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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO ORGANIZACIONES DE OCHO
ESTADOS PIDEN FONDOS PARA EL AGRO...
ACEPTA CORTE RECURSO SOBRE
MAGISTRADO AGRARIO...
POR LEY SE DEBERÁ DAR
TRATO DIGNO A PRESOS INDÍGENAS...
CHIAPAS COMPLEJA PROBLEMÁTICA EN
MONTES AZULES...
DISTRITO
FEDERAL LA POLÉMICA DETRÁS DEL
PARAJE SAN JUAN...
LOS PANCHOS
VILLA DENUNCIAN A INVASORES...
OAXACA RECLAMAN JUSTICIA POR
ASESINATOS Y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN CONTRA DE ZAPOTECOS...
SONORA VA LA PGR TRAS CINCO YAQUIS...
ORGANIZACIONES DE OCHO
ESTADOS PIDEN FONDOS PARA EL AGRO Campesinos
de ocho estados, integrantes de 13 organizaciones regionales,
permanecieron en plantón poco más de 12 horas frente a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
en demanda de "ser reconocidos como interlocutores" y que los
proyectos ganaderos y de reconversión productiva elaborados por los técnicos
de las agrupaciones sean reconocidos por las autoridades, además de la
entrega de recursos del Procampo y de los programas de Alianza para el
Campo. El
grupo de cerca de medio millar de agricultores, que llegó en 12
autobuses, insistió en la urgencia de "reactivar la producción en
el campo y cancelar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)". Encabezados
por Francisco Jiménez Pablo, del Movimiento Campesino Regional
Independiente (Mocri), los campesinos pidieron ser integrados a los
diversos programas federales de apoyo a la producción agropecuaria. "Estamos
aquí porque en Campeche, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Coahuila no nos toman en cuenta; no reconocen a nuestras
organizaciones", dijo Mario Pacheco. Luego
de desplegar sus mantas en las que también exigieron la liberación de 60
campesinos presos -la mayoría de Chiapas-, la cancelación del proyecto
La Parota, en Guerrero, y el cierre del tiradero tóxico en El Capulín,
Hidalgo, los campesinos aguardaron los resultados de la negociación de
sus dirigentes y posteriormente se dirigieron a las secretarías de la
Reforma Agraria y de Gobernación. Antes
de su partida, Francisco Jiménez Pablo informó que el titular de la
Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, se reunirá en mayo con los dirigentes de
las 13 organizaciones, y a sus integrantes se les sumará a los beneficios
de los diversos programa de Alianza para el Campo, Procampo y darán los
apoyos para los proyectos de ganadería y reconversión productiva, pero
todo de acuerdo con la "disposición de recursos". ACEPTA
CORTE RECURSO SOBRE MAGISTRADO AGRARIO La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió, a través de un
acuerdo, el recurso de reclamación que interpuso el Senado con el fin de
anular la suspensión que le otorgó el ministro Genaro Góngora Pimentel
al Presidente de la República, para evitar que se ratifique como
magistrado del Tribunal Superior Agrario al priísta Ricardo García
Villalobos, quien era el titular de dicho organismo. El
ministro Genaro Góngora Pimentel otorgó la suspensión luego de que el
presidente Vicente Fox demandó al Senado de la República, porque
consideró que los legisladores intentaban atribuirse facultades que no
tienen al tratar de ratificar como magistrado a García Villalobos, aun
cuando el Ejecutivo no lo incluyó en la terna que les presentó a los
senadores para dicho fin. La
suspensión del ministro detuvo el proceso legislativo que habían
programado los senadores, el 30 de marzo pasado, para ratificar a García
Villalobos y dejó las cosas tal como están hasta en tanto la Corte no
decida cuál de los dos poderes de la Federación gana la controversia
constitucional que promovió el Ejecutivo. Sin
embargo, la mayoría de senadores, encabezada por la fracción del PRI,
decidió impugnar la decisión del ministro Góngora. Al
mismo tiempo que admitió la reclamación del Senado, el presidente de la
SCJN, Mariano Azuela Güitrón, emitió un acuerdo a través del cual les
solicitó a sus compañeros ministros atraer una parte del juicio de
amparo 90/2004 que tramitó de manera paralela García Villalobos para
evitar que se le separe de su cargo. En dicho juicio se le otorgó una
suspensión provisional para que no sea removido del cargo de magistrado
del Tribunal Superior Agrario. POR
LEY SE DEBERÁ DAR TRATO DIGNO A PRESOS INDÍGENAS La
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen
de reforma a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de los Sentenciados, que pretende garantizar un trato digno a los
presos indígenas en el país y considerar, en su rehabilitación y
beneficios de liberación, sus usos y costumbres. Ayer
los integrantes de dicha comisión finalmente dictaminaron la minuta del
Senado sobre la modificación a dicha ley, que se envió desde el 3 de
abril de 2003 a la Cámara de Diputados, y que fue turnada para su análisis
un año después. El
dictamen plantea la reforma al artículo 18 de la Constitución para que
los sentenciados por delitos del orden federal, sea cual fuere su condición,
puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a
sus domicilios, con el propósito de propiciar su reintegración a la
comunidad como forma de readaptación social. También
considera una modificación a los artículos 6, 8, 11 y 13 de la ley en la
materia, para que el tratamiento individualizado a los reos tome en cuenta
los usos y costumbres de las personas a las cuales se busca reincorporar
socialmente, que en el caso del proyecto de referencia son los indígenas.
Con
la reforma se consolidará también un sistema de convenios para que los
reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en
los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando las
cárceles se encuentren más cercanas a su domicilio. COMPLEJA PROBLEMÁTICA EN
MONTES AZULES La
complejidad del problema que enfrenta la Reserva Integral de la Biósfera
de Montes Azules (RIBMA) y las soluciones que demanda “no puede ser un
esfuerzo de un solo poder ni de un solo nivel de gobierno, tenemos que
enfrentarla todos, dijo el diputado Lamberto Díaz Debe
establecerse un foro permanente y un plan oficial al cual dar seguimiento,
de tal manera que concurran los tres niveles de gobierno y los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para que con toda la infraestructura
del Estado mexicano le haga frente. El
secretario de la Comisión de Asuntos Agrarios del Congreso de la Unión,
diputado federal Lamberto Díaz Niebla, encabezó este fin de semana
reuniones y visitas del grupo legislativo a comunidades de la Selva
Lacandona. Reconoció
que es necesario restaurar los daños y reubicar los asentamientos
irregulares, en común acuerdo con las comunidades, así como atender
renglones prioritarios: caminos, vivienda, clínicas de salud, y escuelas.
Existen
más de 20 mil habitantes en la zona lacandona y no hay una universidad,
declaró el legislador. Por
ello, resaltó que “este esfuerzo tiene que ser de toda la
infraestructura institucional, muy coordinado con las organizaciones
campesinas”. En
lo referente a la falta de vigilancia del gobierno mexicano sobre la
presencia de científicos extranjeros que realizan trabajos de
bioprospección y presuntamente despojan al país de recursos genéticos,
como han denunciado organismos ambientalistas no gubernamentales y el
mismo Frente Zapatista, Díaz Niebla sostuvo que “el marco legal que se
tiene, federal y estatal, permite que se atiendan los diferentes renglones
de la problemática que se vive en la zona. LA POLÉMICA DETRÁS DEL
PARAJE SAN JUAN Detrás
del Paraje de San Juan se encuentra una historia turbia en la que se han
empalmado intentos de soborno con la falsificación de documentos
oficiales y una mala defensa del Gobierno de la Ciudad de México, la que
provocó, en un primer momento, una condena para pagar mil 810 millones de
pesos a Enrique Arcipreste del Ábrego. El
jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador advirtió que prefería ir
a la cárcel antes de entregar esa cantidad, “que son dineros del
pueblo”, a una persona que miente y presenta documentos falsos, aunque
eso significara un desacato judicial. El
10 de noviembre, la directora general de la Comisión de Asuntos Agrarios
del Distrito Federal, Cecilia Carter Bravo, aseguró que hasta el momento
no hay elementos jurídicos para reconocer a un legítimo propietario del
predio en disputa, toda vez que los antecedentes de colindancia del predio
en litigio son difusos y documentación de 1891, señala como primer dueño
a Margarito Xolalpa Tonatzin. LOS
PANCHOS VILLA DENUNCIAN A
INVASORES El
Frente Popular Francisco Villa, que coordina el predio de la zona
Degollado en la delegación Iztapalapa, denunció que en el lugar donde
habitan más de cuatro mil familias existe un grupo de delincuentes que se
hace llamar Los Parejos, quienes por medio de amenazas, despojo, robo,
lesiones, allanamiento de morada y portación de armas de fuego, se han
apoderado del lugar sin que las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal intervengan para evitar la lotificación en terrenos que no están
regularizados –dicen–, además de que venden y distribuyen drogas. Minerva
Rivera, representante del FPFV, dijo que estas personas llegaron hace tres
años a “solicitar viviendas” y fueron incluidos en el organismo, pero
poco después comenzaron a vender drogas entre los jóvenes de Iztapalapa
y a agredir físicamente a la población de los predios, ya que con armas
de fuego los intimidan y “han obligado a dejarles sus terrenos”. En
los documentos se establece que este grupo que empieza a coordinar el
predio Degollado, ya recibe ayuda de la demarcación para comenzar con la
lotificación del lugar mediante una cooperación “de 10 mil pesos”,
los que han disentido con ellos son amenazados y golpeados, además de que
les retiran los servicios básicos como luz y agua en los campamentos
irregulares. RECLAMAN JUSTICIA POR
ASESINATOS Y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD EN CONTRA DE ZAPOTECOS El
pasado 14 de abril fueron asesinados a balazos, en la comunidad oaxaqueña
de Santa Cruz Loxicha, Lorenzo Luna Luna, de 54 años de edad, y su hijo
Francisco Luna García, de 17, mientras que Isidoro Luna García sufrió
lesiones graves, denunció Juan Sosa Maldonado, vicepresidente de la
Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), quien afirmó que
con estos casos suman más de 10 los asesinatos en menos de un año,
incluido el de Estela Ambrosio Luna, sin esclarecimiento y sin castigo,
"a pesar de la existencia de tres Bases de Operación Mixta" en
la región. En
un comunicado enviado a Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca y al
relator especial de la ONU para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen,
el dirigente indígena aseveró que en la región Loxicha se vive una
"guerra de baja intensidad contra los indígenas zapotecos, situación
que viola flagrantemente la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que consigna: 'todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona (artículo 3)', y si se violan los
derechos más elementales, se violan todos en una de las regiones más
pobres y marginadas de nuestro país". En
el escrito consigna que a los recientes asesinatos citados hay que agregar
la desaparición de Marcelino Santiago Pacheco, el pasado 27 de abril del
2003; las recientes detenciones, por elementos de la Agencia Federal de
Investigación (AFI), de Ignacio Gómez García y de Felipe de Jesús
Antonio Santiago y de Alberto Antonio Antonio, ex presidente municipal y
fundador de la OPIZ, y las "amenazas, difamación y calumnias que
desde la administración municipal (de Loxicha), encabezada por Gilberto
Romo Jiménez, han hecho en contra de la OPIZ y sus dirigentes". Subraya
además el incumplimiento del compromiso de establecer mesas mensuales que
den seguimiento a la situación de los presos loxichas en el fuero
federal, por parte de la Secretaría de Gobernación. Hace
un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de
derechos humanos "para que atiendan nuestra delicada situación, pues
no nos explicamos cómo la Presidencia de la República puede emitir un
voto contra Cuba y decir que en nuestro país no hay presos políticos,
cuando el Poder Judicial lo contradice con sus sentencias, ha sido incapaz
de esclarecer la guerra sucia y
los crímenes políticos del pasado y del presente", así como el
hecho de que se ha "delegado al Ejército Mexicano la función
policiaca", aunque esto es anticonstitucional, indica. VA LA PGR TRAS CINCO YAQUIS Cinco
órdenes de aprehensión por obstrucción a las vías de comunicación giró
este sábado la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de
cinco indígenas yaquis, entre ellos el gobernador de la Loma de Guamúchil,
Guillermo Valdez Castillo. Al
parecer sin previo aviso, elementos de la PGR detuvieron al chofer Héctor
Alarcón Montaño, presuntamente por colocar un carro de volteo en el
cierre de la carretera, quien fue puesto en libertad luego de pagar una
multa de 10 mil pesos. La
PGR tiene expedientes abiertos contra cinco implicados y las órdenes se
desprenden a t raíz de la toma de la carretera a la altura de la Loma de
Bácum hace unos meses, para exigir solución por la invasión de su
territorio en los linderos de la Cuchilla y la Isleta. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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