Martes 15 de junio de 2004 Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN SECTOR
AGRARIO AVANZA CORPORATIVISMO
DEL PAN EN EL CAMPO CON MIRAS A LOS COMICIOS DE 2006...
RECHAZAN SENADORES
CREACIÓN DE CENTRAL CAMPESINA PANISTA...
RECHAZAN CONFLICTO DE
INTERESES EN EL CONSEJO PLANTAR DEL PAN...
RECIBE PGR COPIAS DE
AMPARO PRESENTADO POR ARCIPRESTE...
ESTADOS COAHUILA DIVIDE A LAGUNEROS
PROYECTO DE PRESAS...
DISTRITO
FEDERAL AL ARCHIVO, DEMANDA DE
AMPARO CONTRA LA PGR POR EL ENCINO...
LOS DIPUTADOS REVISARÁN
EL PRIMER FALLO DE EL ENCINO...
QUERÉTARO DENUNCIAN CACICAZGO DE
DIRECTORA DE SIERRA GORDA...
SONORA FIJAN FIANZA A
GOBERNADOR YAQUI POR PRESUNTO DELITO DE ATAQUES A LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN...
“VANGUARDIA
POLÍTICA” Lo
que muchos han dado en llamar la "CNC azul", el Programa de
Acción Rural que creó el pasado fin de semana el PAN, ha despertado
un sinnúmero de suspicacias, pero también ha tenido otro singular
efecto: que los aspirantes presidenciales del gabinete se hayan
empezado a mover, acaso para no ser rebasados por los panistas, que
sin duda ya tomaron cierta delantera. La
incorporación de Javier Usabiaga, de la Sagarpa; Florencio Salazar
Adame, secretario de la Reforma Agraria, y Josefina Vázquez Mota, titular de la Sedesol, al
Consejo Nacional de dicho programa en un multitudinario evento
celebrado en el Palacio de los Deportes, fue motivo para que priístas
y perredistas calificaran de sospechosa esta nueva e inédita
organización, que parece estar destinada a captar votos mediante el
antiguo método de desviar hacia las campañas electorales los
programas sociales. Por
eso, quien hubo de dar la cara para rechazar tal versión fue
precisamente la señora Vázquez Mota que, curiosamente, también tuvo
que referirse a sus aspiraciones presidenciales; de igual forma que el
secretario de Gobernación, Santiago Creel, después de grandes lapsos
de silencios "prometió" ayer que los miembros del gabinete
"trabajarán hasta el último día para resolver los temas
pendientes del país". ¿Será? “AGENDA
CONFIDENCIAL” •
Campesinos, "carne de urna. En
plena desorganización, angustiados por el descontrol de la sucesión
presidencial, algunos militantes del Partido Acción Nacional
anunciaron la creación de su propia central campesina que -aunque lo
nieguen- tiene como objetivo "controlar" el voto verde, el
de los campesinos, el de los pobres; aquel que durante varios sexenios
utilizó el PRI para "comprar", perdón, para asegurar, el
triunfo en elecciones municipales, federales, presidenciales. Si
el PRI tuvo su "PRIcampo" con el "profesor" Carlos
Hank, su Pronasol con Carlos Rojas y su Progresa con el doctor Ernesto
Zedillo (aunque éste no quiso o no supo utilizarlo electoreramente),
nosotros también tenemos derecho a tener un programa que permita
utilizar a los campesinos como "carne de urna", comentan
algunos de los promotores de lo que rápidamente los analistas
calificaron como la CNC-azul, pero que en el acta constitutiva se
llama Plantar, y en cuya promoción participan los titulares de cuatro
secretarías de Estado: Sedesol, Sagarpa, Reforma
Agraria y Semarnat, y el comisionado para la paz en Chiapas, Luis
H. Álvarez. Pero
es que ustedes prometieron que iban a ser distintos y han insistido en
declarar y aclarar que ninguno de los programas asistenciales del
gobierno federal sería utilizado para fines electoreros, reclaman los
afiliados al Procampo y a Oportunidades, en donde se concentran más
de 13 millones de votantes. No hombre, eso sólo fue "de dientes
para afuera", podrían responder los encargados de esos
programas, pues nadie puede ser tan tonto como para despreciar un
"botín político" de ese tamaño. A decir verdad, agregan,
en un principio existía la intención de blindar ambos, pero al
darnos cuenta que los "alquimistas" de partidos políticos
de oposición nos estaban "comiendo el mandado" porque les
decían a los beneficiarios que gracias a ellos recibían su dinerito,
cambiamos de opinión, confiesan aquéllos. Y
ya en un plan medio descarado o descarado y medio, Luis Felipe Bravo
Mena les dijo a Josefina Vázquez Mota, a Javier Usabiaga, a Florencio
Salazar Adame y a Alberto Cárdenas (Bebeto), promotores de la
CNC-azul, que ellos conocen las formas, las técnicas para que el
campo de México deje de ser una reserva de votos manipulables por
caciques y gente abusiva. O lo que es lo mismo, que los productores
del Procampo junto con los beneficiarios de Oportunidades se
conviertan en "carne de urna" para el PAN, interpretan los
estudiosos del campo mexicano. La
realidad es que azules, tricolores o amarillos con negro, los más de
13 millones de votos que representan los que pertenecen al padrón de
ambos programas del gobierno federal, seguirán "amolados". AVANZA CORPORATIVISMO
DEL PAN EN EL CAMPO CON MIRAS A LOS COMICIOS DE 2006 La
organización campesina creada recientemente por el PAN tiene una
clara intención "corporativista" y forma parte de una
estrategia electoral de Estado para 2006. Desde el año 2000, ex
militantes panistas denunciaban en Guanajuato el "perverso
corporativismo" de una organización similar a la que ahora se
pretende proyectar a nivel nacional, con la creación de la Unión
Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss).
Para
el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de
Senadores, el priísta Esteban Angeles Cerón, la creación de la
nueva organización campesina es una estrategia panista para organizar
una elección de Estado. "No le veo ningún otro objetivo, porque
históricamente a ese partido no le han interesado las causas de los
campesinos ni de los productores del medio rural", manifestó. Por
su parte, las secretarías de Agricultura, Reforma
Agraria y Desarrollo Social (Sagarpa, SRA y Sedeso) negaron que
otorguen un trato preferencial y entreguen apoyos especiales a
Unimoss, organización campesina encabezada por Javier López Macías.
Voceros de las tres instituciones aseguraron que los programas no
tienen "etiquetas políticas" y son para todos los
campesinos, aunque dijeron desconocer si la recién creada organización
tendrá el mismo derecho que otras agrupaciones para acceder a los
beneficios del Acuerdo Nacional para el Campo. Así,
tanto el ex panista Martínez Pérez como el secretario de Organización
del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias
Avila, aseguraron que mediante organizaciones campesinas, ciudadanas,
de comerciantes, taxistas y obreros el PAN ha puesto en marcha en
Guanajuato un "aparato corporativista" al que recurren no sólo
en los comicios generales, sino también en las elecciones internas. RECHAZAN
SENADORES CREACIÓN DE CENTRAL CAMPESINA PANISTA La
creación de un sector campesino en el Partido Acción Nacional, con
el denominado programa "Plantar", generó un rechazo casi
generalizado entre la clase política nacional y fueron sólo los
propios panistas quienes calificaron esta decisión como acertada. Los
presidentes de las comisiones de Agricultura, Esteban Angeles Cerón,
y del Distrito Federal, David Jiménez González, en el Senado de la
República afirmaron que este Programa forma parte de una estrategia
para organizar una elección de Estado y coincidieron que estas
acciones son tácticas del Gobierno instrumentadas a través de su
partido con miras al 2006. Angeles
Cerón consideró que históricamente al PAN no le han interesado las
causas de los campesinos ni de los productores del medio rural, por lo
que ahora intentar decir que los representan es muy lamentable, pues
"no es posible que en esta nueva organización, Plantar, se
utilicen recursos públicos que tienen un destino específico en el
presupuesto, que son dineros de todos los mexicanos y se desvíen en
estos propósitos y objetivos evidentemente políticoelectoreros para
organizar una elección de Estado en base a los sectores más
necesitados", manifestó. Por
separado, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, el priísta
David Jiménez González, consideró que la creación de la
"central campesina" de Acción Nacional es parte de las tácticas
políticas que preparan con miras a la contienda del 2006, quieren
penetrar en un sector social con el que nunca han estado
identificados, como son los campesinos. En
tanto, el coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales del
PRI, Samuel Aguilar Solísde, consideró que el PAN realizó esta
agrupación para buscar votos entre los campesinos del país con métodos
del pasado, por lo que vaticinó que fracasará. La
participación de los secretarios de Estado ligados a la producción
agropecuaria en dicho plan, dijo, es preocupante, porque deja abierta
la sospecha de que desviarán recursos oficiales para favorecer a esta
nueva organización en detrimento de otras centrales campesinas. Lamentó
que Javier Usabiaga, Josefina Vázquez Mota y Florencio
Salazar, secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y Reforma Agraria,
respectivamente, estén integrados en la directiva de este plan, pues,
insistió, hay la posibilidad de que desvíen recursos y programas
gubernamentales para favorecer a esta organización. Por
su parte, el diputado perredista, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió
que la nueva organización campesina representa un peligro de
manipulación de los programas agropecuarios y de desarrollo social
para beneficiar electoralmente a los panistas, En
cuando a las organizaciones campesinas, aunque todas le dan la
bienvenida al nuevo organismo del PAN, lo invitan a que se les una
dentro del Congreso Agrario Permanente, y advirtieron que estarán
vigilantes ante la posibilidad de que bajo la supuesta preocupación
del albiazul por el campesinado haya fines políticoelectorales. La
Confederación Nacional Campesina calificó como positivo que haya una
"organización más, pero esperan que la misma ayude
verdaderamente a los campesinos que son los más desprotegidos y
olvidados". El
diputado Rafael Galindo, dirigente de la Central Campesina
Independiente (CCI), sostuvo que el nuevo grupo del PAN persigue
inocultables fines políticos, aunque lo rechace su líder, Luis
Felipe Bravo. RECHAZAN
CONFLICTO DE INTERESES EN EL CONSEJO PLANTAR DEL PAN Pese
a que en el “Consejo Plantar” del PAN, que será el sector
campesino de esa fuerza política, ocuparán un lugar cuatro
secretarios de Estado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido
descartó que haya un conflicto de intereses, pues señaló que la única
función que tendrán los consejeros es apoyar a las organizaciones
campesinas que simpatizan con los principios y la doctrina panista, en
aras de mejorar su nivel de vida, por medio de la dignificación de su
actividad. Así
lo manifestó Gerardo Priego, secretario de vinculación con la
sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del partido, quien negó que
con la participación de los integrantes del gabinete del presidente
Vicente Fox se pretenda crear una central corporativa, tipo la
Confederación Nacional Campesina (CNC), pues la diferencia radica, señaló,
en el “Plantar” (Programa de Acción Nacional en Acción Rural)
las organizaciones campesinas son autónomas y toman sus propias
decisiones. El
Consejo —que rindió protesta el domingo pasado, ante el líder
panista Luis Felipe Bravo Mena— lo integran los secretarios de
Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; de Agricultura, Javier
Usabiaga; de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez. También está integrado por
Ana Teresa Aranda, directora del DIF y posible candidata del PAN a la
gubernatura de Puebla.Los senadores Luisa María Calderón, de Michoacán;
Joaquín Montaño, de Sinaloa; y Micaela Aguilar, del Estado de México
también tendrán un sitio como consejeros del sector campesino dentro
del panismo.Gerardo Priego explicó que al igual que estos políticos
conocidos, el “Consejo Plantar” está integrado por 22 panistas
distinguidos más, originarios de varios estados de la República,
quienes se abocarán a asesorar y a apoyar a los campesinos para que
puedan transformar sus formas de organización y de trabajo, libres
del corporativismo, y garantizando —dijo— que tengan capacitación
para elevar su productividad. RECIBE
PGR COPIAS DE AMPARO PRESENTADO POR ARCIPRESTE La
Procuraduría General de la República (PGR) recibió ayer del Poder
Judicial de la Federación copias certificadas del amparo en revisión
2381/2003, presentado por Enrique Arcipreste del Ábrego, para que
resuelva sobre el caso del Paraje San Juan. La
documentación expresa los motivos por las cuales el Poder Judicial
obligó al Gobierno del Distrito Federal indemnizar con 1,810 millones
de pesos a los supuestos dueños por la expropiación de ese paraje. En
ese sentido, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e
Internacionales de la PGR, al frente de Alejandro Ramos Flores, deberá
resolver a la brevedad el no ejercicio de la acción penal contra Andrés
Manuel López Obrador. Esto,
luego que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) resolviera hace 20 días que
el Paraje San Juan no es propiedad de Arcipreste del Ábrego, ni de
ningún otro particular, porque de acuerdo a la documentación oficial
es propiedad de la nación. La
entrega de la documentación judicial es para que surta "efectos
de fondo en el asunto" en la revisión que tenga que hacer el
Ministerio Público Federal, luego que la SRA diera a conocer que el
predio en disputa es de la Federación. COAHUILA DIVIDE A LAGUNEROS
PROYECTO DE PRESAS Para
el empresario Carlos Delgado, presidente del Parque Industrial Las Américas
y originario de San Juan de Guadalupe, Durango, las presas deben de
construirse porque es la única alternativa viable de desarrollo que
tienen los habitantes de ese municipio duranguense. Indica
que los habitantes San Juan de Guadalupe, localizado en el
semidesierto, enfrentan no sólo la problemática de escasez de agua,
sino también de marginalidad. Ulises
Adame, Diputado Federal del PRI por Durango y principal impulsor de la
construcción de las presas del Aguanaval, demanda de los laguneros
solidaridad para San Juan de Guadalupe, municipio que debido a su
marginalidad tiene de los más altos índices de migración. Afirma
que son pocos los productores de la zona de Jimulco que están en
contra de las presas, que en realidad sólo son quienes resultarían
afectados con la regularización del agua de los manantiales que hoy
en día utilizan sin control, en particular dos familias que tienen
establecidas unas mil hectáreas en esa área. Por
su parte, Felipe Medina, Alcalde de Matamoros, Coahuila, indica que
las avenidas del Aguanaval afectan a un buen número de ejidos del sur
de ese municipio, que cada año se pone en riesgo la seguridad de
miles de familia que viven en las margenes, así como su patrimonio. Para
Marcelo Hernández, ejidatario de Barreal de Guadalupe, de la zona de
Jimulco, las presas son una propuesta 100 por ciento benéfica. AL ARCHIVO, DEMANDA DE
AMPARO CONTRA LA PGR POR EL ENCINO El
juzgado cuarto de distrito A de amparo en materia penal determinó que
el juicio de garantías solicitado en 2003 por la empresa Promotora
Internacional Santa Fe (presunta dueña del predio El Encino) contra
la Procuraduría General de la República (PGR) es un asunto que debe
ser archivado, debido a que la sentencia final del asunto ya fue
cumplida. El órgano jurisdiccional se dio por satisfecho respecto al
cumplimiento a su determinación, después de que el Ministerio Público
Federal determinó ejercer acción penal contra el jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por su presunta
responsabilidad en un desacato judicial. El juzgado cuarto de distrito
acordó ayer que "al no haber diligencias pendientes de
desahogar, remítase el expediente al archivo definitivo, ello con
fundamento en el artículo 113 de la Ley de amparo". LOS
DIPUTADOS REVISARÁN EL PRIMER FALLO DE EL ENCINO La
Sección Instructora de la Cámara de Diputados revisará, como parte
de las pruebas de descargo en el juicio de procedencia contra Andrés
Manuel López Obrador, el fallo judicial que en primera instancia
concedió la razón al jefe de Gobierno del Distrito Federal en el
caso El Encino. “Esa
parte está publicada en la internet, como todo lo que fue el
procedimiento, de modo que la presente o no el jefe de gobierno,
nosotros tenemos que revisarla”, puntualizó el diputado priista
Francisco Frías Castro, integrante del referido órgano legislativo,
mientras que su correligionaria Rebeca Godínez y Bravo coincidió en
ese punto y dijo que “siempre es importante considerar argumentos
como ése”. De
acuerdo con la información divulgada, el Juzgado Noveno de Distrito
en Materia Administrativa falló en favor de López Obrador en el caso
El Encino desde el 10 de abril de 2001. Al
respecto, Frías Castro puntualizó que el órgano jurisdiccional de
la Cámara de Diputados revisará tanto el fallo favorable a López
Obrador como las resoluciones en su contra. Admitió
en ese sentido que López Obrador tiene el derecho de presentar el
fallo del juez Armando Cortés como parte de sus pruebas de descargo,
aunque insistió en que aun cuando el jefe de gobierno decidiera no
presentar ese recurso, la Sección Instructora lo revisará de
cualquier modo, porque la primera instancia forma parte del
procedimiento seguido en el caso El Encino. Señaló
que el fallo podría significar un factor importante en el desahogo
del juicio de procedencia contra López Obrador, pero aclaró que la
Sección Instructora de ningún modo juzgará la comisión o
inexistencia de un presunto delito. DENUNCIAN CACICAZGO DE
DIRECTORA DE SIERRA GORDA Ejidatarios
de la reserva ecológica Sierra Gorda (de 384 mil hectáreas)
denunciaron que la directora de esta zona, Martha Ruiz Corzo, ha
creado un "cacicazgo ambiental" mediante el cual maneja esta
reserva como "propiedad privada". Al
amparo de un decreto emitido en 1997 por el entonces presidente
Ernesto Zedillo, la directora de la reserva, cuya inspección depende
de la Secretaría de Medio Ambiente, impide además a los ejidatarios
participar en el manejo de los recursos forestales y a través de dos
organismos no gubernamentales, que dirigen su esposo y su hijo, recibe
cuantiosos recursos económicos de al menos ocho dependencias y
organismos del gobierno federal y de unos 20 organismos
internacionales, de los cuales no informa su destino. FIJAN FIANZA A
GOBERNADOR YAQUI POR PRESUNTO DELITO DE ATAQUES A LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN El
juez primero de distrito, Raúl Martínez Martínez, fijó una fianza
de 20 mil pesos al gobernador yaqui Octaviano Jécari Espinosa, por el
presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación. Con
esta medida, el impartidor de justicia concedió la libertad
provisional en favor del representante indígena, quien enfrenta
cargos por su participación en el bloqueo a la carretera federal México-Nogales,
por hechos ocurridos el 12 de junio de 2002, cuando un grupo de
yaquis, liderados por Jécari Espinosa, interrumpieron durante más de
un año el tránsito vehicular al colocar una piola en el tramo de la
comunidad El Bahugo, asentamiento del municipio sonorense de Guaymas. Solicitaban
una "cooperación voluntaria" a los usuarios de la carretera
bajo el argumento de sostener el movimiento en protesta por el despojo
de 35 mil hectáreas de terreno que les fueron expropiadas mediante
decreto presidencial emitido por Ernesto Zedillo en 1997. Los
inconformes denunciaron que con el decreto expropiatorio se
beneficiaron importantes hombres de negocios del puerto de Guaymas, así
como el entonces gobernador y actual diputado federal priísta Manlio
Fabio Beltrones. En
entrevista, el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indios (CDI), Adelaido Izabal Hernández informó que la
fianza será cubierta por la dependencia a su cargo en un plazo máximo
de 72 horas, de acuerdo con lo estipulado por la propia autoridad
judicial. El pasado 27 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a Jécari Espinosa por la probable comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación; sin embargo, el gobernador indígena no fue encarcelado porque contaba con un amparo que lo protegía contra la orden de aprehensión. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
|