Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN SECTOR AGRARIO COMUNEROS DE OAXACA DENUNCIAN LA
DEFORESTACIÓN DE 40 HECTÁREAS DE SELVA ...
LENTO AVANCE EN REGLAS PARA ENTREGAR
RECURSOS AL CAMPO ...
“NO SÓLO CON DINERO SE RESUELVEN
PUGNAS AGRARIAS” ...
PRESENTAN JUICIO
CONTRA CHIMALAPAS ...
UBICAN EN
VERACRUZ CUATRO CASOS GRAVES ...
NEGOCIAN
EJIDATARIOS DE BERNALEJO INDEMNIZACIÓN ...
SECTOR AGROPECUARIO A UN MES DE
HABERSE FIRMADO AVANZA EL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO; SE CUMPLEN
COMPROMISOS ...
CON SUBSIDIOS SE PODRÍAN EVITAR
CONFLICTOS AGRARIO-FORESTALES ...
ESTADOS CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN CHIAPAS.
PLAN CONTRAINSURGENTE, AFIRMAN REBELDES ...
DESPLAZADOS DE
MONTES AZULES BUSCAN TIERRAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROFEPA ...
INSTALAN
MIEMBROS DEL EJÉRCITO MÁS RETENES EN CARRETERAS DE LA ZONA CENTRO DE
CHIAPAS ...
ADVIERTEN
INVASORES ‘DE AQUÍ NO SALDREMOS’ ...
RECHAZA CHIAPAS
TÁCTICA PARA DESALOJAR RESERVA ...
DESESTIMA CREEL RIESGO DE VIOLENCIA ...
CHIHUAHUA EXIGEN EJIDATARIOS TARAHUMARAS
REVOCAR OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE TERENO ...
MICHOACÁN EN MICHOACÁN, 26 CONFLICTOS GRAVES
POR TIERRAS Y BOSQUES ...
OAXACA ALERTAN SOBRE GRUPOS DE CHOQUE EN
LOS CHIMALAPAS ...
“CAMPOS ELÍSEOS” Diego, la Reforma Agraria y... Nos lo dice una
persona muy bien informada, aunque no hay ninguna instancia oficial
que lo confirme aún. ¿ Recuerda el famosísimo caso de la familia
Millán, defendida por Diego Fernández de Cevallos, por la que la
Secretaría de la Reforma Agraria fue sentenciada a pagar la cantidad
de mil 214 millones de pesos? Nos cuentan que ha salido un tercero en
discordia, que también disputa la propiedad de esas tierras, por lo
que nadie podría decir que ya ganó el caso. Lo único que sabemos de
este misterioso tercero en discordia es que al parecer son hijos de un
general. La SRA no ha podido pagar porque no ha tenido dinero, pero ya
dejó un billete de depósito por 20 millones de pesos. Nos dicen en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que el caso todavía no está
cerrado. COMUNEROS DE OAXACA DENUNCIAN LA
DEFORESTACIÓN DE 40 HECTÁREAS DE SELVA La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), de Oaxaca, señaló que cerca de mil 200 comuneros de Santa María Chimalapa finalizaron ayer los trabajos de deslinde de la zona en litigio con la colonia Cuauhtémoc y encontraron, de acuerdo con la información del comisario de bienes comunales, Reynaldo Cruz, una superficie de 40 hectáreas de selva "totalmente desmontada", por lo que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que tome cartas en el asunto. Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas (Cndch), Luis Bustamante, indicó que a petición de Cruz Pérez se le solicitó a la Profepa que se realice una inspección en la zona, una vez que se defina la respuesta de los colonos de la Cuauhtémoc a la propuesta que les hizo la Secretaría de la Reforma Agraria, de comprar las 13 mil hectáreas en litigio para entregáselas a la comunidad de Santa María. Mencionó que
aparentemente, por lo que se ha informado en la prensa, la asamblea de
la colonia Cuauhtémoc decidió rechazar dicha propuesta y cerrar el
paso a los comuneros y a la población de Chalchijapa -que se
desplazaron de su comunidad el pasado 24 de abril ante las amenazas de
los ganaderos-, lo cual "se leería como que va a desembocar en
violencia. Por eso es importantísimo que se mantenga la presencia en
el lugar de elementos del ejército y de la Policía Federal Preventiva
(PFP)", comentó Bustamante.
LENTO AVANCE EN REGLAS PARA ENTREGAR
RECURSOS AL CAMPO Luego de discutir varias semanas los reglamentos de 48 programas para la entrega de los 2 mil 800 millones de pesos adicionales al presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para el campo, representantes del Congreso Agrario Permanente (CAP), El Campo no aguanta más, El Barzón y la Confederación Nacional Campesina (CNC) acordaron ayer las reglas para el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), por lo que se liberarán los recursos de esas dos iniciativas. "Este es uno de los pocos avances que quizá logremos, ya que los secretarios de Economía, Fernando Canales, y de Agricultura, Javier Usabiaga, no han dado muestras de sensibilidad política", denunció Marco Antonio Ortiz, representante de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc). Agregó que el asunto tendrá que ser analizado en los próximos días por la Comisión de Seguimiento de dicho acuerdo. Ayer, los
representantes de las organizaciones acordaron que 75 por ciento de
los recursos de esos dos programas a cargo de la Secretaría de la
Reforma Agraria sean distribuidos entre los miembros del CAP, El
Barzón, El campo no aguanta más y la CNC; el 25 por ciento restante se
destinará a las organizaciones agrarias que lo demanden.
“NO SÓLO CON DINERO SE RESUELVEN
PUGNAS AGRARIAS” Si el gobierno federal cree que sólo con dinero se solucionarán los conflictos agrarios, "seguramente que no le alcanzarán los recursos del presupuesto", afirmó el gobernador Ricardo Monreal Ávila, al reiterar que el problema de Bernalejo no está resuelto. No basta una cartera abierta para solucionar las disputas por la tierra, señaló ayer el mandatario de Zacatecas, tras ser cuestionado sobre el análisis que en la víspera hizo Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria. Y ejemplificó: en el caso de Bernalejo donde ejidatarios zacatecanos y tepehuanos de Durango reclaman la propiedad de 5 mil 465 hectáreas el gobierno federal negocia la compra de la tierra a los primeros, pero sin resolver de fondo el problema de la tenencia. Monreal Ávila reafirmó que, a diferencia de la postura que ha asumido el titular de la SRA, el conflicto de Bernalejo no es un caso cerrado para el gobierno de Zacatecas, pues aún se dirime en los tribunales agrarios. Los conflictos
agrarios no se resuelven sólo con dinero; el gobierno federal tiene
que asumir una actitud diferente, en términos de búsquedas de
conciliación y alternativas a las pugnas por la posesión de la tierra,
resumió Monreal.
PRESENTAN JUICIO
CONTRA CHIMALAPAS La Colonia Cuauhtémoc, del municipio de Matías Romero, decidió ayer demandar ante un juez la nulidad de los títulos de propiedad de la comunidad de Santa María Chimalapas para "recuperar" las 13 mil hectáreas que ambos consideran de su propiedad. Hasta el momento no han aceptado la creación de una reserva ecológica en el área como se los propuso el Gobierno federal mediante la compra de tierra. El secretario general del Gobierno de Oaxaca, Héctor Mafud, y el subprocurador agrario Carlos Alberto Morales encabezaron ayer una mesa de negociación con los representantes de la Cuauhtémoc y a la que no llegaron los Chimalapas. "La colonia Cuauhtémoc ya ha instaurado un juicio agrario donde ellos demandan la nulidad del plano definitivo de Santa María Chimalapas, porque ellos consideran que es incorrecto, que se empalma y eso en su oportunidad el tribunal lo va a decidir", señaló. "Ellos han
manifestado su deseo de someterse a lo que el tribunal resuelva; sin
embargo, lo que nosotros les hemos propuesto (es) que
independientemente de la acción que están ya ejercitando ellos, se
continúe con el diálogo. Ellos han manifestado disposición y vamos a
hacer nosotros el esfuerzo de también instaurar ese diálogo con la
comunidad de Santa María Chimalapas", dijo el subprocurador agrario.
UBICAN EN
VERACRUZ CUATRO CASOS GRAVES Considerado por las propias autoridades agrarias como una de las tres entidades con más conflictos por tierras entre grupos campesinos, Veracruz registra cuatro focos rojos que son atendidos por la Procuraduría Agraria. Según Francisco Santamaría, delegado en Veracruz de esta instancia, la entidad junto con Oaxaca y Chiapas es la que registra más pugnas por posesión de tierras. Detalló que en los 3 mil 560 núcleos agrarios, se tienen 14 conflictos, de los cuales la tercera parte se consideran de "alto nivel de riesgo", porque podrían derivar en hechos de violencia. "Aquí los cuatro problemas graves que tenemos son, sobre todo el de San Juan Lalana (en los límites con Oaxaca), además de los de Paso del Perro, Los Ajos Santa Clara, y Cujuliapan", precisó. De los cuatro, el que consideran más candente es el que mantienen los campesinos de San Juan Lalana, perteneciente al municipio del mismo nombre, en el estado de Oaxaca, con los de Playa Vicente, en Veracruz, en el que se disputan mil 200 hectáreas. Indicó que este
conflicto data de hace unos 40 años, aunque en 1998 se emitió una
sentencia del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22, con fecha 5 de
enero de 1998, como parte del expediente 319/94, que favorecía a los
veracruzanos, pero que no se ejecutó porque los de San Juan Lalana
interpusieron amparos.
NEGOCIAN
EJIDATARIOS DE BERNALEJO INDEMNIZACIÓN Los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra continúan negociando con las autoridades federales que se les dé una indemnización por las 5 mil 465 hectáreas, afirmó el presidente municipal de Valparaíso, Ubaldo Montoya López, quien aseguró que este proceder no es avalado por ninguna autoridad estatal o municipal. Admitió que la gente desplazada de Bernalejo de la Sierra continúa viviendo la misma problemática que hace unos meses, cuando fueron sacados de sus tierras. Están viviendo en casas rentadas, con algunos apoyos que se les dan por parte del Gobierno del Estado de Zacatecas o por parte del Gobierno municipal de Valparaíso, que se les hace llegar de manera directa. Explicó que la situación de las negociaciones se está llevando a cabo en la Ciudad de México, pero hasta el momento no se ha resuelto nada por la vía legal, y se está a la expectativa de lo que suceda. "Lo que se sabe es que los ejidatarios están tratando de convenir con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para que se les paguen sus derechos agrarios. "A eso ni el
Gobierno del Estado ni el municipal van a entrarle, porque se está
peleando que el terreno siga siendo zacatecano". A UN MES DE
HABERSE FIRMADO AVANZA EL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO; SE CUMPLEN
COMPROMISOS El Programa Especial de Apoyo a la Cafeticultura, la revisión de las reglas de operación y la instalación de nueve comisiones de seguimiento, son los principales avances del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). Se han cumplido
importantes compromisos establecidos hace un mes en el histórico
Acuerdo Nacional para el Campo y el Desarrollo de la Sociedad Rural,
para atender de manera integral a los hombres y mujeres del campo y
promover la productividad en el medio rural.
CON SUBSIDIOS SE PODRÍAN EVITAR
CONFLICTOS AGRARIO-FORESTALES El director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Alberto Cárdenas, sostuvo que los conflictos agrario-forestales se podrán evitar con la entrega de subsidios, debido a que la violencia se desata por la desesperación de los campesinos al no tener ingresos fijos. Al anunciar la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, una más de las siete que se han aprobado en los pasados 20 años, el funcionario dijo que ahora podrá haber planeación para atender las zonas conflictivas del país, a las cuales se canalizarán 130 millones de pesos. Esas áreas son:
Santa María Ocotán, Durango; Izta Popo, Estado de México; Montes
Azules, Lancandona y Marqués de Comillas, Chiapas; Chimalapas, Oaxaca;
Mariposa Monarca, Michoacán; sierra Tarahumara, Chihuahua; sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero; parque nacional Zoquiapan,
sierra de Zempoala, Huitzilac, Morelos, y Ajusco, Distrito Federal.
CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN CHIAPAS.
PLAN CONTRAINSURGENTE, AFIRMAN REBELDES "Lo que quieren no es hacer caminos para las comunidades, sino para saquear la madera de los bosques. Y para atravesar con caminos las comunidades zapatistas", dijeron hoy a La Jornada voceros de los municipios autónomos Primero de Enero, 17 de Noviembre, Ernesto Che Guevara, Olga Isabel y Miguel Hidalgo. "Son parte de su plan de contrainsurgencia". Los municipios rebeldes de esta región limítrofe de Los Altos experimentan hostilidades y conflictos, que si bien parecen aislados, obedecen a un mismo patrón: donde no se impone un nuevo camino que los autónomos rechazan, se debate la propiedad de la tierra. Continuos focos de
tensión se encienden, como ahora, desde las comunidades priístas
Nazareth, Santa Rosalía o Gabino Barrera, simultáneamente enfrentadas
a las bases de apoyo zapatistas de Primero de Enero, Miguel Hidalgo y
17 de Noviembre.
DESPLAZADOS DE
MONTES AZULES BUSCAN TIERRAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROFEPA "Arrepentidos" de haber abandonado voluntariamente la rerserva de la biosfera de Montes Azules hace cinco meses, con la promesa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de que les darían tierras, 27 indígenas choles -que estaban refugiadas en un albergue del Instituto de Desarrollo Humano en la ciudad de Comitán- decidieron trasladarse por su cuenta al municipio de Marqués de Comillas, pues ya no están dispuestos a permanecer en albergues. Los indígenas
choles abandonaron el pasado 19 de diciembre el poblado Lucio Cabañas
-antes llamado Arroyo San Pablo-, ubicado en la reserva de Montes
Azules, luego de sostener ahí mismo un diálogo con el titular de la
Profepa, José Ignacio Campillo García, quien les prometió conseguirles
tierras y retirar varias denuncias penales en su contra por daños
ecológicos.
INSTALAN
MIEMBROS DEL EJÉRCITO MÁS RETENES EN CARRETERAS DE LA ZONA CENTRO DE
CHIAPAS Elementos del Ejército Mexicano incrementaron el número de retenes instalados en el centro del estado. En uno de ellos, colocado en el crucero que comunica a esta capital con la ciudad de Cintalapa, un grupo comandado por un militar a quien se identificó como el comandante J. B. Jaimes V., amenazó con sus armas a pasajeros que se negaron a bajar de un autobús, cuyas pertenencias revisaron los efectivos castrenses sin permitir a los civiles observar la inspección. Se calcula que en la entidad existen al menos 40 puestos de control, en los que se obliga a viajeros a abrir su equipaje y que sus pertenencias sean revisadas. En ningún caso se
explica qué se pretende con las revisiones, y en retenes ubicados en
la zona de conflicto los militares anotan los nombres de todas las
personas que transitan.
ADVIERTEN
INVASORES ‘DE AQUÍ NO SALDREMOS’ Cada vez que un zumbido de motor de lancha rompe el espeso sonido de la selva, los pobladores de Nuevo San Isidro dejan su quehacer y corren hacia el río para formar un cerco. De día o de noche, niños, jóvenes y ancianos salen con machete, radio o lo que tienen a la mano, pensando que llegó el día de luchar para no ser desalojados de la Reserva de la Biosfera "Montes Azules". Pero, hasta ahora no ha llegado la fecha fatal que amenaza con convertirse en masacre. "Nosotros no vamos a salir, aquí vamos a morir. Aquí vamos a quedar porque no hay dónde pa' ir a trabajar, dónde pa' sembrar, dónde pa' que coma la familia", advierte un joven tzotzil, que junto con otros 25 pobladores, en su mayoría niños, resguarda amenazador la entrada al paraje donde instalaron sus jacales provisionales. La postura que expresa el joven, fue adoptada conjuntamente por al menos 15 comunidades zapatistas asentadas ilegalmente en Montes Azules, la selva tropical húmeda más rica biológicamente de México y que un desatinado decreto presidencial de 1972 entregó en propiedad exclusiva a 66 familias lacandonas. De esta comunidad formada por 76 tzotziles -con 24 hombres mayores de edad- se tiene conocimiento desde febrero del 2002. En una ficha elaborada por el Gobierno estatal se menciona que son zapatistas; se dicen originarios del municipio autónomo Miguel Hidalgo; fueron desplazados de Chavajeval (municipio del Bosque) por la violencia ejercida contra las bases zapatistas y al llegar a la Reserva fundaron el poblado 8 de Febrero, pero lo abandonaron por falta de agua. San Isidro es sólo uno de los nuevos dolores de cabeza de la comunidad lacandona y de los Gobiernos estatal y federal que, como papa caliente, se adjudican la responsabilidad de dar por terminadas las invasiones y la tarea de tratar con los zapatistas. De los 42 pueblos invasores, 30 llegaron a raíz del alzamiento zapatista de 1994 y diez se establecieron durante los tres años que lleva esta administración, en una de las oleadas más intensas de nuevos asentamientos. No hay números confiables sobre el número total de invasiones o la superficie desmontada de las 331 mil hectáreas que forman "Montes Azules". A Nuevo San Isidro
se le quiere acusar de daños a la ecología y despojo para pedir la
orden de desalojo.
RECHAZA CHIAPAS
TÁCTICA PARA DESALOJAR RESERVA La estrategia del Gobierno federal de acabar los problemas en la Reserva Montes Azules mediante desalojos o falsas promesas no es responsable y obstaculiza las negociaciones que actualmente se realizan con el resto de los invasores para concertar salidas pactadas, dijo el director del Instituto de Historia Natural y Ecología del Gobierno de Chiapas, Pablo Muench. "Pensar que el Gobierno del estado no está haciendo nada no es cierto, nosotros queremos que haya una opción viable para los grupos (invasores) que están ahí.Dijo que no están de acuerdo con hacer desalojos a la manera de Profepa, que saca a la gente, la mete a un albergue del DIF seis meses y los deja sin opciones reales. Eso es irresponsable, es engañar y no dar una solución real al problema", dijo. El funcionario chiapaneco dijo que desde el sexenio pasado se han intentado solucionar las invasiones de la manera más rápida: con la reubicación de los poblados. Muench reconoció que existe un riesgo de que la Comunidad Lacandona, propietaria legal de la tierra, se desespere y quiera hacerse justicia por mano propia . El funcionario identificó la creación del Programa Especial para el Desarrollo Sustentable de la Selva como la única solución a este añejo conflicto que comenzó formalmente a raíz del decreto presidencial de 1972 que otorgó a 66 familias lacandonas la propiedad de más de 600 mil hectáreas de la Selva Lacandona. Para este proyecto integral se necesitaría una inversión de mil 170 millones de pesos, con el que se regularizaría la situación agraria de las 117 mil hectáreas que circundan la reserva y se acabaría con los 49 asentamientos irregulares que están ubicados dentro del área natural protegida. Sin embargo, Muench
dijo que, a diferencia de la Unión Europea y de la ONU, el Gobierno
federal no ha querido invertir en el programa que terminaría con el
problema que se vive en toda la selva lacandona y no sólo en Montes
Azules.
DESESTIMA CREEL RIESGO DE VIOLENCIA El Gobierno federal no ve riesgo inminente de violencia en Montes Azules, Chiapas, aseguró ayer el Secretario de Gobernación. Sobre un reportaje publicado por este diario con informes que alertan de riesgos "inminentes" de violencia entre las comunidades que la habitan, ayer Creel descartó la posibilidad de violencia en la reserva. "En términos de lo que ha sido la problemática chiapaneca, no vemos ningún incremento en algo que pudiera llamar la atención en cuanto a un posible riesgo de violencia", sostuvo el funcionario en el puerto de Veracruz. "La problemática,
sin duda, está presente. La disposición al diálogo que tiene el
Presidente Fox es invariable. Estamos en contacto permanente con el
Gobernador del estado y con las autoridades de seguridad pública. Y
por lo tanto, vamos a estar muy atentos, no solamente en Chiapas, sino
en todo el País", prometió. EXIGEN EJIDATARIOS TARAHUMARAS
REVOCAR OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE TERENO Ejidatarios indígenas de Arareko acudieron hoy ante el Tribunal Agrario para exigir al magistrado Rafael Rodríguez Luján que revoque la operación de compraventa del predio Rekowata, antes propiedad federal, que fue enajenado en favor de un particular, el cual posteriormente lo vendió a una empresa hotelera trasnacional que pretende construir un complejo turístico en medio de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena. Asesorados por la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y del abogado Fausto Salgado, por lo menos cien ejidatarios tarahumaras, encabezados por su comisariado ejidal, Pedro Villalobos, se entrevistaron con el magistrado para entregarle toda la documentación que los acredita como los dueños originales del predio de 271 hectáreas, que fue propiedad de la nación hasta 1996, año en que se vendió en 18 mil pesos a un particular que 10 meses después lo enajenó en 99 mil dólares a la compañía Inmobiliaria Sierra Madre Occidental, cuyo accionista mayoritario es, a su vez, American Eagle Co. Los indígenas están
demandando la nulidad de esas operaciones, alegando que los predios
que son propiedad de la nación únicamente se pueden vender a los
poseedores originales. EN MICHOACÁN, 26 CONFLICTOS GRAVES
POR TIERRAS Y BOSQUES Por problemas de tenencia de la tierra y explotación de los bosques, en Michoacán hay por lo menos 26 conflictos considerados graves, afirmó el coordinador de atención a comunidades indígenas del gobierno estatal, Néstor Dimas Huacuz. Indicó que los conflictos, principalmente de la meseta purépecha, se recrudecen de nuevo, por lo que consideró que deben participar todas las autoridades de las comunidades de esa zona para conciliar los intereses mediante el diálogo. De su lado, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel manifestó, durante la instalación y toma de protesta del Consejo Consultivo Indígena, en el que participan autoridades de los pueblos de las cuatro etnias de la entidad, que sería conveniente que en la primera reunión formal se analizaran las controversias que hay sobre la tenencia de la tierra. Indicó que los tres niveles de gobierno están pendientes de que estos procesos agrarios se agilicen, aunque aclaró que no bastan las resoluciones legales y jurídicas, porque muchas veces son desconocidas por alguna comunidad. Señaló que el
gobierno estatal será mediador y presentará alternativas productivas
para disminuir el rezago entre las etnias purépecha, nahua, mazahua y
otomí. ALERTAN SOBRE GRUPOS DE CHOQUE EN
LOS CHIMALAPAS El secretario de Protección Ciudadana, Abel Trejo González, advirtió que pese a que hay colonos y chimalapas interesados en la solución pacífica del conflicto de tierras que data de 1957, "en ambas comunidades hay francotiradores que apuestan a la violencia". Anoche, representantes del municipio de Matías Romero y de la agencia municipal de la colonia Cuauhtémoc se reunieron con funcionarios estatales y federales del sector agrario, encabezados por Francisco Yáñez Centeno, funcionario de la Secretaría de Gobernación y coordinador de la Comisión Intersecretarial creada para este conflicto. La reunión se realizó en la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, en la ciudad de Oaxaca. Hasta el cierre de esta edición continuaba el diálogo entre las partes involucradas. El alcalde panista de Matías Romero, Ernesto Altamirano Lagunas, también admitió "que hay gente que no quiere un arreglo pacífico" del problema y urgió a las autoridades agrarias para que hablen "con la verdad" a los colonos. El alcalde informó que en la mañana de ayer unos 50 colonos se trasladaron, pacíficamente y "sin intención de desalojarlos", a la zona del brecheo para verificar el avance de los zoques chimalapas, unos 600 según el director de Seguridad Pública, para marcar los límites de los terrenos en disputa. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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