CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
LUNES
8
DE
AGOSTO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Exigen
apertura
y
no
la
practican
Esconde Congreso la información
de
cómo
gastan
los
legisladores
Abascal pide pacto político rumbo a 2006
Hacer “más transitable” la elección, el propósito
Populismo, un riesgo para la estabilidad: Fox
Hay peligro si el próximo gobierno gasta en
exceso
y
se
endeuda,
dice
México no votará por un populista: Fox
Los ciudadanos quieren un hombre prudente, no
un
“mesías”
Sin freno, el acopio de armas para el narco mexicano
El número de detenidos por ese ilícito también
disminuyó
El Congreso de EU quiere a los capos mexicanos
Si no son extraditados, cortará apoyos económicos
Amplían el aeropuerto… pero no para los aviones
ASPA acusa: olvidaron la parte operativa
Iglesia se ampara contra la píldora
15 obispos católicos recurren a la Corte
Propuestas
“de
bien”
pide
iglesia
a
EZLN
No basta “ausencia del
mal”:
Rivera
Carrera
Presuntos
terroristas
en
Cancún;
2
detenidos
Uno de ellos está boletinado por EU y tiene “restricciones de vuelo”
Sector agrario
PA: Los campesinos dejan sus tierras por irse a
los
EU.
(El Despertar del Sur (Guerrero), Juan M. Robles,
p.web).
CD. ALTAMIRANO, GRO. En los continuos recorridos que el personal
de
la
Procuraduría
Agraria
realiza
por
los
diversos
ejidos
de
la
región
de
Tierra
Caliente,
se
encuentran
que
en
un
buen
número
de
ejidatarios
no
aparecen
en
los
respectivos
padrones
porque
emigraron
a
los
Estados
Unidos
en
la
búsqueda
de
mejores
oportunidades
de
vida.
Uno de los tantos casos es el ejido de San Bartolo, en el municipio de Ajuchitlán
del
Progreso,
ya
que
cuenta
con
un
padrón
de
254
integrantes,
pero
en
una
reciente
asamblea
sólo
asistieron
50
y
si
a
ello
se
le
restan
los
8
ejidatarios
muertos,
se
dice
que
casi
200
se
fueron
a
los
Estados
Unidos.
A la siguiente conclusión llegó el visitador agrario, Marco
Antonio
Sánchez
Salcedo,
quien
a
fines
de
la
semana
pasada
acudió
a
dicho
ejido
con
la
finalidad
de
dar
fe
del
cambio
del
órgano
ejidal.
Para llevar a cabo dicha asamblea, la Procuraduría Agraria
había
dispuesto
la
misma
por
segunda
convocatoria
y
se
presentaron
dos
planillas,
siendo
la
triunfadora
la
que
encabezó
David
Valle
Castillo
por
29
votos
contra
21,
cuyos
perdedores
optaron
por
retirarse
de
la
misma.
Al momento de estar pasando lista, fue cuando los presentes
informaron
de
las
defunciones,
pero
también
de
quienes
emigraron
a
los
Estados
Unidos,
siendo
su
inmensa
mayoría.
Por otra parte, el mismo funcionario agrario acudió a la población
de
Santa
Ana
del
Águila,
en
ese
mismo
municipio,
con
la
misma
finalidad
de
realizar
una
asamblea
con
miras
a
cambiar
el
órgano
ejidal.
Aquí, el triunfador fue Pedro Duque Narciso y fue planilla
única,
resultando
ganador
por
59
votos
de
un
padrón
de
113
y
como
era
por
primera
convocatoria
hubo
el
cincuenta
más
uno
que
se
exige
para
este
tipo
de
asambleas.
Aceptan ejidatarios de Santa Bárbara incorporarse
al
Procede. (El Despertar del Sur, (Guerrero)
Juan
M.
Robles,
p.web).
CD. ALTAMIRANO, GRO. De un total de 57 ejidatarios, 28 de ellos
determinaron
incorporarse
al
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
Urbanos
(Procede)
en
el
poblado
de
Santa
Bárbara,
de
este
municipio.
La Procuraduría Agraria había convocado a dicha asamblea
por
segunda
convocatoria,
acudiendo
a
presidirla
la
visitadora
agraria,
Aída
Celis
Mojica
y
el
abogado
agrario,
Filimón
Téllez
Bustos,
quienes
fueron
los
encargados
de
dar
legalidad
a
la
misma.
El objetivo de la asamblea era para que los ejidatarios aceptaran
incorporarse
al
Procede
debido
a
que
este
programa
terminará
en
el
mes
de
marzo
del
año
2006,
y
luego
de
que
este
ejido
es
de
los
pocos
que
no
habían
aceptado
incorporarse
a
dicho
programa
por
tener
un
conflicto
con
un
particular
acerca
de
los
terrenos
en
donde
se
encuentra
el
aeródromo.
Se
acordó
la
incorporación
al
programa
y
los
terrenos
que
están
en
litigio
permanecerán
así
hasta
que
las
autoridades
agrarias
emitan
la
respectiva
sentencia.
Una vez que fue aprobado, el Comité Operativo iniciará los
trabajos
para
incorporar
un
poco
más
de
700
hectáreas
al
mismo.
Dicho comité es integrado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía
e
Informática
(INEGI)
y
la
propia
Procuraduría
Agraria.
Inminente el éxodo de organizaciones del CAP nacional.
(Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web).
Organizaciones sociales y campesinas realizarán plantones
hoy
lunes
en
protesta
ante
las
demandas
incumplidas
por
parte
de
las
oficinas
centrales
de
la
Sagarpa
y
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria.
Aunado a lo anterior, las organizaciones campesinas del
estado
de
Chiapas
como
la
Coduc,
la
Unión
Nacional
de
Trabajadores
Agrícolas
(UNTA)
e
incluso
militantes
de
la
Central
Independiente
de
Obreros
Agrícolas
y
Campesinos
(CIOAC)
podrían
definir
en
breve
su
permanencia
o
salida
del
Congreso
Agrario
Permanente
(CAP)
a
nivel
nacional
o
formar
una
nueva
agrupación.
Brevemente
el
dirigente
chiapaneco
del
Coduc, José María Melo Granados
Santos,
confirmó
que
existen
severas
molestias
en
contra
de
las
políticas
del
Ejecutivo
Federal
implementadas
en
el
campo
mexicano.
"Tendremos que movilizar al campesinado y de ser
necesario
tomaremos
estas
oficinas
agrarias
en
cada
entidad
federativa
y
sus
oficinas
centrales
de
la
Reforma
Agraria;
ya
basta
de
la
burla
al
campo
mexicano",
sentenció.
Un tanto más herméticos desde este último fin de semana,
integrantes
de
la
dirigencia
estatal
de
la
CIOAC
Chiapas
dejaron
en
claro
que
asistirán
este
lunes
8
y
martes
9
a
la
Ciudad
de
México
"para
participar
en
los
trabajos
de
un
pleno
nacional",
sin
embargo
y
aunque
ninguno
quiso
confirmarlo,
se
avizora
también
que
la
inminente
salida
del
CAP
es
por
el
entreguismo
con
que
otras
organizaciones
han
actuado
ante
el
Ejecutivo
Federal.
A su vez miembros de la UNTA, sin dar mayores detalles,
tacharon
de
meras
coincidencias,
las
reuniones
con
los
dirigentes
cioacistas en la capital del país y en eventos por separado,
sin
embargo,
tampoco
descartaron
que
haya
una
salida
de
organizaciones
indígenas
y
campesinas
que
actualmente
son
parte
del
CAP
nacional.
Al enterarse que servirán para construir un aeropuerto.
(Mundo al Día, Guadalupe
Sosa,
p.web).
SIPSE.com
Ejidatarios de Oxcum aumentaron el precio de sus tierras
MERIDA, Yucatán, 5 de agosto, 2005.- Los ejidatarios de Oxcum vendieron 568 hectáreas de sus terrenos a 70 centavos
el
metro
cuadrado,
pero
ahora
que
saben
que
sus
tierras
serán
utilizadas
para
la
construcción
de
un
aeropuerto
negociaron
el
precio
a
2.50
pesos
por
metro
cuadrado.
Sin embargo, este incremento les costó trabajo, pues en la
segunda
compra
de
tierras,
los
enviados
del
ex
delegado
del
Registro
Agrario
Nacional
(RAN),
Antonino
Almazán
Arteaga,
se
negaban
a
pagar
los
25
mil
por
hectárea
pues
sólo
ofrecían
13
mil.
Como ocurrió con los terrenos de Hunucmá
-cuándo
los
propietarios
vendieron
sus
terrenos
a
72
centavos
el
metro
cuadrado-,
los
ejidatarios
de
Oxcum,
desconocían
que
los
terrenos,
que
en
total
alcanzan
las
2
mil
hectáreas,
serían
utilizados
para
la
construcción
de
un
aeropuerto.
Sin embargo después de más de cinco visitas de "convencimiento"
y
ante
la
necesidad
económica
los
ejidatarios
-en
su
mayoría
adultos
mayores-
decidieron
vender
sus
tierras.
El comisario municipal de Oxcum,
Lucio
Canché
García,
indicó
que
fue
en
el
mes
de
febrero
cuándo
se
realizó
la
primera
operación
para
la
venta
de
586
hectáreas.
En ese tiempo los 148 ejidatarios aceptaron el precio de 70
centavos
el
metro
cuadrado
de
sus
tierras,
es
decir,
7
mil
pesos
por
hectárea.
Canché García recordó que este movimiento lo realizaron con
varias
personas,
entre
las
que
se
encontraba,
Almazán
Arteaga.
Sin embargo no recuerda el nombre de otras personas, pues cuando
firmó
los
documentos
de
la
venta
"era
de
noche,
estaba
muy
oscuro
y
no
pudo
leer
bien
los
papeles".
"Lo que es verdad es que no son yucatecos, porque sus
apellidos
son
Marqués
y
Charruf,
algo
así",
comentó.
Como informamos en ediciones anteriores, Almazán Arteaga, revendió
los
terrenos
al
Gobierno
del
Estado
a
precios
entre
16
mil
y
17
mil
pesos
la
hectárea,
es
decir,
que
le
ganó
más
del
100
por
ciento.
Después de haber vendido sus terrenos, los ejidatarios se enteraron
que
sus
tierras
serían
vendidas
al
Gobierno
del
Estado,
para
que
construyeran
una
carretera.
Por lo que cuándo los compradores regresaron por otras 500
hectáreas,
acordaron
aumentar
el
precio
de
7
mil
a
25
mil
pesos
la
hectárea.
El Comisario precisó que este cambio no agradó a los compradores,
quienes
les
ofrecieron
13
mil
pesos
por
hectárea.
Sin embargo, los ejidatarios se mantuvieron firmes en su postura,
y
lograron
acordar
la
venta
de
las
tierras
a
25
mil
pesos
por
hectárea,
es
decir,
2.5
pesos
el
metro
cuadrado.
Canché García indicó que acordaron que el 16 de agosto celebrarán
una
asamblea
en
la
cuál
se
pagarán
los
12
mil
500
pesos
del
valor
de
las
tierras
en
efectivo.
"Ahora si nos tocará algo, porque de los terrenos que
vendimos
muy
barato
el
dinero
era
tan
poco
que
no
nos
duró
nada",
precisó.
Y anticipó que las hectáreas que quedan, las venderán a precios
más
elevados
pues
"esos
que
las
compran
si
que
les
van
a
ganar",
precisó.
Ejidatarios venden material de un terreno en litigio,
siguen
los
conflictos
en
la
zona
rural
de
Ébano. (Milenio, Rosa Elena Cortés, p.web).
Personas están ofreciendo el viaje de material a 250 pesos,
lo
que
se
considera
injusto.
Continúan los conflictos en la zona rural, específicamente
entre
las
zonas
de
Vichinchijol
y
la
Reforma
en
donde
la
delimitación
de
aproximadamente
500
hectáreas
se
encuentra
en
disputa
entre
grupos
de
ambos
poblados.
Problemática
ya
en
manos
de
la
Mesa de Asuntos Agrarios de Ciudad Valles, S.L.P.
De este problema se han generado otros de carácter personal
incluso,
pues
como
se
recordará
recientemente
José
Gámez
Medina,
ejidatario
de
la
comunidad
de
Vichinchijol,
denunció
ante
el
Ministerio
Público
las
amenazas
que
su
familia
ha
recibido
por
parte
de
grupos
contrarios.
Ahora, comentó a este medio de comunicación, que pese a que
la
disputa
del
predio
aún
no
se
soluciona,
son
el
comisariado
ejidal
de
Vichinchijol
Ramón
Ponce
Parra
y
Jesús
Rivas
Zúñiga
de
Reforma
el
Alto,
quienes
de
este
predio
en
disputa
extraen
materiales
como
grava
y
se
han
dedicado
a
venderlo,
actuando
de
manera
ilícita
al
no
contar
aún
ni
uno
ni
otro
con
títulos
de
propiedad
o
algún
fallo
de
la
autoridad
competente.
Indicó que conoce que estas personas están ofreciendo el viaje
de
material
a
250
pesos,
lo
que
considera
injusto
pues
se
están
aprovechando
de
un
lugar
que
es
propiedad
de
todos
y
no
para
beneficio
particular.
Cabe señalar que las autoridades de Seguridad Pública del Estado
se
mantienen
al
pendiente
ante
los
posibles
brotes
de
violencia
entre
grupos,
pues
de
acuerdo
a
lo
informado
por
dicha
corporación,
en
los
últimos
días
Jesús
e
Ignacio
Rivas
Zúñiga,
Comisariado
y
Juez
Auxiliar
de
la
comunidad
de
Reforma,
han
manifestado
su
temor
ante
los
posibles
enfrentamientos
que
se
pudieran
suscitar
entre
los
residentes
de
esta
zona
y
el
grupo
de
la
comunidad
de
Vichinchijol
encabezado
por
José
Gámez
Medina.
Cabe señalar que la tensa situación que se vive en ambas comunidades
rurales,
persistirá
por
lo
menos
durante
los
próximos
dos
meses,
pues
según
informaron
las
autoridades,
el
caso
se
analiza
en
la
mesa
de
asuntos
agrarios
de
la
Agencia
del
Ministerio
Público
especial
para
estas
causas,
en
Ciudad
Valles,
S.L.P.
Por tal motivo, los elementos preventivos efectúan constantemente
operativos
de
vigilancia
para
evitar
brotes
de
violencia
entre
la
población,
sobre
todo
en
estos
momentos
en
que
los
ánimos
están
verdaderamente
encendidos.
Indicaron que vía radio y con el apoyo de los comités rurales
de
Protección
Civil,
se
mantienen
al
pendiente
de
la
situación,
no
reportando
mayores
novedades
en
los
últimos
recorridos,
sobre
todo
porque
el
temporal
en
estos
momentos
no
permite
que
los
grupos
continúen
sus
acciones
sobre
dicho
predio.
El narcotráfico detrás de los conflictos agrarios:
Luege
Tamargo. (Mi Morelia.com, América Juárez, p.web).
Viernes 5 de Agosto
de
2005
Morelia, Mich.-
El
Secretario
del
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales,
José
Luis
Luegue Tamargo, señaló que los conflictos
que
prevalecen
en
la
Meseta
Purépecha
por
la
tenencia
de
la
tierra,
se
encuentran
involucrados
intereses
del
narcotráfico,
por
lo
que
esta
zona
es
considerada
por
la
dependencia
federal,
como
un
área
crítica
forestal.
El funcionario federal manifestó
que
actualmente,
se
mantiene
contacto
directo
con
el
gobierno
de
Michoacán
y
con
el
Ejército
Mexicano,
por
lo
serio
del
problema,
para
evitar
más
enfrentamientos
y
evitar
los
conflictos
comunales
en
el
lugar,
incluso
refirió
que
en
éste
caso,
se
requirió
la
intervención
de
la
Agencia
Federal
de
Investigación
(AFI),
para
realizar
labores
de
inteligencia,
tendientes
a
detectar
toda
clase
de
hechos
ilícitos.
Indicó que por el momento en todas
las
zonas
críticas
se
mantiene
vigilancia,
constante
con
la
coordinación
de
autoridades
de
los
tres
niveles
de
gobierno.
Cabe señalar que de acuerdo a la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
en
la
Meseta,
se
han
registrado
al
menos
300
muertes
y
mil
lesionados,
en
122
enfrentamientos
por
la
posesión
de
la
tierra,
lo
que
coloca
a
Michoacán
a
nivel
nacional,
como
el
estado
con
más
alto
índice
de
violencia
en
este
rubro.
En su visita a Michoacán, Luege Tamargo informó que los operativos
para
detectar
a
talamontes
o
bien
narcotraficantes
irán
en
aumento,
a
fin
de
evitar
una
tala
mayor
de
los
bosques
en
la
región,
sin
dejar
de
prestarle
atención
a
otra
zona
conflictiva
como
lo
es
la
región
oriente
del
estado.
En la página electrónica de la
SRA
se
señala
que
el
estado
es
a
nivel
nacional,
el
más
violento
en
la
materia
por
la
disputa
de
aproximadamente
dos
mil
500
hectáreas
de
tierra.
El informe revela que donde se
agudizan
más
los
conflictos
por
la
posesión
de
la
tierra,
es
la
Meseta
Purépecha, ya que los indígenas de la zona, se han enfrentado
en
122
ocasiones
con
un
saldo
de
300
muertos
y
mil
lesionados.
Este documento destaca que el conflicto
en
está
región
de
Michoacán,
tiene
por
lo
menos
60
años
de
antigüedad
e
involucra
a
más
de
25
mil
personas
de
17
municipios.
En tanto, Luergue
Tamargo
indicó
que
Michoacán
ocupa
el
tercer
lugar
en
producción
forestal
de
todo
el
país,
ya
que
de
manera
anual
produce
uno
punto
tres
millones
de
rollos
de
metros
cúbicos.
Sin embargo en el país la situación
es
lamentable,
ya
que
la
producción
legal
nacional
es
por
el
orden
de
siete
millones
cúbicos
de
manera,
pero
un
número
igual
tiene
la
madera
que
se
obtiene
ilegalmente.
Dependencias federales no aterrizan recursos en
BCS. (El Sudcaliforniano,
Miguel
Rubio,
p.web)
La Secretaría de
la
Reforma
Agraria,
SEDESOL
y
SAGARPA
no
están
aplicando
los
recursos
federales
para
Baja
California
Sur,
afirmó
Jorge
Adrián
Montes
Vega,
coordinador
estatal
de
la
Unión
General
de
Organizaciones
Campesinas,
Obreras
y
Populares
(UGOCOP),
quien
exigió
que
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
aplique
los
recursos
del
gobierno
federal
para
proyectos
productivos,
tal
y
como
lo
señalan
las
reglas
de
operación
y
el
Diario
Oficial
de
la
Federación,
pues
son
recursos
del
erario
público
para
la
sociedad
y
los
grupos
que
se
organicen.
Dijo que la SRA impone
miles
de
trabas
para
allegar
algún
recurso,
se
piden
solicitudes,
se
abren
ventanillas
15
días
y
luego
las
cierran
otros
tantos,
los
interesados
hacen
todos
los
trámites
y
los
paquetes
completos,
pero
cuando
se
presentan
les
dicen
que
no
se
pueden
recibir
los
proyectos
productivos.
El dirigente de la
UGOCOP
aseveró
que
hace
un
mes
vino
el
secretario
de
la
Reforma
Agraria
a
anunciar
que
habrá
más
apoyos
para
el
estado,
pero
en
realidad
esos
apoyos
no
se
están
aplicando,
por
lo
cual
exigimos
que
bajen
los
recursos
a
la
brevedad.
Actualmente, dijo,
la
UGOCOP
tiene
presentados
ante
la
SRA
7
proyectos
productivos,
los
cuales
están
debidamente
requisitados
uno
por
uno,
con
todas
las
reglas
y
solicitudes
requeridas,
“si
hay
otros
proyectos
firmantes
del
acuerdo
para
el
campo,
nuestros
proyectos
tienen
que
entrar
en
competencia
y
en
concurso
con
los
demás,
y
una
vez
que
entran
en
concurso
se
definirá
a
quién
le
aplican
el
recurso
y
a
quién
no”,
puntualizó.
Explicó que los montos
de
los
créditos
se
dividen
por
organizaciones
firmantes
y
no
firmantes,
en
el
caso
de
la
UGOCOP
es
una
organización
firmante
del
Acuerdo
Nacional
para
el
Campo
a
quien
le
corresponde
9
proyectos
productivos
en
cada
estado
de
la
República,
de
los
cuales
se
presentaron
7
que
aún
no
se
han
recibido
por
la
Reforma
Agraria.
Y añadió que de aprobarse
los
proyectos
se
beneficiarían
12
socias
mujeres
y
7
ejidatarios,
pero
lo
importante
es
que
se
beneficiarán
varias
familias
enteras
y
empleos
de
muchas
personas
del
campo.
Culpan a Hacienda por no “soltar” los recursos
necesarios
para
el
campo. (El Sol de Zacatecas, Guillermo
Rìos,
p.web).
Sábado, 6-Ago-2005
Mientras la Secretaría de Agricultura
reprochó
al
diputado
del
PRD
Miguel
Luna
Hernández
"que
nunca
ha
sido
necesario
llegar
a
actos
de
presión",
el
legislador
presidente
de
la
Comisión
de
Desarrollo
Rural
de
la
Cámara
de
Diputados
dijo
que
el
titular
de
la
dependencia,
Javier
Usabiaga,
culpó
a
la
Secretaría
de
Hacienda
de
no
"soltar"
los
recursos
aprobados
para
el
campo.
Por tal motivo, continúa por segundo
día
consecutivo
con
la
huelga
de
hambre
que
instaló
el
jueves
en
demanda
de
que
la
Sagarpa
entregue
las
partidas
presupuestales que corresponden al campo, sin embargo, señaló
el
diputado
que
en
la
entrevista
que
le
concedió
junto
con
un
grupo
de
dirigentes
de
diversas
organizaciones
campesinas,
no
sólo
no
les
resolvió
nada,
ni
dio
una
respuesta
congruente
a
sus
demandas
sino
que
al
exigirle
conocer
a
dónde
fue
a
dar
ese
dinero,
“Usabiaga
se
levantó
de
su
asiento
y
sin
más,
los
dejó
con
un
palmo
de
narices
y
se
retiró
molesto".
En la entrevista, el legislador,
sin
entender
el
comportamiento
del
funcionario,
manifestó
a
este
diario
que
mantendrá
su
huelga
de
hambre
hasta
que
el
secretario
de
la
Sagarpa
le
dé
fecha
y
hora
para
una
reunión
entre
él
y
el
secretario
de
Hacienda,
Francisco
Gil
Díaz,
con
la
Comisión
de
Desarrollo
Rural
de
la
Cámara
de
Diputados
y
las
organizaciones:
Unión
Nacional
de
Trabajadores
Agrícolas
(UNTA);
Unión
Nacional
de
Organizaciones
Regionales
Campesinas
Autónomas
(UNORCA);
Central
Campesina
Cardenista
(CCC);
Central
Independiente
de
Obreros
Agrícolas
y
Campesinos
(CIOAC);
Coalición
de
Organizaciones
Democráticas
Urbanas
y
Campesinas
(CODUC),
entre
otras.
Señaló también que las organizaciones
campesinas
empezarán
a
unirse
a
la
huelga
hasta
tener
una
respuesta
concreta
del
secretario
Usabiaga,
por
lo
que
es
mentira
que
haya
levantado
su
plantón,
tal
como
lo
señala
la
dependencia
en
un
comunicado
de
prensa
que
emitió
sobre
la
reunión,
y
en
el
cual
afirma
la
Sagarpa que "el presupuesto de la Secretaría se ha entregado
a
los
productores
a
tiempo,
de
acuerdo
con
la
calendarización
establecida,
y
con
total
respeto
a
la
normatividad
exigida
para
cada
programa".
El presidente de la Comisión de
Desarrollo
Rural
de
la
Cámara
de
Diputados
señaló
que
en
la
reunión,
el
titular
de
Agricultura
se
deslindó
del
retraso
de
los
recursos
y
por
la
desaparición
de
diversos
programas
que
se
implementaban
en
apoyo
a
los
campesinos
a
través
de
las
Secretarías
de
la
Reforma
Agraria,
Desarrollo
Social
y
de
la
misma
dependencia,
atribuyendo
que
esa
situación
le
compete
resolver
a
la
Secretaría
de
Hacienda.
El comunicado de la Sagarpa también señala que "el secretario acordó subir
a
la
página
de
Internet
de
la
Secretaría
la
información
de
los
recursos
federalizados,
tanto
los
que
se
envían
por
parte
de
la
Federación
a
los
estados,
como
los
que
los
propios
estados
aportan
para
los
programas
de
la
Alianza
Contigo".
Liverpool y Firestone,
en
zona
arqueológica
bajo
régimen
comunal,
según
el
peritaje
de
un
arqueólogo. (La Jornada de Morelos, Eusebio Gimeno, p.web)
07. Ago. 20:38
CUERNAVACA, MOR. Tanto la tienda
Liverpool
como
la
industria
Firestone
se
asentaron
sobre
lo
que
fuera
una
zona
arqueológica,
reconocida
por
un
perito
del
Instituto
Nacional
de
Antropología
e
Historia
(INAH),
y
además
se
construyó
ilegalmente
sobre
terrenos
comunales,
sin
que
hasta
la
fecha
las
autoridades
informaran
del
cambio
de
régimen
jurídico.
El arqueólogo Mario Córdova Tello,
de
la
delegación
Morelos
del
INAH
realizó
una
investigación
en
junio
de
2003,
en
cuyo
informe
hace
notar
que
existen
claramente
huellas
de
actividad
humana
y
que
es
seguro
que
en
ese
lugar
existió
un
numeroso
grupo,
poblado
durante
el
periodo
durante
el
periodo
prehispánico
y
específicamente
en
donde
se
ubican
la
fábrica
de
Llantas
Firestone
y
Liverpool.
Por otra parte, la Asociación de
Trabajadores
Obreros
y
Campesinos
del
Estado
de
Morelos
y
un
numeroso
grupo
de
colonos
de
la
Unidad
Habitacional
José
María
Morelos,
y
colonos
de
la
zona
oriente
de
Cuernavaca
están
interesados
que
se
informe
públicamente
cuándo
se
realizó
el
cambio
de
régimen
jurídico,
ya
que
de
acuerdo
a
la
Secretaría de la Reforma Agraria estos
terrenos
están
de
régimen
comunal,
y
a
pesar
de
eso,
la
empresa
Firestone le vendió a Liverpool 100 mil metros cuadrados en
3
millones
de
dólares.
Los quejosos manifiestan que Liverpool
construye
un
consorcio
comercial
que
contará
con
cien
comercios,
entre
ellos
dos
hoteles
de
cinco
estrellas,
19
salas
de
cine,
una
tienda
de
la
cadena
Sanborns, otra de Escapito, Juguetería Ara, en una extensión
de
160
mil
metros
de
los
cuales
60
mil
fueron
para
Liverpool
y
el
resto
serán
arrendados
a
las
otras
empresas
comerciales
del
proyecto.
Sin embargo, están inscritos bajo
el
régimen
de
Propiedad
Comunal
de
Chapultepec,
inscritos
en
la
SRA
y
en
el
Registro
Agrario
Nacional
desde
el
16
de
junio
de
1925
y
esto
no
ha
sido
modificado,
al
menos
nunca
lo
ha
informado
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria.
De acuerdo con la información que
existe
en
el
Archivo
General
de
la
Nación,
la
naturaleza
jurídica
que
guardan
estas
parcelas
es
comunal
y
están
debidamente
contemplados
en
la
carta
topográfica
y
planos
generales
de
la
Secretaría
de
la
Reforma,
donde
están
contemplados
como
parcelas
de
siembra
temporal
y
agostaderos,
formando
parte
de
los
Campos
del
Amate
Redondo,
Loma
de
Mascareño,
Plan
de
Los
Lechones,
Loma
de
los
Jilgueros
etcétera.
Hasta la fecha no hay indicios
de
que
estos
terrenos
hayan
sido
segregados
o
desincorporados
del
régimen
comunal,
y
sin
embargo,
las
autoridades
municipales
y
el
gobierno
del
estado
les
autorizaron
la
inversión
con
el
consecuente
cambio
del
uso
del
suelo,
por
lo
que
los
vecinos
desean
conocer
el
número
de
decreto,
fecha
y
el
nombre
del
presidente
de
la
República,
así
como
el
secretario
de
la
Reforma
Agraria
que
firmaron
esta
segregación
de
terrenos
comunales,
ya
que
son
las
únicas
personas
morales
facultadas
para
ello.
Para colmo de males, hay testimonios
históricos
y
estudios
de
antropología
física
que
nos
informan
que
esa
zona
no
debió
ser
utilizada
para
el
asentamiento
de
factorías
o
de
comercios,
ni
zonas
habitacionales,
ya
que
en
ella
hay
vestigios
arqueológicos.
Así lo detalla en un informe el
arqueólogo
Mario
Córdova
Tello,
perteneciente
a
la
delegación
Morelos
del
INAH,
y
hace
notar
en
su
trabajo
que
en
ese
lugar
existió
un
numerosos
asentamiento
prehispánico,
específicamente
en
donde
se
levanta
la
fábrica
de
llantas
Firestone y donde se construye la majestuosa tienda Liverpool,
allí
se
identificaron
basamentos
prehispánicos
pertenecientes
a
la
zona
arqueológica
Zoquipa
Tlachichila
que
data
del
periodo
teotihuacano
150-600
dC.
Atiende módulo itinerante del RAN a tres municipios. (El Sol de Zacatecas, Verónica
Azalia
Morúa,
p.web).
Domingo, 7-Ago-2005
Lorena Esperanza Oropeza Muñoz,
delegada
del
Registro
Agrario
Nacional,
informó
que
a
través
del
Programa
Módulos
Itinerantes,
el
RAN
lleva
la
certeza
jurídica
a
las
manos
de
los
ejidatarios;
Melchor
Ocampo,
Juan
Aldama y Miguel Auza son los municipios
que
ahora
se
atienden.
Oropeza Muñoz señaló a EL SOL
DE
ZACATECAS
que
actualmente
se
tiene
un
módulo
en
Melchor
Ocampo
del
programa
el
RAN
Cerca
de
la
Gente,
a
fin
de
evitar
que
la
gente
tenga
que
trasladarse
hasta
la
capital
del
estado
a
solicitar
documentos
o
pedir
asesorías,
“nosotros
vamos
a
las
comunidades,
hoy
se
están
atendiendo
seis
ejidos
de
ese
municipio,
hay
gente
entregando
documentos,
certificados
parcelarios”.
Además, “tenemos programados otros
módulos
para
entregar
documentación
en
Juan
Aldama
y
Miguel
Auza
en
la
próxima
semana,
para
llevarle
a
la
gente
la
certeza
jurídica
de
su
propiedad
en
mano
propia”.
Indicó que se trata de un programa
muy
amplio,
en
el
que
ya
visitaron
los
municipios
de
Concepción
del
Oro,
Pinos,
Mazapil,
Calera,
Río
Grande,
Sombrerete,
“en
el
mes
pasado
se
atendieron
10
municipios
y
dentro
de
ellos
alrededor
de
25
ejidos;
se
trata
de
un
programa
permanente
de
módulos
itinerantes”.
Cabe destacar que en estos módulos
se
pueden
levantar
las
listas
de
sucesión
y
la
certeza
de
evitar
los
problemas
posteriores
a
la
defunción
de
una
persona
está
garantizada.
“Todos los testamentos que se hacen nosotros
los
tenemos
debidamente
registrados,
porque
tenemos
como
una
especie
de
poder
notarial
que
nos
permite
tener
en
resguardo
todos
esos
testamentos”.
Pide el PAN a Patricio que aclare compra de tierras. (Criterios.com,, p.web)
Pide el PAN a Patricio que aclare compra de tierras. Será sano para la administración
de
Patrón
Laviada:
Edgar
Ramírez
7/08/2005
Mérida, 7 Agosto.- El Partido Acción
Nacional
(PAN)
dio
su
aval
al
proyecto
para
la
construcción
del
nuevo
aeropuerto,
pero
exigió
al
Gobierno
del
Estado
que
aclare
con
prontitud
el
mecanismo
que
utilizó
para
la
adquisición
de
tierras
ejidales
en
Hunucmá y Oxcum donde se edificará
la
nueva
terminal
aérea.
El presidente estatal del PAN,
Edgar
Ramírez
Pech,
consideró
que
será
sano
para
la
administración
de
Patricio
Patrón
Laviada
que
disipe
las
dudas
en
torno
a
la
compra
de
los
terrenos.
El gobierno tiene que disipar con
prontitud
cualquier
sospecha
sobre
alguna
irregularidad
para
que
no
haya
ningún
resquemor
sobre
el
proyecto,
demandó
el
directivo
blanquiazul.
La intervención del ex delegado
del
Registro
Agrario
Nacional
(RAN),
Antonino
Almazán
Arteaga,
y
otros
cinco
intermediarios
en
la
operación
de
compra-venta
de
terrenos
ejidales,
ha
generado
suspicacias.
Al
respecto,
dirigentes
del
PRI
y
el
PRD
en
Yucatán
exigieron
que
se
aclare
el
papel
que
jugó
el
intermediario
en
el
proceso
de
compra-venta
de
los
terrenos
de
Hunucmá.
En entrevista, Ramírez Pech reconoció que las autoridades estatales no deben dejar
margen
para
las
dudas,
por
lo
que
debe
salir
al
paso
de
manera
urgente
a
los
cuestionamientos
que
ha
recibido.
No obstante, al salir en defensa
del
proyecto
de
la
nueva
terminal
aérea
pidió
al
PRI
y
PRD
que
no
partidicen el debate que se ha abierto sobre la viabilidad
del
nuevo
aeropuerto.
Entendemos que se polemice, que
se
discuta,
que
el
proyecto
se
debata,
pero
no
al
extremo
de
partidizarlo debe prevalecer la sensatez, indicó. El directivo
panista
observó
que
el
proyecto
puede
estar
sujeto
a
correcciones,
pero
también
consideró
que
no
se
deben
asumir
posturas
que
"estorben
el
desarrollo
del
estado".
Recordó que en su momento el PRI
defendió
a
capa
y
espada
un
proyecto
que
también
fue
muy
cuestionado
como
es
el
caso
del
puerto
de
altura
de
Progreso.
Al
avalar
la
construcción
del
nuevo
aeropuerto,
Ramírez
Pech
ponderó
que
tiene
varias
bondades,
entre
ellas
la
generación
de
una
millonaria
derrama
económica
para
el
estado.
Reconoció que si bien la salida
de
la
terminal
"Manuel
Crescencio
Rejón"
de
la
zona
que
actualmente
ocupa
no
sacará
de
la
pobreza
a
los
habitantes
del
sur
de
la
ciudad,
los
integrará
con
el
resto
de
la
capital
yucateca.
Respecto al préstamo de mil millones
de
pesos
que
solicitará
el
Ejecutivo
estatal
al
Congreso
del
Estado
para
financiar
la
obra,
Ramírez
Pech
dio
su
voto
de
confianza
ante
la
promesa
gubernamental
de
que
no
se
verán
afectadas
las
dos
siguientes
administraciones
estatales
con
la
deuda
que
les
será
heredada.
Como se recordará, el Gobierno
del
Estado
planea
vender
las
mil
hectáreas
que
actualmente
ocupa
la
terminal
"Manuel
Crescencio
Rejón"
lo
que
le
permitirá
obtener
ingresos
por
mil
350
millones
de
pesos,
que
serán
utilizados
para
liquidar
la
deuda.
Extensión universitaria de la UAQ en Tequisquiapan. (Diario de Querétaro, p.web).
08-08-2005
Con los permisos de cambio de uso
de
suelo
de
parte
del
cabildo
y
el
inicio
de
negociaciones
para
una
extensión
de
la
UAQ,
en
45
hectáreas
del
municipio
de
Tequisquiapan,
inicia
un
nuevo
polo
de
desarrollo.
Juan Manuel Vázquez, presidente
del
comisariado
ejidal
del
ejido
Tequisquiapan,
informó
que
ya
se
ha
ingresado
documentación
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
de
Gobierno
del
Estado
y
se
está
a
la
espera
de
la
respuesta
del
Registro
Agrario
Nacional,
para
poder
desarrollar
este
predio
conocido
como
La
Charretera,
en
el
municipio
de
Tequisquiapan.
"Este es un trabajo que ya
tiene
un
antecedente,
pero
desafortunadamente,
por
no
encontrar
el
sustento
legal,
no
se
han
dado
las
cosas,
pero
en
este
momento
el
ejido
Tequisquiapan ya tiene señalado un terreno para la ubicación
de
una
extensión
universitaria
y
se
estarán
buscando
los
acercamientos
con
el
Infonavit".
Dijo que el acuerdo de la asamblea
de
ejidatarios
es
realizar
este
convenio
con
la
UAQ
de
manera
directa,
sin
que
participe
el
gobierno
municipal,
"es
decir,
lo
que
se
busca
es
que
no
sólo
sean
palabras
sino
que
en
esa
extensión
de
50
mil
metros
cuadrados
se
desarrolle
tecnología,
haya
un
espacio
para
los
jóvenes
y
que
lo
tan
llevado
y
traído
de
la
extensión
sea
en
realidad
algo
concreto".
Indicó
que
con
esto
se
pretende
que
las
personas
no
se
vayan
de
Tequisquiapan
y
se
desarrollen
productos
que
tengan
un
beneficio
a
la
sociedad.
Afirmó que se está a punto de constituir
una
asociación
para
que
el
asentamiento
sea
de
tipo
progresivo
en
beneficios
de
los
202
ejidatarios,
"pero
destacando
que
éste
será
un
polo
de
desarrollo
bien
planeado".
Judiciales nayaritas
invadieron
ranchos
de
huicholes
por
24
horas. (Milenio, Agustín del Castillo, p.web)
Agosto 7, 2005
Guadalajara
El pretexto fue un “convivio”, pero a los indígenas les pareció franco hostigamiento.
Son
terrenos
recuperados
por
la
SRA.
Una partida de la Policía Judicial
de
Nayarit
invadió
el
pasado
viernes
5
de
agosto,
durante
más
de
24
horas,
los
ranchos
Salto
de
la
Cañada,
El
Carretón
y
La
Cañada,
propiedad
de
comuneros
de
la
Comunidad
Indígena
de
San
Sebastián
Teponahuaxtlán,
quienes
lo
recibieron
como
parte
de
la
restitución
de
los
bienes
invadidos
por
los
ganaderos
de
Puente
de
Camotlán
medio
siglo
atrás.
La
recuperación
se
logró
a
partir
de
2002
en
el
marco
del
programa
Focos
Rojos,
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria.
Leocadio Serio,
ex
presidente
del
consejo
de
vigilancia
de
Tuxpan
de
Bolaños,
anexo
sur
del
núcleo
indígena,
denunció
a
sus
asesores
de
la
Asociación
Jalisciense
de
Apoyo
a
Grupos
Indígenas
(AJAGI)
que
los
policías
nayaritas
entraron
para
respaldar
los
intereses
de
Francisco
Torres
Andrade
y
de
los
hermanos
Jesús
y
Francisco
Magallanes,
quienes
ya
habrían
sido
indemnizados
por
el
gobierno
federal
para
devolver
sus
posesiones
a
sus
dueños
originales.
Es por eso que a los huicholes les pareció extraña la acción. La movilización de
los
gendarmes
de
la
entidad
vecina
ocasionó
a
su
vez
la
intervención
de
policías
de
Jalisco.
La
Dirección
de
Seguridad
Pública
del
estado
envió
una
partida
y
ordenó
una
investigación
de
los
hechos,
en
coordinación
con
la
Dirección
de
Asuntos
Agrarios.
El resultado preliminar de la indagación
es
que
los
invasores
salieron
ayer
de
los
ranchos
alrededor
de
las
tres
de
la
tarde,
lo
que
conjuró
un
posible
enfrentamiento
con
fuerzas
de
Jalisco.
“Ellos dieron a conocer que supuestamente se
les
invitó
a
un
convivio
en
la
zona
de
los
ranchos.
La
pregunta
es
que
cuál
convivio
dura
24
horas;
es
muy
extraño”,
señaló
un
funcionario
de
Jalisco
que
pidió
no
ser
identificado.
Los conflictos agrarios casi inmemoriales
en
la
sierra
del
norte
de
Jalisco
(datan
del
periodo
virreinal)
se
agravaron
en
el
siglo
XX
cuando
los
comuneros
decidieron
permitir
a
colonos
de
Huajimic y La Yesca la cesión de casi 30 mil hectáreas en
arrendamiento
temporal,
para
que
pastaran
su
ganado.
Con
el
tiempo,
decidieron
convertir
la
posesión
en
un
derecho
de
propiedad,
lo
que
llevó
a
enfrentamientos
tanto
judiciales
como
de
forma
directa,
que
amenazaron
la
paz
en
esta
marginada
demarcación.
La
situación
se
agravó
a
partir
de
los
setenta
con
la
irrupción
de
un
nuevo
actor:
la
mafia
del
cultivo
y
el
tráfico
de
estupefacientes.
La actuación de las autoridades
ha
sido
históricamente
ambigua.
Jalisco,
por
su
parte,
sostiene
públicamente
el
derecho
de
las
etnias,
pero
no
ha
hecho
nada
por
aclarar
el
diferendo
territorial
que
inhibe
la
aplicación
del
estado
de
derecho
en
la
zona
en
conflicto.
En
contraste,
Nayarit
ha
sido
sostén
decidido
de
los
intereses
ganaderos.
La
zona
invadida
el
viernes
pasado
se
ubica
en
los
territorios
de
soberanía
estatal
dudosa.
Personal de Asuntos Agrarios se
reunirá
este
8
de
agosto
con
representantes
del
programa
Focos
Rojos
y
con
miembros
de
las
procuradurías
de
justicia
de
ambos
estados,
con
el
fin
de
aclarar
el
conflicto
y
plantear
el
respeto
a
la
legalidad
por
parte
de
los
ganaderos.
Bajo el principio de que el primero
en
tiempo
es
primero
en
derecho,
los
huicholes
han
recuperado
gradualmente
sus
territorios
comunales,
22
mil
hectáreas
aproximadamente
en
Puente
de
Camotlán,
y
otras
nueve
mil
que
se
pretenden
reclamar
próximamente
en
la
zona
de
Huajimic,
también
invadida
a
principios
del
siglo
XX.
Viejos líos
• El programa Focos Rojos fue instituido
por
el
gobierno
federal
para
alcanzar
conciliaciones
en
los
conflictos
agrarios
más
agudos
del
territorio
nacional.
En
el
caso
de
los
huicholes jaliscienses y los ganaderos nayaritas,
la
situación
fue
francamente
tirante
y
obligó
a
darle
prioridad
de
primer
orden,
pues
la
amenaza
de
violencia
se
presenta
de
forma
periódica
en
las
montañas
• Al inmiscuirse Focos Rojos en
los
asuntos
huicholes,
parte
de
la
base
de
que
el
pueblo
indígena
tiene
un
derecho
superior
a
los
ganaderos;
primero,
porque
tienen
una
posesión
más
antigua
y
porque
los
derechos
indígenas
jamás
prescriben.
Es
decir,
aunque
los
ganaderos
hubieran
llegado
un
siglo
atrás,
esas
tierras
no
prescriben
de
sus
dueños
originales.
• Es por eso que, para evitar el
conflicto
social
de
desalojar
familias
mestizas
con
fuerza
política
importante
y
capacidad
de
movilización,
se
optó
por
indemnizar
a
los
posesionarios
y
devolver
las
tierras
a
sus
dueños
legítimos.
Por
otro
lado,
los
wixáricas dejaron claro que no cederían un palmo de terreno
a
cambio
de
dinero,
en
congruencia
con
su
visión
cultural
asentada
en
la
tierra.
Comunidades indígenas demandan oportunidades de
educación,
salud
y
desarrollo. (El Sur, p.web).
Guadalajara, Jalisco
Comunidades indígenas
demandan
oportunidades
de
educación,
salud
y
desarrollo
Viernes, 5 de
Agosto de 2005
GUADALAJARA, JALISCO, (EL SUR).-
Representantes
de
las
comunidades
indígenas
de
San
Sebastián
Teponahuaxtlán, Tuxpan del Sur de Jalisco, Tuxpan de Bolaños,
Santa
Catarina,
San
Andrés
Cohamiata,
Cuzapala, Tecopatlán, San Pedro
Toxin, El Terrero, La Laguna, Telcruz,
Ayotitlán,
Cenzontle
y
el
Camichín
presentaron
ante
autoridades
federales
y
diputados
locales,
un
diagnóstico
sobre
las
condiciones
de
sus
pueblos
y
sus
propuestas
de
desarrollo
sustentable
para
la
región,
esto
con
el
fin
de
obtener
recursos
y
poderlos
llevar
a
cabo
en
el
año
2006.
La reunión fue presidida por el
diputado
presidente
de
la
Comisión
de
Asuntos
Indígenas
del
Congreso,
Mario
Alberto
Reyna
Bustos,
quien
a
su
vez
reiteró
que
a
partir
del
próximo
9
de
agosto
entregarán
a
las
comunidades
wixarica
y
nahua,
el
anteproyecto
de
la
Ley
Indígena
del
Estado
para
que
la
revisen
y
hagan
sus
comentarios.
Entre otras novedades de la iniciativa,
destaca
la
creación
del
Consejo
Estatal
Indígena
que
supliría
a
la
Procuraduría
de
Asuntos
Indígenas,
pues
se
pretende
que
todas
las
comunidades
estén
representadas.
Este consejo será un órgano descentralizado,
de
manera
que
tenga
autonomía
y
patrimonio
propio.
A la reunión asistieron también
representantes
de
la
Comisión
Nacional
para
el
Desarrollo
de
los
Pueblos
Indígenas,
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales,
así
como
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
quienes
tomaron
nota
de
las
peticiones
de
los
presentes
en
materia
de
desarrollo
sustentable,
capacitación,
ampliación
de
los
Programas
Oportunidades
y
3
x
1,
proyectos
productivos
para
mujeres
y
campesinos,
electrificación,
mejoramiento
de
vivienda,
espacios
deportivos,
puentes
colgantes,
becas
para
estudios
superiores,
empleo
temporal,
apoyos
agropecuarios
y
los
correspondientes
a
protección,
preservación
y
aprovechamientos
de
recursos
naturales
bajo
criterios
de
desarrollo
sustentable
comunitario.
Asimismo, insistieron en que se
les
brinde
capacitación
permanente
para
prevención
y
control
de
incendios,
y
se
avoquen
a
resolver
los
conflictos
de
tenencia
de
la
tierra
con
los
vecinos
de
Zacatecas
y
Nayarit.
Reyna Bustos
lamentó
el
rezago
que
existe
en
dichas
comunidades
y
que
el
Gobierno
del
Estado
aún
no
ejerza
el
presupuesto
de
7
millones
de
pesos
etiquetado
en
este
año
para
esta
región.
Recordó que tres millones de pesos
son
para
albergues
escolares
y
los
cuatro
millones
de
pesos
restantes
para
infraestructura
de
salud.
"Estamos solicitando al Gobierno
del
Estado
que
nos
informe
el
por
qué
todavía
no
los
aplica".
Por su parte, las autoridades municipales
de
la
región
demandaron
mejores
presupuestos
para
cubrir
las
necesidades
de
sus
gobernados.
Durante la semana, continuarán
las
mesas
de
trabajo
con
la
participación
de
las
Secretarías
de
Desarrollo
Humano,
Salud,
Educación,
Desarrollo
Urbano,
Desarrollo
Rural,
Promoción
Económica,
Turismo,
Seguridad
Pública,
Coplade
y
de
la
Procuraduría
General
de
Justicia
del
Estado.
Del nuevo aeropuerto al Country Club. (Yucatán.com, Manuel Triay, p.web).
Operaciones de asombrosa similitud
El anuncio de un nuevo Country
Club a un costado de la carretera Mérida-Progreso ha despertado
nuevas
suspicacias
sobre
el
manejo
de
la
tierra.
Se trata de un proyecto particular
de
millonaria
inversión,
que
cuenta
con
el
apoyo
del
gobierno
del
Estado,
pues
tenemos
informes
de
que
por
conducto
de
la
Comisión
Ordenadora
del
Uso
del
Suelo
en
el
Estado
de
Yucatán
(Cousey)
aportó
la
tierra,
al
parecer,
para
pagar
en
parcialidades.
De resultar cierta nuestra información,
el
Gobierno
del
Estado
habría
realizado
una
nueva
compra
de
tierras
por
conducto
de
Antonino
Almazán
Arteaga,
quien
al
parecer
se
ha
convertido
en
el
comprador
oficial
y
ha
encontrado
en
la
presente
administración
una
mina
de
oro.
Antonino, como recordamos oportunamente,
fue
delegado
local
del
Registro
Agrario
Nacional
(RAN)
y
dejó
el
cargo
en
medio
de
plantones
y
serias
acusaciones
sobre
irregularidades
en
el
manejo
de
la
tierra.
Actualmente es director de su propia
empresa,
el
Instituto
de
Capacitación
y
Asesoría
Integral
de
México,
con
oficinas
en
el
fraccionamiento
Francisco
de
Montejo,
y
entre
sus
clientes
figuran
los
señores
Alejandro
Patrón
Laviada
y
Roberto
Hernández
Ramírez,
hermano
y
tío
del
gobernador,
respectivamente.
El propio gobernador Patrón Laviada le encomendó a Antonino la adquisición de 3,000 hectáreas
de
tierras
de
Hunucmá
para
la
construcción
de
un
nuevo
aeropuerto,
de
una
planta
de
agua
potable
y
para
un
trueque
de
terrenos
que
haría
con
Cementos
Mexicanos.
Según don Patricio, Antonino fue
comprando
poco
a
poco
y
recibía
anticipos
del
gobierno
cada
vez
que
amarraba
un
trato
con
los
dueños
de
las
parcelas.
Eso
quiere
decir
que
Antonino
no
invirtió
un
peso,
compró
con
dinero
oficial.
No
fue
el
intermediario
o
corredor
común
y
corriente
al
que
se
contrata
por
una
comisión.
Oficialmente ya se sabe que Antonino
adquirió
las
3,000
hectáreas
al
poniente
de
la
ciudad
(Hunucmá) que pudieron dejarle una utilidad de 22 a 34 millones
de
pesos
y
extraoficialmente
se
dice
que
también
compró
unas
500
hectáreas
a
la
vera
de
la
carretera
Yaxché-Xcuyún, cuya construcción comenzó apenas el viernes pasado
con
don
Patricio
Patrón
como
padrino.
Ahora resulta que, con una operación
de
asombrosa
similitud
a
la
de
Hunucmá,
Antonino
adquirió
del
ejido
de
Chablekal
otras
500
hectáreas
de
tierra,
de
las
cuales
por
lo
menos
440
vendió
al
Gobierno
del
Estado.
Las
60
restantes
fueron
adquiridas
por
un
grupo
de
particulares
en
forma
directa
o
también
por
conducto
de
Antonino
o
del
Ejecutivo.
Se dice que Antonino pagó por las
500
hectáreas
de
Chablekal
$60.357,000,
a
razón
de
unos
$12
por
metro
cuadrado.
La cantidad fue cubierta en dos
entregas:
la
primera
fue
de
$70,000
para
cada
uno
de
los
341
ejidatarios
y
la
segunda
de
$107,000.
El 13 de abril pasado se celebró
en
el
ejido
de
Chablekal
una
asamblea
a
la
que
asistieron
264
de
los
341
ejidatarios,
además
de
Rubí
Beatriz
Aké Ventura, en representación de la Procuraduría Agraria,
y
el
notario
Carlos
Alberto
Gamboa
Gamboa.
Estos
dos
últimos
también
estuvieron
en
la
asamblea
de
Hunucmá,
celebrada
dos
meses
antes.
Los ejidatarios resolvieron parcelar
508
hectáreas
y
cedieron
los
derechos
de
las
parcelas
a
un
grupo
de
posesionarios que, “como es conocido de todos, han desarrollado
actividades
varias
en
la
superficie
ya
aludida,
fomentanto la explotación ganadera y agrícola”, según se asienta
en
el
acta
de
la
asamblea.
Entre los beneficiarios de Chablekal, vaya coincidencia, están los mismos a quienes los
ejidatarios
de
Hunucmá
les
cedieron
sus
tierras.
Aunque
no
son
yucatecos
—originarios
de
Oaxaca,
Veracruz
y
Campeche—,
“son
ampliamente
conocidos”
en
ambos
ejidos,
de
Hunucmá
y
de
Chablekal,
trabajan
ambas
tierras
y,
según
dicen,
tienen
sus
domicilios
en
ambos
lugares,
en
Hunucmá
y
en
Chablekal
a
la
vez.
En el caso de Chablekal, también aparecen como beneficiarios Manlio José Díaz Millet y José Lorenzo,
Juan
Francisco
y
Mario
Arturo
Molina
Casares,
todos,
según
acta
de
la
asamblea
de
referencia,
casados,
comerciantes
y
con
domicilio
conocido
en
Chablekal.
Fuentes cercanas al ejido de Chablekal señalan que de las 508 hectáreas 60 se encuentran
“pegadas”
a
La
Ceiba
y
fueron
cedidas
a
los
señores
Díaz
Millet
y
Molina
Casares,
pues
planean
ampliar
las
instalaciones
del
referido
club
de
golf.
Las 468 hectáreas restantes coinciden
en
ubicación
con
los
terrenos
donde
otros
empresarios
anunciaron
que
construirían
el
Yucatán
Country
Club,
en
el
costado
oriente
de
la
carretera
Mérida-Progreso.
Ese proyecto inmobiliario incluye
la
venta
de
2,400
lotes
para
edificar
residencias,
un
campo
de
golf
de
18
hoyos,
siete
lagos
artificiales,
una
Casa
Club,
canchas
de
tenis,
“squash”,
básquetbol,
vólibol y fútbol, restaurante, etcétera.
Nuestros informantes indican que
los
títulos
de
propiedad
de
las
500
hectáreas
de
Chablekal
están
en
trámite
y
cuando
terminen
y
los
entregue
la
Cousey
recibirá
el
pago
correspondiente
de
los
constructores
del
Yucatán
Country
Club. Otros dicen que don Patricio las dio a crédito por dos
años,
mientras
los
empresarios
logran
vender
sus
lotes.
Si las versiones son ciertas, alguna
razón
habrá
tenido
el
señor
gobernador
para
no
encargarle
la
adquisición
de
esas
tierras
a
su
director
de
Asuntos
Agrarios,
Jorge
Cuevas
López,
y
comprarlas
por
conducto
de
Antonino
Almazán,
como
seguramente
tendrá
una
explicación
el
aparente
negocio
que
está
haciendo
la
Cousey
con
las
tierras
de
Chablekal.
Reconocen dudas en plan aeroportuario. (Tribuna de Campeche, p.web).
PAN pide mayor transparencia a Patrón
A pesar de las críticas en torno al proyecto de la construcción
de
un
nuevo
aeropuerto
para
Mérida,
el
Partido
Acción
Nacional
(PAN)
dio
su
aval
al
Gobierno
del
Estado,
aunque
exigió
que
se
aclare
con
prontitud
el
mecanismo
que
se
utilizó
para
la
adquisición
de
tierras
ejidales
del
Municipio
de
Hunucmá
y
la
comisaría
de
Oxcum, donde se pretende realizar la obra.
El presidente estatal del PAN, Edgar Ramírez Pech, consideró que lo más sano es que la administración de
Patricio
Patrón
Laviada
disipe
las
dudas
en
torno
a
la
compra
de
esos
terrenos
para
la
terminal
aérea.
"El Gobierno tiene que disipar con prontitud cualquier
sospecha
sobre
alguna
irregularidad,
para
que
no
haya
ningún
resquemor
sobre
el
proyecto",
enfatizó.
TRIBUNA ha informado que la compra de los terrenos ha ocasionado una polémica
sobre
la
intervención
del
ex
delegado
del
Registro
Agrario
Nacional
(RAN),
Antonino
Almazán
Arteaga,
y
otros
cinco
intermediarios
en
la
operación
de
compra-venta
de
terrenos
ejidales.
SIN MARGEN DE DUDAS
Para los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la
Revolución
Democrática
(PRD)
la
participación
del
ex
funcionario
del
RAN
levanta
sospechas,
pero
sobre
todo
la
forma
en
la
que
el
Gobierno
estatal
adquirió
las
tierras
ejidales.
Ramírez Pech consideró que las autoridades
estatales
no
deben
dejar
margen
para
las
dudas,
por
lo
que
deben
salir
al
paso
de
manera
urgente
ante
los
cuestionamientos
que
ha
recibido,
pues
de
lo
contrario
se
podrían
levantar
más
sospechas
contra
la
administración
de
Patrón
Laviada.
Sin embargo, al salir en defensa del proyecto de la nueva terminal
aérea,
pidió
que
el
PRI
y
el
PRD
no
participen
el
debate
que
se
ha
abierto
sobre
la
viabilidad
del
nuevo
aeropuerto.
"Entendemos que se polemice, que se discuta, que el proyecto
se
debata,
pero
no
al
extremo
de
partidizarlo,
porque
es
necesario
que
haya
sensatez",
destacó.
El directivo estatal del blanquiazul señaló que el proyecto
puede
estar
sujeto
a
correcciones,
pero
no
se
deben
asumir
posturas
que
"estorben
el
desarrollo
del
Estado".
EL PUERTO DE ALTURA
Recordó que, en su momento, el PRI defendió a capa y espada
un
proyecto
que
también
fue
muy
cuestionado:
el
Puerto
de
Altura
de
Progreso.
Al avalar la construcción del nuevo aeropuerto, Ramírez Pech ponderó que tiene varias bondades, entre ellas la generación
de
una
millonaria
derrama
económica
para
el
estado.
Reconoció que si bien la salida de la terminal "Manuel
Crescencio Rejón" de la zona que actualmente ocupa no
eliminará
la
pobreza
de
los
habitantes
del
sur
de
la
ciudad,
subrayó
que
los
integrará
con
el
resto
de
Mérida.
Sobre el préstamo de mil millones de pesos que solicitará el
Ejecutivo
estatal
que
autorice
el
Congreso
del
Estado
para
financiar
la
obra,
Ramírez
Pech
dio
su
voto
de
confianza
ante
la
promesa
gubernamental
de
que
no
se
verán
afectadas
las
dos
siguientes
administraciones
estatales
con
la
deuda
que
se
les
heredará.
El Gobierno del Estado planea vender las mil hectáreas que
en
la
actualidad
ocupa
el
aeropuerto
internacional
"Manuel
Crescencio Rejón", lo cual le permitirá mil 350 millones
de
pesos
que
serán
utilizados
para
liquidar
la
deuda.
Hacienda deberá regresar cuotas, advierte Fedessp. (Excélsior,
Arturo
Ochoa,
p.web).
05/08/05
La Federación Democrática de Sindicatos
de
Servidores
Públicos
(Fedessp),
advirtió
que
en
el
asunto
de
las
cuotas
que
pertenecen
a
las
organizaciones
agrupadas
en
este
organismo
“no
hay
vuelta
de
hoja”,
por
lo
que
estos
recursos
deberán
ser
reintegrados
por
la
Secretaría
de
Hacienda.
Aquiles Cortés López, subsecretario
de
Finanzas
de
la
Federación,
señaló
lo
anterior
y
agregó
que
próximamente
iniciarán
el
litigio
de
los
bienes
inmuebles,
tanto
en
el
DF
como
del
interior
del
país,
aún
en
poder
de
la
FSTSE.
Apuntó
que
una
vez
con
el
registro
y
la
toma
de
nota,
falta
concretar
el
acuerdo
ante
las
instancias
correspondientes,
para
definir
la
forma
en
que
se
entregarán
los
recursos
económicos
de
los
1.6
millones
de
trabajadores
de
la
FSTSE.
Después de su participación en
el
Ciclo
de
Conferencias:
Sindicalismo
y
Derechos
Laborales,
organizado
por
el
Sindicato
Democrático
de
Trabajadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
dejó
en
claro
que
a
partir
de
que
decidieron
salirse
de
la
FSTSE,
las
cuotas
de
“nosotros
fueron
retenidas
por
la
Secretaría
de
Hacienda”.
Ante ello, acotó, el senador del
PRI,
Joel
Ayala
Almeida
(tituar
de
la
FSTSE)
ha
intentado
por
todos
los
medios,
sin
éxito,
y
que
el
SNTE
en
particular
le
adeuda
varios
millones
de
pesos
por
este
concepto,
lo
cual
es
falso.
Cortés López puntualizó que en
el
caso
de
los
bienes
inmuebles
que
tiene
en
su
poder
Ayala
Almeida,
muchos
de
ellos,
fueron
adquiridos
con
las
cuotas
de
los
trabajadores
al
Servicio
del
Estado.
“Cuál es entonces el litigio que vamos a iniciar,
en
el
corto
tiempo”.
Remarcó: “vamos por todo. La ley
dice
que
quien
tiene
la
representación
de
la
titularidad
laboral
es
la
organización
mayoritaria.
Entonces,
nosotros,
la
FEDESSP
tiene
la
representación
mayoritaria”.
Este es otro renglón, aseguró,
por
el
que
va
a
transitar
la
nueva
Federación,
es
decir,
la
búsqueda
de
la
representación
de
los
trabajadores,
en
las
diferentes
instancias.
El también integrante del CEN del
SNTE
concluyó
reconociendo
que
si
bien
antes
no
podían
realizar
ningún
tipo
de
trámite
en
las
diferentes
dependencias,
por
carecer
del
registro,
ahora
“vamos
por
la
titularidad”.
Sector agropecuario
Prevé Usabiaga pronta
solución
a
conflicto
cañero. (El Universal, Xóchitl Álvarez, p.web)
Guanajuato, Gto.
El
secretario
de
Agricultura,
Javier
Usabiaga
Arroyo,
anunció
aquí
que
a
más
tardar
la
próxima
semana
se
podría
resolver
el
problema
de
los
cañeros,
a
quienes
se
busca
darles
certidumbre
sin
lesionar
a
la
industria
azucarera.
"Estamos tratando de abrir
los
espacios
de
diálogo
y
de
reflexión
para
buscar
algo
que
realmente
beneficie
a
los
productores
y
dé
viabilidad
a
la
industria",
añadió.
Los productores de caña de azúcar
del
país
se
oponen
a
la
advertencia
presidencial
de
vetar
la
nueva
ley
cañera
aprobada
por
la
Cámara
de
Diputados.
La Unión Nacional de Productores
de
Caña
de
Azúcar
(UNPCA)
advirtió
la
semana
pasada
que
realizará
ocupaciones
en
todos
los
ingenios
del
país
debido
a
que
no
hay
avances
en
su
demanda
de
que
sea
publicado
el
decreto
de
Ley
de
Desarrollo
Sustentable
de
la
Caña
de
Azúcar.
El funcionario federal dijo que
esta
semana
se
esperan
noticias
que
permitan
avanzar
en
la
conjunción
de
ideas
y
objetivos.
"Los
cañeros
tienen
una
preocupación
entendible,
porque
se
sienten
desamparados",
admitió.
Usabiaga Arroyo
indicó
que
el
problema
está
en
darles
certidumbre
a
los
cañeros,
sin
lesionar
el
resto
de
la
cadena
productiva,
es
decir,
de
la
industria
azucarera,
"pero
lo
vamos
a
lograr".
Renuncia en septiembre
Usabiaga Arroyo,
quien
asistió
al
quinto
informe
del
gobernador
de
Guanajuato,
Juan
Carlos
Romero
Hicks,
reiteró
su
aspiración
por
ser
el
próximo
mandatario
de
Guanajuato.
Para ello, dijo que tiene previsto
renunciar
a
la
Secretaría
de
Agricultura
en
cuanto
el
comité
estatal
de
su
partido
publique
la
convocatoria
para
la
elección
del
candidato
a
la
gubernatura del estado para las elecciones del 2006. Esa convocatoria
está
programada
para
emitirse
el
27
de
septiembre
próximo,
aunque
Usabiaga Arroyo dijo que el 15 de agosto iniciará su precampaña
proselitista.
Organizaciones campesinas
Propuesta de Usabiaga,
franco
desafío
a
cañeros
y
ofensa
al
Legislativo:
UNPCA. (La Jornada, Matilde Pérez
U,
p.web)
Rechazo
al
planteamiento
porque
intenta
dar
todo
el
poder
a
los
industriales,
aclara
Anuncia
nueva
movilización
para
el
15
de
agosto
y
bloqueo
de
carreteras
en
15
estados
La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación
Nacional
Campesina
(UNPCA-CNC)
rechazó
la
propuesta
del
secretario
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo,
de
publicar
un
nuevo
decreto
cañero,
porque
en
ella
se
pretende
imponer
los
contratos
particulares
y
que
los
ingenios
tengan
el
control
total
de
operación
de
campo
y
fábrica.
Daniel Pérez Valdés, dirigente de la UNPCA-CNC, consideró que
la
propuesta
de
Sagarpa
"constituye
un
abierto
desafío
al
movimiento
cañero
y
una
ofensa
al
Poder
Legislativo".
El pasado jueves, Pérez Valdés y el dirigente de los cañeros
de
la
Confederación
Nacional
de
Propietarios
Rurales,
Carlos
Blackaller Ayala, se reunieron con el titular de Sagarpa, quien les entregó una propuesta alterna para tratar
se
resolver
el
conflicto
cañero.
Ambas
partes
acordaron
consultar
el
documento
con
los
productores.
Ayer,
la
dirigencia
cañera
de
la
CNC
estableció
que
el
esquema
planteado
por
Usabiaga
no
responde
a
la
exigencia
campesina.
"Toda la propuesta del secretario está orientada a bajar
el
precio
de
la
caña
de
azúcar
y
a
destruir
a
las
organizaciones
cañeras
a
fin
de
darle
total
poder
a
los
industriales,
y
da
a
entender
que
los
productores
son
un
mal
necesario,
lo
cual
es
inaceptable",
asentó
Pérez
Valdés.
Comentó que en la reunión del pasado 4 de agosto Usabiaga Arroyo volvió a manifestar su desacuerdo en aprobar
la
Ley
de
Desarrollo
Sustentable
para
la
Caña
de
Azúcar
porque
según
él
se
contrapone
a
las
disposiciones
legales
existentes,
invade
las
atribuciones
del
Ejecutivo
e
implica
un
retroceso
histórico
en
las
relaciones
entre
abastecedores
de
caña
e
industriales.
El
secretario
de
Agricultura,
mencionó
Pérez
Valdés,
no
presentó
una
argumentación
jurídica
específica
para
sustentar
sus
consideraciones.
Los productores cañeros refrendaron su postura: "queremos
que
se
publique
la
ley
cañera.
Señor
secretario,
le
exigimos
estricto
respeto
a
las
organizaciones
cañeras,
al
poder
Legislativo
y
a
nuestro
movimiento".
Los cañeros aseguraron que realizarán otra movilización el
próximo
15
de
agosto,
que
incluirá
la
toma
de
las
instalaciones
de
Sagarpa en la ciudad de México, y si tres días antes del quinto
informe
Presidencial
no
se
ha
publicado
la
ley
cañera,
160
mil
productores
bloquearán
carreteras
en
los
15
estados
donde
se
produce
caña
de
azúcar.
Prensa Estatal
Aumentarían las invasiones. (Tribuna de Campeche, p.web).
Necesidad e intereses políticos
Por un lado, las necesidades y por el otro, los intereses políticos,
pueden
motivar
más
invasiones
de
terrenos
en
la
Isla,
sobre
todo
los
localizados
en
la
zona
sur,
donde
se
dice
todavía
existen
terrenos
ejidales
o
federales.
Lo anterior, fue advertido por el presidente del Consejo Consultivo
Ciudadano
del
Carmen,
Fernando
Lara
Trejo,
quien
señaló
que
lo
anterior
lo
deben
evitar
las
autoridades
correspondientes
para
que
no
se
recrudezcan
los
problemas
sociales
y
estallen
las
pasiones
políticas.
Indicó que la mayoría de los nativos de la Isla no están de
acuerdo
en
que
sigan
las
invasiones
de
tierras
pues
esas
acciones
son
negativas
ya
que
únicamente
benefician
a
vivales
que
se
apoderan
de
terrenos
al
por
mayor
para
especular
con
los
mismos,
mientras
que
los
realmente
necesitados
prosiguen
sin
obtener
un
techo
donde
vivir.
Consideró que el Gobierno debe de vender lotes urbanizados
en
esas
zonas
para
que
pueda
frenarse
el
paracaidismo
que
es
provocado
por
movimientos
políticos
oscuros
y
que
luego
forman
brotes
de
inconformidad
contra
las
mismas
autoridades
a
quienes
reclaman
servicios
diversos,
pero
sin
haber
pagado
antes
sus
impuestos.
Siguió diciendo que hasta donde se sabe, hay grupos de gente
que
a
nombre
de
una
engañosa
necesidad
entran
a
invadir,
pero
no
ocupan
el
terreno,
sino
mandan
a
los
cuidadores
para
que
estos,
a
cambio
de
un
salario
diario,
ocupen
esas
tierras
y
vivan
con
todas
las
privaciones
y
peligros
que
ello
conlleva.
Señaló que los focos donde se han dado esas invasiones programadas
o
no,
son
de
problemas
constantes,
de
riñas
y
enfrentamientos
entre
colonos
y
donde
abundan
maleantes
decididos
a
afectar
el
patrimonio
particular
de
gente
que
viven
legalmente
en
los
alrededores.
Afirmó que este fenómeno sociopolítico se da cada tiempo de
elección
constitucional,
y
según
sirve
para
tener
votos
cautivos
para
algún
partido
en
particular,
pero
que
afecta
a
la
larga
a
la
gente
buena
y
al
presupuesto,
que
no
da
para
atender
las
nuevas
demandas
populares.
Criticó que la ciudad está viviendo en una gran anarquía, sin
que
se
le
pueda
poner
un
hasta
aquí
a
toda
esta
situación
sino
por
el
contrario,
que
va
empeorando
conforme
pasan
los
años
por
el
tráfico
de
lotes
que
son
solapados
por
la
mismas
autoridades.
Dejan sus hogares 20 familias, en Ocosingo, Chiapas. (Proceso, Isaín Mandujano, p.web).
* Temen represalias tras la muerte a balazos de tres presuntos
asaltantes
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de agosto
(apro).-
Al
menos
tres
presuntos
asaltantes
murieron
acribillados
a
tiros,
luego
que
amigos
y
familiares
de
una
de
sus
víctimas
los
reconoció
y
regresó
a
buscarlos
para
vengar
el
agravio,
esto
en
las
inmediaciones
de
la
comunidad
El
Chamizal
y
Laguna
Semental,
en
el
municipio
de
Ocosingo.
Ante el temor de que se desatara una serie de venganzas, cerca
de
20
familias
abandonaron
su
hogar,
luego
que
amigos
y
familiares
de
la
comunidad
Laguna
Semental
amenazaran
con
vengar
a
los
muertos.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía,
los
hechos
se
suscitaron
el
jueves
por
la
noche,
cuando
una
persona
de
nombre
Mario
De
Ara
López,
fue
asaltada
por
tres
sujetos
no
identificados,
cerca
del
camino
que
conduce
del
Chamizal
a
la
comunidad
vecina
El
Semental.
Ante estos hechos, en la comunidad El Chamizal,
amigos
de
la
víctima
fueron
a
pedir
ayuda,
y
un
grupo
de
personas
fue
a
buscar
a
los
tres
presuntos
delincuentes
cerca
de
la
comunidad
Laguna
Semental,
quienes
respondieron
con
disparos
de
pistola
calibre
22,
lesionando
a
Jerónimo
De
Ara
Guzmán,
padre
del
asaltado,
sin
embargo,
como
se
les
acabaron
las
balas
y
eran
pocos,
fueron
privados
de
la
vida.
En este hecho, resultaron con lesiones tres personas: Mario
De
Ara
López,
Jerónimo
y
Tomás,
mismos
que
fueron
atendidos
en
un
hospital
de
aquella
región.
Tras ultimar a los tres presuntos asaltantes, el grupo de personas
regresó
a
El
Chamizal
y,
ante
el
temor
de
sufrir
una
agresión
por
parte
de
los
familiares
de
los
tres
occisos,
al
parecer
oriundos
de
El
Semental,
se
retiraron
a
comunidades
cercanas
con
todo
y
sus
familias.
La Fiscalía dijo hoy que inició las investigaciones pertinentes
para
esclarecer
estos
hechos,
y
que
no
se
permitirá
que
ciudadanos
hagan
justicia
por
su
propia
mano,
generando
con
ello
impunidad.
Las diferencias entre los indígenas tzeltales
de
los
ejidos
El
Chamizal
y
Laguna
Semental,
en
Ocosingo,
tienen
como
fondo
el
hecho
que
desde
hace
varios
años
sostienen
conflictos agrarios y políticos.
ESTADO DE MÉXICO
Retrasan solución a problemas de límites. (El Universal, Miriam Vidal, p.web).
El dictamen lleva
dos
años
detenido
en
el
Congreso
Ecatepec , Méx.-
Pese
a
que
la
Comisión
de
Límites
Territoriales
del
estado
de
México
emitió
un
dictamen
a
favor
del
municipio
de
Acolman
para
reconocer
como
parte
de
su
territorio
861
hectáreas
en
disputa
con
Ecatepec, la ratificación que debe emitir el Congreso mexiquense
permanece
estancada
desde
hace
dos
años.
Ante la falta de delimitación territorial,
en
el
área
en
conflicto
hay
unas
20
mil
personas
de
cinco
colonias
que
están
asentadas
de
forma
irregular,
que
carecen
de
servicios
públicos
y
que
demandan
la
agilización
del
trámite
para
definir
su
jurisdicción.
José Antonio Saavedra, presidente
municipal
de
Acolman,
explicó
que
sólo
están
a
la
espera
de
que
el
Congreso
en
pleno
oficialice
el
dictamen
en
donde
se
reconoce
que
las
861
hectáreas
pertenecen
a
su
demarcación.
Luego de que integrantes de la
Comisión
de
Límites
Territoriales
del
gobierno
estatal
realizaran
un
recorrido
por
la
zona,
el
12
de
julio
del
2002
dictaminaron
que
era
necesario
respetar
los
límites
reconocidos
por
la
comisión.
"Con base en el artículo 7
de
la
Ley
Orgánica
municipal
del
estado
de
México,
se
respetan
los
límites
oficialmente
reconocidos
por
el
gobierno
del
estado
de
México
a
ambos
municipios
en
virtud
de
que
en
recorrido
realizado
el
4
de
junio
de
1997
se
constató
la
existencia
de
las
mojoneras
de
los
años
1600
y
1602,
que
señalan
fehacientemente
la
línea
divisoria
entre
ambos
municipios",
señala
el
documento.
Dentro de las 861 hectáreas pertenecientes
al
ejido
de
Santa
María
Chiconautla,
se
han
conformado
las
colonias
Prados
San
Juan,
Termoeléctrica,
Ejido
de
Chiconautla, La Laguna y Lázaro Cárdenas, las cuales carecen
de
los
servicios
públicos
básicos.
De acuerdo con dicho dictamen,
el
ejido
de
Santa
María
Chiconautla
se
encuentra
dentro
del
municipio
de
Acolman,
y
éste
ha
sufrido
desde
su
creación
diversas
expropiaciones
para
la
construcción
del
Cereso de Ecatepec, instalaciones
de
Petróleos
Mexicanos
y
la
Termoeléctrica
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad.
Saavedra Coronel indicó que el
dictamen
fue
llevado
ante
el
Congreso
local
desde
el
2003,
a
fin
de
que
los
diputados
emitieran
una
resolución
final
a
favor
de
Acolman.
No obstante lamentó que hasta el momento no se haya dado ninguna
resolución,
lo
que,
dijo,
ha
provocado
conflictos
entre
los
ayuntamientos
Forman valla por la preservación de área natural. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).
Piden expropiación
de
El
Cerrito,
una
de
las
pocas
áreas
verdes
que
hay
en
Naucalpan
Naucalpan , Méx.-
Con
una
valla
humana
de
más
de
500
personas,
niños,
corredores,
vecinos
y
deportistas
rodearon
la
zona
natural
de
El
Cerrito,
para
exigir
la
preservación
de
esta
área
verde
y
rechazar
la
construcción
del
centro
comercial
Lomas
Verdes
Plaza
en
el
lugar.
En tanto la presidenta municipal,
Angélica
Moya
Marín,
informó
que
solicitó
por
escrito
al
gobierno
del
estado
de
México
la
expropiación
de
El
Cerrito,
para
conservarlo
como
área
verde
en
beneficio
de
las
familias
naucalpenses.
Desde el amanecer de este domingo,
cientos
de
personas
se
congregaron
en
El
Cerrito,
lugar
al
que
acuden
a
practicar
ejercicios
como
caminata
y
carrera
al
aire
libre,
pero
esta
vez
prolongaron
su
permanencia
para
entrelazar
sus
manos
y
rodear
las
43
hectáreas
de
este
predio
que
han
reforestado
de
forma
espontánea
y
permanente
a
lo
largo
de
tres
décadas.
La valla humana inició en la avenida
Lomas
Verdes
y
se
prolongó
hacia
la
parte
trasera
de
El
Cerrito,
rodeando
este
centro
de
esparcimiento
que
también
se
ha
caracterizado
por
ser
un
sitio
idóneo
para
volar
papalotes
y
avioncitos
a
control
remoto.
Muchos niños conmovidos y con lágrimas
en
los
ojos
pidieron:
"¡No
destruyan
este
cerro!",
vestidos
con
playeras
de
color
blanco
con
la
leyenda:
"Defendamos
el
Cerrito".
En esta protesta pacífica los activistas
se
comprometieron
a
no
llorar,
es
decir,
a
no
hablar
de
la
pérdida
de
áreas
verdes
sino,
por
el
contrario,
a
luchar
para
preservar
ésta
que
aún
está
viva,
apuntó
Miguel
Miramontes.
En tanto la comisión vecinal de
resistencia
civil
amplió
la
custodia
de
El
Cerrito
a
una
guardia
nocturna,
luego
de
que
un
grupo
de
topógrafos,
presuntamente
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes,
colocaron
señalamientos
en
esta
área
verde
con
miras
a
iniciar
los
trabajos
de
un
distribuidor
vial.
"Vialidad que tampoco permitiremos,
pues
vendrá
a
destruir
esta
reserva
verde",
aseveró
Mayela Valdés Bernes.
Por su parte, la alcaldesa Moya
Marín
indicó
que
"es
un
deber
conservar
los
espacios
verdes
porque
a
pesar
de
que
reconocemos
que
se
trata
de
una
propiedad
privada,
su
desarrollo
resultaría
de
un
alto
costo
comunitario.
De
ahí
la
necesidad
de
que
autoridades
y
vecinos
caminemos
juntos
con
ese
propósito".
Amenazan construcciones ilegales a Espíritu Santo. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).
Atizapán, Méx.-
Bicicleta
de
montaña,
motocross,
entrenamiento
canino,
gotcha
y
cabalgatas
por
el
bosque,
reúnen
cada
fin
de
semana
en
Espíritu
Santo
a
cientos
de
empresarios,
profesionistas
y
asesores
financieros
que
acuden
a
uno
de
los
"últimos
pulmones"
del
valle
de
México,
que
ahora
es
asediado
por
la
proliferación
de
construcciones
ilegales.
Roberto Aguilar Salazar, director
de
Desarrollo
Urbano
de
Atizapán,
indicó
que
autoridades
municipales
de
Jilotzingo,
con
quienes
diputan
este
territorio,
han
permitido
indebidamente
la
construcción
de
58
edificaciones
en
el
ejido
de
Espíritu
Santo,
tanto
en
zona
boscosa,
como
en
el
área
natural
protegida,
modificando
ilegalmente
el
uso
del
suelo.
Espíritu Santo tiene una extensión
de
mil
270
hectáreas,
entre
las
que
destaca
su
zona
boscosa
y
área
natural
protegida
en
el
cerro
Chiluca,
la
cual
es
refugio
de
cientos
de
habitantes
urbanos
durante
los
fines
de
semana.
Saúl Higareda
y
Francisco
Arias,
ingeniero
y
asesor
financiero,
acostumbran
ir
los
domingos
a
Espíritu
Santo
en
sus
bicicletas
de
montaña
para
recorrer
cerca
de
16
kilómetros
entre
el
bosque
y
sacar
el
estrés
acumulado
durante
la
semana.
Otros, acompañados con sus mascotas,
acuden
a
alguno
de
los
centros
de
entrenamiento
canino
en
obediencia
y
agilidad
ubicados
en
este
ejido.
Los ejidatarios de Espíritu Santo
ven
con
buenos
ojos
estas
actividades
porque
traen
ingresos
a
su
ejido,
en
donde
ellos
rentan
parte
de
sus
parcelas
para
la
práctica
de
deportes
o
prestan
servicios
como
el
de
los
Tovar,
que
elaboran
barbacoa
de
horno.
GUERRERO
Difunde la CFE un anuncio en radio en el que Jorge
Campos
invita
a
apoyar
La
Prota. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE)
aceleró
su
campaña
de
propaganda
a
favor
de
la
construcción
de
la
presa
La
Parota,
ahora
con
un
spot
en
las
estaciones
de
radio
de
la
cadena
nacional
de
Grupo
Acir,
en
los
que
el
futbolista
acapulqueño
y
ex
portero
de
la
Selección
Nacional,
Jorge
Campos
Navarrete,
invita
a
apoyar
el
proyecto.
En el spot de 15 segundos, insertados
en
cada
espacio
comercial,
se
escucha
la
voz
del
ex
futbolista
originario
de
Plan
de
los
Amates,
quien
dice:
“Hola,
soy
Jorge
Campos,
orgullosamente
guerrerense.
Nuestro
estado
tiene
grandes
recursos
naturales
para
seguir
creciendo,
por
eso
junto
con
la
CFE
construyamos
la
presa
La
Parota”.
Agrega: “Nos traerá más de 10 mil
empleos,
carreteras,
clínicas
de
salud,
escuelas
y
mucha
pesca;
además
garantiza
el
agua
potable
para
los
próximos
50
años.
Por
eso,
la
construcción
de
La
Parota
nos
conviene
a
todos”.
La campaña aparece a pocos días
de
que
el
magistrado
del
Tribunal
Unitario
Agrario
(TUA),
Juan
Rodolfo
Lara
Orozco,
decretó
una
segunda
medida
cautelar
en
la
zona
de
los
Bienes
Comunales
de
Cacahuatepec,
con
la
cual
ordena
a
la
CFE
que
suspenda
los
estudios
preliminares
hasta
que
se
resuelva
la
solicitud
de
anulación
de
la
asamblea
del
25
de
abril
de
2004,
que
los
autorizó.
En el spot la CFE resume los beneficios
que
traerá
la
presa
y
con
ello
intensifica
su
campaña
para
buscar
el
respaldo
para
su
proyecto
de
más
de
mil
millones
de
dólares
–
del
cual
ya
han
mostrado
su
interés
empresas
de
Rusia
y
China–,
luego
de
dos
años
de
resistencia
de
comuneros
que
se
oponen.
Además de los spots en radio, como
parte
de
su
política
para
convencer
que
el
proyecto
es
lo
mejor
para
Guerrero,
la
CFE
desde
hace
varios
meses
ha
invitado
a
líderes
políticos,
empresariales
y
de
opinión,
reporteros,
autoridades
municipales
de
los
poblados
donde
se
pretende
construir
la
presa
y
a
los
responsables
de
Seguridad
Pública
del
gobierno
de
Zeferino
Torreblanca
Galindo,
a
la
presa
El
Cajón,
ubicada
en
Tepic,
Nayarit,
una
obra
similar
a
lo
que
sería
La
Parota
y
donde
se
pueden
observar
“el
desarrollo”
que
alcanzaría
el
estado.
Además en su campaña también incluyó
folletos
y
la
impresión
de
cuadernillos
en
los
que
se
explica
qué
es
la
presa
La
Parota
y
sus
beneficios.
Exigirán los desalojados de Granjas del Marqués
la
expropiación
de
ese
predio. (El Sur, Magdalena Cisneros,
p.web).
Los afectados
recabarán
firmas
de
los
acapulqueños
para
llevarlas
ante
diputados
locales
y
federales.
Anuncian
una
marcha
para
el
jueves
de
la
glorieta
de
Puerto
Marqués
al
Ayuntamiento
Durante la segunda asamblea de
pueblos
y
colonias
de
Acapulco,
vecinos
de
Granjas
del
Marqués
acordaron
que
marcharán
el
jueves,
de
la
glorieta
de
Puerto
Marqués
al
Ayuntamiento,
en
protesta
por
el
desalojo
y
que
reunirán
50
mil
firmas
para
lograr
“un
decreto
expropiatorio”.
También se formará una “comisión
jurídica”
de
abogados
para
dar
seguimiento
al
desalojo,
sucedido
el
29
de
junio,
y
a
otras
situaciones,
además
de
que
más
colonias
y
comunidades
se
unieron
a
ellos.
El sábado, a la asamblea asistieron
representantes
de
las
colonias
Bocamar,
La
Laja,
ex
Campo
de
Tiro,
19
de
Noviembre,
Los
Dragos,
ampliación
Llano
Largo,
Lomas
del
Valle;
los
poblados
de
Tres
Palos,
El
Podrido,
así
como
la
Unión
Nacional
de
Trabajadores,
el
Consejo
de
Ejidos
y
Comunidades
Opositores
a
la
Parota.
El ejidatario de Llano Largo, Jesús
Cruz
Chupín,
explicó
que
en
la
asamblea
“tratamos
de
hacer
la
unión
de
todos
los
pueblos
para
seguir
defendiéndonos
de
lo
que
(Alberto)
López
Rosas,
el
gobierno
estatal
y
federal
están
tratando
de
hacer,
porque
poco
a
poco
van
desalojando
una
colonia,
luego
otra
y
mientras
no
nos
unamos
esto
va
a
seguir”.
Reiteró que desean que más colonias
se
unan
para
“estar
en
contacto
ante
cualquier
atrocidad”.
El dirigente del PT, Leopoldo Calderón,
explicó
que
la
recolección
de
firmas
es
para
“llevarlas
a
los
diputados
locales
y
federales
y
se
elabore
un
decreto
expropiatorio
de
las
tierras
en
beneficio
de
las
colonias”.
Por su parte, Rocío Leal mencionó
que
hoy
se
reunirán
con
el
alcalde
Alberto
López
Rosas
y
autoridades
de
la
desaparecida
Banca
Cremi.
En la asamblea también se acordó
que
se
reunirán
cada
ocho
días
en
diferentes
lugares,
por
ejemplo,
el
20
de
agosto
estarán
en
Atoyac,
en
el
38
aniversario
de
la
masacre
de
copreros;
el
3
de
septiembre
irán
a
la
isla
Montosa;
el
17
a
Tres
Palos;
el
8
de
octubre
en
la
colonia
ex
Campo
de
Tiro,
y
el
22
de
octubre
en
la
Ampliación
Llano
Largo.
Allí, los opositores a la presa
La
Parota
aprovecharon
para
reiterar
su
postura.
El 29 de junio, 50 familias fueron
desalojadas
de
la
colonia
Granjas
del
Marqués
46
por
policías
preventivos
y
del
estado.
La movilización se dio con base
a
una
orden
de
la
juez
cuarto
del
Ramo
Civil
del
distrito
judicial
de
Tabares, Gabriela Ramos Bello, quien en el expediente 508-3/2000
determinó
que
el
terreno
pertenece
a
la
desaparecida
Banca
Cremi
y
no
a
los
colonos,
quienes
tienen
16
años
de
habitar
el
lugar.
NUEVO LEÓN
Pugnan vecinos de NL por recuperar 263 hectáreas. (La Jornada, David Carrizales, p.web).
Monterrey, NL. Vecinos de la colonia Agropecuaria Emiliano
Zapata
en
El
Carmen,
Nuevo
León,
con
apoyo
de
la
defensoría
de
oficio
del
gobierno
estatal
y
organizaciones
del
Frente
Sindical
Campesino
Indígena
Social
y
Popular,
presentarán
alrededor
de
200
demandas
civiles
para
recuperar
263
hectáreas
que
les
arrebató
el
empresario
pedrero
Alfredo
Villarreal
Elizondo,
quien
ordenó
la
demolición
y
derrumbe
de
sus
casas.
Representantes
de
la
Central
Campesina
Cardenista
y
del
Sindicato
de
Telefonistas
señalaron
que
el
apoyo
del
aparato
jurídico
del
gobierno
estatal
"da
garantías
para
evitar
maniobras
y
traspapeleo
de
los
expedientes,
como
ya
ha
ocurrido".
Confiaron
en
que
los
afectados
-que
mantienen
un
plantón
en
la
Gran
Plaza
desde
el
17
de
enero
pasado-
pronto
van
a
recuperar
sus
tierras,
porque
fueron
víctimas
de
un
proceso
amañado
de
dicho
empresario
y
del
juez
Raúl
Farfán.
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