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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN
“CLASE POLÍTICA” ...
UNA
MIRADA AL PARAJE SAN JUAN ...
LOS MILLONES ABSURDOS
DE UNA INDEMNIZACIÓN ...
SECTOR AGRARIO PREVÉN CONFLICTO
AGRARIO HUAPANAPAN-NOCHIXTLÁN ...
TARDAN 8 AÑOS PARA
INDEMNIZAR A EJIDATARIOS DE AGUA DE CORREA ...
CRITICAN SENADORES
ESCASO INTERÉS DEL GOBIERNO POR EL TEMA INDÍGENA ...
DRÁSTICO AJUSTE AL
GASTO DEL GOBIERNO, “PLAN B” DEL PAN ...
FONATUR CONFIRMA
PRIVATIZACIONES ...
SECTOR AGROPECUARIO APROBÓ EL BID CRÉDITO
PARA REFORZAR FINANCIAMIENTO RURAL ...
ORGANIZACIONES CAMPESINAS ACUSA LA UCI A ANTORCHA
CAMPESINA POR EL ASESINATO DE 150 INDÍGENAS ...
INSISTE LA CNC EN QUE
CREEL INFORME SOBRE EL ACUERDO PARA EL CAMPO ...
ESTADOS CHIAPAS DENUNCIAN ATAQUES DE
LOS AGUILARES ...
DISTRITO FEDERAL EL PLENO DE LA CORTE
DECIDIRÁ SOBRE LAS FACULTADES DEL JEFE DE GOBIERNO ...
NIEGA CONSEJERA
JURÍDICA QUE EL GDF HAYA RECONOCIDO DERECHOS A ARCIPRESTE ...
GUERRERO MACHETE EN MANO
RECHAZAN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA ...
“CLASE POLÍTICA”
La CNC, por intermedio de Víctor Manuel Gandarilla,
demandó al secretario de Gobernación, Santiago Creel, un informe sobre
el Acuerdo Nacional para el Campo, ya que a seis meses de firmado
existe descontento entre los productores, pues los supuestos avances
no corresponden con la realidad.
UNA MIRADA AL PARAJE SAN JUAN El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha olvidado de que su tarea está encuadrada en la sentencia latina: Jus Semper Loquitur y ha decidido entrar en la arena política, acusando de populista a Andrés Manuel López Obrador. Se olvida el ministro presidente que la soberanía radica en el pueblo mexicano que supuestamente ha caído en una especie de seducción del "caudillo populista". El conflicto del Paraje San Juan no solamente lo es de carácter legal, sino que lo es también de carácter político y además de interpretación constitucional. No se trata de una sentencia judicialmente firme o definitiva, por lo que tanto la Suprema Corte tiene que suplir, si la hubiera, la deficiencia de la queja, y con base en el artículo 97 constitucional designar a un ministro, a un magistrado o a un juez de distrito para averiguar si existe alguna violación de orden jurídico.
La Corte y su ministro presidente deben proceder, de
acuerdo con el 97 constitucional, a la revisión, que se investigue la
resolución del Paraje San Juan, no tanto porque la queja la haya
presentado López Obrador, sino porque es de interés público para la
sociedad mexicana, y dejar a un lado la metafísica absolutista, que
descalifica sin juzgar y aceptar la concepción filosófica que
presupone la democracia, en el relativismo.
LOS MILLONES
ABSURDOS DE UNA INDEMNIZACIÓN Los mil 810 millones de pesos que están en disputa en la controversia por el paraje San Juan, en Santa Cruz Meyehualco, constituyen, sin la menor duda, una cifra formidable; tan formidable que resulta absurda: todos la consideran excesiva, sin excluir a algunos de los supuestos propietarios del Paraje, miembros de la familia Arcipreste. El pago dejaría exhaustas las arcas del erario metropolitano. Es algo que, de ocurrir, sentaría un precedente contrario al bien público. Eso, para empezar. Las innumerables irregularidades documentadas por el jefe del Gobierno metropolitano, Andrés Manuel López Obrador, en el expediente de los juicios sucesivos son la otra cara del asunto, ligado al primero de manera indisoluble. El jefe de Gobierno parece a todas luces tener razón: aquí hubo un fraude o, en el menos malo de los casos, un proceso defectuoso, que permitirían resolver la controversia sin tener que pagar tal cifra escandalosa.
Pagar esa indemnización sería injusto por todo tipo de
motivos. Desde luego, se trata aquí de una resolución de índole
judicial, y no de una discusión terminológica. Hay que decir, sin
embargo, que del peso y la sustancia que le demos a cada palabra como
López Obrador con justicia depende nuestra credibilidad, nuestro
valor, nuestra fuerza moral o política. PREVÉN CONFLICTO
AGRARIO HUAPANAPAN-NOCHIXTLÁN La disputa de 528 hectáreas de tierras comunales entre San Francisco Huapanapan y San Juan Nochixtlán es un foco rojo de violencia que estuvo a punto de estallar por los enardecidos ánimos de sus habitantes quienes iban a enfrentarse cuando el actuario del Tribunal Unitario Agrario número 46 con sede en la ciudad de Huajuapan, Alfredo Mondragón Rocha, intentaba ejecutar una orden de desalojo que favorecería a la comunidad de Nochixtlán. Al lugar donde prevalece un clima de tensión por estar en conflicto agrario, denominado "El Higo", arribaron decenas de comuneros de dichas localidades en la región Mixteca, encabezados por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales en Nochixtlán, Arcadio Alfredo Suárez Flores y Máximo Luna Aguilar representante de los comuneros de Huapanapan. Después de dialogar por varias horas los reñidos no llegaron a ningún acuerdo y estuvieron a punto de combatirse, a lo que los comuneros de Huapanapan respondieron con retirarse del terreno, acompañados por el actuario Alfredo Mondragón, para levantar el acta correspondiente.
También arribaron como observadores: David López
Matías, subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria y Agustín Díaz
Castro, representante de la Coordinación de la Comisión de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, para dar cumpliendo a la resolución que se
vio frustrada debido a que el actuario no se acreditó y no presentó su
acta de comisión ante los habitantes de Huapanapan.
TARDAN 8 AÑOS PARA INDEMNIZAR A EJIDATARIOS DE AGUA DE CORREA Serán indemnizados alrededor de 178 ejidatarios del poblado de Agua de Correa, del distrito de Azueta, por la afectación de 11 hectáreas de huertas de cocotero durante la construcción del bulevar de cuatro carriles, Zihuatanejo-Aeropuerto, hace poco más de ocho años, declaró el presidente del comisariado ejidal del lugar, Jesús Solís Solano. El monto a pagar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), detalló, alcanza los tres millones de pesos, pues cada área está valuada entre los 300 y 350 mil pesos, por ser terrenos de primera, exclusivos para la siembra de cocotero.
Juan Eugenio Bello, será el intermedio ante la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la SCT, y se confirmó que le
delegado de la SRA en el estado, Cuauhtémoc Solís Bravo, no le ha
puesto ningún obstáculo para la tramitología de los pagos por
afectaciones que hasta a él compete disponer, porque ha quedado
evidenciado que son tierras que realmente estuvieron trabajadas por
muchos años y en ningún momento estaban abandonadas y que eran el
sustento económico de las 178 familias.
CRITICAN SENADORES ESCASO INTERÉS DEL GOBIERNO POR EL TEMA INDÍGENA Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron a la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez, por el "poco interés" que el gobierno foxista ha puesto en resolver la problemática de las comunidades indígenas, ya que ni siquiera se ha echado a andar la reforma constitucional en la materia. El senador Carlos Rojas señaló que la reforma indígena no se refleja en el presupuesto de las dependencias involucradas. Ojalá, dijo, que para 2004 haya una partida presupuestal para apoyar a las comunidades y grupos étnicos del país. Ante los cuestionamientos de los senadores, Gálvez se comprometió a tramitar una reunión con los oficiales mayores de las secretarías de Agricultura, Salud, Economía, Educación y las otras involucradas con el propósito de que la reforma constitucional indígena se cumpla.
Gálvez expuso que debido a conflictos por "mal reparto"
de tierras, que datan de décadas atrás, hay "14 focos rojos" en
el país. La mayoría de ellos (13) son protagonizados por comunidades
indígenas en estados del sur y el sureste. Para resolverlos, señaló,
se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria
para evitar la violencia mediante indemnizaciones a los afectados,
pero advirtió que se requieren más recursos.
DRÁSTICO AJUSTE AL GASTO DEL GOBIERNO, “PLAN B” DEL PAN Ante la falta de acuerdos al interior del PRI para gravar con IVA medicinas y alimentos, el Partido Acción Nacional tiene previsto un “Plan B”, que consiste en aplicar un drástico ajuste al gasto corriente de hasta 40 mil millones de pesos, y que incluirá desaparecer dependencias de gobierno y delegaciones federales en los estados, además de recortes al personal y en las percepciones de los altos funcionarios públicos para que “nadie gane más que el Presidente de la República”. El tema del IVA no lo dan por muerto en San Lázaro, “aún se mueve” comentó el presidente de la Comisión de Hacienda, Gustavo Madero, quien dijo que no dejarán de insistir en esta alternativa, porque la otra de meter tijera al gobierno federal, es más complicada. La propuesta de desaparecer delegaciones federales la comparten el PRI y el PAN, toda vez que forma parte del proyecto de 13 puntos presentado a los legisladores del tricolor el pasado domingo en Naucalpan, Estado de México, y que confrontó a los diputados con su coordinadora Elba Esther Gordillo.
De no aprobarse el IVA en medicinas y alimentos, entre
las medidas alternas están desaparecer la Secretaría de la Reforma
Agraria y el Instituto de la Revolución Mexicana de la Secretaría de
Gobernación, explicó por su parte Miguel Ángel Tozcano, presidente del
Consejo Económico de la bancada del PAN.
FONATUR CONFIRMA
PRIVATIZACIONES El presupuesto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para 2004 se reducirá 13%, por lo que se intensificará la venta de terrenos como compensación, informó ayer en Cancún el director general de la Institución, John McCarthy. La venta de terrenos tendrá lugar en distintos centros turísticos del país, como Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Huatulco, precisó. Este diario publicó hace unas semanas que el gobierno federal ha puesto a la venta terrenos con litorales en distintos centros turísticos del país, con predios federales donados a gobiernos estatales o con la expropiación de tierras ejidales.
Las secretarías de la Reforma Agraria y Función Pública
intentaron deslindar a la administración foxista de la privatización
de las playas nacionales. APROBÓ EL BID CRÉDITO
PARA REFORZAR FINANCIAMIENTO RURAL
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció
este miércoles que aprobó un crédito por 300 millones de dólares -a 15
años de plazo, con un periodo de gracia de cinco años y una tasa de
interés variable- para ayudar a la consolidación del sistema
financiero rural en México. "El programa ha sido creado para aumentar
la eficacia de servicios financieros orientados al sector rural, por
medio de la liquidación del fallido Banco Nacional de Crédito Rural y
su sustitución por Financiera Rural", dijo el BID en un comunicado. El
crédito apunta a estrechar la coordinación entre los diversos
programas estatales dirigidos al sector rural y mejorar las
condiciones para "alentar el desarrollo de intermediarios financieros,
bancarios y no bancarios, en el ámbito rural". ACUSA LA UCI A ANTORCHA
CAMPESINA POR EL ASESINATO DE 150 INDÍGENAS La Unión Campesina Independiente (UCI) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de la Procuraduría General de la República (PGR), por el asesinato de más de 150 indígenas de Huitzilán de Serdán y Xochitlán de Suárez, Puebla, entre 1983 y 2002, a manos de la organización priísta Antorcha Campesina. En la denuncia, presentada el 14 de agosto pasado, la UCI sostiene que esa organización ha contado con la colaboración de los gobiernos estatales de Melquiades Morales, Guillermo Jiménez Morales y Manuel Bartlett, así como de los gobiernos federales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, "que han permitido que los crímenes cometidos por Antorcha Campesina se mantuvieran en la impunidad".
En nombre de la UCI, Bartolomé Melchi Santiago informó
que las denuncias de esos hechos, añadió, se han presentado no sólo
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado sino también ante
la propia PGR, "pero ninguna de ellas ha dado como resultado la
determinación de la probable responsabilidad o la consignación de los
culpables".
INSISTE LA CNC EN QUE CREEL INFORME SOBRE EL ACUERDO PARA EL CAMPO La Confederación Nacional Campesina (CNC) insistió en que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, rinda un informe sobre el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), porque a seis meses de haberse firmado existe "descontento" entre los productores. Víctor Manuel Gandarilla, de la dirigencia de la CNC, dijo que existe la sospecha de que, como en años anteriores, se presente un subejercicio superior a 15 por ciento del presupuesto del sector aprobado para 2003, porque si esta situación se repite "sería criminal" para los productores. Explicó que esta información se basa en que el ANC aprobó 650 millones de pesos para un programa emergente que se encargaría de incorporar casi 600 mil hectáreas al Procampo, pero no se han ejercido, en perjuicio de un millón de campesinos.
Gandarilla, representante de la CNC ante el Consejo
Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, manifestó que como resultado
de una consulta con líderes regionales y estatales se encontró que
existe hasta 40 por ciento de retraso en la aplicación de algunos
proyectos aprobados por el ANC, y en otros no hay avances. CHIAPAS DENUNCIAN ATAQUES DE
LOS AGUILARES En una denuncia procedente del caracol, la junta de buen gobierno, dio a conocer los recientes ataques de la banda Los Aguilares, en la comunidad K'an Akil, del municipio autónomo Olga Isabel. Nada es nuevo bajo el sol. Las fechorías de Los Aguilares se conocen, pero permanecen impunes, y persiste la hostilidad. Tienen antecedentes: "Los habitantes de K'an Akil viven cerca de la región donde opera un grupito de gentes armadas conocidos como Los Aguilares, quienes han matado inocentes y amenazan a la población civil desde hace muchos años, sin que nadie haya escuchado las denuncias ni actuado para la aplicación de la justicia". La violencia es contra todos. Lo mismo afecta a los que no son miembros del municipio autónomo, quienes también han presentado sus quejas en las instancias gubernamentales, y éstas no han hecho nada".
A partir del foxismo, las tropas federales han
procurado mantener un bajo perfil. Las posiciones y campamentos están
muchas veces camuflados con las comunidades donde se asientan. Se han
creado nuevas posiciones de las tres regiones militares del Ejército
correspondientes a Chiapas. El cerco a los pueblos indígenas de la
zona norte, los Altos, la selva Lacandona y la franja fronteriza es
casi total. Un dispositivo latente, difícil de ocultar. EL PLENO DE LA CORTE
DECIDIRÁ SOBRE LAS FACULTADES DEL JEFE DE GOBIERNO El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no sólo un grupo de ministros, determinará si el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, tiene facultades para solicitar la integración de una comisión que investigue el asunto del predio conocido como Paraje San Juan, ubicado en la delegación Iztapalapa.
Ayer, los ministros que integran la primera sala
decidieron que el pleno de la Corte analice y resuelva si López
Obrador tiene facultades para solicitar que el máximo tribunal
investigue a la juez octava de distrito B en materia administrativa,
Gabriela Rolón Montaño, y a quienes han tenido participación en el
litigio, por considerar que han actuado de manera indebida al aceptar
pruebas falsificadas, entre otras irregularidades.
NIEGA CONSEJERA JURÍDICA QUE EL GDF HAYA RECONOCIDO DERECHOS A
ARCIPRESTE La Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF) reconoció la existencia de un documento fechado el 21 de febrero de 2002, en el que el ex secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, en nombre del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) realizar el avalúo para determinar el monto de la indemnización por la expropiación del predio Paraje San Juan. La titular de la oficina del GDF, María Estela Ríos, rechazó que con dicho documento el mandatario local haya reconocido al señor Enrique Arcipreste la propiedad del predio.
Precisó que de ninguna manera este documento implica el
reconocimiento de un derecho al señor Arcipreste, "porque el Gobierno
del Distrito Federal, como autoridad administrativa, no está facultado
ni puede reconocer propiedad alguna a un particular, ya que el derecho
de propiedad no se acredita mediante el dicho de autoridades
administrativas". MACHETE EN MANO
RECHAZAN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA Con una marcha por la avenida Costera Miguel Alemán que duró casi cuatro horas, más de mil campesinos con palos y machetes en mano mostraron su repudio al proyecto hidroeléctrico La Parota que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad en Acapulco. El representante de los comuneros, Marco Antonio Suástegui reiteró que los campesinos de los 21 pueblos de Acapulco que se verán afectados por la construcción de La Parota rechazan este proyecto debido a que “sabemos que vamos a ser despojados de 14 mil hectáreas aproximadamente de nuestros bienes comunales y de nuestros ejidos, además de que nos quedaremos sin trabajo”. Dijo que en caso de construirse La Parota serían cerca de 25 mil lo campesinos desplazados y sobre el rechazo total a la construcción del proyecto hidroeléctrico respondió que “en nuestro país no existen políticas ni leyes que garanticen el pago de nuestra tierra, lo hemos comprobado con la presa La Venta que llevan 46 años sin pagarles, lo hemos comprobado con la presa El Caracol en donde los ejidatarios llevan 23 años pidiendo que les paguen sus tierras, así como también lo hemos comprobado con la termoeléctrica de Petacalco quienes llevan 20 años de haber sido despojados”. El contingente de los campesinos arribó al zócalo de la ciudad cerca de las dos de tarde, pero antes hizo una escala en el ayuntamiento local, donde con gritos y consignas le reiteraron al alcalde, Alberto López su rechazó a la construcción de la presa.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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