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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO CAMPESINOS TOMAN LA SRA
EN SAN LUÍS POTOSÍ...
REPORTA HACIENDA UN
AVANCE DE 76.1% EN PROGRAMA DE AHORRO...
CONVENIO DE CAPACITACIÓN
FIRMAN ALCALDES E INCA...
ESTADOS DISTRITO
FEDERAL ORDENA JUEZ QUE PERITOS
DE LA PGR INSPECCIONEN EL PREDIO EL ENCINO...
HABITANTES SE UNEN EN
CONTRA DE LAS INVASIONES...
GUERRERO PIDE ONG A FOX LIBERAR
A LABRIEGOS DE GUERRERO...
HIDALGO NÚÑEZ SOTO DA POYO A
COMUNEROS EN CONFLICTO...
QUERÉTARO ACUSAN DE DESPOJO A
DIRECTORA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA...
CAMPESINOS TOMAN LA SRA
EN SAN LUÍS POTOSÍ En
San Luis Potosí, integrantes de la Central Campesina Cardenista y de
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tomaron las oficinas de
la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria y anunciaron movilizaciones de
protesta contra el gobierno federal. Julio
César Ramírez y Lucio González, dirigentes de esas organizaciones
dijeron que en respuesta al incumplimiento del gobierno estatal y
federal al Acuerdo Nacional para el Campo, se cerrarán carreteras, se
tomarán oficinas públicas y habrá marchas y plantones de protesta. Ese
acuerdo, coincidieron, especialmente no se ha cumplido en San Luis
Potosí, donde las autoridades se han mostrado indolentes y sin
voluntad política para dar respuesta a los compromisos contraídos. González
dijo que el gobierno de Marcelo de los Santos ha sido incapaz de
presionar a la federación para que se entreguen unas 15 mil hectáreas
de tierra a campesinos. REPORTA
HACIENDA UN AVANCE DE 76.1% EN PROGRAMA DE AHORRO Al
finalizar el primer semestre del año, el ahorro realizado por el
gobierno federal por la compactación de estructuras y reducción de
costos alcanza 3,499 millones de pesos, informó la Secretaría de
Hacienda. Con
ello, el avance alcanza 76.1% de la meta anual fijada en el Programa
de Austeridad donde se pretende ahorrar 4,600 millones de pesos. De
acuerdo con Hacienda, en la composición del ahorro de economías
presentada, el sector energético es el que más ha contribuido en el
ahorro gubernamental con 1,224 millones de pesos, de 1,232 millones de
pesos a los que se comprometió. En
la información al mes de junio que se presentó ayer al Congreso se
da cuenta que otros ahorros son: Agricultura, 29 millones de pesos;
Comunicaciones, 197 millones de pesos; Economía, 57 millones de
pesos; Trabajo, 34 millones; Salud, 172 millones de pesos; Reforma
Agraria, 34 millones de pesos; PGR, 40 millones de pesos; Turismo,
33 millones de pesos; Función Pública, 30 millones de pesos;
Seguridad Pública, 93 millones de pesos y 52 millones de pesos del
Conacyt. CONVENIO
DE CAPACITACIÓN FIRMAN ALCALDES E INCA Con
el propósito de establecer los primeros Sistemas Municipales de
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, los gobiernos
federal y estatal, así como los ayuntamientos de Atoyac y Tlapa de
Comonfort (Guerrero), firmaron un convenio con el Instituto Nacional
de Capacitación Rural (INCA), lo que permitirá al productor
agropecuario contar con profesionistas técnicos especializados en sus
propias localidades, dijo el secretario de Desarrollo Rural, Héctor
Popoca Boone. En
este sentido, el delegado de Sagarpa, Francisco Velarde García comentó
que los convenios obligan la participación de los sistemas de
capacitación de las Secretarías de Economía, de la Reforma
Agraria, de Desarrollo Social, del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, así como del Fonaes, Fira y Firco, y de los gobiernos
municipal y estatal, ente otras instancias allegadas al ramo. DISTRITO
FEDERAL ORDENA JUEZ QUE PERITOS
DE LA PGR INSPECCIONEN EL PREDIO EL ENCINO El
juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León,
ordenó a los representantes legales de la empresa Promotora
Internacional Santa Fe, propietaria del predio El Encino, que
notifiquen al órgano jurisdiccional el día y hora en que pueden ir
los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) al
terreno en litigio, "a efecto de que levanten toda la información
necesaria para la emisión de los respectivos dictámenes periciales,
apercibidos de que de no hacerlo serán multados". Según
consta en un auto (mandato judicial) emitido por el representante del
Poder Judicial federal, deberá ser en los próximos tres días hábiles
cuando el presunto dueño de El Encino informe lo anterior. El
grupo de investigadores nombrados por la PGR deberá realizar el
trabajo de inspección respecto al predio El Encino, como lo ordenó
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Entre
los especialistas de la PGR destacan peritos en las materias fotográfica,
forense, ingeniería civil, topográfica y arquitectura. Al
juez Tovilla le corresponde analizar y determinar, en el momento
procesal oportuno, si dicho terreno fue expropiado por causas de
utilidad pública o si debe ser devuelto de inmediato a sus
propietarios. Según
fuentes judiciales, lo que el juez noveno de distrito en materia
administrativa resolverá es si ha lugar a la devolución del terreno
El Encino, sin importar las obras realizadas, o bien la sentencia es
"imposible" de cumplir por causa de utilidad pública, es
decir, se justificaría la expropiación de los casi 15 mil metros
cuadrados ubicados en Cuajimalpa y se procedería al pago de la
indemnización. HABITANTES
SE UNEN EN CONTRA DE LAS INVASIONES Vecinos
obregonenses se adhirieron a la política de “cero tolerancia contra
invasiones” instrumentada por la jefa delegacional Leticia Robles
Colín, a quien le aseguraron que le darían a conocer los intentos
que hubiera para ocupar ilegalmente predios de conservación ecológica. El
objetivo del programa es evitar que se construyan viviendas en las
zonas de uso de suelo destinado a la conservación ecológica, para
evitar el crecimiento de la mancha urbana en perjuicio de las áreas
verdes que constituyen un pulmón para los habitantes y en general del
DF. Los
obregonenses dijeron ,lo anterior en el más reciente Viernes vecinal
efectuado en el Salón de Usos Múltiples que se ubica en el Parque de
la Juventud, donde mostraron su beneplácito por la decisión
delegacional de evitar que haya asentamientos irregulares, en adhesión
a la administración de Robles Colín. PIDE ONG A FOX LIBERAR
A LABRIEGOS DE GUERRERO El
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,
que aglutina a 400 comunidades lencas (Copinh), solicitó al gobierno
del presidente Vicente Fox Quesada y al gobernador de Guerrero, René
Juárez Cisneros, la libertad inmediata de los dos comuneros detenidos
por su oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica de La
Parota, municipio de Acapulco, Guerrero, y el respeto a sus derechos
humanos, las riquezas naturales y a los derechos de las comunidades
que serían afectadas por la misma, así como la suspensión de otras
cinco órdenes de aprehensión. En
un documento firmado por Bertha Cáceres, coordinadora de organización
de Copinh, se manifiesta la preocupación de sus afiliados ante los
acontecimientos de "represión y violación de derechos humanos
en contra de líderes comuneros y campesinos mexicanos que han
emprendido una lucha digna, legítima y universal por la vida; en el
caso ya conocido internacionalmente sobre la represa La
Parota".Se refiere el caso del comunero de Cacahuatepec Marco
Antonio Suástegui Muñoz, quien fue detenido el día 27 de julio por
la Policía Judicial estatal, así como la de Francisco Hernández
Valeriano, detenido el 28 de julio. Y
al referirse a las órdenes de aprehensión que existen contra otros
cinco luchadores sociales y ecologistas opositores a la presa La
Parota, apunta que unos días antes, el responsable "de Asuntos
Sociales de la CFE encargado del megaproyecto La Parota en Acapulco, Víctor
Hugo Chávez Chávez, amenazó con que habría detenciones a los que
se oponían a la presa La Parota". Más
adelante recuerda que Suástegui Muñoz, antes de ser encarcelado,
participó en representación del Consejo de Ejidos y Comunidades
contra la presa La Parota, en el tercer foro Mesoamericano
Antirrepresas, realizado en El Salvador a mediados de julio, y
responsabiliza al gobierno federal. NÚÑEZ SOTO DA POYO A
COMUNEROS EN CONFLICTO Los
gobiernos de Hidalgo y Estado de México dialogan para resolver un
conflicto social generado por la posesión de tierras en San José
Piedra Gorda, comunidad limítrofe entre las dos entidades
federativas. El
gobernador Manuel Ángel Núñez Soto dijo, en rueda de prensa, que
los habitantes de San José Piedra Gorda, municipio de Tepeji del Río,
tienen todo el apoyo del gobierno estatal pero dentro de la legalidad. El
pasado 29 de julio, el subprocurador mexiquense José María Alvarez
González desplegó mil 600 policías para restituir provisionalmente
400 hectáreas a favor de Noemí Ortigoza Barreiro, sembradas por
habitantes de San José Piedra Gorda. El
secretario de Gobierno de Hidalgo, Aurelio Marín Huazo, dijo que
durante la entrega de las tierras a Ortigoza Barreiro, los policías
del estado de México cometieron atropellos contra comuneros y
detuvieron a seis personas. Informó
que hoy se reunirán los gobiernos de ambos estados y que el
gobernador Núñez Soto pedirá que dejen en libertad a los seis
hidalguenses detenidos desde le pasado 29 de julio y a dos personas
que, por el mismo problema, están presos desde diciembre pasado.
Habitantes de San José Piedra Gorda han comprobado la posesión del
predio La Loma mediante documentos que datan de la época de la
colonización española, pero la señora Noemí Ortigoza Barreiro les
ganó el terreno en un juicio de 1854 y 1955. ACUSAN DE DESPOJO A
DIRECTORA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA Campesinos
de Sierra Gorda, Querétaro, acusaron a la directora del área natural
protegida (ANP) de esa región, Martha Isabel Ruiz Corzo, de
beneficiarse personalmente de los recursos federales e internacionales
dirigidos a la reserva, de despojo, saqueo de flora y fauna, y de
presionarlos para que vendan sus tierras entre 500 y mil pesos por
hectárea. Los
campesinos exigieron se audite a la ANP y a los tres grupos
ecologistas que reciben fondos para presuntamente proteger los
recursos naturales de la región e integrar al desarrollo de ésta a
los propietarios de la tierra. "Si no prestan atención a nuestra
demanda, buscaremos que se revoque legalmente esa ANP, porque fuimos
excluidos del decreto", advirtieron. Al
dar a conocer la demanda interpuesta en la Procuraduría General de la
República contra Ruiz Corzo, los campesinos, encabezados por Mauro Márquez
González, secretario de la Liga de Comunidades Agrarias de la
Confederación Nacional Campesina, apuntaron: "Nos quitaron las
tierras, nos impiden la explotación forestal y ahora resulta que
somos delincuentes ambientales si no nos apegamos a los mandatos de
Martha Isabel Ruiz Corzo". "Martha
Isabel Ruiz Corzo y sus familiares Teresa Ruiz Corzo, Eduardo Ruiz
Corzo, Roberto Pedraza Muñoz y Roberto Pedraza Ruiz, dirigentes e
integrantes de los grupos ecológicos Sierra Gorda, Joya del Hielo y
Bosque Sustentable, se han convertido en caciques ambientales",
acusaron. Aseguraron que por medio de engaños y presiones han
comprado a través de prestanombres mil 500 hectáreas, entre ellas el
Rancho Pilón, propiedad de Carlos Ortega Radauli, mientras que cerca
de "50 mil ejidatarios propietarios de 40 mil 500 hectáreas
pierden anualmente 150 millones de pesos al impedirles la explotación
forestal en 30 mil hectáreas. El
19 de mayo de 1997, por decreto presidencial se constituyó el área
natural protegida (ANP) Sierra Gorda, que abarca 383 mil 567 hectáreas
y se localiza en los municipios Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller,
Pinal de Amoles y Landa de Matamoros. "Nunca se nos notificó de
dicha declaratoria", como debería haber sido, abundó Márquez
González. El
dirigente de la liga de la CNC y los campesinos advirtieron que si la
PGR no investiga a fondo la actuación de los Ruiz Corzo, realiza una
auditoría a la ANP así como a las tres organizaciones ecologistas
creadas por los familiares de la directora de Sierra Gorda, y los
obliga a presentar informes claros de las inversiones de los recursos
recibidos, habrá una explosión social irrefrenable. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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