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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “LA
HISTORIA EN BREVE”...
“JAQUE
MATE”...
“HOMBRES DE NOMBRE”...
“ENGRANE”...
“PULSO POLÍTICO”...
“DETRÁS DE LA
NOTICIA”...
“MEGALÓPOLIS”...
SECTOR
AGRARIO SALAZAR ALISTA CIERRE
DE LA SRA; CREA DESACUERDOS...
LEGISLADORES
RECHAZAN SU DESAPARICIÓN...
DESACATA FOX AL PODER
JUDICIAL EN RESOLUCIÓN SOBRE UN PREDIO...
EXIGE EL PRD SANCIONAR
ACTOS ILÍCITOS DE JUECES EN CASO DEL PARAJE SAN JUAN...
BUSCA LA SRA FOMENTAR
EL ARRAIGO DE JÓVENES AL AGRO...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS PROPONE LA CNC ANÁLISIS
DE RESERVAS NATURALES DEL PAÍS...
PIDEN EVALUAR
EXPROPIACIONES DE 6 DÉCADAS...
DEMANDAN ANÁLISIS DE
RESERVAS NATURALES...
ESTADOS QUINTANA
ROO CRECE POLÉMICA POR
DIVISIÓN TERRITORIAL...
“LA
HISTORIA EN BREVE” La
"pinche transa": que la justicia se disculpe con López
Obrador ¿Debemos
creer en el azar? ¿Dar por válido que un ángel bajó a la Secretaría
de la Reforma Agraria para indicarle a los empleados que
actualizaban 90 mil expedientes: “Esos, esos cuatro prueban que el
Paraje San Juan pertenece a la nación; desempólvenlos para que se
conozca la verdad”? Yo
no. Quienes hojeamos el caso cuando los adjetivos hervían y las plañideras
del Estado de Derecho se quejaban de que el ensoberbecido López
Obrador desobedecía los mandatos de la ley, nos dimos cuenta que
parecía una plaga de imprecisiones, alteraciones de contratos
originales, firmas falsificadas y personajes que testificaron después
de muertos. ¿Por qué entonces no apareció el ángel de la Reforma Agraria? ¿O por qué ese ángel, muy perverso quizá, quiso
que se prolongaran el vituperio, el encono y la zozobra? No
era tan difícil conjeturar que Enrique Arcipreste, basándose en la
figura del juicio de información ad
perpetuo, pudo simular un contrato privado para buscar un juicio
que le diera la propiedad del terreno. Y tal vez con la cooperación,
vista gorda, qué sé yo, de un juez de primera instancia, culminar el
procedimiento para que el terreno quedara inscrito en el Registro Público
de la Propiedad, y así reclamar una indemnización. Es raro que el ángel
de las virtudes no enviara hace meses la señal de “¡Cuidado,
Arcipreste se pudo haber hecho expropiar los terrenos del Paraje San
Juan para defraudar al gobierno!” Escribió
ayer Miguel Ángel Granados Chapa: “La revelación de que el Paraje
San Juan no se desincorporó nunca del dominio nacional es prueba de
que López Obrador tuvo razón siempre, al objetar los títulos de
Enrique Arcipreste como propietario de ese enorme predio y al hacerlo
enjuiciar por fraude procesal, precisamente por inducir resoluciones
judiciales a partir de documentos apócrifos”. ¿Quién
puede negar ahora que, gracias a la confusión, la corrupción, la
negligencia y la animadversión política, unos vivales estuvieron
cerca de embolsarse mil 800 millones de pesos del erario público (es
anecdótico si es municipal o federal) con “la cosa juzgada” en la
mano y el soplo de los vientos del Estado de Derecho a su favor? En
un acto de decoro mínimo, la Secretaría de la Reforma Agraria
anuncia que solicitó a la PGR ejerza las acciones jurídicas
correspondientes para proteger el patrimonio de la nación. “¿Qué
le parece, maestro?”, le pregunto al gran abogado civil y mercantil
de México, quien el 25 de octubre expresó aquí: “El que no
entienda que El Peje va a
ganar el asunto del Paraje San Juan es un pendejo”. –Que
el fraude está demostrado –responde–. Punto final. El terreno no
es de Arcipreste, ¡punto! López Obrador tenía toda la razón cuando
decía que este asunto era un trastupije. Ahora le tienen que ofrecer
una disculpa. Se la deben. “JAQUE
MATE” Milagro
de San Juan El
propio Secretario de Gobernación, Santiago Creel, nos revela que la
aparente solución del conflicto sobre el paraje San Juan ha sido política
y no estrictamente legal. Por eso el jueves 27 de mayo presentó el
"hallazgo" de documentos en la Secretaría
de la Reforma Agraria, que supuestamente demuestran que el
predio era propiedad de la nación cuando fue expropiado en 1989, como
una prueba más de que el Gobierno federal no le quiere jugar sucio a
Andrés Manuel López Obrador. El
anuncio de Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agraria,
ha sido visto -entendiblemente- con escepticismo. Todavía hace
algunas semanas los funcionarios del Gobierno federal mantenían que
el fallo de los tribunales para obligar al Gobierno capitalino a
indemnizar al dueño de ese predio era inapelable y que si López
Obrador insistía en no pagar la indemnización sería considerado
responsable de desacato y no podría postularse como candidato a la
Presidencia de la República. Pero
ahora aparece un milagro que permitirá que Andrés Manuel se abstenga
de pagar la indemnización sin perder la posibilidad de ser candidato
a la Presidencia de la República. Aun cuando pudiera presentarse
amplia documentación que demostrara que los documentos se encontraban
perdidos en los archivos de la Reforma Agraria, y súbitamente
aparecieron por intercesión de la Virgen de Guadalupe, es difícil
evitar la suspicacia. De hecho, lo más lógico es pensar que la razón
política se impuso sobre la razón legal. Quizá
el Gobierno federal no podía permitir, por razones de Estado, que se
colocara a López Obrador, el más popular entre los posibles
candidatos a la Presidencia, entre la espada y la pared. En el caso
del paraje San Juan, efectivamente, el jefe de Gobierno parecía
obligado hasta el jueves pasado a elegir entre retractarse públicamente
de su posición de no pagar una indemnización multimillonaria por el
paraje San Juan o ser juzgado por desacato y quedar
constitucionalmente descalificado para la Presidencia en el 2006. Por
eso el milagroso hallazgo de documentos que supuestamente prueban que
el predio era todavía propiedad de la nación cuando fue expropiado
en 1989 parece salido de los más altos círculos del poder. Como
lógica consecuencia del milagro de San Juan, López Obrador y su
equipo, así como muchos analistas políticos, han empezado a prever
que en el momento adecuado surgirá también un hallazgo sorprendente
que le permitirá al jefe de Gobierno de la capital escapar de la
sentencia supuestamente definitiva que por desacato le han aplicado
los tribunales federales en el caso de El Encino. Una vez que se ha
encontrado el camino a una santa intercesión para evitar el peso de
la justicia en un caso ya cerrado, es de esperar que se produzca un
nuevo milagro para resolver el otro, el que sigue convertido en
amenaza. La
aparente propiedad del Gobierno federal sobre el predio parece darle
una fácil salida a un conflicto que podía poner en jaque la
estabilidad del Estado mexicano. En eso los mexicanos podemos estar
agradecidos. Nadie -ni siquiera sus adversarios- querían ver a Andrés
Manuel y al PRD fuera de combate antes de tener siquiera la
posibilidad de pelear por la Presidencia de la República. La
gran pregunta es si estamos viendo en verdad un gran acto de justicia
o si una vez más nos estamos dando cuenta de que hay dos tipos de
justicia en nuestro país: la que se aplica a los ciudadanos comunes y
corrientes, y la que es privilegio de la clase política. “HOMBRES
DE NOMBRE” El
55% del territorio nacional no está escriturado Independientemente
de las implicaciones políticas que tiene el descubrimiento de
Florencio Salazar de que el Paraje San Juan es propiedad del gobierno
federal o las gravísimas contradicciones entre el Secretario
de la Reforma Agraria y Santiago Creel por la manera en la que se
hizo el hallazgo, quedan de manifiesto problemas sustancialmente más
graves en torno a la operación del país. Primero.
Es necesario establecer que los adoradores de Andrés Manuel López
Obrador han dicho que esta situación da la razón al jefe de gobierno
en el sentido a negarse a cumplir con un mandato judicial. De
entrada, se trata de un asunto de una naturaleza diferente, puesto que
en un país que aspira al cumplimiento de la ley es que las sentencias
definitivas sean acatadas. Ya
ve que ahora también le ha dado por decir que también cree que en el
caso del paraje El Encino también le da la impresión de que hay
hechos de corrupción. En
el caso del paraje San Juan lo claro es que el notario público no
cumplió adecuadamente con su trabajo y además deja al descubierto un
problema mucho más grave. Hernando
de Soto, hoy por hoy considerado como uno de los hombres con un más
profundo conocimiento de la pobreza y sus causas, ha señalado que la
tenencia de la tierra es uno de los principales frenos al desarrollo. Sostiene
que el problema de los pobres no es tener nada, puesto que si tienen y
muchas veces son sus parcelas, sino que no pueden usarlos debidamente
para generar riqueza. Que su tierra sólo sirve como vivienda no para
obtener créditos ya que al no tener seguridad jurídica sobre su
propiedad no puede usarla como garantía o vía para procurarse
prosperidad. De
acuerdo con estimaciones del Senado de la República más de la mitad
del territorio nacional no tiene escrituras. Vamos, no se sabe bien a
bien quién es el propietario de estas tierras y de ahí que puedan
presentarse casos que llegan a su extremo con el paraje San Juan. Sin
embargo, esta falta de titulación de las propiedades es precisamente
la razón por la cual hay tantos problemas agrarios que, muchos de
ellos, son francamente centenarios. Desde
la década de los setenta diversos gobiernos han realizado esfuerzos
por regularizar la tenencia de la tierra. En 1976 se creó la Ley
General de Asentamientos Humanos y que en 1993 fue reformada sin que
hasta el momento realmente se haya hecho cumplir. De
la Secretaría de la Reforma Agraria durante mucho tiempo se dijo que
tenía como misión repartir la tierra y que en tiempos recientes se
ha asegurado que debería desaparecer por su ineficiencia; sin
embargo, es esta dependencia la que tendría la obligación de entrar
en un serio programa de escrituración. La
actual situación genera, por un lado, problemas sociales entre
comunidades que suelen apelar a la tradición o a escrituras que se
pierden en los tiempos. Fauzi
Hamdan, también senador del PAN, ha llegado a declarar que se deben
autorizar cuantos recursos sean necesarios para que la SRA realice un
programa adecuado de escrituración y definición territorial. Evidentemente
no se trata de un problema sólo de recursos, puesto que desde hace más
de 30 años se creó el Comisión de Regulación de la Tenencia de la
Tierra (Coret), que supuestamente tenía esta misión y como hemos señalado
en esta columna se han realizado muy diversos intentos por cumplir con
esta función. Sin
embargo, la Coret equivocó realmente cuál era su función, puesto
que consideraba como regularizado cuando una zona rural se habitaba en
80 por ciento. No
se trata de un asunto sólo de recursos sino de coordinación entre
las diversas instancias de gobierno como son la SRA y la propia
Sedesol. “ENGRANE” Fin
de una insustancial Cumbre; ahora, vuelta a la realidad Concluido
el compromiso de organizar una infructuosa cumbre internacional, el
gobierno federal parece que ahora sí tendrá tiempo de atender los
problemas nacionales, que no son pocos. En
materia política falta conocer en qué acabará el enfrentamiento
entre el gobierno federal y el del Distrito Federal; ya Fox a través
de la Secretaría
de la Reforma Agraria le envió una señal de paz a Andrés
Manuel López Obrador y como van las cosas, bien pudiera ser que el
caso del paraje El Encino acabe igual. ¿A
cambio de qué? Esa
es precisamente la pregunta. “PULSO
POLÍTICO” De
esto y de aquello... Diego
Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, declaró ayer que aún no se repone de la "sorpresa jurídica"
que el gobierno federal le dio al del DF, al anunciar que el Paraje
San Juan es propiedad de aquél y no de éste... Admitió
que no entiende la "salida jurídica" que la Secretaría
de la Reforma Agraria le dio a la disputa entre el jefe de
GDF, Andrés Manuel López Obrador, y el presunto propietario del
predio, Enrique Arcipreste del Ábrego... Ironizó: "No entiendo,
no tengo la menor idea de qué fue lo que ocurrió y de cómo se puede
dar cuenta de una cosa así. Tengo que volver a estudiar la carrera de
Derecho completa, porque el Derecho que yo estudié ya no es el que
ahora parece que está vigente"... Comparó el caso del Paraje
San Juan con el conflicto diplomático con Cuba, en el que
"primero se dijo que el problema es Fidel Castro y después que
la solución es Castro y nadie sabe exactamente qué tanto cambió
Castro en las dos últimas semanas, como para que primero sea un
problema y después una solución"... “DETRÁS
DE LA NOTICIA” Jugando
con fuego El
camino iniciado en la Cámara de Diputados para, eventualmente,
inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la
Presidencia en el 2006, puede tener un final explosivo. La
ahora famosa Sección Instructora prendió la mecha al iniciar el
juicio de procedencia desafuero pues en contra del jefe de Gobierno
del Distrito Federal. Pero fue la Procuraduría General de la República
la que aunque tenía otras alternativas puso la bomba en San Lázaro,
al solicitar el desafuero para poder juzgarlo penalmente por
considerar que incurrió en desacato y abuso de autoridad, al haber
incumplido una suspensión definitiva en el caso del predio El Encino.
Por
eso llama la atención la serenidad del responsable de la ciudad,
quien afirma contar con todas las pruebas para demostrar que no cometió
ningún ilícito. El
caso del Paraje San Juan; todos a la yugular para que pagara ipso
facto; es cosa de recordar los ridículos desplegados de los
salvadores de la patria de la cúpula empresarial, afirmando que el país
se nos deshacía entre las manos por la intransigencia y terquedad de
López Obrador. A ver, qué van a decir ahora cuando resulta que el célebre
terreno es propiedad de la nación y no del defraudador que quiso
robarnos mil 810 millones de pesos a los habitantes de esta ciudad; si
tuvieran una pizca de calidad moral rectificarían, pero no lo harán.
Por cierto, habría que destacar aquí la pulcritud y el valor del
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para reconocer que fue la
casualidad la que llevó al hallazgo de cuatro expedientes; que se lo
reveló un subsecretario y que luego se lo hizo saber al Presidente,
quien tuvo el bello gesto de instruirlo para que se lo comunicara al
jefe de Gobierno. Pero la buena fe del Presidente no basta. La jauría
en su torno está desatada para, más allá del complot, seguir con el
asedio implacable al enemigo común. Para ello seguirán desgarrándose
las vestiduras con aquello de la impunidad y el desacato. “MEGALÓPOLIS” La
bandera del paraje San Juan, la había abandonado provisionalmente
para atender otros asuntos más importantes de corrupción, según se
vio...Pero en un descuido se la arrebato el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar...Así en un desplegado que mandó
publicar en todos los medios de comunicación , en su parte medular
dice: los predios del “Paraje San Juan” son propiedad de la Nación...por
tal razón la Secretaría de la Reforma Agraria ha solicitado a la PGR
como representante legal de la Federación, ejerza las acciones jurídicas
para proteger el patrimonio de la Nación...Ante ello el Peje soltó:
¿Ya vieron?, yo tenía razón... SALAZAR ALISTA CIERRE
DE LA SRA; CREA DESACUERDOS Florencio
Salazar Adame trabaja para cerrar definitivamente las puertas de la
dependencia que encabeza, la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), y espera que eso suceda antes de
que termine el sexenio foxista. En entrevista exclusiva para los
lectores de este diario, el funcionario finalmente aclaró este tema
abierto y desmentido en varias ocasiones por el Gobierno Federal. De
acuerdo con Salazar, las dos metas previas son terminar con los
conflictos agrarios y concluir el Programa de Certificación de Ejidos
y Solares Urbanos, y luego dar el siguiente paso. “Resueltos estos
dos puntos, debe cerrarse la Secretaría, porque lo que esta
dependencia evita son conflictos, problemas y si los resolvemos
podemos pasar a una etapa superior que permita que haya una
convergencia de recursos”. A
decir del titular de la SRA, la institución que sustituya a la
Secretaría podría ser una agencia u otra institución. “No hemos
llegado todavía al diseño de esa posible institución, lo que
estamos haciendo es trabajar de manera esforzada para resolver los
conflictos sociales y regularizar 18 millones de hectáreas y terrenos
pendientes en el país. Cumpliendo esas dos metas, nos parece que el
paso siguiente es crear una institución responsable del desarrollo
rural”. Detalló
que la institución que sustituya a la SRA deberá concentrarlos
recursos y programas para el campo, porque hay más de 50 programas
dispersos en catorce dependencia federales, secretarías o
instituciones descentralizadas, los cuales deben compactarse. LEGISLADORES
RECHAZAN SU DESAPARICIÓN Arely
Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del
Senado de la República, defendió la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), pero planteó que se
lleve a cabo una reestructuración en sus funciones y que la política
agraria entre a una segunda etapa, que es la de apoyar la producción. En
tanto, Francisco Barrio Terrazas, coordinador del PAN en la Cámara de
Diputados, dijo que es en el ámbito del Poder Ejecutivo donde debe
ser objeto de una valoración cuidadosa la permanencia de la Reforma
Agraria o la suma de sus funciones a otra dependencia. La
priísta Madrid Tovilla fue tajante al señalar que la Secretaría de
la Reforma Agraria no debe desaparecer. La Reforma Agraria tiene una
función social más completa, de atención al campesinado mexicano.
La función histórica es la que va concluyendo,
pero la función social para la que fue creada aún no
concluye. Sin
embargo, insistió que mientras no haya la atención necesaria a los
campesinos y mientras haya un campesino que atender, “no tiene por
qué desaparecer”. Dijo
que la dependencia se tiene que ir reestructurando de acuerdo al marco
jurídico en el que se está actuando. Enfatizó que quien más la
puede defender es el propio secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar, “ya que él mismo ha declarado en varias
ocasiones cuántos focos rojos hay; si hay esos focos rojos y esa
carga, entonces no está en condiciones de desaparecer. DESACATA
FOX AL PODER JUDICIAL EN RESOLUCIÓN SOBRE UN PREDIO El
presidente Vicente Fox Quesada y el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, incurrieron en
desacato a la ejecutoria de un amparo otorgado a comuneros de San Andrés
Tuxtla, Veracruz, según determinó el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa. “Debe
concluirse que el secretario de la Reforma Agraria, el director
ejecutivo de Predios e Indemnizaciones, al igual que su superior jerárquico
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos han incurrido en desacato a
la ejecutoria de amparo”, sentencia el fallo acordado por unanimidad
el pasado 16 de febrero de este año por los magistrados Rosa Elena
González Tirado, Pablo Domínguez Peregrina y Carlos Alfredo Soto
Villaseñor. El
incidente de inejecución del expediente, falla en contra del
mandatario, luego de que de acuerdo con el acomodo de tierras basado
en el Código Agrario y la Ley Federal de la Reforma Agraria, el grupo
de quejosos encabezado por Nicolás Chibamba no ha adquirido ningún
derecho “cierto ni real” sobre las 3 mil 711 hectáreas reclamadas
de un predio nombrado “Nicolás Bravo”. En
consecuencia, se explica en la documentación, el mandatario y el
titular de la Reforma Agraria “no demostraron que hubieran acatado
la resolución de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo,
porque no actuaron en el sentido ordenado en el incidente respectivo,
es decir, no realizaron el pago a que fueron condenadas”. Más
grave que el encino: Nahle Esta
sentencia del Poder Judicial en contra del gobierno federal es mucho más
grave incluso que la que motivó el inicio de un juicio de desafuero
en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, por el caso de El Encino, asegura el perredista Arturo Nahle
García, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara
de Diputados, quien emprendió un análisis legal del caso. Desde
los primeros días de este año, las instancias judiciales informaron
a la Presidencia de la República de las resoluciones en torno a los
recursos de inejecución que favorecían a los demandantes, pero no
fue sino hasta el 19 de abril pasado cuando el Director General de
Asuntos Jurídicos de la SRA, el Director Ejecutivo de la Coordinación
para la regularización de predios e indemnizaciones de la SRA, el
Secretario de la Reforma Agraria y el mismo Presidente de la República
fueron advertidos del estado procesal que llevaba el caso por el que
ya habían sido señalados por desacato. Desde
ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió los
originales del fallo para continuar con la tramitación
correspondiente y en su defecto, tomar cartas en el asunto. Silvia Cerón
Fernández, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el
DF informa que con base en los antecedentes relativos al juicio de
amparo 388/1995 promovido por Nicolás Chibamba Mezo y coagraviados,
se dictó un acuerdo sobre el estado procesal que guardan los autos. El
ultimátum El
oficio reitera el incumplimiento del mandatario y los demás
funcionarios y da un ultimátum. “Se advierte que el Director
General de Asuntos Jurídicos de la SRA, Director Ejecutivo de la
Coordinación para la regularización de predios e indemnizaciones de
la SRA, Secretario de la Reforma Agraria y el Presidente de la República
en su carácter de superior jerárquico, no han dado debido
cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio,
no obstante de habérseles requerido para tal efecto mediante proveída
de 26 de marzo del año en curso, en consecuencia, con fundamento en
el artículo 105 de la Ley de Amparo, requiéraseles de nueva cuenta a
las citadas autoridades para que en el término de 24 horas siguientes
a la notificación del presente proveído, conforme a lo dispuesto por
el artículo 34, fracción I de la Ley de Amparo, acreditan ante este
juzgado de Distrito con las constancias correspondientes al
cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria”. EXIGE
EL PRD SANCIONAR ACTOS ILÍCITOS DE JUECES EN CASO DEL PARAJE SAN JUAN El
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
exigió al Consejo de la Judicatura Federal que abra un procedimiento
contra los jueces que incurrieron en actos ilícitos en el caso del
Paraje San Juan. Asimismo llamó al secretario de Gobernación,
Santiago Creel, a que se apegue al artículo 113 constitucional y no
haga uso faccioso de la justicia. Paralelamente,
en otro resolutivo se condenó el uso faccioso que ha estado haciendo
el gobierno en su intento por sacar de la contienda presidencial al
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
y exigió al presidente Vicente Fox que detenga el embate ilegal y las
campañas de acoso y desprestigio contra ese funcionario. El
documento demanda al mandatario federal que detenga la andanada
"política, mediática y jurídica" en contra del jefe del
Gobierno del Distrito Federal y se resuelva el caso de El Encino, análogo
al del Paraje San Juan. La
resolución propone que la Secretaría
de la Reforma Agraria aporte a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación los documentos que acreditan que el referido predio es un
bien nacional. "Solicitamos
que se actúe conforme a derecho por los delitos que deban castigarse,
iniciando los procedimientos de las responsabilidades a los
involucrados", añade. Hubo falsedad de declaraciones ante las
autoridades judiciales de quienes figuraron en la defensa de Enrique
Arcipreste del Abrego, y también se acreditó que hubo "fraude
procesal" de este último por falsificación de documentos, señala. BUSCA
LA SRA FOMENTAR EL ARRAIGO DE JÓVENES AL AGRO Para
fomentar el arraigo de los jóvenes en el campo e impulsar el
desarrollo económico de escala en la propiedad social, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciará en el segundo
semestre de este año el programa Fondo de tierras, que arrancará
como un esquema piloto en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, San Luis
Potosí y Aguascalientes. Armando
Ríos Piter, subsecretario de política sectorial de la dependencia,
explicó que se destinarán 270 millones de pesos para dicho programa;
el mayor monto -200 millones- servirá para que los jóvenes puedan
"comprar o rentar" las tierras a sus padres; la idea es
propiciar la agrupación de varios jóvenes emprendedores para que en
una superficie de 20 hectáreas apliquen proyectos productivos, que no
necesariamente están limitados al cultivo de la tierra. Con
ese proyecto se pretende atender la problemática que genera el
minfundismo, ya que 60 por ciento de la propiedad social en promedio
nacional tiene una superficie de cinco hectáreas, insuficientes para
un desarrollo económico. "Las estadísticas muestran que la
mayoría de los ejidatarios y pequeños propietarios tienen 60 años;
son los adultos mayores quienes detentan la propiedad de la tierra,
mientras los jóvenes -personas de 18 a 30 años- carecen de
alternativas. Los
jóvenes tienen la "fuerza y la inquietud" de dar una
reorientación a la tierra; hay quienes buscan créditos no sólo para
sembrar granos básicos sino también para desarrollar actividades
cinegéticas, ecoturismo, incorporarse al desarrollo regional vinculándose
a los sectores urbanos o bien prestando "servicios rurales".
Por eso, abundó Ríos Piter, se destinarán 70 millones de pesos para
capacitar y respaldar a esos jóvenes emprendedores. Además, a esta
estrategia se sumarán las secretarías de Medio Ambiente, Economía,
Agricultura y Comisión Nacional Forestal con el objetivo de juntar
los recursos que allí estén disponibles. El
programa, puntualizó, estará sujeto a una constante medición de
impacto social y económico, ya que "daremos tiros de precisión"
porque el presupuesto no es abundante y habrá que presentar
resultados para expandirlo a otras entidades. PROPONE LA CNC ANÁLISIS
DE RESERVAS NATURALES DEL PAÍS La
Confederación Nacional Campesina (CNC) propuso la creación de una
banca social forestal, además de llevar a cabo una evaluación
general y un análisis profundo de las reservas naturales del país,
"ya que se ha optado por la política de expropiar a los dueños
de los bosques, negarles el derecho a administrar sus recursos y
obligarlos, en muchas ocasiones, a emigrar". Durante
la clausura del curso de capacitación para la modernización del
campo mexicano, los cenecistas afirmaron que en los decretos para
crear las 117 áreas naturales protegidas (ANP) "no se tomó en
cuenta la opinión de los indígenas ni campesinos; cerca de 10
millones de propietarios quedaron fuera de los planes de
trabajo". La
confederación reclamó también que a esos indígenas y campesinos
les han expropiado 12 millones de hectáreas en los pasados 60 años,
sin que se les haya pagado alguna indemnización, e inclusive se les
ha negado su participación en la protección de los recursos. La
CNC, afirmaron dirigentes de las ligas estatales, no está en contra
de que se decreten áreas de reserva ecológica en el país, pero
exige que se dé a los campesinos la oportunidad de operar los
programas de conservación. PIDEN
EVALUAR EXPROPIACIONES DE 6 DÉCADAS La
Confederación Nacional Campesina calcula que en 117 de las 148 áreas
naturales protegidas del País, a más de 10 millones de campesinos se
les ha negado el derecho de administrar y cuidar sus tierras y sus
recursos. “Los
indígenas, son los auténticos dueños de las selvas y bosques, pero
no so tomados en cuenta a la hora de decretar las zonas de reserva, se
les deja fuera de los planes de trabajo para asegurar la vida de sus
comunidades y, en algunos casos, se les llega a multar por atreverse a
utilizar sus recursos”, dijo el dirigente de esa organización priísta,
Heladio Ramírez. Durante
una reunión con expertos del campo demandó hacer una evaluación
general y un análisis profundo de las reservas naturales del País. “Se
ha optado por la política de expropiar a los dueños de los bosques,
negarles el derecho a administrar sus recursos y obligarlos en muchas
ocasiones a emigrar. Al mismo tiempo que se da el despojo, pillaje y
explotación”, lamentó durante la clausura de un curso de
capacitación para la modernización del campo impartido a cenecistas
por funcionarios de la Financiera rural. Heladio
Ramírez lamentó el método y los efectos de las expropiaciones
decretadas por los gobiernos federales en las últimas 6 décadas. A
muchos de los propietarios de las más de 12 millones de hectáreas
expropiadas ni siquiera les han pagado la indemnización
correspondiente, aseguró. DEMANDAN
ANÁLISIS DE RESERVAS NATURALES La
Confederación Nacional Campesina demandó realizar una evaluación
general y un análisis profundo de las reservas naturales del país,
ya que, denunció, se ha optado por la política de expropiar a los
dueños de los bosques, negarles el derecho a administrar sus recursos
y obligarlos en muchas ocasiones a emigrar, al mismo tiempo que se da
el despojo, pillaje y explotación. Heladio
Ramírez López, presidente de la CNC, manifestó que esta realidad es
la que impera en varias de las 117 áreas protegidas de la nación,
donde las víctimas son más de diez millones de campesinos e indígenas,
auténticos dueños de las selvas y bosques, quienes no son tomados en
cuenta a la hora de decretar las zonas de reserva, se les deja fuera
de los planes de trabajo para asegurar la vida de sus comunidades y,
en algunos casos, se les llega hasta a multar por atreverse a utilizar
sus recursos. Al
clausurar el Curso de Capacitación para la Modernización del Campo
impartido a cenecistas por funcionarios de la Financiera Rural, el líder
de la CNC se pronunció por la creación de una banca social forestal
y por que se ofrezcan opciones a los dueños de los bosques y selvas,
pues la mayoría se han quedado fuera del desarrollo de la nación. Es
el caso, dijo, de quienes detentaban más de 12 millones de hectáreas
que les han sido expropiadas a lo largo de los últimos 60 años, sin
que en la mayor parte se les haya pagado la indemnización
correspondiente y se ha negado la participación de estas poblaciones
locales, cuando es fundamental para garantizar la protección de los
recursos a largo plazo. Es
el caso, destacó, de Reservas Naturales como la Sierra Gorda, de Querétaro;
Montes Azules, Chiapas; Sian Ka`an, Quintana Roo; Sierra de Abra
Chantipa, San Luis Potosí; El Triunfo, Chiapas; o la Sierra de Mazatlán,
en Jalisco y Colima, entre otras. QUINTANA
ROO CRECE POLÉMICA POR
DIVISIÓN TERRITORIAL Dirigentes
de organizaciones calificaron de "traidor" al gobernador de
Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, luego de que el mandatario
declarara estar dispuesto a ceder 10 mil 700 hectáreas de territorio,
con sus poblaciones y todo, a los estados de Yucatán y Campeche. Lo
dicho por el gobernante desató una tormenta; así, el diputado Mario
Bernardo Ramírez Canul exigió llevar hasta sus últimas
consecuencias una controversia constitucional presentada en 1996 ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el gobierno
quintanarroense, luego de que el de Campeche creó el municipio
colindante de Calakmul, afectando parcialmente tierras de Quintana
Roo. La
SCJN recomendó recientemente a los gobernadores de Campeche, Yucatán
y Quintana Roo encontrar una salida política antes de dar a conocer
una resolución, y en este contexto el jueves los gobernantes se
entrevistaron con ministros del Poder Judicial federal. Más
tarde, el gobernador Hendricks declaró que existe, por parte de su
gobierno la posibilidad de ceder, aunque aclaró que cualquier concesión
que se haga primero tendría que contar con la aprobación de la
sociedad quintanarroense, sobre todo de la región que está en pugna
y que corresponde a los municipios de Othón P. Blanco y José María
Morelos, varias de cuyas localidades pasarían a ser campechanas
cuando históricamente han pertenecido a Quintana Roo. Germán
Parra López, alcalde de José María Morelos, dijo que se perdería
la mitad del territorio municipal, y Eduardo Abuxapqui, edil de Othón
P. Blanco (Chetumal), señaló por su parte que Quintana Roo perdería
35 comunidades de esa demarcación municipal. La
Corte debe resolver la controversia en los próximos días. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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