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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO MONTES
AZULES, MOSAICO CULTURAL EN PELIGRO DE DESINTEGRARSE...
POLÍTICA
FORESTAL: APENAS UN RETOÑO...
SRA
CUENTA CON RECURSOS PARA RESOLVER LOS “FOCOS ROJOS”...
AÑEJA
DISPUTA POR LA TIERRA...
ESTADOS MICHOACÁN EN
PELIGRO, LOS MANANTIALES MICHOACANOS POR DESECHOS DE FÁBRICA Y
ASENTAMIENTOS IRREGULARES...
SAN
LUIS POTOSÍ SENTENCIA
CONTRA MINERA SAN XAVIER PRUEBA ANOMALÍAS EN SU AUTORIZACIÓN...
SONORA PRETENDE
EJIDO SAN LUIS RESCATAR TRES MIL HECTÁREAS DE TIERRAS...
MONTES
AZULES, MOSAICO CULTURAL EN PELIGRO DE DESINTEGRARSE En la
selva Lacandona más de un millar de familias de diversas etnias están
en posesión de la tierra, pero sin derecho legal a ella. Desde
principio de siglo pasado, y más profusamente en las últimas cuatro
décadas, choles, tzotziles, tzeltales, zoques y tojolabales, entre
otros, fueron llegando en busca de una oportunidad de subsistencia. Durante
este periodo, miles de indígenas -originarios de otros estados de la
República e incluso de países como Guatemala-, sumados a los nativos
del lugar -los lacandones-, han convertido a la selva en un mosaico de
culturas, que tienen en común la pesadumbre de ir abriendo brechas y
arrancando espacios a la vegetación. Actualmente
se intenta regularizar la tenencia y uso de la tierra, lo que ha
provocado un conflicto en la región. Para la
gente de la selva, ésta se divide en la zona de las Cañadas, que es
el centro; la región del Desempeño, al norte; la región Tzendales,
colindante con Guatemala, y el sur, dividido por el río Lacantún con
Marqués de Comillas y una parte también de Guatemala. Luego
del alzamiento zapatista en 1994, la selva quedó bordeada en uno de
sus extremos por la carretera fronteriza construida por el Ejército
Mexicano. Por los otros lados están los caminos que conducen a
Ocosingo, Las Margaritas y Marqués de Comillas. A
principios del siglo pasado compañías deslindadoras pagaban en
especie a los campesinos que quisieran llegar a vivir el lugar. Una
tercera parte de las tierras delimitadas les pertenecerían, según el
convenio establecido con el entonces Departamento de Colonización del
Gobierno. Hace
apenas 30 años esta política de colonización continuaba de
facto, y muchos labriegos llegaron a poblar la selva con el
consentimiento de las autoridades de Ocosingo, según consta en
documentos que aún están en su poder. En
1972, el gobierno federal entregó, de forma virtual, 614 mil hectáreas
a 60 familias lacandonas. Sin embargo, fue en 1988 cuando se midieron
los terrenos y se supo que tenían una extensión de sólo 501 mil
hectáreas. Actualmente se conoce la propiedad como los bienes
comunales de la selva Lacandona. Legalmente
los lacandones son los únicos propietarios de dicha extensión. Antes
de eso, las autoridades federales habían entregado, vía
"resolución presidencial", 32 mil hectáreas de esa misma
tierra en favor de 17 poblados que ya existían. Después de 1972 se
emitió otra "resolución presidencial", por 87 mil hectáreas,
en favor de 31 núcleos agrarios. En
tanto, otras 43 comunidades fueron fundadas, las cuales no cuentan con
ningún título de propiedad o dictamen agrario que acredite su
estancia legal. Inclusive hay algunas creadas hace apenas cuatro años,
cuyos pobladores son los llamados "grupos irregulares", a
los que se pretende reubicar o legalizar. Y
dentro del polígono que comprende los bienes comunales de la etnia
lacandona -compuesta ahora por unas 300 familias que habitan en solo
tres poblados- se ubican las 331 mil hectáreas que componen la
reserva de la biosfera Montes Azules, creada en 1977. Apoyados,
y en algunos casos incentivados por grupos ambientalistas de gobierno
e independientes, los lacandones comenzaron, luego del alzamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una campaña para
expulsar a los núcleos agrarios que habitan lo que legalmente sería
su propiedad. Hasta
antes de 2000, la política de los gobiernos federal y estatal era el
desalojo de la totalidad de los poblados ajenos a los bienes
comunales. Inclusive
se llevaron a cabo fallidas reubicaciones, en las que se sacó de la
región a al menos tres comunidades, para abandonarlas en la zona de
Marqués de Comillas, mismas que volvieron al poco tiempo a la selva. Organizaciones
no gubernamentales, como Maderas del Pueblo del Sureste, reconocida
por su trabajo de conservación en la zona de Los Chimalapas,
denuncian que detrás de los intereses por desaparecer a los poblados
de la selva están las corporaciones multinacionales, que quieren
obtener agua o petróleo, y desarrollar la biotecnología y el
ecoturismo en la selva Lacandona. Las
negociaciones entre los ambientalistas que pugnaban por la salida
forzada de las comunidades y los grupos del gobierno que se negaban a
asumir el costo político de tal decisión permitieron conformar, en
junio de 2003, un grupo multisecretarial que elaboró, por primera vez
en la historia de la colonización de la selva, un diagnóstico en
campo para determinar el número de poblados, la extensión que ocupan
y el número y origen de sus habitantes. Bajo la
coordinación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se
logró entablar negociaciones con los grupos involucrados, incluidos
los lacandones, mediante las cuales a la fecha se acordó reubicar 16
poblados, y cinco están en proceso de regularización vía expropiación
de terrenos de bienes comunales, previo pago de unos 33 millones de
pesos. Otros cuatro poblados determinaron retornar a sus lugares de
origen. El
compromiso de las autoridades para con los grupos a reubicar fue la
entrega de unas 20 hectáreas por familia, en terrenos fuera de la
selva, así como la indemnización y pago por las cosechas, animales y
demás bienes que los involucrados poseen. Bajo
este esquema, sólo ha salido la comunidad San Francisco El Caracol,
asentada en la parte sur de la selva. Para ellos las autoridades
construyeron un nuevo centro poblacional, bautizado como Santa Martha,
en Marqués de Comillas, que se constituiría como el modelo a seguir. POLÍTICA
FORESTAL: APENAS UN RETOÑO México,
cuarto país con mayor biodiversidad del mundo, está desperdiciando
oportunidades de desarrollo a partir del sector de la silvicultura. La
producción forestal es hoy apenas un tercio de la programada por el
gobierno federal. Se trata de una riqueza perdida entre la tala
clandestina y el atraso en la explotación industrial y racional. Roberto
Campa Zúñiga En
tres años de operación, la estrategia forestal nacional no logró
aumentar la producción y, al contrario, cayó de 8 millones de metros
cúbicos en 2001 a 7.4 millones en 2002 la de 2003 aún se desconoce,
ya que las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) no la han informado. La
meta del plan estratégico forestal es que en 2005 el país genere más
de 24 millones de metros cúbicos de productos maderables al año. Para
Manuel Reed Segovia, director de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) el objetivo es alcanzable. Aunque 80 por ciento de la
propiedad de la tierra pertenece a ejidos y comunidades indígenas, ya
se cuenta con una ley que ofrece esquemas funcionales de organización
empresarial para este sector y apoyos para financiarlos, como son el
Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y el Programa para el
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan). Este último
dedicará 380 millones de pesos para el desarrollo de plantaciones
forestales en todo el país. Sin
embargo, a pesar que México es el cuatro país con más biodiversidad
del mundo con 52 millones de hectáreas, su industria forestal sólo
aporta 1.2 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional.
Adicionalmente su presupuesto se multiplicó de 320 millones de pesos
en 2000 a 2 mil 200 millones, además de 700 millones de pesos de los
estados en 2004. Diez entidades están creando su propia ley forestal
y se ha establecido por primera vez en la historia de la industria
silvícola nacional un fondo forestal de crédito de 200 millones de
pesos para cambios de uso del suelo y pagos por desertificación. Estrategia
aún muy verde Pero
la productividad del sector no ha mejorado, la integración de las
cadenas productivas sólo en pocos casos es un hecho y el acceso al
financiamiento es muy lento. El
plan estratégico también pugna por que las instancias de gobierno
sean promotoras de condiciones favorables para el desarrollo forestal,
para que toda la cadena productiva hasta el consumidor final sea
competitiva. Sin
embargo, el investigador de Chapingo y el legislador coinciden en señalar
que los trámites de autorización y renovación de aprovechamientos
forestales se han vuelto lentos a extremos, y que algunas delegaciones
federales tardan hasta dos años en liberar la autorización de un
programa de manejo forestal. Pero
también es cierto que por el momento los verdaderos dueños del
negocio forestal son las grandes empresas: Grupo Durango, Ponderosa,
Los Rincón, las "triplayeras", y los industriales del
papel, aserrín y muebles, así como de los aglomerados. Por
ejemplo, el Grupo Durango está comprando territorios forestales
aprovechando la modificación al artículo 27 constitucional y el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). En
50 años se acabará la cubierta forestal del país, si no se acelera
la reforestación. Así, las 262 mil 835 hectáreas de plantaciones
comerciales autorizadas y operando en 2004 son un pequeñísimo grano
de arena para resolver el inmenso problema del sector. SRA
CUENTA CON RECURSOS PARA RESOLVER LOS “FOCOS ROJOS” El
secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar
Adame, aseguró que la dependencia cuenta con los recursos necesarios
para resolver los “focos rojos y focos amarillos” en la República
Mexicana, luego de que secretarios de Gobierno tuvieron
un recorte presupuestal. Subrayó
que este programa es de prioridad presidencial, de tal manera que para
el próximo año la SRA estima que se desahogarán todo lo que se
refiere a focos rojos y
amarillos, con un presupuesto de mil 500 millones de pesos en números
redondos. Salazar
Adame indicó que los focos rojos más complejos que se registran en
el país son en la Meseta Purépecha, Selva Lacandona, en Chiapas;
dijo que “cada uno de ellos implica diversos asuntos por eso está
programada su solución PATRA el 2006”. Respecto
al Acuerdo Nacional para el Campo, el titular de la SRA dijo que está
haciendo un gran esfuerzo por desahogar lo pactado en lo que se
refiere a posesiones irregulares de tierras, por lo que este año se
aprovechan los recursos de apoyo a proyectos productivos para el
campo. AÑEJA
DISPUTA POR LA TIERRA San
Juan Ocotán, Jal.- El empresario arrocero había hecho todos los trámites,
todo lo que le aconsejaba la lógica, para garantizar la posesión
legal de sus tierras adquiridas en 1981. Pero no se podía sacudir la
presión de los comuneros. Alfonso
José Cuan Aubert dio un último salto que parecía ser la solución
definitiva: el 25 de septiembre de 1986 adquirió derechos de
"comunero avecindado" con una propiedad de 30 mil 400 metros
cuadrados. El
reconocimiento de la asamblea de la Comunidad Indígena de San Juan de
Ocotán tuvo su costo. "Durante ocho años les di bastante, mucho
dinero, hasta para sus fiestas", relata este blanco empresario
con derechos indígenas. Cuan
Aubert tenía además sus títulos de propiedad, expedidos por las
autoridades municipales, todos debidamente registrados. Por un tiempo
respiró con cierta tranquilidad. Hasta que los comuneros lo
demandaron en los tribunales agrarios para exigir la restitución de
los terrenos. Como prueba presentaron un decreto presidencial
publicado el 28 de noviembre de 1970 en el Diario Oficial de la
Federación . Otra
vez la pesadilla, la incertidumbre jurídica cayó sobre su empresa,
la Arrocera de Occidente. El
caso de Cuan Aubert cundió entre decenas de empresas demandadas ante
los tribunales agrarios creados en 1992. La zona poniente de la
capital del estado, en el municipio de Zapopan, una región devorada
por la mancha urbana se convirtió en un terreno de combate legal
entre hombres de negocios y comuneros y ejidatarios. La
disputa por la posesión jurídica de los terrenos, más de 3 mil hectáreas,
no ha parado desde hace más de una década. Compañías como Petróleos
Mexicanos, Bimbo de Occidente, Coca-Cola, Cementos Apasco, Grupo
Jaguar y otras pequeñas y medianas han afrontado juicios en distintos
tribunales agrarios y administrativos. El
mismo problema tienen otros particulares y la Universidad Autónoma de
Guadalajara con los integrantes del ejido San Juan Ocotán, en
terrenos colindantes a las tierras de la comunidad indígena. Los
ejidatarios reclaman como suyas 796 hectáreas. Algunos
empresarios se dicen "extorsionados" y
"chantajeados" por el abogado de los comuneros y
ejidatarios, Rubén Ávila Marín. Los campesinos argumentan que
tienen la razón legal, que los empresarios adquirieron ilegalmente
estos terrenos, que "los van a pelear y hasta bloquear los
accesos" de las empresas que perdieron los juicios agrarios, como
Cementos Apasco. Esta
es una historia de pleitos legales, de incertidumbre en la posesión
de la tierra que se reproduce en otros estados del país. Orígenes
de la disputa Los
vecinos del poblado San Juan Ocotán, fundado por titulación
virreinal en 1694, solicitaron el 22 de noviembre de 1950 al
Departamento Agrario el reconocimiento y titulación de terrenos
comunales. Unas semanas antes de concluir su sexenio, el 12 de
noviembre de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz resolvió que 116
comuneros estaban en posesión "continua, pública y pacífica"
de 3 mil 77 hectáreas. Gran
cantidad de los predios ubicados en el decreto presidencial habían
sido objeto de compraventa entre particulares, con su debida titulación
avalada por las autoridades municipales. De
la misma forma, los habitantes del ejido solicitaron a principios del
siglo pasado la restitución de poco más de 529 hectáreas que habían
sido repartidas entre 1840 y 1847. El presidente Plutarco Elías
Calles firmó el decreto el 16 de febrero de 1928 para dotarlos de
esas tierras, que hoy abarcan 796 hectáreas. Con
la creación de los tribunales agrarios, el representante legal de
comuneros y ejidatarios, Ávila Marín, inició las demandas contra
los empresarios, particulares y la Universidad Autónoma de
Guadalajara, que desde 1981 ostenta la posesión de poco más de 64
hectáreas en la zona conocida como La Coronilla. De
entonces a la fecha, las comunidades indígena y ejidal y las compañías
y particulares asentados en la zona han interpuesto en total 124
juicios de restitución y exclusión de tierras, según datos de la Secretaría
de la Reforma Agraria. MICHOACÁN EN
PELIGRO, LOS MANANTIALES MICHOACANOS POR DESECHOS DE FÁBRICA Y
ASENTAMIENTOS IRREGULARES En los
12 últimos años, las aguas de los manantiales de la Mintzita se
encuentran en plena degradación, debido al aumento de asentamientos
humanos, al relleno de parte de la laguna, descargas residuales de
varias colonias y del balneario de Cointzio, así como por los
desechos de la empresa papelera Cepamisa. Jesús
Cortés, habitante de la comunidad de San Nicolás, indicó que hace
aproximadamente cuatro décadas acostumbraba ir con sus amigos a
pescar carpas y unos peces alargados, conocidos como tiritos,
pero desde que se instaló la papelera Cepamisa casi se acabó la
fauna de los manantiales. La
mayor descomposición ecológica de los manantiales se dio en los últimos
10 años, coinciden los lugareños. El
espectáculo es desolador: la basura flota sobre el agua, el lirio y
la vegetación prácticamente se apodera de la superficie del vaso, y
casi frente al balneario decenas de camiones de volteo rellenan lo que
fue una vez una parte de la laguna, seguramente para la construcción
de viviendas. El
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Suma), Guillermo Vargas Uribe, aseguró que está casi listo el
decreto que reconocerá como área natural protegida a los manantiales
de la Mintzita. Por ello se tendrán que regularizar los asentamientos
humanos que se han establecido durante los últimos años en los
alrededores. Originalmente,
dijo, el Plan de Desarrollo Urbano que presentó el ayuntamiento de
Morelia en su última versión tenía prevista la zona de la Mintzita
para asentamientos urbanos de alta densidad. Se
espera que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y las autoridades del
municipio logren un acuerdo para que pueda incluirse el pago de
servicios ambientales en las tarifas del agua potable, de tal forma
que cada contribuyente de la ciudad aporte de tres a 10 centavos por
cada metro cúbico de agua que llega a su casa. El dinero recaudado se
destinará a un fondo para la protección del manto acuífero. SENTENCIA
CONTRA MINERA SAN XAVIER PRUEBA ANOMALÍAS EN SU AUTORIZACIÓN Pese a
que la sentencia del 1º de septiembre pasado del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa sobre la Minera San Xavier, en San
Luis Potosí, dio cuenta puntual de violaciones y omisiones a la
legislación ambiental, el secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, defiende el proyecto de la
empresa canadiense. La
Semarnat ya debió haber sido notificada de la sentencia emitida hace
dos meses por el tribunal federal, donde se suspenden los permisos a
la empresa, la cual no es un "borrador", sino la resolución
en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el noveno tribunal
colegiado en materia administrativa del primer circuito el 23 de junio
de este año, señaló Miguel Montoya, del grupo Pro San Luis Ecológico.
La
Jornada publicó el jueves pasado que Cárdenas
Jiménez aseguró que la empresa había cumplido con todas las
recomendaciones que el Instituto Nacional de Ecología (INE),
organismo desconcentrado de la Semarnat, le impuso, y que ningún otro
proyecto había sido objeto de tantas observaciones, además de que se
pretendía hacer pasar por verdadero un "borrador" del
citado tribunal, en el que se plantea la cancelación del permiso para
el cambio de uso de suelo de la zona donde pretende operar la minera.
La sentencia contra la empresa y el INE sí existe y es parte del
expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04. Pro San
Luis Ecológico ha recurrido a demandas judiciales para que se cancele
el proyecto de la empresa canadiense. La inconformidad empezó en
1999, cuando el INE -que en ese entonces se encargaba de las
resoluciones de los estudios de impacto ambiental- autorizó el
estudio de impacto ambiental. A partir de entonces la agrupación
comenzó a documentar irregularidades y violaciones a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tanto por la
empresa como por el INE. La
resolución judicial del 1º de septiembre indica que "ni de
forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso
de suelo" del 26 de febrero de 1999, concedida por la Dirección
General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del INE. Este
organismo dio el permiso por 12 años de modificación de uso de suelo
en un área forestal en zona árida y también autorizó la explotación
en el municipiode Cerro San Pedro. El
permiso otorgado considera la eliminación de cubierta vegetal y
desmonte de terreno, actividades de explotación por minado de tajo a
cielo abierto con utilización de nitrato de amonio y diesel y el uso
de cianuro de sodio. La ejecutoria del tribunal indica que en la zona
existen especies de flora y fauna con diferentes tipos de protección,
además de otras de lento desplazamiento y las sanciones que se
pudieran establecer por daño a la biodiversidad serían irrelevantes
frente al daño que se generaría. Asevera
que se violó la norma oficial ecológica 059, la cual específica el
listado de especies que deben estar bajo protección especial porque
están amenazadas o en riesgo de extinción. Especifica que esa norma
destaca que "es de observancia obligatoria en cuanto a la
conservación, protección, transformación, uso o aprovechamiento del
hábitat donde ocurren las especies y subespecies de flora y fauna, lo
cual confirma que no debió otorgarse la autorización de uso de
suelo". La
autorización del estudio de impacto ambiental presentado por la
minera se dio a condición de que cumpliera con 132 condicionantes,
entre ellas el establecimiento de programas de atención a riesgos y
contingencias por fuga o derrame de cianuro o ácido, pero resulta
evidente, indica la resolución judicial, que tales eventos ocasionarían
daños irreversibles al suelo. Muchas aves, en riesgo de extinción,
se verían afectadas al beber agua de las piletas contaminadas de la
empresa. El
documento destaca además que la firma presentó, en violación a la
legislación ambiental, una manifestación de impacto ambiental
general, cuando debió presentarle bajo la categoría de específica
por lo que, a pesar del argumento del INE que el documento presentado
por la empresa "era muy bueno", se cometió una infracción
legal. Sumado
a ello, el pasado 10 de agosto el juzgado segundo de distrito de San
Luis Potosí resolvió en el acta 909/04 la suspensión de plano de
los actos reclamados para el efecto de que "las cosas se
mantengan en el estado que se encuentran", es decir, que el
proyecto fuera detenido, pero la minera continuó con los trámites
para la autorización para el uso de explosivos de parte de la
Secretaría de la Defensa Nacional, explicó Miguel Montoya. Agregó
que si la empresa cumplió con todas recomendaciones establecidas por
el INE, su operación estaría por comenzar. PRETENDE
EJIDO SAN LUIS RESCATAR TRES MIL HECTÁREAS DE TIERRAS El
Ejido San Luis interpondrá enésima demanda en contra del Fideicomiso
que administra el Parque Industrial Internacional, el cual consideran,
los despojó en 1995 de más de tres mil hectáreas de tierra,
supuestamente de manera fraudulenta y a pesar de una serie de promesas
no se les participa de las ventas que han estado haciendo. En
la reunión de ayer donde estuvieron presentes abogados que habrán de
pelear dicha causa, se denunció también que el Comité que dirige
dicho Fideicomiso denominado NAFTA, ha puesto como garantía ante
instituciones bancarias tierras ejidales para obtener créditos
hipotecarios por mas de 21 millones de pesos. Tal
y como se había anunciado en lo que fue la segunda convocatoria, la
reunión dio inicio después de las once de la mañana y tras de
algunos puntos del orden del día como la lectura de acta anterior y
correspondencia recibida, se permitió a los abogados usar el
presidium para hablar sobre dicha demanda. Se
habló ahí de que ya ha pasado mucho tiempo de que dicho grupo llegó
a San Luis Río Colorado y convenció a los directivos del Ejido San
Luis para que se asocien con ellos, con el señuelo de que estarían
recibiendo importantes dividendos por concepto de la venta de
terrenos. De
acuerdo a lo que estuvo comentando el Presidente del Comisariado de
ese núcleo Humberto Castro Villegas, así como los abogados
presentes, todo parece indicar que se cometió un gran abuso con los
ejidatarios de parte del Grupo NAFTA, esto en contubernio con
funcionarios de la Procuraduría Agraria que estaban en funciones en
aquel tiempo. Señalaron
también que tal vez esto sería de buena fe por la falta de
experiencia de los funcionarios de esa dependencia que apenas
comenzaba a operar en aquel tiempo, pero que de todos modos es algo
inconcebible que se lastime así lo que es el patrimonio de un grupo
de personas. El
problema que se ha suscitado entre el Parque Industrial Internacional
y el Ejido San Luis data desde el año de 1995, mientras que los
terrenos en disputa en un principio alcanzaban las 3,184 hectáreas,
quedando actualmente unas 3,000 por lo que se han vendido. En
resumen, lo que se trató en la reunión con sede en el Salón social
ubicado en Querétaro y Calzada Constitución, es que el Ejido San
Luis irá con todo para recuperar lo que consideran su patrimonio,
para lo que no habrá de parar en pagar los servicios de importantes
bufetes de abogados. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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