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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR AGRARIO INTERVENDRÁN
AUTORIDADES ...
RIESGO DE VIOLENCIA POR
LA POSESIÓN DE TIERRAS ...
NO CEDEN COLONOS NI LOS
CHIMALAPAS ...
ESTADOS CHIAPAS FIJAN LACANDONES PLAZO
PARA DESALOJAR A INVASORES ...
DURANGO APLAUDE GUERRERO MIER
RESOLUCIÓN DE LA SCJN ...
SINALOA
CESAN “TOMA” DE SAGARPA-SINALOA ...
ZACATECAS RESPETA MONREAL FALLO
DE LA CORTE SOBRE BERNALEJO ...
INTERVENDRÁN
AUTORIDADES La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria crearon una comisión interinstitucional para encontrar una solución al problema por la posesión de mil 700 hectáreas que se disputan las comunidades de Acatepec y Zapotitlán, Tablas. El titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame y el Procurador Agrario, Isaías Rivera, informaron que personal de ambas dependencias se trasladaron a Chilpancingo para definir con representantes del gobierno guerrerense una estrategia que les permita poner fin a este añejo conflicto. El procurador agrario explicó que el conflicto persiste a pesar de que ambas comunidades, celebraron en septiembre de 1998 un convenio conciliatorio ante el Tribunal Unitario Agrario.
RIESGO DE
VIOLENCIA POR LA POSESIÓN DE TIERRAS Indígenas de los municipios de Acatepec y Zapotitlán Tablas, Guerrero, se armaron desde hace tres días y amenazan con enfrentarse por la posesión de mil 700 hectáreas de tierras. Debido a la gravedad del caso el gobierno estatal envió policías de Seguridad Pública y agentes de la Policía Judicial para impedir un posible enfrentamiento. Mientras tanto, el coordinador de Enlace con las regiones indígenas de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Echeverría Martínez, se reunió en Chilpancingo con dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena para obtener información de este y otros tres casos más donde hay riesgo de violencia entre grupos indígenas por conflictos agrarios en la Montaña de Guerrero. El asesor de los indígenas tlapanecos del municipio de Acatepec, Raymundo Castro Aparicio, informó que el 17 de abril pasado, cerca de 300 comuneros de Zapotitlán destruyeron una cerca de alambre de púas que habían levantado los campesinos de Acatepec para delimitar sus tierras con base a un acuerdo entre autoridades, firmado en 2000 y sancionado por el Tribunal Agrario. El convenio especifica que el 60 por ciento de las mil 700 hectáreas serían para los comuneros de Zapotitlán y el 40 por ciento para los de Acatepec. Debido a la gravedad del conflicto, ayer se trasladó a la zona de conflicto el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Esaú Tapia Abarca y desde el lunes fueron enviados al lugar un centenar de policías de Seguridad Pública y de la Judicial del estado para evitar la violencia, sin embargo Castro Aparicio dijo que la presencia policiaca es insuficiente. También llegó a Chilpancingo, el coordinador de Enlace con las Regiones Indígenas de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Echeverría Martínez para conocer los detalles del conflicto agrario.
NO CEDEN COLONOS NI LOS
CHIMALAPAS Tras 46 años de disputa por 13 mil hectáreas, por fin ganaderos de la colonia agrícola Cuauhtémoc y comuneros de Santa María Chimalapa se sentaron frente a frente convocados por funcionarios estatales y federales en la capital oaxaqueña. Durante la reunión, el gobernador José Murat invitó a los representantes de ambas localidades del Istmo de Tehuantepec a superar por la vía del diálogo y la conciliación el conflicto. Cabe destacar que Santa María Chimalapa reclama como suyas "históricamente" las 13 mil hectáreas de selvas y bosques, mientras que la colonia Cuauhtémoc asegura que esas tierras son de su propiedad de acuerdo con una sentencia del Tribunal Unitario Agrario. En la reunión, los representantes comunales encabezados por Reynaldo Cruz Pérez estuvieron acompañados del alcalde de Santa María Chimalapa, Artemio Jiménez Arbona. Los enviados de Cuauhtémoc, encabezados por el comisario Miguel Ángel Sánchez Olvera, fueron acompañados del edil de Matías Romero, el panista Ernesto Altamirano Lagunas. A la reunión asistieron los funcionarios federales de la SRA, PA, Semarnat y Profepa, encabezados por Francisco Yáñez Centeno, de la Secretaría de Gobernación. Mientras que el gobernador José Murat estuvo acompañado del secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud.
CHIAPAS FIJAN LACANDONES PLAZO
PARA DESALOJAR A INVASORES Los lacandones, lanzaron un ultimátum a los gobiernos federal y de Chiapas para que se restablezca la gobernabilidad en sus tierras y saque de ellas a los invasores, narcotraficantes, traficantes de armas y el crimen organizado o, de lo contrario, ocuparán las 331 mil hectáreas de la selva que hasta ahora han respetado como reserva. Para los legítimos dueños de la Lacandona ya inició la cuenta regresiva y determinaron que si el 7 de mayo no hay una respuesta positiva del gobernador Pablo Salazar, ellos mismos van a recuperar lo que les pertenece. David González, presidente de bienes comunales y representante general de los pueblos chol, tzeltal y lacandón, y otras autoridades lacandonas, viajaron a la ciudad de México para sostener una reunión privada con Xóchitl Gálvez Ruiz, encargada de la oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este encuentro, los lacandones demandaron la intervención del Ejecutivo en el desalojo de los invasores. Desde 1971, los lacandones fueron reconocidos por el gobierno federal como legítimos dueños de 614 mil 321 hectáreas de la selva, ahora en disputa.
APLAUDE GUERRERO MIER
RESOLUCIÓN DE LA SCJN "No fue más que un pretexto el recurso interpuesto por (Ricardo) Monreal, con el cual pretendía engañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y ésta, al desechar el recurso, echó abajo la intención del mandatario zacatecano de pretender involucrar al gobierno de Durango en la presunta violación de derechos en el asunto Bernalejo", aseveró el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. Cuestionado de la determinación de la Corte de desechar el recurso que interpuso el gobernador de Zacatecas, llamó a su homólogo incitador, "porque el asunto Bernalejo está prácticamente terminado y sólo falta que se dé el trámite jurídico, para que quede sin materia el juicio agrario". El gobernador aclaró que se trata de una reintegración de las 5 mil 465 hectáreas a los comuneros tepehuanos, y no de ninguna donación de tierras.
CESAN “TOMA” DE SAGARPA-SINALOA Los productores de maíz que habían tomado las oficinas de la delegación de la Sagarpa en la ciudad de Culiacán, dieron una tregua de 24 horas a las autoridades federales, para que éstas les den una respuesta a su petición de garantizarles un precio global de mil 800 pesos tonelada para sus cosechas. El presidente de Defensa de los Productores Agrícolas del Estado, Ocadio García Espinoza dijo que representantes de diversas centrales y de organismos de agricultores mantienen un acercamiento en la ciudad de México con funcionarios de Sagarpa y Acerca, para discutir este tema y lo relacionado al retraso en las liquidaciones del frijol comercializado.
RESPETA MONREAL FALLO
DE LA CORTE SOBRE BERNALEJO El gobernador Ricardo Monreal manifestó su respeto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados rechazaron por unanimidad la revisión del caso Bernalejo de la Sierra. El mandatario estatal estimó que el asunto no fue aceptado porque se sentaba un precedente delicado a nivel nacional. Sin embargo, sostuvo que la SCJN debió intervenir, pues el Tribunal Unitario Agrario anuló el decreto expropiatorio en favor de los tepehuanos de Durango y reafirmó que los ejidatarios zacatecanos son legítimos propietarios de las 5 mil 465 hectáreas del predio en pugna. "Siendo el Tribunal Unitario Agrario parte del Poder Judicial federal, la Corte debió haber obligado a que se respetara el fallo de ese tribunal", apuntó Monreal. Finalmente, destacó el gobernador la decisión de la SCJN no altera en nada la situación del conflicto del ejido Bernalejo, problemática en la que su gobierno no acepta la venta de tierras, aunque no obstaculiza la decisión que al respecto tomen los ejidatarios desplazados.
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