Jueves 21 de octubre de 2004 Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN SECTOR
AGRARIO AVANCE SUPERIOR AL 84%
EN CERTIFICACIÓN DE EJIDOS...
EXIGEN A REFORMA
AGRARIA PAGO DE 15 MIL HECTÁREAS INVADIDAS POR EL EZLN...
ALCALDE ZACATECANO
AFIRMA QUE POLICÍAS DE DURANGO AMENAZARON A PEQUEÑOS PROPIETARIOS...
EL DESACUERDO AGRARIO
AL QUE FOX “PUSO FIN”...
SALAZAR COMPARECE ANTE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS...
SALAZAR ADAME NIEGA
IRREGULARIDADES ELECTORALES...
SECTOR
AGROPECUARIO DESCATAN HUECO QUE DEJÓ
EL CAMPO NO AGUANTA MÁS...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO SE NIEGA CONAGUA A
CUMPLIR COMPROMISOS CON MAZAHUAS...
PRETENDE ATIZAPÁN
ARREBATAR 1,200 HAS. A JILOTZINGO: ECS...
“VIDA NACIONAL” En
defensa de los derechos políticos de los funcionarios –siempre y
cuando lo hagan fuera de sus ocupaciones oficiales y con recursos
propios- salió en la Cámara de Diputados el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame y ofreció renunciar en caso de
que se compruebe de algún desvío de fondos oficiales para fines
electorales... AVANCE SUPERIOR AL 84%
EN CERTIFICACIÓN DE EJIDOS El
procurador agrario Isaías
Rivera Rodríguez, aseguró que el Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos (Procede),
cuya finalidad es proveer de certidumbre en la tenencia de la tierra a
miles de ejidatarios, registra un avance superior al 84 por ciento. Luego
de la firma del Acuerdo del Precierre del Procede en Yucatán, el
funcionario dijo que a la fecha han certificado 25 mil 200 de los 30
mil núcleos ejidales que hay en el país. Precisó
que para cumplir con el objetivo se han invertido de 1995 a la fecha
10 mil 500 millones de pesos y se espera una ampliación de dos mil
millones de pesos, para concluir el programa en el año 2006 con el
100 por ciento de certificación. Dijo
que en el caso de Yucatán, el avance es del 93 por ciento de los núcleos
agrarios certificados y sólo restan 31, que podrán incorporarse
cuando quieran. "El
precierre es el último llamado para que los ejidatarios se sumen a
este programa y le den certeza jurídica a sus propiedades, ya que eso
permite dar mayor tranquilidad y condiciones propicias para el
bienestar", agregó. Aclaró
que a pesar de lo que se cree, el Procede no ha impulsado la
privatización de las tierras ejidales en el país, pues muchos
pensaron que cuando los campesinos o ejidatarios tuvieran la propiedad
empezarían a venderlas en forma masiva. Eso
no ha sucedido así, pues de hecho menos del 0.8 por ciento de la
superficie certificada puede decirse que ahora está en manos privadas
y en muchos de los casos se privatizaron para dar vida a proyectos
productivos que generan beneficios a quienes tenían la propiedad de
la tierra. "Estamos
hablando de desarrollos turísticos, proyectos inmobiliarios y
agronegocios y algunas empresas de otros giros que generan empleo y
desarrollo en las comunidades en donde se asientan", indicó. EXIGEN
A REFORMA AGRARIA PAGO DE 15 MIL HECTÁREAS INVADIDAS POR EL EZLN Representantes
de más de 200 ganaderos y pequeños propietarios que perdieron sus
tierras a raíz del levantamiento del EZLN en 1994, acudieron hoy a la
Secretaría de la Reforma
Agraria para reclamar una vez más al gobierno federal el pago de
unas 15 mil hectáreas invadidas por simpatizantes y miembros del
grupo armado. Tras
haber sido engañados por seudo líderes de que sus pagos ya estaban
listos en la oficina de la SRA en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, más de
50 ganaderos y pequeños propietarios que perdieron sus tierras por
invasiones de indígenas simpatizantes y miembros del movimiento
armado zapatista arribaron a esta ciudad, procedentes de los
municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Los
campesinos llegaron para indagar si era real tal aseveración, pero
fueron recibidos por la delegada especial en Chiapas de la SRA, Martha
Cecilia Díaz Gordillo, quien les aclaró que no existía tal pago,
pero que espera que en el presupuesto de egresos del 2005, pudiese
contemplarse y aprobarse en el seno del Congreso de la Unión una
partida para ello. Los
campesinos que llegaron hoy son representantes de unos 225 pequeños
propietarios y ganaderos. A
raíz del levantamiento armado del EZLN en 1994, varios grupos de indígenas
simpatizantes y miembros de los rebeldes se dieron a la tarea de
invadir --"recuperar", según ellos--, tierras en poder de
los caciques de la zona del conflicto. ALCALDE
ZACATECANO AFIRMA QUE POLICÍAS DE DURANGO AMENAZARON A PEQUEÑOS
PROPIETARIOS El
ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, denunció ante el Congreso
local que policías ministeriales de Durango, armados y en vehículos
oficiales, habrían hostigado a pequeños propietarios de Zacatecas,
lo que, agregaron, reaviva el conflicto que éstos mantienen con indígenas
tepehuanos del municipio duranguense de Santa María Ocotán. Diputados
de los partidos representados en el Poder Legislativo de Zacatecas
abordaron el asunto en tribuna y lo turnaron a las comisiones de
Gobernación y Especial. Mediante
una misiva, Abel Bañuelos Salazar, secretario del ayuntamiento de
Valparaíso, Zacatecas, informó a los legisladores que el 14 de
octubre agentes ministeriales de Durango, sin presentar identificación
ni documento que amparara su estancia en el predio La Pila del Macho,
a 18 kilómetros de la comunidad de San Juan Capistrano, municipio de
Valparaíso, Zacatecas, "amenazaron" a Gorgonio Ibarra Enríquez,
propietario de dicho terreno. Los
razonamientos que le dieron fueron que se encontraba en propiedad o
terreno perteneciente a los tepehuanos", dijo. El
predio -ubicado al suroeste de Bernalejo de la Sierra, en poder de los
tepehuanos- tiene una superficie de mil 350 hectáreas y forma parte
de las 100 mil que los indígenas de Durango esperan
"recuperar" frente a ejidatarios y pequeños propietarios
rurales de Zacatecas, quienes tienen la posesión de éstas desde los
años 40 y 50 del siglo pasado. Ante
estos sucesos, el ayuntamiento de Valparaíso pidió al Congreso
zacatecano "su intervención inmediata" para que se tomen
"las medidas necesarias y legales para evitar un conflicto con
este grupo indígena (...) también se solicita que se requiera por su
conducto la intervención de las autoridades de Durango, con el fin de
que intervengan en la solución de este problema". La
gobernadora Amalia García indicó que buscará en las próximas horas
a Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma
Agraria, "de tal manera que podamos encontrar un cauce para
garantizar a los pobladores la tranquilidad y condiciones para seguir
desarrollando sus actividades cotidianas con la mayor seguridad".
EL
DESACUERDO AGRARIO AL QUE FOX “PUSO FIN” En
febrero de 2003, empuñando lanzas de madera, unos 5 mil tepehuanos de
Durango amagaron con desalojar a 64 familias zacatecanas de un predio
de 5 mil 462 hectáreas quienes ocupan esas tierras desde los años
cincuenta. Los indígenas se instalaron en las inmediaciones de los
poblados Bernalejo y Pajaritos e impidieron el acceso al lugar. En
marzo de 2003, en presencia del enviado presidencial Florencio
Salazar Adame, los indígenas desalojaron a los ejidatarios
zacatecanos, quienes son auxiliados y escoltados por la Policía
Ministerial de Zacatecas para abandonar el lugar sin ser agredidos.
Consumada la ocupación, medio millar de efectivos del Ejército y de
la Policía Federal Preventiva se presentaron en el lugar para evitar
choques. El litigio persistió en los tribunales agrarios, a pesar de
que la Secretaría de la Reforma Agraria "indemnizó" a la
mayor parte de los desalojados. En
11 de febrero de 2004, el presidente Vicente Fox visitó el lugar y
decidió "poner fin" al conflicto agrario (con la
desaprobación pública del entonces gobernador de Zacatecas, Ricardo
Monreal) y "entregó" formalmente las tierras de Bernalejo a
los tepehuanos, acompañado por el también ex gobernador de Durango,
Angel Sergio Guerrero Mier. Cuatro
días mas tarde, en la ciudad de México, el magistrado presidente del
Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, aseguró que el
conflicto de Bernalejo de la Sierra "no está cerrado... ni técnica
ni jurídicamente", corrigiendo así al presidente Vicente Fox. A
finales de septiembre de 2004, Delfino Blanco Pasillas, abogado de
siete familias de pequeños propietarios rurales, denunció que los
tepehuanos han emplazado a sus representados para que abandonen las 12
mil hectáreas de bosque y agostadero de las que son dueños. Este 15
de octubre, policías ministeriales de Durango "notifican" a
uno de esos propietarios, Gorgonio Ibarra, que abandone su finca y
tierras, con una superficie superior a las mil 300 hectáreas. SALAZAR
COMPARECE ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS La
Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) no busca soluciones coyunturales ni paliativos a los
problemas del campo, sino su atención integral que impulse su
desarrollo y que permita superar sus rezagos, afirmó Florencio
Salazar Adame, titular de la dependencia. Al
comparecer ante la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de
Diputados, el funcionario federal afirmó que no conviene eliminar
seguridad jurídica del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
(Procede) que avala la propiedad de la parcela, por lo que rechazó
la intención de regresar a políticas del pasado en relación a la
tenencia de la tierra. Aseveró
el secretario de la Reforma Agraria que en la presente administración
se han certificado 14 millones 404 mil 507 hectáreas, las cuáles
dejan libres de pugnas a 153 mil 570 hectáreas, por ello reiteró que
la dependencia tiene como meta concluir el programa en el 2006 con la
certificación de 18 millones de hectáreas. SALAZAR
ADAME NIEGA IRREGULARIDADES ELECTORALES El
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); Florencio Salazar Adame,
negó que haya alguna irregularidad de carácter electoral en la
dependencia a su cargo y se comprometió a dejar el cargo si se
comprueba que se ha desviado” un solo céntimo” a acciones de ese
tipo. En
la sesión de respuestas a diputados federales, de la Glosa del IV
Informe de Gobierno, el funcionario aceptó que asistió a un acto del
candidato panista a la gubernatura del estado de Veracruz, Gerardo
Buganza Salmerón. Sin
embargo, recalcó que fue con sus propios recursos y ejerciendo sus
derechos políticos y responsabilidades ciudadanas. DESCATAN HUECO QUE DEJÓ
EL CAMPO NO AGUANTA MÁS Con
un llamado a la unidad y a construir nuevos espacios de diálogo y
encuentro entre las organizaciones que en su momento conformaron el
movimiento El campo no aguanta más, se presentó el libro El nuevo
movimiento campesino mexicano, en el que investigadores
universitarios, asesores y dirigentes de las agrupaciones que
participaron en aquel resumen del despertar campesino calificaron al
actual gobierno de "anticampesino y antiagrarista". Víctor
Manuel Quintana, asesor del Frente Democrático Campesino en
Chihuahua, pidió a los dirigentes de las diversas organizaciones que
integraron el movimiento reconstituirse como sujetos sociales y
retomar la bandera campesina, recomendó conjugar la demanda social y
de movilización apostando a la alianza con los excluidos, y sugirió
reconstituir la confianza "entre nosotros, para resistir y seguir
construyendo en el ámbito nacional y global". Puntualizó que la trinidad -capacidad técnica,
concertación política y conocimiento de las organizaciones locales-
para construir una acción unitaria fuerte y sin divergencias es muy
difícil de lograr. Después de la ''bajada carismática'' del
movimiento, ahora es necesaria, indicó, la recomposición de las
organizaciones campesinas y su unificación para demandar al gobierno
el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo. Antes
el investigador y director del Instituto Maya, Armando Bartra, apuntó
que la enseñanza que dejó la ruptura del movimiento es que los
campesinos no deben caer en el regateo bilateral sino negociar unidos,
en conjunto, hasta el final. Aclaró que casi todos los integrantes
perseguían un mismo fin; sin embargo la diáspora provino de las
demandas particulares. Advirtió
que en este momento está en juego la autonomía política de clase de
los campesinos. ESTADO
DE MÉXICO SE NIEGA CONAGUA A
CUMPLIR COMPROMISOS CON MAZAHUAS Entre
los diversos manifestantes y grupos cada día acuden a la plancha del
Zócalo de la ciudad de México, ayer nueve integrantes del Frente Común
para la Defensa de los Derechos Humanos y los Recursos Naturales del
pueblo mazahua mantuvieron por más de cinco horas un plantón de
protesta por "las mentiras" de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua). "No
quieren iniciar las obras comprometidas para este año, todo lo
quieren hacer en 2005", dijeron Armando Velázquez Alonso y
Agustina Araujo, quienes junto con el grupo sostenían carteles del
tamaño de una libreta escolar en los que exigían a la Conagua cumpla
con los compromisos adquiridos el pasado 10 de octubre. El
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas
Jiménez, mostró "voluntad política, pero todo está detenido.
Nos dijeron que las obras y la entrega de la maquinaria será hasta el
próximo año; si es así no produciremos en el ciclo primavera-verano
de 2004-2005 sino, posiblemente, hasta el otoño-invierno"
2005-2006, asentó Velázquez Alonso. Las
autoridades ambientales y Conagua se habían comprometido a pagar 2
millones de pesos por las 300 hectáreas que se inundaron al abrir una
de las compuertas de la presa Villa Victoria, edificar piletas para
retener la lluvia e iniciar obras de agua potable para el ejido Mesa
San Martín a finales de octubre, y crear invernaderos familiares y
granjas con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y el gobierno
del estado de México. Advirtieron
que el plantón que sostienen desde el pasado 15 de septiembre frente
a la planta potabilizadora de Berros volverá a ser numeroso y las
mujeres ya evalúan integrarse de nuevo en el Ejército Zapatista
Mazahua para la Defensa del Agua. PRETENDE
ATIZAPÁN ARREBATAR 1,200 HAS. A JILOTZINGO: ECS El
alcalde priísta de Jilotzingo, Eleuterio César Solís reconvino a la
cordura a su homólogo de Atizapán de Zaragoza, el panista, Salvador
Vázquez Herrera, quien pretende despojar de mil 200 hectáreas al
primer municipio, y agregó que el alcalde Vázquez Herrera, insiste
en quedarse con el territorio que abarca a cinco comunidades locales
en los límites de la zona Esmeralda del municipio de Atizapán de
Zaragoza. Explicó
que las mil 200 hectáreas que pretende arrebatar la comuna atizapense
tiene un valor estimado de casi 6 mil millones de pesos, y denunció
que el edil de Atizapán “no entiende razones legales, ni presta
atención a pruebas documentales que señalan que pertenece a
Jilotzingo la zona territorial en disputa”. Externó que al respecto los pueblos de Santa Ana, San Miguel, Espíritu Santo, Santa María Mazatla y San Luis Ayucan, que hoy ocupan las mil 200 hectáreas en disputa, fueron incorporadas a Jilotzingo en 1868, estableciéndose en el decreto respectivo que sus límites al oriente llegaban al municipio de Tlalnepantla. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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