Miércoles 3 de noviembre de 2004


 Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
El Universal • La Jornada • El DiarioDF • Ovaciones



SECTOR AGRARIO 

CUMPLE ACUERDOS LA PROCURADURÍA AGRARIA...  ver nota completa....


EN 2006 CONCLUIRÁN CON PROCEDE...  ver nota completa....


BUSCAN APOYAR CON TIERRAS A JÓVENES CAMPESINOS...  ver nota completa....


PERSISTEN CONFLICTOS LIMÍTROFES EN 7 ESTADOS...  ver nota completa....


ESTADOS

OAXACA 

DENUNCIAN SAQUEO DE RECURSOS EN OAXACA...  ver nota completa....


SAN LUIS POTOSÍ 

PESE A LA SENTENCIA EN CONTRA, LUEGE DEFIENDE A MINERA SAN XAVIER...  ver nota completa....




SECTOR AGRARIO 

CUMPLE ACUERDOS LA PROCURADURÍA AGRARIA
Nota Informativa, La Jornada, página 40

La Procuraduría Agraria informó que desde el pasado 11 de agosto los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) se encuentran detenidos en ejidos del valle de Uxpanapa, Veracruz, por una solicitud de comuneros de Santa María Chimalapa. Oaxaca.

El subprocurador agrario, Rogelio Parra Silva, precisó que los comuneros oaxaqueños solicitaron a la Procuraduría suspender los trabajos del Procede que se realizan en el Valle de Uxpanapa, porque la medición de esas tierras “podría afectar los límites” de Santa María Chimalapa.

El funcionario indicó que desde el pasado 11 de agosto los trabajos de medición en los ejidos veracruzanos se encuentran suspendidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo con un compromiso contraído por la Procuraduría con los comuneros oaxaqueños.

Asimismo, funcionarios de la dependencia asistieron el pasado 26 de octubre a una reunión en Matías Romero, Oaxaca, donde se enseño a los comuneros de los Chimalapas documentos y planos mediante los cuales se demostró que ninguno de los ejidos del valle de Uxpanapa colinda con ellos y por tanto no les afecta la medición que el Procede realiza en esas tierras veracruzanas.

La Procuraduría Agraria ratifica que los trabajos del Procede estarán detenidos indefinidamente, hasta en tanto no haya una solución satisfactoria para ambas partes.

El subprocurador reiteró que el Procede es voluntario y gratuito, y sólo se incorporan los núcleos agrarios que lo decidan libremente en asamblea.


EN 2006 CONCLUIRÁN CON PROCEDE
Nota Informativa, El DiarioDF, página 4D

El titular de la Procuraduría Agraria, Eduardo Isaías Rivera Rodríguez dijo que el Gobierno Federal contempla concluir en el 2006 el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

Luego de encabezar un acto con el secretario general de Gobierno estatal, en Saltillo, Coahuila, Raúl Sifuentes Guerrero, el funcionario federal indicó que ya declararon el cierre operativo del procede en tres entidades del país.

Agregó que este año harán un precierre de este programa en otras 12 entidades del país, entre las que se encuentran Coahuila, Baja California Sur, Yucatán, Querétaro, Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala.

El funcionario federal negó que este programa vaya o tienda a la privatización de las tierras, “sólo las regulariza y define lo que le corresponde a  cada quién”.

Mencionó que estiman que al final del Procede, de las 103 millones de hectáreas de propiedad social en el país, unas 10 millones se queden sin regularizar por conflictos internos en las comunidades.


BUSCAN APOYAR CON TIERRAS A JÓVENES CAMPESINOS
Carlos Velasco, El Universal, página 11

Con una inversión incivil de 200 millones de pesos, el gobierno federal intentará frenar la migración de jóvenes campesinos mexicanos hacia Estados Unidos y estos recursos los asignará para que renten o compren tierras que están ociosas por el envejecimiento de los ejidatarios, que en su mayoría rebasan los 60 años de edad, dijo Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria.

A través del Programa de Fondo de Tierras, de apoyo a jóvenes campesinos, el secretario de la Reforma Agraria explicó que se busca, más allá del subsidio público, corresponsabilizar a los jóvenes y a los sujetos agrarios para que tengamos proyectos productivos de mayor aliento y que además podamos establecer un cambio de paradigmas en el campo mexicano.

"Hoy somos improductivos en buena medida porque está envejeciendo el sujeto agrario. La edad promedio de los campesinos y campesinas es de más de 55 años, no cambian sus técnicas de cultivo, no acceden a nuevas tecnologías, no tienen financiamiento y como la seguridad social no fue prevista para los hombres y mujeres del campo, se mantienen en la tierra porque no tienen otro recurso de sobrevivencia", destacó Salazar Adame.

Por ello, señaló el funcionario, si nosotros podemos transferir la tierra a manos jóvenes, vamos a dar un giro fundamental en este aspecto y haremos propicio que los jóvenes, con una nueva mentalidad, con nuevos recursos, con nuevos ímpetus, puedan acceder a la tierra y al mismo tiempo otorgar una renta a los campesinos mayores para que puedan retirarse del trabajo arduo que significa las parcelas.

Detalló Salazar Adame que se inició el programa en ocho estados del país y "hemos decidido que así sea precisamente para no cometer el error de implementar un programa de amplia cobertura que pueda significar el derroche de recursos en un gasto estéril".

Por otra parte, rechazó las críticas vertidas al Programa de Certificación de Tierras y Solares Urbanos, pues hasta el momento, dijo el funcionario, y después de 12 años de aplicar el Procede, únicamente 800 mil hectáreas de ejidos se han privatizado, de un total de 103 millones que hay en el país.


PERSISTEN CONFLICTOS LIMÍTROFES EN 7 ESTADOS
Mauricio Padilla, Ovaciones, página 3

A pesar de que el rezago agrario prácticamente concluyó, los conflictos por la posesión de la tierra nunca acabarán, advirtió el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, quien comentó que esos temas producen “mucha efervescencia”.

Explicó que del rezago agrario consistente en seis mil 22 expedientes, sólo quedan por resolverse 17, es decir, 0.28 por ciento.

Sin embargo, reconoció que todavía persisten graves conflictos limítrofes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Jalisco y Chiapas.


ESTADOS

OAXACA 

DENUNCIAN SAQUEO DE RECURSOS EN OAXACA
Guillermina Guillén, El Universal, página 2

Sus pies resecos se apoyan en un par de huaraches que dicen todo sobre su condición: Crisólogo Calleja Hernández es un indígena cuicateco dedicado a los cultivos de sobrevivencia maíz, frijol, calabaza, tomate y jitomate.

Este indígena es tan común como unos 20 millones de mexicanos que, como él, pueden dar cuenta de la misma realidad, desde sus viviendas enclavadas en la punta de un cerro.

Hay algo que, sin embargo, lo está haciendo cambiar: su miedo. Tiene miedo a ser más pobre y ya le está ocurriendo.

Originario de Cacaltepec, perteneciente al municipio oaxaqueño de Santos Reyes Pápalo (de los más rezagados de México), Crisólogo asegura ser víctima igual que habitantes de 28 comunidades mixes, chatinas, zapotecas y de mestizos de actos represivos que el gobierno estatal ha emprendido contra quienes protestan por el saqueo de sus recursos naturales a cargo de empresas privadas.

“Llueve menos”

Los gobiernos municipal, estatal y federal han permitido que sus árboles de pino sean extraídos de sus tierras. "Ahora estamos más pobres. Ya llueve menos porque no tenemos nuestros bosques. Me acuerdo que antes empezábamos a sembrar entre marzo y abril, que era la temporada de lluvias. Este año empezamos en septiembre... perdimos cinco meses de agua... y de frijol y de maíz", lamenta el indígena, padre de cinco hijos.

Defenderán ¡hasta a las piedras!

"Nos vimos obligados a organizarnos porque no hay respeto a nuestras comunidades por ser indígenas; hemos sido reprimidos por defender nuestra tierra, el agua, la madera, la vida silvestre que hay en ella, la arena... ¡hasta las piedras!" "¡Son recursos nuestros y queremos que se nos respete! Estamos luchando contra el saqueo porque no es justo que a nosotros, que cuidamos a los recursos naturales, se nos prohíba siquiera tomar agua para regar nuestros cultivos. Pero sí se permita a empresas que vienen de fuera a cortar toda la madera que quieran sin consultarnos", dice molesto el indígena, mientras su dedo índice apunta hacia unas copias fotostáticas que dan fe de la lucha que han sostenido con cuanta autoridad se requiere.

El conflicto también relacionado con problemas agrarios no resueltos ha causado muertes y 14 detenidos.


SAN LUIS POTOSÍ 

PESE A LA SENTENCIA EN CONTRA, LUEGE DEFIENDE A MINERA SAN XAVIER
Angélica Enciso, La Jornada, página 37

Pese a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que la autorización de uso de suelo condicionada que en 1999 dio el Instituto Nacional de Ecología (INE) a Minera San Xavier contravino las disposiciones jurídicas federales y, por tanto, resolvió anular el citado permiso, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Luis Luege Tamargo, defendió el proyecto de la empresa canadiense y tildó de absurda la oposición comunitaria al proyecto.

En la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, hay efectos ambientales que se pueden mitigar y es "absurdo" que la comunidad se oponga al proyecto, ya que traería grandes beneficios económicos, sostuvo Luege.

Invitó a la comunidad para que "razone un poco en que sí puede haber explotación minera que cumpla con las condicionantes ambientales; además toda acción del hombre tiene impactos ambientales y la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca mitigarlos al máximo".

Agregó que hay explotaciones que se pueden hacer siempre y cuando la minera se ajuste a lo que establece la MIA. "Puede haber hábitat que se afecten, pero pueden tener una extensión mayor, sin embargo en San Luis Potosí el problema es con el tráfico de ejemplares; es lo que más impacta. La minería tiene menos afectación de especies, pues se trata de un tajo de hectáreas; me parece que es algo que sí se puede hacer."

En esos días el presidente municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo, quien autorizó la obra y ahora enfrenta una demanda por desacato de una orden judicial, señaló que los promotores de la minera pretendían obtener la autorización violando la ley, sin cumplir con las condiciones que impuso a la minera la Semarnat.

Carlos Covarrubias, representante de ejidatarios, advirtió entonces que la empresa tenía permisos ilegales de los propietarios rurales sobre los terrenos donde se prevé parte de la explotación minera y frente a ello los ejidatarios tienen cuatro amparos interpuestos en los que se determinó la suspensión de plano de las obras.



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