a aceptar
programas de reubicación en las regiones aledañas
a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules".
Expresaron que, atrás de la política de desalojo o reubicación
de los pueblos y de la política de establecimiento
e imposición de Áreas Naturales Protegidas Federales,
"está el interés de las grandes corporaciones
multinacionales, como Monsanto,
Bayer, Adventis, Coca Cola, Nestlé, entre otras, interesadas en apropiarse de los recursos
biológicos, de la cubierta forestal de bosques
y selvas y de los caudales y mantos de agua".
Los organismos y las comunidades señalan que es inaceptable
que el Gobierno del Estado de Chiapas "llame
a realizar una consulta con organizaciones y gobiernos
extranjeros sobre nuestra biodiversidad, antes
de consultar a nuestros propios pueblos y comunidades".
Se pronunciaron en contra de la recientemente aprobada Ley
de Bioseguridad e hicieron
un llamado a las comunidades "a establecer
en nuestras regiones, territorios libres de transgénicos, tanto en cuanto la siembra y producción, recuperar
y defender nuestro maíz criollo".
"Rechazamos la imposición de los programas que atentan
contra nuestros recursos y territorios; en particular,
rechazamos el Corredor Biológico Mesoamericano,
impulsado por el Banco Mundial y el Plan Puebla
Panamá, así como la imposición del Procede que
es el principal instrumento para propiciar la
privatización de la tierra", afirmaron.
Recomendaron estar precavidos ante los programas gubernamentales
"para no dejarnos asustar o amedrentar por
los mecanismos de presión y engaño que suelen
utilizar", aunque precisaron que los pueblos
"sí estamos preparados para proteger y conservar
nuestros recursos, selvas, montañas, ríos, plantas
y animales, y podemos convivir con ellos".
Los participantes a este Encuentro, provenientes de Oaxaca,
Veracruz, Tabasco, Guerrero y Baja California,
informaron que el Ejército Mexicano estableció
un retén en un poblado aledaño a donde se realizaba
el encuentro, aunque se retiró antes de su finalización.
Piden ejidatarios a la SRA entregar tierras en
Veracruz. (La Jornada, Matilde Pérez U, p.web)
Son
100 hectáreas invadidas por campesinos locales
Ejidatarios de San Pedro Mártir exigieron a la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) que cumpla el
dictamen del Tribunal Superior Agrario, emitido
en noviembre 2003, de entregar 100 hectáreas en
Isla, Veracruz, las cuales fueron permutadas por
ceder 65.5 hectáreas del paraje El Cedral, donde se construyó el club de golf México, en el Distrito
Federal.
La SRA no ha dado respuesta formal alterna a los ejidatarios
ni ha actuado jurídicamente para solucionar el
conflicto generado por la institución. Fernando
González, presidente del comisariado
ejidal, y Herlinda Luna,
apoderada legal del ejido, explicaron que el 27
de julio de 1949, mediante resolución presidencial
publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 13 de agosto de ese año, se autorizó dicha
permuta y el 14 de febrero de 1952 se entregó
la superficie a los beneficiarios, quienes decidieron
denominarla ejido San Pedro Mártir.
Los diferentes comisariados ejidales
-dijeron- dieron permisos a campesinos de la zona
para que realizaran desmontes e inclusive cultivaran
la tierra; "no sé en qué momento sucedió,
pero las tierras fueron invadidas, poco más de
20 familias hicieron su solar urbano y en 1993,
sin fundamento legal, la SRA a través del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)
regularizó el asentamiento, inclusive bajo
la identificación de ejido San Pedro Mártir".
Desde 1990, abundó Luna, los propietarios legales iniciaron
una disputa ante las autoridades por esas 100
hectáreas; "nuestro respaldo eran los documentos
agrarios entregados por la SRA, pero ante la indiferencia
de ésta tuvimos que recurrir al Registro Agrario
Nacional para que nos entregaran los documentos
certificados y en 2001, en el Tribunal Unitario
Agrario con sede en San Andrés Tuxtla, se inició
el juicio 228/2001".
En marzo de 2002, abundó, el dictamen fue adverso y por ello
"recurrimos a la revisión de sentencia, así,
el 10 de noviembre de 2003 el Tribunal Superior
Agrario nos concedió la razón y declaró inexistente
el supuesto núcleo agrario fundado en 1993. Los
presuntos propietarios no continuaron la disputa
jurídica, pero advirtieron que nadie los sacaría
de esa tierra".
La autoridad agraria y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera,
saben que el problema tiene solución, pero hace
falta voluntad política y decisión administrativa;
seguir alargando su actuación es llevar a la confrontación
a los dos grupos, advirtió Fernando González.
Piden que intervenga Gobernación y la SRA ante el conflicto con Tilapa. (El Sur (Guerrero), Ezequiel Flores, p. web)
Comisarios de cinco comunidades
del municipio de Malinaltepec,
quienes acusan a las autoridades de la comunidad
de Tilapa de posesionarse
de sus tierras e impedir la construcción de una
carretera que conectará La Montaña con la región
de la Costa Chica, anunciaron ayer que viajarán
a la ciudad de México para tratar de entrevistarse
con el secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda, con el propósito de que instruya a las
autoridades agrarias del nivel federal a que resuelvan
este conflicto.
También, convocaron a las autoridades
de los tres niveles de gobierno para que asistan
el próximo 28 de febrero a una segunda reunión
que se realizará nuevamente en la comunidad de
El Mango, para tratar de solucionar el problema
por medio del dialogo y evitar de esta forma que
se registren incidentes violentos.
Este conflicto, indicó en conferencia
de prensa el comisario de la comunidad de Santa
Cruz del Rincón, Zózimo Avilés Mendoza, se originó luego de una resolución
que emitió el 20 de febrero Tribunal Unitario
Agrario, el cual ordena que se realice una nueva
delimitación del terreno de Tilapa,
“desconociendo las mohoneras
establecidas con anterioridad”.
Dijo que el pasado lunes intentaron
dialogar con las autoridades de Tilapa,
para tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo
éstos se han negado y mantienen una actitud negativa
para permitir la construcción de una carretera
que comunicará la comunidad de Iliatenco,
municipio de Malinaltepec con el municipio de Ayutla
de los Libres.
Hace dos meses, Florencio Salazar y René Juárez
dieron por concluido el conflicto agrario en Tilapa. (El Sur (Guerrero, De la Redacción, p. web)
El 29 de diciembre de 2004, el
secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame, y
el gbernador, René Juárez
Cisneros, entregaron recursos económicos para
la compra de tierras con lo que se pretendía que
quedaran resueltos conflictos por más de 60 años
en Guerrero, que habían sido motivo de enfrentamientos
entre las partes por la posesión de las tierras.
Uno de estos problemas agrarios
que fueron resueltos mediante la entrega de un
millón 800 mil pesos fue el que sostienen los
comuneros de Tilapa,
municipio de Malinaltepec, con Arroyo San Pedro. Los de Tilapa reclaman como parte de sus tierras comunales las que
forman parte de Arroyo San Pedro, y los comuneros
de estas tierras dicen que Tilapa se quiere apropiar de sus tierras. Los de Tilapa dicen que los de Arroyo San Pedro recibieron el dinero
y compraron un predio en San Luis Acatlán,
y con eso quedaba resuelto el conflicto, pues
reconocerían que Arroyo San Pedro pertenece a
los bienes comunales de Tilapa.
Dos meses después de la ceremonia
en la que se dieron como resueltos varios conflcitos,
entre ellos el de Tilapa,
éste se activó nuevamente. Los comuneros de Arroyo
San Pedro, Iliatenco,
Tierra Colorada, Colombia de Guadalupe y Santa
Cruz del Rincón acusan a Tilapa de posesionarse de sus tierras. Por su parte, los de
Tilapa dicen que ya
quedó claro que Arroyo San Pedro es parte de sus
bienes comunales. (De la Redacción).
Demanda Tilapa la intervención
del gobernador para evitar violencia. (El Sur (Guerrero), Roxana Ibarra, p. web)
Representantes
de esa comunidad responden que no irán a la reunión
en El Mango convocada para el 28 por Iliatenco,
Tierra Colorada, Colombia de Guadalupe, Santa
Cruz del Rincón y Arroyo San Pedro, porque temen
un enfrentamiento, y proponen que el diálogo sea
en Tilapa
Integrantes del Consejo de Representantes
de la comunidad de Tilapa,
municipio de Malinaltepec,
entregaron ayer un oficio dirigido al gobernador,
René Juárez Cisneros, en el que solicitan su inmediata
intervención para evitar “hechos sangrientos que
enluten los hogares y las familias de los indios
tlapanecos”, ante el
conflicto que tienen con los habitantes de las
comunidades vecinas de Iliatenco,
Tierra Colorada, Santa Cruz del Rincón, y Colombia
de Guadalupe, y dijeron que éstos llegaron armados
con palos y machetes a la concentración de unos
2 mil 500 comuneros en El Mango este lunes.
La manifestación que llevaron a
cabo los habitantes de las cinco comunidades mencionadas
fue para buscar el diálogo con Tilapa,
por conducto de una comisión de intermediación
que nombraron, integrada por el presidente municipal
de Malinaltepec y el párroco, y el director del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Las cinco comunidades acusan a Tilapa
de posesionarse de tierras en Arroyo San Pedro
y en otros predios, y de impedir la construcción
de la carretera Iliatenco-Ayutla
de los Libres.
Este lunes, los representantes
de las cuatro comunidades y de Arroyo San Pedro
acordaron convocar a Tilapa a una reunión el lunes 28 de febrero, en El Mango,
para tratar sobre las demandas agrarias y de la
carretera que son motivo de conflicto.
En respuesta, en la carta dirigida
al gobernador, los representantes de Tilapa
plantean que no irán a esa reunión, porque temen
que los comuneros de los cuatro poblados acudan
con actitud violenta.
En una visita a la redacción de
El Sur la tarde de ayer, el integrante del Consejo
de Representantes de la Comunidad de Tilapa,
Luis García Bernandino, dijo que con armas no
es como se dialoga.
En el escrito responsabilizan a
los tres niveles de gobierno, federal, estatal
y municipal, a las autoridades de las comunidades
aludidas y dirigentes del PRT, de la organización
500 Años de Resistencia Indígena y Unión de Ejidos
Luz de la Montaña de lo que pudiera pasar.
Luis García aseguró que están dispuestos
a dialogar con las comisiones representativas
de la comunidades aludidas,
mismas que tienen que presentarse sin palos
y machetes. Propuso que el punto de reunión sea
en la comunidad de Tilapa, donde estén las autoridades competentes y del sector
agrario.
Consultado sobre sus peticiones
para poner una solución al conflicto, Luis García
pidió que las autoridades del sector agrario hagan
la verificación de la colindancia de Tilapa
y la comunidad de Iliatenco,
de acuerdo al plano definitivo del núcleo agrario
y que una vez que se aclare hasta dónde corresponde
el terreno de cada comunidad se haga la expropiación
de las tierras donde pretenden que pase la carretera
Iliatenco-Ayutla de los Libres conforme a la ley, indemnizando a las
personas que resulten afectadas de la comunidad
de Tilapa.
Dijo que se desconoce quiénes se
verían afectados en sus terrenos, por la construcción
de la carretera, y que cuando se sepa, las autoridades
deben hablar con ellos y ponerse de acuerdo para
la indemnización, siempre con diálogo y con respeto.
Contó que estas diferencias surgieron
a partir del 26 de enero, cuando salió el resultado
de los trabajos topográficos del Reconocimento
y Titulación de Bienes comunales de la comunidad
de Tilapa que indican
que la comunidad de Iliatenco
está invadiendo aproximadamente 6 hectáreas de
tierras al igual que la comunidad de Santa Cruz
del Rincón, en la parte sur de Tilapa.
Nazario Mendoza Garzón, quien desde
hace 67 años vive en esa comunidad donde nació,
indicó que los “indios tlapanecos que son hermanos de raza, pueblos colindantes,
no pueden enemistarse por un beneficio, debemos
cuidar que los niños y ancianos no sufran con
la amenaza y debemos cuidar que la construcción
se haga en un lugar que nos va a servir, no en
lugar de alto riesgo para que el gobierno sea
responsable después, porque ya ha habido antecedentes
de derrumbes donde quieren construir la carretera.
tienen que ser cuidadosos
con eso”.
“No nos negamos al diálogo ni a
los servicios públicos siempre y cuando se den
en un marco de respeto y conforme a la ley”, manifestó
Luis García Bernardino.
El representante dijo que el pasado
21 de febrero el presidente municipal de Malinaltepec,
Apolonio Cruz Rosas,
pidió una reunión de trabajo donde iban a participar
habitantes de Iliatenco
y Arroyo San Pedro, sin embargo éstos no de presentaron
como se habían comprometido con el alcalde.
En esa fecha, los de Iliatenco, Arroyo San Pedro
Tierra Colorada, Santa Cruz del Rincón
y Colombia de Guadalupe se reunieron en el lugar
conocido como El Mango y con violencia pretendieron
violentar los derechos de la comunidad de Tilapa,
dijeron los representantes de ésta.
El oficio del que dejaron copia
en la Redacción de El Sur, se entregó también
en la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios,
en la coordinación de Asuntos de Trascendencia
de la Secretaría de la Reforma Agraria,
a la Delegación Estatal de la Procuraduría
Agraria y a la Comisión de Defensa de Derechos
Humanos.
También acompañaban a Luis García,
Domitilo Mendoza Garzón
y Félix Galeana Neri.
Niega la SRA haber sustraído peritaje sobre Santa
Úrsula. (La Jornada, p.web).
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) rechazó que
personal de la dependencia haya sustraído el dictamen
pericial del expediente del predio de Santa Ursula
Coapa en litigio, como
denunció el senador Diego Fernández de Cevallos,
ni tampoco "ha hecho un gran negocio"
con la expropiación de las 33 hectáreas. "Es
falso que la SRA pudiera verse beneficiada con
la desaparición del documento, como se pretende
hacer creer a la opinión pública. Incluso, a través
de su departamento jurídico, ya solicitó al ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) que determine si, efectivamente,
fue sustraído del expediente el dictamen pericial
y, en su caso, se dé vista al Ministerio Público
Federal para deslindar las responsabilidades correspondientes",
estableció en un comunicado la dependencia. Informó
que el pasado 11 de febrero depositó 30 millones
de pesos en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros como un pago más para liquidar los
199 millones de pesos que determinaron los ministros
de la SCJN para cubrir la indemnización a la familia
Ramos Millán, representada jurídicamente por el
despacho del senador Fernández de Cevallos. Los
109 millones de pesos que faltan por cubrir, tomando
en cuenta que la dependencia ya depositó 90 millones
de pesos, se terminarán de pagar en 2009, atendiendo
los criterios de la Corte. La SRA asentó que respeta
las resoluciones de la SCJN y valora el criterio
adoptado por los ministros que la integran en
su determinación de reducir a 199 millones de
pesos el monto de indemnización, en lugar de mil
214 millones de pesos, ya que eso refleja la objetividad
e imparcialidad de las decisiones del máximo tribunal.
Agregó que en 1984 expropió las 33 hectáreas en
favor de la Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra.
Diego Fernández hace público su desprecio hacia
las ONG. (Proceso, Jenaro Villamil,
pweb)
* Rechaza “cualquier suspicacia” sobre la falta de transparencia en la Cámara alta
Cancún, Q. Roo, 23 de febrero (apro).-
Fiel a su estilo y con la espada desenvainada,
el presidente de la Mesa Directiva del Senado,
Diego Fernández de Cevallos, criticó lo mismo
a las organizaciones no gubernamentales que a
la creación de nuevos institutos autónomos; rechazó
“cualquier suspicacia” sobre falta de transparencia
en la Cámara alta; y se quejó porque los tribunales
redujeron de más de mil millones a 190 millones
la indemnización a la familia Ramos Millán que
su despacho de abogados defendió ante la Secretaría
de la Reforma Agraria.
Ponente del último día de la tercera Conferencia Internacional
sobre Acceso a la Información realizada en este
centro turístico, Fernández de Cevallos indicó:
“Yo no soy de los que se inclinan mucho a darle
a todo tipo de institutos y organizaciones autónomas,
yo no soy muy querido por las organizaciones no
gubernamentales, pero también les digo que están
correspondidos.”
En presencia de más de 45 representantes de organizaciones
civiles internacionales y de 60 de organizaciones
nacionales, Fernández de Cevallos arengó sobre
dos problemas existentes en la relación entre
las ONG e instituciones públicas:
“Primero, el nombre,
ONG, porque se afirman en una contradicción. ¿Qué
quiere decir no gubernamental? Se utiliza para
marcar de entrada una categoría, allá está lo
gubernamental, lo oscuro, lo sucio, lo que no
funciona y aquí están las ONG. Eso a mí no me
parece, lo digo con toda franqueza y con el mayor
de los respetos, porque lo que necesitan los países
es la fuerza de sus instituciones, la confiabilidad
que el pueblo debe de sentir de sus gobernantes
y los gobernantes la confiabilidad de su pueblo.”
En materia de transparencia, Diego Fernández fue cuestionado
por Patricia Illescas, del Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad, porque de las 3 mil
709 solicitudes de acceso a la información que
se han emitido frente al Senado de la República,
no se puede saber qué se preguntó ni qué se respondió.
“Todo se maneja en secreto
–le reprochó a Fernández de Cevallos--, sí sabemos
que existieron las 3 mil 709 solicitudes, porque
éste es el registro, pero no sabemos qué se preguntó,
a diferencia de la Cámara de Diputados.”
Contestón, en su peculiar tono, el panista
agradeció la crítica, después de haber atacado
a las ONG, y se comprometió a darle respuesta
a los planteamientos.
Fuera del recinto hotelero donde realizó su exposición, Diego
aprovechó para litigar mediáticamente
en favor de los negocios que él ha defendido,
como en el caso de la familia Ramos Millán, cuyo
predio fue indemnizado por la Secretaría de la
Reforma Agraria.
“En todos los casos,
uno sabe con frecuencia, todos saben cómo entra
a un litigio, pero no saben cómo se resolverá.
Ahí está el caso de Cancún o el caso de los Ramos
Millán, donde la Suprema Corte aplicó otra forma
de justipreciar un predio, en el sentido contrario
al que han hecho los tribunales durante 17 años.
Todo esto es una lucha por la impartición
de la justicia.
“Lo importante es que
se llegue a los tribunales y se salga pronto de
ellos, con la claridad de que se tendrá una resolución
firme, que no se manosee en el tiempo y que no
se pervierta el principio de equidad”, sentenció.
Presentó la SRA el billete de depósito que ampara
a la cantidad de 30 millones de pesos para la
expropiación del predio denominado “Santa Úrsula
Coapa”. (El Sol de México, Patricia Torres, p. web. /Información también
publicada en El Sol de México, p.6ª, El Financiero,
p. 39)
México.- Con la finalidad de acatar el fallo emitido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
al resolver la reducción a 199 millones de pesos
en el monto de la indemnización a la familia Ramos
Millán por la expropiación del predio denominado
"Santa Ursula Coapa",
en vez de la ejecutoria de mil 214 millones de
pesos, la Secretaría de la Reforma Agraria
presentó al juez Decimosexto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, el billete
de depósito número S 345500 de fecha 11 de febrero
de 2005, emitido por el Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros S.N.C.,
que ampara la cantidad de 30 millones.
Al señalar que la Secretaría de la Reforma Agraria
respeta las resoluciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, dijo que el el
criterio adoptado por los ministros integrantes
de ésta al resolver la reducción del pago refleja
la objetividad e imparcialidad en las decisiones
del máximo tribunal. Rechaza tajantemente las
imputaciones hechas por el senador Diego Fernández
de Cevallos, quien ha señalado que servidores
públicos de la SRA son los responsables de la
sustracción del dictamen pericial.
Con el depósito de fecha 11 de febrero de 2005,
emitido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros S.N.C., que ampara la cantidad de 30 millones, hasta el momento
sumarían 90 millones, considerando los 60 millones
ya depositados en 2003 y 2004; por tal motivo,
sólo restarían por liquidar 109 millones que se
cubrirán en anualidades hasta el 2009, atendiendo
los criterios resueltos por la propia Corte.
En referencia a lo manifestado en diversos medios
de comunicación en cuanto a que el Gobierno Federal
"hizo un gran negocio" con la expropiación
de estos predios de Santa Ursula Coapa, la SRA precisa que la expropiación obedeció al interés
público de regularizar los asentamientos humanos
que invadieron el predio. En 1984, la SRA expropió
a favor de la Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra (Corett),
esta superficie que, después de haberse regularizado,
reportó un ingreso al erario federal de tan sólo
594 mil 879 pesos, de los cuales quedan como saldo
favorable tan sólo 160 mil pesos.
Por otra parte, la Secretaría de la Reforma Agraria
rechaza tajantemente las imputaciones hechas por
el Senador Diego Fernández de Cevallos, quien
ha señalado que servidores públicos de la SRA
son los responsables de la sustracción del dictamen
pericial.
Debe considerarse que, entre otros argumentos
jurídicos, la defensa de la SRA ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se basó en la ilegalidad
del dictamen pericial, ya que adolecía de múltiples
irregularidades, como la ubicación en la Guía
Roji de la superficie
materia del avalúo, en lugar de haber realizado
un levantamiento topográfico.
Asimismo, el avalúo se emitió tomando en cuenta
valores actuales con la infraestructura existente
en el predio, y no considerando que los predios
estaban invadidos con asentamientos humanos irregulares
cuando se materializó la expropiación, entre otros.
En consecuencia, es falso que la SRA pudiera
verse beneficiada con la desaparición del documento,
como se pretende hacer creer a la opinión pública.
Incluso, la Reforma Agraria ha solicitado al ministro
presidente que se determine si efectivamente fue
sustraído del expediente el dictamen pericial,
y, en su caso, se dé vista al Ministerio Público
Federal para deslindar las responsabilidades correspondientes.
La SRA manifiesta una vez más su absoluto respeto
a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, las cuales constituyen un elemento
importante para la conformación de nuestro Estado
de Derecho
Pago de la SRA. (Diariomonitor, p. web)
La Secretaría de la Reforma
Agraria hizo desde el pasado 11 de febrero el
tercer pago indemnizatorio por la expropiación
del terreno de Santa Úrsula Coapa,
anunció Florencio Salazar Adame,
titular de esa dependencia quien agregó que únicamente
deben 109 millones de pesos. De acuerdo con la
dependencia federal, ayer se presentó al Juez
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa
en el Distrito Federal, el billete de depósito
número S 345500, de fecha 11 de febrero de 2005.
“Con ese depósito se ha pagado a las familias
Bernal Martínez y Ramos Millán 90 millones, considerando
los 60 millones ya depositados en 2003 y 2004.”
Hechos. (El Sol de
México, Jesús Michel
Narváez p. web)
Dos realidades que tienen aristas y sacarán chispas.
SON DOS HECHOS que tendrán enormes repercusiones para la vida
política y jurídica se suscitaron esta semana:
la decisión -¿sin presiones?- de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación Ðen votación dividida,
por cierto- que deja a los herederos de Gabriel
Ramos Millán sin una suculenta y multimillonaria
liquidación por la expropiación de un predio en
Santa Ursula Coapa y la tomada por los diputados federales de aprobar el
voto de los mexicanos en el extranjero.
En el primero de los casos se aplica, sin duda, el refrán de
"la ambición mató al gato", puesto que
desde hace 14 meses ya había un fallo judicial
superior que acreditaba el reclamo de los familiares
del mayor fraccionador
que ha tenido la Ciudad de México, pero como aquél
determinaba que se pagara a plazos, los representados
por el ya no tan influyente senador Diego Fernández
de Cevallos reclamaron los tiempos. Y se inconformaron.
Y luego, luego usted ya conoce la determinación:
de mil 260 millones ya aprobados, los ministros,
que no son valuadores -eso dice el exjefe Diego-, determinaron que solamente se pagaran 199 millones.
Y lo peor: a 30 años.
En el segundo, los señores diputados asumieron una responsabilidad
vía las presiones de grupos políticos: dieron
luz verde al voto de los mexicanos en el extranjero.
En tratándose de leyes, la minuta aprobada deberá
llegar al Senado de la República para que éste
a su vez lo ratifique, modifique o rechace.
Plaza Pública. (A.M. León, Miguel Ángel Granados Chapa, p. web)
Ministros valuadores
¿De qué mueren los quemados?, preguntaba antaño el refranero
popular, que contestaba: de los puritos ardores.
El modismo se refería a la reacción de los despechados,
a los que el habla común llama ardidos, que desdeñan
el efecto adverso que se les provoca, o desvían
la atención para disculpar un error o una frustración.
Como ardido ha reaccionado el presidente del Senado, Diego
Fernández de Cevallos ante la decisión que privó
a clientes suyos de mil millones de pesos (y a
él de la proporción que corresponde a sus servicios
profesionales, desempeñados simultáneamente con
su condición de senador de la República). No sólo
denostó el carácter de la sentencia, llamándola
dogmática, y quejándose de que se modifique un
criterio previamente sostenido, mudanza que está
en la naturaleza de las cosas mientras no se dicte
jurisprudencia. También puso en duda los fundamentos
técnicos de la valuación del predio a que se refirió
el célebre caso que acaba de perder. Pero fue
más allá, en una acusación mediática que no debe
ser pasada por alto. Acusó a funcionarios de la
Secretaría de la Reforma Agraria de haber sustraído
del voluminoso expediente resuelto el lunes por
la Corte, el peritaje tercero en que se basaron
un juez y un tribunal para fijar la monstruosa
suma de mil doscientos catorce millones de pesos.
Como el presidente de la Corte hizo notar la desaparición
de ese documento, el senador litigante se pregunta
en qué basó entonces el pleno la decisión que
lo privó de suculentas ganancias.
La discusión de los ministros se desarrolló en dos etapas,
el lunes. En la primera parte se debatió si el
incidente de inejecución había quedado sin materia
por la súbita aceptación del método de pago (treinta
millones por año, a lo largo de cuarenta) hecha
conocer por los herederos de Gabriel Ramos Millán
el 27 de enero, mensaje que pasmó a la Corte y
la tuvo al borde de una infracción ética, que
hubiera cometido si alzando los hombros deja pasar
como un hecho ajeno la erogación de mil millones
de pesos más de los que la ponencia del ministro
Juan Díaz Romero había ya calculado. Formaron
mayoría los ministros que sostuvieron que la materia
a estudiar prevalecía porque no había habido acuerdo
de voluntades que la superara (y el ministro Cosío para el cual las partes no tienen libre disponibilidad
en el incidente de inejecución). Y por lo tanto
se pasó a la segunda parte, la que resolvería
ese incidente con la reducción a una sexta parte
de la cantidad originalmente asignada.
Díaz Romero sacó avante su tesis de que debía pagarse el precio
vigente en el momento de la expropiación y no
el del momento en que se emitió la sentencia cuya
inejecución discutían los ministros. Partió en
consecuencia del dictamen pericial de la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales, del que se deriva
que el metro cuadrado tenía un valor comercial
de cinco mil pesos. El valor resultante fue actualizado
conforme al criterio tributario, expresado en
la Ley de Impuesto Sobre la Renta y en el Código
fiscal que a su vez remite al Índice Nacional
de Precios al Consumidor. El ministro Cossío
prefirió que se aplicara un índice de precios
más específico, relativo a los inmuebles y como
no prosperara su propuesta votó en contra, lo
que no impidió que la mayoría subsistiera también
en este punto.
La severa disminución del monto que finalmente debe cubrir
la SRA hubiera podido ser mayor todavía. Un criterio
para fijar la cuantía de las indemnizaciones es
el valor de mercado, es decir la cantidad que
esté dispuesto a pagar un comprador y dispuesto
a aceptar el vendedor. Díaz Romero imaginó, para
medir cuál hubiera sido ese precio de mercado,
la reacción de quienes leyeran un aviso comercial
que dijera: “se venden treinta y tres hectáreas
invadidas”, como efectivamente lo estaban las
superficies ejidales expropiadas, a las cuales
se sumó erróneamente la heredad de los Ramos Millán.
El cálculo formulado por Díaz Romero se basa en criterios objetivos,
no caprichosos ni al buen tuntún. Y no le resta
valor el que en el expediente no figurara el peritaje
en que se basó la definición inicial de la indemnización.
A esa falta se refirió, de paso (¡cosa curiosa!,
dijo) el ministro presidente Mariano Azuela. Explicó
que su experiencia de antiguo secretario de estudio
y cuenta (lo fue durante once años, de 1960 a
1971) lo hacía buscar directamente los documentos.
En este caso llamó su “atención que esa pieza
tan importante la tengamos que estudiar indirectamente
a través de otros documentos, porque no aparece
en el expediente”.
Supongo que es impracticable, e innecesario, determinar la
causa de tal faltante. Por el modo natural con
que se refirió al hecho el ministro presidente,
no parece que el peritaje tercero haya sido arrancado
del expediente, que la numeración de la
fojas revele su ausencia. Pero sea averiguable
o no esa circunstancia, no puede fundarse en ella
el cuestionamiento tardío y despechado del abogado
patrono de los Ramos Millán. Queda claro en qué
se basó el pleno de la Corte para recortar tan
drásticamente la cifra que los afectados creyeron
tener ya en sus manos. Como queda claro también
que al resolver casos semejantes, como el de Parques
Conmemorativos y el del predio donde se levanta
la Escuela Nacional de Antroplogía e Historia, el tribunal constitucional ha dado
un paso gigantesco, que el ministro Juan Silva
Meza enunció diciendo: “La cosa juzgada surte
efectos entre las partes, pero no para la Suprema
Corte...”.
La Torre de Babel. (Diario de México, Armando Cruz Sánchez, p. web)
Algunos panistas
tienen la piel muy sensible, muy irritable, tal
es el caso del secretario del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez,
quien ayer le negó al rector de la UNAM, Juan
Ramón de la Fuente, el derecho de opinar sobre
la conveniencia de que renuncien a sus cargos
los funcionarios del gabinete foxista que se encuentran en campaña por la candidatura a
la Presidencia de la República.
Por esa expresión, el rector se
hizo merecedor a la descalificación del flamante
funcionario que, hasta ahora, ha sido solamente
una comparsa en la lucha interna que se libra
en Acción Nacional por la candidatura a la grande,
entre Santiago Creel
Miranda, Felipe Calderón Hinojosa y Francisco
Barrio Terrazas.
¿Quién es Juan Ramón para decir
que todos los funcionarios que tengan aspiraciones
políticas para 2006 deben renunciar?, soltó el
jalisciense, el que, presa de sus bravuconadas,
dijo que se mantendrá en su cargo hasta que la
ley se lo permita y ¡ya!
¡Ah que con la doble moral de los
panistas! Seguramente
a la hora en que se encontraba a punto de reunirse
con las comisiones unidas de Medio Ambiente y
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados,
el señor Cárdenas Jiménez no había escuchado el
discurso de su jefe, el presidente Vicente Fox, quien les recordó a sus subordinados que las estructuras
del Gobierno y los recursos públicos son para
servir a la gente (y a la nación) y no para servirse
de ellos.
Quizá el pecado de De la Fuente
es que su observación se circunscribió solamente
a los funcionarios del gabinete foxista
y no incluyó, como reclama Cárdenas Jiménez, al
priísta Enrique Jackson
Ramírez; el perredista Andrés Manuel López Obrador y a su compañero de
partido Francisco Barrio Terrazas. ¡Ah! y se le
olvido, señor secretario del Medio Ambiente, mencionar
al canciller ausente, Luis Ernesto Derbez Bautista y al senador Carlos Medina Plascencia, quien, por cierto, fue a provocar a los perredistas de Ciudad Victoria y éstos le respondieron con
pegotes contra el desafuero y epítetos como el
de hijo de Carlos Salinas.
Cuánta distancia existe entre la
elegancia y mesura de los alegatos del senador
panista Javier Corral
y las bravatas de Cárdenas Jiménez, cuyo discurso
es inconsistente, pues por un lado censura las
expresiones de De la Fuente y por el otro se envuelve
en la bandera de la democracia para decir que
ésta “permite la libertad de expresión”. Los “ultras”
del PAN tienen la piel muy sensible, vea usted
que el senador Diego Fernández de Cevallos menosprecia
también a los intelectuales y califica a la Suprema
Corte de dogmática e injusta, sólo porque le frustró
el “negocito” de mil
214 millones de pesos que había fraguado con los
Ramos Millán. ¿Entonces?, somos o no somos o ¿nos
hacemos, señores del PAN?
Póker Político. (Unomásuno, Matías Pascual, p. web)
Diego no es precisamente un hombre agradable ni tiene la mejor
de las famas públicas en el mundo de los abogados.
Pero de que tiene la razón en su argumentación
contra el fallo de la Corte que le "birló"
a sus clientes, los Ramos Millán, algo así como
mil millones de pesos, ni duda cabe.
El que está saliendo más que dañado de este episodio es el
cada vez más cuestionado ministro presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano
Azuela. Cuando olvidó los argumentos jurídicos
y optó por los políticos para justificar la negativa
al pago de 1,200 millones como indemnización a
la expropiación del predio de Santa Ursula, Azuela
confirmó la sospecha de que la Corte no resistió
la tentación y optó por hacer política en lugar
de dedicarse a simplemente administrar justicia.
Y como las cosas no le han salido nada bien últimamente al
máximo tribunal, pues ahora juega al populismo
para congraciarse con una opinión pública a la
que considera ignorante del derecho y cree que
puede hacer de su lado con un fallo que le ahorra
al erario mil millones, aunque pase por encima
de la garantía de propiedad.
Sector agropecuario
Hay “muchos” campesinos ricos, afirma Javier Usabiaga. (La Jornada, Matilde Pérez
U, p.web).
El campo mexicano tiene una nueva visión de competitividad,
productividad y rentabilidad por las políticas
públicas que se han aplicado, y por ello también
hay "muchos productores ricos", asentó
el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga, en la inauguración de la 33 asamblea general de
la Confederación Nacional de Productores Rurales.
Sin embargo, hizo un llamado a reflexionar en
cómo se están preparando para dar viabilidad y
solidez al sector agroalimentario ante la apertura
total del sector, en 2008. "Es la apertura
no sólo en el área del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, sino en términos de globalización;
por ello no hay que perder tiempo ni distraerse
en corregir el eslabonamiento de las cadenas agroalimentarias
para hacer frente a los retos", dijo. Se
trata, explicó, de un esfuerzo conjunto de la
secretaría con los productores y de que éstos
optimicen su organización, y siga sumándose cada
uno de los campesinos a ese empeño, ya que también
"la riqueza que se genera por cada producto
de exportación se distribuye entre todos".
"¿Los campesinos mexicanos se están haciendo
ricos?", se le preguntó. "Sí, muchos;
algunos sí", respondió. Javier Usabiaga
agregó: "La asignatura pendiente es extender
el beneficio a la sociedad marginada en el ámbito
rural".
Prensa Estatal
CHIAPAS
Restituir tierras a etnias de Chiapas, pide Capise. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p. web)
Tuxtla Gutierrez, Chis., 23 de febrero. La presencia militar en Chiapas no ha
disminuido desde la aparición del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), y la ofensiva que
inició en su contra el Ejército Mexicano hace
más de 10 años, señaló el Centro de Análisis Político
e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise).
En un informe, sostiene que, por el contrario,
la mayor parte de las 114 posiciones que mantienen
las fuerzas armadas se ubican en terrenos expropiados
a comunidades indígenas.
El Capise presentó un análisis pormenorizado
de las posiciones militares, su ubicación, número
de efectivos y el estado que mantienen en diversas
zonas, particularmente en la región indígena,
cuyos pobladores han sido despojados de miles
de hectáreas en favor de las fuerzas castrenses.
En la parte central de la primera parte del informe Derechos
colectivos de pueblos indígenas: el territorio
ocupado, destaca el derecho al territorio
de las etnias -de acuerdo con el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo-
y las afectaciones que han sufrido por la ocupación
militar en sus propiedades, porque 91 de las 114
posiciones castrenses federales se encuentran
en regiones autóctonas.
El Capise acusó que la ocupación
militar va acompañada de una sistemática violación
a los derechos humanos, políticos y sociales de
las etnias, y puntualizó que la excesiva ocupación
militar en el territorio indígena de Chiapas se
dio a partir de 1994 y se incrementó desde febrero
de 1995, cuando el presidente Ernesto Zedillo ordenó la captura de los dirigentes del EZLN y la
ocupación militar del territorio controlado por
los insurgentes.
Señaló que a partir de esa fecha, las fuerzas armadas tomaron
control "de una gran parte del territorio
indígena", y que durante los primeros cuatro
años del gobierno del presidente Vicente Fox, lejos de disminuir, "estratégicamente se desarrolló
un despliegue táctico-militar, bajo una lógica
de guerra regular e irregular".
Ante esta situación, el Capise exigió
al Ejecutivo federal que se deroguen los decretos
expropiatorios emitidos
en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la restitución
de tierras a sus propietarios originarios, y la
salida del Ejército Mexicano del territorio indígena
de Chiapas.
Tapan caminos en el noroeste. (Cuarto Poder, Roberto del
Solar p.web)
grupo de campesinos oaxaqueños se mantenía bloqueando el camino que conduce al
noroeste de Cintalapa
a la altura de la comunidad Rural "Flor de
Chiapas", trascendió ayer.
Unos 20 policías
municipales de esta ciudad formaron un grupo de
protección a los campesinos chiapanecos y partieron
hasta el lugar de los hechos, luego de que fueron
informados de que desde el miércoles se encontraban
los oaxaqueños en ese lugar.
Según fuentes extraoficiales,
los campesinos del vecino estado de Oaxaca era
acompañados por policías de ese mismo estado,
como resguardándolos.
Antenoche, la policía de Cintalapa realizó un operativo de
reconocimiento por la zona nororeste,
recorriendo varias comunidades para salvaguardar
a los habitantes.
Desde el lunes, la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía
Sectorial y la AEI pernoctaron en las comunidades
de la Sierra en busca de armas.
Crece el conflicto en límites de Chiapas y Oaxaca
al reactivarse las invasiones. (El Orbe,
Roberto Del Solar, p.web)
Cintalapa, Chis.,
23 de Febrero .- Un grupo
de campesinos oaxaqueños se mantenía bloqueando
el camino que conduce al noroeste de Cintalapa
a la altura de la comunidad Rural "Flor de
Chiapas", trascendió hoy
Unos 20 policías municipales de esta ciudad formaron un grupo
de protección a los campesinos chiapanecos y partieron
hasta el lugar de los hechos, luego de que fueron
informados de que desde ayer se encontraban los
oaxaqueños en ese lugar.
Según las fuentes extraoficiales hasta el momento, se conoció
que los campesinos del vecino estado de Oaxaca,
eran acompañados por policías de ese mismo estado,
como resguardándolos.
Cabe mencionar que antenoche, las
policías de Cintalapa
realizaron un operativo de reconocimiento por
la zona nororeste, recorriendo
varias comunidades de la zona, para salvaguardar
a los habitantes.
La noche del lunes, los uniformados de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal (DSPM), la Policía Sectorial
(PS) y los elementos de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), pernoctaron en las comunidades
de la Sierra, en busca de personas que deambulen
por las noches con armas o cometiendo ilícitos.
Sin embargo los policías no lograron nada, y retornaron a Cintalapa sin ninguna novedad, según la entrevista de los
medios de comunicación con el titular de la DSPM,
Magín Cruz Farrera.
Esto pudo haberse tomado por los oaxaqueños como una medida
de provocación para ellos y eso estaría siendo
la principal causa de la respuesta oaxaqueña en
estos momentos.
GUERRERO
Firman ejidatarios de Plan de los Amates convenio
de compra-venta con Tres Vidas. (El Sur Karina
Contreras, p.web).
Ambas partes se
reunieron desde el viernes en Casa Guerrero, a
fin de comenzar los trámites para que los predios
en Punta Diamante sean propiedad de la empresa
Ejidatarios de Plan de los Amates
y empresarios de Tres Vidas firmaron un contrato
de compra-venta para que empiecen los trámites
para que las 49 hectáreas, ubicadas en Punta Diamante,
pasen a la empresa regiomontana.
De acuerdo con información proporcionada
a El Sur, la reunión fue el viernes a la 1 de
la tarde en Casa Guerrero, a donde acudieron las
autoridades ejidales, los representantes de Tres
Vidas y como testigo el secretario general del
Ayuntamiento, Francisco Larequi Radilla.
Con la firma del convenio de compra-venta
empieza formalmente el proceso legal para que
los empresarios entreguen 80 millones de pesos
a los ejidatarios, y éstos retiraren la demanda
que tienen en el Tribunal Unitario Agrario (TUA)
número 41 para que les restituyan las 49 hectáreas,
luego de un litigio de más de 12 años.
Sobre la firma del convenio, el
comisariado ejidal Martín Campos Aparicio se negó a hacer
declaraciones con el argumento de que “no quiero
andar en chismes”, pues debe cooperar para mantener
la tranquilidad y que no se malinterpreten las
cosas.
Al insistirle, sólo dijo que la
mayoría de los ejidatarios quieren vender y hay
otros que no, pero que no podía confirmar ni informar
sobre lo que se le preguntaba.
Mientras que una de las ejidatarias
opositoras, María Luisa Campos Aparicio, señaló
que ya sabían de ese convenio, pero que ellos
no acudieron y siguen luchando por la vía legal
para que se les respete su parte proporcional
del terreno.
Dijo que muchos quieren el dinero
que les van a dar y se les respeta, pero ellos
lo que quieren es el predio como futuro de sus
familias.
En la lista de los ejidatarios
de Plan de los Amates que aceptaron se encuentran
algunos funcionarios o parientes de políticos,
como el administrador de Playas, Julio Bernal
Reséndiz; la esposa de Efrén Leyva
Acevedo, Amalia Batani,
y el ex futbolista Jorge Campos, quienes al concretarse
la venta recibirán casi medio millón de pesos
cada uno.
OAXACA
Resurge tensión entre chiapanecos y zoques. (El Universal, Alberto López Morales, p. web).
San Antonio Chimalapa,
Oax. Una nueva invasión
de ganaderos en la zona de San Isidro la Gringa
y el constante saqueo de madera en rollo en esta
región oriente de los Chimalapas,
provocaron que resurgiera la tensión entre indígenas
zoques con los chiapanecos, confirmaron autoridades
de Oaxaca.
En esta zona oriente limítrofe
entre Chiapas y Oaxaca, donde existe una disputa
por 180 mil hectáreas de selvas, comuneros zoques
se dijeron cansados del saqueo de sus bosques
y se apoderaron de un amplio predio para vigilar
que los talamontes no
extraigan unos 500 árboles de pinos que derribaron
durante 15 días.
Armados con machetes y palos, los
zoques pidieron la intervención urgente de los
funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa),
para que frene la tala, cuantifique los daños
y sancione a los responsables "porque nunca
hacen caso de nuestras denuncias", dijo el
agente municipal de este lugar, Emiliano Pérez.
De acuerdo con la denuncia del
secretario auxiliar de bienes comunales, Víctor
López Ruiz, toda la madera en rollo tiene como
destino un aserradero ubicado en el poblado Las
Cruces, donde hay otros 500 troncos de pinos,
en espera de ser convertidos en tablones y enviados
a más de 300 carpinterías existentes en Cintalapa,
Chiapas.
Las autoridades municipal y comunal
de San Miguel Chimalapa,
Raúl Sánchez y Cuauhtémoc Martínez, respectivamente,
denunciaron que los funcionarios de la delegación
de Profepa en Chiapas
"fomentan la tala clandestina al autorizar
permisos de aprovechamiento forestal en áreas
de conflicto".
"Desde hace más de dos años,
nosotros pedimos la autorización para aprovechar
la palma camedor y la resina de los árboles de pino, y la extracción
de madera en rollo. Son tres proyectos que nos
han negado. ¿Por qué a los chiapanecos sí les
dan permiso y entran hasta nuestras tierras? ¿Qué
intereses hay de fondo?", dice Emiliano Pérez.
Cerca del paraje conocido como
La Carraca, a unos 150
kilómetros al noreste de Juchitán, la cabecera distrital,
habitantes del poblado chiapaneco Rodulfo
Figueroa, con el apoyo discreto de la policía
estatal de Chiapas, también se mantienen vigilantes
ante la posibilidad de que los zoques vayan al
aserradero a incautar la maquinaria.
Hasta ayer, sólo el agente del
Ministerio Publico del fuero común de San Miguel
Chimalapa, Zacarías
Martínez Orozco, había llegado en representación
del gobierno oaxaqueño. "Levantamos una denuncia
de hechos que se turnó a las autoridades de la
Profepa", confirmó.
Invaden La Gringa
El delegado de gobierno de la región
de los Chimalapas, Germán
Peralta Luis, denunció que el predio comunal de
San Isidro la Gringa, de casi 42 mil hectáreas
y perteneciente a Santa María Chimalapa,
de nueva cuenta fue invadido por presuntos pequeños
propietarios de Chiapas, para formar un núcleo
de población.
El pasado 3 de febrero, unos 100
policías de Oaxaca, al mando del director de Seguridad
Pública del estado, José Manuel Vera Salinas,
desalojaron a 150 chiapanecos que habían invadido
el predio de San Isidro la Gringa desde el 15
de enero bajo el argumento que esas tierras comunales,
propiedad de los zoques, son nacionales.
La nueva invasión a San Isidro
la Gringa comenzó "con una operación hormiga , con pequeños núcleos de 30 familias,
según han documentado los elementos de la Policía
Preventiva de Oaxaca y las autoridades agrarias
de San Francisco la Paz", dijo el delegado
gubernamental, Peralta Luis.
De acuerdo con el funcionario y
la denuncia del secretario auxiliar del comisariado
de bienes comunales de los Chimalapas,
Fernando Osorio, "hay tensión entre los pobladores
de San Francisco la Paz. La gente tiene miedo
que regresen los días de violencia". En San
Isidro la Gringa predominó la confrontación durante
30 años.
Nos provocan para enfrentarnos con campesinos zoques:
RCP. (El Imparcial, Gonzalo
Domínguez, p. web).
Tehuantepec, Oax.-
El dirigente comunal de Santa María Chimalapas,
Reynaldo Cruz Pérez, denunció que los dos niveles de gobierno,
estatal y federal, “no se aplican para intervenir
y detener a los líderes y caciques que invaden
el predio “La Gringa”, a pesar de la denuncia
interpuesta ante el Agente del Ministerio Público
Federal con sede en Matías Romero.
Cruz Pérez, señaló que el problema
de invasión en el predio “La Gringa”, es un acto
de provocación de ganaderos y talamontes
que en el año de 1994 ya habían sido desalojados,
y que ahora son apoyados por el presidente municipal
de Cintalapa Chiapas
para posesionarse nuevamente de la zona.
“No hay conflicto -dijo- es un
asunto de provocación para que caigan en enfrentamiento
con los campesinos zoques, pero vamos a guardar
la calma”, señaló.
El representante de los comuneros,
acusó que la denuncia interpuesta ante el agente
del Ministerio Público Federal, está archivada
y la autoridad se resiste a aplicar la Ley para
detener a los invasores, pese a las pruebas presentadas
en la averiguación previa.
Reynaldo Cruz,
insistió en que el Gobierno del Estado tiene que
defender su territorio y nada tienen que ver los
campesinos, “pero si no lo hacen, lo haremos nosotros”,
advirtió.
Indicó que no se tiene una valoración
con exactitud del daño ecológico por la rosa,
tumba y quema de árboles, porque las autoridades
no han acudido para supervisar la zona desbastada.
Expuso que eso demuestra el poco
interés de las autoridades, para intervenir en
el predio “La Gringa”.
Admitió que la comunidad está tensa,
y no hay patrullajes en la zona donde unas 200
personas del estado de Veracruz encabezadas por
Hilario Torres, nuevamente instalaron sus campamentos.
Confió en que la Dirección de Seguridad
Pública intervendrá en las próximas horas, y se
de el desalojo por la vía del diálogo, sin llegar
a un derramamiento de sangre
Cartones
Golpe a su economía · Magú
Nosotros los pobres · El Fisgón
Secretario y precandidato · Helguera
El Banco de México · Rocha
Hora
de la siesta Naranjo
Tórtolos Helioflores
